ejecuciones en china
[Mark Magnier] Miles de prisioneros son matados cada año, a menudo tras breves juicios cerrados al público.
Hulou, China. Zhang Huanzhi, 61, se abraza a un montículo de tierra que guarda las cenizas de su hijo. Lágrimas y mocos corren por su cara mientras llora: ¿Por qué nosotros, por qué nuestro hijo, por qué tanta injusticia?
Hace unos meses, un diario del estado informó que otro hombre había confesado la violación y asesinato por los que había sido ejecutado su hijo. Durante años, pocos la escucharon cuando insistía en que Nie Shubin, 20, había sido torturado para que se acusara falsamente, para luego ser condenado después de un juicio que duró dos horas. La única evidencia de cierto peso, dice, era la versión de un testigo que vio a alguien pasando en una bicicleta azul por el lugar de los hechos. Nie tenía una bicicleta azul.
"Si su bicicleta hubiera sido roja, o negra, hoy estaría vivo", dijo Zhang.
Casos como el de Nie han arrojado una dura luz sobre el extendido y a menudo cuestionable uso de la pena de muerte. Ahora, en medio de presiones de abogados, universitarios, Naciones Unidas y muchos países, el gobierno ha iniciado una reevaluación.
El martes, órganos de prensa del gobierno informaron que la Corte Suprema del Pueblo recuperará la autoridad perdida en 1983 para decidir sobre casos capitales. El cambio a principio de los ochenta fue animado por el deseo de una justicia rápida. De acuerdo al China Youth Daily, el tribunal supremo del país ha agregado tres tribunales penales para ocuparse de las revisiones de casos de pena de muerte de una manera "verdaderamente neutral".
Juristas calculan que este cambio puede reducir las ejecuciones en un 30 por ciento. El sistema actual conoce a jueces provinciales que dictan penas de muerte a un ritmo rápido y encarnizado.
Estadísticas completas sobre la pena de muerte son un secreto de estado, aunque las jurisdicciones locales anuncian las ejecuciones cuando se prestan para algún propósito político. Sin embargo, grupos de derechos humanos dicen que China ejecuta a más gente que el resto de los gobiernos del mundo combinados.
Amnistía Internacional encontró evidencias de 3.400 sentencias de muerte realizadas en 2004, dice que el número real debe ser cercano a las 10.000 al año -en comparación con 59 en Estados Unidos en 2004. Más de 70 países utilizan la pena de muerte, pero la mayoría la aplica solamente en casos de crímenes extremadamente violentos. China conoce la pena de muerte por 68 delitos, muchos de ellos no violentos, incluyendo el contrabando, evasión de impuestos, corrupción, "poner en peligro la seguridad nacional" y el separatismo, que implica abogar por la independencia del Tibet o Taiwán.
La prensa controlada por el estado ha pedido un sistema con "menos muertes y más cuidadosas", que se implantará quizás el próximo año. Más ampliamente, el Partido Comunista espera que un sistema jurídico creíble ayudará a canalizar la frustración pública en tribunales antes que en manifestaciones públicas.
El juicio de dos horas de Nie, que fue ejecutado meses después, no es inusual. Informes sugieren que ha habido juicios con pena capital que duraron menos de una hora. Lu Shile, acusado de homicidio en Qingdao, una ciudad al nordeste de China, fue condenado el año pasado, su recurso fue rechazado y fue ejecutado en un plazo de 24 horas, un resultado que el diario Qingdao Evening News elogió como "rápido y altamente eficiente".
En teoría, los casos que no implican secretos de estado, menores o la intimidad son abiertos al público. En la práctica, los jueces generalmente cierran sus tribunales al escrutinio exterior.
Como en muchos otros países, fiscales y policías presentan casos ante un juez. Pero detractores dicen que el recabamiento de evidencias, la sentencia y procedimientos jurídicos son a menudo flojos. No hay jurados, la policía tiene una enorme latitud y médicos forenses y expertos independientes son rara vez utilizados. Si un acusado muere o vive depende del momento, del lugar y de los vientos políticos. En provincias vecinas se aplican a veces diferentes sentencias por el mismo delito.
"Si ejerces presión política sobre un sistema que de por sí es endeble y buscas resultados, el riesgo de denegación de justicia y sentencias desproporcionadas es significativamente más alto", dijo Nicholas Becquelin, director de investigación de Human Rights for China, de Hong Kong.
Los verdugos chinos tienden a estar particularmente ocupados antes de cualquiera reunión importante del Partido Comunista, el día contra las drogas de Naciones Unidas, en batidas contra la delincuencia y durante las vacaciones de fin de año, y la prensa exalta las ejecuciones porque conducen a un "año nuevo feliz, seguro y alegre".
El sistema está construido contra los acusados.
Las relaciones, no la pericia jurídica, determinan a menudo quién es juez, y la corrupción es una preocupación permanente. Además, las apelaciones rara vez son tratadas porque son atendidas por el mismo tribunal que dicta la sentencia contra la que se recurre.
En el papel, los acusados son inocentes hasta que se demuestra su inocencia. En la práctica, dicen juristas, se asume que el gobierno tiene la razón. La ley china carece de distinciones en cuanto a homicidios de primero, segundo o tercer grado, de modo que a menudo la pena de muerte es la única opción.
La asesoría jurídica prácticamente no existe. Incluso los que pueden permitirse un abogado no están permitidos a reunirse con ellos sino después del interrogatorio policial, que puede durar semanas o incluso meses, a menudo en presencia de guardias.
Los abogados también dicen que defender demasiado bien a un acusado puede implicar que los abogados mismos sean detenidos, acosados o excluidos del oficio bajo el Artículo 306, una ley que prohíbe manipular las evidencias que el estado ha empleado contra los fiscales.
"Los abogados pueden ser acusados de defender a los acusados", dijo Nicola McBean, director ejecutivo de Rights Practice, un grupo de desarrollo con sede en Londres.
El sistema también enfatiza las confesiones, con la tortura como una amenaza permanente, dicen grupos de derechos humanos.
China anunció hace poco que varios cientos de agentes de policía habían sido reprendidos por el uso de "métodos impropios', una primera admisión de la dimensión del problema. "El hecho de que la gente sea ejecutada a diario en un sistema tan reconocidamente torcido, es increíble", dijo Ben Carrdus, investigador de Amnistía Internacional.
En una reforma reciente, China introdujo un examen nacional de leyes para jueces e impuso un límite de 12 horas a los interrogatorios de la policía, de 36 horas originales. Y en abril, la corte superior de apelaciones de la provincia de Sichuan, al sudoeste del país, resolvió lo que se ha llegado a conocer como la primera resolución en China que prohíbe las confesiones obtenidas por medio de la tortura.
Las leyes criminales chinas de 1979, que estipulan que las ejecuciones sean realizadas con un balazo a la cabeza, fue modificada en 1996 para incluir la inyección letal. A fines de los años noventa, China fue pionera en el uso de furgonetas de inyección letal. Los informes sugieren que su uso es particularmente frecuente durante campañas contra las drogas en la sureña provincia de Yunnan.
Los informes mencionan la persistencia de las ejecuciones públicas, aunque mucho menos frecuente que en el pasado. El año pasado, estudiantes de hasta 6 años se unieron a 2.500 espectadores en un gimnasio en Changsha, la capital de la provincia de Hunan en China Central, para presenciar la ejecución de seis hombres, de acuerdo a un informe chino en internet.
China gasta 87 dólares por ejecución, incluyendo el transporte, la cremación, las balas y esquelas funerarias, de acuerdo a un informe de 2003 en un sitio en internet en el servidor oficiales Xinhuanet. Las edades de los condenados van de 18 a 87 años.
La disposición de los cuerpos después de su ejecución es también un problema. Grupos de derechos humanos han acusado a China durante largo tiempo de usar sus órganos sin el consentimiento de las familias de los ejecutados.
En 2000, la madre de un asesino convicto, Yu Yonggang, demandó al gobierno en la provincia de Shanxi, diciendo que el tribunal y las autoridades médicas locales habían robado los órganos de su hijo después de su ejecución. Otro caso en la provincia de Gansu ese año resultó una indemnización de 250 dólares a una familia por un robo similar, de acuerdo al Morning Post de Lanzhou.
Juristas chinos reformistas han apelado a la billetera del país, diciendo que muchos países se muestran reacios a extraditar a funcionarios corruptos debido a la posibilidad de que sean ejecutados. El ministerio del Comercio calcula que 4.000 funcionarios corruptos han huido con 50 billones de dólares en fondos robados desde principio de los años ochenta.
La prensa controlada por el estado también empezó a prestar atención a casos vergonzosos. En junio, los diarios informaron que un campesino de la provincia de Hubei en China Central, que después de 10 días seguidos de interrogatorio, confesó haber asesinado a su esposa, tuvo que ser dejado en libertad cuando la mujer volvió a aparecer viva.Pekín ha dejado claro que los límites a la pena de muerte no irían demasiado lejos. La corrupción, el soborno y las violaciones a la seguridad nacional seguirán siendo delitos capitales, dijo un alto funcionario.
Más retrasos aumentan la posibilidad de más ejecuciones erróneas, dicen los juristas, y más dolor como el sufrido por la familia de Nie.
De niño, Nie era tímido y afable, y evitaba los conflictos, dicen amigos y familiares.
Un día dio un traspié contra un cubo de agua, recuerda su madre. Cuando ella le reprochó haberlo hecho intencionadamente, aceptó su castigo estoicamente hasta que ella se dio cuenta de que había sido un accidente.
"Era demasiado bueno para este mundo", dijo Zhang.
Después de la secundaria, Nie obtuvo un trabajo como soldador en una fábrica cercana. Un día de septiembre de 1994, la policía se apareció por su trabajo y lo arrestó. Fue acusado de violar y matar a Kang Juhua, 38, una vecina del pueblo cuyo cuerpo en acentuado estado de corrupción fue encontrado en un maizal.
A la familia de Nie no se le permitió visitarlo en prisión o hablar con él después de su detención. Nie supuestamente dijo a su abogado que fue interrogado y golpeado por la policía durante seis días. Su madre dice que cuando lo llevaban al tribunal, vio de uno de sus brazos estaba doblado de manera innatural. Las policías local, municipal y provincial dicen que no recuerdan el caso.
La familia se enteró de su ejecución a principios de 1995 sólo después de que un guardia les dijera que no perdieran más tiempo llevando jabón y cepillos de dientes porque su hijo ya estaba muerto. Una nota en el diario de esa época dice: "Después de una investigación de una semana en que la policía utilizó inteligentes técnicas psicológicas, los agentes finalmente lograron que el acusado confesara el crimen".
"¿Cómo puedes llamar a eso técnicas inteligentes?'", pregunta su madre, Zhang.
El incidente devastó a la familia. El marido de Zhang intentó suicidarse con barbitúricos y, después de recuperarse, sufrió una depresión nerviosa.
"No hay justicia en China", dijo Nie Xuesheng, gritando y quejándose al mismo tiempo. "Mi hijo no puede morir así. Este sistema es corrupto".
La noticia de la inocencia de su hijo se dio a conocer antes este año cuando un trabajador inmigrante, Wang Shujin, confesara haber violado a seis mujeres, matando a cuatro de ellas, incluyendo a Kang, de acuerdo al gubernamental Henan Business News. El caso de Wang está todavía en tribunales, aunque los juristas dicen que es casi seguro que será condenado a muerte.
Entretanto, la familia de Nie se encuentra atrapada en un limbo jurídico. El tribunal dice que se requiere un certificado de la ejecución antes de reabrir el caso, pero la familia dice que nunca lo recibieron ni era exigido en esa época.
"Me siento tan impotente", dice Zhang. "Yo tenía una familia guapa, feliz, un marido bueno, todo era perfecto. De repente nuestro mundo se derrumbó".
30 de septiembre de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
"
Hulou, China. Zhang Huanzhi, 61, se abraza a un montículo de tierra que guarda las cenizas de su hijo. Lágrimas y mocos corren por su cara mientras llora: ¿Por qué nosotros, por qué nuestro hijo, por qué tanta injusticia?Hace unos meses, un diario del estado informó que otro hombre había confesado la violación y asesinato por los que había sido ejecutado su hijo. Durante años, pocos la escucharon cuando insistía en que Nie Shubin, 20, había sido torturado para que se acusara falsamente, para luego ser condenado después de un juicio que duró dos horas. La única evidencia de cierto peso, dice, era la versión de un testigo que vio a alguien pasando en una bicicleta azul por el lugar de los hechos. Nie tenía una bicicleta azul.
"Si su bicicleta hubiera sido roja, o negra, hoy estaría vivo", dijo Zhang.
Casos como el de Nie han arrojado una dura luz sobre el extendido y a menudo cuestionable uso de la pena de muerte. Ahora, en medio de presiones de abogados, universitarios, Naciones Unidas y muchos países, el gobierno ha iniciado una reevaluación.
El martes, órganos de prensa del gobierno informaron que la Corte Suprema del Pueblo recuperará la autoridad perdida en 1983 para decidir sobre casos capitales. El cambio a principio de los ochenta fue animado por el deseo de una justicia rápida. De acuerdo al China Youth Daily, el tribunal supremo del país ha agregado tres tribunales penales para ocuparse de las revisiones de casos de pena de muerte de una manera "verdaderamente neutral".
Juristas calculan que este cambio puede reducir las ejecuciones en un 30 por ciento. El sistema actual conoce a jueces provinciales que dictan penas de muerte a un ritmo rápido y encarnizado.
Estadísticas completas sobre la pena de muerte son un secreto de estado, aunque las jurisdicciones locales anuncian las ejecuciones cuando se prestan para algún propósito político. Sin embargo, grupos de derechos humanos dicen que China ejecuta a más gente que el resto de los gobiernos del mundo combinados.
Amnistía Internacional encontró evidencias de 3.400 sentencias de muerte realizadas en 2004, dice que el número real debe ser cercano a las 10.000 al año -en comparación con 59 en Estados Unidos en 2004. Más de 70 países utilizan la pena de muerte, pero la mayoría la aplica solamente en casos de crímenes extremadamente violentos. China conoce la pena de muerte por 68 delitos, muchos de ellos no violentos, incluyendo el contrabando, evasión de impuestos, corrupción, "poner en peligro la seguridad nacional" y el separatismo, que implica abogar por la independencia del Tibet o Taiwán.
La prensa controlada por el estado ha pedido un sistema con "menos muertes y más cuidadosas", que se implantará quizás el próximo año. Más ampliamente, el Partido Comunista espera que un sistema jurídico creíble ayudará a canalizar la frustración pública en tribunales antes que en manifestaciones públicas.
El juicio de dos horas de Nie, que fue ejecutado meses después, no es inusual. Informes sugieren que ha habido juicios con pena capital que duraron menos de una hora. Lu Shile, acusado de homicidio en Qingdao, una ciudad al nordeste de China, fue condenado el año pasado, su recurso fue rechazado y fue ejecutado en un plazo de 24 horas, un resultado que el diario Qingdao Evening News elogió como "rápido y altamente eficiente".
En teoría, los casos que no implican secretos de estado, menores o la intimidad son abiertos al público. En la práctica, los jueces generalmente cierran sus tribunales al escrutinio exterior.
Como en muchos otros países, fiscales y policías presentan casos ante un juez. Pero detractores dicen que el recabamiento de evidencias, la sentencia y procedimientos jurídicos son a menudo flojos. No hay jurados, la policía tiene una enorme latitud y médicos forenses y expertos independientes son rara vez utilizados. Si un acusado muere o vive depende del momento, del lugar y de los vientos políticos. En provincias vecinas se aplican a veces diferentes sentencias por el mismo delito.
"Si ejerces presión política sobre un sistema que de por sí es endeble y buscas resultados, el riesgo de denegación de justicia y sentencias desproporcionadas es significativamente más alto", dijo Nicholas Becquelin, director de investigación de Human Rights for China, de Hong Kong.
Los verdugos chinos tienden a estar particularmente ocupados antes de cualquiera reunión importante del Partido Comunista, el día contra las drogas de Naciones Unidas, en batidas contra la delincuencia y durante las vacaciones de fin de año, y la prensa exalta las ejecuciones porque conducen a un "año nuevo feliz, seguro y alegre".
El sistema está construido contra los acusados.
Las relaciones, no la pericia jurídica, determinan a menudo quién es juez, y la corrupción es una preocupación permanente. Además, las apelaciones rara vez son tratadas porque son atendidas por el mismo tribunal que dicta la sentencia contra la que se recurre.
En el papel, los acusados son inocentes hasta que se demuestra su inocencia. En la práctica, dicen juristas, se asume que el gobierno tiene la razón. La ley china carece de distinciones en cuanto a homicidios de primero, segundo o tercer grado, de modo que a menudo la pena de muerte es la única opción.
La asesoría jurídica prácticamente no existe. Incluso los que pueden permitirse un abogado no están permitidos a reunirse con ellos sino después del interrogatorio policial, que puede durar semanas o incluso meses, a menudo en presencia de guardias.
Los abogados también dicen que defender demasiado bien a un acusado puede implicar que los abogados mismos sean detenidos, acosados o excluidos del oficio bajo el Artículo 306, una ley que prohíbe manipular las evidencias que el estado ha empleado contra los fiscales.
"Los abogados pueden ser acusados de defender a los acusados", dijo Nicola McBean, director ejecutivo de Rights Practice, un grupo de desarrollo con sede en Londres.
El sistema también enfatiza las confesiones, con la tortura como una amenaza permanente, dicen grupos de derechos humanos.
China anunció hace poco que varios cientos de agentes de policía habían sido reprendidos por el uso de "métodos impropios', una primera admisión de la dimensión del problema. "El hecho de que la gente sea ejecutada a diario en un sistema tan reconocidamente torcido, es increíble", dijo Ben Carrdus, investigador de Amnistía Internacional.
En una reforma reciente, China introdujo un examen nacional de leyes para jueces e impuso un límite de 12 horas a los interrogatorios de la policía, de 36 horas originales. Y en abril, la corte superior de apelaciones de la provincia de Sichuan, al sudoeste del país, resolvió lo que se ha llegado a conocer como la primera resolución en China que prohíbe las confesiones obtenidas por medio de la tortura.
Las leyes criminales chinas de 1979, que estipulan que las ejecuciones sean realizadas con un balazo a la cabeza, fue modificada en 1996 para incluir la inyección letal. A fines de los años noventa, China fue pionera en el uso de furgonetas de inyección letal. Los informes sugieren que su uso es particularmente frecuente durante campañas contra las drogas en la sureña provincia de Yunnan.
Los informes mencionan la persistencia de las ejecuciones públicas, aunque mucho menos frecuente que en el pasado. El año pasado, estudiantes de hasta 6 años se unieron a 2.500 espectadores en un gimnasio en Changsha, la capital de la provincia de Hunan en China Central, para presenciar la ejecución de seis hombres, de acuerdo a un informe chino en internet.
China gasta 87 dólares por ejecución, incluyendo el transporte, la cremación, las balas y esquelas funerarias, de acuerdo a un informe de 2003 en un sitio en internet en el servidor oficiales Xinhuanet. Las edades de los condenados van de 18 a 87 años.
La disposición de los cuerpos después de su ejecución es también un problema. Grupos de derechos humanos han acusado a China durante largo tiempo de usar sus órganos sin el consentimiento de las familias de los ejecutados.
En 2000, la madre de un asesino convicto, Yu Yonggang, demandó al gobierno en la provincia de Shanxi, diciendo que el tribunal y las autoridades médicas locales habían robado los órganos de su hijo después de su ejecución. Otro caso en la provincia de Gansu ese año resultó una indemnización de 250 dólares a una familia por un robo similar, de acuerdo al Morning Post de Lanzhou.
Juristas chinos reformistas han apelado a la billetera del país, diciendo que muchos países se muestran reacios a extraditar a funcionarios corruptos debido a la posibilidad de que sean ejecutados. El ministerio del Comercio calcula que 4.000 funcionarios corruptos han huido con 50 billones de dólares en fondos robados desde principio de los años ochenta.
La prensa controlada por el estado también empezó a prestar atención a casos vergonzosos. En junio, los diarios informaron que un campesino de la provincia de Hubei en China Central, que después de 10 días seguidos de interrogatorio, confesó haber asesinado a su esposa, tuvo que ser dejado en libertad cuando la mujer volvió a aparecer viva.Pekín ha dejado claro que los límites a la pena de muerte no irían demasiado lejos. La corrupción, el soborno y las violaciones a la seguridad nacional seguirán siendo delitos capitales, dijo un alto funcionario.
Más retrasos aumentan la posibilidad de más ejecuciones erróneas, dicen los juristas, y más dolor como el sufrido por la familia de Nie.
De niño, Nie era tímido y afable, y evitaba los conflictos, dicen amigos y familiares.
Un día dio un traspié contra un cubo de agua, recuerda su madre. Cuando ella le reprochó haberlo hecho intencionadamente, aceptó su castigo estoicamente hasta que ella se dio cuenta de que había sido un accidente.
"Era demasiado bueno para este mundo", dijo Zhang.
Después de la secundaria, Nie obtuvo un trabajo como soldador en una fábrica cercana. Un día de septiembre de 1994, la policía se apareció por su trabajo y lo arrestó. Fue acusado de violar y matar a Kang Juhua, 38, una vecina del pueblo cuyo cuerpo en acentuado estado de corrupción fue encontrado en un maizal.
A la familia de Nie no se le permitió visitarlo en prisión o hablar con él después de su detención. Nie supuestamente dijo a su abogado que fue interrogado y golpeado por la policía durante seis días. Su madre dice que cuando lo llevaban al tribunal, vio de uno de sus brazos estaba doblado de manera innatural. Las policías local, municipal y provincial dicen que no recuerdan el caso.
La familia se enteró de su ejecución a principios de 1995 sólo después de que un guardia les dijera que no perdieran más tiempo llevando jabón y cepillos de dientes porque su hijo ya estaba muerto. Una nota en el diario de esa época dice: "Después de una investigación de una semana en que la policía utilizó inteligentes técnicas psicológicas, los agentes finalmente lograron que el acusado confesara el crimen".
"¿Cómo puedes llamar a eso técnicas inteligentes?'", pregunta su madre, Zhang.
El incidente devastó a la familia. El marido de Zhang intentó suicidarse con barbitúricos y, después de recuperarse, sufrió una depresión nerviosa.
"No hay justicia en China", dijo Nie Xuesheng, gritando y quejándose al mismo tiempo. "Mi hijo no puede morir así. Este sistema es corrupto".
La noticia de la inocencia de su hijo se dio a conocer antes este año cuando un trabajador inmigrante, Wang Shujin, confesara haber violado a seis mujeres, matando a cuatro de ellas, incluyendo a Kang, de acuerdo al gubernamental Henan Business News. El caso de Wang está todavía en tribunales, aunque los juristas dicen que es casi seguro que será condenado a muerte.
Entretanto, la familia de Nie se encuentra atrapada en un limbo jurídico. El tribunal dice que se requiere un certificado de la ejecución antes de reabrir el caso, pero la familia dice que nunca lo recibieron ni era exigido en esa época.
"Me siento tan impotente", dice Zhang. "Yo tenía una familia guapa, feliz, un marido bueno, todo era perfecto. De repente nuestro mundo se derrumbó".
30 de septiembre de 2005
©los angeles times
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