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otan profundiza fracaso en libia


Las potencias involucradas en el ataque al régimen creyeron que el final del líder libio llegaría rápido. La OTAN decidió prolongar la intervención en Libia, pero hay voces que advierten que esto podría tornarse crítico. Además del costo financiero y humanitario hay otro dato: Al Qaida se beneficia con el conflicto.
[Eduardo Febbro] París, Francia / Libia. Muammar Khadafi sigue ganando la batalla del tiempo. Los operativos militares lanzados por las potencias occidentales contra los arsenales de Khadafi inmediatamente después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobara la resolución 1973 (17 de marzo de 2011) prometían un fin rápido del régimen. La entusiasta y difusa oposición libia garantizaba un recambio de poder con la consistente ayuda de los aliados. Tres meses después de las primeros bombardeos contra Libia la síntesis es un estrepitoso fracaso de las ilusiones: Khadafi juega al ajedrez ante las cámaras con sus invitados, en lo concreto con Kirsan Ilyumzhinov, el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, que lo visitó la semana pasada, mientras que la Alianza Atlántica corre detrás de una nueva estrategia que le permita ganar la otra partida, la militar. El paso de los días despejó el humo de la propaganda. El general francés Stéphane Abrial, comandante supremo para la transformación de la OTAN, admitió el martes que si las operaciones en Libia se prolongaban, la situación podría tornarse "crítica". Amnistía Internacional completó ese mismo día el apocalíptico panorama con una doble denuncia. La ONG hizo públicas las repetidas atrocidades cometidas durante la guerra por los protegidos de Occidente, los rebeldes, y por el antaño mejor amigo del "mundo libre", Khadafi. Un informe de inteligencia agrega un argumento negro a esta guerra mal preparada: muchas de las armas robadas durante la guerra fueron vendidas a la rama regional de Al Qaida.
El pasado 1º de junio la OTAN decidió prolongar la intervención en Libia hasta finales de septiembre. El tiempo opera como un sustituto de lo que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, calificó como falta de inversiones militares y voluntad política. Los países de la OTAN que participan en la expedición libia –Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega y Reino Unido– se plantean hoy la reorganización estratégica de su misión con la perspectiva segura de un conflicto que se extenderá en el tiempo y cuyo empantanamiento puede provocar que otros países sigan el ejemplo de Noruega. Oslo anunció el pasado 1º de junio que se retiraba de la coalición a partir del 1º de agosto. Pese al apoyo constante de la coalición, los rebeldes han avanzado más en el campo diplomático que en el militar y no se han instalado hasta ahora en posiciones decisivas.
Alemania y Canadá, ambos reticentes al principio, se sumaron al grupo de países que reconocieron a los rebeldes agrupados en el Consejo Nacional de Transición (el CNT). El pasado 17 de marzo, Berlín se abstuvo de votar la resolución 1973 de la ONU y también rechazó participar en el operativo "Protector Unificado". A su vez, Canadá consideró que los rebeldes eran un "interlocutor válido" sin llegar a reconocerlos plenamente. Ahora ya no. Berlín y Canadá reconocen al CNT como "el representante legítimo" del pueblo libio, lo que suma 14 países en total (Emiratos Arabes Unidos, Francia, Qatar, Reino Unido, Italia, Gambia, Malta, Jordania, Senegal, España, Australia, Estados Unidos, Alemania y Canadá).
Además de su costo financiero (Francia gasta un millón y medio de euros al día en Libia), el conflicto tuvo un alto costo en vidas humanas. Según la ONU, entre 10 y 15 mil personas murieron desde el pasado 15 de febrero y otro millón y medio fue desplazado por la guerra. La coalición al mando de la OTAN admitió ayer que la guerra benefició colateralmente a las ramas de Al Qaida en la región. Un panel de expertos franceses y extranjeros en temas del mundo árabe advirtió sobre el "riesgo islamista en Libia". En un informe publicado hace unos días los expertos constatan las ambigüedades y opacidades en el seno del Consejo Nacional de Transición. Dicho informe resalta que "los demócratas son apenas una minoría" dentro del CNT y que ese pequeño grupo pelea junto "a antiguos allegados al coronel Khadafi, partidarios de la monarquía y defensores de la instauración de un Islam radical". La misión internacional, a cargo del director del Centro Francés de Investigaciones sobre la información, CF2R, Eric Denécé, ex jefe del contraespionaje francés, hizo otro alarmante descubrimiento. El informe anota que "una vez que cayó el sistema Khadafi en Benghazi los arsenales fueron robados". Ello conduce a los expertos a la siguiente reflexión: "Los servicios de inteligencia occidentales están preocupados por el destino de las armas robadas por los insurgentes en los arsenales libios, en especial los misiles tierra-aire SAM-7". ¿Dónde están esas armas? En manos de una de las ramas regionales de Al Qaida, aseguran los expertos: "Miembros de Al Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) habrían adquirido varios ejemplares de esos materiales vendidos por los traficantes libios". La conclusión final de los expertos prueba los desarreglos que acarreó la improvisada intervención de los estrategas occidentales. Según anotan en el texto, "gracias a las armas libias, Al Qaida en el Magreb islámico, AQLI, está reforzando su arsenal y acrecentando la amenaza que representa para los Estados de la región".
Los aliados prosiguen sin embargo proporcionando ayuda masiva a los inciertos rebeldes. Francia anunció que suministraría 400 millones de dólares a los insurgentes del CNT provenientes de los haberes libios bloqueados en Occidente (unos 150 mil millones de dólares en total). Italia, a su vez, prometió el desbloqueo de otros 500 millones de dólares. Ayer, los rebeldes lograron tomar el control de tres localidades del oeste de Libia situadas en la ruta de Trípoli. Noticia positiva para la OTAN, pero que en ningún caso despeja la impresión de que la supremacía militar occidental opera en Libia con una brújula rota. Lo único seguro es que los partidarios del gatillo fácil intervinieron en Libia bajo mandato de la ONU, pero las acciones emprendidas desde mediado de marzo están a años luz de corresponder con el mandato de la ONU. Los aviones despegaron no para proteger a la población civil, sino para decapitar el régimen de Khadafi.
17 de junio de 2011
16 de junio de 2011
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diputados tratan despenalización


Reunión de dos comisiones de diputados por los cambios en la ley de drogas. Por primera vez en veinte años, legisladores nacionales se juntaron para empezar a debatir la despenalización de la tenencia de drogas. Hubo especialistas de un amplio abanico social a favor. También se expresaron quienes se oponen.
[Emilio Ruchansky] Argentina. Por primera vez en más de veinte años, ayer se debatió la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal en la Cámara de Diputados. Fue a través de una audiencia pública con cincuenta expositores, entre ellos el periodista Víctor Hugo Morales, impulsada por las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico y de Derechos Humanos. En total, hay seis proyectos de reforma de la ley de drogas presentados por distintas fuerzas políticas, que coinciden en descriminalizar al usuario de drogas ilegales. Se oyeron definiciones tajantes, como la del juez Martín Vázquez Acuña, que a título personal consideró que "la discusión está saldada" porque la Corte Suprema de Justicia nacional se expidió a favor. Diana Chanquia, de la Red de Familiares de Víctimas de Drogas, trató de "irresponsables" a quienes luchan "por las supuestas libertades individuales".
Los proyectos fueron presentados por Fabián Peralta (GEN), Miguel Barrios (PS), Victoria Donda y Cecilia Merchán (Libres del Sur), Adriana Puiggrós (FPV), Ricardo Alfonsín y su tocayo Gil Lavedra (UCR) y Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro). "Todos tienen en común la despenalización de la tenencia como piso y el de Donda incluye derogar la tenencia simple y permitir el autocultivo de marihuana como techo", explicó Peralta, titular de la Comisión de Prevención de las Adicciones. Donda, quien también ofició de anfitriona, agregó: "Tenencia simple y autocultivo para nosotros son el piso, no el techo". Ambos coincidieron en la urgencia del debate.
La figura de tenencia simple, según explicó Gabriela Basalo, abogada de la Red de Usuarios de Drogas del Inadi, pena con prisión de uno a seis años "la tenencia sin finalidad específica, una locura...". Esta figura, que varios panelistas definieron como "violatoria del principio de inocencia", tiene una analogía en el caso del cultivo de marihuana pero con penas de 4 a 15 años, que no son excarcelables. Joe Stefagnuolo, abogado de Andrés Calamaro, aseguró que la tenencia simple nació para desautorizar el fallo Bazterrica que en los ’80 desalentó la persecución a los usuarios.
"El juez Carlos Fayt votó en contra de Bazterrica y veinte años después lo hizo a favor en el fallo Arriola de la Corte Suprema. ‘Me equivoqué’, dijo. Creo que hay que seguir el ejemplo y reconocer el error. Esa contradicción de protegernos con la cárcel jamás la entendí", agregó el abogado. Por su parte, la legisladora de la Coalición Cívica Diana Maffía criticó la "moral perfeccionista" de los prohibicionistas y pidió distinguir el consumo del consumo problemático. La diputada del GEN Margarita Stolbizer adhirió a la postura del juez Vázquez Acuña sobre la obligación de despenalizar, posición compartida por su colega radical Sandra Rioboó.
Vázquez Acuña aclaró una duda planteada por la presidenta de la Asociación Intercambios, quien consideró "coherente y necesario" derogar las penas por el autocultivo, aunque implicará revisar las convenciones internacionales firmadas por Argentina. "Esas convenciones no tienen rango constitucional, sí las tienen los compromisos en materia de derechos humanos, que exigen respetar el principio de proporcionalidad en las penas y el derecho a la salud", aseguró. El derecho al autocultivo fue defendido por varios activistas: Oscar Montenegro de Radus, Juan Pablo Felipponi de Acaba y el director de la revista THC, Sebastián Basalo.
Cintia Hotton, diputada de Valores para mi País, se encargó de reunir a los que están en contra: Madres del Paco y los Familiares de la Víctimas. "El reclamo de los porreros va en detrimento de los pobres que fuman paco", dijo y luego relacionó el consumo con la violencia. "La droga hace mal y no vamos a hacer concesiones", agregó. Luis Botta, en representación de las comunidades terapéuticas evangélicas, afirmó que esas instituciones tienen "el más alto índice de rehabilitación", debido al encierro de "adictos" por "meses", algo desaconsejado en la Ley de Salud Mental.
La internación compulsiva, prevista en la ley actual como opción para no ir preso en el caso de tenencia para uso personal fue objetada por la mayoría de los expositores, entre los que estuvo el especialista Alberto Calabrese y Mónica Cuñarro, de la Comisión de Políticas Públicas de Drogas del gobierno nacional. También hablaron sobre la necesidad de extender la reducción de daños Ricardo Paveto y Silvia Inchaurraga, de Arda, y por el CELS, Luciana Pol, quien contó la escalofriante situación de las mulitas en el norte del país y reclamó penas excarcelables.
La sorpresa la dio el padre Fernando Cevera, del Episcopado, quien pidió más formación e información científica sobre las drogas y se mostró a favor de descriminalizar. Lo había invitado Hotton. También estuvo León Arslanian, quien evaluó el panorama post despenalización: "Tenemos que ver qué hacemos con el mercado porque va a haber que abandonar la esquizofrenia del consumo legal-sustancia ilegal". La presencia de Víctor Hugo Morales fue muy celebrada. "Estuvimos cautivos de mandatos sociales", reconoció, y contó que fue "aleccionado" por el cultivador y activista Matías Faray.
Morales cerró la audiencia afirmando que el mundo vive equivocado en materia de drogas. "Tenemos que darnos una nueva oportunidad, así como estamos, trabajamos para el narcotráfico", agregó y pidió "la más enfática de las leyes que se pueda sancionar" en pos de la despenalización.
16 de junio de 2011
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obama, criminal y cazador de autógrafos


columna de lísperguer
Obama viaja a Puerto Rico a tomarse foto con Marc Anthony. Pese a ligereza, Obama sigue matando en Libia.

Mientras, sus aviones continúan bombardeando objetivos civiles en Trípoli con la esperanza de golpear a la familia de Gadafi y ya ha causado la muerte de más de 700 civiles libios. No sólo ha definido Obama como legítimo el ataque contra familiares de presidentes hostiles (ya ha matado a un hijo y tres nietos de Gadafi), lo que es un evidente acto de barbarie, sino justifica además los terribles asesinatos, descuartizamientos, ahorcamientos y otras atrocidades que cometen a diario rebeldes libios contra civiles desarmados, especialmente contra gente de piel oscura. Los videos en que se muestran estos actos, filmados muchos de ellos por los propios rebeldes, han sido retirados todos de YouTube. Ayer presentaron representantes republicanos y demócratas una acusación constitucional contra Obama por meter a su país en una guerra sin previa consulta con el Congreso. Donde quiera que vaya, Obama es una persona no grata.
lísperguer

toque de queda sobre la barbarie


Un silencio sobre el pasado de Brasil.
[Eric Nepomuceno] Que Dilma Rousseff, una mujer valiente que, como dijo el compositor y escritor Chico Buarque de Hollanda en un acto de campaña, "ya probó su valor, ya pasó por todo y supo seguir adelante", haya aceptado decretar sigilo absoluto y por tiempo indeterminado sobre documentación histórica de Brasil es algo que el tiempo tendrá de explicar. De momento, la única explicación posible son las presiones y chantajes que enfrenta en el Congreso, especialmente en el Senado. Imponer un silencio oceánico sobre la historia brasileña –e incluso sobre su propia historia personal, ya que padeció cárcel y tortura durante la última dictadura militar– es algo inesperado. Es fácil imaginar la clase de presión a que se vio sometida para postergar sine die la apertura de documentos clasificados como ultra-secretos, y que van del siglo XIX al período de la última dictadura militar que nos sofocó. Inicialmente, se preveía un plazo de 50 años para que se levantase el sello de "ultra-clasificado". Ahora no hay plazo.
Mucho más fácil de entender, sin embargo, son las razones de dos exponentes de la derecha en el Senado, el muy poderoso presidente de la Casa, José Sarney, y el senador Fernando Collor de Mello. Ambos pasaron, antes, por la Presidencia de la Nación. Collor de Mello ha sido el primer presidente electo desde 1961 (Sarney fue nombrado por el Congreso en 1985, para la transición entre dictadura y democracia) y el primero y hasta ahora único en la historia de mi país en ser alejado por corrupción comprobada. Ambos vinieron del partido Arena, que durante el régimen de los militares apoyó la dictadura. Ambos están involucrados en escándalos de corrupción. Sarney logró incluso que la Justicia del estado de Maranhao, que él controla como si fuese su feudo familiar, decretase la censura previa –inconstitucional, por supuesto– al influyente diario conservador O Estado de S. Paulo, que desde hace casi dos años está prohibido de informar sobre investigaciones que apuntan a los desmanes de uno de sus hijos.
Lo que no se comprende es cómo, a estas alturas de la historia, se pretende seguir guardando bajo sigilo absoluto y total documentos referentes a la Guerra de Paraguay, que terminó en 1870, y en la cual la actuación brasileña ha sido especialmente sangrienta. Brasil perdió a 50 mil hombres y contribuyó de forma decisiva para dejar en Paraguay un escenario de tierra arrasada y destrozada. Igualmente se clasifican como definitivamente secretos papeles de la actuación del padre de la diplomacia brasileña, el Barón de Rio Branco, que demarcó las fronteras de su país y entre otras hazañas logró apoderarse de un importante trozo de Bolivia, el actual estado brasileño de Acre, de inmensas riquezas naturales. Tampoco se tendrá acceso a la documentación sobre el período del presidente Getulio Vargas, uno de los pilares de la creación del Estado moderno brasileño pero en cuyo largo período dictatorial cometió o dejó que se cometiesen actos de barbarie.
Sarney y Collor de Mello aseguran, al unísono, que dar acceso a ese tipo de documentación podría provocar malestar entre los vecinos y reabrir viejas heridas. Bueno, habría antes que preguntar a paraguayos y bolivianos si tienen o no interés en conocer parte oculta de sus historias. No hacen mención, desde luego, al período más reciente, y más específicamente a la dictadura que imperó entre 1964 y 1965.
Claro está que, con relación a Sarney y Collor, cuanto menos se conozca de sus trayectorias personales, salpicadas de momentos oscuros, mejor. Es perfectamente comprensible su profunda aversión a la luz, ya que la oscuridad les fue y es ampliamente favorable a la hora de vampirizar el país. De todas formas, con lo que se sabe sobre esas dos figuras de la política brasileña ya es suficiente para entender sus pánicos.
Lo que no se logra saber es cómo Dilma Rousseff aceptó esa presión y sucumbió a algún chantaje misterioso.
Queda la esperanza de que alguna hora, más temprana que tardía, vuelva atrás y reasuma la posición que sería lógico esperarse de una mujer de su fibra y trayectoria. Que haga honor, como siempre lo hizo, a la memoria de su propio pasado personal y de toda una generación que empeñó la vida por la democracia que ahora tenemos.
16 de junio de 2011
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expertos en ddhh se reúnen en santiago


Encuentro se realizará entre este miércoles y el viernes 17. Más de 40 especialistas fueron convocados por el relator especial de tortura de la ONU, Juan Méndez.
Santiago, Chile. Entre este miércoles y el viernes se reunirán en Santiago más de 40 expertos en derechos humanos, encargados de la formulación de políticas y actores de la sociedad civil de América Latina y el Caribe con el objetivo de impulsar los esfuerzos regionales para erradicar la tortura y malos tratos.
Esta primera reunión regional de expertos ha sido convocada por el relator especial de tortura de la ONU Juan Méndez. Participarán representantes del gobierno y de las institucionales nacionales de derechos humanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Chile.
El evento es organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el apoyo de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), la Corporación Humanas - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Conectas - Direitos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Impulso
La consulta regional para las Américas –explicó Méndez- será una oportunidad para intercambiar puntos de vista y experiencias acerca de los logros alcanzados y las formas y los medios para superar los retos pendientes en relación con el seguimiento de las recomendaciones.
Juan Méndez sostuvo que "la tortura y los malos tratos constituyen una preocupación importante en América Latina y el Caribe". Añade que "aún queda mucho por hacer para garantizar que las obligaciones internacionales, las políticas y las legislaciones nacionales así como otras reformas de los Estados se apliquen efectivamente para lograr el resultado deseado: su erradicación".
"Durante la última década -agregó- se han promulgado algunas políticas, reformas y leyes prometedoras en la región". Sin embargo –manifestó- "estos cambios institucionales y las buenas prácticas nacionales son de vital importancia y deben ser mejorados, fortalecidos y emulados aún más en toda la región".
"Espero que esta consulta proporcione un impulso muy necesario en nuestros esfuerzos por erradicar la tortura y los malos tratos en la región", remarcó.
Juan Méndez (de Argentina) fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en noviembre de 2010.
16 de junio de 2011
15 de junio de 2011
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cinta sobre violeta parra


Cinta sobre Violeta Parra será estrenada el 11 de agosto. La producción dirigida por Andrés Wood está protagonizada por la actriz Francisca Gavilán y cuenta con el financiamiento de Minera Escondida. Guión se basa en el libro homónimo de Ángel Parra.
Chile. Para el próximo 11 de agosto está previsto el estreno de ‘Violeta se fue a los cielos’, película dirigida por Andrés Wood, y que retrata la vida y obra de Violeta Parra.
El destacado realizador, que lanzará su sexta película, se basó en el libro homónimo escrito por el hijo Violeta, Ángel Parra. Incluso, contó con la colaboración del propio Parra en el momento que realizó el filme.
La película, presentada por Minera Escondida, operada por BHP Billiton, se introduce en una faceta íntima y personal de la artista, mezclando episodios de su biografía con algunas de las canciones que la convirtieron en un emblema para la música popular chilena y del mundo.
Además, muestra algunos de los momentos claves de su vida, como la exposición de las arpilleras en el Museo de Louvre, su carpa en La Reina y su búsqueda de cantores populares por los campos de Chile.
Aunque el estreno sería en dicha fecha de agosto, su preestreno se realizará en Iquique y Antofagasta.
16 de junio de 2011
15 de junio de 2011
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rescatan obra de luis jiménez, dddd


‘Apariciones y desapariciones de Luis Jiménez’ es el nombre de libro escrito por Jorge Montealegre sobre el historietista arrestado a los 25 años.
Chile. La figura del dibujante, humorista gráfico e historietista, Luis Jiménez Cortés, que se desempeñó en la emblemáticas revistas ‘Cabrochico’ e ‘Icarito’, entre otras, y que fue detenido y luego hecho desaparecer por la dictadura militar de Augusto Pinochet, resurge con un libro que recopiló su historia y su obra en manos del escritor Jorge Montealegre.
"Luis Jiménez Cortés es un nombre que debe estar en esta primera línea. Es un derecho de quien ha sido negado muchas veces. Su historia es la de un NN. Una persona sin nombre. O una persona con muchos nombres, pero sin un cuerpo que los represente", explicó el autor para justificar la investigación que decidió cuando preparaba su libro ‘Historia del Humor Gráfico en Chile’.
En la recopilación, aparecen trabajos inéditos de Luis Jiménez, además de otros publicados en diversas revistas como El Musiquero, El Pingüino, La Firme, Cabrochico e Icarito. Se presenta a las 19:00 horas de este miércoles en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Luis Jiménez Cortés, ligado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido a los 25 años en la calle, cerca de su domicilio en Santiago Centro, el 15 de septiembre de 1973, y sus restos aún no son encontrados a 37 años de su arresto.
16 de junio de 2011
15 de junio de 2011
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condenas por crímenes en santa bárbara


Ministro Carlos Aldana dicta condenas por secuestros ocurridos en Santa Bárbara y Quilaco en 1973. Se trata en su mayoría de sentencias sin beneficio.
Chile. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción dictó sentencia de primera instancia en la investigación por los secuestros de 29 personas, ocurridos en las localidades de Quilaco y Santa Bárbara, Región del Bío Bío, entre septiembre y noviembre de 1973.
El magistrado dictó condena en contra de las personas que participaron en los secuestros calificados de José Rafael Zúñiga Aceldini,  José Secundino Zúñiga Aceldini, José Gilberto Araneda, Juan de Dios Rubio Llancao, Julio Rubio Llancao, José María Tranamil Pereira, José Guillermo Purrán Treca, José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy, Desiderio Aguilera Solís, José Nazario Godoy Acuña, Manuel Salamanca Mella, José Mariano Godoy Acuña, Miguel Cuevas Pincheira,  Juan de Dios Fuentes Lizama, Juan Francisco Fuentes Lizama, Elba Burgos Sáez, Sebastián Hernaldo Campos Díaz, Aliro Oporto Durán, Sergio D’Apollonio Petermann (todos ellos ocurridos en Santa Bábara); y de Cristino Humberto Cid Fuentealba, José Félido Pinto, Luis Alberto Cid, Luis Alberto Bastas Sandoval, Raimundo Salazar Muñoz,  Gabriel José Viveros Flores, Segundo Marcial Soto Quejón y José Roberto Molina Quezada (ocurridos en Quilaco).

Los sentenciados por los secuestros de Santa Bárbara son:
-Planté Euclide Aravena Sáez: 10 años y 1 día.  Sin beneficios.
-Héctor Isaías Echeverría Beltrán:  7 años y medio.  Sin beneficios.
-José Jaime  Godoy Godoy: 7 años. Sin beneficios.
-José Heraldo Pulgar Riquelme: 7 años. Sin beneficios.
-Jorge Denis Domínguez Larenas: 6 años y medio. Sin beneficios.
-Sergio Amado Fuentes Valenzuela: 6 años y medio. Sin beneficios.
-Jorge Eduardo Valdivia Dames: 6 años y medio. Sin beneficios.
-José Roberto Valdivia Dames: 6 años y medio. Sin beneficios.
-Luis Enrique Ricardo Barrrueto Barting: 6 años y medio. Sin beneficios.
-Manuel Dario Barrueto Barting: 6 años y medio. Sin beneficios.
-Pedro Segundo Ruiz Pardo: 541 días.  Se concedió el beneficio de la remisión condicional.

En tanto, los condenados por los secuestros de Quilaco son:
-Eugenio Villa Urrutia:  7 años. Sin beneficios.
-José Eleodoro Burgos Sandoval: 7 años. Sin beneficios.
-Juan Carlos Burgos Belauzarán: 7 años. Sin beneficios.
-Carlos Santiago Sepúlveda Rivera: 7 años. Sin beneficios.
-José Feliciano Gutiérrez Ortiz: 7 años. Sin beneficios.
-Exequiel del Carmen Celedón Barrera: 7 años. Sin beneficios.

Asimismo, se acogió la demanda civil planteada en contra del fisco, determinando que se debe cancelar $60.000.000 (sesenta millones de pesos) a Gretel del Carmen Godoy Acuña por el secuestro de su hermano Sebastián Campos Díaz; a Jacinta Godoy Acuña $80.000.000 (ochenta millones de pesos) por el secuestro de su cónyuge Manuel Salamanca Mella, y $15.000.000 (quince millones de pesos) por el secuestro de sus hermanos José Domingo, José Nazario y José Mariano Godoy Acuña; a Ana María D’ Apollonio Zapata $70.000.000 (setenta millones de pesos) por el secuestro de su padre Sergio D’Apollonio Petermann; a Ana María Zúñiga Beroiza $70.000.000 (setenta millones de pesos) por el secuestro de su padre José Zúñiga Aceldini, y $10.000.000 (diez millones de pesos) por el secuestro de su tío José Secundino Zuñiga Aceldini.
Además, los condenados deberán pagar solidariamente $80.000.000 (ochenta millones de pesos)  a Norma Panes Panes (cónyuge de Miguel Cuevas Pincheira), y $40.000.000 (cuarenta millones de pesos a Maritza Pilar, Fabiola del Carmen, Víctor Hugo, Dorian Inés y Miguel Ángel Cuevas Panes (hijos de Miguel Cuevas Pincheira), ya que este grupo familiar no presentó acción contra el fisco.
15 de junio de 2011
©poder judicial