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la comisión de la verdad en brasil


La Comisión de la Verdad es necesaria porque permitiría construir un relato creíble de lo que pasó para despertar a una sociedad adormecida que no termina de hacerse cargo de su pasado.
[Santiago O’Donnell] Tenemos la noticia de que Brasil formó una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de la dictadura. Y sabemos que esa comisión no va a meter preso a nadie porque no tiene mandato ni poder ni intención de procurar justicia, y sólo quiere averiguar lo que pasó. Hablamos con el joven funcionario del Ministerio de Justicia brasileño Marcelo Torelly, que vino a Buenos Aires a explicar todo eso a la ONG Memoria Abierta, que dirige Patricia Valdez, en el marco de un encuentro académico.
Arranca con el contexto, como para que nos quede claro que Brasil no es Argentina. Dice que la semántica social del terrorismo no fue destruida en Brasil. Que hubo una migración de las elites políticas del poder autoritario al poder democrático. Que hubo una continuidad jurídica entre la legalidad autoritaria y la legalidad democrática.
Torelly ostenta un título raro, me llama la atención. "Miembro de la Comisión de Amnistía."
Dice que el movimiento de amnistía en los ’70 en Brasil fue uno de los primeros pasos hacia la democratización del país. Grandes manifestaciones. Familiares de las víctimas, Chico Buarque, intelectuales. Amnistía para los presos políticos, claro, no para los represores.
A fines del ’79, en dictadura, el proyecto de amnistía de la sociedad civil llega al Congreso pero pierde por pocos votos, cuenta Torelly. Al poco tiempo se aprueba otro proyecto del Poder Ejecutivo: amnistía para todos. Los crímenes de los militares y de los guerrilleros son "conexos". O sea, se impone en Brasil, en 1979, bajo el mando de los militares, la teoría de los dos demonios. Pasan más de diez años y toda la transición hasta que se empieza a cuestionar esto, primero el Colegio de Abogados en el 2008, después y sobre todo a partir de un fallo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos del 2010 que condena la amnistía bilateral, señalando que los crímenes de lesa humanidad, o sea los que se cometieron desde el Estado, son inamnistiables e imprescriptibles.
En el medio hubo algunos avances. En la Constitución de 1988 se establece que los perseguidos políticos amnistiados tienen derecho a una reparación económica. En 1995, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, se crea la Comisión de Desaparecidos. La comisión estableció y demostró que la dictadura brasileña había desaparecido a alrededor de 500 personas y sus familiares recibieron reparaciones. En el 2001, Cardoso reglamenta una segunda comisión, la llamada Comisión de Amnistía. En esa trabaja Torelly. Tiene como mandato reparar a las víctimas de la dictadura. La comisión se encarga de documentar los casos y fijar los montos de las reparaciones. No se paga por el sufrimiento (cárcel, torturas, exilio), sino por el trabajo perdido por culpa de la persecución política, explica Torelly.
La Comisión de Amnistía también puede hacer, y hace, otro tipo de reparaciones, agrega Torelly. Facilitar jubilaciones, reconocimiento universitario de materias rendidas, facilitación de trámites jubilatorios. Pero sobre todo tiene la potestad y la obligación de pedir disculpas públicas ante las víctimas. Torelly destaca las llamadas "caravanas de la amnistía", en las que el ministro de Justicia se traslada al lugar donde se cometieron los crímenes, a los barrios devastados, a los cuarteles que sirvieron de centros de tortura y campos de concentración, en distintos rincones del país, y allí encabeza un acto oficial, que suele convertirse en fiesta popular, donde después de los homenajes y los recitales el ministro cuenta lo que pasó ahí y pide disculpas en nombre del Estado brasileño. Torelly dice que las caravanas, al reivindicar y homenajear a las víctimas de la dictadura, visibilizan lo que amplios sectores de la sociedad brasileña aún no quieren ver o prefieren olvidar. Las caravanas empezaron en el 2008, cuando Lula era presidente y el ministro de Justicia era Tarso Genro. Ahora siguen bajo el gobierno de Dilma. Desde que arrancó su trabajo, la Comisión de Amnistía recibió más de 70 mil denuncias, hizo más de 35.000 reconocimientos y reparaciones y otros 10.000 todavía no han sido evaluados.
"El proceso de reparación creó un espectro de visibilidad pública para las violaciones, que no existía, e impulsó una lucha más amplia por la verdad, memoria y justicia", dice Torelly.
¿Cómo surge la Comisión de la Verdad? En el 2009, en el marco de la conferencia nacional de derechos humanos, una especie de congreso nacional sobre el tema, se eleva al Poder Ejecutivo, para que eventualmente gire al Congreso, un Plan Nacional que incluye la creación de una Comisión Nacional de Verdad y Justicia, con el mandato de impartir responsabilidades dentro del Estado e imponer castigos a las personas que cometieron los crímenes al amparo del poder. Es plan fue muy resistido por el sector que defiende a los militares y al final Lula no presentó esa parte del plan al Congreso. Después el gobierno de Dilma Rousseff (foto) presentó el plan al Congreso, pero modificado: el componente de Justicia quedaba afuera de la comisión. Con un fuerte trabajo de lobby, el gobierno logró que la ley se apruebe con sólidas mayorías en las dos Cámaras. Así se llegó a la Comisión de la Verdad.
Lo novedoso de la comisión es que puede investigar y nombrar a las personas que cometieron los crímenes con nombre y apellido. También puede citar a los ex represores y tomarles testimonio. Si son militares y no se presentan, pueden recibir sanciones disciplinarias. Todo esto va a servir para tener un panorama más claro y más completo de lo que pasó. Para ponerle caras, historias, contexto y narrativa a las historias de esos 500 desaparecidos y a esas decenas de miles de víctimas directas de las torturas y vejaciones de la dictadura brasileña entre 1964 y 1985.
El resultado de ese proceso queda abierto a la voluntad de los brasileños. ¿Habrá que desandar el camino de la verdad, para llegar al de la Justicia, como sucedió en la Argentina? Es una opción. En el otro extremo está la opción española, que es olvidar y perdonar todo con un gran pacto nacional. Parece que no funcionó porque recién ahora están excavando las fosas comunes. En el medio hay otras opciones. Está la sudafricana, que consiste en perdonar a los asesinos si los asesinos cuentan todo, en aras de la pacificación nacional. Está la variante colombiana, que a cambio de que los asesinos cuenten todo, les dan penas de cárcel pero bastante leves y los obligan a reparar a las víctimas con su patrimonio. También está el caso salvadoreño, donde la Comisión de la Verdad pudo citar a la fuerza e interrogar a los represores, pero al mismo tiempo el Congreso aprobó una ley de amnistía general para esos mismos represores.
En Brasil la situación es más o menos así: según las encuestas, una mayoría de los brasileños no quiere juzgar a los represores. La Corte Suprema ratificó que la amnistía bilateral de la dictadura es válida. La mayoría del Congreso no quiere juicios a los represores y ha votado en contra de la iniciativa. La Procuración del Tesoro ha dictaminado en contra de juzgar a los represores. El gobierno de Lula no quiso tocar el tema de los juicios y el de Dilma se cuida mucho porque ella fue apresada y torturada durante la dictadura, y no quiere quedar como una resentida. Necesita un consenso para avanzar. Queda abierta la instancia de la Fiscalía Federal, que debe responder al fallo de la Corte Interamericana en el sentido de que los crímenes de la dictadura no se pueden amnistiar. Para la Corte, el mínimo aceptable es la solución colombiana.
Por eso es tan importante la Comisión de la Verdad. Por un lado porque permitiría construir un relato creíble de lo que pasó para despertar a una sociedad adormecida que no termina de hacerse cargo de su pasado. Por el otro, porque al aparecer las pruebas con nombre y apellido los fiscales querrán investigar. Si eso se acompaña con la demanda social y la presión internacional de la Justicia Universal, entonces se podrá avanzar por el camino de la Justicia.
Ese es un camino. El otro es seguir a Mandela por el camino de la verdad, la compasión y la tolerancia, esos atributos que los represores nunca tuvieron, lo cual necesariamente implica la injusticia de tener que perdonar a cambio de saber todo.
En eso anda Brasil, tratando de averiguar su verdad, esperando que esa verdad le indique el camino.
27 de noviembre de 2011
©página 12

por la memoria en españa


La querella en Argentina por crímenes de la Guerra Civil. Exiliados y sus descendientes argentinos movilizan la investigación por los 113.000 desaparecidos y los 30.000 niños apropiados durante la guerra. Y que Servini se instale en la embajada en Madrid a interrogar testigos.
España / Argentina. El régimen franquista se apropió de treinta mil niños. Chicos vueltos grandes, hoy abuelos que llevan un apellido impropio, una historia trunca. Ni hablar de las cifras de españoles fusilados, enterrados en fosas comunes y anónimas. España calla pero, contra la impunidad de esos crímenes, avanza una demanda impulsada desde Argentina. Esta semana, los querellantes –españoles radicados aquí y argentinos descendientes de las víctimas– pidieron a la jueza federal María Servini de Cubría que cruce el charco y "se constituya en la embajada argentina en España" para recibir denuncias y testimonios de víctimas. Además, sus abogados rechazaron, punto a punto, los argumentos de la Fiscalía General española que asegura que en ese país se "han tramitado y se están tramitando" los procedimientos judiciales en ese sentido.
"Tras 40 años de dictadura y 35 de democracia, en España no sólo no existe siquiera una Comisión de la Verdad a modo de las que se instituyeron en numerosos países, incluido el nuestro, (si no que) no hay un solo niño a quien se haya restituido su identidad. No hay un solo victimario que haya sido identificado, uno al que siquiera un juzgado le haya tomado declaración, ni un imputado por la comisión de alguno al menos de los múltiples, masivos, generalizados crímenes cometidos", argumenta el texto entregado por los denunciantes a la jueza, y al que tuvo acceso Página/12.
Entonces, señala el mismo documento, "corresponde" que la jurisdicción argentina investigue los delitos contra la humanidad ocurridos entre 1936 y 1977, procese a sus responsables y repare a las víctimas "de tanto crimen impune". "Lo que solicitamos en esta última presentación son, ya no medidas probatorias, sino acciones concretas referidas a los querellantes y al pueblo español en sí", explicó Máximo Castex, uno de los abogados del equipo de letrados que representa a los denunciantes. En esa línea, se instó a Servini de Cubría a que se traslade y reciba en la embajada nacional localizada en Madrid los testimonios y denuncias de víctimas.
La querella es acompañada entre otros organismos de derechos humanos por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica e inició la demanda el 14 de abril de 2010. La causa se basa en los mismos principios de derecho universal que permitieron al juez español Baltasar Garzón juzgar las dictaduras de Argentina y Chile, e incluso detener en 1998 a Augusto Pinochet. El primer paso de los letrados argentinos fue pedir a España explicaciones, es decir, preguntar si en ese país "se está investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar a españoles, a través de su eliminación física, la desaparición ‘legalizada’ de menores de edad con pérdida de su identidad, entre 1936 y 1977".
La respuesta enviada por la Fiscalía General española hace pocos meses destaca en el punto número 1 de sus conclusiones que "en España se han tramitado y se están tramitando en la actualidad numerosos procedimientos judiciales relativos a hechos delictivos cometidos durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura, tanto en la eliminación física de los ciudadanos partidarios de la República y de la forma democrática de gobierno, como la desaparición de menores".
Sin embargo, las causas abiertas a las que se refieren las autoridades judiciales españolas "están paralizadas o archivadas", puntualiza Castex, y detalla que además provienen "de la causa madre iniciada por Garzón", que fue procesado y suspendido en su cargo por haber dado lugar al enjuiciamiento del franquismo. "Es absurdo –dispara– que se lo procese a Garzón por haber investigado y después se utilice su causa para decir que España está haciendo justicia."
En tanto, "hay 113.000 cuerpos desaparecidos, 30.000 niños secuestrados, 2500 fosas sin abrir en las que se acumulan los cuerpos a montones", contó a este diario Darío Rivas, de 91 años, cuyo padre murió fusilado por oficiales de La Falange en 1936, y es uno de los querellantes en esta causa. La fiscalía española asegura que están en curso "un importante número de supuestos de sustracciones o entregas ilegales de menores", pero "no mencionan un solo tribunal actuante en esa línea de investigación, de lo cual se deduce sin dificultad que no existe ninguno", responden los abogados argentinos.
Párrafo aparte, Castex critica que "queda a las claras que si realmente existiera voluntad de investigación, en vez de alegar que ‘ninguno de los denunciantes que presentó causas desde Argentina lo había hecho en España’, lo que tendrían que haber hecho (los fiscales españoles) es iniciar de oficio la investigación, como corresponde".
Ese desinterés judicial se profundiza en el plano político. En julio último, el Congreso español rechazó una propuesta del Bloque Nacionalista Gallego que buscaba derogar la Ley de Amnistía española de 1977 para posibilitar la investigación de los crímenes de la dictadura franquista. Esa circunstancia, concluyen los abogados de la querella, "corrobora la falta de determinación y la imposibilidad de investigar por parte del Estado español".
[Informe de Rocío Magnani.]
27 de noviembre de 2011
©página 12

caos y terror en libia


Filtración de Naciones Unidas: paramilitares libios detienen ilegalmente a miles de personas. Ban Ki-moon informó sobre "lectura incómoda" para los que apoyaron a los rebeldes en su lucha contra Gadafi.
Paramilitares rebeldes que operan en la Libia después de Gadafi están deteniendo ilegalmente a miles de personas, incluyendo mujeres y niños, a los que consideran "enemigos del estado", de acuerdo a un informe que será presentado por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la próxima semana.
Se calculan en setenta mil las personas que están siendo retenidas en las que se describe como cárceles privadas que no son controladas por el gobierno libio. Algunos detenidos son torturados y maltratados.
El informe filtrado, visto por The Independent, dice que ambos lados -las tropas libias del coronel Gadafi y los paramilitares que se levantaron contra él- han cometido actos que pueden ser descritos como crímenes de guerra durante el duro combate por el control de Sirte, la ciudad natal del dictador asesinado.
Muchos de los detenidos ilegalmente son africanos sub-saharianos que pueden haber sido trabajadores inmigrantes en la Libia de Gadafi y fueron acusados -injusta o correctamente- de ser mercenarios a la paga de Gadafi. "Se ha informado de casos de individuos que han sido atacados debido al color de su piel", dice el informe.
El informe también refleja los temores de muchos sobre el destino de Gadafi mismo, que fue capturado vivo pero luego aparentemente asesinado por sus captores.
Como dice The Independent, "el informe será una lectura incómoda para los gobiernos occidentales, incluyendo a Gran Bretaña, que participó en la campaña para derrocar a Gadafi".
Patrick Cockburn, corresponsal para Oriente Medio de The Independent, dice que la noticia sobre las detenciones no le sorprende. "El conflicto en Libia siempre fue mucho más que una guerra civil entre libios de lo que pretenden los gobiernos o la prensa extranjeros".
Muchas de las milicias paramilitares quieren vengar la muerte de amigos y familiares. Algunos que viven en Sirte le contaron a Cockburn: "Hay un frenesí profundo y creciente, especialmente entre los jóvenes milicianos y los fundamentalistas, para perseguir a cualquiera que pueda ser asociado al antiguo régimen".
Cockburn concluye: "El Consejo Nacional de Transición, cuyo control del país es en gran parte teórico, no está en condiciones de impedir esta purga porque muchos de sus propios miembros están ellos mismos asustados de que se les pueda acusar de nexos con el antiguo régimen".
27 de noviembre de 2011
©the week
cc traducción c. lísperguer

torturas y apremios en la policía


Torturas, apremios ilegales y falta de garantías en juicio. Un caso que revela la brutalidad policial y la incompetencia judicial.
[Alicia Simeoni] Argentina. El caso fue resonante: Tres ladrones asaltan una casa en Rufino y en su huida se enfrentan a balazos con la policía. En esa instancia muere un agente, hijo de un jefe policial. Más allá de la culpabilidad o no de estos delincuentes, las torturas que enfrentaron en sus arrestos y el viciado proceso judicial, marcan claramente las dificultades institucionales que atraviesan tanto a jueces como a policías a la hora de ser eficaces en el combate contra la inseguridad.
En esta tercera nota de la serie sobre inseguridad se aborda, a partir de un caso concreto, los aspectos que tienen que ver con la inseguridad que llega de la fuerza policial y también desde la Justicia.
Dos hombres con antecedentes penales que viven en Laboulaye, Córdoba, imputados de cometer un robo en Rufino (Santa Fe) -luego del cual se produjo la persecución policial que terminó con un joven agente muerto-, y un tercero señalado como quien marcó el domicilio donde se cometería el delito, fueron detenidos y denunciaron apremios ilegales, tortura física y psicológica por parte del personal policial de los distintos destinos que recorrieron antes de llegar a los definitivos lugares de detención en los que se encuentran, en Piñero y en Coronda. Para el caso del principal imputado, Walter Guzmán, a quien se sindica como responsable del homicidio del suboficial Emiliano Célis, de 18 años, estuvo seis meses sin abogado, mientras que el defensor general con asiento en el distrito judicial Nº 8 de Melincué, Daniel Papalardo, que se hizo cargo del patrocinio de los tres -además de Guzmán, de Enrique Zapata y de Darío Guajardo-, denunció diversas irregularidades durante el proceso de Instrucción que en una primera Instancia llevó adelante el entonces juez en lo Penal y Correccional de Rufino, Omar Guerra, y pidió la separación del caso del fiscal interviniente, Alejandro Negroni por tomar decisiones que no se condecían con su responsabilidad y ordenar el traslado de un detenido. Detalles de la que aparece como una brutal inseguridad de la que es autora la fuerza policial y también de la inseguridad judicial, puesto que la defensa de los detenidos, ahora en manos del abogado Gregorio Gómez, habla del poco transparente proceso que se dio desde el 8 de marzo de 2010, día en que comienza este complejísimo caso en que Gómez cita la acordada Nº 32 de la Corte Suprema de Justicia de la provincia que tomó en cuenta la decisión de la máxima instancia nacional (Corte Suprema de Justicia de la Nación), cuando cuestionó la forma en que se llevó a cabo el proceso penal, anticonstitucional, en el caso del ex magistrado Carlos Fraticelli y de su ex esposa Graciela Dieser, lo que determinó la anulación del juicio y la libertad de ambos condenados a prisión perpetua por el homicidio de su hija Natalia en el año 2000.
Todo comenzó en marzo del año pasado después que Enrique Zapata y Walter Guzmán robaron en casa del matrimonio Spada, ubicada en avenida Cobo 440 de Rufino, ciudad ubicada al sur de la provincia, donde maniataron a los dueños de la vivienda. Cuando salían de la casa se cruzaron con la hija, Sandra Spada, quien primero dio aviso a su marido que siguió a los delincuentes mientras ambos caminaban, y luego a la policía. El marido de Sandra dejó su Renault Clío cuando se encontró con los dos hombres que lo encañonaron, tal las crónicas policiales del momento, y ellos huyeron en el vehículo hasta que fueron interceptados por la policía en un cruce de calles de la ciudad, cuando bajaron del Clío.
Un rápido recorrido por lo sucedido luego indica que Zapata fue detenido de inmediato, recibió un impacto de bala de goma en la espalda y fue trasladado a la comisaría 3ª de Rufino. En tanto Guzmán escapó y se escondió entre unos ligustros en un complejo deportivo cercano mientras era perseguido por tres policías armados. En ese cuadro y en el intercambio de balas, Guzmán recibió tres balazos y el policía Emiliano Célis, quedó herido y luego murió. El joven era hijo del jefe policial de la zona, Teófilo Carlos Célis, y por razones que nunca se dieron a conocer no se le realizó la autopsia al cuerpo de Emiliano que fue inhumado. No se contó, entonces, con la medida indispensable para conocer la procedencia de las balas que ocasionan la muerte a Emiliano y la distancia desde la que fueron efectuados los disparos.
El arma del joven Célis no se encontró en el playón deportivo y meses después, luego de llamadas a sus familiares en las que se decía que se la encontraría en su tumba, fueron a buscarla y efectivamente se encontró un arma pero con la identificación limada.
Cuando se llevaron a Célis del lugar, Guzmán quedó tirado en el piso, rodeado de uniformados y sin recibir asistencia médica -a pesar de los tres balazos que tenía-, casi por espacio de 30 minutos, según refiere. Luego fue llevado a un hospital de la ciudad donde le realizaron algunas curaciones. Las tres balas estaban alojadas en el antebrazo izquierdo, otra en el pecho que fue hacia el hombro derecho y la última en la pierna derecha que le partió el fémur. Hoy presenta tres centímetros menos de extensión en ese miembro y algunas versiones señalan que recibió allí una de las llamadas balas planas, de uso prohibido por la Convención de Ginebra, ya que cuando ingresa al objetivo se abre y bifurca su camino.

La Denuncia de los Imputados
Walter Fernando Guzmán denunció a través de quien en ese momento era su abogado, el defensor público Daniel Papalardo que cuando estaba en el piso, en el espacio deportivo, lo esposaron, lo pusieron boca abajo y allí, rodeado de policías comenzó a ser golpeado, con trompadas y patadas. En ese momento escuchó que llegaría el fiscal. Alguien lo golpeó en la frente y le hizo un tajo. Después seguiría esa corta atención médica hasta que se ordenó que lo llevaran a Venado Tuerto a bordo de la ambulancia en la que lo acompañaban una enfermera y un policía. La mujer joven debió decirle al policía, a quien Guzmán describió, que parara de pegarle porque lo iba a matar. Ya en Venado Tuerto le realizaron otras curaciones y otro agente de la fuerza aprovechó -siempre según la denuncia-, que él médico había salido por unos momentos, para retorcerle la pierna donde tenía el impacto de bala. Los policías que lo cuidaban también introducían sus dedos en la herida diciéndole que lo iban a matar. Desde allí se ordenó el traslado al Hospital Cullen de la capital provincial, es decir se cruzó media provincia para dejarlo internado. Recién después de 18 días, dijo a su defensor, llegó el juez que se ocupó de la instrucción del caso, Omar Guerra, quien le colocó un teléfono en su oreja -Guzmán seguía con suero-, y le dijo que del otro lado de la línea estaba su abogado. Una voz masculina le indicó que se abstuviera de declarar. Ese hombre era el defensor público Armando Area. Luego, en la cárcel de Coronda, pasaron entre 4 y 5 meses hasta que llegó el defensor Papalardo. Guzmán, de 32 años, está acusado de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia o amenazas y del delito de homicidio doblemente calificado por ’criminis causa’ -para anular el hecho anterior-, y resultar víctima un miembro de fuerza la fuerza policial en razón de su función.
A Guajardo fueron a buscarlo a una estancia en un procedimiento que impugnó también Daniel Papalardo; allí no lo encontraron pero sí tres días después llegó hasta su vivienda un grupo de policías que abrió la puerta, ingresó y comenzó a golpearlo, acusándolo de haber matado a Célis. Ya en la comisaría de Rufino, su testimonio indica que siguieron golpeándolo, tanto que quedó inconsciente y se despertó en la alcaidía de Melincué. Al otro día lo llevaron a Rufino, sin defensor y se repitió la escena descripta por Guzmán respecto de la comunicación telefónica con un abogado. "Tampoco me revisaron los médicos porque el juez Guerra dijo que yo no tenía nada", terminó Guajardo. Este hombre de 34 años está acusado de robo calificado por el uso de armas y del deleito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia o amenazas.
Enrique del Valle Zapata, por el impacto de la bala de goma, cayó en un lugar con arena, recibió una patada en la cabeza de parte de un policía mientras otro también le pegaba. Lo subieron a la parte trasera de un patrullero y una mujer lo golpeó, en su denuncia entiende que con una linterna, ’en la mollera’, y otro hombre le pegó con la culata de su escopeta. Ya en la comisaría, en muy mal estado, tirado en el piso, fue el blanco de todo el personal que pasaba por allí: recibió entonces una patada en la ceja derecha que luego le suturaron sin anestesia. Cuando lo habían dejado casi desnudo, sólo con una remera, en una salita a la que describió como oscura, dijo que entraron muchos uniformados y una mujer corpulenta que gritó que Emiliano Célis había muerto. De inmediato la mujer le cortó la remera, se la ató a su cuello hasta casi ahorcarlo, cuando perdió el conocimiento. Al parecer lo dieron por muerto, porque le colocaron un nylon encima. Zapata relató que en esa condición se despertó y comenzó a vomitar sangre, mientras alguien gritó: ’está vivo’. Entró otro policía, lo pusieron en una camioneta esposado al parante de atrás, volvieron a pegarle en la boca del estómago y otro hombre de la fuerza ordenó que lo llevaran a la Alcaidía de Melincué, donde lo recibieron con palos y patadas. Allí le echaron pimienta en la cara y en la boca, lo desnudaron en una pieza y a cada rato seguían castigándolo. Después de dos días lo llevaron a un hospital de Firmat. Fue allí donde lo cosieron sin anestesia. Otra vez volvió a una pieza oscura y a recibir golpes "Apareció un señor que dijo que era mi abogado y me manifestó que no declare". Ante el juez Guerra, el defensor público Arturo Area dijo que había que interponer un hábeas corpus" y que en las condiciones que estaba Zapata no podría declarar. Ese hábeas corpus nunca se presentó y en Firmat lo tuvieron sin agua tres días, con una botella tirada en el piso. Zapata manifestó que, aún esposado, aprendió a tomar agua de esa botella. De allí lo llevaron a Piñero donde está encarcelado. Zapata, de 42 años, está imputado de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego y privación ilegítima de la libertad por el uso de violencia o de armas.

La Denuncia de Papalardo
El defensor general en el distrito judicial Nº 8 con asiento en Melincué y ante el Juzgado en lo Penal de Sentencia detalló ante el magistrado una serie de irregularidades cometidas durante la instrucción y en perjuicio de los tres imputados, Darío Guajardo, Walter Guzmán y Enrique Zapata. En esa presentación se refiere a un allanamiento realizado, presuntamente en forma ilegal con adulteración de documento público, detención ilegal y abuso de autoridad. Todo se refiere al procedimiento realizado para la detención de Guajardo, donde el defensor estima que primero se realiza el allanamiento y luego se hace la orden correspondiente, por cuanto se adultera la fecha de la misma. Aquí, y por supuesto respecto de lo expresado en las denuncias, queda cuestionada la actitud del juez Omar Guerra, y Papalardo también pidió que se aparte de la causa el fiscal Alejandro Negroni, de quien dijo que ordenó que Enrique Zapata, que estaba en la comisaría 3ª de Rufino, fuera trasladado a la Alcaidía de Melincué "por razones de seguridad". Papalardo explicó que el fiscal no puede disponer del alojamiento del detenido e interrogó en su presentación acerca de cuáles serían las razones de seguridad invocadas, ya que "si la policía no puede cuidar a un sujeto cuyo arresto ha operado precedentemente, ¿quién es el órgano público encargado de hacerlo?"

Caída del Juicio Abreviado
No obstante todo lo denunciado, al llegarse a la instancia del proceso abreviado -que ya se aplica en la provincia de Santa Fe como parte de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal-, y ponerse de acuerdo las partes, esto es el Ministerio Público Fiscal y la defensa de los tres hombres, este acuerdo que ya estaba firmado por los imputados, fijadas y aceptadas las condenas, quedó sin efecto por la decisión del Tribunal a cargo de ese juicio abreviado, los magistrados Leandro Martín, presidente del cuerpo, quien actuó junto a Eduardo Bianchini y a Carmen Herrera, quien votó en disidencia con esa resolución. En un hecho poco común la decisión fue apelada tanto por la fiscalía como por la defensa ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Venado Tuerto, que por otra parte está recusada al considerarse que ya emitió opinión sobre los imputados.
En la audiencia correspondiente al juicio abreviado, el presidente del Tribunal Leandro Martín, escuchó a los acusados en cuanto a las conformidades para que se concrete el acuerdo y se fijen las penas: 23 años para Walter Guzmán, 9 años para Zapata. Pero como a renglón seguido ellos mismos quisieron declarar sobre los apremios y torturas sufridas y dieron la palabra a Papalardo quien se explayó sobre el tema, el juez Martín consideró que entonces no había acuerdo total y dio por extinguido el acuerdo. Esta decisión fue apelada por la fiscalía y también por la defensoría, en una coincidencia que no sucede comúnmente, ya que estando las partes de acuerdo es el juez el que niega la firma y ratificación del documento pertinente.

Recusación a la Cámara Penal
El abogado Gregorio Gómez, defensor de Darío Guajardo, Enrique del Valle Zapata y Walter Guzmán planteó la recusación de los integrantes de la sala de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Venado Tuerto. La argumentación esgrimida tiene en cuenta que esta Cámara ya se había expedido en distintas oportunidades sobre la situación y solicitudes de los imputados Guajardo, Zapata y Guzmán. "Se estaría quebrando la necesaria imparcialidad y transparencia que se requiere en este juicio como en cualquier otro. Sin embargo hay cuestiones que aparecen oscuras, confusas y hasta del orden de la negación de los derechos constitucionales", opina Gregorio Gómez.
Sin duda en su defensa también tiene en cuenta la Acordada de la CSJ de Santa Fe, la Nº 32, que tuvo en cuenta las alternativas ocurridas en el juicio penal llevado adelante contra el magistrado Carlos Fraticelli y contra su ex esposa, Graciela Dieser, ambos condenados a cadena perpetua por la muerte de su hija Natalia. La Corte nacional no se expidió sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados, sino por los que consideró procedimientos alejados de los derechos y garantías constitucionales para los mismos. Fraticelli y Dieser quedaron en libertad ante la nulidad del juicio al que fueron sometidos.
La acordada Nº 32 de Santa Fe incluye la resolución de modificar el sistema de modificación de causas penales con el objetivo de adecuar el proceso provincial a los lineamientos de la Corte nacional en el caso Fraticelli. En ese caso, dos de los magistrados de Venado Tuerto que suscribieron el voto mayoritario a favor de la condena, eran los mismos que habían confirmado el procesamiento y la prisión preventiva de Fraticelli y Dieser, con lo que no se aseguraban las garantías de imparcialidad.
Ahora la Cámara Penal de Venado Tuerto giró las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Laboral, todavía no integrada. Como para que el hecho no salga de los límites territoriales ya que pueden estar involucrados policías y funcionarios judiciales.
27 de noviembre de 2011
©rosario 12

enterraron a bussi


Militares retirados, venias y discursos en el entierro de Bussi. La familia invitó a los "viejos camaradas" y la última aparición del represor incluyó repudios "a su degradación" y hasta la observación sobre la "ironía" de que hoy gobiernan "esos que él combatió en los setenta".
Argentina. Enterraron en Pilar al represor Antonio Domingo Bussi. Su mujer, Josefina "China" Bigolio, su hija Fernanda, su hijo José Luis y sus nietos fueron acompañados por un puñado de militares retirados. En los discursos de despedida, su amigo el teniente coronel retirado Roberto Francisco García Tuñón contó anécdotas personales de Bussi y destacó su gestión como gobernador de Tucumán. "El estado natural del hombre es una posición erguida y aplomada, de una voluntad inquebrantable y un paso firme para recorrer caminos ilimitados. Te reconozco con estas cualidades y espero que nuestros camaradas también lo hagan. Espero que la historia, alguna vez, pueda reconocer a sus verdaderas milicias", afirmó García Tuñón. El general Humberto Pizzi, también amigo de Bussi, reflexionó acerca de su degradación, su condena y el avance de las causas contra militares por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. "Tenemos mil camaradas presos, muchos ubicados en cárceles comunes. Están esperando que se mueran como Antonio", aseguró Pizzi.
Su hijo Ricardo, que está distanciado de su hermano José Luis por motivos políticos, realizó una misa en la Iglesia San Roque, en Tucumán.
En el salón de la administración del cementerio Jardín de Paz que se encuentra a unos veinte metros de la entrada, un grupo de cinco señoras conversaba copiosamente. "El miércoles fue tremendo. Cuando apareció la placa en Crónica, la llamo a la China y me dice ‘No, no, Antonio sigue con nosotros’." Una mujer de más de setenta años, rubia con corte de pelo carré y la nariz operada, comentaba los últimos dos días de vida de Bussi y las noticias que lo daban por muerto, mientras mechaba una invitación a jugar a las cartas.

–¿Vos jugás al bridge?
–No –respondió la mujer, también septuagenaria, que se encontraba sentada a su lado.

–¿Y al backgammon?

Antes de las diez y media, cuando llegó el féretro, en el salón proliferaban los encuentros entre viejos camaradas que aprovecharon la ocasión para comentar temas de actualidad. Un hombre calvo de unos ochenta años, con un traje entallado marrón y lentes Ray Ban también marrones, se acercó a otros dos que estaban hablando sentados en un sillón de dos cuerpos. "¿Cómo es lo de Aerolíneas?", le preguntó a uno de ellos, que llevaba puesto un saco azul. "Mirá, yo tengo dos hijos pilotos que me dicen que está todo... es un conflicto fuerte", le respondió. El hombre calvo dijo "esperá" y, con toda la velocidad que puede tomar un hombre de ochenta años, acercó un sillón y se sentó. "¿Entonces es como dice Cirielli? ¿El pibe éste no entiende nada?", volvió a preguntar, y recibió una respuesta afirmativa.
El féretro llegó de mano de su hijo José Luis, cuatro de sus nietos y uno de sus compañeros de armas. Detrás caminaban su hija y su mujer, quien se mudó a Pilar a raíz de la decisión de enterrar allí a su marido. Un hombre de pelo largo y camisa rosada se acercó hasta el cajón e hizo la venia pero nadie lo imitó. En silencio, el ataúd avanzó por la entrada y se detuvo durante cinco minutos a la altura de la administración. Los concurrentes se acercaron a abrazar a la viuda y los hijos. Eran alrededor de cincuenta. Cuando el cajón comenzó a avanzar en dirección a la capilla, los concurrentes aplaudieron. Antes de entrar, una mujer comentó a su marido por lo bajo: "Morir degradado...".
El cura a cargo del responso empezó la ceremonia con una aclaración: "La casa del Señor tiene muchas habitaciones", dijo, y luego habló de la fe y la vida eterna y consideró que Bussi se encuentra "de viaje". "Te rogamos por el alma de tu hijo Antonio Domingo", concluyó. Lentamente, el cajón salió de la capilla y se dirigió a la parcela 5 de la manzana 2 del sector "Jazmines" –número 23– del cementerio.

El Amigo de Bussi
"Más que como camarada, quiero despedirte como amigo", dijo García Tuñón, un hombre de 85 años con saco claro y lentes, quien conoció a Bussi en 1944 en el Colegio Militar, y se convirtió en su amigo en 1954, en la Escuela Superior de Guerra. El vínculo se profundizó cuando en 1967 lo enviaron a Tucumán. "Tan amigos éramos que cuando hicimos el viaje a Estados Unidos, nos sentamos el uno al lado del otro en el avión como si estuviéramos en el mismo pupitre. Ida y vuelta, jugando interminables partidos de truco", afirmó el coronel, refiriéndose al curso de Mando y Estado Mayor General en Leavenworth, en la ciudad de Kansas, donde Bussi aprendió técnicas de contrainsurgencia.
"Tenía dos amigos entrañables: Calcaño y Fantoni. Si por casualidad se sentaban Calcaño a mi izquierda y Fantoni a mi derecha y vos, Antonio, un poquito más a la derecha, estabas ofuscado", confesó, refiriéndose al coronel Hugo Carlos Fantoni, quien está siendo juzgado en Bahía Blanca por su desempeño como jefe del Departamento de Personal del Quinto Cuerpo del Ejército en esa ciudad. A pesar de la amistad que los hermanaba, Bussi pasó tres años sin hablarle a García Tuñón porque éste una vez no lo defendió ante las críticas de sus compañeros del Comando, que consideraban que Bussi era demasiado competitivo en el básquet y el fútbol. Años después se encontraron en una reunión de promoción y se dieron la mano.
García Tuñón apeló a una anécdota para recordar que Bussi, "a pesar de ser un duro entre los duros", tenía sentido del humor: "Después de cenar una noche en Floreal, en Tucumán, a la una y media de la mañana, me dice ‘vamos a visitar a un amigo’. Fuimos al sanatorio y entramos a la sala de terapia. Tu amigo estaba dormido, Antonio, ¿te acuerdas?, lo tocaste un poquito en la frente así, suavemente, y él abrió los ojos, te miró, y dijo: ‘¡Carajo! ¡me morí! Estamos en el infierno’. Y vos largaste la carcajada". Luego de recordar su gestión y considerarlo "un mostro (sic), de hacer obras, un mostro de la perfección, un mostro", el coronel vinculó la cosmovisión de Bussi con la de los pueblos originarios de Estados Unidos. "Fuiste un fiel representante, sin saberlo, de los indios sioux, quienes decían que es mejor tener rayos en la mano, que truenos en la boca. Vos tuviste muchos rayos en la mano", afirmó, conmovido.

Sin Generales Ni Subalternos
"Antes de hablar, di un vistazo para ver si hay algún general, de cualquier jerarquía. Si hay alguno, por favor que levante la mano." El general retirado en 1972 Humberto Pizzi recorrió con la vista a todos los que rodeaban la tumba. Nada. "Entonces, me voy a arrogar la representación del viejo Ejército. No del actual. El actual no lo reconoce porque le quitaron el grado. No para nosotros. Para los que lo queremos, no. Lo consideramos en nuestro aviso fúnebre como General de División", afirmó Pizzi, refiriéndose al aviso publicado ayer en el diario La Nación y firmado por sus camaradas de la promoción 76 del Colegio Militar. "Yo les preguntaría a los numerosos oficiales que prestaron servicios a sus órdenes, ¿por qué no hay alguno acá presente? ¿Cuál es el miedo que los inhibe de estar despidiendo los restos del que alguna vez fue su jefe? Es ingrata la vida", reflexionó.
"Alguien me preguntó en la cancha de tenis de Martelli a la que vamos los compañeros que estamos acá –recordó Pizzi–: ‘General, por qué no pusieron a Bussi en vez de a (Reynaldo Benito) Bignone?’ No pude contestarle porque participé de esa decisión. Pero un general dijo: ‘Porque Bussi tiene la cuota de crueldad que en ese momento hacía falta’." Luego, el general desarrolló la idea, y explicó que en un país "azotado por la guerrilla", no se podía andar "con las manos enguantadas", y que en Tucumán, el Ejército Revolucionario del Pueblo "iba a tomar el poder". "Parece una ironía que los mismos que el Ejército combatía en los ’70 estén hoy en el poder. Ganaron elecciones y son gobiernos legítimos, pero, ¡qué resentimiento!", comentó Pizzi, y se lamentó por los camaradas presos.
La Historia Lo Juzgará
"La ciudadanía tardará en reconocer lo que estoy diciendo. Pero es la historia la que va a juzgar y dar a cada uno lo que le corresponde", dijo Pizzi, en lo que consideró un "último consuelo" para Bussi. "Además fue el mejor papá del mundo", agregó su hija Fernanda, y el cajón descendió lentamente cubierto por una bandera argentina, la insignia que Bussi nunca defendió.
[Informe de Sol Prieto.]
27 de noviembre de 2011
©página 12

el testimonio que faltaba


Downes declarará haber visto al cura Zitelli entre sus captores durante la dictadura. "Nunca abandone mi Iglesia, pero la quiero limpia, con su frente alta, y ayudando a condenar a estos delincuentes", le dijo Dawnes a Rosario/12. El testigo fue seminarista y ahora se desempeña como periodista. Fue torturado en el Servicio de Informaciones.
[José Maggi] Argentina. Esta semana se presentó ante la justicia federal un sobreviviente del Servicio de Informaciones, que confesó haber visto entre sus captores a Eugenio Segundo Zitelli. Se trata de Patricio Downes, tiene 54 años, es periodista y llega a dar un testimonio único, moldeado al calor de su fe cristiana, de la que nunca renegó, pero interpelando a su propia Iglesia por cobijar a hombres como Zitelli que le recriminó en la cara que "Cristo no era marxista". "Nunca abandone mi Iglesia, pero la quiero limpia, con su frente alta, y ayudando a condenar a estos delincuentes, que no eran locos sueltos, era un corpus organizado desde Bolatti hacia abajo, y un tempus que venía desde Caggiano hacia adelante, con un mentalidad fanática y dictatorial, de una iglesia imperial". De paso habla de otro referente polémico: Raúl Giménez, el párroco de la Catedral. "No me sorprende (que defienda a Zitelli), en el seminario tenía una foto de Onganía en su despacho".
Patricio Downes tenía 24 años el 17 de agosto de 1977, cuando fue secuestrado del departamento de pasillo de San Lorenzo 1027, frente al Savoy, que compartía con sus tres hermanos. Eran las dos de la mañana, cuando un grupo armado son fusiles FAL tomó por asalto la vivienda donde dormía además Esther Cristina Bernal y su hija Silvana que no tenía más de cuatro años. Lo llevaron directamente al edificio de la Jefatura.
"Me vendan y esposan, y me interrogan sentado en una silla. Me interrogaban sobre mi ideología, y yo respondía que era la cristiana, respuesta que era seguida de golpes. Mi interrogador me imputaba de ser un traidor a la iglesia y al cristianismo, y era raro, porque lo hacía con frases en latín. Yo sabia el idioma porque había estado en el seminario San Carlos Borromeo desde el año 1963 a 1972, casi desde los 10 a los 20 años. "Pitcher", que era mi interrogador usó la frase: "hasta cuando abusarás de mi paciencia’. Esto me llenó de pánico, porque era gente sin dudas ligada a la iglesia católica, dentro de estos ámbitos, y de las mazmorras de la dictadura. ’Hasta cuando abusarás de mi paciencia’ decía, para darme otro golpe de inmediato" relató Patricio.
"Esto duró una hora, y al amanecer me permitieron despedirme de mis hermanos. Quede con lesiones en los codos y en las piernas. Me dejaron en un pasillo, en el rellano de una escalera, desde donde escuchaba como Feced daba órdenes, y recuerdo la radio a todo volumen, para tapar los gritos. Junto a mi estaba un militante que conocíamos como Jupo o Jupito (por su militancia en la JUP)"agregó.
"Al día siguiente que era domingo, la actividad bajó, y entró en escena el Pollo Baravalle. Estaba vendado y recuerdo que reconocí su voz, porque nos conocía a muchos de nosotros. Incluso había almorzado con él y el Pato Recaman, uno de los fundadores de la JUP Rosario. El Pollo me levantó la venda pero no abrí los ojos, porque tenía mucho miedo. Recuerdo que dijo ’si, es este pero es un perejil, estaba en la JUP por las minas’. Esto fue una carta de salvación sin dudas".
Downes continuó relatando que "un rato después estaba vendado contra la pared y apareció un guardia y me volvió a levantar la venda. Ahi sí abro mis ojos, y veo esos lentes con marcos negros y vidrios gruesos característicos de Zitelli. Yo tenía 24 años y hacía casi 20 años que lo conocía porque había sido teniente-cura, es decir un asistente de párroco que era mi tío Juan Ignacio Downes, hermano de mi padre, y quien había sido cura de Peyrano, Whellright y Rufino donde murió en 1962. Yo lo conocí a Zitelli por mi tío, y porque estuvo cerca de mi familia y por sus visitas frecuentes al seminario".
"Si, este es -dijo el capellán- y seguidamente Zitelli me preguntó si estaba ’en comunión con la iglesia’. Me dio una mezcla de ira y de bronca, porque sabía lo que significaba: es que si vivía en gracia de Dios. Le respondí que estaba en comunión con Cristo, y soy cristiano. El me replica:’si, pero Cristo no era marxista’. Y yo le respondo que no era marxista. Si muero quiero que sea como cristiano y que se me recuerde siempre como cristiano. Lo digo porque entronca con el interrogatorio en latín", agrega Downes.
"La conversación con Zitelli, no avanzo más allá. Lo que me queda como recuerdo es que Zitelli estaba interrogando a un prisionero, porque yo estaba esposado y vendado. Y me basta para decir que un hombre, una figura con mandato de la iglesia para ejercer su acción pastoral como capellán de la policía, traspasaba límites indecibles para mí porque bajaba a las catacumbas de la tortura, de la muerte y de la violación"
Sensibilizado por su propio recuerdo, Patricio confiesa que piensa "en Zitelli interrogando a prisioneros, y pienso en el padre Mugica, en el obispo Angelelli, en los sacerdotes palotinos, y en lo que habrán sentido: sin dudas lo mismo que Cristo en la cruz, que dijo ’Dios mío porque me has abandonado’. El último punto al que sin dudas debe llegar un corazón humano que tiene fe, y que sufre porque alguien de su misma fe lo tortura y lo mata".
27 de noviembre de 2011
©rosario 12

murió andrea true


Actriz porno y cantante disco.
[Valerie J. Nelson] Murió el 7 de noviembre en un hospital en Kingston, Nueva York, la estrella del cine porno y cantante disco, Andrea True, que grabó un éxito clásico de la época disco, ‘More, More, More’. Tenía 68 años.
La funeraria Gilpatric-VanVliet en Kingston anunció su muerte, pero no mencionó la causa. Vivía en Woodstock, Nueva York.

Nació como Andrea Marie Truden el 26 de julio de 1943 en Nashville, pero se mudó a Nueva York en 1968 para estudiar actuación. Redujo su apellido a "True" para no causar problemas a su familia cuando empezó a aparecer en películas pornográficas a principio de los años setenta, contó al Times en 1976.
"No tenía nada mejor que hacer", dijo True en una entrevista, que la anunciaba con este titular: "Lo Que Perdió el Porno, Lo Ganó el Disco".
"Un agente había rechazado un disco y estaba cansada de trabajar como figurante", contó. "Unos amigos me pidieron que hiciéramos una película porno. Pensé que podía aprender sobre cine y actuación de esa manera, así que lo hice".
Pero recuerda sus problemas con esa opción: "¿Podías ir a tu casa y decirle a tu mamá que estás haciendo películas porno?"
Hizo alrededor de cuarenta de esas películas en los años setenta y se convirtió en una estrella del género. En 1974 apareció en seis películas, incluyendo ‘Deep Throat Part II’ y ‘Lady on the Couch’.
Su carrera musical empezó en 1975 cuando filmó un comercial en Jamaica y no le permitieron salir del país con sus ganancias. Se quedó y gastó su dinero para filmar ‘More, More, More’, un tema pesadamente instrumental de la Andrea True Connection.
Rescrita y publicada en 1976, el disco se convirtió en una "de las canciones icónicas de la era disco", informó la revista Rolling Stone.
El sensual éxito alcanzó la cuarta posición en el ránking musical, de acuerdo a la base de datos All Music Internet.
El sencillo ha sido ampliamente licenciado para su uso en películas y comerciales y utilizada en muchas canciones, incluyendo el sencillo de 1999, ‘Steal My Sunshine’, del grupo de rock alternativo canadiense, Len.
También publicó otros sencillos exitosos, como ‘What’s Your Name, What’s Your Number?’, ‘Party Line’ y ‘N.Y. You Got Me Dancing’.
Su primer álbum, llamado también ‘More, More, More’, fue seguido de ‘White Witch’. El segundo intento no estuvo a la altura de su primer éxito, y su carrera musical había esencialmente terminado, de acuerdo a All Music.
Sin embargo, no volvería al porno.
"Prefería trabajar como camarera o mecanógrafa antes que volver" al cine adulto, dijo True al Times en 1976.
"Ahora sólo quiero grabar y actuar. No me mires como si fuera una actriz porno", dijo. "Mírame como una estrella musical".
27 de noviembre de 2011
25 de noviembre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

auge de la marihuana médica


La marihuana médica es legal en California, aunque algunos fiscales federales continúen reprimiéndola.
[Erik Eckholm] Ukiah, California, Estados Unidos. Una intensa represión federal de los productores y vendedores de marihuana médica autorizada por el estado ha afectado malamente a la industria de varios miles de millones de dólares, que surgió en California cuando los electores aprobaron el uso médico de la droga en 1996 y ha destacado la aguda contradicción entre las policías federal y del estado.
La ley federal clasifica la posesión y venta de marihuana como un delito grave y no acepta excepciones por su uso médico, así que el programa adoptado aquí, en otros quince estados y en el Distrito de Columbia existe en un bizarro limbo jurídico.
Mientras las agencias federales se han ensañado con los californianos que cosechan ganancias ilegales descaradamente en nombre de la medicina, o que transportan marihuana fuera del estado, el Ministerio de Justicia declaró en 2009 que normalmente no perseguiría a las organizaciones que proveen de marihuana a pacientes enfermos, de acuerdo a las leyes del estado.
Pero en las últimas semanas los procuradores federales han allanado o amenazado con requisar la propiedad de decenas de productores y dispensarios en California que, en algunos casos, son considerados por funcionarios locales como modelos en cuanto al respeto de la ley. Al mismo tiempo, el Servicio de Impuestos Internos ha levantado cargos por impuestos no cobrados contra el dispensario más grande del estado, amenazándolo con prohibirlo.
Como un indicio de las fuertes tensiones entre el estado y la legislación nacional, Kamala D. Harris, fiscal general de California, describió en agudos términos el
anuncio del 7 de octubre de cuatro fiscales de Estados Unidos, en que dieron a conocer su nueva y dura campaña contra la abundancia de dispensarios, que
definieron como operaciones comerciales que violan el espíritu de la ley californiana, así como de las leyes federales. "Fue una acción federal unilateral, y sólo ha hecho crecer la incertidumbre sobre si pueden los californianos cumplir legítimamente con la ley del estado", dijo Harris en una entrevista. Desde que las autoridades federales no reconocieran que la marihuana puede tener fines médicos, dijo, "están mal equipados para ser los que deciden sobre qué proveedores están violando la ley".
Pero Harris también describió las leyes del estado que regulan la marihuana médica como "vagas y caóticas", y está trabajando con algunos legisladores para implementar controles más consistentes y más estrictos.
La creciente presión federal, dicen los líderes de la industria, podría obligar al desmantelamiento de algunas de las cooperativas que proveen marihuana a  más de 750 mil californianos que han obtenido "recomendaciones" del doctor para
tratar una amplia variedad de males, desde las náuseas relacionadas
con el cáncer hasta dolores y ansiedad.
En unos años, cientos de colectivos, grandes y pequeños, se han incrustado profundamente en el estado, pagando más de cien millones de dólares en impuestos a las ventas, incorporándose a las cámaras de comercio y a los mejores burós comerciales, apareciendo incluso en letreros de "Adopta una carretera".
Aquí en el condado de Mendocino, que coopera feliz con los agentes federales contra el descarado cultivo ilícito de marihuana, los funcionarios idearon un permiso y un sistema de control mensual para pequeños productores que proveen a grupos de pacientes. El sheriff dijo que esto ha aliviado su carga de trabajo e impedido su desvío al mercado negro, y elogió al Northstone Organics
Collective, dirigido por Matthew Cohen, por su escrupuloso respeto de las reglas.
Pero a las seis de la mañana del 13 de octubre, agentes del Servicio de Control de Drogas [Drug Enforcement Administration], armados con rifles de asalto y motosierras allanaron la propiedad de Cohen en las colinas cubiertas de robles al norte de Ukiah, talando 99 robustas plantas, de 1.8 a 3.6 metros de alto, que estaban destinadas proveer de marihuana a sus mil setecientos miembros.
"Las leyes federales y del estado existen en universos paralelos", dijo Thomas D. Allman, el sheriff del condado de Mendocino, en su oficina en Ukiah. Él es tan duro como cualquiera en el comercio ilegal de marihuana, dijo, "pero cultivar y usar marihuana médica es un derecho de los ciudadanos de California".
Ahora, dijo, los 94 colectivos que reciben permisos y etiquetas para plantas de su oficina están asustados.
En Oakland, el dispensario más grande del estado, Harborside Health Center, vende marihuana y productos derivados a más de seiscientas personas al día, cobrando desde veinticinco a sesenta dólares por 3,5 gramos, con un límite de 57 gramos por paciente a la semana. Steve DeAngelo, director ejecutivo, describió eso como "la cantidad máxima que un paciente médico puede consumir legítimamente en una semana".
Inscrita como una cooperativa sin fines de lucro, Harborside tiene 95 mil miembros-pacientes y 120 empleados, ingresa veintidós millones de dólares al año y es uno de los diez contribuyentes más importantes de Oakland, dijo DeAngelo.
En octubre, el Servicio de Impuestos Internos notificó al centro que la consideraba una organización narcotraficante criminal y dijo que no podía deducir su renta, salarios, consultorías y otras operaciones como gastos de negocios, dijo. Le pasó al centro una cuenta por 2.5 millones de dólares en impuestos impagos, lo que podría destruir a la compañía, dijo DeAngelo, que piensa recurrir la decisión en la corte.
"Claramente violamos las leyes federales todos los días, pero estamos acatando fielmente las leyes de California y de Oakland", dijo DeAngelo. La Corte Suprema falló que la justicia penal federal puede prevalecer, pero DeAngelo y otros cuestionan las prioridades del Ministerio de Justicia.
"¿Por qué está el gobierno atacando a empresas legítimas, reguladas?", preguntó. "¿Es mejor que los pacientes la compren limpia y en el ambiente seguro de una tienda o a un vendedor callejero?"
Los partidarios de la marihuana médica acusan al gobierno de Obama de retroceder de promesas anteriores de no perseguir a las organizaciones que respetaran las leyes locales.
Pero funcionarios de la justicia federal dicen que el verdadero cambio es la proliferación de empresas comerciales grandes, no sus directrices.
"Un montón de tiendas de marihuana médica que dicen que no tienen fines de lucro, están haciendo un montón de dinero", dijo en una entrevista Benjamin B. Wagner, fiscal para el Distrito Este de California, en Sacramento.
Agregó que los procuradores no creían en las necesidades médicas de muchos compradores. "En California prácticamente todo el mundo puede conseguir una receta médica", dijo.
Desde fines de septiembre, en su mayor represión hasta la fecha, procuradores federales enviaron cartas a más de cien dispensarios registrados o a sus caseros en todo el estado, advirtiéndoles que su propiedad puede ser confiscada y que podrían terminar en la cárcel si no cierran.
En una rueda de prensa el 7 de octubre, André Birotte Jr., procurador federal en Los Angeles, dijo que un centro comercial en el condado de Orange tenía ocho tiendas que vendían marihuana. "Esto no es ni lo que querían ni en lo que autorizaron los electores en California", dijo.
Algunos de los dispensarios amenazados por el gobierno federal han cerrado sus puertas o están siendo desalojados por caseros miedosos.
Incluso muchos defensores de la marihuana concuerdan en que las leyes del estado que regulan la marihuana médica son inadecuadas, dejando en gran parte en manos de funcionarios locales la tarea de definir normas para el cultivo y venta que varían enormemente de condado en condado. También es un secreto a voces que una parte de los compradores aprobados por los médicos no tienen necesidades médicas plausibles.
En Ocean Front Walk, en la Venice Beach, por ejemplo, compiten por clientes para llevarlos a destartaladas clínicas con nombres como Medical Kush
Doctor, prometiendo recetas médicas por 45 dólares.
"¿Por qué no persiguen a los malos doctores?", preguntó Cohen, el productor del condado de Mendocino. "Yo apoyo fuertemente las regulaciones estrictas".
El senador del estado, Mark Leno, un demócrata de San Francisco, ahora está trabajando con el fiscal general Harris para idear una ley del estado que estipule normas más uniformes y estrictas para la marihuana médica.
Pero condenó lo que llamó las "agresivas intervenciones" de las autoridades federales.
Incluso si el estado endurece los controles y contiene a la industria, el choque central entre la guerra federal contra las drogas y el deseo de California de ofrecer marihuana médica, permanecerá.
Harris dijo que esperaba que si el estado mejoraba el control, los funcionarios federales encontrarían otras prioridades. "Yo soy una procuradora profesional", dijo, "y sé que todo el mundo tiene un montón de obligaciones y recursos limitados".
[Ian Lovett contribuyo al reportaje desde Los Angeles.]
27 de noviembre de 2011
24 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer