vuelve pena de muerte
[Jonathan Finer y Naseer Nouri] En Iraq opinión pública acoge práctica suspendida tras invasión norteamericana.
Bagdad, Iraq. Tres hombres condenados por homicidio, violación y secuestro se sentaron frente al juez, esperando sus sentencias. Pero antes tuvieron que hacer frente a las encolerizadas familias de sus víctimas.
"Le quebraron sus brazos. Le quebraron sus piernas. Le sacaron los ojos", dijo una mujer en la sesión del domingo de la ciudad de Kut, al sudeste de Bagdad, describiendo lo que los hombres habían hecho a su hijo. "Pena de muerte. Quiero la pena de muerte".
Un hombre en la parte de atrás de la concurrida sala de la corte levantaba un letrero que decía: "No aceptaremos más que la muerte".
Momentos después, los espectadores vieron satisfechos sus deseos. Los tres hombres, supuestamente miembros de un grupo rebelde conocido como Ansar al-Sunna, fueron condenados a morir en la horca "en los próximos diez días", de acuerdo a la sentencia dictada por el tribunal criminal especial.
En una demostración de fuerza con la que el gobierno espera sofocar la resistencia, Iraq llevará a cabo pronto sus primeras ejecuciones judiciales desde la caída del presidente Saddam Hussein. Y a pesar de las objeciones planteadas por algunos otros países y grupos internacionales de derechos humanos, la opinión pública iraquí en general ha recibido con alegría su reimplantación.
"Antes, los delincuentes pensaban que pasarían en la cárcel algunos meses y que luego serían dejados en libertad", dijo Abu Muhammad, propietario del Kuwat Monet Exchange Co. "Pero ahora esto les parará".
En el Iraq de Hussein, las ejecuciones eran utilizadas normalmente para reprimir la disensión política, y había 144 delitos diferentes por los que un acusado podía ser condenado a muerte. Después de la invasión de Iraq en 2003, el administrador norteamericano L. Paul Bremer suspendió la pena capital, declarando que "el antiguo régimen usaba ciertas provisiones del código penal como un medio de opresión, en violación de derechos humanos reconocidos internacionalmente".
El gobierno interino iraquí revivió la pena de muerte en agosto pasado para un pequeño paquete de crímenes violentos, así como para el tráfico de drogas. Se cree que la decisión fue motivada por el deseo de ejecutar a Hussein, del que se espera que será juzgado este verano por un tribunal especial.
"Estoy esperando el día en que muestren el colgamiento de Saddam por la televisión", dijo Salam Naji, 52, propietario de una mueblería bagdadí. "Él está detrás de toda esta violencia y asesinatos".
Ahora el gobierno ha jurado hacer un uso más amplio de la pena de muerte, en momentos en que intenta sofocar una resistencia que se ha cobrado más de 600 vidas el mes pasado.
"Aplicaremos la pena de muerte contra los que han matado a cientos de iraquíes", dijo en una rueda de prensa el ministro del Interior, la semana pasada. "Haremos pagar a los criminales".
Pero organizaciones de derechos humanos han planteado preocupación sobre el uso del gobierno dominado por los chiíes para frenar los ataques insurgentes. Además, las fuerzas de seguridad iraquíes, y especialmente los comandos del ministerio del Interior han sido acusados en las últimas semanas de ejecutar sumariamente a líderes religiosos sunníes.
"Nos oponemos por principio a la pena de muerte y ciertamente en un país donde se detiene a una enorme cantidad de personas y donde hay un alto grado de violencia", dijo Joe Stork, subdirector de la división de Oriente Medio de Human Rights Watch, con sede en Nueva York. A la luz de la historia de Iraq en cuanto al uso de la ejecución como una herramienta política, eliminar la pena capital "sería un modo apropiado para que el gobierno iraquí se apartara de esa sombra y se distinguiera a sí mismo", dijo.
Gran Bretaña, que mantiene varios miles de soldados en Iraq, abolió hace décadas la pena capital. Peter Goldsmith, el fiscal general británico, repitió la objeción de su país ante la nueva política de Iraq el lunes pasado en una conversación matutina con el ministro de Justicia iraquí, Abdul Hussein Shandal, de acuerdo a un funcionario inglés aquí.
"El Reino Unido se opone a la pena de muerte cualquiera sean las circunstancias y llama a Iraq a abolirla", dijo Doug Wilson, asesor jurídica de la embajada británica en Bagdad.
La embajada norteamericana emitió una declaración en la que dice que Iraq, como nación soberana, debe determinar sus propias penas criminales. "La pena de muerte es una decisión de las autoridades iraquíes elegidas democrática y legalmente", dice la declaración.
Varios iraquíes dijeron que eran partidarios de la pena de muerte porque permitiría ejecutar a Hussein, que ha pasado 17 meses en una cárcel cerca del aeropuerto de Bagdad.
El bloque chií que dirige el nuevo gobierno dijo el mes pasado que si Hussein fuera condenado, se opondría a cualquier intento de salvar su vida. El primer ministro Ibrahim Jafari dijo que "apoyaba completamente" la ejecución de Hussein, si era condenado, de acuerdo a su portavoz, Laith Kubba.
El único miembro del gobierno iraquí que se opone públicamente a ejecutar a Hussein es el presidente Jalal Talabani, un antiguo opositor de la pena capital. Dijo a la BBC en abril que se "tomaría vacaciones" antes que firmar una orden autorizando la ejecución de Hussein. Debido a que las firmas de sus dos subdirectores son suficientes, su oposición no impedirá que la ejecución se lleve a cabo.
26 de mayo de 2005
©washington post
©traducción mQh
Bagdad, Iraq. Tres hombres condenados por homicidio, violación y secuestro se sentaron frente al juez, esperando sus sentencias. Pero antes tuvieron que hacer frente a las encolerizadas familias de sus víctimas. "Le quebraron sus brazos. Le quebraron sus piernas. Le sacaron los ojos", dijo una mujer en la sesión del domingo de la ciudad de Kut, al sudeste de Bagdad, describiendo lo que los hombres habían hecho a su hijo. "Pena de muerte. Quiero la pena de muerte".
Un hombre en la parte de atrás de la concurrida sala de la corte levantaba un letrero que decía: "No aceptaremos más que la muerte".
Momentos después, los espectadores vieron satisfechos sus deseos. Los tres hombres, supuestamente miembros de un grupo rebelde conocido como Ansar al-Sunna, fueron condenados a morir en la horca "en los próximos diez días", de acuerdo a la sentencia dictada por el tribunal criminal especial.
En una demostración de fuerza con la que el gobierno espera sofocar la resistencia, Iraq llevará a cabo pronto sus primeras ejecuciones judiciales desde la caída del presidente Saddam Hussein. Y a pesar de las objeciones planteadas por algunos otros países y grupos internacionales de derechos humanos, la opinión pública iraquí en general ha recibido con alegría su reimplantación.
"Antes, los delincuentes pensaban que pasarían en la cárcel algunos meses y que luego serían dejados en libertad", dijo Abu Muhammad, propietario del Kuwat Monet Exchange Co. "Pero ahora esto les parará".
En el Iraq de Hussein, las ejecuciones eran utilizadas normalmente para reprimir la disensión política, y había 144 delitos diferentes por los que un acusado podía ser condenado a muerte. Después de la invasión de Iraq en 2003, el administrador norteamericano L. Paul Bremer suspendió la pena capital, declarando que "el antiguo régimen usaba ciertas provisiones del código penal como un medio de opresión, en violación de derechos humanos reconocidos internacionalmente".
El gobierno interino iraquí revivió la pena de muerte en agosto pasado para un pequeño paquete de crímenes violentos, así como para el tráfico de drogas. Se cree que la decisión fue motivada por el deseo de ejecutar a Hussein, del que se espera que será juzgado este verano por un tribunal especial.
"Estoy esperando el día en que muestren el colgamiento de Saddam por la televisión", dijo Salam Naji, 52, propietario de una mueblería bagdadí. "Él está detrás de toda esta violencia y asesinatos".
Ahora el gobierno ha jurado hacer un uso más amplio de la pena de muerte, en momentos en que intenta sofocar una resistencia que se ha cobrado más de 600 vidas el mes pasado.
"Aplicaremos la pena de muerte contra los que han matado a cientos de iraquíes", dijo en una rueda de prensa el ministro del Interior, la semana pasada. "Haremos pagar a los criminales".
Pero organizaciones de derechos humanos han planteado preocupación sobre el uso del gobierno dominado por los chiíes para frenar los ataques insurgentes. Además, las fuerzas de seguridad iraquíes, y especialmente los comandos del ministerio del Interior han sido acusados en las últimas semanas de ejecutar sumariamente a líderes religiosos sunníes.
"Nos oponemos por principio a la pena de muerte y ciertamente en un país donde se detiene a una enorme cantidad de personas y donde hay un alto grado de violencia", dijo Joe Stork, subdirector de la división de Oriente Medio de Human Rights Watch, con sede en Nueva York. A la luz de la historia de Iraq en cuanto al uso de la ejecución como una herramienta política, eliminar la pena capital "sería un modo apropiado para que el gobierno iraquí se apartara de esa sombra y se distinguiera a sí mismo", dijo.
Gran Bretaña, que mantiene varios miles de soldados en Iraq, abolió hace décadas la pena capital. Peter Goldsmith, el fiscal general británico, repitió la objeción de su país ante la nueva política de Iraq el lunes pasado en una conversación matutina con el ministro de Justicia iraquí, Abdul Hussein Shandal, de acuerdo a un funcionario inglés aquí.
"El Reino Unido se opone a la pena de muerte cualquiera sean las circunstancias y llama a Iraq a abolirla", dijo Doug Wilson, asesor jurídica de la embajada británica en Bagdad.
La embajada norteamericana emitió una declaración en la que dice que Iraq, como nación soberana, debe determinar sus propias penas criminales. "La pena de muerte es una decisión de las autoridades iraquíes elegidas democrática y legalmente", dice la declaración.
Varios iraquíes dijeron que eran partidarios de la pena de muerte porque permitiría ejecutar a Hussein, que ha pasado 17 meses en una cárcel cerca del aeropuerto de Bagdad.
El bloque chií que dirige el nuevo gobierno dijo el mes pasado que si Hussein fuera condenado, se opondría a cualquier intento de salvar su vida. El primer ministro Ibrahim Jafari dijo que "apoyaba completamente" la ejecución de Hussein, si era condenado, de acuerdo a su portavoz, Laith Kubba.
El único miembro del gobierno iraquí que se opone públicamente a ejecutar a Hussein es el presidente Jalal Talabani, un antiguo opositor de la pena capital. Dijo a la BBC en abril que se "tomaría vacaciones" antes que firmar una orden autorizando la ejecución de Hussein. Debido a que las firmas de sus dos subdirectores son suficientes, su oposición no impedirá que la ejecución se lleve a cabo.
26 de mayo de 2005
©washington post
©traducción mQh
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