víctimas de la justicia
[Henry Weinstein] Un congreso en UCLA reúne a personas injustamente condenadas para que compartan sus experiencias y exijan cambios en la ley.
Subieron al escenario uno por uno y se presentaron a sí mismos, cada uno de ellos la personificación de la falibilidad del sistema judicial en California.
"Mi nombre es Herman Atkins", dijo un hombre alto, de coleta. "El estado de California me robó doce años de mi vida por una violación y un asalto, en Riverside, que no cometí".
"Buenos días, mi nombre es Gloria Killian", dijo una bienhablada mujer de edad mediana. "El estado me robó 22 años de mi vida por un robo y asesinato, en Sacramento, que no cometí".
"Buenos días. Mi nombre es Ken Marsch", dijo un tercer participante. "El estado me robó 21 años de mi vida por un homicidio, en 1983 en San Diego, que no cometí".
Diecisiete personas en total repitieron el punto ante un repleto salón de baile de la UCLA el sábado: que aunque ahora eran libres, innumerables personas inocentes se encuentran en prisiones del estado. Atkins, Killian, Marsh y los otros fueron condenados injustamente y exonerados años después.
Participaron en el evento llamado ‘Las caras de las condenas injustas', para dramatizar las fallas en el sistema de justicia criminal del estado. La reunión fue auspiciada por la Unión Americana de Libertades Cívicas AUCL, Death Penalty Focus, Amnistía Internacional y otras organizaciones.
Se produce en momentos en que una comisión del estado formada por el Senado está empezando a estudiar y revisar el sistema de justicia criminal de California, con particular énfasis en las causas de condenas injustas y posibles disparidades en cómo se dictaron sentencias de muerte. El ex fiscal general de California, John Van de Kamp, presidente de la comisión; el fiscal de San Francisco, Jon Streeter, vice-presidente; y el profesor de leyes de la Universidad de Santa Clara, Gerald Uelmen, el presidente de la comisión, se encontraban todos entre los asistentes.
"Sabemos que el sistema es imperfecto", dijo Kent Scheidegger, director jurídico de la Fundación Legal Justicia Criminal, una organización pro-policial en Sacramento, en una conferencia telefónica. Si la comisión propone las reformas que se necesitan, será bueno para todos, dijo.
Sin embargo, Scheidegger agregó que pensaba que los individuos condenados a penas largas, antes que a la pena de muerte, eran "más vulnerables" a errores en sus casos, porque los reclusos del corredor de la muerte contaban con más asistencia jurídica después de la condena.
Después de identificarse a sí mismos y la duración de sus períodos tras las rejas, los participantes en la ceremonia del sábado colgaron sus esposas en una panel del escenario y luego diez pares más a nombre en los llamados exonerados incapaces de asistir al congreso de dos días.
Cuando la ceremonia de media hora, el primero de su clase en California, concluyó, los asistentes dieron al grupo de ex presidiarios una prolongada ovación de pie.
Los oradores eran un grupo variado. Unos pocos, tales como Atkins, fueron exonerados como resultado de evidencias de ADN descubiertas después de los juicios. Pero la mayoría -incluyendo a Killian y Marsh- obtuvieron su libertad después de largas batallas legales en las que no hubo una bala mágica como el ADN.
Eran blancos, afro-americanos, latinos y asiático-americanos y un nativo americano. Venían de tan del sur como San Diego y de tan lejos del norte como Yreka. Excepto Killian, todos eran hombres.
Sirvieron tan poco como un año -Bobby Herrera, por asalto en el condado de Santa Clara- y tanto como 24 años -Thomas Goldstein, por homicidio en Long Beach. Dos de ellos estuvieron en el corredor de la muerte.
Los sumarios de sus casos indican que fueron víctimas de problemas tales como identificaciones erróneas de testigos, dudosos informantes de cárceles, fracasos policiales y fiscales que ocultaron evidencias exculpatorias y análisis forenses erróneos.
Desde 1989, en California, más de 200 personas han sido condenadas injustamente, dijo Jeffrey Chin, subdirector del Proyecto Inocencia de la Facultad de Leyes de la Universidad de California del Oeste en San Diego, uno de los patrocinadores del congreso.
Esto es, una al mes, dice la senadora del estado Gloria Romero (demócrata, Los Angeles), que abrió el congreso. Romero ha estado exigiendo una moratoria de la pena de muerte, pero es una batalla cuesta arriba. "De acuerdo al último sondeo de Field Poll, un 63 por ciento de los californianos son partidarios de la pena de muerte", dijo. "Tenemos mucho que hacer todavía".
Natasha Minsker, de la AUCL, dijo que el propósito del congreso era doble: llamar la atención sobre "las condenas injustas y proponer soluciones estratégicas para cambios que soy muy necesarios".
El profesor de leyes Lawrence Marshall de la Universidad de Stanford, que jugó un papel clave en sacar a varios condenados a muerte del corredor de la muerte de Illinois cuando estaba enseñando en ese estado en los años noventa, calificó el evento del sábado "verdaderamente impactante".
"Es tiempo de que California reconozca su capacidad de error" en su sistema de justicia criminal, dijo.
En noviembre de 1998, Marshall organizó el primer congreso nacionales de exonerados del corredor de la muerte en la Facultad de Leyes de la Northwestern. Se cree que ese evento creó el marco para la moratoria sobre la pena de muerte en Illinois y de importantes cambios en el sistema allá.
Más ampliamente, hizo que los estadounidenses tomaran conciencia de que había gente inocente que estaba siendo enviada al corredor de la muerte en todo el país.
Aunque el congreso del sábado incluyó varios paneles relacionados con la pena de muerte, la reunión en el UCLA tenía un tema más amplio, especialmente debido a que la mayoría de los exonerados de California habían estado cumpliendo sentencias largas antes que esperando la ejecución. California tiene más individuos -al menos 28 mil- cumpliendo penas de prisión que cualquier otro estado.
Durante el día los exonerados intercambiaron experiencias entre ellos y con sus audiencias. La mayoría se mostró optimista, pero sus sufrimientos eran evidentes.
Marsh, por ejemplo, adquirió durante sus años en la cárcel una ansiedad de separación de su esposa Brenda tan grande, que no puede soportar estar sin ella, excepto unos instantes para tomarse una foto de grupo con otros condenados inocentes.
Ella lo acompañó en la foto y también cuando subió al escenario.
Él la presentó diciendo que había estado en su propia cárcel durante los 21 años que él estuvo preso.
A pesar de la pérdida de tantos años de sus vidas, varios exonerados dijeron en entrevistas que no estaban resentidos. "El resentimiento y la ira te destruyen", dijo Killian, que era una estudiante de derecho cuando un hombre implicado en un homicidio en Sacramento inventó la historia de que ella había sido el cerebro del asesinato. Ahora de 59 Killian ha creado una organización sin fines de lucro, Comité de Acción para Mujeres en Prisión, con sede en Pasadena.
Vive con Joyce Ride, la madre de la ex astronauta Sally Ride, que gastó miles de dólares de su propio dinero para contratar a un detective y un abogado de apelaciones para revisar el caso de Killian después de visitarla en la cárcel y convencerse de su inocencia.
"Mi tema", dijo Killian, "son las mujeres que dejé atrás en la cárcel y los cambios que pueda introducir para que esto no le vuelva a ocurrir a nadie más".
Subieron al escenario uno por uno y se presentaron a sí mismos, cada uno de ellos la personificación de la falibilidad del sistema judicial en California."Mi nombre es Herman Atkins", dijo un hombre alto, de coleta. "El estado de California me robó doce años de mi vida por una violación y un asalto, en Riverside, que no cometí".
"Buenos días, mi nombre es Gloria Killian", dijo una bienhablada mujer de edad mediana. "El estado me robó 22 años de mi vida por un robo y asesinato, en Sacramento, que no cometí".
"Buenos días. Mi nombre es Ken Marsch", dijo un tercer participante. "El estado me robó 21 años de mi vida por un homicidio, en 1983 en San Diego, que no cometí".
Diecisiete personas en total repitieron el punto ante un repleto salón de baile de la UCLA el sábado: que aunque ahora eran libres, innumerables personas inocentes se encuentran en prisiones del estado. Atkins, Killian, Marsh y los otros fueron condenados injustamente y exonerados años después.
Participaron en el evento llamado ‘Las caras de las condenas injustas', para dramatizar las fallas en el sistema de justicia criminal del estado. La reunión fue auspiciada por la Unión Americana de Libertades Cívicas AUCL, Death Penalty Focus, Amnistía Internacional y otras organizaciones.
Se produce en momentos en que una comisión del estado formada por el Senado está empezando a estudiar y revisar el sistema de justicia criminal de California, con particular énfasis en las causas de condenas injustas y posibles disparidades en cómo se dictaron sentencias de muerte. El ex fiscal general de California, John Van de Kamp, presidente de la comisión; el fiscal de San Francisco, Jon Streeter, vice-presidente; y el profesor de leyes de la Universidad de Santa Clara, Gerald Uelmen, el presidente de la comisión, se encontraban todos entre los asistentes.
"Sabemos que el sistema es imperfecto", dijo Kent Scheidegger, director jurídico de la Fundación Legal Justicia Criminal, una organización pro-policial en Sacramento, en una conferencia telefónica. Si la comisión propone las reformas que se necesitan, será bueno para todos, dijo.
Sin embargo, Scheidegger agregó que pensaba que los individuos condenados a penas largas, antes que a la pena de muerte, eran "más vulnerables" a errores en sus casos, porque los reclusos del corredor de la muerte contaban con más asistencia jurídica después de la condena.
Después de identificarse a sí mismos y la duración de sus períodos tras las rejas, los participantes en la ceremonia del sábado colgaron sus esposas en una panel del escenario y luego diez pares más a nombre en los llamados exonerados incapaces de asistir al congreso de dos días.
Cuando la ceremonia de media hora, el primero de su clase en California, concluyó, los asistentes dieron al grupo de ex presidiarios una prolongada ovación de pie.
Los oradores eran un grupo variado. Unos pocos, tales como Atkins, fueron exonerados como resultado de evidencias de ADN descubiertas después de los juicios. Pero la mayoría -incluyendo a Killian y Marsh- obtuvieron su libertad después de largas batallas legales en las que no hubo una bala mágica como el ADN.
Eran blancos, afro-americanos, latinos y asiático-americanos y un nativo americano. Venían de tan del sur como San Diego y de tan lejos del norte como Yreka. Excepto Killian, todos eran hombres.
Sirvieron tan poco como un año -Bobby Herrera, por asalto en el condado de Santa Clara- y tanto como 24 años -Thomas Goldstein, por homicidio en Long Beach. Dos de ellos estuvieron en el corredor de la muerte.
Los sumarios de sus casos indican que fueron víctimas de problemas tales como identificaciones erróneas de testigos, dudosos informantes de cárceles, fracasos policiales y fiscales que ocultaron evidencias exculpatorias y análisis forenses erróneos.
Desde 1989, en California, más de 200 personas han sido condenadas injustamente, dijo Jeffrey Chin, subdirector del Proyecto Inocencia de la Facultad de Leyes de la Universidad de California del Oeste en San Diego, uno de los patrocinadores del congreso.
Esto es, una al mes, dice la senadora del estado Gloria Romero (demócrata, Los Angeles), que abrió el congreso. Romero ha estado exigiendo una moratoria de la pena de muerte, pero es una batalla cuesta arriba. "De acuerdo al último sondeo de Field Poll, un 63 por ciento de los californianos son partidarios de la pena de muerte", dijo. "Tenemos mucho que hacer todavía".
Natasha Minsker, de la AUCL, dijo que el propósito del congreso era doble: llamar la atención sobre "las condenas injustas y proponer soluciones estratégicas para cambios que soy muy necesarios".
El profesor de leyes Lawrence Marshall de la Universidad de Stanford, que jugó un papel clave en sacar a varios condenados a muerte del corredor de la muerte de Illinois cuando estaba enseñando en ese estado en los años noventa, calificó el evento del sábado "verdaderamente impactante".
"Es tiempo de que California reconozca su capacidad de error" en su sistema de justicia criminal, dijo.
En noviembre de 1998, Marshall organizó el primer congreso nacionales de exonerados del corredor de la muerte en la Facultad de Leyes de la Northwestern. Se cree que ese evento creó el marco para la moratoria sobre la pena de muerte en Illinois y de importantes cambios en el sistema allá.
Más ampliamente, hizo que los estadounidenses tomaran conciencia de que había gente inocente que estaba siendo enviada al corredor de la muerte en todo el país.
Aunque el congreso del sábado incluyó varios paneles relacionados con la pena de muerte, la reunión en el UCLA tenía un tema más amplio, especialmente debido a que la mayoría de los exonerados de California habían estado cumpliendo sentencias largas antes que esperando la ejecución. California tiene más individuos -al menos 28 mil- cumpliendo penas de prisión que cualquier otro estado.
Durante el día los exonerados intercambiaron experiencias entre ellos y con sus audiencias. La mayoría se mostró optimista, pero sus sufrimientos eran evidentes.
Marsh, por ejemplo, adquirió durante sus años en la cárcel una ansiedad de separación de su esposa Brenda tan grande, que no puede soportar estar sin ella, excepto unos instantes para tomarse una foto de grupo con otros condenados inocentes.
Ella lo acompañó en la foto y también cuando subió al escenario.
Él la presentó diciendo que había estado en su propia cárcel durante los 21 años que él estuvo preso.
A pesar de la pérdida de tantos años de sus vidas, varios exonerados dijeron en entrevistas que no estaban resentidos. "El resentimiento y la ira te destruyen", dijo Killian, que era una estudiante de derecho cuando un hombre implicado en un homicidio en Sacramento inventó la historia de que ella había sido el cerebro del asesinato. Ahora de 59 Killian ha creado una organización sin fines de lucro, Comité de Acción para Mujeres en Prisión, con sede en Pasadena.
Vive con Joyce Ride, la madre de la ex astronauta Sally Ride, que gastó miles de dólares de su propio dinero para contratar a un detective y un abogado de apelaciones para revisar el caso de Killian después de visitarla en la cárcel y convencerse de su inocencia.
"Mi tema", dijo Killian, "son las mujeres que dejé atrás en la cárcel y los cambios que pueda introducir para que esto no le vuelva a ocurrir a nadie más".
9 de abril de 2006
©los angeles times
©traducción mQh
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