piden fiscal para caso de espionaje

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Cámara de Diputados pedirá al Ministerio Público investigar presuntas intervenciones telefónicas a parlamentarios y ciudadanos.

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Valparaíso, Chile. Los comités parlamentarios de la Cámara acordaron solicitar al Ministerio Público la concurrencia de un Fiscal con dedicación exclusiva para dar celeridad al caso, y celebrar una Sesión Especial para que el Ministro del Interior y el General Director de Carabineros expliquen como se realizan las labores de inteligencia en Chile.
Una Sesión Especial y la petición de un Fiscal con dedicación exclusiva para que investigue las denuncias recibidas anoche en la Comisión de Derechos Humanos, en torno a presuntas intervenciones telefónicas a parlamentarios, dirigentes sindicales y sociales, y a la presencia de infiltrados en las marchas ciudadanas, acordaron hoy los comités representantes de las bancadas parlamentarias de la Cámara de Diputados.
El primer Vicepresidente de la Corporación, Pedro Araya (PRI), consideró como ’un hecho grave’ las denuncias realizadas en la Comisión, que preside el diputado Sergio Ojeda.
"Yo no quiero que nuestro país esté en presencia de lo que estamos viendo hoy día en Inglaterra. Y en razón de eso, hoy día se ha facultado a la Mesa de la Cámara de presentar una querella criminal en contra de los que resulten responsables por la interceptación telefónica. Asimismo nos vamos a reunir con el Fiscal Nacional para pedirle que se designe un fiscal de dedicación exclusiva, que el Ministerio Público pueda actuar con la mayor celeridad posible en esta materia".
Respecto de la legitimidad de las denuncias realizadas en la Comisión de Derechos Humanos sostuvo que "ayer se ha denunciado un delito y es lo que a nosotros nos parece grave, y en razón de eso es que se ha adoptado este acuerdo, que más que una comisión investigadora de los hechos, remitir los antecedentes al Ministerio Público".
"La calidad de la persona que ha dado la denuncia, a nosotros no nos corresponde pronunciarnos, será el Ministerio Público quien tendrá que determinar la veracidad o no de las aseveraciones que ha hecho esta persona".
A lo que agregó "no es posible que eventualmente Carabineros esté pinchando teléfonos, sepa las conversaciones privadas de miles de chilenos y esta situación hoy día quede impune".
Por ello, y a petición del jefe de la bancada de diputados DC, Aldo Cornejo, "en paralelo la Cámara va a celebrar una Sesión Especial, a la cual se ha citado al Ministro del Interior y al General de Carabineros para que expliquen como está actuando la DIPOLCAR en materias de inteligencia, y específicamente en lo que dice relación a las escuchas telefónicas", expresó el parlamentario.
Por su parte, el titular de la bancada DC, señaló que "los antecedentes recibidos, de ser ciertos, son de alta gravedad, especialmente porque, en el caso de las intervenciones telefónicas, se estarían realizando al margen de la ley vigente y violando la privacidad de muchos chilenos".
Cornejo agregó, además, que "paralelamente a las denuncias entregadas a la comisión por infiltrados en las marchas sociales, hemos conocido, a través de un programa de televisión, pruebas alarmantes de Carabineros infiltrados, en un hecho que, sin duda, debe ser explicado por las autoridades responsables de la seguridad y el orden en el país. La manifestaciones sociales son absolutamente legítimas y no se puede aceptar que, a través de dudosos mecanismos, se altere el orden y se afecten movimientos de enorme importancia, pues reflejan la opinión de la ciudadanía".
Por ello reiteró la importancia de la Sesión Especial, en la que participarán el Ministro Rodrigo Hinzpeter y el General Director de Carabineros, Eduardo Gordon.
23 de julio de 2011
21 de julio de 2011
©diario de la cámara

condena por asesinato de alcalde

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Nueva condena por homicidio de exalcalde de Aguachica, Cesar.

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Colombia. La Fiscalía cobijó con medida de aseguramiento y detención preventiva al exparamilitar Reynaldo Sánchez por su presunta participación en el asesinato de Luis Fernando Rincón López, exalcalde de Aguachica, Cesar.
Rincón López, quien aspiraba por segunda ocasión a la Alcaldía de ese municipio, fue asesinado el 15 de agosto de 2000 a la entrada de la finca Las Palmas, ubicada entre el corregimiento Buturama y Aguachica, luego de que sus cuatro escoltas fueran reducidos por un comando paramilitar que los interceptó en el camino.
Sánchez Amado, quien ya se encuentra preso por cuenta de otro proceso, fue sindicado por un fiscal de Derechos Humanos y DIH por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y secuestro simple.
Por el mismo crimen ya fue condenado el exparamilitar Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, quien dirigió el grupo responsable del homicidio.
23 de julio de 2011
19 de julio de 2011
©fiscalía
©verdad abierta

senador denuncia espionaje

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Navarro interpone querella por denuncia de escuchas telefónicas por parte de Carabineros.

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Valparaíso, Chile. Un recurso de protección en contra de Carabineros y el Ministerio del Interior presentó el senador Alejandro Navarro (MAS), tras enterarse que pudo haber sido víctima de escuchas telefónicas ilegales por parte de la policía uniformada, de acuerdo a una denuncia hecha por el suboficial (r) de la institución, Esteban Infante.
El parlamentario le otorgó credibilidad a la versión del hombre que llegó con sus dichos ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afirmando que todos esos antecedentes serán entregados a la fiscalía para que se inicie una investigación al respecto.
Navarro cuestionó el manejo que tienen las policías respecto de las grabaciones que se realizan. "¿Quién destruye las grabaciones que se hacen? ¿Quién garantiza eso? Este caso va a arrojar muchas aristas que nos va a permitir dilucidar este tema para proteger al Estado", dijo el parlamentario.
De acuerdo al legislador él adquirió la convicción de que "Carabineros ha actuado de manera ilegal en este caso".
No descartó, además, presentar acciones en contra del fiscal nacional Sabas Chahuán, pues aseguró que existía conocimiento por parte del Ministerio Público de la existencia de los aparatos de interceptación telefónica y que se les solicitó incautarlos, cuestión que finalmente fue rechazada por el ente persecutor.
"Los antecedentes son partes de un proceso de investigación y él (Chahuán) tenía antecedentes. Un fiscal no incautó los equipos a Carabineros. Si no se ha procedido por parte del Ministerio Público de manera adecuada, no descartamos la acción de una querella criminal porque la gravedad del delito lo exige", declaró.
22 de julio de 2011
©radio biobío

santos en juicio contra pinedo vidal

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Santos declarará en juicio a ex senador Miguel Pinedo Vidal por parapolítica. 

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Colombia. La Corte Suprema de justicia solicitó que el presidente Juan Manuel Santos y del ministro del interior, Germán Vargas Lleras, testificaran en el juicio al exsenador Miguel Pinedo Vidal, acusado de aliarse con el jefe paramilitar Hernán Girado Serna.
Durante la audiencia preparatoria del juicio al ex presidente del Congreso Miguel Pinedo Vidal, la Corte aceptó el testimonio del Presidente y del Ministro Germán Vargas Lleras, ambos solicitados por la defensa del ex parlamentario.
Los magistrados de la sala penal accedieron a las pretensiones de la defensas de Pinedo Vidal, que buscan que tanto el Presidente Santos como Vargas Lleras, como directores de los partido de La U y Cambio Radical a los que perteneció el parlamentario, respondan interrogantes sobre si el estableció o no alianzas con grupos paramilitares en el departamento de Magdalena y La Guajira.   
Pinedo Vidal se encuentra acusado de realizar alianzas con Hernán Giraldo Serna, alias ‘El viejo’, jefe del frente Resistencia Tayrona de las Auc, para llegar al senado en 1998 y en 2002.
Durante esta primera instancia del proceso, la Corte negó la solicitud de nulidad que interpuso Pinedo Vidal. En su petición el ex senador pretendía que se cerrara la investigación por considerar que para el tiempo en el que ocurrieron los supuestos hechos, es decir su campaña al senado en 1998,  no existía la ley 589 del 2000, la cual reglamenta el delito de concierto para delinquir en la modalidad de promoción de grupos armados ilegales
En Marzo de 2003, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al Miguel Pinedo Vidal por sus presuntos vínculos con el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna alias ‘El Patrón’.
El ex congresista de Cambio Radical había empezado a ser investigado por la Corte desde octubre de 2007. El 31 de marzo de 2008 se le dictó medida de aseguramiento luego de que una testigo, Magaly Patricia Ortiz aseguró, ante la Sala Penal de la Corte Suprema, que el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo ordenó a los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta votar por varios parlamentarios en las elecciones de marzo de 2002, entre ellos, Pinedo Vidal.
La afirmación de Ortiz, dirigente política de la Sierra Nevada de Santa Marta, se conoció en 2008 durante la audiencia pública de juzgamiento contra los ex senadores Mauricio Pimiento y Luis Eduardo Vives. Según el testimonio de la dirigente política del Magdalena, la presión más fuerte del bloque Tayrona de las Autodefensas, que dirigía Giraldo, se dio para que los habitantes votaran por Pinedo Vidal.
En una versión libre ante los fiscales de Justicia y Paz, Hernán Giraldo Serna también mencionó que había tenido nexos con el político del Magdalena. "Hicimos reuniones en Guachaca y Buritaca", declaró refiriéndose a 13 políticos que apoyó en ese departamento. Giraldo enfatizó que se había reunido en varias ocasiones con el senador Miguel Pinedo y la última vez que lo vio fue en febrero de 2005, el día de la desmovilización del bloque.
"Hicimos una reunión arriba en la finca mía, a la orilla del río Buritaca, duramos un tiempo sin vernos (con Miguel Pinedo) hasta del momento de la desmovilización".
El 30 de septiembre de 2008 Pinedo renunció al fuero parlamentario, razón por la cual su proceso fue asumido por la Fiscalía. En julio de 2009, el vicefiscal Guillerrmo Mendoza Diago ordenó la libertad del ex congresista al considerar que se le había violado el derecho al debido proceso dentro de la investigación.
Con posterioridad a septiembre de 2009, fecha en la que la Corte Suprema reasumió los casos de ‘parapolítica’ de aquellos congresistas que habían renunciado a su curul, el caso de Pinedo volvió a activarse y ahora el Alto Tribunal lo llama a juicio para que responda por el delito de concierto para delinquir agravado.
22 de julio de 2011
©verdad abierta

periodistas a la cárcel por mentir

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Tres directivos y un excolumnista fueron sentenciados a prisión y US$40 millones de multa a raíz de una demanda del presidente Rafael Correa por calumnia.

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Ecuador. Un juez de Ecuador condenó a prisión y multó a tres altos ejecutivos y un excolumnista del principal periódico opositor, El Universo, por difamar al presidente del país, Rafael Correa.
Los tres principales directivos del diario -Carlos Pérez, César Pérez y Nicolás Pérez- y el exeditor de opinión, Emilio Palacio, fueron sentenciados a tres años de prisión y a una multa por un monto de US$30 millones. El Universo también fue multado con US$10 millones.
Palacio le dijo a una emisora de radio ecuatoriana que la sentencia es "una barbaridad". El periódico, por su parte, anunció que apelará la sentencia y pedirá la nulidad del proceso.
La acción judicial por difamación fue presentada por el presidente Correa después de que el periódico publicara un artículo cuestionando sus acciones durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, una jornada que concluyó con el rescate militar del mandatario de un hospital donde permaneció retenido por varias horas
El juicio, iniciado hace cuatro meses, se originó en un artículo de opinión firmado por Palacio, titulado "No a las mentiras" y publicado el 6 de febrero de 2011.
"El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente", señalaba el artículo.

"Hito Histórico"
Representantes de los medios de comunicación y el propio mandatario han señalado que el dictamen del juez Juan Paredes no sólo causa impacto en El Universo sino que es un mensaje dirigido a la prensa nacional en su conjunto.
Correa dijo que la sentencia "sienta un precedente que les va hacer pensar diez mil veces (a los medios) antes de dañar la honra de la persona".
Según él, el dictamen "marca un hito histórico porque empieza el fin de todos estos abusos de la prensa corrupta".
Correa insistió en que lo escrito por Palacio fue una "calumnia tan monstruosa como acusar a un ser humano, que por casualidad es presidente, de asesino de lesa humanidad".
El mandatario prometió que no se quedará "con 20 centavos de lo que reciba" e hizo un llamado a los ecuatorianos "a que sepan defenderse ante los abusos de la prensa".
El presidente mantiene otro juicio, esta vez por US$10 millones, contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro "El Gran Hermano", en el que se develan supuestos contratos millonarios de Fabricio Correa, hermano del mandatario, con el Estado.
Sin embargo, según el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), Diego Cornejo, la sentencia del juez Paredes y las acciones del presidente Correa pueden llevar a que se instauren mecanismos de censura y autocensura en la labor periodística.
"Lo que está pasando es que hay en el país una judicialización del periodismo, de modo que en las redacciones podría generarse una censura previa para evitar posibles juicios por delitos de opinión, que en Ecuador aún no están despenalizados", le dijo Cornejo a BBC Mundo.
Cornejo lamentó que en el país se esté creando un clima donde "los periodistas actúen con menos libertad y la información que llegue al ciudadano sea de menor calidad".

Ley de Comunicación
La sentencia se produce cuando en la Asamblea Nacional se define la Ley de Comunicación y un Consejo de Regulación de medios y periodistas.
"Sin ley todavía, el presidente de la república comienza a lograr fallos contra la prensa, incluso sin él haberse tomado la justicia, como anunció en la campaña para la reciente consulta popular. Uno puede presumir lo que puede venir ya con la toma de la justicia a través de un Consejo de la Judicatura de transición y con una Ley de Comunicación", le dijo a la BBC el director de Ecuadoradio, Miguel Rivadeneira.
El presidente de la Comisión de Comunicación de la Asamblea, el oficialista Mauro Andino, sin embargo, responde a las preocupaciones de los periodistas con la frase: "El que nada debe, nada teme".
"Los periodistas que actúen con responsabilidad no tienen por qué temer", afirmó Andino, en declaraciones a BBC Mundo.
Según él, aparte del ámbito penal que sanciona delitos de injurias, las sanciones que abarcaría la Ley de Comunicación serían en el ámbito civil.
Sin embargo, Rivadeneira señala que las sentencias de prisión e indemnizaciones millonarias contra El Universo van más allá de una supuesta demanda oficial de un buen periodismo.
"No hay necesidad de que haya estas sentencias para que un periodista ejerza una tarea responsable", dijo.
"Este es un mensaje que envía el presidente de la república a los medios, a fin de tratar de amedrentar a los periodistas en sus investigaciones y denuncias de corrupción", concluyó el director de Ecuadoradio.
22 de julio de 2011
21 de julio de 2011
©semana

césar pérez a juicio por masacre

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Ratifican juicio a César Pérez por masacre de Segovia, Antioquia. La Corte Suprema de Justicia ratificó que es competente para juzgar al excongresista antioqueño, luego de que su defensa solicitara anular el proceso.

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Colombia. La Corte Suprema de Justicia confirmó  juzgará al excongresista y exdiputado antioqueño César Augusto Pérez García por los delitos de homicidio múltiple, lesiones personales agravadas, concierto para delinquir y daño a bien ajeno, presuntamente cometidos en la masacre de Segovia.
El Alto Tribunal decidió negar a la defensa de Pérez la solicitud de nulidad del proceso y ratificó que lo juzgará por el asesinato de 43 personas y de los daños causados a otras 34, hechos ocurridos durante una incursión paramilitar el 11 de noviembre de 1988, a Segovia, Antioquia. Además al  político antioqueño se le acusará de nexos con grupos paramilitares.
"La Corte mantiene competencia en relación con los delitos por los que se le investiga presuntamente en ejercicio de su función pública…La competencia de la Corte sigue aún cuando los ex congresista hayan sido destituidos o renuncien a su fuero, por delitos cometidos en el marco de la función pública", señaló la Sala Penal.
En su decisión el Alto Tribunal ratificó su providencia del 1 de septiembre de 2009, en la cual cambia las normas vigentes y otorga competencia a la Sala Penal del la Corte Suprema de Justicia para adelantar investigaciones y juicios contra excongresistas que estén siendo procesados por algún tipo de delito cometido en el transcurso de su carrera pública.   
Por otra parte, la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia anunció que recibirá los testimonios de los jefes paramilitares Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’ y Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’, así como la versión del paramilitar Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias ‘el negro Vladimir", uno de los autores materiales del múltiple asesinato, quien ha incriminado a Pérez García en repetidas ocasiones.
De acuerdo a versiones entregadas a las autoridades judiciales, Pérez García presuntamente incitó a los paramilitares para que cometieran ese crimen: "él le pidió a Fidel Castaño que sacara a la U.P. de Segovia, Fidel Castaño lo conectó con Henry Pérez y ya ellos en reunión explicaron los motivos para la masacre", dijo ’Vladimir’ a los investigadores que ahora procesan a Pérez.
Del excongresista también han hablado, en audiencias ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, Fredy Rendón Herrera, ex comandante del bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y Raúl Hasbún Mendoza, ex jefe del frente Arlex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia. Según los comandantes paramilitares , Pérez fue uno de sus financiadores y socio en negocios relacionados con las apuestas del chance en la región del Urabá antioqueño
Pérez García fue detenido el pasado 22 de julio de 2010, por orden de la Corte Suprema, que decidió reabrir un expediente por la presunta complicidad en la ejecución de la matanza ocurrida el 11 de noviembre de 1988. El crimen no prescribió porque fue considerado de lesa humanidad por el Alto Tribunal.
De acuerdo con los testimonios y los documentos evaluados por la Alta Corte, la masacre hizo parte de las operaciones paramilitares contra los militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP) que, para esa época le había ganado las elecciones al Partido Liberal, de donde procede Pérez García, y tenía gran aceptación entre los pobladores de Segovia y municipios vecinos como Remedios.
Inicialmente, el cacique liberal fue procesado y capturado el 8 de agosto de 1995, pero los cargos en su contra fueron retirados por asuntos técnicos. El proceso cesó a su favor el 29 de agosto de 2000, cuando un juez lo absolvió de los cargos.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), capítulo Antioquia, aseguró que esta incursión sangrienta de paramilitares debe ser considerada como uno de los primeros casos de parapolítica en el país, pues a su juicio contempló la articulación de militares, políticos y paramilitares para recuperar el poder político que le arrebató la UP. En las elecciones de 1992 el Partido Liberal recuperó su poder regional en el Nordeste antioqueño.
Pérez García, abogado de profesión y oriundo del municipio de Remedios, se desempeñó por cinco períodos como Representante a la Cámara; además, ha sido Concejal y Diputado, y presidió la Federación Nacional de Diputados. Es fundador del movimiento Convergencia Liberal, un sector del Partido Liberal en Antioquia. En sus actividades en el sector privado se desempeña como Rector y Miembro del Consejo Superior de la Universidad Cooperativa de Colombia a la que se vinculó desde 1976.
Además, su vida política ha estado asociada a prácticas de corrupción y por ello perdió la curul en la Cámara de Representantes en enero de 1994 y su asiento en la Asamblea Departamental de Antioquia en el 2010. Además, fue condenado recientemente a 8 años de detención domiciliaria tras comprobársele malos manejos administrativos cuando se desempeñó como Presidente de la Asamblea en 1998.
22 de julio de 2011
18 de julio de 2011
©verdad abierta

guerra por la droga en el caquetá

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Los bloques paramilitares de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ y de Carlos y Vicente Castaño, se enfrentaron por el negocio de la droga en el Caquetá.

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Colombia. Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2006 por tráfico de drogas, pasó de ser narcotraficante a paramilitar en 1998 cuando, según varios informes, entregó 5 millones de dólares a los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quienes buscaban financiación para expandir las Accu en todo el país.
A cambio del dinero recibido, los Castaño le cedieron a ‘Macaco’ el mando de parte de los hombres de las Auc en diferentes regiones del país y le dieron licencia para que entrara a zonas a las que ellos no habían llegado.
Fue así como nació el Bloque Central Bolívar (Bcb) que se extendió por varias regiones de Colombia: Putumayo, Caquetá, Nariño, Valle, Sur de Bolívar, Eje Cafetero, Magdalena Medio y Santander entre otros.
Paralelamente y como parte del plan expansivo de las Autodefensas de Córdoba y Urabá, Accu, en 1997, Carlos Castaño envió a un grupo de autodefensas encabezado por  Antonio Londoño Jaramillo, alias ‘Rafa Putumayo’, y Lino Arias Paternina, alias ‘José María’, con el supuesto fin de "abrir nuevas zonas de operación" en el Caquetá. Lo que realmente buscaba era hacerse con el negocio de la droga en poder de las Farc.
El control de este departamento era determinante para el narcotráfico, ya que permite el acceso al corredor de Balsillas, que comunica el Caquetá con Huila, atravesando los municipios de Neiva y San Vicente del Caguán; y el corredor del Caguán, que pasa por los municipios de San Vicente y Cartagena del Chairá y conecta a Caquetá con los departamentos de Guaviare y Meta.
El Frente Caquetá de las Accu bajo el mando de Carlos Castaño, delinquió entre 1997 y 2001 en los municipios de Florencia, Solita, Belén de los Andaquíes, San José de Fragua, Valparaíso, Curillo, Morelia, Paujil, Montañita y El Doncello, donde cobró un "impuesto" al gramaje de pasta de coca que osciló  entre treinta y cincuenta mil pesos por kilo según contaron en versión varios exparamilitares de dicho frente.
 Para el 2001, y como parte del trato realizado entre las Accu y ‘Macaco’, Carlos Castaño ordenó al entonces jefe del Frente Caquetá, ‘José María’,  que recibiera a los hombres de ‘Macaco’ y coordinara la unión de las Accu y el Bcb en ese departamento.
Según la Fiscalía, en esa transición se presentó un conflicto entre los bandos paramilitares por el manejo del narcotráfico, lo que produjo la salida del Caquetá de la mayor parte de los hombres de Castaño.
Desde marzo del 2001 los hombres de ‘Macaco’ empezaron a ingresar a Caquetá. En junio de ese año ya se habían asentado en el sur de este departamento, zona en la que delinquieron hasta su desmovilización en febrero del 2006, con Carlos Fernando Mateus Morales, alias ‘Paquita’, como jefe financiero, Everardo Bolaños, alias ‘Jhon’, como jefe militar y  José Germán Senna, alias ‘Nico’, como jefe político.
Con los propósitos de financiarse y de debilitar a las Farc, ‘Paquita’ implementó el registro de una matrícula para que los narcotraficantes pudieran comprar y transportar pasta de coca en el sur de Caquetá. Esta matricula, que era una especie de RUT para ‘narcos’, era vendida por diez millones de pesos en 2001.
Sin la compra de la matrícula, ninguna persona podía tener acceso a la pasta de coca. ’Paquita’ también estableció que ninguno de sus socios podría comprarle droga a las Farc, y que por cada kilo de coca el frente cobraría entre 200 mil y 250 mil pesos.
Según lo relatado por ‘Nico’ en versión libre, el cobro por gramaje de 250 mil pesos se aplicó sólo a los cargamentos de ‘Macaco’ y sus socios más cercanos.  A los cargamentos de otros narcotraficantes se les cobró 400 mil pesos por kilo.
A cambio de este pago los paramilitares brindaron protección a los narcotraficantes y sus cargamentos.
Aunque los paramilitares tuvieron otras fuentes de ingreso como la extorsión o el secuestro, el control sobre la droga en el departamento les permitió mantener un promedio de 600 hombres armados, aproximadamente 500 millones de pesos mensuales.
El Frente Sur Andaquíes ejerció el control de manera inconstante sobre los municipios de Albania, Belén de los Andaquíes, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José de la Fragua,  Solita, Valparaíso, y por un periodo muy corto de tiempo en San Vicente del Caguán.
Según estudios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre el 2001 y el 2006, los municipios de producción cocalera en el Caquetá fueron: Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José de la Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaíso.
Así mismo, según los estudios de esta oficina, en el periodo entre 1999 y el 2000 el Caquetá presentó las cifras más altas de cantidad de hectáreas cultivadas con droga, hecho que se relaciono de manera directa con la concentración guerrillera generada por la Zona de Distensión.
La Zona de Distensión fue un territorio constituido por el Gobierno de Andrés Pastrana que tenía una extensión de 42.000 kilómetros cuadrados y estuvo conformada por los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta, y por San Vicente del Caguán en el Caquetá, y que tuvo como propósito servir de terreno para el dialogo entre las Farc y el gobierno.
Según ‘Nico’ la competencia por el control al narcotráfico entre las autodefensas y las Farc terminó en una ola de violencia que se reflejó en un alto número de asesinatos en el departamento.
Con el fin de evitar la persecución por parte de la fuerza pública, la guerrilla y los paramilitares, dijo ‘Nico’, acordaron no atacar o robar los cargamentos de droga del otro bando, ni tomar más retaliaciones relacionadas con el narcotráfico.
Después de esta guerra, según un informe del Programa Presidencial de Derechos Humanos sobre el Caquetá, en 2003 los asesinatos en este departamento disminuyeron un 47 por ciento, pasando de 618 en 2002 a 325.
22 de julio de 2011
21 de julio de 2011
©verdad abierta

finanzas del bloque calima

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Las ’escuelas’ y las ‘finanzas’ del Bloque Calima. El grupo paramilitar que delinquió en el occidente del país nació con plata del narcotráfico y se mantuvo con secuestros y otros delitos.

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Colombia. Once exparamilitares fueron los encargados de entrenar y financiar al Bloque Calima que delinquió en el Valle del Cauca, Cauca, Huila y Antioquia entre 1999 y 2004.
Así lo expuso la Fiscalía durante una audiencia de legalización de cargos contra Hébert Veloza alias ‘H.H.’, exjefe paramilitar de los Bloque Bananero y Calima, que dejó 3.000 víctimas en el Urabá antioqueño y la costa pacífica.  La Fiscalía documentó dónde los paramilitares instalaron bases de entrenamiento, los vínculos que tuvieron con políticos y cómo financiaron una tropa que llegó a tener 1.000 paramilitares, según lo confesó el exjefe paramilitar.

Las Escuelas
Para el entrenamiento, el Bloque Calima usó además de instructores militares un grupo de instructores políticos entre los que estuvieron Carlos Efrén Guevara alias ‘Fernando Político’, Armando Lugo alias ‘El Cabezón’, Ángel Fernando Peñata alias ‘Daniel’, Francisco José Morelo alias ‘Sarley’, Teodosio Pabón alias ‘El Profe’ y Miguel Enrique Mejía alias ‘Chiquito Político’.
Estos paramilitares eran conocidos como ‘los políticos’, los encargados de hacer contactos con la clase política de la región, emitir los comunicados y darle charlas al grupo paramilitar sobre los estatutos de las Auc. Estos paramilitares iban hasta las escuelas de entrenamiento, donde los paramilitares recibían clases sobre las ‘normas del grupo’, táctica militar y manejo de armas.
Según la Fiscalía, una de estas escuelas estuvo ubicada en San Miguel, una vereda del municipio Buenos Aires, Cauca, cerca de una escuela pública donde los niños de la vereda recibían clases. En época de vacaciones, los paramilitares se tomaban las instalaciones del colegio. La otra escuela estuvo ubicada en Calima el Darién, cerca a un predio de una empresa de cartones.
"La escuela ubicada cerca de la empresa de cartón entrenamos personas traídas de Buenaventura. Por ahí pasaron entre 500 y 600 paramilitares", dijo en versión libre del 18 de febrero de 2011 Juan Mauricio Aristizábal alias ‘El Fino’, exjefe financiero del Bloque Calima.
Alias ‘El Fino’ dijo que hasta estas escuelas, incluso, fueron llevados estudiantes universitarios, como parte de la estrategia de reclutamiento del Bloque. "Fueron llevados por ‘Fernando Político’. Era un grupo como de 60 a 70 universitarios entre los 17 y 20 años. Llegaron a las nueve de la mañana y se estuvieron como hasta las cuatro de la tarde. Se les dio almuerzo, comida de res y marrano. La idea era que ellos vieran los entrenamientos de los paramilitares", dijo alias ‘El Fino’.
El exparamilitar dijo que alias ‘Fernando Político’, que había sido exjefe financiero del Frente 30 de las Farc, quería implementar la misma estrategia de la guerrilla de reclutar jóvenes de las universidades. "Así como habían células de milicias en las universidades, ‘Fernando Político’ pensaba que era importante crear grupos que defendieran al paramilitarismo", contó ‘El Fino’.
En una versión libre, Teodosio Pabón alias ‘El Profe’ contó sobre esa reunión. "Hice un trabajo de recoger a estudiantes en Bogotá y llevarlos conmigo a un campamento de las autodefensas… Entramos a las universidades pegando unos adhesivos con la dirección electrónica de la página web a través del link ‘Contáctenos’. Se nos ocurrió una invitación al Lago Calima. El que estuvo al frente de eso fue ‘Fernando’, el político de alias ‘H.H.’", dijo alias ‘El Profe’.

Los Cobros
Según la Fiscalía, el Calima tuvo al menos cinco ‘financieros’, paramilitares encargados de pagar la nómina, comprar armas, realizar sobornos a funcionarios públicos y pagar los abogados de los paramilitares que fueran capturados. El principal de este grupo fue Juan Mauricio Aristizábal alias ‘El Fino’, seguido por Luis Horacio Martínez alias ‘Tocayo’, Javier Mondragón González alias ‘Erick’, Ubernis Alberto Areiza Fernández alias ‘Andrés’ y Omar de Jesús Ojeda alias ‘Fabián’.
Según las versiones de varios exparamilitares, antes de que alias ‘H.H.’ llegara como jefe del grupo paramilitar, el Bloque Calima recibía aportes de $50 millones de pesos al año por narcotraficante como acuerdo para producir y sacar la cocaína de las ‘cocinas’ de la región. Alias ‘Román’ llevaba esas cuentas en un listado que fue encontrado en su casa durante un allanamiento.
Con la llegada de alias ‘H.H.’ al Valle, el exjefe paramilitar ordenó realizar reuniones con comerciantes, ganaderos y empresarios de ingenios azucareros a los que les pidió cuotas mensuales a cambios de ‘seguridad’. "Por medio de un exjefe de seguridad de un ingeniero azucarero, una empresa hacía aportes mensuales de $20 millones de pesos para que los paramilitares los cuidaran de secuestros o extorsiones de la guerrilla", dijo la Fiscalía.
Según alias ‘El Fino’, el centro de finanzas del Bloque Calima estuvo en Buenaventura, un puerto clave de la costa pacífica por donde salían los cargamentos de droga y donde los paramilitares realizaban cobros al gramaje, es decir, por kilo de cocaína producido.
Sin embargo, en Cauca los paramilitares tenían otro centro de cobros o impuestos ilegales en Santander de Quilichao. En versión libre, Armando Lugo alias ‘Cabezón’ contó que como él trabajaba para la Defensa Civil, conocía la zona y empezó a delinquir señalando a las posibles víctimas. "Yo comienzo a decirles quiénes son los ganaderos y el encargado de recoger esa plata era alias ‘Julián’, quien a su vez encargó a alias ‘Pata e’ palo’. En octubre de 2001 se hace una reunión a donde se lleva todo el comercio, incluyendo granjeros y dueños de droguerías. Alias ‘El Cura’ les fijó las fechas en que tenían que pagar las cuotas", dijo alias ‘Cabezón’.
En una versión libre, alias ‘El Cura’ confesó que convocó esa reunión en Santander de Quilichao y que fue realizada en el corregimiento El Palmar. "Llegaron varias personas del comercio donde hablé con ellos y les dije que de ahora en adelante necesitaba una colaboración económica, que ellos podían decir con cuánto podían", dijo el exjefe militar del Bloque Calima.

‘El Chorro’, las Reses y las Extorsiones
Otra forma de financiación del bloque fue el robo de gasolina, principalmente de dos poliductos de Ecopetrol ubicados en la vía Cartago-Yumbo y Yumbo-Buenaventura. Según datos aportados a la Fiscalía por la petrolera nacional, entre enero y diciembre de 2002 los grupos armados ilegales que delinquían en esta zona extrajeron 7.270 barriles de crudo al día equivalentes a 106 millones de dólares. Entre 2002, 2003 y 2004, dijo la Fiscalía, los paramilitares del Bloque Calima hurtaron por lo menos 21 millones de dólares en gasolina robada.
En una versión libre, Robert Enrique Oviedo alias ‘El Chacal’ contó que el encargado de hacer estos hurtos en era Ricardo López Lora alias ‘La Marrana’.  "Según alias ‘El Chacal’, alias ‘La Marrana’ instalaba unas válvulas que extraían entre 7.000 y 8.000 galones de gasolina al día. Eso se coordinaba con integrantes policía y se vendía en gasolineras de amigos", dijo la Fiscalía. Otro de los encargados de robar gasolina era José Barney Veloza alias ‘El Flaco’, hermano de alias ‘H.H.’.
Además de gasolina, los paramilitares robaron reses y electrodomésticos de las fincas de la región. Según contaron varios exparamilitares en versiones libres, el 5 de junio de 2004 hurtaron 223 reses de una finca en Sevilla, Valle del Cauca, señalando que ese ganado era de la guerrilla. La Fiscalía documentó que ese era el pretexto que usaban los paramilitares para cometer los robos.

Batallones, a Su Servicio
Para cometer los delitos, los paramilitares del Bloque Calima contaron con la complicidad de los militares. En versiones libres, Elkin Casarrubia alias ’El Cura’, José de Jesús Pérez alias ‘Sancocho’, alias ‘El Cura’, alias ‘El Fino’ y ‘H.H.’ hablaron sobre sus nexos con los batallones de la región.
En una versión libre, un exparamilitar contó que fue informante del Batallón Palacé, con sede en Buga. "Entre los paramilitares y algunos paramilitares de ese Batallón nos comunicábamos con convenciones, a los lugares los nombrábamos por letras y la misión era hacerle inteligencia a la guerrilla. Desde el Batallón nos colaboraban con medicamentos y municiones", dijo el paramilitar.
Juan Manuel Mestre Santamaría alias ‘Romario’ aseguró en versión libre del 23 de agosto de 2010 que el Bloque Calima también tuvo pactos con algunos miembros del Batallón Popayán, suministrándoles armas y municiones Entre las finanzas del grupo paramilitar, dijeron otros exparamilitares, estuvo pagarle mesadas de 500 mil pesos a los tenientes, de 300 mil pesos a los sargentos y de 200 mil a los agentes de más bajo rango.
Otros exparamilitares han dicho en Justicia y Paz que también contaron con la complicidad del Batallón Pichincha, con sede en Tambo, Cauca. Según dijeron, militares de ese batallón despejaron la zona para que los paramilitares cometieran la Masacre del Alto Naya, ocurrida en abril de 2001.
La audiencia de control de legalidad contra alias ‘H.H.’ continuará durante la segunda semana de julio de 2011 en los Tribunales de Cundinamarca.
22 de julio de 2011
15 de julio de 2011
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