bush contra salim hamdan 5
[Ionathan Mahler] Los enemigos combatientes extranjeros como Salim Hamdan serán juzgados por tribunales militares especiales, nombrados por Bush fuera del sistema jurídico estadounidense y con jueves designados por él.
En una ordenanza militar de tres páginas emitida el 13 de noviembre de 2001, el presidente Bush ordenó juzgar a Salim Hamdan y otros combatientes enemigos no-estadounidenses en tribunales especiales. Los juicios se realizarán en Guantánamo, ante comisiones formadas por tres a siete oficiales militares elegidos por un funcionario nombrado por el gobierno. Para condenas inferiores a la pena de muerte, se requerirá una mayoría de dos tercios. (Una sentencia de muerte deberá ser unánime). Estos son tribunales de crímenes de guerra, aunque a diferencia de los tribunales internacionales en Ruanda y la antigua Yugoslavia, la lista de delitos está compuesta por actos de terrorismo, antes que de genocidio.
El gobierno optó por estos tribunales especiales por encima de los tribunales penales de Estados Unidos por varias razones prácticas. En general, no se otorgarán ciertos derechos que serían considerados fundamentales en un tribunal civil. Si los acusados son sospechosos de terrorismo, por ejemplo, no se les permitirá consultar las pruebas contra ellos, porque algunas de las evidencias pueden, sin lugar a dudas, ser consideradas secretas por razones de seguridad nacional. Dejando las consideraciones prácticas de lado, la creación de los primeros tribunales de guerra del país desde la Primera Guerra Mundial envió un mensaje simbólico, colocando a los extremistas islámicos en la misma clase que los nazis alemanes. Además, los tribunales se ajustan a una estrategia más amplia del gobierno de Bush para reafirmar y expandir la autoridad del presidente después del 11 de septiembre de 2001. El poder ejecutivo tendrá el control absoluto. El Congreso -el órgano encargado por la Constitución de convocar a los tribunales militares- fue no solamente dejado de lado para el establecimiento de esos tribunales, sino que tampoco fue consultado sobre cómo funcionarían. En lugar de eso, los abogados del gobierno escribieron todas las reglas, desde la composición de las comisiones hasta las normas que definen las evidencias admisibles y la definición misma de qué constituye un crimen de guerra. El poder judicial también fue dejado fuera del proceso: los veredictos disputados serán revisados, no por una corte federal de apelaciones, sino por una comisión de tres miembros nombrada por el ministro de Defensa, Donald H. Rumsfeld.
La primer tanda de acusados en los tribunales, Hamdan y otros tres, fueron escogidos cuidadosamente y luego investigados repetidas veces en su paso por la cadena de mando. Sumarios de los casos fueron entregados por los abogados militares nombrados, al equipo de fiscales y al asesor de tribunales del Pentágono, y a Paul D. Wolfowitz, entonces subsecretario de Defensa, y al presidente Bush. Originalmente Hamdan fue designado para ser el primer árabe procesado.
Aunque el gobierno no ha acusado a Hamdan por ser miembro de Al Qaeda, lo acusa de haber recogido y distribuido armas para ser usadas por miembros de Al Qaeda, haber seguido cursos de adiestramiento en un campo de Al Qaeda y servido como guardaespaldas y chofer de bin Laden. La acusación formal contra él es de conspiración, que el gobierno define como haberse "unido a una empresa de personas con un propósito criminal compartido". En cierto sentido, el cargo de conspiración es lógico para procesar a los miembros de organizaciones como Al Qaeda, que dividen sus tareas deliberadamente e informan a muy poca gente de sus operaciones. "Para entender la naturaleza de algunas operaciones, para revelar la estructura de lo que los hace efectivos, tienes que concentrarte en los diferentes tipos de contribuciones, desde el que vigila los objetivos hasta el transportista de las armas y el financista", dice Ruth Wedgwood, profesor de leyes en la Universidad John Hopkins, que ayudó al Pentágono a revisar algunas de las reglas de los tribunales.
En los tribunales penales norteamericanos, la conspiración es especialmente popular entre fiscales que persiguen a bandas del crimen organizado; les da la posibilidad de influir en los peones para que testifiquen contra sus superiores. En el contexto de los tribunales por crímenes de guerra, sin embargo, el cargo de conspiración se complica. Debido a que no puede ser aplicado a los acusados de cualquier nivel, puede crear una equivalencia moral entre participantes de bajo nivel y jefes. Este mismo problema se observó en Nuremberg, cuando un fiscal general del gobierno de Roosevelt atacó una propuesta del Pentágono para acusar por conspiración a soldados alemanes, porque podría, a ojos del mundo, debilitar el impacto de las acusaciones contra los líderes nazis. (La propuesta no fue adoptada nunca). Lo que es más, debido a que la conspiración es un cargo tan amplio y flexible, es fácil para que los fiscales pueden apoyarse cuando sus pruebas de culpabilidad son escasas. El sistema de tribunales penales estadounidenses tiene numerosas garantías contra esto -juicios de jurado, jueces que son aislados de la política, acceso a cortes de apelaciones independientes-, la mayoría de las cuales están ausentes en esos tribunales. "En el sistema penal estadounidense, podemos tener una doctrina de la conspiración porque tenemos este conjunto único de fuertes garantías", dice Neal Katyal, un profesor de leyes de la Universidad de Georgetown, el arquitecto de la demanda de Hamdan contra el gobierno estadounidense y paladín del cargo de conspiración en el contexto criminal. "Pero cuando se trata de juicios por crímenes de guerra, el consenso internacional es que la conspiración es inadmisible. Cuando el Congreso estadounidense definió los crímenes de guerra en dos estatutos de 1996 y 1997, no incluyó el delito de conspiración".
En una ordenanza militar de tres páginas emitida el 13 de noviembre de 2001, el presidente Bush ordenó juzgar a Salim Hamdan y otros combatientes enemigos no-estadounidenses en tribunales especiales. Los juicios se realizarán en Guantánamo, ante comisiones formadas por tres a siete oficiales militares elegidos por un funcionario nombrado por el gobierno. Para condenas inferiores a la pena de muerte, se requerirá una mayoría de dos tercios. (Una sentencia de muerte deberá ser unánime). Estos son tribunales de crímenes de guerra, aunque a diferencia de los tribunales internacionales en Ruanda y la antigua Yugoslavia, la lista de delitos está compuesta por actos de terrorismo, antes que de genocidio.El gobierno optó por estos tribunales especiales por encima de los tribunales penales de Estados Unidos por varias razones prácticas. En general, no se otorgarán ciertos derechos que serían considerados fundamentales en un tribunal civil. Si los acusados son sospechosos de terrorismo, por ejemplo, no se les permitirá consultar las pruebas contra ellos, porque algunas de las evidencias pueden, sin lugar a dudas, ser consideradas secretas por razones de seguridad nacional. Dejando las consideraciones prácticas de lado, la creación de los primeros tribunales de guerra del país desde la Primera Guerra Mundial envió un mensaje simbólico, colocando a los extremistas islámicos en la misma clase que los nazis alemanes. Además, los tribunales se ajustan a una estrategia más amplia del gobierno de Bush para reafirmar y expandir la autoridad del presidente después del 11 de septiembre de 2001. El poder ejecutivo tendrá el control absoluto. El Congreso -el órgano encargado por la Constitución de convocar a los tribunales militares- fue no solamente dejado de lado para el establecimiento de esos tribunales, sino que tampoco fue consultado sobre cómo funcionarían. En lugar de eso, los abogados del gobierno escribieron todas las reglas, desde la composición de las comisiones hasta las normas que definen las evidencias admisibles y la definición misma de qué constituye un crimen de guerra. El poder judicial también fue dejado fuera del proceso: los veredictos disputados serán revisados, no por una corte federal de apelaciones, sino por una comisión de tres miembros nombrada por el ministro de Defensa, Donald H. Rumsfeld.
La primer tanda de acusados en los tribunales, Hamdan y otros tres, fueron escogidos cuidadosamente y luego investigados repetidas veces en su paso por la cadena de mando. Sumarios de los casos fueron entregados por los abogados militares nombrados, al equipo de fiscales y al asesor de tribunales del Pentágono, y a Paul D. Wolfowitz, entonces subsecretario de Defensa, y al presidente Bush. Originalmente Hamdan fue designado para ser el primer árabe procesado.
Aunque el gobierno no ha acusado a Hamdan por ser miembro de Al Qaeda, lo acusa de haber recogido y distribuido armas para ser usadas por miembros de Al Qaeda, haber seguido cursos de adiestramiento en un campo de Al Qaeda y servido como guardaespaldas y chofer de bin Laden. La acusación formal contra él es de conspiración, que el gobierno define como haberse "unido a una empresa de personas con un propósito criminal compartido". En cierto sentido, el cargo de conspiración es lógico para procesar a los miembros de organizaciones como Al Qaeda, que dividen sus tareas deliberadamente e informan a muy poca gente de sus operaciones. "Para entender la naturaleza de algunas operaciones, para revelar la estructura de lo que los hace efectivos, tienes que concentrarte en los diferentes tipos de contribuciones, desde el que vigila los objetivos hasta el transportista de las armas y el financista", dice Ruth Wedgwood, profesor de leyes en la Universidad John Hopkins, que ayudó al Pentágono a revisar algunas de las reglas de los tribunales.
En los tribunales penales norteamericanos, la conspiración es especialmente popular entre fiscales que persiguen a bandas del crimen organizado; les da la posibilidad de influir en los peones para que testifiquen contra sus superiores. En el contexto de los tribunales por crímenes de guerra, sin embargo, el cargo de conspiración se complica. Debido a que no puede ser aplicado a los acusados de cualquier nivel, puede crear una equivalencia moral entre participantes de bajo nivel y jefes. Este mismo problema se observó en Nuremberg, cuando un fiscal general del gobierno de Roosevelt atacó una propuesta del Pentágono para acusar por conspiración a soldados alemanes, porque podría, a ojos del mundo, debilitar el impacto de las acusaciones contra los líderes nazis. (La propuesta no fue adoptada nunca). Lo que es más, debido a que la conspiración es un cargo tan amplio y flexible, es fácil para que los fiscales pueden apoyarse cuando sus pruebas de culpabilidad son escasas. El sistema de tribunales penales estadounidenses tiene numerosas garantías contra esto -juicios de jurado, jueces que son aislados de la política, acceso a cortes de apelaciones independientes-, la mayoría de las cuales están ausentes en esos tribunales. "En el sistema penal estadounidense, podemos tener una doctrina de la conspiración porque tenemos este conjunto único de fuertes garantías", dice Neal Katyal, un profesor de leyes de la Universidad de Georgetown, el arquitecto de la demanda de Hamdan contra el gobierno estadounidense y paladín del cargo de conspiración en el contexto criminal. "Pero cuando se trata de juicios por crímenes de guerra, el consenso internacional es que la conspiración es inadmisible. Cuando el Congreso estadounidense definió los crímenes de guerra en dos estatutos de 1996 y 1997, no incluyó el delito de conspiración".
8 de enero de 2006
©new york times
©traducción mQh
0 comentarios