no hubo tiempo para policía
[Michael R. Gordon] Aparentemente el gobierno de Bush nunca tuvo planes serios sobre la policía iraquí. Al caer Bagdad, los policías abandonaron sus puestos y casi todas las comisarías fueron destruidas durante los saqueos que se produjeron a la llegada de las tropas norteamericanas.
Críticos del gobierno se han quejado de que Bush no tenía un plan para el Iraq de posguerra. Pero cuando se trató el tema de reconstruir a la policía iraquí, el problema no fue la ausencia de un plan, sino del tiempo que tomaba ponerlo en ejecución. Cuando se acercaba la guerra de Iraq, Richard Mayer, un funcionario del ministerio de Justicia, analizó algunas opciones y planes para reconstruir a la policía iraquí. Como subdirector de un proyecto internacional de adiestramiento en el ministerio, tenía considerable experiencia en el adiestramiento de fuerzas policiales, desde Haití hasta los Balcanes.
Junto a expertos del ministerio de Asuntos Exteriores, Mayer levantó una lista de opciones, incluyendo un ambicioso plan para asignar 5.000 agentes de policía internacionales que colaborarían con el adiestramiento de la policía iraquí y, si fuera necesario, en la ejecución de las labores policiales mismas, como lo han hecho antes agentes de policía internacionales en Kosovo. Jay Garner, un teniente general retirado que encabezó la primera autoridad de ocupación en Iraq, declaró en una entrevista que él había apoyado esa opción.
El plan, sin embargo, no fue bien recibido por los niveles superiores del gobierno de Bush. La Casa Blanca contaba con una evaluación de la CIA que sostenía que la policía iraquí tenía un extenso adiestramiento profesional. Tampoco querían ver a norteamericanos realizando labores policiales en Iraq.
Pronto surgió un nuevo plan. Un pequeño equipo de asesores multinacionales viajaría a Iraq después del derrocamiento de Saddam Hussein para ver qué tipo de asistencia sería necesaria para la policía iraquí, los tribunales y el sistema penitenciario. Si se requería ayuda, se enviaría a unos 1.500 expertos policiales -civpol' o policía civil en la jerga de la burocracia.
Alrededor de 1.000 de ellos serían norteamericanos contratados por empresas de seguridad privadas; 500 provendrían de otros países. La policía civil tendría funciones de asesoramiento y adiestramiento, pero no llevarían uniforme ni tendrían autoridad para detener a personas.
La idea de hacer una evaluación antes de enviar a los expertos policiales internacionales planteaba el riesgo de que si la policía iraquí no volvía de inmediato a sus labores después del fin de la guerra, se provocaría un caos antes de que Estados Unidos estuviera en condiciones de ayudar. Robert Perito, un experto en operaciones de mantenimiento de la paz del Instituto Estadounidense por la Paz, un centro de investigación financiado por el gobierno, advirtió sobre esta posibilidad en una presentación el 28 de febrero ante el Comité de Política Exterior del ministerio de Defensa, una comisión que asesora al ministro de Defensa, Donald H. Rumsfeld.
"Experiencias anteriores indican que la policía regular iraquí no estará disponible, o estará intimidada o no preparada para actuar en un clima de posguerra caótico", dijo Perito, según una copia de la presentación. "Depender de la coalición de fuerzas militares no es la solución. La experiencia en los Balcanes demuestra que los soldados regulares no están ni adiestrados ni equipados para enfrentarse a cosas como la violencia callejera o mantener el orden público".
No pasó mucho tiempo, sin embargo, para que los norteamericanos descubrieran que estaban equivocados.
La mayoría de los agentes de la policía iraquí abandonaron sus puestos, casi todas las comisarías de Bagdad fueron destruidas por los saqueadores y muchos de los agentes que fueron convencidos de que volvieran a sus puestos estaban mal adiestrados.
Robert Gifford, un funcionario de la Oficina para los Asuntos Relacionados con el Narcotráfico Internacional y la Aplicación de la Ley [Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs] del ministerio de Asuntos Exteriores, fue el principal asesor para el ministerio del Interior iraquí justo después de la invasión. Cuando su equipo (de 34 miembros) se apareció en mayo, Gifford los envió a todos, excepto cinco, a terreno para tratar de ayudar a los jefes de comisarías que habían vuelto a sus funciones, restablecer el control del tráfico, ayudar a las comandancias y empezar a dar cursos de instrucción en la academia de policía.
El informe del 30 de mayo del equipo, La policía iraquí: Un evaluación del presente y recomendaciones para el futuro', observó enormes dificultades. La policía iraquí era corrupta, poco profesional y no de fiar, decía. La evaluación recomendaba que se enviara a 6.663 asesores policiales, más de los que proponía Mayer, del ministerio de Justicia, antes de la guerra.
En Washington, sin embargo, la propuesta fue considerada poco realista. Estados Unidos simplemente no tenía suficientes aliados como para formar una fuerza semejante.
Otro problema era el financiamiento. Un temprano análisis del ministerio de Asuntos Exteriores estimaba que se necesitaría 1 billón de dólares para formar una fuerza de 1.500 agentes de policía civiles internacionales, ya que Estados Unidos tendría que proporcionar la seguridad, logística y provisiones para toda la fuerza.
Sin embargo, para mayo no había disponible más que 25 millones de dólares para el financiamiento inicial, asignados por el ministerio de Asuntos Exteriores. Sólo alcanzaba para pagar al equipo asesor e identificar a 150 expertos policiales norteamericanos, que debían ser enganchados por una empresa de seguridad privada. Fueron contratados y se les dijo que se mantuvieran listos para marcharse a Iraq, pero no fueron enviados.
A mediados de mayo, Gifford traspasó sus responsabilidades a Bernard E. Kerik, el antiguo jefe de la policía de Nueva York, que dirige una firma asesora con Rudolph W. Giuliani, el antiguo alcalde de Nueva York. En un memorándum del 17 de agosto a L. Paul Bremer III., el nuevo jefe de la autoridad de la ocupación, Kerik, describió la difícil situación.
"Aunque han regresado a sus funciones en todo el país unos 32.000 policías, una combinación de jubilaciones y un persistente veto por parte de la APC de los miembros del Partido Baaz resultará en un déficit de personal de unos 33.000 a 35.000 policías", escribió, refiriéndose a la Autoridad Provisional de la Coalición y al partido de Hussein. "El reclutamiento, la investigación de antecedentes, el adiestramiento y el despliegue de esta nueva policía tomará al menos dos años".
Kerik propuso un plan pidiendo el despliegue de unos 1.500 asesores y policías internacionales, la cantidad que los funcionarios del gobierno de Bush habían decidido meses antes que serían necesarios pero que no habían sido todavía enviados. En este memorándum le pidió a Bremer que hablara con funcionarios en Washington para conseguir apoyo para el plan.
Kerik dijo en una entrevista que obtener el dinero del Congreso era el problema más difícil. Pero el general de división Paul Eaton, que al principio estuvo encargado del adiestramiento del ejército iraquí y más tarde del adiestramiento de la policía iraquí, dijo que la gestión también era un problema. Dijo que el programa de adiestramiento de la policía que había heredado era un "fiasco inconexo".
Examinando retrospectivamente el verano de 2003, Perito dijo que el gobierno de Bush "no tenía un programa de adiestramiento específico".
"En realidad, decidieron hacer una evaluación, ofrecer recomendaciones, esperar que fueran aceptadas y entonces buscar el dinero", dijo. "Lo que pasó es que se perdieron los seis primeros meses de la operación. Pero la doctrina de las operaciones de paz es que el primer mes es de crucial importancia".
21 de octubre de 2004
26 de octubre de 2004
©new york times
©traducción mQh
Junto a expertos del ministerio de Asuntos Exteriores, Mayer levantó una lista de opciones, incluyendo un ambicioso plan para asignar 5.000 agentes de policía internacionales que colaborarían con el adiestramiento de la policía iraquí y, si fuera necesario, en la ejecución de las labores policiales mismas, como lo han hecho antes agentes de policía internacionales en Kosovo. Jay Garner, un teniente general retirado que encabezó la primera autoridad de ocupación en Iraq, declaró en una entrevista que él había apoyado esa opción.
El plan, sin embargo, no fue bien recibido por los niveles superiores del gobierno de Bush. La Casa Blanca contaba con una evaluación de la CIA que sostenía que la policía iraquí tenía un extenso adiestramiento profesional. Tampoco querían ver a norteamericanos realizando labores policiales en Iraq.
Pronto surgió un nuevo plan. Un pequeño equipo de asesores multinacionales viajaría a Iraq después del derrocamiento de Saddam Hussein para ver qué tipo de asistencia sería necesaria para la policía iraquí, los tribunales y el sistema penitenciario. Si se requería ayuda, se enviaría a unos 1.500 expertos policiales -civpol' o policía civil en la jerga de la burocracia.
Alrededor de 1.000 de ellos serían norteamericanos contratados por empresas de seguridad privadas; 500 provendrían de otros países. La policía civil tendría funciones de asesoramiento y adiestramiento, pero no llevarían uniforme ni tendrían autoridad para detener a personas.
La idea de hacer una evaluación antes de enviar a los expertos policiales internacionales planteaba el riesgo de que si la policía iraquí no volvía de inmediato a sus labores después del fin de la guerra, se provocaría un caos antes de que Estados Unidos estuviera en condiciones de ayudar. Robert Perito, un experto en operaciones de mantenimiento de la paz del Instituto Estadounidense por la Paz, un centro de investigación financiado por el gobierno, advirtió sobre esta posibilidad en una presentación el 28 de febrero ante el Comité de Política Exterior del ministerio de Defensa, una comisión que asesora al ministro de Defensa, Donald H. Rumsfeld.
"Experiencias anteriores indican que la policía regular iraquí no estará disponible, o estará intimidada o no preparada para actuar en un clima de posguerra caótico", dijo Perito, según una copia de la presentación. "Depender de la coalición de fuerzas militares no es la solución. La experiencia en los Balcanes demuestra que los soldados regulares no están ni adiestrados ni equipados para enfrentarse a cosas como la violencia callejera o mantener el orden público".
No pasó mucho tiempo, sin embargo, para que los norteamericanos descubrieran que estaban equivocados.
La mayoría de los agentes de la policía iraquí abandonaron sus puestos, casi todas las comisarías de Bagdad fueron destruidas por los saqueadores y muchos de los agentes que fueron convencidos de que volvieran a sus puestos estaban mal adiestrados.
Robert Gifford, un funcionario de la Oficina para los Asuntos Relacionados con el Narcotráfico Internacional y la Aplicación de la Ley [Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs] del ministerio de Asuntos Exteriores, fue el principal asesor para el ministerio del Interior iraquí justo después de la invasión. Cuando su equipo (de 34 miembros) se apareció en mayo, Gifford los envió a todos, excepto cinco, a terreno para tratar de ayudar a los jefes de comisarías que habían vuelto a sus funciones, restablecer el control del tráfico, ayudar a las comandancias y empezar a dar cursos de instrucción en la academia de policía.
El informe del 30 de mayo del equipo, La policía iraquí: Un evaluación del presente y recomendaciones para el futuro', observó enormes dificultades. La policía iraquí era corrupta, poco profesional y no de fiar, decía. La evaluación recomendaba que se enviara a 6.663 asesores policiales, más de los que proponía Mayer, del ministerio de Justicia, antes de la guerra.
En Washington, sin embargo, la propuesta fue considerada poco realista. Estados Unidos simplemente no tenía suficientes aliados como para formar una fuerza semejante.
Otro problema era el financiamiento. Un temprano análisis del ministerio de Asuntos Exteriores estimaba que se necesitaría 1 billón de dólares para formar una fuerza de 1.500 agentes de policía civiles internacionales, ya que Estados Unidos tendría que proporcionar la seguridad, logística y provisiones para toda la fuerza.
Sin embargo, para mayo no había disponible más que 25 millones de dólares para el financiamiento inicial, asignados por el ministerio de Asuntos Exteriores. Sólo alcanzaba para pagar al equipo asesor e identificar a 150 expertos policiales norteamericanos, que debían ser enganchados por una empresa de seguridad privada. Fueron contratados y se les dijo que se mantuvieran listos para marcharse a Iraq, pero no fueron enviados.
A mediados de mayo, Gifford traspasó sus responsabilidades a Bernard E. Kerik, el antiguo jefe de la policía de Nueva York, que dirige una firma asesora con Rudolph W. Giuliani, el antiguo alcalde de Nueva York. En un memorándum del 17 de agosto a L. Paul Bremer III., el nuevo jefe de la autoridad de la ocupación, Kerik, describió la difícil situación.
"Aunque han regresado a sus funciones en todo el país unos 32.000 policías, una combinación de jubilaciones y un persistente veto por parte de la APC de los miembros del Partido Baaz resultará en un déficit de personal de unos 33.000 a 35.000 policías", escribió, refiriéndose a la Autoridad Provisional de la Coalición y al partido de Hussein. "El reclutamiento, la investigación de antecedentes, el adiestramiento y el despliegue de esta nueva policía tomará al menos dos años".
Kerik propuso un plan pidiendo el despliegue de unos 1.500 asesores y policías internacionales, la cantidad que los funcionarios del gobierno de Bush habían decidido meses antes que serían necesarios pero que no habían sido todavía enviados. En este memorándum le pidió a Bremer que hablara con funcionarios en Washington para conseguir apoyo para el plan.
Kerik dijo en una entrevista que obtener el dinero del Congreso era el problema más difícil. Pero el general de división Paul Eaton, que al principio estuvo encargado del adiestramiento del ejército iraquí y más tarde del adiestramiento de la policía iraquí, dijo que la gestión también era un problema. Dijo que el programa de adiestramiento de la policía que había heredado era un "fiasco inconexo".
Examinando retrospectivamente el verano de 2003, Perito dijo que el gobierno de Bush "no tenía un programa de adiestramiento específico".
"En realidad, decidieron hacer una evaluación, ofrecer recomendaciones, esperar que fueran aceptadas y entonces buscar el dinero", dijo. "Lo que pasó es que se perdieron los seis primeros meses de la operación. Pero la doctrina de las operaciones de paz es que el primer mes es de crucial importancia".
21 de octubre de 2004
26 de octubre de 2004
©new york times
©traducción mQh
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