PENTÁGONO DEBE ENTREGAR DOCUMENTOS SOBRE ABU GHRAIB
Ayer publicaba The New York Times este editorial exigiendo que el Pentágono entregue finalmente los informes de la Cruz Roja sobre los maltratos de la prisión de Abu Ghraib, un tema que la transferencia de soberanía no ha logrado enterrar.
Mientras declara piadosamente su determinación de desenterrar la verdad acerca de Abu Ghraib, el gobierno de Bush ha gastado casi dos meses obstruyendo las investigaciones del ejército y de miembros del Congreso. Ha alargado la investigación del ejército, retenido importantes documentos del gobierno ante un comité del Senado y se ha negado a contestar a los senadores sobre decenas de informes de la Cruz Roja que documentan los terribles maltratos de iraquíes en prisiones militares estadounidenses. Incluso el documento entregado por la Casa Blanca la semana pasada, que incluía aquellas cínicas hojas de ruta jurídicas en torno a tratados y leyes contra la tortura de prisioneros, parecía ser parte de esta campaña de ocultamiento. En ningún lugar en esos cientos páginas se explicaba qué órdenes fueron dadas por los guardias del ejército y de la CIA en Iraq, ni por quién.
Le tomó al Pentágono más de dos semanas nombrar a un reemplazante del general de división George Fay, que tuvo que ser relevado de su tarea de investigar a las unidades de la inteligencia militar en Abu Ghraib porque no tenía suficiente rango como para interrogar al teniente general Ricardo Sánchez, el comandante en Ira. El proceso señaló la incapacidad del ejército en investigarse a sí mismo a ese nivel. El Pentágono nombró a alguien de rango suficiente -justo lo suficiente. Ese oficial es un general de tres estrellas, como el general Sánchez. Tendrá que apresurarse en interrogar al general Sánchez, y el Pentágono tratará indudablemente de obstaculizar otra vez el proceso cuando el nuevo general a cargo de la investigación necesite inevitablemente llegar más arriba.
El Pentágono no ha entregado al Senado el informe completo del general de división Antonio Taguba, que condujo la investigación del ejército más amplia hasta el momento sobre los abusos de Abu Ghraib. El Pentágono aún no ha dicho nada sobre las dos mil páginas que faltan del documento de seis mil cuando le fue entregado al Comité del Senado de las Fuerzas Armadas hace más de un mes; las páginas extraviadas incluyen documentos sobre técnicas de interrogatorio en Iraq. El presidente del comité, el senador John Warner, dijo la semana pasada que el secretario de Defensa Donald Rumsfeld le había asegurado que estaba trabajando sobre el problema. La fe de Warner parece estar profundamente mal depositada.
El manejo de Rumsfeld de otro problema, el de los informes de la Cruz Roja sobre Iraq, es el ejemplo más escandaloso de la mala fe del gobierno sobre el escándalo de la prisión. El gobierno de Bush se ha referido a las políticas de confidencialidad de la Cruz Roja para explicar por qué no libera los documentos. El problema es que la Cruz Roja ha dicho repetidas veces a la administración que continúe adelante y que comparta sus descubrimientos con el Congreso siempre que se tomen medidas para impedir filtraciones.
El 7 de mayo, el panel de los servicios armados del Senado pidió a Rumsfeld esos informes sobre los extendidos abusos en las prisiones militares en Iraq; uno de los informes ya apareció en la red. Rumsfeld aseguró al comité que entregaría esos informes si la Cruz Roja accedía a ello, y sus ayudantes no han entregado esos informes, 40 en total, incluyendo 24 sobre Iraq. En las últimas semanas el Pentágono ha asegurado a senadores cada vez más irritados que estaba negociando con la Cruz Roja y luego declaró incongruentemente que todavía estaba "recolectando" esos documentos.
De hecho, la Cruz Roja Internacional dio su permiso antes de que pasaran 24 horas después de las vacías promesas de Rumsfeld, que ha repetido varias veces.
A fines de mayo, Kevin Molet, el embajador norteamericano ante las organizaciones internacionales con sede en Ginebra, invitó al director de la Cruz Roja, Jakob Kellenberg, a "expresar cualquier preocupación" de su organización sobre la entrega de documentos al Congreso. El doctor Kellenberg respondió que no habría problemas si los documentos siguen siendo confidenciales. Dado el hábito del gobierno de revelar selectivamente, sin embargo, el dr. Kellenberg insistió en que todos los informes, no solamente algunos, deben ser enviados al Congreso, íntegros. También ha pedido un inventario de lo que se comparte.
Sin embargo, el Pentágono declaró ante el comité del senador Warner que no había hallado una solución. El 15 de junio, Christophe Girod, director de la delegación de la Cruz Roja en Washington, escribió al senador Edward Kennedy, que lidera la lucha por obtener los informes sobre la prisión, que la decisión "deben tomarla las autoridades estadounidenses". Confirmó que la Cruz Roja dio permiso al Pentágono para que liberara esos documentos a principios de mayo.
El jueves pasado miembros del Comité de los Servicios Armados asistieron a una reunión a puertas cerradas del Pentágono, aparentemente sobre los informes de la Cruz Roja. Pero los participantes no entregaron los documentos; se limitaron a mostrar a los senadores informes sobre Bahía Guantánamo que no tenían relación con Iraq.
El Senado entró ahora en un receso de dos semanas. En uno de los pocos signos de vida del Capitolio sobre el problema, Warner promete resumir sus audiencias después del receso. Pero incluso la Cruz Roja en Ginebra ha entendido que el gobierno no tiene intención de colaborar. Es hora de que la mayoría republicana del Congreso deje de proteger a la Casa Blanca y obligue a la administración, por citación, a entregar todos los documentos relacionados con Abu Ghraib, comenzando con esos informes de la Cruz Roja.
30 de junio de 2004
©nyt
Mientras declara piadosamente su determinación de desenterrar la verdad acerca de Abu Ghraib, el gobierno de Bush ha gastado casi dos meses obstruyendo las investigaciones del ejército y de miembros del Congreso. Ha alargado la investigación del ejército, retenido importantes documentos del gobierno ante un comité del Senado y se ha negado a contestar a los senadores sobre decenas de informes de la Cruz Roja que documentan los terribles maltratos de iraquíes en prisiones militares estadounidenses. Incluso el documento entregado por la Casa Blanca la semana pasada, que incluía aquellas cínicas hojas de ruta jurídicas en torno a tratados y leyes contra la tortura de prisioneros, parecía ser parte de esta campaña de ocultamiento. En ningún lugar en esos cientos páginas se explicaba qué órdenes fueron dadas por los guardias del ejército y de la CIA en Iraq, ni por quién.
Le tomó al Pentágono más de dos semanas nombrar a un reemplazante del general de división George Fay, que tuvo que ser relevado de su tarea de investigar a las unidades de la inteligencia militar en Abu Ghraib porque no tenía suficiente rango como para interrogar al teniente general Ricardo Sánchez, el comandante en Ira. El proceso señaló la incapacidad del ejército en investigarse a sí mismo a ese nivel. El Pentágono nombró a alguien de rango suficiente -justo lo suficiente. Ese oficial es un general de tres estrellas, como el general Sánchez. Tendrá que apresurarse en interrogar al general Sánchez, y el Pentágono tratará indudablemente de obstaculizar otra vez el proceso cuando el nuevo general a cargo de la investigación necesite inevitablemente llegar más arriba.
El Pentágono no ha entregado al Senado el informe completo del general de división Antonio Taguba, que condujo la investigación del ejército más amplia hasta el momento sobre los abusos de Abu Ghraib. El Pentágono aún no ha dicho nada sobre las dos mil páginas que faltan del documento de seis mil cuando le fue entregado al Comité del Senado de las Fuerzas Armadas hace más de un mes; las páginas extraviadas incluyen documentos sobre técnicas de interrogatorio en Iraq. El presidente del comité, el senador John Warner, dijo la semana pasada que el secretario de Defensa Donald Rumsfeld le había asegurado que estaba trabajando sobre el problema. La fe de Warner parece estar profundamente mal depositada.
El manejo de Rumsfeld de otro problema, el de los informes de la Cruz Roja sobre Iraq, es el ejemplo más escandaloso de la mala fe del gobierno sobre el escándalo de la prisión. El gobierno de Bush se ha referido a las políticas de confidencialidad de la Cruz Roja para explicar por qué no libera los documentos. El problema es que la Cruz Roja ha dicho repetidas veces a la administración que continúe adelante y que comparta sus descubrimientos con el Congreso siempre que se tomen medidas para impedir filtraciones.
El 7 de mayo, el panel de los servicios armados del Senado pidió a Rumsfeld esos informes sobre los extendidos abusos en las prisiones militares en Iraq; uno de los informes ya apareció en la red. Rumsfeld aseguró al comité que entregaría esos informes si la Cruz Roja accedía a ello, y sus ayudantes no han entregado esos informes, 40 en total, incluyendo 24 sobre Iraq. En las últimas semanas el Pentágono ha asegurado a senadores cada vez más irritados que estaba negociando con la Cruz Roja y luego declaró incongruentemente que todavía estaba "recolectando" esos documentos.
De hecho, la Cruz Roja Internacional dio su permiso antes de que pasaran 24 horas después de las vacías promesas de Rumsfeld, que ha repetido varias veces.
A fines de mayo, Kevin Molet, el embajador norteamericano ante las organizaciones internacionales con sede en Ginebra, invitó al director de la Cruz Roja, Jakob Kellenberg, a "expresar cualquier preocupación" de su organización sobre la entrega de documentos al Congreso. El doctor Kellenberg respondió que no habría problemas si los documentos siguen siendo confidenciales. Dado el hábito del gobierno de revelar selectivamente, sin embargo, el dr. Kellenberg insistió en que todos los informes, no solamente algunos, deben ser enviados al Congreso, íntegros. También ha pedido un inventario de lo que se comparte.
Sin embargo, el Pentágono declaró ante el comité del senador Warner que no había hallado una solución. El 15 de junio, Christophe Girod, director de la delegación de la Cruz Roja en Washington, escribió al senador Edward Kennedy, que lidera la lucha por obtener los informes sobre la prisión, que la decisión "deben tomarla las autoridades estadounidenses". Confirmó que la Cruz Roja dio permiso al Pentágono para que liberara esos documentos a principios de mayo.
El jueves pasado miembros del Comité de los Servicios Armados asistieron a una reunión a puertas cerradas del Pentágono, aparentemente sobre los informes de la Cruz Roja. Pero los participantes no entregaron los documentos; se limitaron a mostrar a los senadores informes sobre Bahía Guantánamo que no tenían relación con Iraq.
El Senado entró ahora en un receso de dos semanas. En uno de los pocos signos de vida del Capitolio sobre el problema, Warner promete resumir sus audiencias después del receso. Pero incluso la Cruz Roja en Ginebra ha entendido que el gobierno no tiene intención de colaborar. Es hora de que la mayoría republicana del Congreso deje de proteger a la Casa Blanca y obligue a la administración, por citación, a entregar todos los documentos relacionados con Abu Ghraib, comenzando con esos informes de la Cruz Roja.
30 de junio de 2004
©nyt
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