perros en interrogatorios

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[Douglas Jehl y Eric Schmitt] Washington, Estados Unidos. El uso de perros para intimidar a los prisioneros durante los interrogatorios en Abu Ghraib en Iraq fue aprobado por oficiales de la inteligencia militar en la prisión, y fue una de las varias tácticas agresivas que adoptaron, incluso sin la aprobación de comandantes militares de rango superior, de acuerdo a las entrevistas reunidas por los investigadores del ejército.
Oficiales de inteligencia pidieron también limitar el acceso a los prisioneros a la Cruz Roja ya en octubre de 2002, retrasando en un día lo que los militares habían descrito previamente como una visita no anunciada al pabellón de celdas donde ocurrieron los peores maltratos, según un documento del Comité Internacional de la Cruz Roja.
El papel de los oficiales de la inteligencia en el escándalo por los abusos está todavía siendo investigado, y los documentos desclasificados recientemente entregan detalles adicionales de su implicación en los maltratos, los que hasta el momento han resultado en cargos formales contra los guardias de la prisión, pero no contra los interrogadores.
Otros documentos del ejército obtenidos primero por The Denver Post, entregaron nuevas evidencias de que el duro tratamiento se extendía más allá de Abu Ghraib, a otros centros de detención dirigidos por estadounidenses en Irak, revelando detalles sobre tres incidentes no conocidos previamente, en los que prisioneros iraquíes murieron después de haber sido interrogados por personal estadounidense.
El viernes, en el Pentágono, el ejército corrigió un cálculo anterior para declarar que ahora está investigando activamente la muerte, desde 2002, de nueve prisioneros que estaban bajo custodia estadounidense en Irak y en Afganistán, y que ocho de ellos han sido calificados por los médicos forenses como posibles homicidios, implicando actos cometidos antes o durante los interrogatorios.
En declaraciones previas, no quedaba claro que hubiesen muerto tantos prisioneros durante los interrogatorios, y no por habérseles disparado durante disturbios o intentos de fuga. En Abu Ghraib, las responsables de los interrogatorios eran las unidades de la inteligencia militar, y unidades de la policía militar se encargaban de custodiar a los prisioneros y de prepararlos para el interrogatorio.
Los documentos reunidos por los investigadores del ejército a partir de enero y obtenidos por The New York Times, citan informes de adiestradores de perros, que dicen que el uso de perros militares en los interrogatorios fue permitido por el coronel Thomas M. Pappas, comandante de la Brigada 205 de la Inteligencia Militar. Anteriormente, funcionarios del Pentágono y del ejército habían dicho que sólo el más relevante comandante estadounidense, el teniente general Ricardo S. Sánchez, podía aprobar el uso de animales en los interrogatorios. "Un memorándum para dejar constancia", emitido el 9 de octubre por el Centro Conjunto de Interrogación e Informes de la prisión, enumeraba como permisibles un número de métodos de interrogación que oficiales del ejército habían dicho que eran permitidas sólo con la aprobación del general Sánchez. Entre otras cosas, el memorándum decía que el uso de perros en los interrogatorios y el aislamiento de los prisioneros en celdas de castigo era permitido, en algunos casos, sin la aprobación previa del general Sánchez.
En un informe de noviembre para los comandantes militares, que estaba incluido entre los documentos, la Cruz Roja se quejaba de que sus inspectores hubieran encontrado restricciones "por orden de la Inteligencia Militar", incluyendo un retraso de un día para entrevistar a los prisioneros, que sólo pudieron ser vistos durante un corto período de tiempo, para preguntarles solamente sus nombres y su estado de salud.
En un informe de cuatro páginas, que no ha sido hecho público antes, la Cruz Roja dijo, sin embargo, que había encontrado a prisioneros desnudos cubriéndose a sí mismos con paquetes de raciones militares instantáneas, que habían sido sometidos a "abusos físicos y verbales deliberados". Los prisioneros fueron descritos como incoherentes, ansiosos e incluso con tendencias suicidas, con síntomas anormales "provocados por la duración y métodos de interrogación".
En el documento se lee que las autoridades de la prisión "no pudieron explicar" la falta de ropa de los prisioneros y "no pudieron aclarar" otros malos tratos de los prisioneros.
En Capitol Hill, senadores republicanos y demócratas mostraron preocupación de que el Pentágono hubiese retenido documentos probatorios importantes cuando envió al Congreso copias del informe de la investigación del general de división, Antonio M. Taguba, de 6 mil páginas.
Pero un portavoz del senador John W. Warner, un republicano de Virginia que dirige el Comité de las Fuerzas Armadas, dijo que el ejército estaba tratando de llenar todos los huecos en los materiales. "No parece que haya problemas para entregar materiales que atañan a los hechos de la pesquisa", dijo el portavoz, John Ullyot.
El documento muestra que los agentes de la inteligencia militar en la prisión y los contratistas civiles bajo su control adoptaron tácticas más severas que las conocidas, y alistaron a la policía militar en algunos métodos de interrogación. En muchos detalles, los documentos elaboran sobre lo que ya se ha conocido, desde que las fotografías de los maltratos se hicieron públicas por primera vez el mes pasado.
Hasta la fecha, sólo siete reclutas de una compañía de la policía militar han sido acusados de delitos en conexión con los abusos de Abu Ghraib, todos en un solo pabellón de celdas, conocido como Grada 1. Pero la mayoría de ellos se ha defendido diciendo que actuaban con el conocimiento y estímulo de los agentes de la inteligencia militar, quienes supervisaban los interrogatorios y ejercían autoridad sobre el pabellón.
Un nuevo esquema entregado por un vocero del ejército muestra también que la implicación de personal de la inteligencia militar en los abusos de Abu Ghraib comenzó en octubre de 2003. El primer episodio conocido implicó a soldados asignados al Centro Conjunto de Interrogación e Informes, meses antes de que una investigación judicial importante fuera iniciada en enero sobre los malos tratos en la prisión, que se concentró en la participación de la policía militar.
Tres soldados del Batallón 519 de la Inteligencia Militar, fueron multados y degradados por el incidente, cuyos contornos han sido reportados previamente. El portavoz, teniente coronel Billy Bcukner, se negó a identificar a los soldados involucrados o a dar detalles del incidente, refiriéndose a preocupaciones sobre la privacidad.
Los documentos obtenidos por The Times, incluyeron transcripciones de declaraciones juradas de la inteligencia militar, la policía militar, contratistas civiles y otros que fueron entrevistados por investigadores del ejército en enero último, cuando empezaron a investigar las acusaciones de maltratos.
Las declaraciones incluyen varios informes de agentes, incluyendo al capitán Donald J. Reese, de la Compañía 372 de la Policía Militar, que reconoció haber desnudado a varios prisioneros iraquíes mientras estaban bajo custodia estadounidense. El capitán Reese, entre otras cosas, dijo que les habían dicho que el desnudo era parte de "un método de interrogación utilizado por la Inteligencias Militar".
Un agente de inteligencia, la especialista Luciana Spencer, dijo que los interrogatorios habían sido realizados "en las duchas, en la caja de la escalera o en el cuarto de consigna" del pabellón, así como en dos centros de interrogación que estaban formalmente bajo control del Centro Conjunto de Interrogación e Informes. El oficial a cargo era la capitán Carolyn A. Wood, del Batallón No 519 de la Inteligencia Militar, el que, según otros oficiales del ejército, introdujo en Iraq los métodos agresivos que la unidad había desarrollado durante su servicio previo en Afganistán, de julio de 2002 a enero de 2003. En Afganistán, la capitán sirvió como la oficial de operaciones a cargo del Bagram Collection Point.
Steven A. Stefanowicz, un interrogador civil que estaba bajo contrato con la unidad de inteligencia, describió una herramienta de interrogación que llamaba "Sleep Meal Management Program", en el que no se permitía a los prisioneros más que cuatro horas de sueño cada 24 horas, en un régimen que duraba usualmente 72 horas. Stefanowicz dijo en una declaración que la policía militar estaba "autorizada a hacer lo que fuera necesario", dentro de ciertos límites, para mantener despiertos a los prisioneros durante ese período.
Al menos dos oficiales no comisionados, los sargentos Michael J. Smith y Santos A. Cardona, dijeron que habían quitado el bozal a perros militares para intimidar a los prisioneros que eran interrogados. Dijeron que habían actuado siguiendo órdenes del coronel Pappas, el comandante de la brigada de la inteligencia.
Ambos sargentos dijeron que el coronel Pappas les había asegurado que el uso de perros en los interrogatorios estaba permitido y no requería autorización escrita ni la aprobación de superiores. El memorándum emitido por el centro de interrogatorios el 9 de octubre enumeraba la "presencia de perros militares" como "aprobada", sobre la base de una autorización emitida por el oficial a cargo de los interrogatorios.
El coronel Pappas se ha negado a ser entrevistado, pero otros oficiales del ejército han dicho que el uso de perros en los interrogatorios sólo pudo haber sido aprobado por el general Sánchez, como explicado en una circular que emitió el 10 de octubre. Un documento con una puesta al día de la situación, desclasificado el 12 de diciembre, enviado por la unidad del coronel Pappas, describe las técnicas de interrogación permitidas en Iraq, incluyendo "control del sueño, privación sensorial, aislamiento por más de 30 días, perros", como entre los "métodos duros" que podían ser usados solamente con la aprobación previa del general Sánchez.
Algunos detalles nuevos sobre la muerte de prisioneros iraquíes, casos que están siendo investigados como posible homicidios, fueron reportados por primera vez en las ediciones del miércoles del Denver Post, y varios de ellos implicaban a unidades de Operaciones Especiales. Los detalles de esos incidentes fueron confirmados el viernes por funcionarios del Pentágono, que dijeron que las muertes están siendo investigadas como parte de la investigación sobre nueve muertes que investiga el ejército.
Entre los incidentes no conocidos con anterioridad, está la muerte en enero de 2004 de un prisionero iraquí en una base de operaciones de avanzada en Asad, Iraq, donde el detenido resistió el interrogatorio de los soldados de las Fuerzas Especiales del Destacamento Operacional Delta. El prisionero murió después de haber sido amordazado y sus manos atadas a la parte superior de la puerta de su celda, en un incidente que está siendo revisado para una "consideración de malos tratos", se lee en los documentos del ejército.
En un segundo incidente, de junio de 2003, en una "instalación de interrogatorios secreta" de Bagdad, un prisionero fue encontrado muerto después de haber sido atado a una silla para ser interrogado, y después de haber sido sometido a presiones físicas y psicológicas, se desprende de los documentos del ejército. El Denver Post dijo que una autopsia había determinado que murió de un "golpe fuerte y rápido" a la cabeza; y que, mientras continuaba la investigación, no se habían adoptado medidas disciplinarias.
Un tercer incidente, cuyos contornos más amplios eran conocidos, implicaron la muerte bajo custodia de un general de alto rango, el general de división, Abed Hamed Mowhoush, que murió en noviembre en un centro de detención dirigido por el Tercer Regimiento de Caballería Blindada, una unidad con base en Fort Carson, Colorado. Un comunicado del comando militar estadounidense del 27 de noviembre en Bagdad, establece que el general Mowhoush había muerto de "causas naturales".
De hecho, de acuerdo con los documentos del ejército citados por The Denver Post, el general Mowhoush murió después de haber sido metido cabeza abajo en un saco de dormir e interrogado mientras era hecho rodar repetidas veces. Luego, de acuerdo a los documentos, un interrogador se sentó sobre el pecho del general y colocó su mano sobre su boca.
Los documentos dicen que "el informe preliminar dice que la causa de su muerte fue la asfixia, debida al ahogo y compresiones de pecho". Oficiales de inteligencia estadounidenses dijeron que el general Mowhoush murió varios días después de que agentes de la CIA traspasaran su custodia a los militares, pero dicen que el inspector general de la agencia está estudiando posibles malos tratos, que involucran a personal de la CIA.
En total, según declaró un oficial en una rueda de prensa del Pentágono el viernes tarde, desde agosto de 2003, 37 prisioneros iraquíes habían muerto bajo custodia estadounidense en Iraq y Afganistán -sólo cinco de ellos en Iraq.
De estos, 15 han sido clasificadas por el ejército como casos de muerte natural o por causas no aclaradas, y 8 como homicidios justificados. Dos fueron clasificados como homicidios dentro de centros de detención estadounidenses.
Otros tres, incluyendo un homicidio, ocurrieron fuera de prisiones estadounidenses, dijo el oficial militar responsable. El oficial dijo que los restantes nueve están bajo investigación. De ellos, el oficial del ejército dijo que dos ocurrieron en Abu Ghraib, incluyendo la muerte de un prisionero ahí en un incidente en el que, según reconoció la CIA, había involucrado a personal de la agencia.
El Pentágono también hizo públicas las copias de 23 certificados de muerte de prisioneros que murieron bajo custodia estadounidense en Iraq y Afganistán.
Entretanto, el departamento de Justicia anunció el viernes que estaba iniciando una investigación judicial sobre un contratista civil en Iraq. La acción es la primera investigación judicial que el ministerio de Justicia entabla formalmente en el escándalo de los abusos a los prisioneros, aunque está estudiando su jurisdicción en tres casos de muerte, que implican a la CIA, incluyendo un caso en Afganistán.
Funcionarios del ministerio de Justicia dijeron que recibieron una remisión judicial del Pentágono el jueves, pero no identificaron al contratista civil que está siendo investigado. Un informe interno del ejército en marzo identificó a dos contratistas en Abu Ghraib, que eran sospechosos de los abusos, pero no está claro si alguno de ellos será sometido a una investigación judicial.
El ministerio de Justicia ha hecho valer su jurisdicción sobre la conducta de los civiles que trabajan para los militares, en una ley federal no probada, la Ley de Jurisdicción Militar Extraterritorial, que permite que contratistas y otro personal no militar bajo contrato con las fuerzas armadas, puedan ser acusados por delitos en cortes civiles.
David Johnston y Kate Zernike contribuyeron a este artículo.

22 mayo 2004 ©new york times ©traducción mQh