GONZÁLEZ COMO FISCAL GENERAL DE EEUU ES UNA ELECCIÓN DESASTROSA
Ser un protegido del presidente Bush es naturalmente una mala manera de hacer política. Pero el primer latino a ser nombrado fiscal general de Estados Unidos es conocido por su desdén por la ley y los derechos humanos.
Al presidente Bush no le tomó demasiado tiempo desperdiciar la oportunidad que le brindaba la renuncia de John Ashcroft como fiscal general. En lugar de remplazar a Ashcroft por alguien de suficiente estatura e independencia para reforzar el compromiso del gobierno a respetar la ley, Bush se apresuró a nombrar a su viejo confidente de Tejas, el abogado de la Casa Blanca, Alberto R. Gonzáles.
Gonzáles tendrá pocos problemas a la hora de ser confirmado como el primer fiscal general latino del país, y es una vergüenza, porque es una elección espantosa.
Los conservadores están aliviados de ver a González ocuparse del ministerio de Justicia, aun si sólo sea porque su conocida falta de pasión por sus programas lo transformaba en un inquietante, potencial candidato para la Corte Suprema. Eso es lo que tiene Gonzáles a su favor. Pero el papel que jugó en la orquestación de la guerra contra el terrorismo en el despacho jurídico de la Casa Blanca lo transforma en una elección desastrosa para conducir el ministerio de Justicia.
Más notoriamente, Gonzáles escribió un memorándum a principios de 2002 argumentando que los sospechosos de terrorismo capturados en Afganistán no gozaban de las protecciones de la Convención de Ginebra. Calificó las cláusulas de las Convenciones de "pintorescas", mostrando el desdén por las leyes internacionales que generó el escándalo por las torturas en la prisión de Abu Ghraib y acusaciones de violación de los derechos humanos en la Bahía de Guantánamo.
El Congreso ha estado pidiendo acceso a todos los memoranda de Gonzáles, pero Ashcroft, previsiblemente, lo ha negado. El Senado debería insistir en que la Casa Blanca los entregue, pero no hay demasiadas esperanzas. Sin embargo, vale la pena considerar si alguien que careció del juicio suficiente como para ayudar a su cliente, el presidente, a evitar el escándalo de las torturas, si es temperamentalmente apropiado para ser el más importante fiscal del país. Para el resto del mundo, nombrar a Gonzáles como fiscal general es evocativo de los elogios de Bush para con el funcionamiento de Donald Rumsfeld en el Pentágono en mitad de la crisis del escándalo de Abu Ghraib.
Gonzáles también ha fomentado la cultura del secreto que practica el gobierno. Por ejemplo, tan pronto como Bush asumió su cargo, Gonzáles defendió una orden del ejecutivo que modificó la Ley de Archivos Presidenciales de 1978, restringiendo severamente el acceso a documentos. Gonzáles es también un celoso partidario de la Ley Patriótica, que deberá ser renovada en 2005.
Cualquier nominado por Bush, por supuesto, defenderá la Ley Patriótica, y Gonzáles será con toda probabilidad aceptado. Pero representa, con todo, la pérdida de una valiosa oportunidad.
11 de noviembre de 2004
13 de noviembre de 2004
©los angeles times
©traducción mQh
Al presidente Bush no le tomó demasiado tiempo desperdiciar la oportunidad que le brindaba la renuncia de John Ashcroft como fiscal general. En lugar de remplazar a Ashcroft por alguien de suficiente estatura e independencia para reforzar el compromiso del gobierno a respetar la ley, Bush se apresuró a nombrar a su viejo confidente de Tejas, el abogado de la Casa Blanca, Alberto R. Gonzáles.Gonzáles tendrá pocos problemas a la hora de ser confirmado como el primer fiscal general latino del país, y es una vergüenza, porque es una elección espantosa.
Los conservadores están aliviados de ver a González ocuparse del ministerio de Justicia, aun si sólo sea porque su conocida falta de pasión por sus programas lo transformaba en un inquietante, potencial candidato para la Corte Suprema. Eso es lo que tiene Gonzáles a su favor. Pero el papel que jugó en la orquestación de la guerra contra el terrorismo en el despacho jurídico de la Casa Blanca lo transforma en una elección desastrosa para conducir el ministerio de Justicia.
Más notoriamente, Gonzáles escribió un memorándum a principios de 2002 argumentando que los sospechosos de terrorismo capturados en Afganistán no gozaban de las protecciones de la Convención de Ginebra. Calificó las cláusulas de las Convenciones de "pintorescas", mostrando el desdén por las leyes internacionales que generó el escándalo por las torturas en la prisión de Abu Ghraib y acusaciones de violación de los derechos humanos en la Bahía de Guantánamo.
El Congreso ha estado pidiendo acceso a todos los memoranda de Gonzáles, pero Ashcroft, previsiblemente, lo ha negado. El Senado debería insistir en que la Casa Blanca los entregue, pero no hay demasiadas esperanzas. Sin embargo, vale la pena considerar si alguien que careció del juicio suficiente como para ayudar a su cliente, el presidente, a evitar el escándalo de las torturas, si es temperamentalmente apropiado para ser el más importante fiscal del país. Para el resto del mundo, nombrar a Gonzáles como fiscal general es evocativo de los elogios de Bush para con el funcionamiento de Donald Rumsfeld en el Pentágono en mitad de la crisis del escándalo de Abu Ghraib.
Gonzáles también ha fomentado la cultura del secreto que practica el gobierno. Por ejemplo, tan pronto como Bush asumió su cargo, Gonzáles defendió una orden del ejecutivo que modificó la Ley de Archivos Presidenciales de 1978, restringiendo severamente el acceso a documentos. Gonzáles es también un celoso partidario de la Ley Patriótica, que deberá ser renovada en 2005.
Cualquier nominado por Bush, por supuesto, defenderá la Ley Patriótica, y Gonzáles será con toda probabilidad aceptado. Pero representa, con todo, la pérdida de una valiosa oportunidad.
11 de noviembre de 2004
13 de noviembre de 2004
©los angeles times
©traducción mQh
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