asesinan a líderes afrocolombianos
21 de diciembre de 2009
Corte Interamericana de DDHH no prestó atención a líderes del Chocó que fueron acribillados. En el 2008, los líderes fueron a Costa Rica a pedir protección. Dos líderes de la región fueron torturados y asesinados el pasado 17 de diciembre. Llevaban 12 años reclamando por la recuperación de sus tierras en el norte chocoano.
Colombia. El pasado 17 de diciembre, el mismo día que torturaron y acribillaron a Manuel Moya y a Graciano Blandón en la orilla del río Caño Claro, en el Carmen de Darién (Chocó), llegó la notificación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que les negaban la protección especial a estos dos representantes de 231 familias afro descendientes, que desde hace 12 años reclaman por la recuperación de sus tierras en Curvaradó y Jiguamiandó en el norte chocoano.
La lancha en la que viajaban, rumbo a Belén de Bajirá, para un encuentro con otros líderes, fue encontrada por un pescador. Cien metros adentro estaban los cuerpos de Manuel y Graciano con señales de tortura. Río abajo también fue hallado el cuerpo del hijo Blandón, de 22 años, que colaboraba con la vocería de los líderes.
Para la comunidad que representaban, estas muertes estaban anunciadas. Desde el 2004, los dos representantes de su comunidad y del "Comité de Gestión para el Retorno" que agrupa a otras 450 familias desplazadas, hicieron la primera solicitud al Tribunal Internacional para que les extendiera a ellos las medidas provisionales de protección que había ordenado a las comunidades afro descendientes de la zona en el 2003.
Lo propio hicieron con el Ministerio del Interior y de Justicia, la Alcaldía, la Fuerza Pública y en la última semana, hasta el Congreso y la Comisión Nacional de Reparación escucharon sus denuncias, en las que advertían claramente que las Farc los iban a matar y seguían siendo amenazados.
Ellos reclamaban sus derechos sobre las tierras que fueron obligados a abandonar en 1997, cuando las Farc y los paramilitares se disputaban este territorio que es considerado corredor militar estratégico.
Sin embargo, la polémica sobre quiénes son los verdaderos beneficiarios de estas medidas, quiénes deben ser las autoridades locales en la zona y quiénes deben ocuparlas, lleva años de amenazas y violentos hechos que han cobrado la vida de otros dos líderes y mantienen la confrontación de dos comunidades que se asientan en el territorio denominado "de uso colectivo" para comunidades afro descendientes.
El Enfrentamiento
Blandón y Moya, como representantes de 231 familias, mantenían un duro enfrentamiento con los líderes de la ONG Comisión Ínter eclesial de Justicia y Paz, dirigida por el sacerdote Javier Giraldo. Justicia y Paz se reconoce como representante de 161 familias afromestizas que han sido reconocidas y protegidas por la OEA. De lado y lado había denuncias de supuestos vínculos con grupos ilegales de la zona. Incluso, esta versión fue reseñada en un informe del Wall Street Journal del pasado 14 de diciembre.
El año pasado el entonces vicefiscal Guillermo Mendoza Diago dijo a la Comisión Interamericana que estas tierras habían sido invadidas por terceros que habían introducido cultivos "y que se adelantaban investigaciones por falsificación de documentos".
Estas investigaciones comprometían a Manuel Moya, señalado de haber suplantado a la representante del Curvaradó Ligia Chaverra con el fin de firmar contratos con las empresas palmicultoras, que también tienen en disputa el control de varios territorios adquiridos, al parecer, de manera fraudulenta.
Tras un informe de campo y una audiencia en Costa Rica con los líderes Blandón y Moya, que pidieron ser tenidos en cuenta dentro del universo de las víctimas de los grupos armados de Urabá, la Corte determinó que "no puede extender la protección de las medidas provisionales ordenadas en este asunto a favor de las 231 familias pertenecientes a Puerto Lleras y Pueblo Nuevo y al Consejo Menor de Bocas de Curvaradó, como a las 450 familias desplazadas representadas por el Comité de Gestión para el Retorno".
Señaló en cambio, que "los beneficiarios de las presentes medidas provisionales son los miembros de 161 familias que habitan las zonas Humanitarias y de Biodiversidad de Jiguamiandó y Curvaradó, quienes conforman una pluralidad de personas identificables y determinables".
©el tiempo 
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