derechos de combatientes enemigos
[Linda Greenhouse] Washington, Estados Unidos. Declarando que "el estado de guerra no otorga carta blanca al presidente", la Corte Suprema resolvió ayer lunes que a aquellos considerados combatientes enemigos por el gobierno de Bush debe otorgárseles la posibilidad de impugnar la detención ante un juez o ante otra "instancia jurídica neutral" tanto en Estados Unidos como en Bahía Guantánamo, Cuba.Aunque dividida en su fundamento, la Corte fue determinante al rechazar el principal argumento legal de la administración de que el ejecutivo tiene la última palabra a la hora de decidir la detención indefinida a ciudadanos y no ciudadanos por igual. El lenguaje de los jueces fue a veces apasionado, reflejando su conciencia de la naturaleza histórica del choque entre el ejecutivo y el poder judicial.
Con el voto en contra del juez Clarence Thomas, todos los jueces dijeron que la detención de dos años del ciudadano estadounidense Yaser Esam Hamdi era inválida desde el principio o se había vuelto inválida por razones estatutarias y constitucionales. El dictamen de control de la juez Sandra Day O'Connor dijo que la detención de Hamdi sería permisible si la designación de combatiente enemigo resultaba ser correcta, pero que su imposibilidad de aparecer ante un juez, impugnar las pruebas del gobierno y contar su parte de la historia lo ha privado de su derecho constitucional a un debido proceso.
El dictamen declaró que un ciudadano detenido como combatiente enemigo tiene derecho a "ser informado de las bases de hecho de su clasificación" y una "oportunidad honesta de impugnar las acusaciones de hecho del gobierno ante una instancia jurídica neutral". Hablando por sí misma, el presidente del tribunal supremo William H. Rehnquist y los jueces Anthony M. Kennedy y Stephen G. Breyer, la juez O'Connor dijo: "Esos garantías constitucionales fundamentales no deben ser erosionadas".
Agregó que "rechazamos necesariamente la afirmación del gobierno de que la separación de los poderes impone un papel severamente circunscrito ante tribunales en tales circunstancias". Dijo que la posición de la administración de que los tribunales no deberían examinar los casos individuales de los detenidos "sólo sirve para concentrar el poder en una sola rama del estado".
Hamdi, capturado ostensiblemente en el campo de batalla de Afganistán, ha tratado de impugnar su designación como combatiente enemigo. La corte federal de apelaciones que oyó su caso resolvió el año pasado que una declaración de nueve párrafos entregada por un funcionario del Pentágono, Michael Mobbs, era base suficiente para la continuada detención de Hamdi y que en su caso no se necesitaba ninguna pesquisa adicional.
En el segundo caso de este lunes que trataba de los cientos de no ciudadanos detenidos en la base naval norteamericana de Bahía Guantánamo, la corte en una votación de 6 a 3 determinó que los jueces federales tienen competencia para considerar recursos de habeas corpus para detenidos que dicen estar detenidos ilegalmente.
La posición del gobierno sobre los detenidos de Guantánamo ha sido que por un precedente de la Corte Suprema durante la Segunda Guerra Mundial, ninguna corte tenía competencia para oír sus casos porque la base yace fuera del territorio soberano de Estados Unidos. Pero por una diversidad de razones los precedentes sobre los que descansaba el gobierno no imbuía el análisis, dijo el juez John Paul Stevens por la mayoría. Un factor importante era la naturaleza de bahía Guantánamo, "un territorio sobre el que Estados Unidos ejerce jurisdicción y control" de acuerdo a un arrendamiento de 101 años, dijo el juez Stevens.
El análisis de la mayoría sugería de hecho de que las cortes federales podrían tener competencia para oír demandas contra detenciones ilegales de aquellos que son detenidos en territorio extranjero. Mientras el juez Stevens no fue explícito sobre este punto, su sugerencia fue suficiente para llevar al juez Antonin Scalia a quejarse en discrepancia de que "la corte extiende descaradamente el alcance del habeas corpus a los cuatro rincones de la Tierra". El presidente del tribunal supremo Rehnquist y Thomas apoyaron el voto discrepante.
La Corte Suprema también trató un tercer caso el lunes, el de José Padilla, un ciudadano estadounidense capturado en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chigago por sospechas de planear la detonación de un aparato radioactivo. Este caso terminó en lo que fue fundamentalmente un no ha lugar. Según una mayoría de 5 a 4 la Corte Suprema declaró que el recurso de habeas corpus de Padilla fue presentado al tribunal equivocado. Sus abogados dijeron que volverían a presentar prontamente el caso, que se considera ahora que se ha visto fortalecido por el análisis de la corte del caso de Hamdi.
Las resoluciones en los casos de Hamdi y Padilla se producen dos meses después de que fueran presentados los casos. Apenas horas después de que concluyeran los alegatos el 28 de abril, la cadena de televisión CBS emitió las primeras imágenes de maltratos de prisioneros iraquíes en la prisión de Abu Ghraib.
Mientras los casos de la Corte Suprema tenían todos que ver con detenciones ocurridas durente la guerra contra los talibanes en Afganistán y no estaban relacionados con Iraq, hubo especulaciones en las semanas siguiente sobre el impacto que podrían tener las revelaciones de Abu Ghraib en la corte.
Como era de esperar, ningún juez se refirió directamente a esos acontecimientos. Pero fue difícil leer algunos pasajes en el vacío. Por ejemplo, el juez Stevens, discrepando con el rechazo de la corte de considerar los méritos del caso de Padilla, observó que Padilla había sido detenido sin cargos y sin acceso a un abogado durante dos años, y dijo luego: "La detención por orden del ejecutivo de ciudadanos subversivos que, como la detención de los soldados enemigos, tiene como fin retirarlos del campo de batalla, puede a veces justificarse para impedir que se lancen misiles o que se transformen ellos mismos en misiles destructivos. Sin embargo, no puede justificarse en el interés manifiesto de usar procedimientos ilegales para extraer información. La incomunicación durante meses es uno de esos métodos. Si la información obtenida así es menos o más confiable que la adquirida por formas más extremas de tortura no tiene es de poca transcendencia. Si este país quiere permanecer fiel a los ideales simbolizados en su bandera, entonces no debe blandir los instrumentos de los tiranos, incluso aunque se tratara de defenderse de un ataque de las fuerzas de la tiranía".
El juez Breyer y los jueces David H. Souter y Ruth Bader Ginsburg apoyaron el voto discrepante.
En su opinión en el caso Hamdi, la juez O'Connor dijo que "la detención indefinida con el propósito de interrogar [a alguien] no está autorizada". También dijo: "La historia y el sentido común nos enseñan que un sistema de detenciones sin control lleva consigo el potencial de transformarse en un medio para oprimir y maltratar a otros".
Las tres resoluciones dejaron sin tratar importantes cuestiones. En el caso de Guantánamo Rasul v. Bush, No. 03-334, mientras que está claro que los detenidos pueden ahora presentar recursos de habeas corpus ante una corte federal, los jueces dijeron poco sobre la diversidad de recursos que pueden presentar o sobre cómo deben los jueces evaluar los alegatos contra los argumentos del gobierno sobre la necesidad de la prolongar su detención.
Barbara Olshansky, subdirectora legal del Centro de Derechos Constitucionales, una organización jurídica de Nueva York que representa a los detenidos de Guantánamo, dijo en una entrevista que los abogados podrían actuar rápidamente para poner a prueba el alcance de la resolución de la Corte. El caso sobre el que juzgó la Corte Suprema fue presentado a nombre de dieciséis detenidos (del Reino Unido, Australia y Kuwait), dos de los cuales han sido dejados en libertad y enviados a casa al Reino Unido. Olshansky dijo que el caso se puede ahora extender y entablar un pleito a nombre de muchos otros.
El dictamen de la juez O'Connor en el caso Hamdi, Hamdi v. Rumsfeld, No. 03-6696, ofreció un proyecto más detallado de lo que podría ocurrir ahora.
La juez O'Connor dijo que como un asunto de debido proceso constitucional los tribunales ordinarios deben ahora sopesar el interés de Hamdi en su libertad contra los "poderosos y delicados intereses gubernamentales en asegurarse de que aquellos que lucharon de hecho con el enemigo durante la guerra no vuelva al campo de batalla para continuar combatiendo contra Estados Unidos".
"Adoptar un equilibrio constitucional adecuado aquí es de la más grande importancia para el país durante este período de hostilidades", dijo. Agregó: "Pero es igualmente importante que nuestros cálculos no priven de sentido los valores que este país considera fundamentales o al privilegio que significa la ciudadanía estadounidense".
Dijo sobre el caso de Hamdi que "el más fundamental de los intereses de la libertad [era] el interés de no ser detenido físicamente por el propio gobierno".
La juez O'Connor dijo que la Corte del Distrito Federal de Richmond que primero trató el recurso de habeas corpus de Hamdi ha exigido mucho del gobierno, pidiendo muchos documentos, mientras la Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Distrito No. Cuatro ha sido demasiada rápida en poner a un lado la orden de la corte distrital y desdeñar el recurso de Hamdi.
Sugiriendo que el camino indicado yace en algún lugar entre esas dos posiciones, la juez O'Connor dijo que "los procedimientos sobre los combatientes enemigos deben ser adaptados para aliviar su poco común potencial para sobrecargar al ejecutivo en tiempos de un conflicto militar en curso". Dijo que las reglas normales que restringen el uso de rumores como evidencia debe ser adaptadas y que podía haber una "presunción a favor de las pruebas del gobierno" si el detenido tenía al mismo tiempo "una oportunidad honesta de impugnar los cargos".
El gobierno ha argumentado que si se pensaba que era necesario algún tipo de juicio, la proposición del gobierno debía ser aceptada de acuerdo a un bajo estándar de prueba conocida como el estándar de "alguna evidencia", que se utiliza en procedimientos administrativos para facilitar que mientras haya "alguna evidencia" en los antecedentes, gana el gobierno. Este estándar era "inadecuado" y "poco indicado" para evaluar las bases para detener a un ciudadano, dijo la juez O'Connor. Agregó: "Claramente, el proceso que ha recibido Hamdi no es el proceso al que tiene derecho en la Cláusula de Debido Proceso.
No quedó claro del dictamen si la corte insistirá en todas las circunstancias en que el caso de los detenidos sea evaluado por un juez federal. "Queda la posibilidad de que las normas que hemos articulado puedan ser satisfechas por un tribunal militar apropiadamente autorizado y adecuadamente constituido", dijo la juez O'Connor.
Cuatro jueces que criticaron la posición del gobierno exploraron líneas diferentes de ataque. Los jueces Souter y Ginsburg dijeron que en su opinión la detención de Hamdi carecía de base legal como materia de autoridad estatutaria. Consecuentemente no era necesario considerar problemas constitucionales, dijeron los dos en un dictamen del juez Souter.
Este dictamen descansó en una ley federal de 1971, la Ley de No-Detención, que prevé que "ningún ciudadano será encarcelado o de otro modo detenido por Estados Unidos excepto según una Ley del Congreso". No ha habido una ley del Congreso que justifique la detención de Hamdi, dijeron.
La juez O'Connor encontró justificación estatutaria en la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar, que el Congreso aprobó en los días siguientes a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, autorizando "toda la fuerza necesaria apropiada" para perseguir e impedir el terrorismo internacional. Mientras sólo tres otros jueces apoyaron su dictamen, el juez Thomas expresó una visión similar sobre la autorización estatutaria en lo que fue de otro modo un voto discrepante, lográndose así una mayoría de cinco sobre la cuestión estatutaria.
Pero los jueces Souter y Ginsburg dijeron que la ley sobre el uso de la fuerza no dice nada sobre los ciudadanos detenidos. "Si el gobierno no agrega nada a lo que ya hay en el proceso, la Ley de No-Detención da derecho a Hamdi a ser liberado", dijo el juez Souter. Agregó: "El gobierno no ha presentado ningún caso que se basa en alguna teoría".
En otro momento el juez Souter se refirió a la resolución de la corte de 1952 que anuló la expropiación del presidente Harry Truman de fundiciones de acero. "Es instructivo recordar la observación del juez Jackson de que el presidente no es el comandante en jefe del país, sino sólo del ejército", dijo.
Los otros dos jueces, Scalia y Stevens, difícilmente aliados probables, sostuvieron un análisis muy diferente. Hamdi tenía derecho al recurso de amparo, dijeron, a menos que el gobierno lo procesara por traición o el Congreso ejerciera su autoridad constitucional para suspender el recurso de habeas corpus.
El dictamen del jues Scalia, que fue firmada por el juez Stevens, dijo que el veredicto de O'Connor no había ido demasiado lejos en proteger los derechos civiles de Hamdi. Mofándose del dictamen por ser muy blando, dijo que personificaba una "mentalidad de un sabelotodo" con la "misión de lograr-que-todo-salga-bien, más que solamente establecer las consecuencias, en lo que se refiere a los derechos individuales, de las acciones y omisiones de los otros dos poderes".
El juez Scalia agregó: "Si las libertades cívicas pueden ser restringidas durante tiempos de guerra, debe de ocurrir abierta y democráticamente, como lo exige la Constitución, y no por la erosión silenciosa a través de un veredicto de esta corte".
Eso dejó solo al juez Thomas. "No creo que los poderes de guerra del gobierno federal puedan ser anulados por esta corte", dijo en su voto discrepante. "Esta detención cae directamente dentro de los poderes de guerra del gobierno federal y carecemos del conocimiento y capacidad para criticar esa decisión".
La dependencia de la corte en la autorización del uso de la fuerza no pareció ser indefinida. Observando que Estados Unidos todavía tiene miles de tropas en Afganistán, la juez O'Connor dijo: "Estados Unidos puede detener durante la duración de las hostilidades a individuos que han sido legítimamente identificados como combatientes talibanes que participaron en un conflicto armado contra Estados Unidos". La implicación clara fue que un guerra contra el terrorismo global y que se extienda por varias generaciones no en sí misma suficiente para justificar las detenciones si las hostilidades han cesado.
En el caso de Padilla, Rumsfeld v. Padilla, No. 03-1027, el asunto depende ahora de la Corte de Distrito Federal de Carolina del Sur. Escribiendo a nombre de la mayoría, el presidente del tribunal supremo Rehnquist dijo que el caso no procedía porque la abogado de Padilla, Donna Newman, presentó un recurso de amparo en la corte de distrito de Nueva York, donde había sido fijado el caso, dos días después de que el gobierno lo trasladara a una prisión militar de Charleston.
Cuando la corte considere su caso, sin embargo, la decisión sobre Hamdi puede poner a Padilla en una posición más fuerte para impugnar su clasificación como combatiente enemigo, dado que fue puesto bajo custodia en Chicago, y no en Afganistán.
El ambiente en la corte el lunes por la mañana era de considerable dramatismo a medida que se fueron anunciando las tres resoluciones.
Después de que la juez O'Connor explicara su dictamen en el caso de Hamdi, los jueces Souter y Scalia describieron por separado sus posiciones. El juez Stevens leyó también sudiscrepancia en el caso de Padilla después de que el presidente del tribunal supremo Rehnquist explicara por qué la mayoría no considerará los méritos del caso.
Las declaraciones se prolongaron durante más de media hora, constituyendo ciertamente el mejor espectáculo en vivo de la ciudad, aunque la corte estaba, sorprendentemente, casi vacía. Al finalizar la sesión, el presidente del tribunal supremo Rehnquist anunció que la corte concluiría su sesión y anunciaría los dictámenes pendientes el jueves.
29 de junio de 2004
©nyt ©traducción mQh"
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