combatientes dejan las armas
[Henry Chu] Ex militantes vuelven a nacer en Bogotá. El gobierno ha persuadido a algunos colombianos a deponer las armas e integrarse a la sociedad, incluso a pesar de que la guerra continúe.
Bogotá, Colombia. La cicatriz que cruza su frente es el único signo visible del pasado que Luz Miriam conserva encerrado como si lo tuviera prisionero. Ninguno de sus vecinos sabe de sus días cuando llevaba uniforme de faena y una ametralladora, y veía la muerte de cerca en combates cuerpo a cuerpo. Nadie puede preguntarle cómo era estar en el interior colombiano con líderes guerrilleros que han estado librando una sangrienta guerra contra el gobierno durante 41 años.
Para ellos, ella es una madre alegre, ligeramente regordeta y propietaria que espera tener éxito con su café cibernético que inauguró recientemente con su marido en una esquina anónima de Bogotá. Sus vecinos no son entrometidos, y ella no dice nada sobre los años que pasó en las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC.
Pero el que fuera alguna vez su enemigo mortal, el estado, sabe exactamente quién es y dónde vive. De hecho, la ha ayudado a empezar una nueva vida, y proporcionado el dinero que necesitaba para empezar su negocio.
"Me siento más contenta ahora. Tengo una casa", dijo Luz Miriam, 36, que pidió que no se mencionara su apellido. "Quizás este negocio no me hará rica, pero estoy feliz de contar con algo para sobrevivir".
La subvención forma parte de un proyecto del gobierno colombiano para hacer lo que pocos otros países afectados por una guerra han intentado: persuadir a los militantes a que depongan las armas, se reintegren en la sociedad civil aunque la guerra continúe, causando la muerte de miles de personas cada año.
Es una tarea desalentadora. Los guerrilleros desmovilizados están a menudo traumatizados, carecen de educación y están familiarizados con la violencia. No hay ninguna garantía de que estos antiguos combatientes, percibidos por la sociedad con inquietud y hostilidad, se adaptarán a un ambiente nuevo libre de carnicerías arbitrarias, pero lleno de reglas desconocidas, burocracia y relativa inactividad.
Tampoco es seguro que estos hombres y mujeres encuentren trabajo en la deprimida economía colombiana, a pesar de la formación vocacional que reciben. Algunos caen en la delincuencia; otros vuelven a unirse a sus compañeros en armas.
"El proceso de reintegración es difícil, y no todos los intentos resultan bien", dijo Andrés Piñate, vice-ministro de Defensa. "Pero al menos tienen la oportunidad".
Miles de militantes se han entregado a las autoridades desde que el presidente Álvaro Uribe asumiera el cargo en 2002 prometiendo aplastar tanto a las guerrillas de las FARC como a los paramilitares de extrema derecha que los combaten. El flujo de combatientes desmovilizados que esperan hacer uso de la ayuda del gobierno ha casi abrumado al programa de integración, que esperaba 6.000 participantes en cuatro años pero ya ha aceptado 7.000 en menos de tres.
Los ex guerrilleros provienen de todas partes del país y de ambos lados de la división ideológica. Los jóvenes rebeldes de las FARC, algunos todavía adolescentes, abandonan a Marx y las ametralladoras por temor a no llegar a la adultez. Otros escapan del brutal mundo de los grupos paramilitares de extrema derecha, que han sido acusados de algunas de las peores atrocidades de la guerra. Abandonan a unos 13.000 guerrilleros y 8.500 paramilitares que continúan la guerra.
Todos los que fueron militantes en el pasado, ansían una apariencia de normalidad, alejados del conflicto que se prolongue por más tiempo que sus propias vidas, cuya lógica retorcida ya no entienden -si es que alguna vez la entendieron.
"Nos hemos estado preguntando: ¿Por qué traté de matarte? ¿Por qué trataste tú de matarme a mí?", dijo un antiguo guerrillero de las FARC llamado Álvaro. "No tiene sentido".
Junto a él, dos antiguos paramilitares asintieron, hombres a los que podría haber metido un par de balas despreocupadamente si se hubiesen cruzado en su camino hace algunos meses. Los hombres hablaron a condición de que sus nombres completos no fueran revelados por temor a las represalias de sus antiguos compañeros. Después de cinco años de estar con los rebeldes en el centro y sur de Colombia, Álvaro se entregó a los militares en enero -"borracho y muy nervioso', recordó. Estaba enfermo de los peligros y la brutalidad que se había reclamado la vida de 13 de los 16 guerrilleros de su grupo y también la vida de su hija adolescente, de la que dijo que había sido ejecutada por las FARC porque había empezado a salir con un soldado del ejército colombiano.
Álvaro, 44, vive ahora con su novia en un barrio dormitorio en el bravo lado sur de Bogotá, en un apagado edificio de tres pisos, con otras 30 personas que estaban previamente conectadas a las FARC. La mayoría de los antiguos guerrilleros de las FARC y paramilitares han sido asentados separadamente, pero algunos edificios son mezclados, y se ha informado de pocos problemas, dijeron funcionarios.
Los recién llegados deben pasar por tres meses de verificación para determinar si han participado en secuestros, masacres u otros crímenes de guerra. Los que tienen órdenes de captura pendientes son excluidos del programa de reintegración y detenidos para ser procesados.
Los afortunados se trasladan a casas colectivas más permanentes, o a viviendas independientes, para empezar un curso vocacional de 21 meses en terrenos tales como electricidad y productos lácteos. En los dos años de programa, el estado paga por la vivienda, le educación y la salud de ellos y sus dependientes, beneficios de los que no disfrutan muchos pobres de Colombia.
Incluso así, las cosas no siempre salen bien. Algunos de los desmovilizados sufren de estrés post-traumática y necesitan asistencia psiquiátrica, que el programa también proporciona. Otros, reclutados u obligados a participar en grupos armados cuando eran adolescentes, deben aprender habilidades básicas antes de proseguir con formaciones más técnicas. Dos tercios son completa o funcionalmente analfabetos.
Pero muchos están determinados a cerrar la puerta de sus sangrientos pasados.
"Aquí hemos depuesto las armas, y no queremos saber nada más de lo que está pasando allá", dijo José, 46, uno de los ex paramilitares, refiriéndose al conflicto. "Mi compromiso con el estado es estudiar, prepararnos para el futuro y yo mí mismo y mis hijos, y ser una buena persona".
Por su ayuda el gobierno exige algo a cambio: información.
"No es un cheque en blanco", dijo Peñate, el vice-ministro de Defensa, sobre el programa. "Hemos pedido un compromiso para ayudar a estabilizar la justicia y el orden público, queremos información sobre cómo fueron reclutados, información que nos ayudará a prevenir atentados terroristas. La gente que se ha entregado ha salvado un montón de vidas".
Funcionarios dicen que las informaciones obtenidas de más de 1.000 antiguos militantes -a los que se les paga por la información- han frustrado 21 conspiraciones terroristas, el hallazgo de 28 toneladas de explosivos y 2.000 minas antipersonales, y la destrucción de 6 laboratorios de cocaína.
"Tenemos un montón de información", dijo Álvaro, el ex rebelde de las FARC.
Algunos de los participantes en los programas se han quejado de ser presionados por las autoridades para delatar a sus antiguos compañeros. Álvaro dijo que él no había delatado a nadie por temor a que sus parientes sufrieran represalias de las guerrillas. Sólo los familiares directos de los ex combatientes son reasentados por el estado.
La ubicación de las casas de seguridad se mantiene secreta para minimizar el peligro de un ataque de grupos militantes empecinados en cazar a los desertores. Se han detectado espías que trataban de infiltrarse en el programa; algunos combatientes desmovilizados han sido amenazados por sus antiguos compañeros. El administrador del programa, Juan David Ángel, viaja en un coche blindado con dos guardaespaldas.
Agentes de seguridad vigilan los refugios, hay toque de queda en las noches y las policías locales han sido instruidas para aumentar su vigilancia en el área.
Sin embargo, inevitablemente, la voz se corre.
El mes pasado unos 400 vecinos del barrio de Álvaro, un distrito que se ha poblado con más de una docena de casas de seguridad, asistieron a una reunión en el ayuntamiento para discutir los peligros potenciales que plantea la presencia de antiguos combatientes armados en su medio. Los funcionarios trataron de calmar sus preocupaciones, y algunos guerrilleros desmovilizados se pararon y pidieron personalmente que les dieran una posibilidad.
Algunos también advirtieron al gobierno de los sentimientos de inactividad e incertidumbre, que podría llevar a algunos a abandonar el programa y volver a unirse a sus grupos armados.
"La población general debe entender que tiene que ser generosa con esta gente", dijo Peñate. "Todo Colombia acepta la idea de desmovilización, pero poca gente quiere refugios para los desmovilizados en sus propios barrios. Todos dicen lo bueno que es que ellos estén ayudando en la lucha contra el terrorismo, pero nadie quiere darles trabajo".
De momento, ninguna compañía privada ha ofrecido oportunidades de empleo a los que dejan las armas. El gobierno les ha proporcionado la mayor parte de los trabajos, e incluso así sólo una parte de los inscritos en el programa logran terminarlo. El resto empieza negocios propios o cierran la boca cuando solicitan trabajo.
"La gente ve a los desmovilizados como si fuere gente con cuernos y cola", dijo Peñate. "Es más difícil que la sociedad los acoja a que los desmovilice".
El despacho del alcalde de Bogotá ha advertido sobre el creciente resentimiento público sobre un supuesto aumento de la delincuencia en las áreas en torno a los refugios.
Funcionarios federales desechan esas quejas diciendo que mantienen estrecha vigilancia de los combatientes, que saben que un mal paso les costaría su participación en el programa. Ha habido 200 casos establecidos de militantes que han cometido delitos tales como robo y atraco a mano armada, pero "tenemos que ver el bosque y no solamente los árboles", dijo Peñate.
Este año el gobierno ha destinado unos 42 millones de dólares al proyecto de integración. Debido a que Washington clasifica a las FARC y los grupos paramilitares como terroristas, la ayuda norteamericana a Colombia -3 billones de dólares desde 2000- no puede ser usada directamente para subvencionar el programa o ayudar a los antiguos combatientes.
Pero un funcionario colombiano, que pidió no ser identificado, dijo que el gobierno había encontrado una manera de utilizar fondos norteamericanos para cubrir un 10 por ciento de costes del programa, tales como la propaganda por radio que insta a los militantes a entregarse.
Algunos de los gastos del programa toman la forma de capital inicial para los combatientes que empiezan negocios cuando terminan el curso. Las empresas han incluido una carnicería, una pequeña operación minera, una fábrica de zapatos y un taller de reparaciones mecánicas. Los subsidios pueden incluso ser usados como el primer pago de una casa si la persona se propone gestionar una empresa familiar o una pequeña granja.
Unos 2.500 ex alumnos han empezado sus propios negocios. El gobierno no ha trazado sistemáticamente a los antiguos combatientes una vez que dejan el programa, en parte porque, dicen los funcionarios, muchos de ellos prefieren no tener más contactos de modo de poder limpiar completamente sus antecedentes.
Luz Miriam y su marido, ambos antiguos rebeldes de las FARC, reunieron sus asignaciones de unos 3.500 dólares cada uno para abrir un locutorio y café cibernético hace seis meses.
No es lo que Luz Miriam pensaba hacer.
Preparada por las FARC como enfermera, estaba acostumbrada a dar puntos a los heridos, cuidar a los viejos líderes guerrilleros e incluso realizar pequeñas intervenciones quirúrgicas, como la vez que extrajo balas del estómago de un guerrillero. La metralla intercambiada en un enfrentamiento con los paramilitares la dejó con su propia cicatriz de guerra, arriba de su ceja izquierda.
Tenía apenas 13 años, y era inquieta y se aburría, cuando las FARC la reclutaron en el sur de Colombia. Dejó su casa sin despedirse de nadie, y se unió a otros jóvenes en un viaje de 15 días que empezó su iniciación como combatiente armada. Los que no aprobaron el curso de adiestramiento de 3 meses -unos 50 de un grupo de 150- fueron fusilados, dijo.
Los nuevos guerrilleros asistían a clases de educación política, pero ella "era demasiado lista" para eso, por lo que las FARC la inscribieron en un curso de enfermería dictado por un doctor ruso, recordó Luz Miriam. Sus buenos resultados le ganaron su nombramiento en el secretariado, donde ayudó a tratar a líderes rebeldes como Alfonso Cano y Manuel Marulanda, el jefe de las FARC.
Hace unos cinco años, sus compañeros reunieron un "consejo de guerra" para juzgarla por disparar y herir a un civil al que acusó a haberle hecho avances sexuales. El consejo la exoneró, pero sabía que tenía que empezar a planificar su fuga.
Tomó tiempo reunir el coraje y esperar el momento oportuno. Una mañana de 2000 antes del amanecer Luz Miriam se arrastró hacia fuera, hizo parar a un bus y se dirigió hacia una nueva vida -como otro bogotano, un hombre recién casado al que conoció en el programa de reintegración, una madre que se había vuelto a reunir con los hijos que había dejado con su hermana para que los criara y ahora es una optimista empresaria.
Aunque le gustaría continuar siendo enfermera, está contenta con la tranquilidad de su nueva vida en Bogotá, incluso si la adaptación a un lugar extraño ha sido todo un reto.
"El cambio fue tremendo", dijo Luz Miriam.
"Pero yo digo a la gente, si vienes, es para cambiar. No hay motivos para seguir causando daño a la sociedad".
23 de mayo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Bogotá, Colombia. La cicatriz que cruza su frente es el único signo visible del pasado que Luz Miriam conserva encerrado como si lo tuviera prisionero. Ninguno de sus vecinos sabe de sus días cuando llevaba uniforme de faena y una ametralladora, y veía la muerte de cerca en combates cuerpo a cuerpo. Nadie puede preguntarle cómo era estar en el interior colombiano con líderes guerrilleros que han estado librando una sangrienta guerra contra el gobierno durante 41 años.Para ellos, ella es una madre alegre, ligeramente regordeta y propietaria que espera tener éxito con su café cibernético que inauguró recientemente con su marido en una esquina anónima de Bogotá. Sus vecinos no son entrometidos, y ella no dice nada sobre los años que pasó en las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC.
Pero el que fuera alguna vez su enemigo mortal, el estado, sabe exactamente quién es y dónde vive. De hecho, la ha ayudado a empezar una nueva vida, y proporcionado el dinero que necesitaba para empezar su negocio.
"Me siento más contenta ahora. Tengo una casa", dijo Luz Miriam, 36, que pidió que no se mencionara su apellido. "Quizás este negocio no me hará rica, pero estoy feliz de contar con algo para sobrevivir".
La subvención forma parte de un proyecto del gobierno colombiano para hacer lo que pocos otros países afectados por una guerra han intentado: persuadir a los militantes a que depongan las armas, se reintegren en la sociedad civil aunque la guerra continúe, causando la muerte de miles de personas cada año.
Es una tarea desalentadora. Los guerrilleros desmovilizados están a menudo traumatizados, carecen de educación y están familiarizados con la violencia. No hay ninguna garantía de que estos antiguos combatientes, percibidos por la sociedad con inquietud y hostilidad, se adaptarán a un ambiente nuevo libre de carnicerías arbitrarias, pero lleno de reglas desconocidas, burocracia y relativa inactividad.
Tampoco es seguro que estos hombres y mujeres encuentren trabajo en la deprimida economía colombiana, a pesar de la formación vocacional que reciben. Algunos caen en la delincuencia; otros vuelven a unirse a sus compañeros en armas.
"El proceso de reintegración es difícil, y no todos los intentos resultan bien", dijo Andrés Piñate, vice-ministro de Defensa. "Pero al menos tienen la oportunidad".
Miles de militantes se han entregado a las autoridades desde que el presidente Álvaro Uribe asumiera el cargo en 2002 prometiendo aplastar tanto a las guerrillas de las FARC como a los paramilitares de extrema derecha que los combaten. El flujo de combatientes desmovilizados que esperan hacer uso de la ayuda del gobierno ha casi abrumado al programa de integración, que esperaba 6.000 participantes en cuatro años pero ya ha aceptado 7.000 en menos de tres.
Los ex guerrilleros provienen de todas partes del país y de ambos lados de la división ideológica. Los jóvenes rebeldes de las FARC, algunos todavía adolescentes, abandonan a Marx y las ametralladoras por temor a no llegar a la adultez. Otros escapan del brutal mundo de los grupos paramilitares de extrema derecha, que han sido acusados de algunas de las peores atrocidades de la guerra. Abandonan a unos 13.000 guerrilleros y 8.500 paramilitares que continúan la guerra.
Todos los que fueron militantes en el pasado, ansían una apariencia de normalidad, alejados del conflicto que se prolongue por más tiempo que sus propias vidas, cuya lógica retorcida ya no entienden -si es que alguna vez la entendieron.
"Nos hemos estado preguntando: ¿Por qué traté de matarte? ¿Por qué trataste tú de matarme a mí?", dijo un antiguo guerrillero de las FARC llamado Álvaro. "No tiene sentido".
Junto a él, dos antiguos paramilitares asintieron, hombres a los que podría haber metido un par de balas despreocupadamente si se hubiesen cruzado en su camino hace algunos meses. Los hombres hablaron a condición de que sus nombres completos no fueran revelados por temor a las represalias de sus antiguos compañeros. Después de cinco años de estar con los rebeldes en el centro y sur de Colombia, Álvaro se entregó a los militares en enero -"borracho y muy nervioso', recordó. Estaba enfermo de los peligros y la brutalidad que se había reclamado la vida de 13 de los 16 guerrilleros de su grupo y también la vida de su hija adolescente, de la que dijo que había sido ejecutada por las FARC porque había empezado a salir con un soldado del ejército colombiano.
Álvaro, 44, vive ahora con su novia en un barrio dormitorio en el bravo lado sur de Bogotá, en un apagado edificio de tres pisos, con otras 30 personas que estaban previamente conectadas a las FARC. La mayoría de los antiguos guerrilleros de las FARC y paramilitares han sido asentados separadamente, pero algunos edificios son mezclados, y se ha informado de pocos problemas, dijeron funcionarios.
Los recién llegados deben pasar por tres meses de verificación para determinar si han participado en secuestros, masacres u otros crímenes de guerra. Los que tienen órdenes de captura pendientes son excluidos del programa de reintegración y detenidos para ser procesados.
Los afortunados se trasladan a casas colectivas más permanentes, o a viviendas independientes, para empezar un curso vocacional de 21 meses en terrenos tales como electricidad y productos lácteos. En los dos años de programa, el estado paga por la vivienda, le educación y la salud de ellos y sus dependientes, beneficios de los que no disfrutan muchos pobres de Colombia.
Incluso así, las cosas no siempre salen bien. Algunos de los desmovilizados sufren de estrés post-traumática y necesitan asistencia psiquiátrica, que el programa también proporciona. Otros, reclutados u obligados a participar en grupos armados cuando eran adolescentes, deben aprender habilidades básicas antes de proseguir con formaciones más técnicas. Dos tercios son completa o funcionalmente analfabetos.
Pero muchos están determinados a cerrar la puerta de sus sangrientos pasados.
"Aquí hemos depuesto las armas, y no queremos saber nada más de lo que está pasando allá", dijo José, 46, uno de los ex paramilitares, refiriéndose al conflicto. "Mi compromiso con el estado es estudiar, prepararnos para el futuro y yo mí mismo y mis hijos, y ser una buena persona".
Por su ayuda el gobierno exige algo a cambio: información.
"No es un cheque en blanco", dijo Peñate, el vice-ministro de Defensa, sobre el programa. "Hemos pedido un compromiso para ayudar a estabilizar la justicia y el orden público, queremos información sobre cómo fueron reclutados, información que nos ayudará a prevenir atentados terroristas. La gente que se ha entregado ha salvado un montón de vidas".
Funcionarios dicen que las informaciones obtenidas de más de 1.000 antiguos militantes -a los que se les paga por la información- han frustrado 21 conspiraciones terroristas, el hallazgo de 28 toneladas de explosivos y 2.000 minas antipersonales, y la destrucción de 6 laboratorios de cocaína.
"Tenemos un montón de información", dijo Álvaro, el ex rebelde de las FARC.
Algunos de los participantes en los programas se han quejado de ser presionados por las autoridades para delatar a sus antiguos compañeros. Álvaro dijo que él no había delatado a nadie por temor a que sus parientes sufrieran represalias de las guerrillas. Sólo los familiares directos de los ex combatientes son reasentados por el estado.
La ubicación de las casas de seguridad se mantiene secreta para minimizar el peligro de un ataque de grupos militantes empecinados en cazar a los desertores. Se han detectado espías que trataban de infiltrarse en el programa; algunos combatientes desmovilizados han sido amenazados por sus antiguos compañeros. El administrador del programa, Juan David Ángel, viaja en un coche blindado con dos guardaespaldas.
Agentes de seguridad vigilan los refugios, hay toque de queda en las noches y las policías locales han sido instruidas para aumentar su vigilancia en el área.
Sin embargo, inevitablemente, la voz se corre.
El mes pasado unos 400 vecinos del barrio de Álvaro, un distrito que se ha poblado con más de una docena de casas de seguridad, asistieron a una reunión en el ayuntamiento para discutir los peligros potenciales que plantea la presencia de antiguos combatientes armados en su medio. Los funcionarios trataron de calmar sus preocupaciones, y algunos guerrilleros desmovilizados se pararon y pidieron personalmente que les dieran una posibilidad.
Algunos también advirtieron al gobierno de los sentimientos de inactividad e incertidumbre, que podría llevar a algunos a abandonar el programa y volver a unirse a sus grupos armados.
"La población general debe entender que tiene que ser generosa con esta gente", dijo Peñate. "Todo Colombia acepta la idea de desmovilización, pero poca gente quiere refugios para los desmovilizados en sus propios barrios. Todos dicen lo bueno que es que ellos estén ayudando en la lucha contra el terrorismo, pero nadie quiere darles trabajo".
De momento, ninguna compañía privada ha ofrecido oportunidades de empleo a los que dejan las armas. El gobierno les ha proporcionado la mayor parte de los trabajos, e incluso así sólo una parte de los inscritos en el programa logran terminarlo. El resto empieza negocios propios o cierran la boca cuando solicitan trabajo.
"La gente ve a los desmovilizados como si fuere gente con cuernos y cola", dijo Peñate. "Es más difícil que la sociedad los acoja a que los desmovilice".
El despacho del alcalde de Bogotá ha advertido sobre el creciente resentimiento público sobre un supuesto aumento de la delincuencia en las áreas en torno a los refugios.
Funcionarios federales desechan esas quejas diciendo que mantienen estrecha vigilancia de los combatientes, que saben que un mal paso les costaría su participación en el programa. Ha habido 200 casos establecidos de militantes que han cometido delitos tales como robo y atraco a mano armada, pero "tenemos que ver el bosque y no solamente los árboles", dijo Peñate.
Este año el gobierno ha destinado unos 42 millones de dólares al proyecto de integración. Debido a que Washington clasifica a las FARC y los grupos paramilitares como terroristas, la ayuda norteamericana a Colombia -3 billones de dólares desde 2000- no puede ser usada directamente para subvencionar el programa o ayudar a los antiguos combatientes.
Pero un funcionario colombiano, que pidió no ser identificado, dijo que el gobierno había encontrado una manera de utilizar fondos norteamericanos para cubrir un 10 por ciento de costes del programa, tales como la propaganda por radio que insta a los militantes a entregarse.
Algunos de los gastos del programa toman la forma de capital inicial para los combatientes que empiezan negocios cuando terminan el curso. Las empresas han incluido una carnicería, una pequeña operación minera, una fábrica de zapatos y un taller de reparaciones mecánicas. Los subsidios pueden incluso ser usados como el primer pago de una casa si la persona se propone gestionar una empresa familiar o una pequeña granja.
Unos 2.500 ex alumnos han empezado sus propios negocios. El gobierno no ha trazado sistemáticamente a los antiguos combatientes una vez que dejan el programa, en parte porque, dicen los funcionarios, muchos de ellos prefieren no tener más contactos de modo de poder limpiar completamente sus antecedentes.
Luz Miriam y su marido, ambos antiguos rebeldes de las FARC, reunieron sus asignaciones de unos 3.500 dólares cada uno para abrir un locutorio y café cibernético hace seis meses.
No es lo que Luz Miriam pensaba hacer.
Preparada por las FARC como enfermera, estaba acostumbrada a dar puntos a los heridos, cuidar a los viejos líderes guerrilleros e incluso realizar pequeñas intervenciones quirúrgicas, como la vez que extrajo balas del estómago de un guerrillero. La metralla intercambiada en un enfrentamiento con los paramilitares la dejó con su propia cicatriz de guerra, arriba de su ceja izquierda.
Tenía apenas 13 años, y era inquieta y se aburría, cuando las FARC la reclutaron en el sur de Colombia. Dejó su casa sin despedirse de nadie, y se unió a otros jóvenes en un viaje de 15 días que empezó su iniciación como combatiente armada. Los que no aprobaron el curso de adiestramiento de 3 meses -unos 50 de un grupo de 150- fueron fusilados, dijo.
Los nuevos guerrilleros asistían a clases de educación política, pero ella "era demasiado lista" para eso, por lo que las FARC la inscribieron en un curso de enfermería dictado por un doctor ruso, recordó Luz Miriam. Sus buenos resultados le ganaron su nombramiento en el secretariado, donde ayudó a tratar a líderes rebeldes como Alfonso Cano y Manuel Marulanda, el jefe de las FARC.
Hace unos cinco años, sus compañeros reunieron un "consejo de guerra" para juzgarla por disparar y herir a un civil al que acusó a haberle hecho avances sexuales. El consejo la exoneró, pero sabía que tenía que empezar a planificar su fuga.
Tomó tiempo reunir el coraje y esperar el momento oportuno. Una mañana de 2000 antes del amanecer Luz Miriam se arrastró hacia fuera, hizo parar a un bus y se dirigió hacia una nueva vida -como otro bogotano, un hombre recién casado al que conoció en el programa de reintegración, una madre que se había vuelto a reunir con los hijos que había dejado con su hermana para que los criara y ahora es una optimista empresaria.
Aunque le gustaría continuar siendo enfermera, está contenta con la tranquilidad de su nueva vida en Bogotá, incluso si la adaptación a un lugar extraño ha sido todo un reto.
"El cambio fue tremendo", dijo Luz Miriam.
"Pero yo digo a la gente, si vienes, es para cambiar. No hay motivos para seguir causando daño a la sociedad".
23 de mayo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
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