justicia detrás de barricadas
[Michael R. Gordon] Jueces y acusados viven recluidos en una nueva zona verde judicial en Bagdad.
Bagdad, Iraq. En una ciudad plagada de terroristas suicidas y milicianos renegados, los norteamericanos y el gobierno iraquí han recurrido a una inusual medida para ayudar a implantar el imperio de la ley: han erigido una Zona Verde judicial, un recinto pesadamente fortificado para albergar a jueces y sus familias y garantizar los juicios de algunos de los acusados más peligrosos.
El Complejo Imperio de la Ley, como se conoce al recinto, está en el barrio Rusafa, de Bagdad, y celebró su primer juicio el mes pasado.
Para los funcionarios iraquíes, trabajar en el recinto conlleva tantos riesgos que a menudo exige separarse, con sus familias, del mundo de más allá de los portones del recinto.
"Nuestro trabajo es realmente un reto", dijo un juez que vive en el complejo, con su mujer e hijos y cuya identidad está protegida por procedimientos de seguridad del tribunal. "Hace tres meses que no veo Bagdad".
El primer acusado del tribunal fue un militante sirio, Ramsi Ahmed Ismael Muhammed, conocido por su nombre de guerra Abu Qatada. Juzgado por cargos de secuestro, homicidio de sus rehenes y de cometer otros actos violentos, fue condenado y sentenciado a muerte en el juzgado fuertemente custodiado del recinto.
La utilidad del recinto fortificado, sin embargo, depende de más que de un solo caso famoso. En última instancia, dependerá de la capacidad de los iraquíes de ampliar su capacidad de realizar juicios en el recinto y de su conducta en la aplicación de una justicia imparcial a chiíes y sunníes por igual.
La idea de ayudar a los iraquíes a fundar un enclave legalmente protegido es un elemento importante del plan de campaña americano preparado por el general David H. Petraeus y Rydan C. Crocker, el embajador estadounidense en Iraq. La idea es que se establezca una red de complejos legales en otras partes de Iraq, empezando con Ramadi, la capital de la provincia de Anbar, donde se espera que las obras empiecen en los próximos meses.
El recinto de Rusafa, al otro lado del Río Tigris al este de la Zona Verde del gobierno en Bagdad, está todavía en pañales. Desde que el tribunal empezara a ver casos en junio, ha procesado a cuarenta y tres acusados, a razón de un acusado por día.
Estados Unidos proporciona investigadores criminales, abogados y personal paralegal para adiestrar a los iraquíes a manejar el complejo, que también incluye instalaciones para testigos, investigadores, el Colegio de Policía de Bagdad y un creciente número de detenidos. El equipo norteamericano de 55 miembros incluye a personal del ministerio de Justicia y militar así como contratistas, y sólo hay cuatro investigadores iraquíes.
Pero otros veintiséis investigadores adicionales están siendo adiestradas por el FBI, de acuerdo a Michael F. Walther, un alto funcionario del ministerio de Justicia de Estados Unidos que dirige el Destacamento Ley y Orden de las fuerzas armadas estadounidenses. Y para marzo próximo, la pequeña sala del tribunal donde fue juzgado Abu Qatada será reemplazada por una sala de once millones de dólares con fondos de reconstrucción norteamericanos.
El Juzgado Central de lo Penal de Bagdad debe realizar unos cinco mil juicios al año. El coronel Mark S. Martins, juez militar bajo el mando del general Petraeus, estima que una vez que el nuevo tribunal de Rusafa esté terminado, el recinto será capaz de procesar un tercio de los casos. El gobierno iraquí se ocupará de los costes de protección y administración del complejo el mes siguiente y ha aprobado 49 millones de dólares para estos.
Pese a su condición de área protegida por juzgar a los terroristas y militantes más infames de Iraq, el Complejo Ley y Orden no está inmune ante muchos de los problemas que enturbian la estructura jurídica iraquí. Entre estos la aglomeración de detenidos que se ha creado con el aumento de las operaciones militares norteamericanas e iraquíes. Para tratar de reducir la acumulación de casos, detenidos en cárceles hacinadas en Kadhimiya y otros lugares han sido transportados a Rusafa, donde se toman sus huellas digitales y se hacen escáneres de sus retinas.
La capacidad de la prisión de Rusafa, que empezó con 2.500, se ampliará en más de cinco mil para fines del verano. El principal centro de detención de Rusafa es más limpio y menos maloliente que muchas cárceles iraquíes, pero con quince detenidos en cada celda las condiciones han alcanzado una capacidad máxima para normas internacionales.
Cuando el periodista fue escoltado por al alcaide de la prisión a través de una de las nuevas cárceles cubiertas por tiendas a poca distancia del lugar, un detenido que dijo que se llamaba Dawood Yousef, 46, se hizo camino hacia los barrotes y gritó que había sido detenido en una redada en Abu Ghraib y que había pasado varios meses en diferentes cárceles, incluyendo un mes en Rusafa, sin que nadie le dijera por qué había sido detenido o cuándo se vería su caso. El coronel Martins apuntó los detalles.
Un investigador iraquí en el complejo Rusafa planteó otro temor: los programas sectarios del ministerio del Interior. El investigador, que no puede ser identificado bajo las normas de seguridad del complejo, dijo que funcionarios del ministerio lo habían investigado cuando expresó su intención de casarse con una mujer sunní. "¿Qué tipo de investigación es esa?", dijo con un no disimulado desprecio.
Según las normas iraquíes, la fase principal para registrar evidencia ocurre antes del juicio cuando un juez instructor interroga a los testigos y prepara un informe que será revisado por la comisión de jueces. Los juicios mismos parecen relativamente breves para observadores familiarizados con el sistema americano, Con la estricta seguridad de Rusafa, para los iraquíes no es fácil asistir a los juicios, así que se hacen cintas de video de las vistas.
En un sistema jurídico que ha dependido fuertemente de confesiones y menos de investigaciones forenses en la escena del crimen, hay a menudo acusaciones de tortura. En un juicio el 3 de julio en el juzgado de Rusafa, los jueces absolvieron a cuatro acusados de asesinato y violación sobre la base de que sus confesiones parecían haber sido hechas bajo coerción. Los informes médicos determinaron que habían sido probablemente torturados, y no había evidencias físicas. Los asombrados acusados recibieron el veredicto con enorme alivio, de acuerdo a un video del juicio.
Los norteamericanos dicen que han sido estimulados por la tenacidad con que los investigadores persiguieron especialmente a Abu Qatada. "Lo llamábamos el lobo", dijo un juez involucrado en la investigación del caso. "No fue fácil hacerlo hablar".
Los investigadores dependían fuertemente de testigos, que eran llevados a través de una entrada especial en las oficinas del juzgado de modo que pudieran ser entrevistados confidencialmente. Sus declaraciones eran incorporadas en un expediente que sólo los jueces podían leer. Las evidencias en el expediente fueron suficientes para convencer a la comisión de tres jueces -uno sunní y dos chiíes- de condenar a Abu Qatada por los cargos de posesión de armas como parte de un grupo armado que se opone al estado, que implicaba una sentencia de treinta años, y delitos terroristas, que fueron considerados crímenes capitales. Su condena y sentencia han sido recurridos.
Una prueba más exigente de imparcialidad del sistema tendrá lugar pronto cuando un policía nacional chií comparezca a juicio. Identificado solamente como el teniente coronel A, es acusado de haber agredido y torturado a decenas de prisioneros sunníes bajo su custodia, por encargo de una milicia chií.
Bagdad, Iraq. En una ciudad plagada de terroristas suicidas y milicianos renegados, los norteamericanos y el gobierno iraquí han recurrido a una inusual medida para ayudar a implantar el imperio de la ley: han erigido una Zona Verde judicial, un recinto pesadamente fortificado para albergar a jueces y sus familias y garantizar los juicios de algunos de los acusados más peligrosos.El Complejo Imperio de la Ley, como se conoce al recinto, está en el barrio Rusafa, de Bagdad, y celebró su primer juicio el mes pasado.
Para los funcionarios iraquíes, trabajar en el recinto conlleva tantos riesgos que a menudo exige separarse, con sus familias, del mundo de más allá de los portones del recinto.
"Nuestro trabajo es realmente un reto", dijo un juez que vive en el complejo, con su mujer e hijos y cuya identidad está protegida por procedimientos de seguridad del tribunal. "Hace tres meses que no veo Bagdad".
El primer acusado del tribunal fue un militante sirio, Ramsi Ahmed Ismael Muhammed, conocido por su nombre de guerra Abu Qatada. Juzgado por cargos de secuestro, homicidio de sus rehenes y de cometer otros actos violentos, fue condenado y sentenciado a muerte en el juzgado fuertemente custodiado del recinto.
La utilidad del recinto fortificado, sin embargo, depende de más que de un solo caso famoso. En última instancia, dependerá de la capacidad de los iraquíes de ampliar su capacidad de realizar juicios en el recinto y de su conducta en la aplicación de una justicia imparcial a chiíes y sunníes por igual.
La idea de ayudar a los iraquíes a fundar un enclave legalmente protegido es un elemento importante del plan de campaña americano preparado por el general David H. Petraeus y Rydan C. Crocker, el embajador estadounidense en Iraq. La idea es que se establezca una red de complejos legales en otras partes de Iraq, empezando con Ramadi, la capital de la provincia de Anbar, donde se espera que las obras empiecen en los próximos meses.
El recinto de Rusafa, al otro lado del Río Tigris al este de la Zona Verde del gobierno en Bagdad, está todavía en pañales. Desde que el tribunal empezara a ver casos en junio, ha procesado a cuarenta y tres acusados, a razón de un acusado por día.
Estados Unidos proporciona investigadores criminales, abogados y personal paralegal para adiestrar a los iraquíes a manejar el complejo, que también incluye instalaciones para testigos, investigadores, el Colegio de Policía de Bagdad y un creciente número de detenidos. El equipo norteamericano de 55 miembros incluye a personal del ministerio de Justicia y militar así como contratistas, y sólo hay cuatro investigadores iraquíes.
Pero otros veintiséis investigadores adicionales están siendo adiestradas por el FBI, de acuerdo a Michael F. Walther, un alto funcionario del ministerio de Justicia de Estados Unidos que dirige el Destacamento Ley y Orden de las fuerzas armadas estadounidenses. Y para marzo próximo, la pequeña sala del tribunal donde fue juzgado Abu Qatada será reemplazada por una sala de once millones de dólares con fondos de reconstrucción norteamericanos.
El Juzgado Central de lo Penal de Bagdad debe realizar unos cinco mil juicios al año. El coronel Mark S. Martins, juez militar bajo el mando del general Petraeus, estima que una vez que el nuevo tribunal de Rusafa esté terminado, el recinto será capaz de procesar un tercio de los casos. El gobierno iraquí se ocupará de los costes de protección y administración del complejo el mes siguiente y ha aprobado 49 millones de dólares para estos.
Pese a su condición de área protegida por juzgar a los terroristas y militantes más infames de Iraq, el Complejo Ley y Orden no está inmune ante muchos de los problemas que enturbian la estructura jurídica iraquí. Entre estos la aglomeración de detenidos que se ha creado con el aumento de las operaciones militares norteamericanas e iraquíes. Para tratar de reducir la acumulación de casos, detenidos en cárceles hacinadas en Kadhimiya y otros lugares han sido transportados a Rusafa, donde se toman sus huellas digitales y se hacen escáneres de sus retinas.
La capacidad de la prisión de Rusafa, que empezó con 2.500, se ampliará en más de cinco mil para fines del verano. El principal centro de detención de Rusafa es más limpio y menos maloliente que muchas cárceles iraquíes, pero con quince detenidos en cada celda las condiciones han alcanzado una capacidad máxima para normas internacionales.
Cuando el periodista fue escoltado por al alcaide de la prisión a través de una de las nuevas cárceles cubiertas por tiendas a poca distancia del lugar, un detenido que dijo que se llamaba Dawood Yousef, 46, se hizo camino hacia los barrotes y gritó que había sido detenido en una redada en Abu Ghraib y que había pasado varios meses en diferentes cárceles, incluyendo un mes en Rusafa, sin que nadie le dijera por qué había sido detenido o cuándo se vería su caso. El coronel Martins apuntó los detalles.
Un investigador iraquí en el complejo Rusafa planteó otro temor: los programas sectarios del ministerio del Interior. El investigador, que no puede ser identificado bajo las normas de seguridad del complejo, dijo que funcionarios del ministerio lo habían investigado cuando expresó su intención de casarse con una mujer sunní. "¿Qué tipo de investigación es esa?", dijo con un no disimulado desprecio.
Según las normas iraquíes, la fase principal para registrar evidencia ocurre antes del juicio cuando un juez instructor interroga a los testigos y prepara un informe que será revisado por la comisión de jueces. Los juicios mismos parecen relativamente breves para observadores familiarizados con el sistema americano, Con la estricta seguridad de Rusafa, para los iraquíes no es fácil asistir a los juicios, así que se hacen cintas de video de las vistas.
En un sistema jurídico que ha dependido fuertemente de confesiones y menos de investigaciones forenses en la escena del crimen, hay a menudo acusaciones de tortura. En un juicio el 3 de julio en el juzgado de Rusafa, los jueces absolvieron a cuatro acusados de asesinato y violación sobre la base de que sus confesiones parecían haber sido hechas bajo coerción. Los informes médicos determinaron que habían sido probablemente torturados, y no había evidencias físicas. Los asombrados acusados recibieron el veredicto con enorme alivio, de acuerdo a un video del juicio.
Los norteamericanos dicen que han sido estimulados por la tenacidad con que los investigadores persiguieron especialmente a Abu Qatada. "Lo llamábamos el lobo", dijo un juez involucrado en la investigación del caso. "No fue fácil hacerlo hablar".
Los investigadores dependían fuertemente de testigos, que eran llevados a través de una entrada especial en las oficinas del juzgado de modo que pudieran ser entrevistados confidencialmente. Sus declaraciones eran incorporadas en un expediente que sólo los jueces podían leer. Las evidencias en el expediente fueron suficientes para convencer a la comisión de tres jueces -uno sunní y dos chiíes- de condenar a Abu Qatada por los cargos de posesión de armas como parte de un grupo armado que se opone al estado, que implicaba una sentencia de treinta años, y delitos terroristas, que fueron considerados crímenes capitales. Su condena y sentencia han sido recurridos.
Una prueba más exigente de imparcialidad del sistema tendrá lugar pronto cuando un policía nacional chií comparezca a juicio. Identificado solamente como el teniente coronel A, es acusado de haber agredido y torturado a decenas de prisioneros sunníes bajo su custodia, por encargo de una milicia chií.
8 de agosto de 2007
26 de julio de 2007
©new york times
©traducción mQh
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