juzgados en el banquillo 2
[William Glaberson] En pequeños tribunales orales de Nueva York abundan los abusos de la ley y de poder. Justicia en la oscuridad.
Es tentador ver a los juzgados orales como débiles y poco relevantes porque el grueso de sus intervenciones tiene que ver con violaciones de tráfico. Sin embargo, entre sus 2.2 millones de casos, los juzgados tratan más de 300 casos criminales al año. Los jueces pueden imponer sentencias de cárcel de hasta dos años. Incluso en los casos más nimios, algunos han ejercido atribuciones e impuesto castigos mucho más allá de lo que permite la ley.
La razón es simple: Muchos no conocen la ley. O no les importa. Los jueces no son aprobados ni se verifica su competencia, temperamento ni incluso si saben leer. La única exigencia es que sean elegidos. Pero a menudo los electores no tienen ni idea del poder de los jueces ni de sus antecedentes a veces manchados.
Para casi el 75 por ciento de jueces que no son abogados, el único adiestramiento inicial consiste en seis días de clases ofrecidas por el estado, seguidas de un test verdadero o falso tan rudimentario que el funcionario que lo toma dijo que desde 1999 sólo un candidato había reprobado. Una pregunta simple para los jueces: "Los jueces de juzgados orales deben mantener la dignidad, el orden y el decoro en sus salas" -¿verdadero o falso?
El resultado, muestran archivos y entrevistas, es un sistema judicial de segunda clase.
La primera clase -los juzgados municipales, del condado y superiores- son conocidos por todos los que han servido de jurado o han visto ‘La ley y el orden': difícilmente perfecta, pero un lugar donde hay jueces preparados, personal subalterno y reglas estrictas. Los juzgados de pueblos y aldeas en los peldaños más bajos y remotos descansan en jueces de tiempo parcial, la mayoría de ellos mal pagados, algunos sin un solo empleado. Esos jueces -dos tercios de todos los jueces del estado- no están obligados a transcribir ni grabar las vistas, así que a menudo es difícil recurrir sus decisiones.
Cuando se desvían demasiado, la Comisión Encargada de la Conducta Judicial -una comisión de abogados, jueces y otros- no puede hacer más que tratar de limitar los daños.
Mil ciento cuarenta jueces han recibido algún tipo de reprimenda en las últimas tres décadas -un promedio de unos cuarenta al año, sea amonestados privadamente, reprochados públicamente o despedidos. Son seriamente reprendidos a una tasa más empinada que sus colegas de tribunales de un nivel superior.
La Oficina de Administración de Tribunales, que gestiona el sistema de tribunales del estado, no pretende que sabe demasiado sobre lo que ocurre en los juzgados orales. Aparte de sus nombres, edades y domicilios, tiene poca información sobre los jueces. Debido a que son pagados por los ayuntamientos y libremente integrados en el sistema de tribunales, "tenemos un control administrativo limitado, y un control económico muy, muy limitado", dice Jan H. Plumadore, juez administrativo segundo para todos los juzgados de fuera de la Ciudad de Nueva York.
Los juzgados también manejan dinero -más de 200 millones de dólares al año en multas y matrículas. Pero la oficina de la contraloría del estado, que antes realizaba decenas de auditorías de los juzgados al año, ahora sólo realiza un puñado. Cuando investigó recientemente, haciendo la auditoría de una decena de juzgados, constató serios problemas con la administración financiera y calculó que al año desaparecen millones de dólares de los juzgados en todo el país.
Norman P. Effman ha sido abogado de oficio en el condado de Wyomig durante dieciséis años, donde dijo que sólo uno de los 37 jueces era abogado. En un testimonio el año pasado, describió los juzgados como un reino olvidado: un sistema de justicia que es una "puerta cerrada, en la parte de atrás de la casa de alguien, en el granero, en el departamento de autopistas, sin actas".
"La realidad", dijo ante una comisión del estado, "es que si dejas a la justicia en la oscuridad, esta se mantiene en la oscuridad".
Esa comisión, que estaba estudiando cómo trata el sistema de tribunales a la gente pobre, publicó un estudio en junio diciendo que los juzgados orales conformaban "un sistema fracturado y defectuoso". Y hace poco la Oficina de Administración de Tribunales dijo que planeaba empezar a ocuparse de esos defectos -por ejemplo, tomar medidas para subir al doble las horas de adiestramiento inicial y cerciorarse de que se llevase acta de los procedimientos.
Pero esas medidas no abordan algunos de los problemas más graves: el uso de jueces que no son abogados, y la deficiente supervisión del estado.
Esta no es la primera vez que los juzgados orales son investigados. "Probablemente el rasgo más insatisfactorio de la administración de la ley penal sigue siendo hoy en el estado la obsoleta y anticuada institución conocida como juez de paz", concluyó otra comisión del estado.
Eso fue en 1927.
Es tentador ver a los juzgados orales como débiles y poco relevantes porque el grueso de sus intervenciones tiene que ver con violaciones de tráfico. Sin embargo, entre sus 2.2 millones de casos, los juzgados tratan más de 300 casos criminales al año. Los jueces pueden imponer sentencias de cárcel de hasta dos años. Incluso en los casos más nimios, algunos han ejercido atribuciones e impuesto castigos mucho más allá de lo que permite la ley.La razón es simple: Muchos no conocen la ley. O no les importa. Los jueces no son aprobados ni se verifica su competencia, temperamento ni incluso si saben leer. La única exigencia es que sean elegidos. Pero a menudo los electores no tienen ni idea del poder de los jueces ni de sus antecedentes a veces manchados.
Para casi el 75 por ciento de jueces que no son abogados, el único adiestramiento inicial consiste en seis días de clases ofrecidas por el estado, seguidas de un test verdadero o falso tan rudimentario que el funcionario que lo toma dijo que desde 1999 sólo un candidato había reprobado. Una pregunta simple para los jueces: "Los jueces de juzgados orales deben mantener la dignidad, el orden y el decoro en sus salas" -¿verdadero o falso?
El resultado, muestran archivos y entrevistas, es un sistema judicial de segunda clase.
La primera clase -los juzgados municipales, del condado y superiores- son conocidos por todos los que han servido de jurado o han visto ‘La ley y el orden': difícilmente perfecta, pero un lugar donde hay jueces preparados, personal subalterno y reglas estrictas. Los juzgados de pueblos y aldeas en los peldaños más bajos y remotos descansan en jueces de tiempo parcial, la mayoría de ellos mal pagados, algunos sin un solo empleado. Esos jueces -dos tercios de todos los jueces del estado- no están obligados a transcribir ni grabar las vistas, así que a menudo es difícil recurrir sus decisiones.
Cuando se desvían demasiado, la Comisión Encargada de la Conducta Judicial -una comisión de abogados, jueces y otros- no puede hacer más que tratar de limitar los daños.
Mil ciento cuarenta jueces han recibido algún tipo de reprimenda en las últimas tres décadas -un promedio de unos cuarenta al año, sea amonestados privadamente, reprochados públicamente o despedidos. Son seriamente reprendidos a una tasa más empinada que sus colegas de tribunales de un nivel superior.
La Oficina de Administración de Tribunales, que gestiona el sistema de tribunales del estado, no pretende que sabe demasiado sobre lo que ocurre en los juzgados orales. Aparte de sus nombres, edades y domicilios, tiene poca información sobre los jueces. Debido a que son pagados por los ayuntamientos y libremente integrados en el sistema de tribunales, "tenemos un control administrativo limitado, y un control económico muy, muy limitado", dice Jan H. Plumadore, juez administrativo segundo para todos los juzgados de fuera de la Ciudad de Nueva York.
Los juzgados también manejan dinero -más de 200 millones de dólares al año en multas y matrículas. Pero la oficina de la contraloría del estado, que antes realizaba decenas de auditorías de los juzgados al año, ahora sólo realiza un puñado. Cuando investigó recientemente, haciendo la auditoría de una decena de juzgados, constató serios problemas con la administración financiera y calculó que al año desaparecen millones de dólares de los juzgados en todo el país.
Norman P. Effman ha sido abogado de oficio en el condado de Wyomig durante dieciséis años, donde dijo que sólo uno de los 37 jueces era abogado. En un testimonio el año pasado, describió los juzgados como un reino olvidado: un sistema de justicia que es una "puerta cerrada, en la parte de atrás de la casa de alguien, en el granero, en el departamento de autopistas, sin actas".
"La realidad", dijo ante una comisión del estado, "es que si dejas a la justicia en la oscuridad, esta se mantiene en la oscuridad".
Esa comisión, que estaba estudiando cómo trata el sistema de tribunales a la gente pobre, publicó un estudio en junio diciendo que los juzgados orales conformaban "un sistema fracturado y defectuoso". Y hace poco la Oficina de Administración de Tribunales dijo que planeaba empezar a ocuparse de esos defectos -por ejemplo, tomar medidas para subir al doble las horas de adiestramiento inicial y cerciorarse de que se llevase acta de los procedimientos.
Pero esas medidas no abordan algunos de los problemas más graves: el uso de jueces que no son abogados, y la deficiente supervisión del estado.
Esta no es la primera vez que los juzgados orales son investigados. "Probablemente el rasgo más insatisfactorio de la administración de la ley penal sigue siendo hoy en el estado la obsoleta y anticuada institución conocida como juez de paz", concluyó otra comisión del estado.
Eso fue en 1927.
Jo Craven McGinty contribuyó a este reportaje.
25 de septiembre de 2006
©new york times
©traducción mQh
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