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cerrarán destacamento de lomas de mirador


Es en el que fue visto por última vez el adolescente Luciano Arruga. El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se comprometió ante la familia del joven Luciano Arruga, desaparecido por policías bonaerenses, a cerrar el destacamento de Lomas del Mirador. El lugar será cedido a los familiares para actividades culturales.
[Adriana Meyer] Argentina. Aunque, a más de dos años de su desaparición, no se sepa nada sobre Luciano Arruga, sus familiares y amigos obtuvieron una respuesta afirmativa que confirma todas sus sospechas respecto del rol protagónico de la policía en este caso: el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se comprometió a cerrar el destacamento policial de Lomas del Mirador y les cederá el inmueble para que abran un centro cultural y social. Esto ocurrió luego del encuentro que mantuvieron con el funcionario, el juez de la causa y la fiscalía, acompañados del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. "Ese destacamento siniestro se inauguró en 2008, al año desaparecen un chico, desaparecieron un cuerpo y se sucedieron más y más irregularidades para tapar eso –dijo Vanesa Orieta, hermana de Arruga, a Página/12–. Por lo tanto decimos que no tenía razón de existir, fue la base de operaciones de la comisaría 8ª y funcionaba mal como tal, así que esa promesa debía cumplirse."
Orieta se refiere a que el intendente Espinoza les había prometido cerrarlo cuando hubiera algún procesado en la causa. En el encuentro que tuvieron el lunes pasado, del que también participó el presidente de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) de La Matanza, Pablo Pimentel, los abogados de la familia explicaron que se abrió una causa paralela a la que investiga la desaparición de Luciano. "Fueron los mismos testimonios que involucran a policías bonaerenses en graves hechos de violencia, y todo conduce a lo que venimos denunciando: que la policía tuvo que ver con la desaparición de mi hermano", dijo Orieta. Les dijeron al intendente que en ese expediente hay dos uniformados procesados, y que aún falta averiguar si los desplazaron o no de la fuerza. Ante esto, Espinoza dio su palabra de que cerrará el destacamento y abrirá en su lugar un centro cultural. "Dijo que seguirá manteniendo el alquiler de esa casa, y nuestra idea es crear un espacio de la memoria, y que podamos seguir con las actividades que estamos haciendo en donde vivía Luciano con su mamá", comentó la joven. En enero, Orieta había relatado a este diario que en esa vivienda habían armado "un espacio de contención para que los chicos vayan a pintar, a escuchar música, a aprender algo que les cueste en la escuela". Y destacó que lo hacían como un homenaje a Luciano y para el barrio 12 de Octubre, "para que no vuelvan a aparecer grupos de policías cooptando pibes para mandarlos a robar, para que la gente empiece a participar, para decirles a los padres que hay que hacer algo porque lo que le pasó a Luciano les puede pasar a sus hijos".
Luciano Arruga fue visto por última vez moribundo en el piso de ese destacamento de Lomas del Mirador. Hace poco más de dos años, cuando su hermana salió a reclamar por su desaparición, recordaba que el destacamento había nacido al calor de los reclamos de algunos vecinos por "mano dura" y mayor presencia policial, fogoneados por la agrupación Vecinos Alerta por Lomas del Mirador (Valomi), que se movilizó por los resonantes casos del asesinato del florista de Susana Giménez y del entrenador de Guillermo Cóppola. Según los familiares de Luciano, los miembros de esa agrupación tenían una estrecha y familiar relación con los policías del destacamento que está a punto de ser desmantelado. Allí estuvo Luciano Arruga en dos oportunidades: el 22 de septiembre de 2008, cuando lo golpearon ante la vista de su hermana y su mamá, y el 31 de enero de 2009, cuando desapareció. Dos testigos aseguran haberlo visto moribundo tirado en el piso. Y según el libro de actas, esa noche había ocho policías de guardia.
El mismo día que el intendente Espinoza renovó su promesa, habían tenido un encuentro con la fiscal Celia Cejas, del que no participó la fiscal general Patricia Ochoa. "Le pedimos acelerar tiempos de investigación, al menos intentar desplazar a los ocho policías que aún están en funciones; nos parece tremendo que a más de dos años sigan como testigos en la causa", dijo la hermana de Luciano. También se reunieron con el juez de la causa, Gustavo Banco, a quien le insistieron con que "asuma el compromiso de tomar las decisiones que tenga que tomar en la causa, teniendo en cuenta las pruebas que hay". Según Orieta, viene manteniendo diferencias con el magistrado respecto de la importancia de las pruebas del expediente, en especial los testimonios de los detenidos de la comisaría 8ª y el peritaje con perros que confirmó que Luciano pasó por el destacamento. "Siempre fuimos atendidos de manera más dura, pero con la presencia de Alfredo (Pérez Esquivel) hubo un clima más relajado, algún intercambio de ideas", comentó. Página/12 le preguntó cuáles fueron las respuestas de los funcionarios judiciales sobre la falta de resultados en la investigación. "Tienen una forma muy jurídica de dar respuestas y manejan tiempos que no tienen nada que ver con una causa en la que hay un desaparecido, tiempos larguísimos. La fiscal dice que cuando agarró la causa, investigó a los policías; pero antes otra fiscal la durmió durante 45 días. Pasó demasiado tiempo, recién ahora se están haciendo pericias importantes, no sólo porque faltó decisión, a nosotros también nos faltaban recursos", respondió.
Hace unas semanas, los familiares y amigos de Arruga volvieron a denunciar que siguen recibiendo amenazas. "Mientras la causa principal siga siendo por ‘averiguación de paradero’, como si Luciano estuviera vivo, y los policías sospechados sigan en funciones, nosotros debemos soportar las amenazas, porque esas personas sienten que tienen la libertad de amedrentar", se lamentó Vanesa Orieta.
30 de mayo de 2011
©página 12

panfletos fascistas en villa grimaldi


Investigan panfletos contra parque en ex centro de tortura de la DINA. Parque por la Paz Villa Grimaldi sufrió amedrentamiento en el marco del Día de Patrimonio. Recinto se unió a jornada junto a otros sitios similares como el Museo de la Memoria.
Santiago, Chile. Carabineros de la 34ta Comisaría de Peñalolén quedaron a cargo de la denuncia que presentó la administración del Parque por la Paz Villa Grimaldi, en el ex centro clandestino de detención y torturas de la DINA, por los panfletos calificados como "denigrantes" que desconocidos lanzaron este domingo poco antes de la apertura de puertas por el Día del Patrimonio.
De acuerdo a antecedentes entregados a Nación.cl, los volantes con expresiones contrarias a la existencia de este sitio de memoria histórica fueron lanzados en la madrugada a lo largo de todo el frontis del recinto lo que motivó una presentación ante la policía uniformada.
En los papeles se escribió el siguiente mensaje: "Villa Grimaldi es sólo patrimonio político no tiene nada que ver con cultura. Con lo que gastan aquí alimentan y visten a miles de niños huérfanos que lo necesitan de verdad y no malgastando dineros adorando muros y piedras falsas."

Preocupación de Encargados de Villa Grimaldi
Ante la inédita acción, la presidenta de la corporación a cargo, Margarita Romero, expresó: "nos causan sorpresa y sensación de inseguridad estos panfletos, porque nunca antes en más de quince años, desde la apertura de este espacio a la comunidad, habíamos experimentado algo de esta naturaleza".
"Esperamos que no sea más que un hecho aislado, pues desde este lugar de memoria que en este día visitan centenares de personas, debemos poder continuar contribuyendo a una cultura de respeto de los derechos de las personas", agregó.

Sitios de Memoria en DDHH en el Día de Patrimonio
El Parque por la Paz Villa Grimaldi, en avenida Arrieta 8401, fue uno de los sitios emblemáticos en la historia de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet que tuvo atención especial este domingo por el Día del Patrimonio.
En la jornada también participaron el recinto similar que existe en Londres 38 y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos que de acuerdo a lo informado en su balance de la jornada fue visitado por más de 2 mil personas.
Este último destacó la presentación en su explanada del montaje de danza y poesía ‘La Desmemoria’, en convenio con la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven, y la exhibición de ‘Aquí se Construye’, documental de Ignacio Agüero; ‘Brisas’ de Enrique Ramírez y ‘Geografía de la Memoria’ de Andrés Wood, en la programación del ciclo de cine.
30 de mayo de 2011
©la nación

jueces sobre drogas


Hablan jueces chilenos: "Si se legalizan las drogas, se acaba el negocio de los narcos". El 80% de los casos de drogas en tribunales corresponden a casos de consumo y microtráfico.
[Mauricio Becerra Rebolledo] Santiago, Chile. Patricio Souza, presidente metropolitano de la Asociación Nacional de Magistrados; y Mauricio Olave, juez de Santiago, ofrecen su mirada como jueces chilenos, quienes casi a diario están obligados a aplicar una ley preocupada de sancionar a consumidores, en vez de a las grandes mafias.

¿En infracción a la ley de drogas, cuáles son los casos que más llegan ante sus estrados?
Patricio Souza (P.S.): Por consumo; en segundo lugar, el microtráfico y, en tercer lugar, el tráfico propiamente tal. Causas relativas al lavado de dinero por drogas, casi nada.

¿De qué porcentajes estamos hablando?
Entre microtráfico y consumo debe ser el 80 por ciento. El tráfico propiamente tal es mucho menor. Incluso hay que hacer una distinción en el tráfico, porque pueden ser también cuestiones de poca envergadura. El gran tráfico, el que hace importaciones o exportaciones de drogas a gran escala, es lo que menos se ve. Decomisos importantes de drogas son muy pocos.

¿Se puede hacer un perfil de las personas que llegan por consumo?
Hay de todo. Normalmente son jóvenes, pero no son pocos los adultos que son sorprendidos consumiendo marihuana o cocaína en las calles. A mí no me gusta sancionar el consumo, pero estoy obligado porque la ley dice que debo hacerlo.

¿El sistema penal pierde muchos recursos en preocuparse del consumo?
Por supuesto. La pregunta que hay que hacerse es ¿Dónde obtenemos más ganancias? ¿En la persecución penal para combatir eficientemente el tráfico de drogas, en el consumo, el microtráfico o en las grandes redes…?

¿La policía no se concentra en las grandes redes?
Mauricio Olave (M.O.): Me tocó ser juez en Calama, allí hay una extensa frontera con grandes productores de cocaína, y enfrentarse a las mafias grandes que trafican drogas es casi imposible. Las mismas leyes prohibitivas de conductas difíciles de evitar, generan mafias. Tenemos las cárceles llenas de traficantes considerados grandes, pero son puros burreros, los tipos a quienes les pagaban para transportar la droga. A los dueños del negocio nunca los pillas, porque funcionan sobre la base de amenazas, de que si el burrero cuenta sobre quién está detrás, matan a toda su familia. Eso me dicen ellos, a quienes les pagan por traer 10 kilos de cocaína. Si te pillan te dan entre 5 y 10 años de cárcel.

Una Extraña Ley
En Chile se puede consumir de manera privada y solo. El problema es que la ley no dice nada de cómo abastecerse para ese consumo sin violarla.
PS: Sí, la legislación chilena no prohibió el consumo. Pero el consumidor tiene que comprarla, trasladarla a su casa, y ese traslado significa una falta. Para tener una conducta lícita que es consumir, privadamente en tu hogar, tienes que cometer falta. Es muy raro eso.

Otra cosa rara en la legislación de drogas, sobre todo respecto de las sanciones a consumidores, es que la víctima y el victimario son la misma persona.
Hay un paternalismo que mantienen nuestros legisladores, que prohíben ciertas conductas. La libertad individual versus el bien público. ¿Puede limitarse tanto el consumo hasta el punto que hay que cometer igual una falta? ¿Es posible legalizar algunas drogas porque así evitas la construcción de mafias, asociaciones criminales y redes mucho más potentes? -son preguntas que cabe hacerse, porque en tanto, si legalizas las drogas, las regulas más o menos bien, les acabas el negocio a los grandes narcos.

M.O: Despenalizar permitiría controlar la calidad. Lo que nos pasa con la pasta base, que es la pepsina de la cocaína, que es consumida muchas veces a falta de otras drogas que no causan los daños que ésta provoca.

¿La prohibición también genera un mercado negro?
P.S: Por supuesto. Lo que pasó en Estados Unidos en los años 20 y 30, cuando prohibieron el alcohol. Y qué generaron: Las mafias más importantes. Se terminó la prohibición y las mafias siguieron, se ramificaron. La gran construcción de las mafias parte con esa prohibición.

¿Cómo avanzar hacia la despenalización?
P.S: Es un tema que hay que estudiar seriamente. Derribando los mitos y las posiciones pétreas. Creo que eso conduce a decisiones mucho más racionales.

M.O: El problema es que uno ve que la corriente va para otro lado acá. En Chile, hace un par de años, modificaron el reglamento y en el caso de la marihuana, que para muchos de nosotros es una droga blanda, la colocaron por decreto supremo y quedó como droga dura.

Esa fue una decisión más política que científica…
P.S: Por supuesto que fue política. Su consecuencia es que subió la pena enormemente.

M.O: Uno piensa que como eso se aprobó, pasó piola, como se dice, y nadie dijo nada. Así, poner en este contexto la despenalización, cuando el aparato administrativo va en contra es complicado. Hoy, en Chile, parece que el horno no está para bollos.
Pero en Latinoamérica han avanzado hacia la despenalización…

P.S: Esos datos, estudiados seriamente, debieran conducir a una legislación distinta, pero este problema no lo podemos solucionar nosotros, el rol nuestro es aplicar la ley. Es tarea de los legisladores.

M.O: El marco que queda por explorar es la interpretación de la ley respecto del consumo. En derecho penal, en el caso de portar droga para el consumo de manera privada no debiera ser delito, situación que pasa mucho, porque para poder consumir drogas de manera privada, debo comprarla y transportarla.

¿Cuál es el monto que hoy los jueces cortan entre consumo y microtráfico?
P.S: Queda a criterio de cada juez, por lo general son 30 gramos en el caso de cannabis.

M.O: Se sabe por valoración negativa, tratando de ver si la persona que pillaron con drogas porta también dinero, tiene balanzas o la llevaba distribuida. Tienes que partir con la hipótesis más baja, porque si ves que porta poca droga se infiere que es para consumo.

En el caso de la ley de drogas, el fiscal no debe demostrar que eres traficante, sino el usuario de drogas debe demostrar que es sólo consumidor.
P.S: En la situación más leve tienes que probar que es para consumo personal y próximo en el tiempo. El problema es que hoy el tipo debe probar esto y debiera ser que el Ministerio Público tendría que comprobar que se trata de microtráfico.

M.O: También el problema es que no está definido cuándo se trata de una plantación o de un cultivo para uso personal. La ley no establece ese rango.

¿Esperarían más sensatez de parte de los legisladores?
M.O: Más que sensatez, creo que en las democracias no pueden haber temas vedados. Por instalar el debate nadie puede acusarte que estás haciendo apología a la droga.
30 de mayo de 2011
29 de mayo de 2011
©el ciudadano 99

un paso histórico


Santos se juega su puesto en la historia con la ambiciosa ley de víctimas. Es un sueño muy difícil de cumplir, pero el solo hecho de tratar cambiará la dinámica del conflicto interno.
Colombia. Así como la crueldad de una guerra se puede medir en la cantidad de personas que la sufren, el grado de humanidad a la que llega una sociedad se puede medir en su generosidad con las víctimas. Por eso, así como el conflicto en Colombia ha dejado tras de sí una estela de sangre, especialmente en el campo, la ley de víctimas que acaba de aprobar el Congreso es una señal del proceso de maduración de la democracia colombiana y de que la agenda del país avanza en el sentido correcto.
Desde septiembre del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos puso de presente el valor histórico de esta ley, cuando radicó el proyecto. "Si esta ley se aprueba, habrá valido la pena ser presidente", dijo. Y esta semana, tanto él como los congresistas que se empeñaron en sacarla adelante, especialmente Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera, Roy Barreras, Iván Cepeda y Armando Benedetti, dejaron una huella en la historia del conflicto colombiano. A simple vista resulta paradójico que Juan Manuel Santos haya convertido a las víctimas en el corazón de su proyecto político. Santos proviene de una burguesía urbana capitalina y las víctimas son en su mayoría campesinos pobres, despojados de tierras en zonas periféricas del país. Santos tampoco había sido un abanderado de las causas de los desposeídos, sino un representante del establecimiento y casi un símbolo del statu quo. Más aún, en los últimos años de su carrera política se había alineado con una derecha conservadora del país, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, que encarna los intereses de sectores latifundistas y simboliza la mano dura contra los violentos.
Al jugarse todo por esta ley, Santos retoma la agenda liberal que el país ha visto truncada en tantas ocasiones. Se inscribe en la tradición de ’La revolución en marcha’, de Alfonso López Pumarejo, y del programa reformista de Carlos Lleras Restrepo, que buscaron resolver los conflictos del país con iniciativas de inclusión social y desarrollo, más que en la visión que privilegia la estrategia militar como el adalid para pacificar los territorios.
Al retomar banderas liberales, Santos fortalece el centro político, se aleja ideológicamente del expresidente Uribe y, luego de ganarle el pulso en el Congreso, le da un golpe político mortal a la doctrina uribista más ortodoxa. La importancia de esta ley ha sido reconocida como histórica por sectores tan disímiles como los que representan José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, y Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, coincidencia que revela el grado de consenso que hay tras ella.
Al final del debate, las dos posiciones más extremas del espectro ideológico han terminado coincidiendo en contra de la ley: los sectores más radicales del Polo Democrático, que la consideran mezquina, y los sectores del uribismo purasangre, que la consideran una traición a la seguridad democrática. Pero la mayoría del país, así como la comunidad internacional, han encontrado que la ley, aunque lejos de ser perfecta, es un gran avance para detener la espiral de violencia. Tanto que posiblemente Santos la sancione durante la visita que hará en junio al país el secretario de la Organización de Naciones Unidas, Ban ki-Moon.
La ley de víctimas le apunta al corazón del conflicto en dos aspectos. El primero, reconoce el sufrimiento humano en la guerra, que es un deber ético inaplazable y que redunda en una mayor legitimidad del Estado. Y en segundo lugar, ubica la tierra como el eje principal de la reparación, lo que significa reconocer que allí, en la tierra, está el centro de gravedad del conflicto armado que ha vivido Colombia durante el último medio siglo. Los dos millones de hectáreas de tierras usurpadas a sangre y plomo se convirtieron en un botín de guerra y en una fuente de poder político local; y los cuatro millones de hectáreas abandonadas por el conflicto, en un catalizador de la pobreza y en un obstáculo para modernizar al país.
La ley es también una manera de incluir en el proyecto de nación a ciudadanos y comunidades que por décadas han vivido en la periferia del poder y del progreso, en una especie de lejano oeste donde ha imperado la ley del más fuerte. En ese sentido, su aplicación es una oportunidad para que el Estado vaya allí a donde nunca ha hecho presencia y para recuperar de manos de las mafias las instituciones que han sido capturadas por ellas.
Si se mira la experiencia internacional, además, se podrá comprender que la ley de víctimas que acaba de aprobar el Congreso es una de las más ambiciosas del mundo. Tanto en el número de víctimas que pretende reparar -cerca de cuatro millones- como en las implicaciones institucionales que tendrá y el hecho de que se trate de aplicar cuando aún persiste el conflicto.
Pero reconocer el carácter histórico de la ley y su profundo significado político no quiere decir que su aplicación vaya a ser fácil. Todo lo contrario, los retos que se vislumbran son inmensos y sus alcances, limitados.
Para empezar, la ley de víctimas no es una reforma agraria, como piensan algunos. La restitución de tierras, las garantías para el retorno de los desplazados al campo y la legalización de la histórica informalidad de los títulos de propiedad, si se logran, transformarán el campo en algo distinto al teatro de guerra que ha sido hasta ahora. Pero eso no quiere decir que profundos problemas como la desigualdad en la distribución de la tierra o su productividad estén resueltos.
Por otro lado, hay que considerar que el mapa de la restitución de la tierra coincide con el de la violencia política y criminal, ensañada especialmente contra las personas que reclaman sus parcelas. Basta ver la cantidad de líderes asesinados en los últimos años en Urabá, Córdoba y Montes de María. Mientras el gobierno no logre mayores éxitos en su ofensiva contra las bandas criminales (bacrim) y sus redes políticas, la implementación de la ley estará amenazada, como lo ha estado todo el proceso de reparación en los años recientes.
Porque si bien en muchas regiones la gente está retornando y la economía y la inversión empiezan a florecer, en otras subsisten poderes ilegales de facto que tienen subyugada a la autoridad y sobornadas a las instituciones regionales. En muchísimos casos, la tierra está en manos de testaferros de narcotraficantes o paramilitares que ni con la Ley de Justicia y Paz ha sido posible detener. Más que ajustes, en muchos municipios se van a requerir verdaderos remezones políticos si se quiere que la ley sea una realidad más allá de la nobleza del papel.
El costo de la reparación es otro desafío. La ley está condicionada a la viabilidad fiscal, la cual depende en buena medida de la voluntad política del gobierno. Pero existen contingencias inesperadas que pueden poner en juego esa voluntad. Un buen ejemplo es que el propio Santos ha tenido que enfrentar una emergencia invernal, con ribetes de catástrofe, y sacrificar otras de sus prioridades para atender a los damnificados.
No obstante lo costosa que puede resultar, la ley de víctimas apenas cumple con los mínimos exigidos. No reparar significaría en el largo plazo un costo económico mayor dado que la reparación se haría por vía judicial o administrativa, arrastrando consigo un gran desgaste institucional y de legitimidad para los próximos gobiernos.
En un país que cada día amanece con un nuevo escándalo de corrupción peor que el del día anterior, el desafío es que todo este sistema de reparación se construya con estándares de transparencia. La participación de las víctimas en todas las instancias es crucial y que se involucren tanto las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional como veedores del proceso.
Colombia es un país que suele pensar que las leyes lo resuelven todo. Por eso no se puede caer en la tentación de creer que con la ley de víctimas se ha llegado a la meta. Por el contrario, la carrera de obstáculos apenas comienza, y el primero de todos es la magnitud de las expectativas que se han creado.
Pero si por un momento si se deja de lado la dosis necesaria de escepticismo sobre lo que se viene en la aplicación de la ley, la sociedad colombiana tiene un instrumento que puede cambiar la visión de la guerra al poner a las víctimas como protagonistas del posconflicto. Pero no va a ser nada fácil y el camino estará colmado de frustraciones. De quienes esperaban mucho de ella y de quienes no quieren que nada cambie. Pero más allá de su impacto limitado y de la rabia y la frustración que se sentirán en muchos sectores, es un gran paso hacia la reconciliación del país. Más allá de si esta ley es un punto de ruptura o no, o de su verdadero poder transformador, Juan Manuel Santos se puede abrir un lugar en la historia de Colombia solo por haberlo intentado.
30 de mayo de 2011
29 de mayo de 2011
©semana
©verdad abierta

murió irene gilbert


Actriz. Co-fundadora de la academia de actuación Stella Adler, de Los Angeles.
[Valerie J. Nelson] Murió Irene Gilbert, que convenció a su mentor, Stella Adler, de que abriera una escuela de actuación en Los Angeles en 1985 y luego fue su directora durante veinte años. Tenía 76 años.
Gilbert falleció el 21 de mayo debido a complicaciones relacionadas con el mal de Alzheimer, en casa de su hijo, en Eureka, California, informó John Jack Rodgers, director ejecutivo de la Stella Adler Academy of Acting and Theatre-Los Angeles.
"No habría escuela en la Costa Oeste si no fuera por el empuje y determinación de Irene de mantenerla abierta", dijo Rodgers. "Era tenaz."
Adler era una connotada profesora de actuación con un antiguo conservatorio en Nueva York cuando Gilbert empezó a dar clases en Los Angeles en los años sesenta y se convirtió en su amiga íntima.
Con Gilbert y la actriz Joanne Linville, Adler fundó la academia, que empezó en un pequeño teatro en Hollywood Boulevard con Argyle Avenue.
Un incendio en 1991 arrasó con la escuela y el edificio iba a ser demolido para hacer espacio para el metro cuando Adler murió a fines de 1992.
Lo último que "me dijo [Adler] fue: ‘¿Vas a reconstruir el teatro?’", contó Gilbert al Times en 1994. "Le juré que lo haría. Quiero continuar con sus enseñanzas."
Entre los notables alumnos de Los Angeles se encuentran Benicio Del Toro, Mark Ruffalo y Salma Hayek.
La escuela volvió a abrir sus puertas en 1944 en Hollywood Boulevard con Highland Avenue en lo que fue antes el Embassy Club, un club privado para la elite de Hollywood en los años treinta.
Como administradora de la academia, Gilbert seguía el principio de Adler de que "no se distingue un diamante de una piedra sino cuando lo pules", de acuerdo al artículo en el Times de 1999.
"¿Puedes saber intuitivamente si una persona tiene talento?", dijo Gilbert. "No se puede. Es algo que crece. Lo veo todo el tiempo. Llegan acá y no saben nada, pero entonces se empieza a construir."

Nacida como Irene Liebert el 25 de agosto de 1934 en Alemania, hija de Gaston y Lucie Liebert, emigró a Nueva York con su familia justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Cuando tenía cinco años, sus padres fueron asesinados por un conductor ebrio, y fue criada por una tía y sus cuatro hermanos mayores.
Desde su infancia quiso actuar y cambió su apellido a Gilbert en parte porque sonaba más "de estrella", dijo Rodgers.
En televisión, Gilbert apareció en series de televisión de los años setenta como ‘Barnaby Jones’, ‘Cannon’ y ‘Emergency!’ y siguió actuando hasta fines de los años ochenta.
También enseñó en la academia y produjo y dirigió numerosas obras.
Antes de que se retirara Gilbert, la academia sin fines de lucro bautizó uno de sus espacios como Irene Gilbert Theatre.
A Gilbert, que estaba divorciada, la sobrevive su hijo Randall Garrett Herzon.
30 de mayo de 2011
28 de mayo de 2011
©los angeles times
cc traducción mQh

cardenal responderá por escrito


Causa por robo de bebés. El arzobispo porteño Jorge Bergoglio hará uso de un privilegio reservado para "altos dignatarios de la Iglesia", y dará su testimonio por escrito en la causa en la que se investiga la apropiación de hijos de desaparecidos nacidos durante el cautiverio de sus madres.
Argentina. Bergoglio hará uso del artículo 250 que establece un "tratamiento especial" para "altos dignatarios de la Iglesia". Al momento de la citación, el pasado 9 de mayo, los querellantes se opusieron a que el cardenal hiciera uso de tal prerrogativa y solicitaron que Bergoglio acudiera a la audiencia para "garantizar la publicidad de su declaración", así como también para responder a las preguntas de las partes. "Es un privilegio en función del credo que no puede ser aceptado", dijo el abogado Alan Iud, quien patrocina en el juicio a Abuelas de Plaza de Mayo.
Por su parte, el embajador argentino en Colombia, Martín Balza, hizo saber al Tribunal Oral en lo Federal 5 que viajará al país en el mes de agosto y que puede declarar entonces o que está dispuesto a hacerlo por videoconferencia. Ambas respuestas fueron hechas públicas esta mañana por la camarista María del Carmen Roqueta, presidenta del Tribunal, al inicio de una nueva jornada del juicio oral y público que se sigue contra una veintena de represores.
Esta audiencia, en la que se prevé la declaración de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Rosa Roisinblit, por la apropiación de su nieto; comenzó con la reanudación del testimonio de Claudia Bellingueri, una perito designada por la Comisión Provincial por la Memoria que analizó los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense.
En ese sentido, la perito explicó que "las acciones que iniciaban las Abuelas en Tribunales, ante los juzgados de menores terminaban en la Dirección de Inteligencia" y señaló que, en el caso de Laura Carlotto, hija de Estela de Carlotto, la presidenta de la entidad, "tenía copia de los expedientes completos".
En este proceso son sometidos a juicio, además de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone, los represores Jorge "Tigre" Acosta, Santiago Omar Riveros, Rubén Franco, Antonio Vañek, Juan Azic, y el médico Jorge Magnacco, a quien se imputa su intervención profesional en los partos. Todos son juzgados por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores y sustitución de sus identidades en 34 casos.
30 de mayo de 2011
©página 12

murió bill hunter


Prolífico actor australiano.
Murió de cáncer el 21 de mayo, en una residencia, el actor Bill Hunter, el arquetípico trabajador australiano en una multitud de películas, entre las cuales el estrafalario trío formado por ‘La boda de Muriel’ [Muriel’s Wedding], ‘Las aventuras de Priscilla, reina del desierto’ [The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert’ y ‘El amor está en el aire’ [Strictly Ballroom] -informó su agente. Tenía 71 años.
La prolífica estrella de las pantallas del cine y la televisión australianas, poseedor de una curtida cara, un acento distintivamente bronco y un estilo autoritario y práctico continuó siendo un actor solicitado hasta el final.
En una declaración, el director Baz Luhrmann describió a Hunter como "un actor icónico que sintetiza la quintaesencia de lo australiano."
Su despegue en la industria se produjo cuando trabajaba como especialista en Hollywood en el rodaje de ‘La hora final’ [On the Beach], en Melbourne, en 1959 -una película sobre sobrevivientes de una guerra nuclear, con Gregory Peck, Ava Gardner y Fred Astaire.
"Vio a Gregory Peck hacer 27 tomas y pensó: ‘Hasta un tonto podría hacerlo’", contó al diario Daily Telegraph en Sydney, Rhoda Roberts, ex esposa de Hunter.

Hunter nació en Melbourne el 27 de febrero de 1940 y creció en el campo del estado de Victoria. Era hijo del propietario de un bar que, finalmente, quebró. Hunter contó al diario Sunday Age, de Melbourne, en 1994, que dejó la escuela a los trece y empezó a trabajar como vaquero, conocidos en Australia como ‘arreadores’ [drovers], que llevan el ganado a través de Victoria.
Empezó su carrera en los años sesenta en series de la televisión australiana.
Llamó la atención al principio de su carrera cuando fue el camarógrafo de un noticiario en ‘Newsfront’, la película del director Phillip Noyce sobre los medios y la política en Australia en los años cincuenta. Hunter ganó n 1978 el premio al mejor actor del Instituto del Cine Australiano por el papel, el primero de tres, el equivalente australiano del Oscar.
También cosechó elogios por sus papeles como un mayor de ejército en el drama sobre la Primera Guerra Mundial, ‘Gallipoli’, de Peter Weir, 1981; miembro del jurado de un concurso de baile en la comedia romántica ‘El amor está en el aire’, de Luhrmann, 1992; padre de la novia en ‘La boda de Muriel, de P.J. Hogan; y un tolerante mecánico en la compañía de reinonas en ‘Priscilla’, de Stephan Elliott.
Hunter también tuvo papeles menores en la épica de Luhrmann de 2008, ‘Australia’, y en la miniserie de televisión ‘The Pacific’, una co-producción estadounidense-australiana, estrenada el año pasado.
29 de mayo de 2011
28 de mayo de 2011
©los angeles times
cc traducción mQh

chiquita brands y la reparación en urabá


Al reconocer la financiación de los paramilitares, la Chiquita Brands tuvo que pagar al fisco norteamericano 25 millones de dólares, pero no ha girado un peso para el Estado colombiano.
[León Valencia] Las autoridades colombianas tienen un gran desafío: encontrar el camino jurídico para que la empresa multinacional Chiquita Brands responda por la reparación de las víctimas de Urabá y para que sus directivos lleguen a los tribunales nacionales a un juicio por concierto para delinquir agravado. Es algo más que una cuestión de honor. Es una lección histórica para quienes han abusado de nuestra nación y han pisoteado nuestro territorio.
Esta empresa ha cometido un crimen sin nombre contra Colombia. Es una infamia mayor que la sociedad colombiana no puede pasar por alto. Ya los voceros de la casa matriz reconocieron, ante un tribunal en Estados Unidos, que entregaron dinero a los hermanos Castaño para financiar la guerra paramilitar en la región donde se gestó el modelo de control territorial y político que las Autodefensas exportaron a todo el país. Algo más aberrante. En un informe de la Secretaría General de la OEA se puede leer que esta empresa participó en la operación mediante la cual los paramilitares ingresaron tres mil fusiles con los cuales se cometieron parte de los 175.000 asesinatos que los mandos paras han confesado ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.
Por su parte Raúl Hasbún, empresario bananero, en su proceso judicial, ha declarado que Charles Caiser, gerente de Banadex, filial de Chiquita Brands junto a Reynaldo Escobar e Irwin Bernal, también directivos de la empresa, se reunió en 1997 con Carlos Castaño para pactar que entregarían, a través de las cooperativas de seguridad Convivir, a los paramilitares, tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada.
Hasbún cuenta que su idea era montar una Convivir, pero la meta de la Gobernación de Antioquia, encabezada por Álvaro Uribe Vélez, era conformar muchas más, entonces pusieron a funcionar doce. Actuaban en los cuatro municipios que conforman el eje bananero, pero la coordinación central estaba en manos de la Convivir Papagayo, a la que llegaban todos los dineros que aportaban las empresas bananeras.
La magnitud de esta operación, en la que participaron todas las grandes empresas bananeras lideradas por Chiquita, es monumental. Entre 1997 y 2004 salieron de Colombia 647.706.429 cajas de banano y llegaron a las arcas paramilitares 19. 431.193 dólares.
Estas evidencias que involucran a la multinacional en tráfico de armas, concertación con ilegales y financiación de los paramilitares llevaron a que el fiscal Mario Iguarán dijera, en algún momento, que pediría la extradición de ocho directivos de la empresa para que respondieran en Colombia por los hechos.
Las armas y la financiación aportadas por los bananeros contribuyeron a una catástrofe humanitaria en Urabá. Entre 1997 y 2003 se produjeron cerca de 3.000 homicidios, hubo alrededor de 60.000 desplazados y se cometieron 62 masacres. Pero también le dieron un gran impulso a la expansión de los paramilitares por todo el país.
Al reconocer la financiación de los paramilitares, la Chiquita Brands tuvo que pagar al fisco de Estados Unidos la suma de 25 millones de dólares y no ha girado un solo peso para el Estado colombiano. Una verdadera ironía porque el daño se hizo en Colombia y el lucro que permitió esta gran operación criminal se obtuvo también en estas tierras.
Y hagamos cuentas. Si Chiquita Brands tuviese que entregar a Colombia apenas una suma equivalente a la que hubo de pagar en Estados Unidos, se podría indemnizar con 40 salarios mínimos a más de la mitad de los afectados en el derecho a la vida en Urabá en la época nefasta en que la empresa operó en la región.
Pero la sanción a la Chiquita Brands en Colombia y la extradición de los extranjeros que participaron en estos graves delitos tendrían una repercusión mayor: el Estado colombiano abriría las puertas para investigar a todas las empresas foráneas que incentivaron el crimen y el terror en el país y, a la vez, enviaría un mensaje muy contundente a las multinacionales que llegan ahora para aprovechar el boom minero que se está gestando.
29 de mayo de 2011
28 de mayo de 2011
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