contra milicias colombianas
Estados Unidos espera un castigo fuerte para los paramilitares desmovilizados que tengan procesos pendientes por crímenes atroces, en contraposición al trato blando que plantea el gobierno colombiano en una controvertida ley que fue sometida a discusión en el Congreso.
Bogotá, Colombia. La diferencia de criterios quedó en evidencia tras unas declaraciones del subsecretario norteamericano de Estado para Asuntos Políticos, Marc Grossman, quien abogó por una "ley fuerte" que, además de castigar a los paramilitares con la cárcel y la confiscación de bienes, sirva de lección a las guerrillas de las FARC y el ELN.
"Esperamos que sea una ley fuerte, una ley que deba sentar un precedente para las FARC y el ELN. Debe garantizar el desmantelamiento de las AUC (paramilitares), acabar con sus finanzas y confiscar sus propiedades", afirmó Grossman, de visita en Bogotá.
Sus planteamientos se apartan de lo propuesto por el gobierno colombiano en un proyecto que estudia el Congreso para otorgar beneficios a los alzados en armas que se acojan a procesos de paz, el cual, según algunos sectores políticos y ONG, dejaría en la impunidad delitos de lesa humanidad.
La propuesta -conocida como ley de Justicia y Paz- prevé una condena de entre cinco y diez años para los responsables de crímenes atroces, que además podrían quedar en libertad condicional si confiesan sus delitos y devuelven las tierras robadas a campesinos y otros bienes adquiridos ilegalmente.
Asimismo, plantea la creación de un tribunal que juzgue las acciones de los paramilitares o rebeldes que se desmovilicen y fije la sanción a aplicar en los casos en los que no se pueda otorgar indulto.
Sin embargo, Estados Unidos considera que quien "haya cometido un crimen debe pagar por él y debe ser castigado" incluso con la extradición en caso de quienes tienen procesos pendientes con la Justicia de ese país -entre éstos varios jefes paramilitares-, según Grossman.
El funcionario también se pronunció sobre las aspiraciones políticas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, ultraderecha), señalando que al final del proceso de paz que celebran con el gobierno "deberán dejar de existir por completo".
"Para nosotros las AUC son una organización terrorista y al final de la desmovilización debe dejar de existir por completo", sostuvo.
Pese a la divergencia con Estados Unidos, el ministro del Interior y Justicia de Colombia, Sabas Pretelt, señaló que el gobierno coincide con la comunidad internacional en que los procesos de paz no pueden conducir a la impunidad.
"Hay que hacer un proceso judicial (contra los sindicados), pero existe la pena alternativa; colaborando con la justicia y la paz se puede aspirar a una pena muy inferior a la que establecen los tribunales", expresó.
Pretelt insistió en que el gobierno es partidario de que se haga justicia, "pero sin afectar los procesos de negociación y sin que ello signifique un sometimiento" de los grupos armados ilegales que se acojan a planes de paz.
"Hay que graduar la pena", añadió Pretelt, al insistir en que el marco jurídico que adopte el Congreso deberá aplicarse tanto para los combatientes de las AUC como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombiamarxistas) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista) que se desmovilicen.
Las opiniones encontradas entre Bogotá y Washington sobre el tema de los paramilitares agitan aun más el debate en el Congreso en torno al trato jurídico que recibirán los desmovilizados.
Además del proyecto del gobierno, el Legislativo evaluará otras cinco iniciativas que también apuntan a sancionar con mayor o menor severidad a los alzados en armas, entre ellas la del senador oficialista Rafael Pardo, que incluye una reparación integral a las víctimas y exige la confesión pública y fidedigna.
17 de febrero de 2005
©mi punto
Bogotá, Colombia. La diferencia de criterios quedó en evidencia tras unas declaraciones del subsecretario norteamericano de Estado para Asuntos Políticos, Marc Grossman, quien abogó por una "ley fuerte" que, además de castigar a los paramilitares con la cárcel y la confiscación de bienes, sirva de lección a las guerrillas de las FARC y el ELN. "Esperamos que sea una ley fuerte, una ley que deba sentar un precedente para las FARC y el ELN. Debe garantizar el desmantelamiento de las AUC (paramilitares), acabar con sus finanzas y confiscar sus propiedades", afirmó Grossman, de visita en Bogotá.
Sus planteamientos se apartan de lo propuesto por el gobierno colombiano en un proyecto que estudia el Congreso para otorgar beneficios a los alzados en armas que se acojan a procesos de paz, el cual, según algunos sectores políticos y ONG, dejaría en la impunidad delitos de lesa humanidad.
La propuesta -conocida como ley de Justicia y Paz- prevé una condena de entre cinco y diez años para los responsables de crímenes atroces, que además podrían quedar en libertad condicional si confiesan sus delitos y devuelven las tierras robadas a campesinos y otros bienes adquiridos ilegalmente.
Asimismo, plantea la creación de un tribunal que juzgue las acciones de los paramilitares o rebeldes que se desmovilicen y fije la sanción a aplicar en los casos en los que no se pueda otorgar indulto.
Sin embargo, Estados Unidos considera que quien "haya cometido un crimen debe pagar por él y debe ser castigado" incluso con la extradición en caso de quienes tienen procesos pendientes con la Justicia de ese país -entre éstos varios jefes paramilitares-, según Grossman.
El funcionario también se pronunció sobre las aspiraciones políticas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, ultraderecha), señalando que al final del proceso de paz que celebran con el gobierno "deberán dejar de existir por completo".
"Para nosotros las AUC son una organización terrorista y al final de la desmovilización debe dejar de existir por completo", sostuvo.
Pese a la divergencia con Estados Unidos, el ministro del Interior y Justicia de Colombia, Sabas Pretelt, señaló que el gobierno coincide con la comunidad internacional en que los procesos de paz no pueden conducir a la impunidad.
"Hay que hacer un proceso judicial (contra los sindicados), pero existe la pena alternativa; colaborando con la justicia y la paz se puede aspirar a una pena muy inferior a la que establecen los tribunales", expresó.
Pretelt insistió en que el gobierno es partidario de que se haga justicia, "pero sin afectar los procesos de negociación y sin que ello signifique un sometimiento" de los grupos armados ilegales que se acojan a planes de paz.
"Hay que graduar la pena", añadió Pretelt, al insistir en que el marco jurídico que adopte el Congreso deberá aplicarse tanto para los combatientes de las AUC como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombiamarxistas) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista) que se desmovilicen.
Las opiniones encontradas entre Bogotá y Washington sobre el tema de los paramilitares agitan aun más el debate en el Congreso en torno al trato jurídico que recibirán los desmovilizados.
Además del proyecto del gobierno, el Legislativo evaluará otras cinco iniciativas que también apuntan a sancionar con mayor o menor severidad a los alzados en armas, entre ellas la del senador oficialista Rafael Pardo, que incluye una reparación integral a las víctimas y exige la confesión pública y fidedigna.
17 de febrero de 2005
©mi punto
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