combatientes ilegales norteamericanos
[Julian E. Barnes] ¿Tiene Estados Unidos sus propios combatientes ilegales? Algunos expertos piensan que el uso de guardias privados en Iraq podría exponer a Estados Unidos a acusaciones por violar tratados internacionales.
Washington, Estados Unidos. Mientras el gobierno de Bush trata de superar las secuelas de los recientes asesinatos de civiles por guardias de firmas de seguridad privadas en Iraq, algunos funcionarios se preguntan si los contratistas deben ser considerados combatientes ilegales para los tratados internacionales.
La pregunta es una consecuencia de las revisiones federales de los tiroteos, en parte porque Estados Unidos quiere determinar si el gobierno puede ser acusado de violar tratados internacionales, lo que podría provocar indignación internacional.
Pero el tema también tiene implicaciones prácticas y políticas para la guerra del gobierno y la imagen de Estados Unidos en el exterior.
Si los funcionarios norteamericanos concluyen que el uso de guardias es potencialmente una violación, podrían tener que limitar las labores de los guardias en zonas de guerra, que podría significar más trabajo para las ya estiradas fuerzas armadas norteamericanas.
Preguntas sin respuestas provocarán probablemente nuevas críticas a la conducción de la impopular guerra de Bush, especialmente considerando la amplia definición del concepto de combatientes ilegales que el presidente ha usado para justificar sus políticas de detención en Bahía Guantánamo, Cuba.
Los problemas que circundan a los contratistas de seguridad privados están siendo estudiados por abogados en los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Justicia. Existen desacuerdos sobre la condición de los contratistas entre las agencias y dentro del Pentágono mismo.
"Creo que es un asunto que debe ser resuelto", dijo un funcionario del ministerio de Defensa que habló a condición de conservar el anonimato debido a que no está autorizado para hablar sobre el asunto. "Pero si ese fuera el caso, ¿qué diablos estamos haciendo?"
El uso de contratistas privados por las fuerzas armadas norteamericanas y gobiernos en todo el planeta empezó mucho antes que las invasiones norteamericanas de Afganistán e Iraq, pero se ha multiplicado rápidamente en los últimos años. Con relativamente pocas controversias, los contratistas han asumido a una cuota más grande de las tareas de apoyo y logística encargadas tradicionalmente a militares uniformados, tales como la protección de diplomáticos en zonas bélicas.
El 16 de septiembre, un equipo de seguridad de Blackwater USA custodiando a diplomáticos estadounidenses participó en un tiroteo que mató a diecisiete iraquíes. Blackwater declaró que sus empleados fueron atacados, pero testigos iraquíes dicen que el equipo empezó a disparar.
Desde entonces se han conocido otros incidentes en los que los guardias privados han actuado agresivamente y fuertemente armados.
Los guardias también operan en condiciones de inmunidad ante la justicia iraquí -a los funcionarios norteamericanos se les otorgó inmunidad en 2004- y con una turbia definición con respecto a las leyes norteamericanas.
La designación de combatientes legales e ilegales fue establecida por las Convenciones de Ginebra. Los combatientes legales son funcionarios no militares que operan en una cadena de comando militar. Otros pueden portar armas en una zona de guerra, pero sin poder usar fuerza ofensiva. Según los acuerdos internacionales, sólo se pueden defender cuando son atacados.
La potencia de fuego que es utilizada por firmas de seguridad como Blackwater en Iraq ha planteado interrogantes.
Estados Unidos ya ha debido soportar críticas internacionales sobre sus métodos de interrogatorio y procedimientos de detención, y dice que esos métodos no están cubiertos por tratados internacionales. Fueron abogados del gobierno implicados en esos asuntos los que primero plantearon preguntas sobre el estatus legal de los contratistas privados de seguridad según las disposiciones de las Convenciones de Ginebra.
Pero existe un debate entre los que estudian el asunto. Los abogados del ministerio de Justicia no creen que los contratistas deban ser considerados combatientes ilegales, pero algunos en los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa creen que los contratistas en Iraq deben responder ante reclamos de que sus acciones los convierten en combatientes ilegales.
Si es así, dicen algunos expertos, Estados Unidos tendría que retirarlos de la zona de guerra.
Expertos legales concuerdan ampliamente en que los contratistas privados pueden usar fuerza para defenderse. Pero el umbral entre la fuerza defensiva y la ofensiva no está bien definido.
"En cuanto a los contratistas privados militares, este es un asunto realmente muy complicado", dijo el funcionario de Defensa. "Es verdad que la gente se defiende a sí misma. Entonces la pregunta se convierte: ¿En qué momento un contratista que provee seguridad defensiva empieza a ir más allá?"
En círculos académicos las interpretaciones pueden variar. El tema ha sido materia de artículos y discusiones.
Para un guardia que sólo puede utilizar fuerza defensiva, matar a civiles es una violación de las leyes de la guerra, dijo Michael N. Schmitt, profesor de derecho internacional en la Academia de Guerra Naval y ex abogado de la Fuerza Aérea. " Matar a civiles ilegalmente en un conflicto armado, es un crimen de guerra", dijo.
Si los contratistas fueran los agresores en un incidente, podría considerarse que están utilizando fuerza ilegalmente, dijo Scott Silliman, abogado jubilado de la Fuerza Aérea y ahora profesor en la Universidad de Duke. Dijo que sólo se podía llamar defensa personal si eran atacados previamente.
"La única fuerza que pueden usar es defensiva", dijo Silliman. "Pero hay algunos casos en los que los contratistas utilizan fuerza ofensiva, que en mi opinión es ilegal".
Algunos abogados del ministerio de Defensa creen que esa interpretación es muy restrictiva. Como los soldados, los guardias de seguridad deberían poder defenderse a sí mismos si detectan "intenciones hostiles", dijo el funcionario de Defensa.
Pero los guardias a menudo participan en operaciones donde es difícil trazar la línea que separa la fuerza defensiva de la ofensiva, tales como escoltar a diplomáticos por un barrio en una zona de guerra, como hacen muchos frecuentemente.
Esas operaciones deberían ser ejecutadas sólo por militares, dicen algunos expertos.
"¿En qué sentido es adecuado que haya gente implicada en la aplicación de fuerza que no pertenezca a la cadena de comando bajo el presidente de Estados Unidos?", preguntó el funcionario.
Toda duda sobre la condición jurídica de los contratistas puede abrir en Estados Unidos la puerta a más críticas de parte de la comunidad internacional.
John Hutson, ex abogado de la Armada, dijo que no consideraba que los contratistas fueran combatientes ilegales.
Pero eso será difícil de defender por los funcionarios norteamericanos, enfatizó.
"Vamos a pasar apuros a la hora de trazar una distinción clara entre los tipos de Blackwater con armas automáticas y los tipos malos colocando bombas a la berma de las calles", dijo Hutson, ahora decano del Centro Jurídico Franklin Pierce, Nueva Hampshire.
Funcionarios norteamericanos han descrito como combatientes ilegales a muchos de los sospechosos de al-Qaeda y talibanes que retienen en Bahía Guantánamo sea por haber participado en hostilidades contra Estados Unidos, sea por apoyar las hostilidades sin pertenecer a las fuerzas armadas del país.
Según eso, algunos de los guardias privados de Iraq y Afganistán también podrían ser considerados combatientes ilegales, especialmente si han emprendido acciones ofensivas contra civiles desarmados, dicen expertos.
"Si contratamos gente y les pedimos que realicen actividades que constituyen una participación directa en las hostilidades, entonces al menos según las normas de Guantánamo, eso es un crimen", dijo Schmitt.
El otorgamiento de inmunidad de 2004 impide que Iraq procese a los guardias privados según leyes iraquíes. Pero algunos juristas especializados en derecho internacional piensan que Iraq podría utilizar tratados internacionales para llevar a juicio a contratistas por el asesinato de civiles.
De momento, esos juicios son considerados improbables, especialmente debido a que el gobierno iraquí no ha detenido a los contratistas.
Muchos de los actuales y ex funcionarios federales piensan que el gobierno tiene la obligación según las Convenciones de Ginebra de aclarar la condición de los contratistas. Algunos se muestran perplejos de que el gobierno de Bush no resolviera estos problemas -o al menos los discutiera más completamente- antes de enviar a los contratistas a un campo de batalla tan complejo.
"Confunde", dijo Silliman. "Y un montón de nosotros nos estamos preguntando por qué el ministerio de Defensa los hace cumplir tareas militares que son vitales".
Washington, Estados Unidos. Mientras el gobierno de Bush trata de superar las secuelas de los recientes asesinatos de civiles por guardias de firmas de seguridad privadas en Iraq, algunos funcionarios se preguntan si los contratistas deben ser considerados combatientes ilegales para los tratados internacionales.La pregunta es una consecuencia de las revisiones federales de los tiroteos, en parte porque Estados Unidos quiere determinar si el gobierno puede ser acusado de violar tratados internacionales, lo que podría provocar indignación internacional.
Pero el tema también tiene implicaciones prácticas y políticas para la guerra del gobierno y la imagen de Estados Unidos en el exterior.
Si los funcionarios norteamericanos concluyen que el uso de guardias es potencialmente una violación, podrían tener que limitar las labores de los guardias en zonas de guerra, que podría significar más trabajo para las ya estiradas fuerzas armadas norteamericanas.
Preguntas sin respuestas provocarán probablemente nuevas críticas a la conducción de la impopular guerra de Bush, especialmente considerando la amplia definición del concepto de combatientes ilegales que el presidente ha usado para justificar sus políticas de detención en Bahía Guantánamo, Cuba.
Los problemas que circundan a los contratistas de seguridad privados están siendo estudiados por abogados en los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Justicia. Existen desacuerdos sobre la condición de los contratistas entre las agencias y dentro del Pentágono mismo.
"Creo que es un asunto que debe ser resuelto", dijo un funcionario del ministerio de Defensa que habló a condición de conservar el anonimato debido a que no está autorizado para hablar sobre el asunto. "Pero si ese fuera el caso, ¿qué diablos estamos haciendo?"
El uso de contratistas privados por las fuerzas armadas norteamericanas y gobiernos en todo el planeta empezó mucho antes que las invasiones norteamericanas de Afganistán e Iraq, pero se ha multiplicado rápidamente en los últimos años. Con relativamente pocas controversias, los contratistas han asumido a una cuota más grande de las tareas de apoyo y logística encargadas tradicionalmente a militares uniformados, tales como la protección de diplomáticos en zonas bélicas.
El 16 de septiembre, un equipo de seguridad de Blackwater USA custodiando a diplomáticos estadounidenses participó en un tiroteo que mató a diecisiete iraquíes. Blackwater declaró que sus empleados fueron atacados, pero testigos iraquíes dicen que el equipo empezó a disparar.
Desde entonces se han conocido otros incidentes en los que los guardias privados han actuado agresivamente y fuertemente armados.
Los guardias también operan en condiciones de inmunidad ante la justicia iraquí -a los funcionarios norteamericanos se les otorgó inmunidad en 2004- y con una turbia definición con respecto a las leyes norteamericanas.
La designación de combatientes legales e ilegales fue establecida por las Convenciones de Ginebra. Los combatientes legales son funcionarios no militares que operan en una cadena de comando militar. Otros pueden portar armas en una zona de guerra, pero sin poder usar fuerza ofensiva. Según los acuerdos internacionales, sólo se pueden defender cuando son atacados.
La potencia de fuego que es utilizada por firmas de seguridad como Blackwater en Iraq ha planteado interrogantes.
Estados Unidos ya ha debido soportar críticas internacionales sobre sus métodos de interrogatorio y procedimientos de detención, y dice que esos métodos no están cubiertos por tratados internacionales. Fueron abogados del gobierno implicados en esos asuntos los que primero plantearon preguntas sobre el estatus legal de los contratistas privados de seguridad según las disposiciones de las Convenciones de Ginebra.
Pero existe un debate entre los que estudian el asunto. Los abogados del ministerio de Justicia no creen que los contratistas deban ser considerados combatientes ilegales, pero algunos en los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa creen que los contratistas en Iraq deben responder ante reclamos de que sus acciones los convierten en combatientes ilegales.
Si es así, dicen algunos expertos, Estados Unidos tendría que retirarlos de la zona de guerra.
Expertos legales concuerdan ampliamente en que los contratistas privados pueden usar fuerza para defenderse. Pero el umbral entre la fuerza defensiva y la ofensiva no está bien definido.
"En cuanto a los contratistas privados militares, este es un asunto realmente muy complicado", dijo el funcionario de Defensa. "Es verdad que la gente se defiende a sí misma. Entonces la pregunta se convierte: ¿En qué momento un contratista que provee seguridad defensiva empieza a ir más allá?"
En círculos académicos las interpretaciones pueden variar. El tema ha sido materia de artículos y discusiones.
Para un guardia que sólo puede utilizar fuerza defensiva, matar a civiles es una violación de las leyes de la guerra, dijo Michael N. Schmitt, profesor de derecho internacional en la Academia de Guerra Naval y ex abogado de la Fuerza Aérea. " Matar a civiles ilegalmente en un conflicto armado, es un crimen de guerra", dijo.
Si los contratistas fueran los agresores en un incidente, podría considerarse que están utilizando fuerza ilegalmente, dijo Scott Silliman, abogado jubilado de la Fuerza Aérea y ahora profesor en la Universidad de Duke. Dijo que sólo se podía llamar defensa personal si eran atacados previamente.
"La única fuerza que pueden usar es defensiva", dijo Silliman. "Pero hay algunos casos en los que los contratistas utilizan fuerza ofensiva, que en mi opinión es ilegal".
Algunos abogados del ministerio de Defensa creen que esa interpretación es muy restrictiva. Como los soldados, los guardias de seguridad deberían poder defenderse a sí mismos si detectan "intenciones hostiles", dijo el funcionario de Defensa.
Pero los guardias a menudo participan en operaciones donde es difícil trazar la línea que separa la fuerza defensiva de la ofensiva, tales como escoltar a diplomáticos por un barrio en una zona de guerra, como hacen muchos frecuentemente.
Esas operaciones deberían ser ejecutadas sólo por militares, dicen algunos expertos.
"¿En qué sentido es adecuado que haya gente implicada en la aplicación de fuerza que no pertenezca a la cadena de comando bajo el presidente de Estados Unidos?", preguntó el funcionario.
Toda duda sobre la condición jurídica de los contratistas puede abrir en Estados Unidos la puerta a más críticas de parte de la comunidad internacional.
John Hutson, ex abogado de la Armada, dijo que no consideraba que los contratistas fueran combatientes ilegales.
Pero eso será difícil de defender por los funcionarios norteamericanos, enfatizó.
"Vamos a pasar apuros a la hora de trazar una distinción clara entre los tipos de Blackwater con armas automáticas y los tipos malos colocando bombas a la berma de las calles", dijo Hutson, ahora decano del Centro Jurídico Franklin Pierce, Nueva Hampshire.
Funcionarios norteamericanos han descrito como combatientes ilegales a muchos de los sospechosos de al-Qaeda y talibanes que retienen en Bahía Guantánamo sea por haber participado en hostilidades contra Estados Unidos, sea por apoyar las hostilidades sin pertenecer a las fuerzas armadas del país.
Según eso, algunos de los guardias privados de Iraq y Afganistán también podrían ser considerados combatientes ilegales, especialmente si han emprendido acciones ofensivas contra civiles desarmados, dicen expertos.
"Si contratamos gente y les pedimos que realicen actividades que constituyen una participación directa en las hostilidades, entonces al menos según las normas de Guantánamo, eso es un crimen", dijo Schmitt.
El otorgamiento de inmunidad de 2004 impide que Iraq procese a los guardias privados según leyes iraquíes. Pero algunos juristas especializados en derecho internacional piensan que Iraq podría utilizar tratados internacionales para llevar a juicio a contratistas por el asesinato de civiles.
De momento, esos juicios son considerados improbables, especialmente debido a que el gobierno iraquí no ha detenido a los contratistas.
Muchos de los actuales y ex funcionarios federales piensan que el gobierno tiene la obligación según las Convenciones de Ginebra de aclarar la condición de los contratistas. Algunos se muestran perplejos de que el gobierno de Bush no resolviera estos problemas -o al menos los discutiera más completamente- antes de enviar a los contratistas a un campo de batalla tan complejo.
"Confunde", dijo Silliman. "Y un montón de nosotros nos estamos preguntando por qué el ministerio de Defensa los hace cumplir tareas militares que son vitales".
julian.barnes@latimes.com
22 de octubre de 2007
15 de octubre de 2007
©los angeles times
©traducción mQh
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