torciendo las reglas en colombia
[Josh Meyer] Varios legisladores dicen que las multinacionales que ayudan a grupos violentos a cambio de protección no están siendo perseguidas.
Washington, Estados Unidos. Durante más de una década, guerrillas de izquierda y grupos paramilitares de derecha en Colombia, han secuestrado o matado a centenas de civiles, líderes sindicales, agentes de policía y soldados y prosperado con el transporte de cocaína y heroína hacia Estados Unidos.
En ese tiempo, varias corporaciones multinacionales estadounidenses han sido acusadas, en lo esencial, de endorsar esas actividades criminales -violando las leyes norteamericanas- proporcionándoles dinero, vehículos y prestando otro tipo de ayuda económica como una póliza de seguro contra atentados contra sus empleados e instalaciones en el país sudamericano.
Pero sólo una de esas compañías -Chiquita Brands International Inc.,- ha sido acusada criminalmente en Estados Unidos. Ahora se avecina un enfrentamiento que opone a algunos miembros del Congreso contra el ministerio de Justicia y las multinacionales-, incluyendo una compañía minera del carbón y embotelladores de Coca-Cola.
Los legisladores dicen que en los casos de las corporaciones norteamericanas en Colombia, el ministerio de Justicia no ha aplicado de modo adecuado las leyes estadounidenses que convierten en delito el proporcionar ayuda material o recursos a sabiendas a alguna organización terrorista extranjera- y han iniciado sus propias investigaciones.
El representante Bill Delahunt (demócrata de Massachusetts), que dirige la iniciativa, ha puesto en duda que el gobierno de Bush ponga los intereses de las multinacionales norteamericanas por encima de su programa antiterrorista.
Incluso el acuerdo cerrado con Chiquita en marzo -en el que reconoce haber efectuado pagos ilegales- ha sido criticado por muchos expertos externos y algunos fiscales del ministerio de Justicia, por ser demasiado leniente.
"Creo que se han librado de las sanciones apropiadas", dijo Delahunt en una entrevista la semana pasada.
"Analizaremos bien cómo operan en el mundo las multinacionales norteamericanas, que utilizan a Colombia como modelo", dijo Delahunt, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara sobre Organizaciones, Derechos Humanos y Vigilancia. "Realmente se requiere un esfuerzo exhaustivo para estudiar dónde necesitamos más leyes y si hay brechas en nuestro código criminal que permiten que empresas estadounidenses ayuden o instiguen a la violencia en otros países, erosionando nuestra credibilidad y prestigio moral en el mundo".
El gobierno de Bush ha declarado que una característica de su política antiterrorista es perseguir a los financistas del terrorismo con la misma agresividad que a los terroristas mismos -en cualquier parte del mundo. Pero la situación en Colombia subraya la dificultad de perseguir esos objetivos cuando choca con los intereses económicos norteamericanos y las relaciones comerciales con países amigos. Para hacerlo todavía más sensible, Estados Unidos está justamente negociando un acuerdo de libre comercio con Colombia y envía billones de dólares al año en ayuda militar y otra.
"¿Superen nuestros intereses económicos la guerra contra el terrorismo? ¿Estamos haciendo acuerdos?", preguntó Delahunt. "Si es así, lo menos que podría ocurrir es que el público lo supiera".
Lance Compa, especialista en comercio internacional de la Escuela de Relaciones Laborales e Industriales de la Universidad de Cornell, reconoció que había muchas prioridades contrapuestas en Colombia.
"Pero la proposición general que salvajes violaciones a los derechos humanos se puedan compensar en política comercial y relaciones internacionales, es errónea", dijo Compa. "Los paramilitares se han infiltrado hasta en los niveles más altos del gobierno colombiano, y el gobierno de Bush está haciendo la vista gorda.
"Lo hace todavía más urgente que los estrategas norteamericanos pongan fin a los acuerdos entre las corporaciones y los escuadrones de la muerte paramilitares".
Acuerdos Ilegales
Las Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia, AUC, empezaron inicialmente como una fuerza de seguridad en respuesta a atrocidades cometidas por izquierdistas, pero se convirtió rápidamente en una de las organizaciones más violentas de los años noventa, con lazos con las fuerzas armadas colombianas, y la clase política y el mundo de los negocios. El Departamento de Estado designó a la AUC como organización terrorista en 2001, convirtiendo en crimen dar ayuda económica o apoyo al grupo.
Los acuerdos económicos con los paramilitares también fueron puestos fuera de la ley en una ley federal contra los barones de la droga, porque se cree que esos grupos proporcionan el noventa por ciento de la cocaína y el cincuenta por ciento de la heroína consumida en Estados Unidos.
Durante más de cuatro años, los legisladores han estado pidiendo información al ministerio de Justicia sobre si está investigando las "creíbles acusaciones" contra algunas empresas estadounidenses, incluyendo algunas que fueron mencionadas en detallada demandas civiles y presentadas a fiscales, de acuerdo a cartas enviadas al fiscal general Alberto R. Gonzales y su predecesor, John Aschfroft.
Los legisladores están particularmente inquietos por las acusaciones de que las operaciones de la minera del carbón Drummond Co., pagó a los paramilitares de las AUC para matar a tres dirigentes sindicales que estaban tratando de organizar a los trabajadores en las minas del carbón en 2001. Drummond fue acusado en una demanda civil entablada en 2002 por usar a las AUC como una fuerza de seguridad de facto para impedir que se sindicalizaran y exigieran mayores salarios.
Drummond ha negado fervorosamente las acusaciones y las está defendiendo en un juicio civil que empezó este mes.
En una carta a Ashcroft del 25 de junio de 2003, cuatro legisladores de los comités de inspección de asuntos exteriores de la Cámara instaron a investigaciones más exhaustivas del caso de Drummond y las acusaciones contra los firmas embotelladoras de propiedad de Coca-Cola de Estados Unidos que también han sido acusadas en demandas de complicidad con los paramilitares. Los embotelladores, que son independientes del gigante del refresco con sede en Atlanta, han negado haber cometido algún delito.
Casi un año después, el general William E. Moschella envió una respuesta de cuatro párrafos que decía: "Podemos asegurarle que este tema está siendo revisado cuidadosamente".
Los legisladores dijeron que no habían podido obtener ni las informaciones más básicas sobre si había alguna investigación en curso.
Baja Prioridad
Dos altos funcionarios del ministerio de Justicia reconocieron que grupos colombianos violentos, especialmente las AUC, no gozaban de tanta prioridad como los grupos yihadistas musulmanes, porque no habían atacado intereses norteamericanos, como embajadas.
Pero los críticos dicen que los grupos colombianos han matado y secuestrado a más personas que al Qaeda y que la implementación selectiva del ministerio de Justicia está permitiendo acusaciones de hipocresía en la guerra contra el terrorismo.
El ministerio de Justicia dice que ha perseguido agresivamente a las empresas que financian al terrorismo, en Colombia y otros países.
"La idea de que el ministerio de Justicia está de algún modo colocando los intereses de Estados Unidos por encima de las prioridades de la seguridad nacional es absurda", dijo el portavoz Dean Boyd. "El ministerio de Justicia toma en serio todas y cada una de las acusaciones sobre personas u organizaciones estadounidenses que han tenido transacciones con organizaciones clasificadas como terroristas".
Altos funcionarios del ministerio de Justicia confirmaron que habían iniciado una pesquisa sobre Drummond al menos una vez hace algunos años, y que habían observado también a las otras compañías norteamericanas. "Estábamos tratando de estudiar las acusaciones de otras compañías que hacían lo que hacía Chiquita", dice uno de los alegatos de Drummond. "No puedo decir que los hayamos perseguido a todos".
Kenneth L. Wainstein, vice-fiscal general para la seguridad nacional, dijo que no podía comentar acciones federales en curso.
Las inquietudes de los legisladores se intensificaron después de que Chiquita llegara a un acuerdo con el ministerio de Justicia en marzo, en el que admitía haber pagado a las AUC al menos 1.7 millones de dólares entre 1997 y 2004, y a las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, antes. Chiquita dijo que lo hizo para proteger a sus trabajadores, afirmando que la guerrilla y los grupos paramilitares atacaban a las empresas que se negaban a hacerlo.
El fiscal Mario Iguarán, de Colombia, ha acusado a Chiquita y las AUC de cultivar "una relación criminal" basada en "el dinero y las armas y, a cambio, la cruenta pacificación de Urabá", la región donde se ubicaban las plantaciones de banana de la empresa de Cincinatti, hasta que fue vendida en 2004.
En mayo, seis miembros del Congreso escribieron una carta a Gonzales, preguntándole si el ministerio de Justicia había investigado sus "serias preocupaciones" de que otras compañías, particularmente Drummond, podrían estar implicadas en actividades similares. Los legisladores dijeron que Iguarán había iniciado una investigación criminal sobre Drummond y que aunque las acusaciones no habían sido demostradas, eran "suficientemente creíbles" como para que el ministerio de Justicia iniciara un proceso criminal por su propia cuenta.
"Si no se ha iniciado esa pesquisa, instamos enérgicamente a que se inicie una de inmediato", escribieron los representantes Delahunt, Tom Lantos (demócrata de Burlingame), Howard L. Berman (demócrata de Valley Village), George Millar (demócrata de Martínez), Eliot L. Engel (demócrata de Nueva York) y Christopher H. Smith (republicano de Nueva Jersey).
Sin Respuesta
El ministerio de Justicia no ha respondido esa carta, dicen los legisladores.
"Tras el 11 de septiembre de 2001, es escandaloso que acusaciones de pagos a grupos terroristas no hayan sido investigados agresivamente y procesados por el ministerio de Justicia", dijo Engel en una audiencia en el Congreso el 28 de junio sobre el tema, la primera de las que, según los legisladores, habrá muchas.
"Sólo puedo imaginar el vigor y la rapidez con que toda la fuerza de la prosecución del gobierno de Estados Unidos cayera sobre una compañía sospechada de haber ayudado a al Qaeda o Hezbollah", agregó Engel.
Los congresistas, todos importantes miembros de comisiones de relaciones exteriores, juran procesar a altos empleados de Drummond, Chiquita y otras compañías (que no quisieron nombrar) que han hecho negocios en Colombia para que declaren bajo juramento.
En una audiencia del Congreso en junio, un ex capitán militar colombiano convertido en soldado de las AUC; un colaborador de derechos humanos; y un dirigente sindical declararon que numerosas empresas estadounidenses, además de Drummond y Chiquita, pagaban rutinariamente a grupos violentos en Colombia.
Esta primavera, el ex líder de las AUC, Salvatore Mancuso, y el portavoz del grupo, Iván Duque, dijeron que los pagos fueron extendidos, e implicaban a compañías como Fresh Del Monte Inc. y Dole Food Co., así como a conglomerados del aceite y otras empresas. Del Monte y Dole han negado las acusaciones.
Muchos más comandantes de las AUC piensan empezar a hablar públicamente sobre el financiamiento de su reino de terror "por la industria bananera, algunas mineras del carbón, y grandes empresas nacionales", dijo Duque en una entrevista publicada.
"Aquellos que violaron la ley, deben asumir las consecuencias, como nosotros".
Washington, Estados Unidos. Durante más de una década, guerrillas de izquierda y grupos paramilitares de derecha en Colombia, han secuestrado o matado a centenas de civiles, líderes sindicales, agentes de policía y soldados y prosperado con el transporte de cocaína y heroína hacia Estados Unidos.En ese tiempo, varias corporaciones multinacionales estadounidenses han sido acusadas, en lo esencial, de endorsar esas actividades criminales -violando las leyes norteamericanas- proporcionándoles dinero, vehículos y prestando otro tipo de ayuda económica como una póliza de seguro contra atentados contra sus empleados e instalaciones en el país sudamericano.
Pero sólo una de esas compañías -Chiquita Brands International Inc.,- ha sido acusada criminalmente en Estados Unidos. Ahora se avecina un enfrentamiento que opone a algunos miembros del Congreso contra el ministerio de Justicia y las multinacionales-, incluyendo una compañía minera del carbón y embotelladores de Coca-Cola.
Los legisladores dicen que en los casos de las corporaciones norteamericanas en Colombia, el ministerio de Justicia no ha aplicado de modo adecuado las leyes estadounidenses que convierten en delito el proporcionar ayuda material o recursos a sabiendas a alguna organización terrorista extranjera- y han iniciado sus propias investigaciones.
El representante Bill Delahunt (demócrata de Massachusetts), que dirige la iniciativa, ha puesto en duda que el gobierno de Bush ponga los intereses de las multinacionales norteamericanas por encima de su programa antiterrorista.
Incluso el acuerdo cerrado con Chiquita en marzo -en el que reconoce haber efectuado pagos ilegales- ha sido criticado por muchos expertos externos y algunos fiscales del ministerio de Justicia, por ser demasiado leniente.
"Creo que se han librado de las sanciones apropiadas", dijo Delahunt en una entrevista la semana pasada.
"Analizaremos bien cómo operan en el mundo las multinacionales norteamericanas, que utilizan a Colombia como modelo", dijo Delahunt, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara sobre Organizaciones, Derechos Humanos y Vigilancia. "Realmente se requiere un esfuerzo exhaustivo para estudiar dónde necesitamos más leyes y si hay brechas en nuestro código criminal que permiten que empresas estadounidenses ayuden o instiguen a la violencia en otros países, erosionando nuestra credibilidad y prestigio moral en el mundo".
El gobierno de Bush ha declarado que una característica de su política antiterrorista es perseguir a los financistas del terrorismo con la misma agresividad que a los terroristas mismos -en cualquier parte del mundo. Pero la situación en Colombia subraya la dificultad de perseguir esos objetivos cuando choca con los intereses económicos norteamericanos y las relaciones comerciales con países amigos. Para hacerlo todavía más sensible, Estados Unidos está justamente negociando un acuerdo de libre comercio con Colombia y envía billones de dólares al año en ayuda militar y otra.
"¿Superen nuestros intereses económicos la guerra contra el terrorismo? ¿Estamos haciendo acuerdos?", preguntó Delahunt. "Si es así, lo menos que podría ocurrir es que el público lo supiera".
Lance Compa, especialista en comercio internacional de la Escuela de Relaciones Laborales e Industriales de la Universidad de Cornell, reconoció que había muchas prioridades contrapuestas en Colombia.
"Pero la proposición general que salvajes violaciones a los derechos humanos se puedan compensar en política comercial y relaciones internacionales, es errónea", dijo Compa. "Los paramilitares se han infiltrado hasta en los niveles más altos del gobierno colombiano, y el gobierno de Bush está haciendo la vista gorda.
"Lo hace todavía más urgente que los estrategas norteamericanos pongan fin a los acuerdos entre las corporaciones y los escuadrones de la muerte paramilitares".
Acuerdos Ilegales
Las Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia, AUC, empezaron inicialmente como una fuerza de seguridad en respuesta a atrocidades cometidas por izquierdistas, pero se convirtió rápidamente en una de las organizaciones más violentas de los años noventa, con lazos con las fuerzas armadas colombianas, y la clase política y el mundo de los negocios. El Departamento de Estado designó a la AUC como organización terrorista en 2001, convirtiendo en crimen dar ayuda económica o apoyo al grupo.
Los acuerdos económicos con los paramilitares también fueron puestos fuera de la ley en una ley federal contra los barones de la droga, porque se cree que esos grupos proporcionan el noventa por ciento de la cocaína y el cincuenta por ciento de la heroína consumida en Estados Unidos.
Durante más de cuatro años, los legisladores han estado pidiendo información al ministerio de Justicia sobre si está investigando las "creíbles acusaciones" contra algunas empresas estadounidenses, incluyendo algunas que fueron mencionadas en detallada demandas civiles y presentadas a fiscales, de acuerdo a cartas enviadas al fiscal general Alberto R. Gonzales y su predecesor, John Aschfroft.
Los legisladores están particularmente inquietos por las acusaciones de que las operaciones de la minera del carbón Drummond Co., pagó a los paramilitares de las AUC para matar a tres dirigentes sindicales que estaban tratando de organizar a los trabajadores en las minas del carbón en 2001. Drummond fue acusado en una demanda civil entablada en 2002 por usar a las AUC como una fuerza de seguridad de facto para impedir que se sindicalizaran y exigieran mayores salarios.
Drummond ha negado fervorosamente las acusaciones y las está defendiendo en un juicio civil que empezó este mes.
En una carta a Ashcroft del 25 de junio de 2003, cuatro legisladores de los comités de inspección de asuntos exteriores de la Cámara instaron a investigaciones más exhaustivas del caso de Drummond y las acusaciones contra los firmas embotelladoras de propiedad de Coca-Cola de Estados Unidos que también han sido acusadas en demandas de complicidad con los paramilitares. Los embotelladores, que son independientes del gigante del refresco con sede en Atlanta, han negado haber cometido algún delito.
Casi un año después, el general William E. Moschella envió una respuesta de cuatro párrafos que decía: "Podemos asegurarle que este tema está siendo revisado cuidadosamente".
Los legisladores dijeron que no habían podido obtener ni las informaciones más básicas sobre si había alguna investigación en curso.
Baja Prioridad
Dos altos funcionarios del ministerio de Justicia reconocieron que grupos colombianos violentos, especialmente las AUC, no gozaban de tanta prioridad como los grupos yihadistas musulmanes, porque no habían atacado intereses norteamericanos, como embajadas.
Pero los críticos dicen que los grupos colombianos han matado y secuestrado a más personas que al Qaeda y que la implementación selectiva del ministerio de Justicia está permitiendo acusaciones de hipocresía en la guerra contra el terrorismo.
El ministerio de Justicia dice que ha perseguido agresivamente a las empresas que financian al terrorismo, en Colombia y otros países.
"La idea de que el ministerio de Justicia está de algún modo colocando los intereses de Estados Unidos por encima de las prioridades de la seguridad nacional es absurda", dijo el portavoz Dean Boyd. "El ministerio de Justicia toma en serio todas y cada una de las acusaciones sobre personas u organizaciones estadounidenses que han tenido transacciones con organizaciones clasificadas como terroristas".
Altos funcionarios del ministerio de Justicia confirmaron que habían iniciado una pesquisa sobre Drummond al menos una vez hace algunos años, y que habían observado también a las otras compañías norteamericanas. "Estábamos tratando de estudiar las acusaciones de otras compañías que hacían lo que hacía Chiquita", dice uno de los alegatos de Drummond. "No puedo decir que los hayamos perseguido a todos".
Kenneth L. Wainstein, vice-fiscal general para la seguridad nacional, dijo que no podía comentar acciones federales en curso.
Las inquietudes de los legisladores se intensificaron después de que Chiquita llegara a un acuerdo con el ministerio de Justicia en marzo, en el que admitía haber pagado a las AUC al menos 1.7 millones de dólares entre 1997 y 2004, y a las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, antes. Chiquita dijo que lo hizo para proteger a sus trabajadores, afirmando que la guerrilla y los grupos paramilitares atacaban a las empresas que se negaban a hacerlo.
El fiscal Mario Iguarán, de Colombia, ha acusado a Chiquita y las AUC de cultivar "una relación criminal" basada en "el dinero y las armas y, a cambio, la cruenta pacificación de Urabá", la región donde se ubicaban las plantaciones de banana de la empresa de Cincinatti, hasta que fue vendida en 2004.
En mayo, seis miembros del Congreso escribieron una carta a Gonzales, preguntándole si el ministerio de Justicia había investigado sus "serias preocupaciones" de que otras compañías, particularmente Drummond, podrían estar implicadas en actividades similares. Los legisladores dijeron que Iguarán había iniciado una investigación criminal sobre Drummond y que aunque las acusaciones no habían sido demostradas, eran "suficientemente creíbles" como para que el ministerio de Justicia iniciara un proceso criminal por su propia cuenta.
"Si no se ha iniciado esa pesquisa, instamos enérgicamente a que se inicie una de inmediato", escribieron los representantes Delahunt, Tom Lantos (demócrata de Burlingame), Howard L. Berman (demócrata de Valley Village), George Millar (demócrata de Martínez), Eliot L. Engel (demócrata de Nueva York) y Christopher H. Smith (republicano de Nueva Jersey).
Sin Respuesta
El ministerio de Justicia no ha respondido esa carta, dicen los legisladores.
"Tras el 11 de septiembre de 2001, es escandaloso que acusaciones de pagos a grupos terroristas no hayan sido investigados agresivamente y procesados por el ministerio de Justicia", dijo Engel en una audiencia en el Congreso el 28 de junio sobre el tema, la primera de las que, según los legisladores, habrá muchas.
"Sólo puedo imaginar el vigor y la rapidez con que toda la fuerza de la prosecución del gobierno de Estados Unidos cayera sobre una compañía sospechada de haber ayudado a al Qaeda o Hezbollah", agregó Engel.
Los congresistas, todos importantes miembros de comisiones de relaciones exteriores, juran procesar a altos empleados de Drummond, Chiquita y otras compañías (que no quisieron nombrar) que han hecho negocios en Colombia para que declaren bajo juramento.
En una audiencia del Congreso en junio, un ex capitán militar colombiano convertido en soldado de las AUC; un colaborador de derechos humanos; y un dirigente sindical declararon que numerosas empresas estadounidenses, además de Drummond y Chiquita, pagaban rutinariamente a grupos violentos en Colombia.
Esta primavera, el ex líder de las AUC, Salvatore Mancuso, y el portavoz del grupo, Iván Duque, dijeron que los pagos fueron extendidos, e implicaban a compañías como Fresh Del Monte Inc. y Dole Food Co., así como a conglomerados del aceite y otras empresas. Del Monte y Dole han negado las acusaciones.
Muchos más comandantes de las AUC piensan empezar a hablar públicamente sobre el financiamiento de su reino de terror "por la industria bananera, algunas mineras del carbón, y grandes empresas nacionales", dijo Duque en una entrevista publicada.
"Aquellos que violaron la ley, deben asumir las consecuencias, como nosotros".
josh.meyer@latimes.com
28 de julio de 2007
22 de julio de 2007
©los angeles times
©traducción mQh
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