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inhabilitación y disciplina contra abogados


No es probable que se formulen cargos en el caso de los memorandos de los interrogatorios. En un informe preliminar, investigadores del ministerio de Justicia recomiendan no formular cargos contra los abogados del gobierno de Bush, pero sí dictar sanciones disciplinarias del estado contra dos de ellos.
[Josh Meyer y Julian E. Barnes] Washington, Estados Unidos. Investigadores del ministerio de Justicia concluyeron que los tres abogados del gobierno de Bush que escribieron los polémicos memorandos sobre los interrogatorios no deberían ser procesados, aunque la conducta de dos de ellos fue suficientemente problemática para merecer su posible inhabilitación en el estado y otras medidas disciplinarias, de acuerdo a dos fuentes familiarizadas con el borrador del informe.
La Oficina de Responsabilidad Profesional del ministerio terminó en diciembre su investigación sobre la autorización legal de la CIA para el uso del submarino y otros métodos de interrogatorio coercitivo contra sospechosos de ser militantes de al Qaeda. La unidad de asuntos internos concluyó que Steven G. Bradbury -uno de los abogados que trabajó en la Oficina de Asesoría Jurídica del ministerio de Justicia- escribió al menos tres memorandos entre 2002 y 2007 que, aunque inquietantes, no merecen ninguna medida disciplinaria seria, dijeron las fuentes.
Pero, dijeron los investigadores, los abogados de la oficina de asesorías, John C. Yoo y Jay S. Bybee, se comportaron de manera poco ética cuando proporcionaron recomendaciones a la CIA y otros funcionarios del gobierno para que pudieran realizar interrogatorios intensivos que se consideraba que eran parte crucial de la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo.
El informe, si finalmente lo aprobara el ministerio de Justicia, será enviado a los colegios de abogados de los estados donde tienen sus despachos esos abogados para estudiar posibles medidas disciplinarias.
Bybee, que fue subsecretario de Justicia, ahora es juez de la Corte Suprema del Noveno Circuito de San Francisco. Los críticos e incluso algunos abogados han pedido su renuncia. Yoo es profesor de derecho en la Universidad de California en Berkeley.
Uno de los ahora infames memorandos que escribieron daba a los interrogadores amplia libertad de acción a la hora de determinar qué tipo de dolor físico y emocional infligir a detenidos de alto valor en un esfuerzo por extraer informaciones sobre posibles atentados terroristas.
El extenso borrador del informe sigue siendo secreto y ni el ministerio de Justicia ni los tres ex abogados de gobierno y sus abogados quisieron comentarlo.
Tampoco es definitivo, porque Bybee y Yoo han tenido la oportunidad de explicar las conclusiones de la Oficina de Responsabilidad Profesional. El fiscal general Eric H. Holder Jr. y otros altos funcionarios del ministerio de Justicia revisarán esas respuestas -así como una escrita por Bradbury antes de que dejara al gobierno- antes de escribir el informe final.
La presión pública para liberar los hallazgos de la pesquisa de la Oficina de Responsabilidad Profesional se ha intensificado significativamente desde que el mes pasado el gobierno de Obama desclasificara cuatro de los memorandos. Eso provocó un debate internacional sobre si los abogados torcieron intencionadamente la interpretación de leyes estadounidenses y tratados internacionales para aprobar lo que los críticos califican de torturas.
Los investigadores se basaron en un tesoro de informaciones reservadas -incluyendo e-mails entre los abogados del ministerio de Justicia y funcionarios de la CIA y la Casa Blanca- en un esfuerzo por determinar cómo habían llegado los abogados a sus conclusiones y si acaso habían sido presionados.
Por ejemplo, durante décadas el gobierno de Estados Unidos ha perseguido y condenado a gente por utilizar el submarino, un método que es un simulacro de ahogamiento, durante interrogatorios. Sin embargo, le dieron poca atención en los detalladísimos memorandos legales.
La investigación de la Oficina de Responsabilidad Profesional constató que los memorandos que tratan de hacer del fallo multiorgánico la línea divisoria entre el dolor y la tortura era algo que cualquier abogado encontraría irrazonable. También concluyó que Bybee y Yoo habían violado el deber del abogado de proporcionar "recomendaciones jurídicas razonables", de acuerdo a una fuente familiarizada con el informe que, como los otros entrevistados, accedió a discutir el informe a condición de conservar el anonimato, debido a que era reservado.
Algunos actuales y pasados funcionarios y juristas del anterior gobierno han criticado a Bybee y Yoo por hacer recomendaciones jurídicas chapuceras que permitieron que la CIA lanzara a los detenidos contra las paredes, los mantuviera despiertos durante una semana y usara otros métodos considerados ampliamente como tortura. Holder mismo ha definido el submarino como tortura.
Pero ex funcionarios del gobierno de Bush han estado cabildeando contra todo tipo de medida disciplinaria, diciendo que los abogados dieron sus mejores recomendaciones en circunstancias muy difíciles -incluyendo el temor de otro atentado terrorista inminente- y que castigarlos tendría un efecto devastador para futuras formulaciones.
La Oficina de Responsabilidad Profesional revisó el caso durante cuatro años e hizo llegar su borrador al fiscal general el 22 de diciembre. Otros funcionarios del anterior gobierno dijeron haberse asombrado de las conclusiones y creían que la oficina de asuntos internos se había extralimitado al realizar un tipo de investigación que estaba bastante fuera de su ámbito.
El ex fiscal general, Michael B. Mukasey y su subsecretario, Mark Filip, se opusieron vigorosamente al informe. En un memorando de catorce páginas recomendaron que se revisaran y reconsideraran las conclusiones, dijeron varios ex funcionarios.
Pero debido a que el gobierno de Bush estaba terminando, le correspondió al gobierno de Obama y Holder decidir qué hacer.
En noviembre, Mukasey escribió que esperaba que una vez que el gobierno de Obama revisara "las decisiones tomadas y las recomendaciones jurídicas proporcionadas, reconocerá que pese a diferencias de enfoque, los abogados de la seguridad nacional de este gobierno actuaron profesionalmente y de buena fe y que el país estaba más seguro como resultado de ello".

Greg Miller contribuyó a este reportaje.

11 de mayo de 2009
6 de mayo de 2009
©los angeles times
cc traducción mQh
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