refugiados en el limbo
[Jodi Wilgoren] Expulsados de Estados Unidos, y sin tener adónde ir.
Stillwater, Minnesota, Estados Unidos. En 1999, Keyse G. Jama, un refugiado somalí, cometió lo que llama su error más grave: meterse borracho en una pelea con cuchillos que lo envió a la cárcel con una sentencia de un año. Casi seis años después, todavía está ahí.
Deportado en mayo de 2001 debido a su delito, Jama se defendió hasta ante la Corte Suprema, que resolvió en enero que podía en realidad ser retornado a su violento y caótico país natal a pesar de carecer de un gobierno en funciones. Así que el servicio de inmigración alquiló un avión y pagó a una compañía de seguridad privada para repatriarlo en abril. Pero cuando llegó al aeropuerto somalí, funcionarios locales rechazaron sus documentos y lo enviaron de vuelta.
Ahora, después de un costoso viaje de 29.000 kilómetros, Jama, 26, está de vuelta en esta suburbio de Minneapolis, en la cárcel donde empezó, un hombre sin patria, anhelando volver a casa -sea a sus parientes en Minnesota, o a extraños en Somalia.
"No me importa dónde vaya", dijo en una entrevista en la cárcel, salpicada de sarcasmo y algunos sollozos. "No tengo país. No tengo nada. Sólo quiero salir de la cárcel. Me podríais dejar en Iraq ahora mismo. Quiero estar libre".
La lucha de Jama contra el sistema, aunque extraordinaria, refleja uno de los dilemas políticos y morales más difíciles del servicio de inmigración: qué hacer con la gente que no tiene bases jurídicas para quedarse, ni modo de volver a partir. Aunque es uno de un puñado de somalíes que están encarcelados mientras esperan su expulsión, unos 4.000 de sus compatriotas hacen también frente a una inminente deportación -la mayoría de ellos porque sus peticiones de asilo fueron rechazadas- cuando el gobierno pueda enviarlos a casa.
Y el problema no se limita a los somalíes. La Red Católica de Inmigración Legal, usando datos del ministerio de Seguridad Interior, contó en marzo 1.225 inmigrantes en más de 100 países que se encuentran detenidos por largos períodos, como Jama. Miles más que fueron deportados viven bajo una régimen parecido al de libertad condicional, y pueden ser expulsados en cualquier momento.
"Les llamamos perpetuos'", dijo David Leopold, un abogado de Cleveland y miembro del directorio de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. "Es un problema serio porque no hay dónde enviarlos, y si no hay dónde enviarlos, se quedan flotando en un limbo".
Mientras algunos provienen de zonas en guerra como Somalia o Sudán, donde no hay autoridades que emitan pasaportes, la mayoría provienen de países como Cuba, Irán, Libia y Corea del Norte, que no tienen relaciones diplomáticas completas con Estados Unidos. Otros son ciudadanos de Vietnam, Laos o China, cuyo retorno ha sido rechazado por razones desconocidas. Hay problemas más particulares -un europeo apátrida nacido en un campamento para personas desplazadas, un etíope cuyo territorio pertenece ahora a Eritrea- y hay palestinos sin un país.
"Puede ser muy difícil llevar a la gente a esos países", dijo Manny Van Pelt, portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas. "La opinión pública estadounidense piensa que se trata de poner a una persona en un avión y dejarla partir".
Laura Lichter, abogado en Denver que representa a somalíes, camboyanos y otros en situación similar, dijo que el fracaso del gobierno en expulsar a Jama sólo reforzaba el argumento de que él y otros como él no deben ser enviados a casa hasta que la situación sea más estable.
"Es como si mandarás un paquete por cobre revertido a algún lugar: alguien debe firmarlo al otro lado", dijo Lichter. "Una cosa es que el gobierno diga: Mire, usted no es de aquí y ha sido un invitado violento, vuélvase a casa'. Pero el punto es que tú simplemente no puedes poner a la gente en la calle. Y no creo que haya nadie que haya propuesto alguna solución".
Indignado por la chapuza de expulsión de Jama, un juez federal de Minneapolis, John R. Tunheim, ordenó el mes pasado que fuera dejado en libertad el 23 de mayo. El juez Tunheim instó al gobierno a "reducir su precipitación, y tomarse el tiempo para planear cuidadosa y exhaustivamente la deportación legal y segura de todos los nacionales somalíes sujetos a deportación".
Pero una corte de apelaciones paralizó la liberación de Jama después de que el gobierno argumentara en documentos judiciales que se corría el riesgo de que se fugara, "porque no tiene nada que perder", y dijo que las autoridades estaban "a punto" de expulsarlo.
Los abogados de Jama se preguntan cómo un segundo intento de deportación diferiría del primero, y dicen que retenerlo todo este tiempo o enviarlo a Somalia sin garantizar su seguridad son ambas cosas equivalentes a pisotear sus derechos humanos. Entretanto, su cliente lucha por dormir en su celda, preguntándose si el amanecer será el primer día del resto de su vida u otras 24 horas encerrado a costas de los 81.11 dólares del contribuyente que cuesta su detención.
"Este juego, ¿terminará alguna vez?", dijo. "Parecía que había terminado, pero no".
Nacido en Mogadishu, Jama pasó varios años en campos de refugiados en Kenia antes de llegar a Estados Unidos, legalmente, en 1996, como parte de una ola que ha inflado la población somalí del país a 90.000, casi la mitad de los cuales viven aquí en Minnesota.
Sus problemas, dice, comenzaron inmediatamente en una botella de cerveza. Se distanció de su estricta familia musulmana. Dejó la escuela, donde de todos modos no entendía las clases en inglés. Consiguió, y perdió, un trabajo en el aeropuerto surtiendo aviones. Y fue detenido varias veces por robo o desórdenes.
En las primeras horas del 15 de junio de 1999, una riña con un compañero de piso se convirtió en una pelea violenta frente a un bar de Waseca, Minnesota, a unos 120 kilómetros al sur de Twin Cities, y Jama acuchilló a tres personas, de acuerdo a informes de la policía. Se declaró culpable de un cargo de agresión y fue dejado en libertad, pero violó pronto su libertad condicional y volvió a custodia carcelaria el 21 de octubre. Desde entonces está ahí.
"No debería estar aquí de ninguna manera", dijo, ahora en un inglés casi fluido. "Yo viene a este país refugiado. Ya debería tener la nacionalidad. El error que cometí es el alcohol".
La condena puso en marcha los trámites de deportación, pero Jama resistió, recusando por su propia cuenta antes de obtener la ayuda de Defensores de los Derechos Humanos, Minnesota, y de Briggs & Morgan, un bufete de abogados que ha donado más de 5.000 horas a su caso. Luego, hace cinco meses, la Corte Suprema resolvió, por 5-4, que la aplicación de la ley de deportación no requería el consentimiento del país receptor.
Así empezó la segunda batalla: encontrar un hogar para Jama.
Hubo una disputa sobre dónde en Somalia enviarlo, y el servicio de inmigración aceptó finalmente su elección: Puntland, una región al nordeste del país controlada por su clan, Darood.
También estaba el asunto del pasaporte. Jama nunca tuvo uno, y Somalia no tiene un gobierno central que emita pasaportes. Daallo Airlines, la única opción comercial, exige uno, así que los abogados discutieron sobre si ellos podían (o debían) obtener uno de un grupo casi-gubernamental, y decidieron finalmente no hacerlo.
El 20 de abril a las 9 de la mañana funcionarios de inmigración llegaron a la cárcel aquí "y me dijeron que recogiera mis cosas", dijo Jama en una declaración jurada.
Entrevistas y otros documentos del tribunal muestran que fue llevado, con los tobillos o muñecas esposadas, en un avión privado desde Minneapolis a Nairobi, con paradas de reaprovisionamiento en Reykjavik y Roma. Funcionarios americanos no viajan a Somalia -ni tienen tratos con las autoridades locales de Puntland-, así que no entregaron en Nairobi a RMI Security, un complejo keniano que, bajo contrato con el gobierno norteamericano, se suponía que debía negociar su aceptación.
Él y sus guardias viajaron como habían planeado hacia la pista de Puntland, pero pronto volvieron a abordar el avión con un documento escrito a mano de un funcionario no identificado que decía: "No teniendo los documentos legales necesarios, hemos rechazado exceptarlo". Estaba firmado: "Gracias".
Ahora la lucha legal se libra sobre un precedente separado de la Corte Suprema que prohíbe la detención por más de seis meses a menos que la deportación sea inminente o haya un peligro específico asociado a su liberación. El servicio de inmigración, al pedir a la corte de apelaciones que bloqueara la liberación de Jama, dijo que el período de seis meses debía empezar el 12 de enero, el día de la resolución de la Corte Suprema sobre su demanda.
"Este caso implica a un extranjero que ha impedido su expulsión", escribieron los abogados del gobierno, atribuyendo la extensión de la detención de Jama a su rechazo original de la deportación, su elección de destino y su negativa a obtener un pasaporte.
En documentos judiciales el gobierno dijo que ahora planea expulsar a Jama para el 8 de junio. Tim Counts, portavoz de la oficina del servicio de inmigración en Bloomington, Minnesota, dijo en una entrevista que "está muy claro que tenemos la autoridad para retenerlo", pero se negó a comentar el próximo intento de deportación. "Simplemente no hablamos sobre los detalles de ninguna expulsión -cómo, cuándo, todo eso", dijo.
Así que Jama sigue en la cárcel, donde tiene un diploma por ganar un campeonato de lanzamiento en balonmano y otro por completar un tratamiento químico contra la dependencia. Acostumbraba a jugar dominó y naipes, pero ahora pasa más tiempo leyendo sobre Martin Luther King Jr. y Malcolm X.
"Cuando mi caso fue a la Corte Suprema, empecé a leer un montón de libros de historia", dijo. "Y sobre cómo sufría la gente. No soy sólo yo".
Jama dijo que había estado rezando cinco veces al día -no por su libertad, sino para pedir el perdón de Dios. La comunidad somalí local ha reunido dinero para ayudarlo a empezar de nuevo.
Si lo dejan en libertad aquí, dijo Jama, tiene un trabajo de tiempo parcial en un restaurante somalí y en una tienda de abarrotes, y tiene dónde alojar, con una tía en un suburbio, lejos de sus viejos amigotes bebedores. Si termina en Somalia, espera poder usar su inglés para trabajar con Naciones Unidas -o, dijo, para ayudar al restablecimiento de los 4.000 somalíes que serán deportados después de él.
4 de junio de 2005
©new york times
©traducción mQh
Stillwater, Minnesota, Estados Unidos. En 1999, Keyse G. Jama, un refugiado somalí, cometió lo que llama su error más grave: meterse borracho en una pelea con cuchillos que lo envió a la cárcel con una sentencia de un año. Casi seis años después, todavía está ahí.Deportado en mayo de 2001 debido a su delito, Jama se defendió hasta ante la Corte Suprema, que resolvió en enero que podía en realidad ser retornado a su violento y caótico país natal a pesar de carecer de un gobierno en funciones. Así que el servicio de inmigración alquiló un avión y pagó a una compañía de seguridad privada para repatriarlo en abril. Pero cuando llegó al aeropuerto somalí, funcionarios locales rechazaron sus documentos y lo enviaron de vuelta.
Ahora, después de un costoso viaje de 29.000 kilómetros, Jama, 26, está de vuelta en esta suburbio de Minneapolis, en la cárcel donde empezó, un hombre sin patria, anhelando volver a casa -sea a sus parientes en Minnesota, o a extraños en Somalia.
"No me importa dónde vaya", dijo en una entrevista en la cárcel, salpicada de sarcasmo y algunos sollozos. "No tengo país. No tengo nada. Sólo quiero salir de la cárcel. Me podríais dejar en Iraq ahora mismo. Quiero estar libre".
La lucha de Jama contra el sistema, aunque extraordinaria, refleja uno de los dilemas políticos y morales más difíciles del servicio de inmigración: qué hacer con la gente que no tiene bases jurídicas para quedarse, ni modo de volver a partir. Aunque es uno de un puñado de somalíes que están encarcelados mientras esperan su expulsión, unos 4.000 de sus compatriotas hacen también frente a una inminente deportación -la mayoría de ellos porque sus peticiones de asilo fueron rechazadas- cuando el gobierno pueda enviarlos a casa.
Y el problema no se limita a los somalíes. La Red Católica de Inmigración Legal, usando datos del ministerio de Seguridad Interior, contó en marzo 1.225 inmigrantes en más de 100 países que se encuentran detenidos por largos períodos, como Jama. Miles más que fueron deportados viven bajo una régimen parecido al de libertad condicional, y pueden ser expulsados en cualquier momento.
"Les llamamos perpetuos'", dijo David Leopold, un abogado de Cleveland y miembro del directorio de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. "Es un problema serio porque no hay dónde enviarlos, y si no hay dónde enviarlos, se quedan flotando en un limbo".
Mientras algunos provienen de zonas en guerra como Somalia o Sudán, donde no hay autoridades que emitan pasaportes, la mayoría provienen de países como Cuba, Irán, Libia y Corea del Norte, que no tienen relaciones diplomáticas completas con Estados Unidos. Otros son ciudadanos de Vietnam, Laos o China, cuyo retorno ha sido rechazado por razones desconocidas. Hay problemas más particulares -un europeo apátrida nacido en un campamento para personas desplazadas, un etíope cuyo territorio pertenece ahora a Eritrea- y hay palestinos sin un país.
"Puede ser muy difícil llevar a la gente a esos países", dijo Manny Van Pelt, portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas. "La opinión pública estadounidense piensa que se trata de poner a una persona en un avión y dejarla partir".
Laura Lichter, abogado en Denver que representa a somalíes, camboyanos y otros en situación similar, dijo que el fracaso del gobierno en expulsar a Jama sólo reforzaba el argumento de que él y otros como él no deben ser enviados a casa hasta que la situación sea más estable.
"Es como si mandarás un paquete por cobre revertido a algún lugar: alguien debe firmarlo al otro lado", dijo Lichter. "Una cosa es que el gobierno diga: Mire, usted no es de aquí y ha sido un invitado violento, vuélvase a casa'. Pero el punto es que tú simplemente no puedes poner a la gente en la calle. Y no creo que haya nadie que haya propuesto alguna solución".
Indignado por la chapuza de expulsión de Jama, un juez federal de Minneapolis, John R. Tunheim, ordenó el mes pasado que fuera dejado en libertad el 23 de mayo. El juez Tunheim instó al gobierno a "reducir su precipitación, y tomarse el tiempo para planear cuidadosa y exhaustivamente la deportación legal y segura de todos los nacionales somalíes sujetos a deportación".
Pero una corte de apelaciones paralizó la liberación de Jama después de que el gobierno argumentara en documentos judiciales que se corría el riesgo de que se fugara, "porque no tiene nada que perder", y dijo que las autoridades estaban "a punto" de expulsarlo.
Los abogados de Jama se preguntan cómo un segundo intento de deportación diferiría del primero, y dicen que retenerlo todo este tiempo o enviarlo a Somalia sin garantizar su seguridad son ambas cosas equivalentes a pisotear sus derechos humanos. Entretanto, su cliente lucha por dormir en su celda, preguntándose si el amanecer será el primer día del resto de su vida u otras 24 horas encerrado a costas de los 81.11 dólares del contribuyente que cuesta su detención.
"Este juego, ¿terminará alguna vez?", dijo. "Parecía que había terminado, pero no".
Nacido en Mogadishu, Jama pasó varios años en campos de refugiados en Kenia antes de llegar a Estados Unidos, legalmente, en 1996, como parte de una ola que ha inflado la población somalí del país a 90.000, casi la mitad de los cuales viven aquí en Minnesota.
Sus problemas, dice, comenzaron inmediatamente en una botella de cerveza. Se distanció de su estricta familia musulmana. Dejó la escuela, donde de todos modos no entendía las clases en inglés. Consiguió, y perdió, un trabajo en el aeropuerto surtiendo aviones. Y fue detenido varias veces por robo o desórdenes.
En las primeras horas del 15 de junio de 1999, una riña con un compañero de piso se convirtió en una pelea violenta frente a un bar de Waseca, Minnesota, a unos 120 kilómetros al sur de Twin Cities, y Jama acuchilló a tres personas, de acuerdo a informes de la policía. Se declaró culpable de un cargo de agresión y fue dejado en libertad, pero violó pronto su libertad condicional y volvió a custodia carcelaria el 21 de octubre. Desde entonces está ahí.
"No debería estar aquí de ninguna manera", dijo, ahora en un inglés casi fluido. "Yo viene a este país refugiado. Ya debería tener la nacionalidad. El error que cometí es el alcohol".
La condena puso en marcha los trámites de deportación, pero Jama resistió, recusando por su propia cuenta antes de obtener la ayuda de Defensores de los Derechos Humanos, Minnesota, y de Briggs & Morgan, un bufete de abogados que ha donado más de 5.000 horas a su caso. Luego, hace cinco meses, la Corte Suprema resolvió, por 5-4, que la aplicación de la ley de deportación no requería el consentimiento del país receptor.
Así empezó la segunda batalla: encontrar un hogar para Jama.
Hubo una disputa sobre dónde en Somalia enviarlo, y el servicio de inmigración aceptó finalmente su elección: Puntland, una región al nordeste del país controlada por su clan, Darood.
También estaba el asunto del pasaporte. Jama nunca tuvo uno, y Somalia no tiene un gobierno central que emita pasaportes. Daallo Airlines, la única opción comercial, exige uno, así que los abogados discutieron sobre si ellos podían (o debían) obtener uno de un grupo casi-gubernamental, y decidieron finalmente no hacerlo.
El 20 de abril a las 9 de la mañana funcionarios de inmigración llegaron a la cárcel aquí "y me dijeron que recogiera mis cosas", dijo Jama en una declaración jurada.
Entrevistas y otros documentos del tribunal muestran que fue llevado, con los tobillos o muñecas esposadas, en un avión privado desde Minneapolis a Nairobi, con paradas de reaprovisionamiento en Reykjavik y Roma. Funcionarios americanos no viajan a Somalia -ni tienen tratos con las autoridades locales de Puntland-, así que no entregaron en Nairobi a RMI Security, un complejo keniano que, bajo contrato con el gobierno norteamericano, se suponía que debía negociar su aceptación.
Él y sus guardias viajaron como habían planeado hacia la pista de Puntland, pero pronto volvieron a abordar el avión con un documento escrito a mano de un funcionario no identificado que decía: "No teniendo los documentos legales necesarios, hemos rechazado exceptarlo". Estaba firmado: "Gracias".
Ahora la lucha legal se libra sobre un precedente separado de la Corte Suprema que prohíbe la detención por más de seis meses a menos que la deportación sea inminente o haya un peligro específico asociado a su liberación. El servicio de inmigración, al pedir a la corte de apelaciones que bloqueara la liberación de Jama, dijo que el período de seis meses debía empezar el 12 de enero, el día de la resolución de la Corte Suprema sobre su demanda.
"Este caso implica a un extranjero que ha impedido su expulsión", escribieron los abogados del gobierno, atribuyendo la extensión de la detención de Jama a su rechazo original de la deportación, su elección de destino y su negativa a obtener un pasaporte.
En documentos judiciales el gobierno dijo que ahora planea expulsar a Jama para el 8 de junio. Tim Counts, portavoz de la oficina del servicio de inmigración en Bloomington, Minnesota, dijo en una entrevista que "está muy claro que tenemos la autoridad para retenerlo", pero se negó a comentar el próximo intento de deportación. "Simplemente no hablamos sobre los detalles de ninguna expulsión -cómo, cuándo, todo eso", dijo.
Así que Jama sigue en la cárcel, donde tiene un diploma por ganar un campeonato de lanzamiento en balonmano y otro por completar un tratamiento químico contra la dependencia. Acostumbraba a jugar dominó y naipes, pero ahora pasa más tiempo leyendo sobre Martin Luther King Jr. y Malcolm X.
"Cuando mi caso fue a la Corte Suprema, empecé a leer un montón de libros de historia", dijo. "Y sobre cómo sufría la gente. No soy sólo yo".
Jama dijo que había estado rezando cinco veces al día -no por su libertad, sino para pedir el perdón de Dios. La comunidad somalí local ha reunido dinero para ayudarlo a empezar de nuevo.
Si lo dejan en libertad aquí, dijo Jama, tiene un trabajo de tiempo parcial en un restaurante somalí y en una tienda de abarrotes, y tiene dónde alojar, con una tía en un suburbio, lejos de sus viejos amigotes bebedores. Si termina en Somalia, espera poder usar su inglés para trabajar con Naciones Unidas -o, dijo, para ayudar al restablecimiento de los 4.000 somalíes que serán deportados después de él.
4 de junio de 2005
©new york times
©traducción mQh
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