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prevención del genocidio es colectiva


Isabell Kempf, consejera de Naciones Unidas en Derechos Humanos para la Región de los Grandes Lagos. La experta alemana afirma que en África se tomó conciencia de que la forma de solucionar los conflictos es con la ayuda de los vecinos.
[Luciana Bertoia] África. África lleva décadas desangrándose por los conflictos. La región de los Grandes Lagos, donde se encuentran Ruanda, Burundi y el Congo, ha sido el epicentro del genocidio, explican los especialistas. Algunos estiman que en sólo cien días en 1994 murieron cerca de un millón de tutsis en Ruanda. Sin el interés del mundo occidental, los países de una de las zonas más pobres del continente se dieron cuenta hace años de que deben evitar conjuntamente nuevas matanzas y que deben desandar el camino de la justicia.
Isabell Kempf es consejera de las Naciones Unidas en Derechos Humanos para la región de los Grandes Lagos. También, la economista alemana trabaja para la Conferencia Internacional para los Grandes Lagos, que es una iniciativa de 11 países para la paz y el desarrollo, surgida en 2004 en respuesta al genocidio en Ruanda y a las dos guerras en el Congo. "Se agruparon para discutir las causas profundas de los conflictos en la región y para encontrar una respuesta colectiva, porque muchos de los problemas afectan a toda la región. Es por eso que crearon el año pasado también un Comité de Prevención del Genocidio, que es regional y que tiene como objetivo trabajar en políticas educativas y leyes para la lucha contra la impunidad en la región", explicó a Página/12 la funcionaria que viajó desde Burundi a Buenos Aires para participar del Tercer Encuentro Internacional sobre Genocidio, organizado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref). Sin dejar de mencionar los avances argentinos en materia de verdad y justicia, Kempf espera que se juzgue a quienes cometieron crímenes aberrantes en el Este africano.

¿Cómo están trabajando los países en la prevención del genocidio?
Ruanda tiene más experiencia, porque cuenta con una comisión nacional de prevención del genocidio y un sistema jurídico para poder penalizar a los perpetradores del genocidio. Kenia, después de la violencia electoral en 2008, hizo una nueva Constitución muy progresista, que reconoce los derechos sociales, culturales y a la tierra, y que intenta integrar a los diferentes grupos étnicos en una sociedad más inclusiva.

¿Cuáles fueron las consecuencias sociales que imprimieron las matanzas en esa zona de África?
En primer lugar, creo que la gente está cansada de los conflictos. La gente quiere crear relaciones más positivas entre los países y quiere reconstruir la región, que es muy bella, con muchos recursos naturales y humanos. Por eso, la iniciativa regional propone trabajar juntos para que los recursos naturales no sean utilizados para retroalimentar los conflictos, para luchar contra la violencia sexual y para terminar con los desplazados internos, que cuando comenzamos había casi 10 millones de desplazados en el lugar. Hay una conciencia de que se necesita del vecino para la propia estabilidad.

¿Esta coordinación regional se presenta como un modelo alternativo a lo que puede ser una intervención de la comunidad internacional, liderada por los países occidentales?
Sí, porque justamente lo que se espera es trabajar en la prevención del genocidio y en los crímenes masivos. Para hacerlo, hay que monitorear la situación de los derechos humanos, porque un genocidio comienza con una exclusión permanente de un grupo en la sociedad. Por ejemplo, el año pasado hubo elecciones en Burundi y gran violencia política. Entonces, se movilizaron los embajadores y los cancilleres de los países vecinos para explicarles a las autoridades que no iban a permitir que resurja la violencia en Burundi y que no iban a dar refugio a personas –del gobierno o de la oposición– que hayan cometido crímenes.

¿Por qué no intervino la comunidad internacional cuando se produjo el genocidio ruandés?
Los estadounidenses venían de una experiencia en Somalia, donde el mantenimiento de la paz había sido un fracaso. Ellos no querían intervenir en un país donde no tenían intereses geopolíticos ni económicos. Entonces hicieron de todo para que no se hablara del genocidio. Porque probar que se trataba de un genocidio implicaba la obligación de intervenir para la comunidad internacional.

¿Hay posibilidades de que se lleve a la Justicia a quienes cometieron crímenes durante los conflictos étnicos en la región, más allá de lo que ya se hizo en Ruanda?
En Burundi, por ejemplo, se está estableciendo la Comisión de Verdad y Reconciliación y se espera que empiece a funcionar para comienzos del año próximo. Pero la sociedad civil no se siente representada allí. Hay una discusión muy fuerte en este momento.

¿Están organizadas las víctimas en Burundi?
Sí, hay organizaciones de viudas, de familiares y de víctimas en general. Los distintos grupos se reúnen cada dos semanas para discutir cómo quieren que sea el proceso: cómo tiene que ser la protección de los testigos, cómo hay que escribir la historia, si quieren reparaciones individuales o colectivas.

Pero una Comisión de Verdad y Reconciliación no implica una revisión judicial. ¿Qué pasará con los perpetradores?
Por el momento, hay impunidad. Incluso el presidente actual fue condenado por un tribunal nacional por crímenes contra la humanidad pero las penas nunca se aplicaron. Porque después de los acuerdos de paz, hubo una amnistía provisoria hasta que se cree un tribunal mixto con expertos nacionales e internacionales.

¿Por qué está tan presente la idea de la reconciliación?
Allí es muy importante porque una parte del conflicto fue creado por intereses exteriores de la colonización. El conflicto étnico es artificial porque todos los burundeses tienen la misma lengua, la misma cultura, y siempre vivieron juntos en las colinas. Para ellos es importante tener esta reconciliación porque se sienten como un mismo pueblo. Ellos hablan mucho del perdón porque es una sociedad muy católica. El presidente, que pertenece a una iglesia evangélica, pidió disculpas en la televisión cuando comenzó su mandato. Se disculpó porque había matado a varias personas. A mí me parece muy peligroso porque uno puede pedir perdón, pero tiene una responsabilidad jurídica. Yo creo que en este momento la mayoría de la población quiere justicia, pero muchos de los criminales están en el gobierno. Creo que va a ser más fácil tener un tribunal mixto, donde haya extranjeros y nacionales. Eso podría garantizar la seguridad de los jueces y de los testigos.
28 de julio de 2011
27 de julio de 2011
©página 12



un general con putas


Seminario 777 Ñuñoa: Las putas del general Pacheco.
Santiago, Chile. Según información entregada por Michelle Guerra, actuaria de la Fiscalía Militar, quien destapó los escándalos de escuchas  telefónicas ilegales, extorsión y corrupción a través de una grabación que llegó por fuentes reservadas a nuestro periódico, el general Rodolfo Pacheco de la Quinta Zona policial de Valparaíso es el "protector"  de una conocida casa de citas, en donde se práctica la facilitación para la prostitución. Los lugares conocidos como Seminario 777 y Seminario 775, ubicados en Ñuñoa, son de propiedad de una prostituta de nombre Marcela, quién además es "polola ocasional" del mencionado general.
La información la obtuvimos de fuentes de Carabineros que nos confirmaron el dato lanzado por Guerra, quien dice: "Lo de Pacheco y Seminario es algo antiguo y conocido". A partir de este testimonio, investigamos y logramos obtener declaraciones en  "off" que vincularían al general con estos lugares. Aunque la prostitución en Chile no es un delito, sí lo es la facilitación a ella. Por otra parte en estas casas existen extranjeras que ofrecen servicios sexuales por 70 mil pesos, tal como lo comprueba el siguiente audio, lo que viola la Ley de Extranjería y también podría vulnerar la Ley de Trata de Personas con  fines laborales. Aunque intentamos obtener una declaración de la Ministra del Trabajo respecto de este punto, no fue posible encontrarla en sus dependencias. También intentamos ubicar al general Pacheco, pero se nos informó que se encontraba en terreno y que no podíamos acceder a su testimonio, sin pasar por el Departamento de Comunicaciones de Carabineros.
La historia comienza cuando Pacheco era Capitán y conoció a Marcela. Desde ese momento se gestó  una amistad que llevó al carabinero a entregar protección a la prostituta, quien también incursiona en el negocio de los moteles. "En una oportunidad estaba en procedimiento en Seminario 777 y cuando informé a mi mayor que debía partearlos me gritó por el teléfono y me dijo que saliera de ese lugar, porque era de un general" señala una fuente de la Comisaría número 33 de Ñuñoa.
En otra ocasión un suboficial mayor que también realizaba una fiscalización en el lugar recibió un llamado del propio Pacheco quién le dijo "Qué está haciendo ahí, haga una labor educativa y se retira".
Pero este caso, no sería el único negocio no oficial de carabineros. También altos mandos mantendrían empresas de seguridad vulnerando la Ley de Probidad 19.653. "La forma que tienen es poner a sus esposas o familiares como dueños de las empresas pero ellos manejan los negocios, muchos ven a carabineros como una institución para ganar plata y no como una institución que deba velar por el orden público y la seguridad de la patria" afirma una alta fuente de la institución.
Mañana conozca todo sobre la Operación Yingo y la presión de Carabineros para que no se emita el programa de CHV en ‘La Mira’ sobre corrupción y escuchas ilegales.
28 de julio de 2011
25 de julio de 2011
©panorama news

ministro de uribe preso por ladrón


Andrés Arias está acusado de desvío de fondos en Colombia.
Colombia. La Justicia colombiana ordenó ayer el arresto del ex ministro de Agricultura de Álvaro Uribe Andrés Arias, por desvío de subsidios.
Arias está acusado por la fiscal general Vivian Morales de firmar contratos millonarios sin que se cumplieran los requisitos legales y favoreciendo a familias poderosas con subsidios no reembolsables, en lugar de a campesinos de bajos recursos, a quienes estaban destinados esos dineros originalmente. La orden fue dictada por el juez Orlando Fierro, del Tribunal Superior de Bogotá, a pedido de la Fiscalía, por considerar que Arias podría obstruir la Justicia debido a sus visitas constantes a ex funcionarios bajo su cargo, presos por ese mismo asunto.
Para Morales, el ex ministro utilizó ese programa, llamado Agro Ingreso Seguro, como plataforma política, debido a su interés de llegar a la presidencia para la campaña de 2010 en la que fue precandidato del oficialista Partido Conservador.
Por este mismo caso, la Procuraduría ya había inhabilitado a Arias por 16 años para ejercer cargos públicos. El presidente Uribe lo consideraba como su mejor ministro y la versión mejorada de sí mismo, al punto de que en el país se lo empezó a llamar como "uribito", apodo que recibía como un elogio. Arias, de 38 años, será trasladado de inmediato a la cárcel La Picota, en Bogotá, en donde permanecerá recluido mientras se adelanta el juicio en su contra, según la decisión tomada por Fierro en una audiencia pública. El magistrado señaló que el riesgo que Arias representa para la comunidad ya fue debidamente considerado.
"La decisión la acatamos y la cumplimos", dijo por su parte a la prensa su abogado, Jorge Aníbal Gómez, quien descartó apelar.
La fiscal general Vivian Morales se mostró satisfecha con la decisión. "Es el resultado de un trabajo serio, objetivo y comprometido con el país que adelantaba un equipo muy serio de la Fiscalía por más de año y medio". Esta es la sanción más severa impuesta hasta ahora a algún alto funcionario del gobierno de Uribe (2002-2010).
Arias es considerado uno de los hombres más cercanos y leales a Uribe, quien intentó sin éxito ser el candidato de los conservadores para las elecciones presidenciales, que ganó el actual mandatario Juan Manuel Santos. Santos también se desempeñó como ministro de Uribe, en la cartera de Defensa, entre 2006 y 2009.
Al asumir la presidencia Santos, nombró a Arias como su embajador en Roma, en reemplazo de Sabas Pretelt, quien era requerido en ese momento por la Justicia colombiana en una investigación por la entrega de dádivas oficiales a congresistas a cambio de apoyo a la reelección de Uribe.
Ante la polémica que generó esa designación, el ex ministro de Agricultura declinó el ofrecimiento y anunció que permanecería en Colombia para enfrentar los pedidos de la Justicia.
Por su parte, el ex presidente Uribe reconoció haber ido a visitar a Arias en la noche del viernes. "Me dirigí a la casa del ex ministro a expresarle mi solidaridad. No se ha robado un peso y no hay una prueba sobre la cual se pueda sindicárselo por apropiación de dineros del Estado", dijo con firmeza. Las declaraciones fueron formuladas durante una charla que presidió en la localidad de Tunja, Boyacá.
28 de julio de 2011
27 de julio de 2011
©página 12

de dedo acusador a dedo pestilente


columna de lísperguer
Ex presidente Lagos respalda a Carabineros.

Si las declaraciones del ex presidente Lagos sobre las escuchas telefónicas de Carabineros no son derechamente irracionales, entonces no se puede concluir otra cosa que son mal intencionadas.
Lo primero porque, tras decisión del Ministerio Público, hay una investigación en curso, a cargo del fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, nombrado por el fiscal nacional Sabas Chahuán, y aunque podamos tener dudas sobre la fiabilidad de los resultados, lo que dicta la sensatez es esperarlos y juzgarlos por sus méritos. Concluir de antemano que el servicio de inteligencia de Carabineros no está implicado es simplemente irracional.
Pero yo sospecho mala intención, porque cuando afirma que las denuncias carecen de fundamentos lo que hace de hecho es difamar al suboficial que las hizo, sugiriendo que mintió y poniéndolo en grave peligro de sufrir las represalias de la institución. ¿Qué otra intención podría tener, excepto desacreditar al denunciante y, de paso, a los diputados que, según el suboficial, fueron o son espiados? Es también evidente que quiere intimidarlo y/o convencer a los parlamentarios que hay razones de Estado mayores para engordar la vista.
Su vehemencia en la defensa de Carabineros es sospechosa. No es posible creer que no tenga algún interés torcido cuando defiende a una institución en la que todavía abundan elementos criminales de la época de la dictadura, incluyendo al propio general Gordon, y que se ha destacado hasta hoy mismo por los asesinatos de manifestantes, torturas, malos tratos, amenazas, robos, destrucción de enseres, allanamientos ilegales, abuso sexual, infiltración de organizaciones sociales y montajes. El propio general Gordon, no ha mucho, acusó a los ciudadanos que protestan contra HidroAysén de ser un obstáculo para el desarrollo del país, que, tan simplón, cree que depende de la familia Matte. No se da cuenta de que el obstáculo para el país es él mismo.
El ex presidente merece el repudio más decidido de la ciudadanía, que deberá convertirse en un rechazo absoluto de él y sus cómplices, los concertacionistas pinochetistas. Su famoso dedo ahora no le sirve más que para metérselo en la nariz. Su famoso dedo ahora no le sirve más que para metérselo en la nariz. Si no se tapara uno de los dos hoyos, no soportaría la fetidez que despiden sus amigos.
lísperguer

investigarán espionaje policial


Fiscal con dedicación exclusiva investigará denuncias de escuchas telefónicas a parlamentarios.
Valparaíso, Chile. El Ministerio Público nombró al Fiscal Regional de Valparaíso para que se haga cargo de la investigación por las supuestas escuchas telefónicas a parlamentarios.
Así lo dieron a conocer el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, y el fiscal nacional Sabas Chahuán, quienes tuvieron una reunión, donde le parlamentario expresó la necesidad de investigar la denuncia sobre las presuntas escuchas telefónicas a parlamentarios por parte de Carabineros.
Ante la repercusión pública y mediática, el Ministerio Público decidió nombrar al Fiscal Regional de Valparaíso, Pablo Gómez, para que indague con dedicación exclusiva los hechos que se denunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.
Patricio Melero celebró la decisión y destacó que así se podrá comprobar la veracidad de la denuncia.
En tanto, el fiscal nacional Sabas Chahuán aseveró que en este caso se investigará a cualquier persona que pueda estar involucrada.
Esto, porque existe una querella en su contra junto al fiscal centro norte Andrés Montes, acusados de obstaculizar la justicia al no ordenar la incautación de la Dirección de Inteligencia de Carabineros cuando se hizo la denuncia ante el Ministerio Público.
Con el nombramiento se podrá dar mayor importancia y celeridad a la investigación por la presunta intervención de teléfonos, finalizó Chahuán.
27 de julio de 2011
26 de julio de 2011
©radio biobío

dudas sobre probidad de fiscal


Fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, es cuestionado por organizaciones de derechos humanos.
Valparaíso, Chile. Organizaciones de derechos humanos de la Quinta Región cuestionan fuertemente el actuar del fiscal regional Pablo Gómez en las diligencias de las escuchas telefónicas, por "carecer de transparencia, independencia y probidad".
Lo acusan de haber ocultado durante dos años antecedentes de una red de pedofilia, en dónde se encontraban involucrados soldados de la Operación UNITAS del año 2006, Policía de Investigaciones y Carabineros. Esto consta por la carta que al respecto le dirigió la periodista Mirna Shindler de ‘Informe Especial’ que investigó el tráfico de personas para fines sexuales desde Chile hacia España carta fechada el año 2007. También se le imputa haber ocultado un CD de audio en que la madre de una de las menores afectadas, señora María Delgado, habría denunciado a un fiscal de Valparaíso por abusos en perjuicios de su hija. Además le reprochan haber dejado en libertad y sin condena al soldado norteamericano y de origen filipino Lester Santiago Gálvez cuando fue sorprendido con una menor con objetivos de abusar sexualmente de ella en el hotel Kenny de Valparaíso, regentado por Edith del Carmen Araya Mondaca, como lo informó el diario Panoramas News el 16 de marzo del 2011 en la nota "Comisión Chilena de Derechos Humanos acusa a soldados de Estados Unidos de violación de menores y tráfico de drogas".
La Asamblea por los Derechos Humanos de Valparaíso coordinada por Eduardo Morris Barrios, frente a todos estos antecedentes, señaló que: "el fiscal designado por Sabas Chahuán para realizar diligencias en el caso de escuchas telefónicas ilegales no da garantías de transparencia, independencia y probidad para investigar al alto mando de Carabineros o de quienes resulten responsables", señaló.
Lo anterior se fundamenta, además en que la propia fiscalía está siendo cuestionada por las escuchas ilegales realizadas al abogado de Derechos Humanos Pablo Ortega Manosalva, quien consiguió que la Corte Suprema condenara al Ministerio Público por realizar escuchas telefónicas ilegales en su contra en la causa rol 2765-2009 fallo unánime. Además hay que recordar que por el caso escuchas ilegales se presentaron querellas criminales en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en contra del fiscal nacional Sabas Chahuán y el fiscal regional Andrés Montes por obstrucción a la investigación. Durante estos días se espera que se nombre a un subalterno para que investigue a su jefe el fiscal nacional.
27 de julio de 2011
26 de julio de 2011
©pnews

descuartizado en cárcel mendocina


El gobierno de Mendoza contraría la gestión argentina ante la OEA. La cárcel de Mendoza es investigada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las graves violaciones a la integridad y salud de sus internos.
[Horacio Cecchi] Mendoza, Argentina. El gobierno argentino respondió a la CIDH con un informe en el que hizo propuestas para mejorar la situación. Pero, en Mendoza no se cumplen las propuestas. Ya murieron 16 presos en diez meses. El último, el sábado pasado, fue descuartizado.
      
Ayer, este diario publicó que la cárcel de Resistencia es "la peor de todas las unidades del Servicio Penitenciario Federal", según describió un funcionario de la Procuración Penitenciaria de la Nación enviado a revisar la unidad, tras recibir treinta denuncias de torturas y comprobar que los presos son tratados como animales. La cárcel de Mendoza del servicio penitenciario de esa provincia tiene el dudoso mérito de haber arrebatado el top del ranking no sólo a la federal de Chaco sino a todas las unidades del país –federales y provinciales– y, más aún, de toda Latinoamérica. Página/12 informó en ediciones anteriores que se trata de la prisión de mayor hacinamiento, con la lúgubre lista de 15 muertos en diez meses –hasta el sábado pasado– y una situación infrahumana espantosa que motivó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la posibilidad de que el Estado argentino reciba durísimas sanciones internacionales por una cárcel que ni siquiera le pertenece (es de órbita provincial) y que el gobierno mendocino defiende como si se tratara de un oasis. El sábado pasado, La Penitenciaría confirmó su negro record de una manera horrorosa: hallaron a un preso que había sido decapitado y le habían arrancado brazos y piernas. La semana pasada, un funcionario de Cancillería había visitado la unidad y la describió como "en situación terminal". Se había quedado corto.
El sábado pasado, alrededor de las 17, los guardias de La Penitenciaría –como conocen a la cárcel ubicada sobre la calle Boulogne Sur Mer, en la capital mendocina– observaron un agrupamiento extraño de presos en el pabellón 7. Cuando se acercaron descubrieron el torso de un preso. Había sido decapitado y le habían arrancado las piernas y los brazos. Después descubrieron de quién se trataba, cuando aparecieron sus restos diseminados en bolsas en diferentes sectores de la unidad: la víctima se llamaba Sergio Norberto Salinas Ares, tenía 24 años, cumplía una condena de 5 años y 10 meses por tentativa de robo agravado, y llevaba cumplidos un año y dos meses. Estaba pronto a salir.
El horrendo final de Salinas Ares incrementó la lista negra del servicio penitenciario mendocino a 16 muertos en menos de diez meses, 11 de los cuales ocurrieron en La Penitenciaría capitalina. El extenso listado se agrega al hacinamiento, la ausencia de retretes, de agua corriente, de medicinas o de atención médica, y la transformación de los diferentes pabellones en un coto de caza para diversión de bacterias, virus, hongos, sarna y demás. Lo anterior no es un artilugio para provocar sensiblería barata sino apenas una mención de la larga cadena de irregularidades que motivó a los abogados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Diego Lavado, Alfredo Guevara, Alfredo Guevara Escayola, Carlos Varela Alvarez y Pablo Salinas a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, y a la Comisión a aceptar el caso y disponer medidas cautelares (de aplicación inmediata) para salvaguardar la vida de los presos, su separación entre procesados y condenados, y que se garantizaran higiene y salud.
Pero después de la medida cautelar, dos internos murieron apuñalados, varios fueron baleados y unos cuantos mordidos por los perros guardianes. El estado de cosas y el incumplimiento de la medida cautelar llevó a la Comisión a realizar una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, solicitando medidas provisionales hasta tanto concluyera con una visita a la unidad (se realizará este mes) y un informe ante la Corte. El propio presidente de la Corte envió a la Cancillería comunicando que la situación carcelaria mendocina era "de considerable gravedad". No obstante cinco días más tarde asesinaban a otro preso. A fines de noviembre, la Corte Interamericana aprobó las medidas provisionales solicitadas, que obligan al Estado argentino a presentar una serie de medidas para solucionar la grave situación y tomar medidas extraordinarias para interrumpir las muertes, investigar los casos y garantizar la vida de los internos. La Corte dio siete días para que el Estado respondiera con un informe sobre las medidas tomadas al respecto.
En el medio, el ministro de Justicia mendocino, Roberto Grillo, desató una ola de críticas contra los abogados del MEDH, con un fuerte tufillo a caza de brujas macartista.
El 29 de noviembre, con la firma del subsecretario de Política Exterior, Roberto García Moritán, el gobierno nacional respondió a la Corte. La respuesta estaba a tono con la línea asumida por los abogados denunciantes y con la preocupación manifestada por la Comisión y la Corte. En el informe de una veintena de puntos, el gobierno nacional proponía diversas soluciones al problema atacándolo desde varios puntos.
Pero uno de los abogados denunciantes, Pablo Salinas, señaló que "lo curioso es que mientras el Gobierno dice que la situación está controlada el gobierno mendocino pone todo su esfuerzo para descontrolarla". Salinas ejemplificó con un "botón de muestra: en su informe –dijo Salinas a Página/12–, una de las decisiones del gobierno nacional es limitar el encierro estableciendo un horario de verano e invierno, atento a las temperaturas reinantes, que no podrá superar las ocho horas. Al día siguiente, Grillo dijo que el problema de La Penitenciaría se soluciona con más horas de encierro, a horas de que el ministro Aníbal Fernández visitara la provincia".
Según el informe del Estado, al que tuvo acceso este diario, otro de los puntos proponía la contratación de psicólogos y trabajadoras sociales. Pero cuando el abogado Diego Lavado se entrevistó con el subsecretario de Asuntos Penitenciarios mendocino, Eduardo Orozco, el funcionario le respondió con un tajante "no hay recursos para eso". Orozco es el mismo funcionario que tras la muerte de cinco internos durante una revuelta en la granja penal de Gustavo André, el 1º de mayo pasado, calificó a los tres guardias a cargo como héroes y aseguró a todos los medios locales que él mismo los defendería en caso de llegar a juicio. El juicio llegó. Los tres guardias fueron detenidos. Y Orozco siguió como subsecretario.
Hoy, los abogados del MEDH elevarán un informe a la Corte Interamericana señalando que "el Estado argentino sólo compromete tinta, porque lo que garantiza con su firma ante los organismos internacionales después el gobierno de Mendoza no lo cumple". Pablo Salinas aseguró que "con mucho menos alcanza para que el presidente (Néstor) Kirchner, por lo menos, intervenga al servicio penitenciario mendocino. La Corte tiene jurisdicción para sancionar a la Argentina. Y eso, a nivel internacional, es gravísimo". El sábado, el cuerpo descuartizado de Salinas Ares pareció confirmar que del lado del gobierno mendocino no debería esperarse demasiado más que un par de zapatos y un cinturón de buzo.
27 de julio de 2011
©página 12
©horacio cecchi

lagos niega escuchas policiales


Escuchas telefónicas: Ex Presidente Lagos respalda a Carabineros. El ex Mandatario avaló la versión de la institución de que nunca han realizado interceptaciones al margen de la ley que incluyan a dirigentes políticos, parlamentarios o ministros.
Santiago, Chile. Como "afirmaciones sin fundamento" calificó el ex presidente Ricardo Lagos las acusaciones por parte de algunos parlamentarios contra Carabineros a raíz de presuntas escuchas telefónicas que efectivos de la institución les habrían realizado.
Así lo dejó de manifiesto tras visitar este martes al general director de la policía uniformada, Eduardo Gordon, a quien le entregó su respaldo por labor que ejerce la institución, enfatizando que su proceder siempre se ha dado en el margen de la ley y no como lo fue en dictadura.
"Vine a visitar al general Gordon, porque creo que este último tiempo se han hecho afirmaciones respecto de la institución que, o se tienen pruebas muy concretas, o es malo hacer afirmaciones sin fundamento. Carabineros es una institución muy querida por los chilenos y tenemos que cuidarla entre todos", aseveró.
La denuncia sobre interceptaciones telefónicas a legisladores se dio en el marco de la comparecencia de un suboficial en retiro ante una comisión legislativa, donde afirmó que ésta era una práctica habitual.
"El general me ha ratificado lo que todos sabemos. Si hay que hacer interceptaciones telefónicas, ello se hace en virtud de una declaración judicial, aprobada por un juez de garantía y en donde hay que solicitar también la participación de la compañía de teléfonos respectiva. De manera que me parece muy extraño que se hagan afirmaciones respecto de personas que han sido objeto de esto y no ha habido ninguna sentencia judicial. Eso, el general me lo ha ratificado una vez más, no es posible en Carabineros de Chile".
Consultado sobre si cree que haya parlamentarios estén siendo seguidos o espiados por la policía, el ex jefe de Estado insistió en que "no veo por qué si no hay una declaración judicial. Estamos en un Estado de derecho, en un sistema democrático, esos procedimientos ocurrían en otras épocas que afortunadamente quedaron atrás".
27 de julio de 2011
©la nación