acusado de crimen por protestar
[Kevin Sullivan] Un hombre que dijo que la policía no hacía lo suficiente por resolver el asesinato de su prima, fue acusado de su muerte. Fiscal asegura que informes sobre asesinatos de mujeres en Chihuahua son invenciones de comunistas. Según el policía, la mayoría de las 300 mujeres asesinadas en los últimos 10 años han muerto en accidentes de coche y en la bañera.
Chihuahua, México. Cuando Miguel David Meza Argueta se enteró el año pasado de que su prima Neyra, una estudiante de informática de 20 años, había desaparecido, dijo que había viajado por avión inmediatamente a esta ciudad en el norte de México para ayudar en su búsqueda. Cientos de jóvenes mujeres en el fronterizo estado de Chihuahua, la mayoría en Ciudad Juárez, han sido asesinadas en la última década, así que Meza temía lo peor.
Él y la familia buscaron por todas partes, incluso recorriendo en coche el desierto donde cientos de cadáveres de mujeres violadas y mutiladas han sido abandonados. Organizó marchas de protesta contra la policía porque no veían que esta estuviese investigando el caso. Su familia se indignó y él llamó incompetente al fiscal general del estado.
Cuando los restos de Neyra Azucena Cervantes fueron finalmente descubiertos en el desierto, Meza recibió respuesta de la policía: fue detenido y acusado de violar y asesinar a su prima. La única prueba contra él es una confesión que dijo era falsa y que firmó después de que la policía lo torturara.
"Pedí respuestas", dijo Meza, entrevistado en una prisión del estado donde ha estado durante los últimos 15 meses, "y me respondieron con torturas y cárcel".
Grupos de derechos humanos dijeron que el caso de Meza es típico de cómo las autoridades del estado han manejado cientos de investigaciones en la más notoria serie de asesinatos en México, en la que han muerto más de 300 mujeres desde 1993, al menos 90 de ellas después de ser violadas.
Investigaciones de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnestía Internacional, miembros del Congreso estadounidense y otros grupos han mostrado repetidas veces que la policía local ha manejado mal o incluso inventado evidencias y ha fallado en investigar pistas lógicas. Los sondeos han demostrado que la policía a veces ha acusado falsamente o torturado a personas inocentes para obligarles de declararse falsamente culpables, para poder decir que habían solucionado los casos.
Guadalupe Morfín, la comisaria especial nombrado por el presidente Vicente Fox para coordinar la respuesta del gobierno a los asesinatos, dijo que la policía estatal se mostraba reluctante a investigar porque "ocultan delitos cometidos por sus colegas". Grupos de derechos humanos y agentes federales mexicanos dijeron que al menos algunos de los asesinatos fueron cometidos por agentes de policía corruptos al servicio de poderosos carteles de traficantes de drogas, lo que Morfín llamó "el colapso del estado de derecho" en Chihuahua. La policía de Chihuahua tortura normalmente a los sospechosos con el fin de resolver los casos "por todos los medios", dijo.
Los asesinatos de mujeres se han transformado en uno de los principales bochornos de México y ha provocado protestas en Estados Unidos y Europa; los asesinatos son incluso el tema de una próxima película de Hollywood.
"La presión internacional ha desconcertado a las autoridades", dijo Morfín. "Piensan que por presentar a alguien como culpable, esas presiones disminuirán. No sé dan cuenta de que están creando víctimas dobles: la gente a la que acusan falsamente, y las familias de las víctimas".
Dijo que no cree que Meza sea culpable y ha demandado una investigación federal sobre las acusaciones de tortura de Meza y tres sospechosos en otro caso de asesinato de mujeres. Meza, cuyo juicio está en proceso, puede ser juzgado inocente. "No perdemos esa esperanza", dijo Morfín.
El hombre a cargo de la investigación de los asesinatos es Jesús Antonio Piñón Jiménez, el fiscal general del estado. Asumió funciones en marzo después de que su predecesor Jesús José Solís Silva renunciara tras descubrirse que 17 agentes de la policía federal estaban implicados en asesinatos relacionados con el tráfico de drogas de una decena de personas que fueron encontradas sepultadas en el patio de una casa en Ciudad Juárez.
Piñón, un veterano con 18 años de experiencia en el despacho del fiscal general del estado, era el adjunto de Solís. Ha minimizado sistemáticamente los asesinatos de mujeres, causando la indignación de activistas de derechos humanos y de las familias de las víctimas. En una entrevista, Piñón dijo que las acusaciones de que en Chihuahua hay asesinatos en serie de mujeres es un "mito". Piñón negó también que Meza hubiera sido torturado.
Piñón dijo que las familias de las víctimas y grupos de derechos humanos han exagerado la cantidad de víctimas con propósitos políticos. Afirmó que eran "miembros del Partido Comunista" y que tenían "ideologías de izquierda", que querían "dar un mal nombre a Ciudad Juárez y al estado de Chihuahua".
"Están inventado que se abandonan cadáveres en el desierto; eso no es verdad", dijo Piñón. Dijo que desde 1993 sólo han muerto 36 mujeres en asesinatos clasificados como posibles homicidios por motivos sexuales y que casi todos esos casos han sido resueltos. Dijo que algunas de las mujeres muertas a las que se refieren los grupos de derechos humanos han muerto en realidad en accidentes de carretera, de ataques al corazón o por haberse caído en la bañera.
Stanley Pimentel, un antiguo agente del FBI que revisó más de 300 expedientes de asesinatos como parte de una investigación de Naciones Unidas, dijo que las afirmaciones del fiscal general eran incorrectas. "Esas mujeres fueron secuestradas, usadas durante un momento y luego asesinadas", dijo. "En todos los casos, se han dejado de realizar investigaciones simples, básicas, y se han abandonado las pistas lógicas. Hay gente cometiendo esos crímenes, y todavía los siguen cometiendo porque no han sido capturados".
El 13 de mayo de 2003, Neyra salió de la tienda de ropa donde trabajaba pero no llegó nunca a casa. Después de que miembros de su familia la buscaran durante tres días, el padrastro de Neyra, Jesús Argueta, llamó a sus familiares de Chiapas y el primo de Neyra se trasladó en avión a Chihuahua, a unos 2.400 kilómetros.
Meza dijo que la familia, casi inmediatamente, se había sentido frustrada por la falta de acción de la policía y organizaron una marcha frente al despacho de Solís, el fiscal general. Llevaron pancartas y gritaron que la policía era culpable del asesinato de Neyra y otras mujeres o que estaba protegiendo a los asesinos.
Meza y la familia se reunieron tres veces con Solís. Meza dijo que las reuniones se tornaron cada vez más hostiles y que en la última reunión le dijo a Solís que si no quería investigar, debería renunciar y permitir que alguien competente lo hiciera.
Meza dijo que Solís se enfureció y le dijo: "¿Quieres al culpable? Lo vas a tener muy pronto".
Una semana más tarde, el 14 de julio, después de que se encontraran algunos huesos y restos de ropa en el desierto, Meza y la madre de Neyra, Patricia Cervantes, fueron a la comisaría de policía y Cervantes identificó las bragas, blusa y zapatillas de tenis de Neyra. Cervantes dijo que había comenzado a gritar y a insultar a la decena de agentes que había ahí. Fue a partir de entonces, dijeron, que la policía empezó a tratarlos como criminales.
La policía sometió a Jesús Argueta, el marido de Cervantes, a una prueba con un detector de mentiras. Hacia medianoche, dijo Argueta, lo llevaron a un complejo policial amurallado. Ahí, contó, fue golpeado y la policía le dijo que debía confesar haber asesinado a su hijastra. Él se negó a hacerlo.
Al mismo tiempo, dijo Meza, la policía lo llevó a él a otro cuarto en el mismo edificio. Dijo que un agente de policía le dijo: "Sabemos que fue alguien de la familia el que mató a Neyra. Y esta noche vamos a saber quién lo hizo".
Durante las siguientes horas, hasta el amanecer, una decena o más de agentes de policía lo torturaron, dijo Meza. Lo hicieron desnudarse y luego lo envolvieron con unos vendajes de 30 centímetros de ancho como si fuera una momia, dejándole un hueco para que pudiera respirar. Le arrojaron agua, y luego le aplicaron electricidad con una picana. Le dieron de patadas y le metieron agua picante por la nariz, dijo, y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza hasta que estuvo a punto de sofocarse.
"Pensé que me iba a morir", dijo Meza. "Así que les dije que firmaría cualquier cosa que quisieran".
Meza dijo que los agentes discutieron el asunto y finalmente se pusieron de acuerdo en una historia que hicieron firmar a Meza. Según la confesión, él estaba obsesionado sexualmente con Neyra, pero ella lo había rechazado. Por eso pagó a dos hombres -700 dólares a cada uno- para que secuestraran a Neyra y la llevaran a una casa en las afueras de Chihuahua. Meza se reunió con ellos allí, compró un arma a los hombres en 400 dólares y tomó de prestado un coche que ellos le proporcionaron. Entonces, de acuerdo a la confesión, llevó a Neyra al desierto, donde la violó y luego la mató de un balazo en la cabeza.
La policía reconoce no haber encontrado a ninguno de esos hombres o el arma y coche que dicen que usó Meza. La policía tampoco tiene evidencias forenses de que Neyra haya sido violada; la familia de Neyra se pregunta cómo pudo la policía determinar que sí lo había sido a partir de unos huesos carcomidos por el tiempo. Meza dijo que su confesión le fue dictada por los agentes de policía que inventaron la historia. Su madre y otros miembros de la familia dijeron que Meza estaba con ellos en Chiapas cuando Neyra desapareció.
"Ellos saben que no soy culpable", dijo Meza, 27, un hombre robusto en vaqueros recién planchados y un polo, en el cuarto de visitas de una pequeña cárcel. "Para mí es difícil, pero peor es para mi familia".
La madre y hermana de Meza se han mudado de Chiapas a Chihuahua y viven en una pequeña casa cerca de la familia de Neyra. Han vendido sus propiedades en Chiapas para pagar a los abogados que defienden a Meza. "Han tratado de dividirnos, pero hemos permanecido unidos", dijo su madre, Carmen Argueta.
"Me quitaron a mi Neyra", dijo Cervantes. "Nunca perdonaré a la gente que me la quitó, ni a la policía que no quiso investigar".
Bart Beeson contribuyó a este reportaje.
9 de octubre de 2004
11 de octubre de 2004
©washington post
©traducción mQh
Él y la familia buscaron por todas partes, incluso recorriendo en coche el desierto donde cientos de cadáveres de mujeres violadas y mutiladas han sido abandonados. Organizó marchas de protesta contra la policía porque no veían que esta estuviese investigando el caso. Su familia se indignó y él llamó incompetente al fiscal general del estado.
Cuando los restos de Neyra Azucena Cervantes fueron finalmente descubiertos en el desierto, Meza recibió respuesta de la policía: fue detenido y acusado de violar y asesinar a su prima. La única prueba contra él es una confesión que dijo era falsa y que firmó después de que la policía lo torturara.
"Pedí respuestas", dijo Meza, entrevistado en una prisión del estado donde ha estado durante los últimos 15 meses, "y me respondieron con torturas y cárcel".
Grupos de derechos humanos dijeron que el caso de Meza es típico de cómo las autoridades del estado han manejado cientos de investigaciones en la más notoria serie de asesinatos en México, en la que han muerto más de 300 mujeres desde 1993, al menos 90 de ellas después de ser violadas.
Investigaciones de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnestía Internacional, miembros del Congreso estadounidense y otros grupos han mostrado repetidas veces que la policía local ha manejado mal o incluso inventado evidencias y ha fallado en investigar pistas lógicas. Los sondeos han demostrado que la policía a veces ha acusado falsamente o torturado a personas inocentes para obligarles de declararse falsamente culpables, para poder decir que habían solucionado los casos.
Guadalupe Morfín, la comisaria especial nombrado por el presidente Vicente Fox para coordinar la respuesta del gobierno a los asesinatos, dijo que la policía estatal se mostraba reluctante a investigar porque "ocultan delitos cometidos por sus colegas". Grupos de derechos humanos y agentes federales mexicanos dijeron que al menos algunos de los asesinatos fueron cometidos por agentes de policía corruptos al servicio de poderosos carteles de traficantes de drogas, lo que Morfín llamó "el colapso del estado de derecho" en Chihuahua. La policía de Chihuahua tortura normalmente a los sospechosos con el fin de resolver los casos "por todos los medios", dijo.
Los asesinatos de mujeres se han transformado en uno de los principales bochornos de México y ha provocado protestas en Estados Unidos y Europa; los asesinatos son incluso el tema de una próxima película de Hollywood.
"La presión internacional ha desconcertado a las autoridades", dijo Morfín. "Piensan que por presentar a alguien como culpable, esas presiones disminuirán. No sé dan cuenta de que están creando víctimas dobles: la gente a la que acusan falsamente, y las familias de las víctimas".
Dijo que no cree que Meza sea culpable y ha demandado una investigación federal sobre las acusaciones de tortura de Meza y tres sospechosos en otro caso de asesinato de mujeres. Meza, cuyo juicio está en proceso, puede ser juzgado inocente. "No perdemos esa esperanza", dijo Morfín.
El hombre a cargo de la investigación de los asesinatos es Jesús Antonio Piñón Jiménez, el fiscal general del estado. Asumió funciones en marzo después de que su predecesor Jesús José Solís Silva renunciara tras descubrirse que 17 agentes de la policía federal estaban implicados en asesinatos relacionados con el tráfico de drogas de una decena de personas que fueron encontradas sepultadas en el patio de una casa en Ciudad Juárez.
Piñón, un veterano con 18 años de experiencia en el despacho del fiscal general del estado, era el adjunto de Solís. Ha minimizado sistemáticamente los asesinatos de mujeres, causando la indignación de activistas de derechos humanos y de las familias de las víctimas. En una entrevista, Piñón dijo que las acusaciones de que en Chihuahua hay asesinatos en serie de mujeres es un "mito". Piñón negó también que Meza hubiera sido torturado.
Piñón dijo que las familias de las víctimas y grupos de derechos humanos han exagerado la cantidad de víctimas con propósitos políticos. Afirmó que eran "miembros del Partido Comunista" y que tenían "ideologías de izquierda", que querían "dar un mal nombre a Ciudad Juárez y al estado de Chihuahua".
"Están inventado que se abandonan cadáveres en el desierto; eso no es verdad", dijo Piñón. Dijo que desde 1993 sólo han muerto 36 mujeres en asesinatos clasificados como posibles homicidios por motivos sexuales y que casi todos esos casos han sido resueltos. Dijo que algunas de las mujeres muertas a las que se refieren los grupos de derechos humanos han muerto en realidad en accidentes de carretera, de ataques al corazón o por haberse caído en la bañera.
Stanley Pimentel, un antiguo agente del FBI que revisó más de 300 expedientes de asesinatos como parte de una investigación de Naciones Unidas, dijo que las afirmaciones del fiscal general eran incorrectas. "Esas mujeres fueron secuestradas, usadas durante un momento y luego asesinadas", dijo. "En todos los casos, se han dejado de realizar investigaciones simples, básicas, y se han abandonado las pistas lógicas. Hay gente cometiendo esos crímenes, y todavía los siguen cometiendo porque no han sido capturados".
El 13 de mayo de 2003, Neyra salió de la tienda de ropa donde trabajaba pero no llegó nunca a casa. Después de que miembros de su familia la buscaran durante tres días, el padrastro de Neyra, Jesús Argueta, llamó a sus familiares de Chiapas y el primo de Neyra se trasladó en avión a Chihuahua, a unos 2.400 kilómetros.
Meza dijo que la familia, casi inmediatamente, se había sentido frustrada por la falta de acción de la policía y organizaron una marcha frente al despacho de Solís, el fiscal general. Llevaron pancartas y gritaron que la policía era culpable del asesinato de Neyra y otras mujeres o que estaba protegiendo a los asesinos.
Meza y la familia se reunieron tres veces con Solís. Meza dijo que las reuniones se tornaron cada vez más hostiles y que en la última reunión le dijo a Solís que si no quería investigar, debería renunciar y permitir que alguien competente lo hiciera.
Meza dijo que Solís se enfureció y le dijo: "¿Quieres al culpable? Lo vas a tener muy pronto".
Una semana más tarde, el 14 de julio, después de que se encontraran algunos huesos y restos de ropa en el desierto, Meza y la madre de Neyra, Patricia Cervantes, fueron a la comisaría de policía y Cervantes identificó las bragas, blusa y zapatillas de tenis de Neyra. Cervantes dijo que había comenzado a gritar y a insultar a la decena de agentes que había ahí. Fue a partir de entonces, dijeron, que la policía empezó a tratarlos como criminales.
La policía sometió a Jesús Argueta, el marido de Cervantes, a una prueba con un detector de mentiras. Hacia medianoche, dijo Argueta, lo llevaron a un complejo policial amurallado. Ahí, contó, fue golpeado y la policía le dijo que debía confesar haber asesinado a su hijastra. Él se negó a hacerlo.
Al mismo tiempo, dijo Meza, la policía lo llevó a él a otro cuarto en el mismo edificio. Dijo que un agente de policía le dijo: "Sabemos que fue alguien de la familia el que mató a Neyra. Y esta noche vamos a saber quién lo hizo".
Durante las siguientes horas, hasta el amanecer, una decena o más de agentes de policía lo torturaron, dijo Meza. Lo hicieron desnudarse y luego lo envolvieron con unos vendajes de 30 centímetros de ancho como si fuera una momia, dejándole un hueco para que pudiera respirar. Le arrojaron agua, y luego le aplicaron electricidad con una picana. Le dieron de patadas y le metieron agua picante por la nariz, dijo, y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza hasta que estuvo a punto de sofocarse.
"Pensé que me iba a morir", dijo Meza. "Así que les dije que firmaría cualquier cosa que quisieran".
Meza dijo que los agentes discutieron el asunto y finalmente se pusieron de acuerdo en una historia que hicieron firmar a Meza. Según la confesión, él estaba obsesionado sexualmente con Neyra, pero ella lo había rechazado. Por eso pagó a dos hombres -700 dólares a cada uno- para que secuestraran a Neyra y la llevaran a una casa en las afueras de Chihuahua. Meza se reunió con ellos allí, compró un arma a los hombres en 400 dólares y tomó de prestado un coche que ellos le proporcionaron. Entonces, de acuerdo a la confesión, llevó a Neyra al desierto, donde la violó y luego la mató de un balazo en la cabeza.
La policía reconoce no haber encontrado a ninguno de esos hombres o el arma y coche que dicen que usó Meza. La policía tampoco tiene evidencias forenses de que Neyra haya sido violada; la familia de Neyra se pregunta cómo pudo la policía determinar que sí lo había sido a partir de unos huesos carcomidos por el tiempo. Meza dijo que su confesión le fue dictada por los agentes de policía que inventaron la historia. Su madre y otros miembros de la familia dijeron que Meza estaba con ellos en Chiapas cuando Neyra desapareció.
"Ellos saben que no soy culpable", dijo Meza, 27, un hombre robusto en vaqueros recién planchados y un polo, en el cuarto de visitas de una pequeña cárcel. "Para mí es difícil, pero peor es para mi familia".
La madre y hermana de Meza se han mudado de Chiapas a Chihuahua y viven en una pequeña casa cerca de la familia de Neyra. Han vendido sus propiedades en Chiapas para pagar a los abogados que defienden a Meza. "Han tratado de dividirnos, pero hemos permanecido unidos", dijo su madre, Carmen Argueta.
"Me quitaron a mi Neyra", dijo Cervantes. "Nunca perdonaré a la gente que me la quitó, ni a la policía que no quiso investigar".
Bart Beeson contribuyó a este reportaje.
9 de octubre de 2004
11 de octubre de 2004
©washington post
©traducción mQh
1 comentario
kat -
Felicidades!!!!!!!!!!!!!!!!!!