leyes anti-terroristas en reino unido
[Sarah Lyall] Blair instalará Guantánamo en Gran Bretaña y eliminará libertades civiles y principios constitucionales y jurídicos. El fin de una antigua democracia.
Londres, Gran Bretaña. Con la fuerte oposición de defensores de las libertades civiles, el parlamento aprobó el viernes el nuevo paquete de leyes anti-terroristas del primer ministro Tony Blair, el que entre otras cosas permite a las autoridades colocar a sospechosos de terrorismo bajo arresto domiciliario inusualmente estricto, sin juicio, en lugar de enviarlos a prisión.
La aprobación se produjo en momentos en que ocho sospechosos extranjeros de terrorismo fueron dejados en libertad el viernes bajo estrictas condiciones de fianza después de haber sido detenidos sin cargos o juicio bajo una ley anti-terrorista aprobada apresuradamente después del 11 de septiembre de 2001. Hace tres meses una comisión de jueces resolvió que su encarcelamiento violaba la legislación europea de derechos humanos.
La nueva ley debe eludir esas objeciones y se ha transformado en campo minado de la política. Un Blair cada vez más enfadado insistió en que era esencial para la seguridad nacional; sus opositores afirmaron, en una Cámara de Lores inusualmente combativa, que era un "proyecto de ley podrido y maloliente".
Con unas elecciones que se espera sean convocadas en mayo, ni el Partido Laborista ni la oposición conservadora quieren ser vistos como débiles sobre el terrorismo. Al final, las diferencias entre los dos partidos se reducen a problemas de procedimiento más que asuntos de importancia, ya que las objeciones en el terreno de las libertades civiles de diputados de ambos partidos fueron barridas en la carrera final para exhibir más dureza.
El debate en Gran Bretaña repite el de Estados Unidos, donde en junio pasado la Corte Suprema resolvió que los sospechosos extranjeros de terrorismo detenidos en Bahía Guantánamo deberían poder impugnar su detención ante un juez u otra "instancia de decisiones" neutral.
En Gran Bretaña, como en Estados Unidos, las autoridades se esfuerzan por aplicar leyes que sean tan duras con el terrorismo como posible al mismo tiempo que soporten el escrutinio judicial -y posiblemente eludiendo de manera creativa las leyes existentes.
El debate ha sido particularmente encarnizado en Gran Bretaña, con su orgullosa tradición de libertades civiles. La Cámara de los Comunes, controlada por el primer ministro con su enorme mayoría parlamentaria, aprobó fácilmente la legislación propuesta.
Pero la Cámara de Lores, que tiene mayoría conservadora y cuyos miembros son nombrados antes que elegidos, se opusieron a un proyecto de ley que muchos de sus miembros creen que viola principios de siglos de antigüedad, como el derecho de habeas corpus consagrado en la Carta Magna.
La Cámara de Lores es razonablemente indolente con la mayoría de las leyes, cediendo a los deseos de la Cámara de los Comunes sin demasiado barullo. Pero en este caso, se mantuvieron en sus talones. La Cámara de los Comunes envió el proyecto cuatro veces a ser reconsiderado; los lores rechazaron cuatro veces el proyecto, en una sesión que se extendió la noche del jueves y que duró finalmente 30 horas.
Finalmente, con la antigua ley anti-terrorista debiendo expirar a medianoche del domingo, el primer ministro ofreció una concesión: si su proyecto de ley se aprobaba, dijo, permitiría que el parlamento lo revisara dentro de un año.
El compromiso fue calificado de inmediato por el líder de los conservadores, Michael Howard, como una embarazosa inversión de Blair. Los conservadores querían que el proyecto de ley incluyera una "cláusula de suspensión" bajo la cual expiraría tras un año; Howard proclamó victoria, diciendo que Blair había accedido a una "cláusula de suspensión sólo de palabra".
Los ocho detenidos liberados el viernes se encontrarán en situaciones extraordinariamente similares a las que permite la nueva legislación. En sus casos, sin embargo, las condiciones de su liberación fueron determinadas por un juez de inmigración. Aunque los ocho, todos musulmanes y todos hombres, pueden volver inminentemente a sus casas, difícilmente serán libres cuando lleguen a ellas.
Los hombres deben portar herretes electrónicos, notificar a un funcionario cada vez que salgan o entren a sus casas y permanecer en casa entre las siete de la tarde y las siete de la mañana.
No se les permitirá asistir a reuniones, a menos que se trate de los servicios religiosos en las mezquitas, sin permiso previo. No pueden recibir, excepto a los amigos de sus hijos, sus abogados, comerciantes y trabajadores sanitarios. No pueden tener en sus casas ni ordenares conectados a internet ni celulares.
Además, deben notificar al ministerio del Interior toda vez que quieran viajar al extranjero. Se les permitirá tener sólo una cuenta bancaria cada uno, y deberán entregar al gobierno informes mensuales de sus transacciones financieras. Se les prohibirá hacer giros monetarios o enviar documentos o mercaderías al extranjero sin el permiso del gobierno.
Uno de los hombres, el carismático clérigo sirio Abu Qatada, cuyos incendiarios llamados a las armas han provocado que los funcionarios británicos lo llamen "el embajador en Europa" de Osama bin Laden, tampoco podrá dirigir oraciones ni predicar en mezquitas.
Las difíciles circunstancias en que se encuentran los hombres reflejan la continuada afirmación de las autoridades británicas de que son peligrosos y tiene conexiones terroristas. Antes esta semana, Sir Ian Blair, comisario de la Policía Metropolitana, advirtió que los detenidos "todavía representan una grave amenaza para la seguridad nacional".
Con el parlamento levantado contra la nueva legislación, no estuvo claro sino en el último momento cuáles serían las circunstancias de la liberación de los detenidos. Considerada con el resto de los acontecimientos del día, la confusión se hizo mayor y el primer ministro corrió el peligro de perder el control sobre un tema sobre el que ha llevado durante largo tiempo las riendas.
El jueves, Gareth Peirce, abogado de algunos de los hombres, dijo que no había visto nunca "leyes caóticas semejantes, extraordinarias, mal preparadas, mal pensadas y torpes", preguntando: "¿Cómo se puede convencer a alguien de que los responsables saben lo que están haciendo?"
Los ocho detenidos, así como el noveno, que será liberado el jueves, han sido mantenidos casi en total secreto en Belmarsh y otras prisiones en condiciones que han sido llamadas como el equivalente británico de Bahía Guantánamo. Algunos han estado encarcelados desde 2001.
Los hombres se han transformado en una cause célèbre de los grupos defensores de las libertades civiles, que dicen que su encarcelamiento viola la legislación de derechos humanos y principios jurídicos fundamentales consagrados por la Constitución británica. Amnistía Internacional y otros grupos dijeron que las condiciones en Belmarsh, donde los hombres permanecen encerrados 22 horas al día en celdas diminutas y no ven nunca la luz del día, son inhumanas.
Como en Bahía Guantánamo, los detenidos no son nunca informados de qué se les acusa y no tienen acceso a abogados.
12 de marzo de 2005
©new york times
©traducción mQh
Londres, Gran Bretaña. Con la fuerte oposición de defensores de las libertades civiles, el parlamento aprobó el viernes el nuevo paquete de leyes anti-terroristas del primer ministro Tony Blair, el que entre otras cosas permite a las autoridades colocar a sospechosos de terrorismo bajo arresto domiciliario inusualmente estricto, sin juicio, en lugar de enviarlos a prisión.La aprobación se produjo en momentos en que ocho sospechosos extranjeros de terrorismo fueron dejados en libertad el viernes bajo estrictas condiciones de fianza después de haber sido detenidos sin cargos o juicio bajo una ley anti-terrorista aprobada apresuradamente después del 11 de septiembre de 2001. Hace tres meses una comisión de jueces resolvió que su encarcelamiento violaba la legislación europea de derechos humanos.
La nueva ley debe eludir esas objeciones y se ha transformado en campo minado de la política. Un Blair cada vez más enfadado insistió en que era esencial para la seguridad nacional; sus opositores afirmaron, en una Cámara de Lores inusualmente combativa, que era un "proyecto de ley podrido y maloliente".
Con unas elecciones que se espera sean convocadas en mayo, ni el Partido Laborista ni la oposición conservadora quieren ser vistos como débiles sobre el terrorismo. Al final, las diferencias entre los dos partidos se reducen a problemas de procedimiento más que asuntos de importancia, ya que las objeciones en el terreno de las libertades civiles de diputados de ambos partidos fueron barridas en la carrera final para exhibir más dureza.
El debate en Gran Bretaña repite el de Estados Unidos, donde en junio pasado la Corte Suprema resolvió que los sospechosos extranjeros de terrorismo detenidos en Bahía Guantánamo deberían poder impugnar su detención ante un juez u otra "instancia de decisiones" neutral.
En Gran Bretaña, como en Estados Unidos, las autoridades se esfuerzan por aplicar leyes que sean tan duras con el terrorismo como posible al mismo tiempo que soporten el escrutinio judicial -y posiblemente eludiendo de manera creativa las leyes existentes.
El debate ha sido particularmente encarnizado en Gran Bretaña, con su orgullosa tradición de libertades civiles. La Cámara de los Comunes, controlada por el primer ministro con su enorme mayoría parlamentaria, aprobó fácilmente la legislación propuesta.
Pero la Cámara de Lores, que tiene mayoría conservadora y cuyos miembros son nombrados antes que elegidos, se opusieron a un proyecto de ley que muchos de sus miembros creen que viola principios de siglos de antigüedad, como el derecho de habeas corpus consagrado en la Carta Magna.
La Cámara de Lores es razonablemente indolente con la mayoría de las leyes, cediendo a los deseos de la Cámara de los Comunes sin demasiado barullo. Pero en este caso, se mantuvieron en sus talones. La Cámara de los Comunes envió el proyecto cuatro veces a ser reconsiderado; los lores rechazaron cuatro veces el proyecto, en una sesión que se extendió la noche del jueves y que duró finalmente 30 horas.
Finalmente, con la antigua ley anti-terrorista debiendo expirar a medianoche del domingo, el primer ministro ofreció una concesión: si su proyecto de ley se aprobaba, dijo, permitiría que el parlamento lo revisara dentro de un año.
El compromiso fue calificado de inmediato por el líder de los conservadores, Michael Howard, como una embarazosa inversión de Blair. Los conservadores querían que el proyecto de ley incluyera una "cláusula de suspensión" bajo la cual expiraría tras un año; Howard proclamó victoria, diciendo que Blair había accedido a una "cláusula de suspensión sólo de palabra".
Los ocho detenidos liberados el viernes se encontrarán en situaciones extraordinariamente similares a las que permite la nueva legislación. En sus casos, sin embargo, las condiciones de su liberación fueron determinadas por un juez de inmigración. Aunque los ocho, todos musulmanes y todos hombres, pueden volver inminentemente a sus casas, difícilmente serán libres cuando lleguen a ellas.
Los hombres deben portar herretes electrónicos, notificar a un funcionario cada vez que salgan o entren a sus casas y permanecer en casa entre las siete de la tarde y las siete de la mañana.
No se les permitirá asistir a reuniones, a menos que se trate de los servicios religiosos en las mezquitas, sin permiso previo. No pueden recibir, excepto a los amigos de sus hijos, sus abogados, comerciantes y trabajadores sanitarios. No pueden tener en sus casas ni ordenares conectados a internet ni celulares.
Además, deben notificar al ministerio del Interior toda vez que quieran viajar al extranjero. Se les permitirá tener sólo una cuenta bancaria cada uno, y deberán entregar al gobierno informes mensuales de sus transacciones financieras. Se les prohibirá hacer giros monetarios o enviar documentos o mercaderías al extranjero sin el permiso del gobierno.
Uno de los hombres, el carismático clérigo sirio Abu Qatada, cuyos incendiarios llamados a las armas han provocado que los funcionarios británicos lo llamen "el embajador en Europa" de Osama bin Laden, tampoco podrá dirigir oraciones ni predicar en mezquitas.
Las difíciles circunstancias en que se encuentran los hombres reflejan la continuada afirmación de las autoridades británicas de que son peligrosos y tiene conexiones terroristas. Antes esta semana, Sir Ian Blair, comisario de la Policía Metropolitana, advirtió que los detenidos "todavía representan una grave amenaza para la seguridad nacional".
Con el parlamento levantado contra la nueva legislación, no estuvo claro sino en el último momento cuáles serían las circunstancias de la liberación de los detenidos. Considerada con el resto de los acontecimientos del día, la confusión se hizo mayor y el primer ministro corrió el peligro de perder el control sobre un tema sobre el que ha llevado durante largo tiempo las riendas.
El jueves, Gareth Peirce, abogado de algunos de los hombres, dijo que no había visto nunca "leyes caóticas semejantes, extraordinarias, mal preparadas, mal pensadas y torpes", preguntando: "¿Cómo se puede convencer a alguien de que los responsables saben lo que están haciendo?"
Los ocho detenidos, así como el noveno, que será liberado el jueves, han sido mantenidos casi en total secreto en Belmarsh y otras prisiones en condiciones que han sido llamadas como el equivalente británico de Bahía Guantánamo. Algunos han estado encarcelados desde 2001.
Los hombres se han transformado en una cause célèbre de los grupos defensores de las libertades civiles, que dicen que su encarcelamiento viola la legislación de derechos humanos y principios jurídicos fundamentales consagrados por la Constitución británica. Amnistía Internacional y otros grupos dijeron que las condiciones en Belmarsh, donde los hombres permanecen encerrados 22 horas al día en celdas diminutas y no ven nunca la luz del día, son inhumanas.
Como en Bahía Guantánamo, los detenidos no son nunca informados de qué se les acusa y no tienen acceso a abogados.
12 de marzo de 2005
©new york times
©traducción mQh
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