torturas en chicago
[Carlos Sadovi y Bob Secter] Agentes de policía torturaban a detenidos.
Chicago, Estados Unidos. El ex comandante de la policía de Chicago, Jon Burge, dirigió las torturas de detenidos durante dos décadas, obteniendo decenas de confesiones con puñetazos, patadas, quemaduras de radiador, pistolas en la boca, bolsas sobre la cabeza y descargas eléctricas en los genitales, dijeron el miércoles los fiscales especiales.
Como conclusión de una pesquisa de cuatro años, los fiscales hicieron un retrato de un sistema de justicia penal donde altos funcionarios que tenían autoridad para detener a Burge -entre ellos el alcalde Richard Daley cuando era fiscal del condado de Cook-, parecían ser ciegos ante los maltratos.
Pero, según los fiscales, es demasiado tarde para presentar cargos formales contra Burge o los otros agentes. Los delitos han prescrito hace años para casos que se extendieron de los años setenta hasta los ochenta.
Los fiscales reservaron sus críticas para el ex comisario de la policía de Chicago, Richard Brzeczek, que sirvió bajo el alcalde Jane Byrne.
Brzeczek se hizo culpable de ‘abandono de deberes', porque no intervino a comiezos de los años ochenta cuando había sospechas de que Burge y los detectives bajo su mando habían torturado a detenidos. Brzeczek elogiaba públicamente a los detectives, aunque en privado tenía sospechas sobre sus métodos, dijeron los fiscales. Su inacción, agregaron, permitió que las torturas de detenidos se prolongaran durante años.
"Hay casos en los que creemos que sería justificado presentar cargos por maltratos a detenidos por parte de agentes de la policía de Chicago", dijeron los fiscales Edward Egan y Robert Boyle.
Sus conclusiones podrían aparecer en dos demandas civiles interpuestas por ex condenados a muerte contra Burge y el ayuntamiento. Funcionarios en la oficina de defensuría del estado dijeron que estudiarán el informe para ver si encuentran evidencias de otras condenas injustas contra las que se pueda apelar.
Entretanto, la oficina de fiscal federal Patrick Fitzgerald pidió una copia del informe de 290 páginas. Durante el gobierno de Clinton, el ministerio de Justicia había examinado las acusaciones de tortura contra Burge y determinado que habían prescrito.
No está claro qué puede hacer Fitzgerald con las nuevas informaciones, pero abogados de derechos civiles dijeron que podría proporcionar una hoja de ruta para que los fiscales investiguen posibles violaciones de derechos civiles cometidas por Burge y otros, incluyendo a funcionarios de alto nivel que pueden haber hecho la vista gorda.
Al mismo tiempo, sin embargo, los fiscales especiales dijeron que su investigación arrojaba dudas sobre acusaciones de torturas hechas por un puñado de ex reclusos del Corredor de la Muerte indultados por el ex gobernador George Ryan, que dijo que sus confesiones fueron obtenidas con apremios por Burge.
Los fiscales especiales dijeron que ellos no creían que Leroy Orange hubiera sido torturado y tenían sospechas de las acusaciones de Madison Hobley, Stanley Howard y, en menor medida, Aaron Patterson.
Burge fue despedido por la Comisión de la Policía de Chicago en 1993 después de haber torturado a un sospechoso de homicidio. Vive en Florida y todavía recibe una pensión mensual de la ciudad de más de 3.400 dólares.
Burge ha negado sistemáticamente las acusaciones de tortura. Su abogado Richard T. Sikes Jr., dijo el miércoles que Burge "persiste" en su alegato, y señaló el escepticismo del informe sobre algunas acusaciones de tortura como pruebas parciales de su inocencia.
El ayuntamiento ha gastado al menos 7 millones de dólares en defenderse a sí mismo de demandas entabladas en relación con acusaciones de torturas cometidas por Burge y sus detectives, que invocó la quinta enmienda contra la auto-incriminación cuando fue llamado a declarar ante un gran jurado. El fiscal especial de la investigación cuesta casi 6.2 millones de dólares.
"Es una desgracia que haya quien piense que es necesario torturar a la gente para resolver delitos", dijo Boyle.
Egan, antiguo juez y fiscal, y Boyle, también un ex fiscal, fueron nombrados en 2002 por el juez presidente del Tribunal Penal Paul Biebel Jr. para investigar las persistentes acusaciones contra Burge. Egan y Boyle dijeron que ellos iniciaron detalladas investigaciones de 148 casos, casi todos ellos de sospechosos de minorías étnicas, y concluyeron que la mitad de ellas eran verosímiles.
Egan y Boyle dijeron que las evidencias de los maltratos en al menos tres de los casos eran tan abundantes que estaban convencidos de que podrían probar las acusaciones más allá de toda duda razonable si hubiese un juicio.
Los casos más conocidos implicaron a Andrew Wilson, detenido en 1982 con su hermano por el asesinato de dos agentes de policía de Chicago. Los fiscales especiales dijeron que Wilson confesó bajo apremios, supuestamente aplicados por Burge y sus hombres, y que su confesión fue utilizada más tarde para condenarlo.
La sentencia y la pena de muerte fueron revocadas, pero fue condenado en otro juicio y está cumpliendo cadena perpetua. Sus abogados reconocen ahora su culpabilidad, dice el informe.
A pesar de su segunda convicción, Wilson demandó a Burge y otros, alegando que durante su detención fue pateado, golpeado a puñetazos y abofeteado, quemado en un brazo con un cigarrillo y que le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza. Wilson dijo que Burge, que era entonces comandante del Área 2 de la unidad de delitos violentos del Lado Sur, le aplicó artefactos que le produjeron descargas eléctricas en su oído, dedos y genitales y lo empujó contra un radiador caliente, ocasionándole quemaduras. Burge también puso un arma en la boca del sospechoso y apretó el gatillo, dijo Wilson.
En una declaración ante el tribunal Burge negó las acusaciones.
Un doctor de la cárcel del condado de Cook que examinó más tarde a Wilson envió una carta a Brzeczek, indicando que Wilson había sido golpeado y torturado. Agregando una nota a la carta del doctor, Brzeczek escribió luego a Daley pidiéndole consejos sobre qué hacer. A pesar de los contactos regulares con la oficina de Daley, Brzeczek envió la carta por el correo.
"Si el comisario Brzeczek hubiera cumplido con su deber de investigar el caso de Andrew Wilson, no estaría pasando esto hoy", dijo Egan. "El comisario no hizo ningún examen significativo [de las acusaciones] en esa carta y trató de endilgársela a otros".
Al concentrar las críticas en él, Brzeczek dijo que los fiscales especiales esquivaron una explicación completa de la responsabilidad que puede haber tenido Daley, así como de la conducta de los jefes más inmediatos de Burge.
La responsabilidad de tratar las acusaciones terminaba con William Kunkle, entonces fiscal del estado adjunto y el fiscal asignado al caso de Wilson, que no hizo nada contra Burge.
El informe criticó a Kunkle, ahora juez del condado de Cook, por sus cambiantes explicaciones de las marcas de quemaduras en Wilson. Los fiscales especiales dijeron que las marcas de quemaduras eran la corroboración física más importante de las acusaciones de tortura de parte de Wilson.
Kunkle trató de convencer a los fiscales especiales de que los agentes que trasladaron a Wilson después del interrogatorio le habían causado esas quemaduras. El informe se burla de esa posibilidad, en parte porque los agentes encargados no fueron nunca interrogados sobre Wilson ni acusados de haberlo maltratado.
El fiscal del estado Richard Devine, que fue el fiscal segundo de Daley a principios de los años ochenta, dijo que las acusaciones de abusos sistemáticos en Área 2 no habían "cristalizado" en esa época y no era inverosímil que los acusados en un caso de homicidio notorio reclamaran más tarde que habían confesado bajo apremios.
"No podemos deshacer el pasado", dijo. "Sólo podemos comprometernos a hacer todo lo posible para evitar que estos abusos ocurran en el futuro".
El edil Ed Smith, presidente del caucus negro del ayuntamiento, dijo que pensaba que era "absolutamente repugnante" que Burge no fuera procesado.
"Esta fue una de las cosas que la gente comentó hace tiempo, que estaban retrasando el proceso para permitir que esto ocurriera, porque sabían que era culpable", dijo Smith. "Ahora eso se hace verosímil".
Chicago, Estados Unidos. El ex comandante de la policía de Chicago, Jon Burge, dirigió las torturas de detenidos durante dos décadas, obteniendo decenas de confesiones con puñetazos, patadas, quemaduras de radiador, pistolas en la boca, bolsas sobre la cabeza y descargas eléctricas en los genitales, dijeron el miércoles los fiscales especiales.Como conclusión de una pesquisa de cuatro años, los fiscales hicieron un retrato de un sistema de justicia penal donde altos funcionarios que tenían autoridad para detener a Burge -entre ellos el alcalde Richard Daley cuando era fiscal del condado de Cook-, parecían ser ciegos ante los maltratos.
Pero, según los fiscales, es demasiado tarde para presentar cargos formales contra Burge o los otros agentes. Los delitos han prescrito hace años para casos que se extendieron de los años setenta hasta los ochenta.
Los fiscales reservaron sus críticas para el ex comisario de la policía de Chicago, Richard Brzeczek, que sirvió bajo el alcalde Jane Byrne.
Brzeczek se hizo culpable de ‘abandono de deberes', porque no intervino a comiezos de los años ochenta cuando había sospechas de que Burge y los detectives bajo su mando habían torturado a detenidos. Brzeczek elogiaba públicamente a los detectives, aunque en privado tenía sospechas sobre sus métodos, dijeron los fiscales. Su inacción, agregaron, permitió que las torturas de detenidos se prolongaran durante años.
"Hay casos en los que creemos que sería justificado presentar cargos por maltratos a detenidos por parte de agentes de la policía de Chicago", dijeron los fiscales Edward Egan y Robert Boyle.
Sus conclusiones podrían aparecer en dos demandas civiles interpuestas por ex condenados a muerte contra Burge y el ayuntamiento. Funcionarios en la oficina de defensuría del estado dijeron que estudiarán el informe para ver si encuentran evidencias de otras condenas injustas contra las que se pueda apelar.
Entretanto, la oficina de fiscal federal Patrick Fitzgerald pidió una copia del informe de 290 páginas. Durante el gobierno de Clinton, el ministerio de Justicia había examinado las acusaciones de tortura contra Burge y determinado que habían prescrito.
No está claro qué puede hacer Fitzgerald con las nuevas informaciones, pero abogados de derechos civiles dijeron que podría proporcionar una hoja de ruta para que los fiscales investiguen posibles violaciones de derechos civiles cometidas por Burge y otros, incluyendo a funcionarios de alto nivel que pueden haber hecho la vista gorda.
Al mismo tiempo, sin embargo, los fiscales especiales dijeron que su investigación arrojaba dudas sobre acusaciones de torturas hechas por un puñado de ex reclusos del Corredor de la Muerte indultados por el ex gobernador George Ryan, que dijo que sus confesiones fueron obtenidas con apremios por Burge.
Los fiscales especiales dijeron que ellos no creían que Leroy Orange hubiera sido torturado y tenían sospechas de las acusaciones de Madison Hobley, Stanley Howard y, en menor medida, Aaron Patterson.
Burge fue despedido por la Comisión de la Policía de Chicago en 1993 después de haber torturado a un sospechoso de homicidio. Vive en Florida y todavía recibe una pensión mensual de la ciudad de más de 3.400 dólares.
Burge ha negado sistemáticamente las acusaciones de tortura. Su abogado Richard T. Sikes Jr., dijo el miércoles que Burge "persiste" en su alegato, y señaló el escepticismo del informe sobre algunas acusaciones de tortura como pruebas parciales de su inocencia.
El ayuntamiento ha gastado al menos 7 millones de dólares en defenderse a sí mismo de demandas entabladas en relación con acusaciones de torturas cometidas por Burge y sus detectives, que invocó la quinta enmienda contra la auto-incriminación cuando fue llamado a declarar ante un gran jurado. El fiscal especial de la investigación cuesta casi 6.2 millones de dólares.
"Es una desgracia que haya quien piense que es necesario torturar a la gente para resolver delitos", dijo Boyle.
Egan, antiguo juez y fiscal, y Boyle, también un ex fiscal, fueron nombrados en 2002 por el juez presidente del Tribunal Penal Paul Biebel Jr. para investigar las persistentes acusaciones contra Burge. Egan y Boyle dijeron que ellos iniciaron detalladas investigaciones de 148 casos, casi todos ellos de sospechosos de minorías étnicas, y concluyeron que la mitad de ellas eran verosímiles.
Egan y Boyle dijeron que las evidencias de los maltratos en al menos tres de los casos eran tan abundantes que estaban convencidos de que podrían probar las acusaciones más allá de toda duda razonable si hubiese un juicio.
Los casos más conocidos implicaron a Andrew Wilson, detenido en 1982 con su hermano por el asesinato de dos agentes de policía de Chicago. Los fiscales especiales dijeron que Wilson confesó bajo apremios, supuestamente aplicados por Burge y sus hombres, y que su confesión fue utilizada más tarde para condenarlo.
La sentencia y la pena de muerte fueron revocadas, pero fue condenado en otro juicio y está cumpliendo cadena perpetua. Sus abogados reconocen ahora su culpabilidad, dice el informe.
A pesar de su segunda convicción, Wilson demandó a Burge y otros, alegando que durante su detención fue pateado, golpeado a puñetazos y abofeteado, quemado en un brazo con un cigarrillo y que le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza. Wilson dijo que Burge, que era entonces comandante del Área 2 de la unidad de delitos violentos del Lado Sur, le aplicó artefactos que le produjeron descargas eléctricas en su oído, dedos y genitales y lo empujó contra un radiador caliente, ocasionándole quemaduras. Burge también puso un arma en la boca del sospechoso y apretó el gatillo, dijo Wilson.
En una declaración ante el tribunal Burge negó las acusaciones.
Un doctor de la cárcel del condado de Cook que examinó más tarde a Wilson envió una carta a Brzeczek, indicando que Wilson había sido golpeado y torturado. Agregando una nota a la carta del doctor, Brzeczek escribió luego a Daley pidiéndole consejos sobre qué hacer. A pesar de los contactos regulares con la oficina de Daley, Brzeczek envió la carta por el correo.
"Si el comisario Brzeczek hubiera cumplido con su deber de investigar el caso de Andrew Wilson, no estaría pasando esto hoy", dijo Egan. "El comisario no hizo ningún examen significativo [de las acusaciones] en esa carta y trató de endilgársela a otros".
Al concentrar las críticas en él, Brzeczek dijo que los fiscales especiales esquivaron una explicación completa de la responsabilidad que puede haber tenido Daley, así como de la conducta de los jefes más inmediatos de Burge.
La responsabilidad de tratar las acusaciones terminaba con William Kunkle, entonces fiscal del estado adjunto y el fiscal asignado al caso de Wilson, que no hizo nada contra Burge.
El informe criticó a Kunkle, ahora juez del condado de Cook, por sus cambiantes explicaciones de las marcas de quemaduras en Wilson. Los fiscales especiales dijeron que las marcas de quemaduras eran la corroboración física más importante de las acusaciones de tortura de parte de Wilson.
Kunkle trató de convencer a los fiscales especiales de que los agentes que trasladaron a Wilson después del interrogatorio le habían causado esas quemaduras. El informe se burla de esa posibilidad, en parte porque los agentes encargados no fueron nunca interrogados sobre Wilson ni acusados de haberlo maltratado.
El fiscal del estado Richard Devine, que fue el fiscal segundo de Daley a principios de los años ochenta, dijo que las acusaciones de abusos sistemáticos en Área 2 no habían "cristalizado" en esa época y no era inverosímil que los acusados en un caso de homicidio notorio reclamaran más tarde que habían confesado bajo apremios.
"No podemos deshacer el pasado", dijo. "Sólo podemos comprometernos a hacer todo lo posible para evitar que estos abusos ocurran en el futuro".
El edil Ed Smith, presidente del caucus negro del ayuntamiento, dijo que pensaba que era "absolutamente repugnante" que Burge no fuera procesado.
"Esta fue una de las cosas que la gente comentó hace tiempo, que estaban retrasando el proceso para permitir que esto ocurriera, porque sabían que era culpable", dijo Smith. "Ahora eso se hace verosímil".
Matt O'Connor, David Heinzmann, Dan Mihalopoulos, Steve Mills y Maurice Possley contribuyeron a este reportaje.
csadovi@tribune.com
bsecter@tribune.com
20 de julio de 2006
©chicago tribune
©traducción mQh
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