EL JUICIO DE SADAM HUSSEIN
El juicio de Sadam Hussein, que ha sido apresurado después de haber re-instaurado la pena de muerte de Iraq, también apresuradamente, preocupa en todo el mundo a la prensa independiente. ¿Inaugurará su juicio un Iraq donde impera la ley y el estado de derecho, o volverá al régimen de venganza que caracterizó a la justicia de su época? El editorial de The New York Times hace las preguntas pertinentes.
En el Iraq de Sadam Hussen los tribunales no valían nada y el temor, la muerte y la venganza eran las únicas leyes del país. Un nuevo Iraq debe construirse sobre fundamentos más sólidos: la democracia y el estado de derecho. Una de los primeros retos será llevar a Sadam Hussein a la justicia. Su juicio puede ser un importante paso hacia el imperio de la ley -o un desvío hacia el imperio de la venganza. Debería gozar de un juicio justo bajo un gobierno elegido que aplique los principios relevantes de las leyes iraquíes e internacionales.
Hussein y once de sus asociados más importantes serán acusados formalmente hoy de crímenes contra la humanidad ante un tribunal especial instalado por las autoridades de la ocupación norteamericana en diciembre pasado y presidido por Salem Chalabi, un sobrino de Ahmad Chalabi.
Juzgar a los acusados propiamente tomará muchos meses -y no sólo porque los acusados necesiten tiempo para preparar su defensa ante el tribunal. Estos juicios son una oportunidad para poner al descubierto los misterios y crímenes de la era baasista, incluyendo las fosas comunes secretas y la verdadera historia del programa de armas no convencionales, para determinar dónde reside la responsabilidad criminal en la cadena de mando.
Los juicios mismos no deberían comenzar antes de que asuma un gobierno elegido, un paso programado para enero próximo. Comenzarlos antes puede producir dividendos políticos para el gobierno iraquí interino designado y para la campaña para la re-elección de Bush, pero no servirá a la causa de la justicia ni ayudará a restaurar la reputación de Iraq en la comunidad internacional.
Los doce acusados ya no son prisioneros de guerra. Son acusados bajo la autoridad legal del gobierno interino iraquí, aunque sigan bajo custodia del ejército norteamericano por razones de seguridad. Eso es aceptable si así lo quiere Bagdad, y provisto que los acusados gocen de los derechos acordes a su nueva condición jurídica, incluyendo la posibilidad de consultar con sus abogados y protección de interrogatorios abusivos. Loablemente, el primer ministro Iyad Allawi ha prometido que los acusados serán capaces de elegir sus propios abogados y no serán obligados a declarar contra sí mismos. También sugirió que no es probable que el juicio de Hussein comience en los próximos meses. También sería el caso con los otros acusados.
Cuando el caso se presente ante el tribunal, los acusados de rango más inferior deberían ser juzgados primero. Eso ayudará a echar luces sobre la cadena de mando y en última instancia fortalecerá el caso contra Sadam Hussein mismo. La composición del tribunal especial debería ser examinada por un gobierno electo. Los nombramientos políticos, como el de Salem Chalabi, deberían ser remplazados por juristas independientes y calificados. Un panel de juristas internacionales con experiencia en otros casos de crímenes contra la humanidad debería asesorar a los jueces iraquíes.
Millones de familias iraquíes que fueron perseguidas por Hussein están impacientes de verlo pagar por sus terribles crímenes. Eso es comprensible. Crecieron durante su régimen en un Iraq donde la venganza, no la justicia, era la única ley. Sus hijos merecen crecer en un Iraq donde la ley se aplique a todos por igual.
2 de julio de 2004
©new york times ©traducción mQh
En el Iraq de Sadam Hussen los tribunales no valían nada y el temor, la muerte y la venganza eran las únicas leyes del país. Un nuevo Iraq debe construirse sobre fundamentos más sólidos: la democracia y el estado de derecho. Una de los primeros retos será llevar a Sadam Hussein a la justicia. Su juicio puede ser un importante paso hacia el imperio de la ley -o un desvío hacia el imperio de la venganza. Debería gozar de un juicio justo bajo un gobierno elegido que aplique los principios relevantes de las leyes iraquíes e internacionales.
Hussein y once de sus asociados más importantes serán acusados formalmente hoy de crímenes contra la humanidad ante un tribunal especial instalado por las autoridades de la ocupación norteamericana en diciembre pasado y presidido por Salem Chalabi, un sobrino de Ahmad Chalabi.
Juzgar a los acusados propiamente tomará muchos meses -y no sólo porque los acusados necesiten tiempo para preparar su defensa ante el tribunal. Estos juicios son una oportunidad para poner al descubierto los misterios y crímenes de la era baasista, incluyendo las fosas comunes secretas y la verdadera historia del programa de armas no convencionales, para determinar dónde reside la responsabilidad criminal en la cadena de mando.
Los juicios mismos no deberían comenzar antes de que asuma un gobierno elegido, un paso programado para enero próximo. Comenzarlos antes puede producir dividendos políticos para el gobierno iraquí interino designado y para la campaña para la re-elección de Bush, pero no servirá a la causa de la justicia ni ayudará a restaurar la reputación de Iraq en la comunidad internacional.
Los doce acusados ya no son prisioneros de guerra. Son acusados bajo la autoridad legal del gobierno interino iraquí, aunque sigan bajo custodia del ejército norteamericano por razones de seguridad. Eso es aceptable si así lo quiere Bagdad, y provisto que los acusados gocen de los derechos acordes a su nueva condición jurídica, incluyendo la posibilidad de consultar con sus abogados y protección de interrogatorios abusivos. Loablemente, el primer ministro Iyad Allawi ha prometido que los acusados serán capaces de elegir sus propios abogados y no serán obligados a declarar contra sí mismos. También sugirió que no es probable que el juicio de Hussein comience en los próximos meses. También sería el caso con los otros acusados.
Cuando el caso se presente ante el tribunal, los acusados de rango más inferior deberían ser juzgados primero. Eso ayudará a echar luces sobre la cadena de mando y en última instancia fortalecerá el caso contra Sadam Hussein mismo. La composición del tribunal especial debería ser examinada por un gobierno electo. Los nombramientos políticos, como el de Salem Chalabi, deberían ser remplazados por juristas independientes y calificados. Un panel de juristas internacionales con experiencia en otros casos de crímenes contra la humanidad debería asesorar a los jueces iraquíes.
Millones de familias iraquíes que fueron perseguidas por Hussein están impacientes de verlo pagar por sus terribles crímenes. Eso es comprensible. Crecieron durante su régimen en un Iraq donde la venganza, no la justicia, era la única ley. Sus hijos merecen crecer en un Iraq donde la ley se aplique a todos por igual.
2 de julio de 2004
©new york times ©traducción mQh
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