inocente hasta que se pruebe lo contrario
17 de enero de 2009
Santiago, Chile. La detención errónea que esta semana afectó a una joven embarazada, que incluso fue formalizada por ser la presunta líder de una banda de asaltantes, abre nuevas dudas sobre la protección de los derechos de las personas en el sistema penal actual.
La mujer no sólo fue imputada con prontitud privándosele de libertad, sino que además fue apresada sobre la base de elementos circunstanciales (un discutible parecido físico).
Más allá de que todavía no había fallo alguno que la inculpara, el procedimiento de la imputación misma fue publicitado como si fuera una acusación formal, lo que prueba que el procedimiento (que apenas es el primer paso del procedimiento penal) se ha desvirtuado y se ha convertido en una suerte de juicio público que, al menos en el caso de la embarazada erróneamente detenida, tuvo serios efectos personales y morales.
La imputación o formalización, de hecho, únicamente tiene un sentido informativo y su objetivo es avisar a una persona que está siendo investigada por un hecho determinado.
El Ministerio Público tiene las facultades amplias de formalizar y/o dirigir las investigaciones necesarias.
Sin embargo, este procedimiento que sólo es el primer paso, un aviso, se realiza en un marco de publicidad y con frecuencia las audiencias tienen un aspecto acusatorio bastante claro.
Para que el derecho sirva para todos y respete el principio de la inocencia hasta que se pruebe lo contrario, la gestión de la justicia debe ser eficiente no sólo en números, sino en la prolijidad con que se manejan datos e información, así como con la seriedad con que se dan a conocer a la opinión pública.
Ante ello, no puede ser excusa ni el exceso de trabajo ni las condiciones laborales, pues el cumplimiento de los compromisos con los derechos de las personas es un principio insoslayable.
©la nación
cc traducción mQh
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