bush quiere gobernar en secreto
[Dorothy Samuels] Ha establecido un sistema judicial paralelo secreto. Ha firmado un decreto que impide investigar a Dick Cheney y su compañía. Pero también ha firmado un decreto que impide el acceso a los archivos presidenciales en un intento de determinar cómo se escribirá sobre él cuando ya no esté.
Supongo que es inevitable que algunos temas importantes nunca llegan a aparecer en los programas de las campañas presidenciales, y otros, menos importantes, incluso insignificantes, de algún modo, sí lleguen a las agendas. Durante las elecciones la política, como se nos recuerda en estos últimos y duros días antes de la votación, es un asunto brutal, asqueroso, no un ejercicio aséptico en ciencias políticas.
Eso dicho, confieso que me siento decepcionada de que el senador John Kerry no haya insistido en uno de los desarrollos más inquietantes de la política nacional de los últimos cuatro años: el dramático crecimiento de una innecesaria política de hacer las cosas en secreto del gobierno de Bush.
La antipatía que siente el presidente Bush por gobernar con transparencia no atrae más un banal nivel de atención, si se lo compara con los urgentes asuntos en lo que se debate el país en este momento, incluyendo, sin un orden particular, los Red Sox, Iraq, el terrorismo, los impuestos y el misterioso bulto del tamaño de una grabadora que era visible detrás de la chaqueta del traje de Bush durante el primer debate en televisión. Pero las implicaciones de un segundo mandato son terribles.
Más allá de socavar el sistema constituciones del controles y balances, tratar de mantener todo en secreto es la probada fórmula para cuando la Casa Blanca toma decisiones ilegales y para provocar debilitantes escándalos. Si el antiguo presidente Richard Nixon, el último presidente del país con un crónico e imperial desdén por lo que el juez Louis Brandeis llamó célebremente el poder desinfectante de la luz del sol, estuviera vivo hoy, creo que le aconsejaría a Bush que se buscara como modelo ejemplar.
Como se detalla en un significativo nuevo informe parlamentario, la obsesión de Bush con el secreto -un rasgo ahora ampliamente reconocido como una marca de su presidencia- está realmente desembocada.
El informe de 90 páginas, titulado sobriamente Los secretos en el gobierno de Bush', fue publicado en septiembre, sin hacer demasiada bulla, por el diputado Henry Waxman, de California, el demócrata más importante del Comité sobre Reforma del Gobierno, de la Cámara, y uno de los más declarados críticos del descenso del gobierno de Bush en la política de querer mantener todo en secreto. El objetivo era compilar los miles de modos en que el presidente Bush y sus protegidos han socavado las leyes existentes cuyo propósito es mejorar el acceso del público a la información, mientras adoptan una amplia visión de las leyes que autorizan al gobierno a operar en secreto, o a mantener en secreto algunas informaciones.
Algunas de las pruebas citadas por el informe son mejor conocidas que otras. Entre las más notorias, por supuesto, se encuentra el actual rechazo del gobierno a revelar los contactos las fuerzas especiales de la energía del vice-presidente Dick Cheney y los ejecutivos de la compañía de energía, o explicar la implicación del despacho de Cheney en la atribución de enormes contratos sin licitación a Halliburton para la reconstrucción de Iraq; la prisa post-11 de septiembre para adoptar prácticas vergonzosas e inconstitucionales, como las detenciones y juicios secretos; y la resistencia y retrasos a entregar documentos claves que solicitó la comisión del 11 de septiembre.
El informe hace el inventario de otros ejemplos inquietantes. Bush y sus protegidos han obstaculizado rutinariamente el rol de supervisión prescrito constitucionalmente del Congreso, rechazando peticiones razonables de informaciones esenciales de miembros importantes de los comités parlamentarios. Por ejemplo, debieron acudir a tribunales para tener acceso a los censos corregidos del ministerio de Comercio y a materiales relacionados con los maltratos de prisioneros en Abu Ghraib, y han debido superar las trabas para recabar información sobre las reuniones y conversaciones telefónicas entre Karl Rove, el asesor presidencial, y gerentes de empresas en las que poseía acciones. El gobierno también ha adoptado la política de tratar como secretos de estado algunos documentos que estaban previamente disponibles bajo la ley de Libertad de Información -yendo tan lejos como para invertir la histórica disposición de la ley a favor de información y alentando a los departamentos gubernamentales a utilizar una definición amplia y neblinosa de informaciones "delicadas pero no secretas".
El falso banderín de la seguridad nacional, Bush ha revertido las razonables medidas del gobierno de Clinton para limitar las atribuciones del gobierno para considerar secretos algunos documentos. Aparte de ser extremadamente caro, el fuerte y previsible incremento en decisiones para considerar secretos algunos documentos contradice las recomendaciones de la comisión del 11 de septiembre, cuyo fin es fortalecer la supervisión de los servicios de inteligencia.
El presidente no es dado a la auto-crítica -a ninguna forma de crítica, en realidad- y parece contentarse con la idea de dejar a los historiares la evaluación de su legado presidencial. Pero no menciona que ha obstaculizado seriamente esa revisión historiográfica al decretar un orden presidencial en 2001 que impide el acceso público a documentos presidenciales según la Ley de Archivos Presidenciales de 1978.
A un nivel superficial, el secreteo sobre este tema se ajusta perversamente con la campaña de otoño. Pero unilateral anulación de leyes y prácticas cuyo propósito es fomentar el control del gobierno merece más interés de los electores. En estos últimos cuatro años hemos aprendido que lo que no sabemos, nos puede perjudicar.
1 de noviembre de 2004
©new york times
©traducción mQh
Supongo que es inevitable que algunos temas importantes nunca llegan a aparecer en los programas de las campañas presidenciales, y otros, menos importantes, incluso insignificantes, de algún modo, sí lleguen a las agendas. Durante las elecciones la política, como se nos recuerda en estos últimos y duros días antes de la votación, es un asunto brutal, asqueroso, no un ejercicio aséptico en ciencias políticas.Eso dicho, confieso que me siento decepcionada de que el senador John Kerry no haya insistido en uno de los desarrollos más inquietantes de la política nacional de los últimos cuatro años: el dramático crecimiento de una innecesaria política de hacer las cosas en secreto del gobierno de Bush.
La antipatía que siente el presidente Bush por gobernar con transparencia no atrae más un banal nivel de atención, si se lo compara con los urgentes asuntos en lo que se debate el país en este momento, incluyendo, sin un orden particular, los Red Sox, Iraq, el terrorismo, los impuestos y el misterioso bulto del tamaño de una grabadora que era visible detrás de la chaqueta del traje de Bush durante el primer debate en televisión. Pero las implicaciones de un segundo mandato son terribles.
Más allá de socavar el sistema constituciones del controles y balances, tratar de mantener todo en secreto es la probada fórmula para cuando la Casa Blanca toma decisiones ilegales y para provocar debilitantes escándalos. Si el antiguo presidente Richard Nixon, el último presidente del país con un crónico e imperial desdén por lo que el juez Louis Brandeis llamó célebremente el poder desinfectante de la luz del sol, estuviera vivo hoy, creo que le aconsejaría a Bush que se buscara como modelo ejemplar.
Como se detalla en un significativo nuevo informe parlamentario, la obsesión de Bush con el secreto -un rasgo ahora ampliamente reconocido como una marca de su presidencia- está realmente desembocada.
El informe de 90 páginas, titulado sobriamente Los secretos en el gobierno de Bush', fue publicado en septiembre, sin hacer demasiada bulla, por el diputado Henry Waxman, de California, el demócrata más importante del Comité sobre Reforma del Gobierno, de la Cámara, y uno de los más declarados críticos del descenso del gobierno de Bush en la política de querer mantener todo en secreto. El objetivo era compilar los miles de modos en que el presidente Bush y sus protegidos han socavado las leyes existentes cuyo propósito es mejorar el acceso del público a la información, mientras adoptan una amplia visión de las leyes que autorizan al gobierno a operar en secreto, o a mantener en secreto algunas informaciones.
Algunas de las pruebas citadas por el informe son mejor conocidas que otras. Entre las más notorias, por supuesto, se encuentra el actual rechazo del gobierno a revelar los contactos las fuerzas especiales de la energía del vice-presidente Dick Cheney y los ejecutivos de la compañía de energía, o explicar la implicación del despacho de Cheney en la atribución de enormes contratos sin licitación a Halliburton para la reconstrucción de Iraq; la prisa post-11 de septiembre para adoptar prácticas vergonzosas e inconstitucionales, como las detenciones y juicios secretos; y la resistencia y retrasos a entregar documentos claves que solicitó la comisión del 11 de septiembre.
El informe hace el inventario de otros ejemplos inquietantes. Bush y sus protegidos han obstaculizado rutinariamente el rol de supervisión prescrito constitucionalmente del Congreso, rechazando peticiones razonables de informaciones esenciales de miembros importantes de los comités parlamentarios. Por ejemplo, debieron acudir a tribunales para tener acceso a los censos corregidos del ministerio de Comercio y a materiales relacionados con los maltratos de prisioneros en Abu Ghraib, y han debido superar las trabas para recabar información sobre las reuniones y conversaciones telefónicas entre Karl Rove, el asesor presidencial, y gerentes de empresas en las que poseía acciones. El gobierno también ha adoptado la política de tratar como secretos de estado algunos documentos que estaban previamente disponibles bajo la ley de Libertad de Información -yendo tan lejos como para invertir la histórica disposición de la ley a favor de información y alentando a los departamentos gubernamentales a utilizar una definición amplia y neblinosa de informaciones "delicadas pero no secretas".
El falso banderín de la seguridad nacional, Bush ha revertido las razonables medidas del gobierno de Clinton para limitar las atribuciones del gobierno para considerar secretos algunos documentos. Aparte de ser extremadamente caro, el fuerte y previsible incremento en decisiones para considerar secretos algunos documentos contradice las recomendaciones de la comisión del 11 de septiembre, cuyo fin es fortalecer la supervisión de los servicios de inteligencia.
El presidente no es dado a la auto-crítica -a ninguna forma de crítica, en realidad- y parece contentarse con la idea de dejar a los historiares la evaluación de su legado presidencial. Pero no menciona que ha obstaculizado seriamente esa revisión historiográfica al decretar un orden presidencial en 2001 que impide el acceso público a documentos presidenciales según la Ley de Archivos Presidenciales de 1978.
A un nivel superficial, el secreteo sobre este tema se ajusta perversamente con la campaña de otoño. Pero unilateral anulación de leyes y prácticas cuyo propósito es fomentar el control del gobierno merece más interés de los electores. En estos últimos cuatro años hemos aprendido que lo que no sabemos, nos puede perjudicar.
1 de noviembre de 2004
©new york times
©traducción mQh
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