quinto juicio en caso de violación
[Ryam Lenz] Inusual retraso en juicio de soldado que violó y mató a niña en Iraq.
Evansville, Indiana. Fueron condenados uno tras otro -los cuatro soldados norteamericanos que violaron y mataron a una niña iraquí de catorce años en una de las peores atrocidades de la guerra.
A cambio de indulgencia, cada uno de ellos accedió a declarar contra un quinto acusado, un trastornado ex soldado raso del ejército que presuntamente mató a la familia y propuso violar a la niña.
Pero el caso contra Steven D. Green ha progresado apenas en los dieciocho meses que han pasado desde que emergieran las acusaciones. Es un ritmo, observan juristas militares, que contrasta fuertemente con los rápidos juicios de casi todos los demás crímenes reportados en Iraq y Afganistán.
Green, 22, está acusado de ser el personaje central en el asesinato de la familia en Mahmoudiya, una aldea a unos treinta y dos kilómetros al sur de Bagdad. Fue acusado en un tribunal federal debido a que fue licenciado del ejército por sufrir un trastorno de personalidad antisocial antes de ser acusado.
Su juicio fue fijado el martes para el 13 de abril de 2009, en Paducah, Kentucky.
Abogados de la defensa y fiscales federales en el caso se han disputado sobre el alcance de los tribunales federales en asuntos militares, el acceso que tienen los abogados civiles a evidencias militares clasificadas y, más recientemente, sobre cuál es el tiempo necesario para preparar el juicio.
Algunos juristas dicen que los retrasos y las rencillas sugieren dificultades en el procesamiento del último capítulo de lo que muchos consideran la peor atrocidad cometida por militares norteamericanos en Iraq.
"Tienes a tipos muy inteligentes ocupados con un tipo de casos que normalmente no tocan", dijo Charles Rose, profesor de derecho en la Universidad de Stetson y ex juez militar. "Los tribunales penales federales están designados para casos civiles. No se ocupan de violaciones a las leyes de la guerra".
A diferencia de sus co-acusados, Green, 22, de Midland, Texas, es el único soldado acusado en un tribunal civil por los homicidios de marzo de 2006, donde podría ser condenado a muerte si es encontrado culpable.
En noviembre de 2006, Green se declaró inocente de los cargos de violación y asesinato.
Desde entonces cuatro soldados de la División Aerotransportada 101, de Fort Campbell, Kentucky, han sido condenados por su participación en la agresión contra la niña en un puesto de control cerca de Mahmoudiya, una aldea a unos 32 kilómetros al sur de Bagdad, y por colaborar a su violación y asesinato. Las cortes marciales los sentenciaron a penas de cinco a ciento diez años de prisión en acuerdo con la fiscalía.
Dos de los soldados declararon que ellos se turnaron para violar a la niña mientras Green mataba a balazos a su madre, padre y hermana menor. Green le disparó a la niña en la cabeza después de violarla, dijeron. Después de eso, el cuerpo de la niña fue rociado con keroseno y quemado con la intención de destruir evidencias, de acuerdo a declaraciones previas.
Lo esencial en el juicio de Green es la ley utilizada para procesarlo en un tribunal de distrito federal. La Ley de Jurisdicción Militar Extraterritorial permite a los fiscales enjuiciar a personal militar en tribunales federales si ya no pertenecen al servicio y son acusados de un delito que puede ser penado con al menos un año de prisión.
La ley ha sido rara vez usada, y nunca en un caso tan publicitado.
Pero la ley ha destruido las posibilidades de Green de recibir una sentencia comparable a las de los otros acusados en caso de ser condenado, dijeron sus abogados. Todos los soldados fueron acusados de los mismos delitos, pero los condenados por las fuerzas armadas tienen la posibilidad de salir en libertad bajo palabra en diez años, independientemente de la sentencia dictada.
Aunque los juristas dicen que estas disparidades en las sentencias no son inusuales, los abogados de Green han argumentado que es un caso fundamental de justicia que se pierde por la insistencia del gobierno en procesar a Green fuera del alcance de los militares.
Green, que fue también miembro de la división 101, fue licenciado honrosamente de las fuerzas armadas tras presentar un trastorno de personalidad antisocial cuando fue arrestado por policías norteamericanos en junio de 2006 después de asistir a las exequias militares de un amigo.
Se esperan retrasos en el caso que contempla la pena de muerte en un tribunal federal, donde los procedimientos podrían durar hasta tres años, dicen juristas. A los fiscales federales les tomó, por ejemplo, dos años para condenar a Timothy McVeigh, y sentenciarlo a muerte por el atentado con bomba en Oklahoma City en abril de 1995.
Pero Gary Solis, profesor de derecho en la Academia Militar de West Point, Nueva York, sigue desconcertado de que los homicidios en Mahmoudiya se hayan prolongado tanto cuando tantos otros crímenes en Iraq ya se encuentran cerrados.
Las acusaciones de violación y homicidio a manos de soldados norteamericanos en julio de 2006 provocaron la indignación de la comunidad internacional, incluyendo al primer ministro iraquí Nouri al-Maliki, que exigió una completa rendición de cuentas.
Las fuerzas armadas norteamericanas prometieron hacer justicia.
Solis dijo que el proceso de Green en un tribunal de distrito federal refleja sin ninguna duda las presiones políticas para asegurar un severísimo castigo para el cabecilla del grupo que cometió esos crímenes.
"La sentencia de muerte es letra muerta en las fuerzas armadas", dijo Solis. "Si los juzgaran los militares, probablemente Green no sería condenado a muerte. Y si lo sentenciaran a la pena capital, es dudoso que la sentencia se ejecute".
Evansville, Indiana. Fueron condenados uno tras otro -los cuatro soldados norteamericanos que violaron y mataron a una niña iraquí de catorce años en una de las peores atrocidades de la guerra.A cambio de indulgencia, cada uno de ellos accedió a declarar contra un quinto acusado, un trastornado ex soldado raso del ejército que presuntamente mató a la familia y propuso violar a la niña.
Pero el caso contra Steven D. Green ha progresado apenas en los dieciocho meses que han pasado desde que emergieran las acusaciones. Es un ritmo, observan juristas militares, que contrasta fuertemente con los rápidos juicios de casi todos los demás crímenes reportados en Iraq y Afganistán.
Green, 22, está acusado de ser el personaje central en el asesinato de la familia en Mahmoudiya, una aldea a unos treinta y dos kilómetros al sur de Bagdad. Fue acusado en un tribunal federal debido a que fue licenciado del ejército por sufrir un trastorno de personalidad antisocial antes de ser acusado.
Su juicio fue fijado el martes para el 13 de abril de 2009, en Paducah, Kentucky.
Abogados de la defensa y fiscales federales en el caso se han disputado sobre el alcance de los tribunales federales en asuntos militares, el acceso que tienen los abogados civiles a evidencias militares clasificadas y, más recientemente, sobre cuál es el tiempo necesario para preparar el juicio.
Algunos juristas dicen que los retrasos y las rencillas sugieren dificultades en el procesamiento del último capítulo de lo que muchos consideran la peor atrocidad cometida por militares norteamericanos en Iraq.
"Tienes a tipos muy inteligentes ocupados con un tipo de casos que normalmente no tocan", dijo Charles Rose, profesor de derecho en la Universidad de Stetson y ex juez militar. "Los tribunales penales federales están designados para casos civiles. No se ocupan de violaciones a las leyes de la guerra".
A diferencia de sus co-acusados, Green, 22, de Midland, Texas, es el único soldado acusado en un tribunal civil por los homicidios de marzo de 2006, donde podría ser condenado a muerte si es encontrado culpable.
En noviembre de 2006, Green se declaró inocente de los cargos de violación y asesinato.
Desde entonces cuatro soldados de la División Aerotransportada 101, de Fort Campbell, Kentucky, han sido condenados por su participación en la agresión contra la niña en un puesto de control cerca de Mahmoudiya, una aldea a unos 32 kilómetros al sur de Bagdad, y por colaborar a su violación y asesinato. Las cortes marciales los sentenciaron a penas de cinco a ciento diez años de prisión en acuerdo con la fiscalía.
Dos de los soldados declararon que ellos se turnaron para violar a la niña mientras Green mataba a balazos a su madre, padre y hermana menor. Green le disparó a la niña en la cabeza después de violarla, dijeron. Después de eso, el cuerpo de la niña fue rociado con keroseno y quemado con la intención de destruir evidencias, de acuerdo a declaraciones previas.
Lo esencial en el juicio de Green es la ley utilizada para procesarlo en un tribunal de distrito federal. La Ley de Jurisdicción Militar Extraterritorial permite a los fiscales enjuiciar a personal militar en tribunales federales si ya no pertenecen al servicio y son acusados de un delito que puede ser penado con al menos un año de prisión.
La ley ha sido rara vez usada, y nunca en un caso tan publicitado.
Pero la ley ha destruido las posibilidades de Green de recibir una sentencia comparable a las de los otros acusados en caso de ser condenado, dijeron sus abogados. Todos los soldados fueron acusados de los mismos delitos, pero los condenados por las fuerzas armadas tienen la posibilidad de salir en libertad bajo palabra en diez años, independientemente de la sentencia dictada.
Aunque los juristas dicen que estas disparidades en las sentencias no son inusuales, los abogados de Green han argumentado que es un caso fundamental de justicia que se pierde por la insistencia del gobierno en procesar a Green fuera del alcance de los militares.
Green, que fue también miembro de la división 101, fue licenciado honrosamente de las fuerzas armadas tras presentar un trastorno de personalidad antisocial cuando fue arrestado por policías norteamericanos en junio de 2006 después de asistir a las exequias militares de un amigo.
Se esperan retrasos en el caso que contempla la pena de muerte en un tribunal federal, donde los procedimientos podrían durar hasta tres años, dicen juristas. A los fiscales federales les tomó, por ejemplo, dos años para condenar a Timothy McVeigh, y sentenciarlo a muerte por el atentado con bomba en Oklahoma City en abril de 1995.
Pero Gary Solis, profesor de derecho en la Academia Militar de West Point, Nueva York, sigue desconcertado de que los homicidios en Mahmoudiya se hayan prolongado tanto cuando tantos otros crímenes en Iraq ya se encuentran cerrados.
Las acusaciones de violación y homicidio a manos de soldados norteamericanos en julio de 2006 provocaron la indignación de la comunidad internacional, incluyendo al primer ministro iraquí Nouri al-Maliki, que exigió una completa rendición de cuentas.
Las fuerzas armadas norteamericanas prometieron hacer justicia.
Solis dijo que el proceso de Green en un tribunal de distrito federal refleja sin ninguna duda las presiones políticas para asegurar un severísimo castigo para el cabecilla del grupo que cometió esos crímenes.
"La sentencia de muerte es letra muerta en las fuerzas armadas", dijo Solis. "Si los juzgaran los militares, probablemente Green no sería condenado a muerte. Y si lo sentenciaran a la pena capital, es dudoso que la sentencia se ejecute".
25 de diciembre de 2007
19 de diciembre de 2007
©pocono record
cc traducción mQh
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