culpable si no demuestra lo contrario
[Joost Oranje] Los jueces opinan rara vez sobre asuntos políticos delicados. Pero ahora que los planes anti-terroristas del gabinete se han dado a conocer, dos prominentes jueces concluyeron que esta vez no podían quedarse callados. Las nuevas leyes son "medidas muy peligrosas". Holanda al borde de la tiranía.
Al entrar al edificio de Alto Tribunal de Holanda se siente uno invadido por una agradable tranquilidad. A izquierda y derecha los juristas trabajan silenciosos en sus oficinas, la madera debajo de las alfombras de las escaleras del clásico edificio en la calle Haagse Lange Voorhout, cruje convenientemente, y los colegas se saludan en los pasillos cortésmente. Geerts Corstens, juez del más alto tribunal del país, muestra con orgullo el lugar más bonito del edificio: el vestíbulo con la cúpula, por donde entran los tenues rayos del sol invernal. Debe ser extraordinario tripular la estación final de la justicia nacional.
Aunque.
Ahora hay inquietud en la Holanda jurídica. Y seguirá turbulenta por un tiempo ahora que el gabinete quiere introducir severos cambios para combatir el terrorismo. Pueden ser tiempos difíciles, cree Corstens, antiguo catedrático y autor de una obra de referencia sobre las reglas y procedimientos del derecho penal (el Cornstens azul') y llamado por ello entre los juristas, a modo de broma, "el director del derecho penal". Califica la nueva legislación como "un paquete de medidas muy peligroso" porque "se manosea dramáticamente la estructura del proceso penal, que desestabiliza toda la infraestructura". Y eso en una época en que los jueces son mirados de vez en vez con desconfianza. Irónicamente: "Antes, en los años sesenta, no te hacías popular encarcelando a un sospechoso. Ahora eres un perro sarnoso si lo dejas libre".
No provoquemos malentendidos, se apresura a decir Corstens: "El terrorismo y el extremismo son terribles y el estado debe combatirlos, naturalmente. Hay que organizar mejor la lucha contra el terrorismo, fortalecer la posición de información del servicio secreto AIVD y solucionar la raíz del problema: la integración. De eso sí soy partidario". Pero los planes con el derecho penal van demasiado lejos: "Son contribuciones marginales a la solución del problema. Y en cambio se sacrificará considerablemente la libertad individual. Pero lo lamentable es que si quieres introducir matices, te califican rápidamente de ser poco realista".
Es un temor que también conocen otros jueces, según pareció luego de una visita a varias instancias judiciales. Pero todavía no quieren hablar públicamente sobre el asunto. No forma parte de la cultura de unos círculos de por sí cerrados, donde además se espera naturalmente que haya distancia entre los que promulgan las leyes (los políticos) y los que las evalúan. Característico es el e-mail que el Consejo Judicial, el enlace entre el ministerio de Justicia y los tribunales, envió inmediatamente a todos los tribunales cuando se enteró de que el NRC-Handelsblad buscaba contacto con los jueces. "Los tribunales tienen naturalmente la libertad" de formarse su propia opinión, pero el Consejo opina que es impropio "que el poder judicial ejerza presión sobre el ministro a través de la prensa", según el e-mail.
Corstens comprende que haya alguna vacilación, pero cree que el tema es demasiado importante como para quedarse callado: "No hay que llevar las cosas a un extremo. ¿Por qué razón no deben los jueves participar en un debate social tan importante y abstenerse de opinar?" Además, agrega: "Pareciera que de los políticos se ha apoderado el ánimo de exagerarlo todo. Se pretende que estamos en guerra, lo que creo que es un gran error. Se quiere sugerir que hay una lucha en todos los frentes contra un enemigo, se crea la contradicción entre nosotros contra ellos' y se pretende que todo está permitido. Se quiere proyectar una imagen de dureza, que desde el punto de vista político puede ser interpretada como una poderosa señal, pero es perjudicial para lograr una legislación equilibrada. Para eso se necesita moderación y fuerzas de oposición, y eso ahora no existe apenas. ¿Cree usted que es necesario un debate social sobre estos asuntos? ¿En la política, en el periodismo, incluso en la ciencia? Pareciera que se quiere que todos pensemos lo mismo".
Debido a ese ambiente, advierte Corstens, "se pone en peligro la relación entre la política y el poder judicial". Da un ejemplo imaginario, basándose en la legislación anunciada: "Imagine: la policía detiene a un sospechoso de terrorismo, en la prensa y en la política se arma un gran barullo, como hemos visto en los últimos tiempos. Se quiere que el detenido permanezca en detención preventiva. El juez cree que las informaciones que ha recibido del AIVD y sobre cuyas bases se detiene al sospechoso son suficientemente comprometedoras pero no convincentes. Y aunque la ley holandesa es más severa, el juez debe también respetar el Tratado Europeo de los Derechos del Hombre, que pone estrictas exigencias a las condiciones en que un sospechoso puede ser detenido preventivamente. En base a ello el juez deberá decidir dejar en libertad al sospechoso".
Geert Corstens mira significativamente.
¿Qué pasa entonces?
Él mismo se da respuesta: "Entonces probablemente los periodistas van a poner el grito en el cielo. Y los políticos atacarán al juez. Se gritará que no tiene los pies en la tierra y que deja actuar a los terroristas. Y así el juez se transformará en el malo de la película". A modo de ilustración Corstens menciona una declaración de Silvio Berlusconi. "Para ser juez, debes ser una persona con perturbaciones mentales", dijo alguna vez el premier italiano, mofándose, cuando fue acusado. Ese tipo de declaraciones siembra confusión en el poder judicial. Corstens: "No creo que nuestro ministro de Justicia llegue a decir eso. Pero ya se observa una tendencia entre los políticos que mostrarán poco respecto hacia decisiones judiciales como la que he señalado. Y si esos políticos cuentan con una mayoría, entonces ese juez será marginado".
Terror
Días después encontramos en Amsterdam el tipo de juez al que se refería Corstens en su ejemplo imaginario. Mientras el juez del Tribunal Supremo se encuentra al final del proceso judicial, Frans Bauduin se encuentra justamente al principio. El experimentado vice-presidente del tribunal de Amsterdam está esa mañana en su atiborrado despacho. Una permanente corriente de focos se arrastra sobre la carretera A10, que casi pasa por debajo de su escritorio. "Con vistas a la inmovilidad de Holanda", bromea Bauduin, que juzgó a Volkert van der G. [el asesino del líder fascista Pim Fortuyn] y que ahora trata el caso contra la ex directiva de Ahold. También Bauduin se debate con la pregunta de si debe decir en voz alta lo que piensa. La noche anterior escribió en un cuaderno de notas, como si fuera una sentencia, todas sus observaciones. Es "impropio, poco razonable e incluso injusto", se lee en su elegante letra, arriba en una hoja de papel. "No encuentro argumento para ninguno de las tres", concluye Bauduin, casi con alivio. "Tengo que dar mi opinión sobre esos proyectos de ley, sobre todo ahora que hay una tendencia entre los políticos de inmiscuirse con la jurisprudencia".
También él opina que el paquete de medidas propuestas en el derecho penal es "muy inquietante". También siente "un gran temor" de que los políticos reprochen a los jueces que no quieran ver la gravedad de la situación: "Naturalmente los jueces también reconocemos los peligros del terrorismo y el derecho de los ciudadanos a la seguridad. Pero debe ser posible que yo pueda continuar con mi trabajo. Y en lo esencial eso significa que debo formular mis argumentos controlando a todas las partes: el sospechoso, el ministerio fiscal y eventualmente el servicio secreto AIVD. En las medidas propuestas ese balance es distorsionado".
Con ello se refiere Bauduin al punto que es quizás el más delicado para los jueces. La espina dorsal del proceso penal holandés es que las pruebas contra un acusado en un tribunal deben ser controladas públicamente. Pero ahora que el gabinete quiere que las informaciones del AIVD sean consideradas válidas como evidencias, eso será muy difícil. Por lo demás: el trabajo de los servicios secretos es por definición secreto y apenas controlable. La solución propuesta, de controlar esas informaciones mediante el juez instructor, es problemática, cree Bauduin: "Así puede ocurrir que el juez del tribunal no reciba toda la información relevante, o mejor dicho, no pueda recibirla. Tengo miedo de que la validez que se pueda otorgar a esas pruebas sea muy limitada. Además de eso, hay que tomar en cuenta que en virtud de esas informaciones los acusados pueden ser encarcelados en prisión preventiva durante más de dos años. En esas condiciones será muy difícil decidir. Además, el legislador ha determinado hace poco que los jueces deben fundamentar más exhaustivamente sus sentencias. Pero si yo no puedo evaluar las pruebas de manera independiente, se transforma en algo muy complicado. La ley dice también que el juez debe controlar si las pruebas han sido obtenidas legalmente y si son contundentes. Eso es lo que habíamos acordado en este país".
Hay más cosas que preocupan de Bauduin. Por ejemplo, el plan de que funcionarios policiales extranjeros puedan operar en Holanda. Y que informaciones de esos servicios secretos puedan ser usados a través del AIVD en los procesos penales, sin que los jueces las pueden verificar. Pero lo más importante, cree él, es que las libertades obtenidas corran peligro. Las medidas que ahora se inventan contra el terrorismo y el extremismo se pueden extender a otros sectores. "Un ejemplo puramente hipotético sería: imagine que mi hija se interesa por Irán. Ella viaja al país por algunos meses y yo le envío dinero de vez en vez. Con todas las actuales posibilidades del datamining se detecta una desviación en mi conducta en mis hábitos de pago. Luego mi hija se echa un novio marroquí, que casualmente ha estado en una mezquita sospechosa que ha sido interceptada por un servicio de informaciones extranjero. Enfin, con todo eso se puede formar una imagen muy curiosa, en la que no te atreves ni a pensar en lo que ocurriría si esa información terminara imprevisiblemente en una pesquisa penal. La gente piensa a menudo: si no hago nada malo, no tengo nada que ocultar. Pero eso no es tan simple. Y además: también existe el derecho a la privacidad. ¿Queremos un estado que controle cada vez más este tipo de cosas?"
Focos Reflectores
Geert Corstens, del Tribunal Supremo, había planteado ya una pregunta semejante. Llama la atención sobre lo que llama "una inquietante combinación de propuestas": "Por un lado, hay una ampliación del puente entre el servicio secreto AIVD y los procesos judiciales: el servicio secreto recibe más atribuciones y sus informaciones pueden ser utilizadas más fácilmente. Al mismo tiempo, es más fácil para la policía y la justicia, sobre la base de débiles indicaciones, utilizar medios del AIVD, como la infiltración o la interceptación telefónica. Eso hace salir a la superficie una pregunta crucial: ¿queremos un estado que garantice de manera razonable las libertades individuales? ¿O queremos un estado que pueda limitar con relativa facilidad esas libertades?"
Ambos jueces señalan que tras la investigación parlamentaria Van Traa hay ahora nuevas atribuciones policiales, que los instrumentos dentro del derecho penal son ya bastantes y, según Corstens, "todavía no utilizados completamente". Todas estas nuevas medidas, dice, contribuyen al riesgo de que los focos reflectores se dirijan a personas que muestren una conducta sospechosa, pero a los que finalmente no se puede reprochar nada. O que la información del AIVD, aunque haya sido reunida con las mejores intenciones, demuestre finalmente ser errónea y sin embargo sea usada como prueba en un proceso penal. "Llevados por el celo, la policía o el servicio secreto pueden cometer, con las mejores intenciones, grandes errores de evaluación a costas del individuo. Tenemos que prevenir que nuestro premier termine en la misma posición que Tony Blair, que esta semana debió ofrecer excusas a un grupo de personas [los cuatro de Guildford] que pasaron años en la cárcel acusados injustamente de ser autores de atentados con bomba".
Corstens menciona dos "reglas que da la experiencia". En primer lugar, la historia enseña que las instancias policiales tienen la tendencia a exceder los límites de sus atribuciones. Y en segundo lugar la experiencia enseña que las atribuciones que son implementadas para ocasiones especiales, después de un tiempo que aplican a otros delitos: "El umbral disminuye, se reduce la urgencia en la aplicación de esas leyes, como lo demuestra el uso del DNA, la infiltración o la identificación. Así se hace un hoyo en el dique, la corriente empieza a aumentar y el hoyo se hará cada vez más grande".
También Frans Bauduin opina que "nos estamos balanceando sobre un hilo muy delgado". Sin embargo, también observa un desarrollo opuesto: "Poco a poco ves que en Estados Unidos y Gran Bretaña, también entre los jueces, hay un cambio de actitud, ahora que por ejemplo en la lucha contra el terrorismo comienzan a conocerse las historias sobre el tratamiento ilegal de los prisioneros. Lo lamento, pero cuando leo las medidas propuestas unas detrás de otras, y me sujeto a la baranda de mis pensamientos, no puedo evitar que aparezcan en mi mente las imágenes de Guantánamo". Frans Bauduin calla un momento. Mira casi con sentimiento de culpa antes de proseguir: "Entiéndame bien: por supuesto que no se puede comparar a Holanda con Guantánamo. Pero esa imagen está ahí. No puedo evitarlo".
14 de febrero de 2005
©nrc-handelsblad
©traducción mQh
Al entrar al edificio de Alto Tribunal de Holanda se siente uno invadido por una agradable tranquilidad. A izquierda y derecha los juristas trabajan silenciosos en sus oficinas, la madera debajo de las alfombras de las escaleras del clásico edificio en la calle Haagse Lange Voorhout, cruje convenientemente, y los colegas se saludan en los pasillos cortésmente. Geerts Corstens, juez del más alto tribunal del país, muestra con orgullo el lugar más bonito del edificio: el vestíbulo con la cúpula, por donde entran los tenues rayos del sol invernal. Debe ser extraordinario tripular la estación final de la justicia nacional.Aunque.
Ahora hay inquietud en la Holanda jurídica. Y seguirá turbulenta por un tiempo ahora que el gabinete quiere introducir severos cambios para combatir el terrorismo. Pueden ser tiempos difíciles, cree Corstens, antiguo catedrático y autor de una obra de referencia sobre las reglas y procedimientos del derecho penal (el Cornstens azul') y llamado por ello entre los juristas, a modo de broma, "el director del derecho penal". Califica la nueva legislación como "un paquete de medidas muy peligroso" porque "se manosea dramáticamente la estructura del proceso penal, que desestabiliza toda la infraestructura". Y eso en una época en que los jueces son mirados de vez en vez con desconfianza. Irónicamente: "Antes, en los años sesenta, no te hacías popular encarcelando a un sospechoso. Ahora eres un perro sarnoso si lo dejas libre".
No provoquemos malentendidos, se apresura a decir Corstens: "El terrorismo y el extremismo son terribles y el estado debe combatirlos, naturalmente. Hay que organizar mejor la lucha contra el terrorismo, fortalecer la posición de información del servicio secreto AIVD y solucionar la raíz del problema: la integración. De eso sí soy partidario". Pero los planes con el derecho penal van demasiado lejos: "Son contribuciones marginales a la solución del problema. Y en cambio se sacrificará considerablemente la libertad individual. Pero lo lamentable es que si quieres introducir matices, te califican rápidamente de ser poco realista".
Es un temor que también conocen otros jueces, según pareció luego de una visita a varias instancias judiciales. Pero todavía no quieren hablar públicamente sobre el asunto. No forma parte de la cultura de unos círculos de por sí cerrados, donde además se espera naturalmente que haya distancia entre los que promulgan las leyes (los políticos) y los que las evalúan. Característico es el e-mail que el Consejo Judicial, el enlace entre el ministerio de Justicia y los tribunales, envió inmediatamente a todos los tribunales cuando se enteró de que el NRC-Handelsblad buscaba contacto con los jueces. "Los tribunales tienen naturalmente la libertad" de formarse su propia opinión, pero el Consejo opina que es impropio "que el poder judicial ejerza presión sobre el ministro a través de la prensa", según el e-mail.
Corstens comprende que haya alguna vacilación, pero cree que el tema es demasiado importante como para quedarse callado: "No hay que llevar las cosas a un extremo. ¿Por qué razón no deben los jueves participar en un debate social tan importante y abstenerse de opinar?" Además, agrega: "Pareciera que de los políticos se ha apoderado el ánimo de exagerarlo todo. Se pretende que estamos en guerra, lo que creo que es un gran error. Se quiere sugerir que hay una lucha en todos los frentes contra un enemigo, se crea la contradicción entre nosotros contra ellos' y se pretende que todo está permitido. Se quiere proyectar una imagen de dureza, que desde el punto de vista político puede ser interpretada como una poderosa señal, pero es perjudicial para lograr una legislación equilibrada. Para eso se necesita moderación y fuerzas de oposición, y eso ahora no existe apenas. ¿Cree usted que es necesario un debate social sobre estos asuntos? ¿En la política, en el periodismo, incluso en la ciencia? Pareciera que se quiere que todos pensemos lo mismo".
Debido a ese ambiente, advierte Corstens, "se pone en peligro la relación entre la política y el poder judicial". Da un ejemplo imaginario, basándose en la legislación anunciada: "Imagine: la policía detiene a un sospechoso de terrorismo, en la prensa y en la política se arma un gran barullo, como hemos visto en los últimos tiempos. Se quiere que el detenido permanezca en detención preventiva. El juez cree que las informaciones que ha recibido del AIVD y sobre cuyas bases se detiene al sospechoso son suficientemente comprometedoras pero no convincentes. Y aunque la ley holandesa es más severa, el juez debe también respetar el Tratado Europeo de los Derechos del Hombre, que pone estrictas exigencias a las condiciones en que un sospechoso puede ser detenido preventivamente. En base a ello el juez deberá decidir dejar en libertad al sospechoso".
Geert Corstens mira significativamente.
¿Qué pasa entonces?
Él mismo se da respuesta: "Entonces probablemente los periodistas van a poner el grito en el cielo. Y los políticos atacarán al juez. Se gritará que no tiene los pies en la tierra y que deja actuar a los terroristas. Y así el juez se transformará en el malo de la película". A modo de ilustración Corstens menciona una declaración de Silvio Berlusconi. "Para ser juez, debes ser una persona con perturbaciones mentales", dijo alguna vez el premier italiano, mofándose, cuando fue acusado. Ese tipo de declaraciones siembra confusión en el poder judicial. Corstens: "No creo que nuestro ministro de Justicia llegue a decir eso. Pero ya se observa una tendencia entre los políticos que mostrarán poco respecto hacia decisiones judiciales como la que he señalado. Y si esos políticos cuentan con una mayoría, entonces ese juez será marginado".
Terror
Días después encontramos en Amsterdam el tipo de juez al que se refería Corstens en su ejemplo imaginario. Mientras el juez del Tribunal Supremo se encuentra al final del proceso judicial, Frans Bauduin se encuentra justamente al principio. El experimentado vice-presidente del tribunal de Amsterdam está esa mañana en su atiborrado despacho. Una permanente corriente de focos se arrastra sobre la carretera A10, que casi pasa por debajo de su escritorio. "Con vistas a la inmovilidad de Holanda", bromea Bauduin, que juzgó a Volkert van der G. [el asesino del líder fascista Pim Fortuyn] y que ahora trata el caso contra la ex directiva de Ahold. También Bauduin se debate con la pregunta de si debe decir en voz alta lo que piensa. La noche anterior escribió en un cuaderno de notas, como si fuera una sentencia, todas sus observaciones. Es "impropio, poco razonable e incluso injusto", se lee en su elegante letra, arriba en una hoja de papel. "No encuentro argumento para ninguno de las tres", concluye Bauduin, casi con alivio. "Tengo que dar mi opinión sobre esos proyectos de ley, sobre todo ahora que hay una tendencia entre los políticos de inmiscuirse con la jurisprudencia".
También él opina que el paquete de medidas propuestas en el derecho penal es "muy inquietante". También siente "un gran temor" de que los políticos reprochen a los jueces que no quieran ver la gravedad de la situación: "Naturalmente los jueces también reconocemos los peligros del terrorismo y el derecho de los ciudadanos a la seguridad. Pero debe ser posible que yo pueda continuar con mi trabajo. Y en lo esencial eso significa que debo formular mis argumentos controlando a todas las partes: el sospechoso, el ministerio fiscal y eventualmente el servicio secreto AIVD. En las medidas propuestas ese balance es distorsionado".
Con ello se refiere Bauduin al punto que es quizás el más delicado para los jueces. La espina dorsal del proceso penal holandés es que las pruebas contra un acusado en un tribunal deben ser controladas públicamente. Pero ahora que el gabinete quiere que las informaciones del AIVD sean consideradas válidas como evidencias, eso será muy difícil. Por lo demás: el trabajo de los servicios secretos es por definición secreto y apenas controlable. La solución propuesta, de controlar esas informaciones mediante el juez instructor, es problemática, cree Bauduin: "Así puede ocurrir que el juez del tribunal no reciba toda la información relevante, o mejor dicho, no pueda recibirla. Tengo miedo de que la validez que se pueda otorgar a esas pruebas sea muy limitada. Además de eso, hay que tomar en cuenta que en virtud de esas informaciones los acusados pueden ser encarcelados en prisión preventiva durante más de dos años. En esas condiciones será muy difícil decidir. Además, el legislador ha determinado hace poco que los jueces deben fundamentar más exhaustivamente sus sentencias. Pero si yo no puedo evaluar las pruebas de manera independiente, se transforma en algo muy complicado. La ley dice también que el juez debe controlar si las pruebas han sido obtenidas legalmente y si son contundentes. Eso es lo que habíamos acordado en este país".
Hay más cosas que preocupan de Bauduin. Por ejemplo, el plan de que funcionarios policiales extranjeros puedan operar en Holanda. Y que informaciones de esos servicios secretos puedan ser usados a través del AIVD en los procesos penales, sin que los jueces las pueden verificar. Pero lo más importante, cree él, es que las libertades obtenidas corran peligro. Las medidas que ahora se inventan contra el terrorismo y el extremismo se pueden extender a otros sectores. "Un ejemplo puramente hipotético sería: imagine que mi hija se interesa por Irán. Ella viaja al país por algunos meses y yo le envío dinero de vez en vez. Con todas las actuales posibilidades del datamining se detecta una desviación en mi conducta en mis hábitos de pago. Luego mi hija se echa un novio marroquí, que casualmente ha estado en una mezquita sospechosa que ha sido interceptada por un servicio de informaciones extranjero. Enfin, con todo eso se puede formar una imagen muy curiosa, en la que no te atreves ni a pensar en lo que ocurriría si esa información terminara imprevisiblemente en una pesquisa penal. La gente piensa a menudo: si no hago nada malo, no tengo nada que ocultar. Pero eso no es tan simple. Y además: también existe el derecho a la privacidad. ¿Queremos un estado que controle cada vez más este tipo de cosas?"
Focos Reflectores
Geert Corstens, del Tribunal Supremo, había planteado ya una pregunta semejante. Llama la atención sobre lo que llama "una inquietante combinación de propuestas": "Por un lado, hay una ampliación del puente entre el servicio secreto AIVD y los procesos judiciales: el servicio secreto recibe más atribuciones y sus informaciones pueden ser utilizadas más fácilmente. Al mismo tiempo, es más fácil para la policía y la justicia, sobre la base de débiles indicaciones, utilizar medios del AIVD, como la infiltración o la interceptación telefónica. Eso hace salir a la superficie una pregunta crucial: ¿queremos un estado que garantice de manera razonable las libertades individuales? ¿O queremos un estado que pueda limitar con relativa facilidad esas libertades?"
Ambos jueces señalan que tras la investigación parlamentaria Van Traa hay ahora nuevas atribuciones policiales, que los instrumentos dentro del derecho penal son ya bastantes y, según Corstens, "todavía no utilizados completamente". Todas estas nuevas medidas, dice, contribuyen al riesgo de que los focos reflectores se dirijan a personas que muestren una conducta sospechosa, pero a los que finalmente no se puede reprochar nada. O que la información del AIVD, aunque haya sido reunida con las mejores intenciones, demuestre finalmente ser errónea y sin embargo sea usada como prueba en un proceso penal. "Llevados por el celo, la policía o el servicio secreto pueden cometer, con las mejores intenciones, grandes errores de evaluación a costas del individuo. Tenemos que prevenir que nuestro premier termine en la misma posición que Tony Blair, que esta semana debió ofrecer excusas a un grupo de personas [los cuatro de Guildford] que pasaron años en la cárcel acusados injustamente de ser autores de atentados con bomba".
Corstens menciona dos "reglas que da la experiencia". En primer lugar, la historia enseña que las instancias policiales tienen la tendencia a exceder los límites de sus atribuciones. Y en segundo lugar la experiencia enseña que las atribuciones que son implementadas para ocasiones especiales, después de un tiempo que aplican a otros delitos: "El umbral disminuye, se reduce la urgencia en la aplicación de esas leyes, como lo demuestra el uso del DNA, la infiltración o la identificación. Así se hace un hoyo en el dique, la corriente empieza a aumentar y el hoyo se hará cada vez más grande".
También Frans Bauduin opina que "nos estamos balanceando sobre un hilo muy delgado". Sin embargo, también observa un desarrollo opuesto: "Poco a poco ves que en Estados Unidos y Gran Bretaña, también entre los jueces, hay un cambio de actitud, ahora que por ejemplo en la lucha contra el terrorismo comienzan a conocerse las historias sobre el tratamiento ilegal de los prisioneros. Lo lamento, pero cuando leo las medidas propuestas unas detrás de otras, y me sujeto a la baranda de mis pensamientos, no puedo evitar que aparezcan en mi mente las imágenes de Guantánamo". Frans Bauduin calla un momento. Mira casi con sentimiento de culpa antes de proseguir: "Entiéndame bien: por supuesto que no se puede comparar a Holanda con Guantánamo. Pero esa imagen está ahí. No puedo evitarlo".
14 de febrero de 2005
©nrc-handelsblad
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