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los pacos se están asilvestrando


columna de lísperguer
Ex director de Carabineros justifica asesinatos policiales.

No se espera otra cosa de este gobierno que muestre a la ciudadanía que todavía está a cargo del orden público y que no se dejará intimidar por una fuerza pública asilvestrada. Carabineros no puede seguir sosteniendo que esos actos violentos son reacciones individuales y espontáneas. Las repetidas violencias (el atentado contra el sindicato de Carteros, los manifestantes sometidos a torturas en los buses policiales, el asesinato a sangre fría de Manuel Gutiérrez, el allanamiento ilegal de una concejala del Partido Comunista, el espionaje a parlamentarios, la infiltración de las marchas por elementos policiales) dejan en evidencia que hay una estrategia de amedrantamiento y provocación a cargo del servicio de inteligencia de Carabineros y que dar de baja a subalternos es insuficiente. Este gobierno, entre otra de sus tareas históricas, deberá emprender una purga definitiva y total de las fuerzas de orden público y armadas para deshacerse de los elementos pinochetistas que siguen controlando la institución y que son probablemente los autores de esta campaña de hostilidad y amenazas contra la población civil.
lísperguer

piden renuncia a general gajardo


Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dijo que el segundo jefe de Zona Metropolitana actuó de modo "apresurado y prematuro" al descartar investigación interna. Jefe de gabinete también dio a conocer otras cuatro bajas de Carabineros que se suman al sargento Miguel Millacura.
[Claudio Leiva Cortés] Santiago, Chile. El gobierno solicitó la renuncia del segundo jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, general Sergio Gajardo, por afirmar el viernes pasado que no era necesaria una investigación interna en la institución tras la muerte del joven Manuel Gutiérrez Reinoso (16) en Macul. La familia acusó desde un principio a un funcionario policial.
La petición la dio a conocer esta tarde en La Moneda el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien además comunicó la baja de otros cuatro carabineros que se suman al sargento segundo Miguel Millacura Cárcamo, desvinculado este lunes en la mañana, tras reconocer que había disparado "al aire" en el lugar en que murió el joven.
Los efectivos dados de baja son los cabos segundos Patricio Bravo Muñoz y Francisco Vásquez Flores, el carabinero Williams Rodríguez Cumunao y la subteniente Claudia Iglesias Luz. Aunque Hinzpeter no informó las razones, se supo que los cuatro integraban la patrulla del sargento Millacura y que no comunicaron lo sucedido a sus superiores.

El Error del General Gajardo
En cuanto al general Gajardo, el ministro Hinzpeter recordó que tras la muerte de Manuel Gutiérrez y las acusaciones lanzadas por la familia en contra de un piquete de Carabineros, el segundo jefe de Zona Metropolitana negó que miembros de la institución hubiesen participado en los hechos y descartó realizar una investigación propia.
"Hoy hemos sabido que el suboficial Millacura Cárcamo fue dado de baja al confesar que en la noche en que murió Manuel Gutiérrez había disparado su arma, una ametralladora UZI, en las cercanías del lugar en que se produjo el fallecimiento. Posteriormente, la habría ocultado para que no fuera periciada por el Ministerio Público y habría reemplazado los proyectiles disparados para evitar sea detectado el uso de su arma", dijo Hinzpeter.
Añadió que "serán los tribunales de justicia quienes deban finalmente establecer la responsabilidad penal por la muerte de Manuel Gutiérrez. Sin embargo, como gobierno, nos asiste la convicción de que la responsabilidad de mando va más allá del suboficial Millacura Cárcamo y los demás funcionarios que hemos indicado".
Agregó que "Carabineros de Chile se encuentra revisando toda la responsabilidad de mando y no podemos descartar que en los próximos momentos existan otras desvinculaciones. Queremos recalcar que  el gobierno de Chile comparte estas decisiones que han sido adoptadas por Carabineros, sin perjuicio de que ante la gravedad de los hechos que hemos conocido, las considera insuficientes".

Investigación Necesaria
"Por tal razón, el gobierno ha resuelto solicitar al general director de Carabineros, Eduardo Gordon Valcerce, solicite al general Gajardo la renuncia a la institución desde que estimamos que obró de modo apresurado y prematuro, al dar a conocer la información indicada y descartar una investigación que aparecía como aconsejable y necesaria. Esto, sin perjuicio de otras responsabilidades que el gobierno podrá evaluar", agregó el jefe de gabinete.
Finalmente, consultado por la renuncia que le han pedido desde diversos sectores, Hinzpeter recordó las palabras de Mireya Reinoso, madre de Manuel Gutiérrez, quien llamó a no politizar la muerte de su hijo.
30 de agosto de 2011
29 de agosto de 2011
©la nación

día del desaparecido


Aministía Internacional indicó que en los últimos 30 años se registran cerca de 50 mil desapariciones forzadas en todo el mundo y puso el ejemplo de esa práctica durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Chile. En muchos países del mundo hacer "desaparecer" a personas es una práctica "corriente" por parte de gobiernos y fuerzas de seguridad, según aseguró a Efe el asesor especial de Amnistía Internacional (AI) Javier Zúñiga, que, entre otros caso, recordó esta práctica durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.
"Alguien es detenido para ser interrogado y torturado. Posteriormente lo asesinan y hacen desaparecer el cuerpo. Las autoridades nunca reconocen la detención y la persona pasa a ser una entidad casi irreal. A los familiares se les pide en primer lugar que demuestren que existe", relató Zúñiga, de nacionalidad mexicana.
Según los datos de la ONU, en las últimas tres décadas se han registrado más de 50.000 desapariciones forzadas en todo el mundo, una situación que trata de subrayar el Día Internacional de los Desaparecidos, que se conmemora este martes.
Es una práctica que puede describirse como el "crimen perfecto", dado que habitualmente no hay pruebas ni cuerpo ni delito ni, en la mayoría de los casos, investigación por parte de las autoridades.
"Si el desaparecido es un hombre, a la esposa le dicen que se fue con otra mujer o simplemente que no existe ningún documento que pruebe que fue detenido por las autoridades", apuntó Zúñiga en su entrevista con Efe.
Sin embargo, "los gobiernos tienen que entender que el problema no puede barrerse debajo de la alfombra", sostiene Zúñiga, "porque las familias van a permanecer hasta el fin de sus días buscándolos".
"Los hermanos, los hijos, hasta las abuelas, recorren un ’vía crucis’ por muchos lugares de detención, hacen innumerables gestiones y, al final, recurren a instancias internacionales", describe el asesor especial de AI.
En América Latina, las desapariciones no concluyeron con el fin de las dictaduras militares de finales del siglo XX, sino que continúan existiendo en la actualidad.
"México no sólo tiene las desapariciones históricas de los años 70 sino que, desgraciadamente, a raíz de la actual lucha armada contra el crimen organizado, hemos constatado un recrudecimiento de las desapariciones forzadas", indicó el experto de Amnistía Internacional.
En este país norteamericano se da la circunstancia de que parte de la población parece aprobar esas acciones, dado que los "desaparecidos" son presuntos criminales, un comportamiento que Zúñiga explica a partir de las políticas de comunicación de los gobiernos.
"Esa tolerancia no se ha dado sólo en México. Durante las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay, el Gobierno tenía una maquinaria de propaganda que describía a los desaparecidos como gente nociva que quería destruir la sociedad. Así que la población pensaba que estaba bien que los detuvieran, para evitar un daño mayor", afirmó Zúñiga.
La solución reside, según el asesor especial de AI, en lograr anular la "permisividad" con las desapariciones por parte de las altas esferas de los estados que, en general, no son las que ordenan los secuestros en primera instancia, asegura el experto.
"Si empiezan a llegar casos en los cuales todo hace pensar que son las fuerzas de seguridad las que están haciendo desaparecer a personas, se deben tomar medidas de inmediato, como apartar a las unidades implicadas e iniciar investigaciones independientes", afirmó Zúñiga.
29 de agosto de 2011
©la nación

carabineros torturan a manifestante


"Me pegaron, patearon, me apretaron la cabeza y los ojos, quedé sin resistencia. "Me gritaban: ¡no te gusta marchar, te vamos a matar!"
[Nancy Arancibia] Chile. Así relata Francisco Arias, estudiante de la Universidad Alberto Hurtado, lo sucedido el 9 de agosto cuando fue detenido por Carabineros mientras sacaba fotos y les mostraba una tarjeta roja a los efectivos policiales para simbolizar el rechazo a la violencia. La Asesoría Ciudadana dice que su caso no es aislado y presenta este lunes una querella.
Francisco Arias (25) se define pacífico, de esos que nunca se ha trenzado a golpes con nadie, jamás tuvo un impasse con Carabineros, ni siquiera una infracción del tránsito. Pero el 9 de agosto todo cambió: fue detenido a las 13.30 horas en el Paseo Bulnes, a metros de las peleas de encapuchados y Carabineros, después de la marcha convocada por los estudiantes que culminó en Parque Almagro.
Acusa brutales golpes de pies y puños, amenazas verbales y tortura, aunque de eso sólo se daría cuenta cuando los médicos que constataron lesiones en la Clínica Santa María, se lo advirtieron. Tenía 2 costillas quebradas y le describieron la agresión en sus ojos como una técnica de subyugación que genera una respuesta vagal de su organismo, lo que significa dejar su cuerpo sin posibilidad de respuesta. "Quienes hacen esto saben lo que están haciendo", le comentaron los doctores, dice. Sólo allí dimensionó la gravedad de lo vivido.
Hasta este día Carabineros de Chile le daban seguridad, hoy son ellos los que le provocan temor.  Todavía resiente el dolor en sus costillas, le cuesta respirar y no puede reírse fuerte sin dolor. Francisco duerme mal, con sobresaltos y tiene una pesadilla recurrente: Lo detienen en cualquier parte y lo agreden. Vive cerca de la Escuela de Telecomunicaciones de Carabineros y la música que antes era parte de su paisaje, hoy es un signo de sobresalto.

Querella por Tormentos
Este lunes 29 de agosto, Francisco Arias presentará en tribunales una querella "contra quienes resulten responsables" por los delitos de "detención ilegal, daños, amenazas y tormento".
"Para mí ha sido complicado decir que me torturaron, por toda la historia que tiene Chile, porque hay personas que sin duda sufrieron mucho más que yo y le hicieron cosas mucho más terribles, pero esta es una práctica de tortura a las personas", acusa.
Para Ítalo Jaque, secretario de Comunicaciones de Asesoría Ciudadana, organización que le presta asesoría legal, el estudiante no está equivocado, porque la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura, ratificada por Chile, señala en su artículo N° 2  que "todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales (...). Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica".
Por lo tanto, explica Jaque, "todo lo que le hicieron a Francisco es tortura en el sentido de la legislación internacional ya que es una acto que inflige sufrimiento físico con el fin de castigo personal".
Sin embargo, aclara que esta figura de "tortura" no aparece en el Código Penal chileno, pero sí el delito de "tormento", tipificado en el artículo 150-A del Código Penal como quien "inflige dolor físico totalmente ilegítimo sobre una persona privada de libertad".
Ítalo Jaque sostiene que no se trata de una práctica aislada. En "Asesoría Ciudadana" han recibido más de 40 casos que acompañan esta afirmación y varias de ellas califican para presentar querellas por "tormento", "detención ilegal" o "daños".

Carabineros
El área de Comunicaciones de Carabineros de Chile recibió los antecedentes del caso denunciado por Arias. Sin embargo, al cierre de esta nota, no hubo respuesta oficial. No obstante, el coronel Mario Rozas, adelantó a Nacion.cl que si hay antecedentes que comprueben las imputaciones, se trata de "conductas personales y no institucionales" y ameritan una investigación interna que puede terminar con la baja del o los responsables y puestos a disposición de la justicia. Además, enfatiza el derecho y el deber de las personas a denunciar estas prácticas, que de haberlas, son delito.

Seguimiento del INDH
El Instituto de Derechos Humanos (INDH) ha mostrado preocupación por la violencia policial. El 23 de agosto lanzó el "Programa de Seguimiento y Control de la Violencia Policial",  que pondrá en la calle, durante las movilizaciones a 12 observadores.
Lorena Fríes, directora del INDH, fue testigo de los reclamos de personas que reclamaron por los quejidos y golpes que se sentían desde la micro policial, identificada con el número B-261 de la 29° Comisaría de Fuerzas Especiales, donde fue detenido Arias.

Testimonio de un Delito
Francisco Arias se sumó a las manifestaciones estudiantiles porque adhiere a sus demandas, pero motivado principalmente por registrar fotográficamente lo que vislumbra como sucesos históricos en el país.
Después de 2 marchas, cuenta que le llamó la atención la agresividad en contra de quienes se manifiestan pacíficamente. Tiene un curso de árbitro y le pareció buena idea desempolvar sus tarjetas y mostrarlas para simbolizar la reprobación de esta conducta. Y así lo hizo. Pero no sospechó que sería protagonista de su condena.
Había terminado la marcha en el Parque Almagro. Mucha gente se desplazaba hacia la Alameda por calle San Diego o San Ignacio, y él también lo hizo. Llegó hasta el Paseo Bulnes con Tarapacá y vio los enfrentamientos con Carabineros, pero una cuadra más hacia el sur.
"Me di cuenta que un zorrillo se metió dentro del Paseo Bulnes y empezó a tirarle (gas) a personas que no estaban haciendo nada más que sacar fotos y mirar. A mí me cayó una nube de  gas en la cara", recuerda.
Molesto, decidió sacar sus tarjetas y levantó su brazo con la roja en la mano. Quería "mostrarles categóricamente que lo que estaban haciendo no era legítimo, porque estaban abusando contra personas que no estaban haciendo nada, siendo que hay otras personas que sí deberían ser controladas". Con la "roja" todavía en alto, fue tomado por detrás, reducido y subido a la micro B-261 de Fuerzas Especiales.
"Me suben a la micro, me tiran al suelo y me empiezan a gritar: ’no soi tan choro, no te gusta salir a marchar’ y me empezaron a pegar. Estaba solo contra carabineros. No sé cuántos eran porque me cubría la cara y protegía mi cámara, mientras me pateaban en el suelo". "Te tiraste, te vamos a matar. Si te volvemos a ver en la calle te matamos, te vamos a reventar", dice que le seguían gritando.
"No sentí golpes de palo, sé que fueron puños, patadas y rodillazos. Me cubría la cara, así que no los podía ver bien", cuenta. Le preocupaba la cámara fotográfica, que era prestada. "Cuando me tratan de quitar la cámara, uno de los carabineros me empieza a apretar fuertemente los ojos (con sus pulgares) para que yo la soltara". Acto seguido, "otro tipo se me tiró encima y me quebró las costillas de un rodillazo". Sólo supo que su 7ª y 8ª costillas estaban quebradas horas después, tras el examen en la Clínica Santa María.
En el momento "sólo sentí un gran dolor punzante y me quedé sin aire", dice. Le quitaron la cámara y quedó incapacitad con sensación de desvanecimiento. "Levantaron la cámara y me dijeron: ’aquí tienes tu cámara, para eso hueviaste tanto’ y la azotaron contra el suelo, quebrándola". La reparación de la Nikon D 7000 le costará más de 400 mil pesos. Esa es una de las razones que lo empujan a congelar su carrera y trabajar para pagar eso y sus deudas, añade.

"No Le Peguen", Gritaba la Gente
Arriba de la micro de Carabineros, Francisco gritaba que pararan y no le pegaran más. Justamente los golpes y algunos de sus gritos fueron escuchados desde la calle por quienes presenciaron la detención y miraban a la distancia los disturbios en el Paseo Bulnes.
La gente reaccionó y le pegaron a la micro por fuera. Decían "dejen de pegarle", "no le peguen al estudiante" y preguntaban hacia el interior del autobús para que Francisco gritara su nombre y así poder seguir su rastro.
"Yo sentí desde que me subí que la gente pedía que dijera mi nombre y que le pegaban a la micro. Pero no alcancé a gritar, me pegaron y sólo recuerdo que después la micro se movió", cuenta. Calcula que avanzó 2 cuadras y recién en ese momento gritó su nombre.
Asegura que nunca nadie le explicó las razones de su detención, ni le leyeron sus derechos. Preguntó por los nombres de quienes lo detuvieron, pero nadie respondió. Acusa que los efectivos tampoco portaban su identificación. Lo trasladaban, pero no sabía su destino. Estaba solo en la micro y entró el pánico.
"No sabía en qué parte estaba. No se podía mirar hacia fuera. En ese momento, hasta se me pasó por la cabeza que me podían matar. En el fondo sumé lo que me habían dicho antes y lo fuerte de cómo me trataron", cuenta. Sólo se calmó cuando subieron a otro estudiante, quien le comentó que lo habían detenido por orinar en la calle y venía esposado. Luego subiría otro al que también habían golpeado, recuerda.

La Comisaría
En la 3º Comisaría de Santiago, le hacen una especie de control donde ponen sus datos en un computador, dice. Pero sigue sin saber los cargos ni sus derechos.
Las más de 7 horas que estuvo en el lugar lo mantuvieron en un galpón, "como un corral lleno de Carabineros". Pero allí no estaba solo, y calcula que había aproximadamente unas 300 personas.
"Durante la detención, tanto en la micro, el furgón y en la comisaría, de las 300 personas que vi, creo que sólo 2 responden a los encapuchados que uno identifica como los que realizan los destrozos. En la comisaría me sorprendió la cantidad de niños que había, chicos de 12 ó 13 años, incluso vi algunos con ponchera", señala.

Constatación de Lesiones
Lo hicieron pasar a una oficina con un escritorio y una persona con delantal blanco y estetoscopio, lo miró, no lo tocó y le dijo que estaba bien. Denuncia que omitió sus evidentes ojos hinchados y negros y el dolor en sus costillas. Arias dice que nunca se identificó y tampoco le dieron copia de la hoja que llenó.
"Después de eso me obligaron a firmar otro documento, pedí leerlo, pero no me dejaron. Me dijeron, firmas y te vas y si no firmas, no te vas", dice. Puso su rúbrica en el papel, pero no la firma legal.
Salió aproximadamente a las 23.00 horas. Sus padres lo esperaban y fueron directamente a la Clínica Santa María a constatar las lesiones.
Distintos médicos lo vieron y el oftalmólogo le explicó que lo que le habían hecho en los ojos era complejo, "porque esa práctica estimula una respuesta vagal, que es un reflejo que uno no puede controlar, que puede provocar desde un desmayo hasta un paro cardiaco, dependiendo de la presión que te pongan. Eso significa que el que me hizo eso sabía perfectamente lo que estaba haciendo y lo que quería provocar. Él médico me alentó a denunciar porque esto sí era una práctica de tortura", cuenta.
El traumatólogo lo revisó y tomó radiografías, constatando que su 7° y 8° costillas estaban rotas. Recién ahí dimensionó el castigo que recibió durante su detención. Asegura que eso  lo motiva a superar el miedo que siente por represalias y denunciar su experiencia, convencido que no debe pasarle a nadie más.
29 de agosto de 2011
©la nación

quiénes mataron al general bachelet


Ex subsecretario de Aviación identificó ante juez a quienes habrían torturado a Bachelet. Raúl Vergara detalló cómo subalternos vejaron al general Alberto Bachelet cuando estuvieron presos en la cárcel pública. Los antecedentes obran en la recién abierta indagatoria de este caso.
Santiago, Chile. Raúl Vergara, ex subsecretario de Aviación informó al juez Mario Carroza los nombres de quienes habrían torturado al general Bachelet cuando este estuvo detenido durante la dictadura militar y lo que habría producido su posterior muerte el 14 de marzo de 1974.
La entrega de esta información se enmarca en la investigación que abrió el viernes el juez Mario Carroza la cual busca determinar la verdadera razón de muerte del General Bachelet, padre de la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
Se trataba de "un general de la República, oficial que había pasado toda su vida en la Fuerza Aérea (...) más allá de los apremios físicos que también tuvo, una cosa importante son los apremios sicológicos: un oficial de su rango, de su prestancia, ser maltratado por sus inferiores es una herida en el alma que difícilmente una persona como él podía soportar", informó Raúl Vergara a Radio Cooperativa, asegurando que está información ya fue entregada a la justicia.
De acuerdo a lo informado por Vergara, el habría estado detenido junto a Bachelet en la cárcel pública donde el entonces coronel Edgard Ceballos Jones, quien luego pasó a ser el jefe del Comando Conjunto que habría torturado al General.
"A todo los que estuvimos involucrados en el proceso nos causa mucha satisfacción que (para) un personaje tan importante como el general Bachelet, finalmente las circunstancias de su muerte sean plenamente aclaradas", declaró Vergara.
29 de agosto de 2011
©soychile/Santiago

desplazados por diecinueve millones


Una familia desplazada le contó a VerdadAbierta.com cómo quedó atrapada en el conflicto entre las Águilas Negras y los Rastrojos en Chocó, luego de que los obligaran a transportar 19 millones de pesos.
Colombia. Las bandas criminales Águilas Negras y Rastrojos desplazaron a una familia campesina de la vereda Villa Luz, en Carmen del Darién, Chocó, luego de que fueron obligados a llevar 19 millones de pesos de una banda desde San José de Apartadó. Por el conflicto entre los dos grupos ya se fueron desplazadas 11 familias de esa vereda.
Felicidad, es la cabeza de hogar de una de las familias desplazadas, y contó que todo comenzó cuando los grupos armados llegaron a la región y empezaron a presionar a los campesinos para que tomaran partido por uno de los bandos.
Ella una colona, que era dueña de una parcela cerca a la población de Villa Luz, cultivaba con sus hijos plátano y otros productos de pancoger, además tenía la única tienda en los alrededores.
También era propietaria de una parcela en la vereda Caño Claro heredada de su padre, y tenía un apartamento en Apartadó, en el que vivían sus hijos mayores.
Esta familia ya había sido desplazada a finales de 1996 por el asesinato del esposo de Felicidad a manos de la guerrilla.
A finales de 1996 y principios de 1997 más de 15 mil personas fueron desplazadas en Curvaradó y el Bajo Atrato por temor a los combates entre el frente 57 de las Farc, el Ejército y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Según informes de la Defensoría del Pueblo  la mayor parte de estos desplazamientos se registraron luego de que el Ejército iniciara una ofensiva contra la guerrilla conocida como ‘Operación Génesis’.
Desde 2000 varias familias del Bajo Atrato intentaron regresar a su tierra y recuperar lo que era suyo. Este proceso fue iniciado con tres comunidades de paz y creció hasta tener alrededor de 8 comunidades con estatus de zonas humanitarias. El Consejo Comunitario de Curvaradó también logró recuperar por las vías legales varias de las tierras con títulos comunitarios que habían perdido.
En 2006, Felicidad regresó a su parcela luego de haber deambulado por varios pueblos del Chocó y Antioquia sin poder asentarse en alguno de ellos por no encontrar una actividad que le permitiera mantener a su familia.
Al momento de su regreso encontró que, a pesar de la desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas, la región estaba bajo el control de un nuevo grupo armado ilegal conocido como Águilas Negras. Según contó a VerdadAbierta.com, las Águilas controlaban todo desde Playa Roja hasta Apartadó (en el norte de Chocó).

El Primer Encuentro
A principios de ese año llegó a Villa Luz un grupo de hombres armados que se identificó como de la guerrilla. Pero ese grupo de hombres empezó a quedarse en las hamacas que esta colona tenía colgadas a la entrada de su tienda, y a veces, según recuerda, le compraban víveres. Pero dudó que fueran de la guerrilla.
Poco tiempo después, los delincuentes le comentaron que en realidad eran parte de ’Los Rastrojos’, bajo el mando de un hombre al que le decían ‘El Viejo’, y que tenían más de 50 combatientes más en el monte.
A uno de ellos le decían ‘Tabaco’. Según dijo a este paramilitar lo había visto antes con las ’Águilas Negras’, pero se enteró de que se había salido de ese grupo y se había unido a los Rastrojos. "Desde que ellos llegaron pensé que la zona se iba a dañar", dice Felicidad.
Sus problemas empezaron una mañana en la que uno de estos hombres le pidió que su hijo les fuera a hacer un ’mandado’ a una población rivereña conocida como Brisas. Y además le pidieron plata prestada. Lo que hicieron en realidad fue enviar al menor a comprarles droga. Brisas es un puerto maderero en el río Curvaradó que está bajo el dominio de las Águilas Negras y es un paso obligado para ir desde su parcela hasta Apartadó.
El menor, que había rechazado en varias oportunidades unírseles, se vio obligado a ir por la droga. Le contó a VerdadAbierta.com que nunca había comprado marihuana y no sabía cómo conseguirla.
"En Brisas vendían droga, pero a mí me dio miedo comprarla allá porque estaban las Águilas, entonces les pedí a unos amigos que me ayudaran y les di los cien mil pesos. Ellos me trajeron una bolsita pequeña que metí en mi bota y me devolví a entregarla" contó el menor.
Una vez regresó el hijo de Felicidad, decidió enviarlo a vivir al apartamento que tiene en Apartadó y justificó su ausencia a una cita médica.

Los 19 Millones de Pesos
Sin tener a quien enviar a hacer sus ’vueltas’, el grupo de ’Los Rastrojos’ empezó a usarla como correo humano. Como ella tenía la costumbre de viajar constantemente a Apartadó para surtir su tienda y visitar a sus hijos mayores, los delincuentes la convencieron para que les trajera un dinero.
Allí comenzó su nueva odisea. Ella trató de negarse porque no podía dejar a sus hijos pequeños solo, pero los hombres le dijeron que ellos "los cuidaban". Es decir que los retenían mientras ella iba al pueblo por drogas o por provisiones. Asustada aceptó. Sin embargo, para garantizar que no se escapara, ‘Tabaco’, que era el jefe de la cuadrilla, la obligó a dejarle la dirección de su apartamento en Apartadó.
Como era creyente, la mujer dejó a sus hijos "pidiéndole a Dios que no les pasara nada".
Al llegar a Apartadó se encontró con que una mujer le había dejado 19 millones de pesos.  Felicidad tomó el dinero y al día siguiente, 11 de mayo, inició el regreso a su parcela. Siempre pensaba en la suerte de sus hijos en poder de los paramilitares.
Pero, cuando estaba en Brisas la llamó ‘Tabaco’. "Me dijo que no le entregara la plata a nadie, que se había presentado un problema. Me pidió que me escondiera, que no contestara el teléfono, que lo esperara.  Ahí mismo me llamaron los Rastrojos y me dijo: ‘Tabaco’ se nos torció , no le entregue la plata que la mata, vengase con la plata a pie por la orilla del río que nosotros vamos a buscarla".
Asustada por sus hijos pequeños y porque ‘Tabaco’ sabía donde encontrarla, dice que lo único que hizo fue rezar para calmarse. Según ella, escuchó una voz que le decía que pasara el río.
Fue cuando decidió dar a conocer la situación a la comunidad que se encuentra justo en frente al puerto de Brisas, la zona humanitaria de Camelias.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, una Ong cristiana que hace acompañamiento a víctimas, la recibió y la protegieron mientras la Defensoría del Pueblo y la Policía, hacía un plan para sacar a ella y a su familia de la región.
Hombres del Ejército fueron por sus hijos, quienes al ver que no volvía, se habían escapado de los hombres armados, y refugiado en la casa de un pastor de la iglesia evangélica cercana a su caserío. Allí los encontraron los soldados.
Sin embargo y a pesar de tener protección, la siguieron intimidando. "La gente de (Comisión Intereclesial) Justicia y Paz les dijo que nadie con mi descripción había llegado, que se fueran".  ‘Tabaco’ , Águilas y Rastrojos la llamaron constantemente amenazándola para que entregara el dinero, también llamaron a una de sus hijas.

Las 11 Familias de Villa Luz
Diez días después del desplazamiento de Felicidad y sus hijos, la Defensoría del Pueblo registró un desplazamiento masivo de 11 familias que huyeron de enfrentamientos entre Águilas Negras y Rastrojos. La mayoría de estas familias, según lo dicho por la Defensoría, se refugió cerca de la comunidad de No Hay Como Dios.
Según reportes de la Defensoría del Pueblo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, las comunidades campesinas y afrodecendientes de Curbaradó siguen en riesgos por los enfrentamientos entre las dos bandas criminales.
29 de agosto de 2011
25 de agosto de 2011
©verdad abierta

sobre el paramilitarismo


El proceso conocido como Justicia y Paz, que ha servido como mecanismo para la desmovilización de cerca de 30.000 paramilitares en Colombia, está bajo la lupa de analistas y observadores internacionales.
[César Paredes] Colombia. Hay quienes consideran que el proceso investigación y juzgamiento que tiene por objeto develar qué fue lo que ocurrió durante los años de la actuación paramilitar es un ejemplo para otros países del mundo. Otras voces menos optimistas advierten que hay una crisis, pues en seis años del proceso, solo hay una condena en firme, mientras que hay más de 380.000 víctimas registradas ante la Fiscalía.
La Comisión de Paz del Congreso de la República abrió el debate en mayo pasado cuando convocó a varios sectores de la sociedad y a representantes del Estado a discutir cuál debe ser el escenario para la paz. La conclusión deja un sabor agridulce: ha habido avances importantes, pero también grandes vacíos.
Por esta razón varias organizaciones como el Centro Internacional para la Justicia transicional (ICTJ), la Misión de Apoyo de la OEA, entre otras, convocaron a un foro para evaluar cuáles deben ser las estrategias para que el proceso de Justicia y Paz sea más efectivo. El tema del foro fue "Selección o priorización como estrategia de persecución de crímenes internacionales".
A propósito de la discusión, Semana.com habló con Paul Seils, vicepresidente del Programa del ICTJ, quien señaló cuál debe ser, en su criterio, el propósito de la justicia transicional: que la ciudadanía vuelva a confiar en las instituciones.

Semana.com: ¿Cuál es el contenido de la ponencia que va a presentar esta semana en la conferencia internacional?
Paul Seils: Es conocido que hay una crisis de credibilidad y de eficacia en el proceso de Justicia y Paz, aunque hay algunos resultados. Pero, en términos de condenas se ve que la credibilidad se está perdiendo y es necesario proponer nuevos criterios para avanzar.
Tenemos entre 3.500 y 4.500 postulados al proceso y hay 405 procesados, es un proceso bastante lento. Pero a la vez, no estamos en la misma situación del 2005, cuando se creó la Ley de Justicia y Paz, porque tenemos mucha más información sobre el fenómeno del paramilitarismo. La pregunta es cómo se debe hacer una selección de casos. En síntesis, creo que se debe, pero no debe ser la oportunidad del Estado para economizar, sino que tiene que ser fundada en los criterios de la política criminal: inteligible, coherente y mensurable.

¿Cómo se debe dar esa selección de casos?
Tenemos que dar unos pasos previos para ver cuáles son los objetivos que estamos buscando. Esto requiere una comprensión sofisticada de la justicia transicional. Los objetivos de esta justicia son: la dignificación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y la reconstrucción de las relaciones de confianza entre los ciudadanos y el Estado, que por omisión o comisión es responsable.
Esto quiere decir que si vamos a aplicar criterios de selección de casos, tenemos que entender que el proceso no solo se debe basar en el presupuesto de que el paramilitarismo es un fenómeno militar, sino de que, parcialmente, se presentó la cooptación del Estado ya también hubo apoyo de sectores privados. Por eso es importante no perder de vista la necesidad de desmantelar el sistema que lo apoyó y lo sostuvo.

Usted considera que la justicia no está siendo efectiva. ¿Por qué?
Porque para mí no se ha comprendido el propósito de la justicia transicional que busca soluciones a problemas reales y urgentes. Este es un concepto práctico basado en principios de derechos humanos y del derecho internacional, pero no es la aplicación religiosa de normas que se aplicarían en condiciones normales. Pero si se opta por la selección, esta no puede ser una salida fácil para que el Estado responda a un problema de eficacia o credibilidad, sino que tiene que ser una renovada política criminal.

¿Cuáles son los términos con los que se evalúa la eficacia de la justicia transicional?
La eficacia no se puede medir en casos específicos. La pregunta es, después de un rato prolongado, si la gente tiene más confianza en el Estado, si una masa crítica considera que las instituciones son creíbles y confiables.
Si me preguntan por el proceso en Argentina, yo diría que sí, que el proceso ha sido exitoso 100 por ciento, porque después de los procesos de reparación no ha habido la mínima sugerencia, aún en tiempos de crisis económica, de que el Ejército haya pensado en tomarse el poder. Estos procesos pueden tardar décadas para ver si han sido eficaces, pero el Estado debe enfrentar las tensiones entre la búsqueda de la paz y la búsqueda de la justicia. No hay ningún país que lo haya hecho enjuiciando a cada persona que haya cometido un delito, pero la justicia transicional dice que la solución éticamente aceptable y tolerable no es negar las obligaciones del Estado, sino buscar una solución práctica al problema.

¿Cuáles son las características que hacen el caso de Colombia?
En términos generales, cuando la justicia transicional comenzó a ser un concepto práctico para solucionar los problemas de criminalidad y violaciones masivas, hablamos de contextos de represión masiva. La aplicación de justicia transicional en conflictos vigentes o posconflictos presupone que los países han perdido su infraestructura institucional. En ese sentido, Colombia es única porque las instituciones no han dejado de funcionar y por eso se presupone que cuenta con los mecanismos suficientes para conseguir estos objetivos. En cambio, cuando hablamos países como África, donde la infraestructura no existe, no se puede tener las mismas expectativas que se tiene con Colombia. Para cada caso hay que cambiar el lente de observación, porque en Colombia el discurso del Estado es que hay un conflicto vigente pero hay una institucionalidad que no ha fracasado. En ese sentido, las expectativas tienen que ser altas, la demanda tiene que ser mayor. Colombia tiene ventajas sobre otros países, pero a la vez, no ha prosperado mucho la manera en que busca recuperar la confianza.

Hay sectores que dicen que el proceso de Justicia y Paz es un modelo en el mundo, pero hay quienes dicen que es un fracaso. ¿Quién tiene la razón?
P.S.: Sería muy deshonesto decir que no se ha visto nada, aun con las críticas a la desmovilización porque no se desmovilizaron todos o porque no han dicho toda la verdad. El proceso ha permitido que miles de personas conozcan las circunstancias en las que fueron asesinados sus seres queridos y han recuperado sus restos. Eso es positivo. A la vez que ha habido un proceso de participación y compromiso del Ejecutivo y del Legislativo, lo cual es saludable para el funcionamiento del Estado.
Pero al preguntar si ha logrado alimentar la confianza en el Estado, la mayoría podría decir que no está prosperando. Las investigaciones tienen que ser más ágiles. No es suficiente con decir que tenemos miles de casos en un archivo, pero sin procesos. Es un ejemplo porque Colombia se comprometió con el Estatuto de Roma, que dice que el Estado tiene que ejercer su institución penal en cuanto al juzgamiento de delitos graves. Pero con los resultados que hemos visto no es un buen ejemplo, aunque hay esperanza de que se corrija.

¿Hasta qué nivel deben llegar las investigaciones sobre las redes de la criminalidad?
En los últimos 10 años estamos viendo una práctica del derecho internacional que busca que las investigaciones lleguen hasta las más altas esferas. Pero un proceso no se puede basar en la condena a chivos expiatorios. Si el pueblo considera que son chivos expiatorios, no va a tener más confianza en el Estado. Eso no quiere decir que los combatientes rasos no tengan una responsabilidad, sino que son una parte. De ahí la importancia de desmantelar el aparato que cometió los delitos. Si queremos crear un Estado capaz de mantener la paz y de garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, se tienen que destruir los aparatos. Por eso, la lógica es llegar hasta los altos responsables y no solamente a los militares, sino que la justicia debe encontrar los vínculos de ese fenómeno político y social llamado paramilitarismo, y cuál fue la impunidad que dejó durante los años en que cometió los crímenes.

¿En países como Egipto y Libia cuáles son los retos de la justicia transicional?
Lo que busca la justicia transicional en Egipto es lo mismo, aunque los contextos sean diferentes. Allá, por ejemplo, hubo un régimen de represión de los derechos básicos de ciudadanos como la libertad de expresión, libertad de participación en la vida pública y cosas más graves. Lo que pide la sociedad egipcia son instituciones del Estado que garanticen sus derechos para tener una vida libre de temor y violaciones. La Primavera Árabe ha sido interesante en términos políticos e históricos porque hay una depuración de la voluntad de una región en el reclamo por sus derechos básicos. El centro del discurso no es la redistribución de la riqueza, oportunidades o empleo, aunque sí hace parte, lo que busca la mayoría es participar en la vida pública, que se respeten sus libertades.

En un proceso de transición, ¿por qué es importante que todo el Estado y no solo el aparato judicial se comprometa?
Si la cuestión es de confianza ciudadana y dignificación de las víctimas, todas las ramas del Estado, pero también las instituciones de la sociedad, deben gozar de la confianza de una masa crítica de la ciudadanía. La rama judicial solo puede ser, en un sentido, el último recurso de esta confianza —pues solo cuando las cosas están mal vamos a las cortes—. Si queremos tener una mayor confianza en el Estado, creo que depende en mucha medida del Ejecutivo y del Legislativo. El concepto de confianza significa que las instituciones del Estado se comportan de tal manera que la ciudadanía considera que garantizan sus derechos.
29 de agosto de 2011
25 de agosto de 2011
©semana
vía verdad abierta

crímenes del frente andaquíes


De las Auc. Onilfer Muñoz Peña alias ‘Solita’, ex integrante del Frente Sur Andaquíes del Caquetá, contó que en su entrenamiento militar le enseñaron a torturar, secuestrar y desaparecer personas.
Colombia. El desmovilizado y exjefe del Frente Sur de Anquíes del Bloque Central Bolívar, conocido con el alias de ‘Solita’ contó en versión libre que, durante su paso por la escuela de entrenamiento paramilitar ubicada en Puerto Torres, Caquetá, y en los cursos que le dieron cuando ascendió a jefe de escuadra y de urbanos de Morelia, Caquetá, aprendió, por instrucciones de sus jefes políticos, a torturar, secuestrar y desaparecer personas.
‘Solita’ ingresó a la escuela de Puerto Torres en marzo de 2002, luego de ser miembro urbano de la organización en Solita, Caquetá. Según contó el ex jefe paramilitar, el entrenamiento estaba dividido en dos.
En primer lugar estaba el entrenamiento físico y militar, donde los reclutas paramilitares aprendían a usar y cuidar sus armas, recorrer pistas de entrenamiento militar y las tácticas de combate contra la guerrilla entre otros ejercicios.
Durante esta etapa del entrenamiento ‘Solita’ admitió que cuando hacían práctica de combate contraguerrilla aprendió como amarrar a sus posibles prisioneros y mantenerlos vigilados. Tiempo después ‘Solita’ fue parte de un grupo especial de las autodefensas que tuvo como tarea el cuidado de los secuestrados en Valparaíso, Caquetá.
Durante su pertenencia al grupo encargado de los secuestrados y los que ellos llamaban prisioneros de guerra, ‘Solita’ contó durante la versión libre que tenían casas cerca al kilometro 20 de la carretera entre Valparaíso y Morelia, en donde retenían a estas personas, y que por seguridad las movían para que el Ejército no las pudiera encontrar.
Otra de las medidas de precaución para mantener en secreto a sus secuestrados, era establecer un cordón de seguridad alrededor del kilometro 20. ‘Solita’ fue miembro de este grupo.
La segunda parte del entrenamiento consistía en un entrenamiento político. Durante su estadía en Puerto Torres tuvo como instructor a un jefe político del Frente Sur Andaquíes al que conoció por el alias de ‘William’.
 ‘Solita’ dijo que además del entrenamiento común, es decir el aprendizaje sobre los estatutos de las autodefensas, los objetivos de la organización, el conocimiento de los lemas, los himnos y las oraciones de su frente, con ‘William’ también aprendió como se debía tratar a los "prisioneros" y recibió instrucciones de cómo desaparecer personas.
No toda víctima tenía que ser desaparecida. Las órdenes para hacerlo eran dadas directamente, siendo diferente a un asesinato, que para una desaparición.
Las formas de desaparecer un cuerpo dependieron de la situación geográfica donde fueron asesinadas la víctimas de los paramilitares. En caso de existir un río, y dependiendo de su tamaño, los cuerpos eran arrojados al cauce. Si el río era muy pequeño o no había uno, les enseñaron a desmembrar los cuerpos.
Según contó ´Solita’, luego de su "ascenso", él enseñó como desmembrar y desaparecer a sus compañeros subordinados.
Debido a que las desapariciones forzadas generaron conflictos con las poblaciones en donde tenían presencia, José Germán Senna Pico alias ‘Nico’, quien entró como jefe político del Frente Sur Andaquíes en reemplazo de ‘William’, dijo en una versión libre que él debió frenar esta práctica dentro del grupo.
A finales de 2002, por la deserción de uno de sus superiores ‘Solita’ recibió su primer mando. Desde agosto de ese mismo año ya había recibido algunas ‘charlas’ por parte de ‘Nico’ sobre el trato a prisioneros y a la población civil por fuera del conflicto.
Al recibir su mando, fue alias ‘Nico’ quien le enseñó en unos cursos como debían tratarse los secuestros, mal llamados por los ex paramilitares "retenciones". ‘Solita’ recibió ‘charlas’ de ‘Nico’ para ascender de rango en las escuelas paramilitares.
Las instrucciones sobre secuestro que se daban a los comandantes para investigar y decidir si una persona estaba actuando en contra de la población de la zona o si era miembro o auxiliador de la guerrilla. ‘Nico’ le enseñó a ‘Solita’ cómo decidir si secuestrar o no a una persona.
No toda persona considerada peligrosa para el grupo o la zona que controlaban podía ser asesinada, debido a que no existían pruebas en contra de ellos, o los delitos cometidos no eran considerados por los paramilitares de suficiente gravedad para asesinarlos, por lo cual se desplazaba a estas víctimas. ‘Solita’ dijo haber aprendido esto en la escuela de Puerto Torres, y que era una práctica comúnmente utilizada según su experiencia en el Frente Sur Andaquíes.
El Bloque Central Bolívar llegó a Caquetá en 2001 para reforzar los grupos de las Auc bajo las órdenes de los Castaño, luego de que Vicente presuntamente vendiera a Carlos Mario Jiménez ‘Macaco’ por cinco mil millones de pesos el control de la zona. Por conflictos de narcotráfico, los miembros del Bloque Central Bolívar y de las Auc en Caquetá tuvieron varios enfrentamientos que terminaron con la salida de los integrantes de los paramilitares de la casa Castaño, que no quisieron someterse al mando del grupo de ‘Macaco’.
Según la versión de ‘Solita’ en Caquetá el frente Sur Andaquíes solo tuvo la escuela de entrenamiento de Puerto Torres. Además de esta existieron algunas bases pequeñas  de reentrenamiento.
29 de agosto de 2011
©verdad abierta