con licencia para despojar
La Superintendencia de Notariado, con pruebas en mano, ha hecho una impresionante radiografía de cómo les quitaron las tierras a los campesinos en los Montes de María. La sorpresa es que, más que a sangre y fuego, se las robaron en oficinas públicas a punta de trampa y corrupción.
Colombia. Hasta ahora, las historias de cómo han despojado a los campesinos de sus tierras en Colombia se han circunscrito al relato de personajes particulares que han sido desplazados y cuentan lo que ha sido su tragedia. Nunca antes en el país se había hecho un ejercicio como el que acaba de terminar la Superintendencia de Notariado y Registro para mirar con un lente más abierto cómo fue que en ciertas regiones se dio el fenómeno masivo de usurpación de tierras.
El informe, conocido por SEMANA, hace un análisis detallado de cómo los campesinos perdieron sus fincas en los Montes de María, una fértil región ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar. El reporte documenta todo tipo de triquiñuelas y deja claro cómo en la consolidación de este despojo desempeñaron un papel clave funcionarios regionales del Incoder y algunos notarios y empleados de las oficinas de Registro Público.
Las transacciones de tierras cuestionadas corresponden a más de 37.000 hectáreas con un valor comercial que hoy supera los 200.000 millones de pesos. Gracias a los hallazgos se prevé una veintena de capturas en los próximos días, entre ellas a algunos alcaldes.
El resultado hoy es que una región que se caracterizaba por cantidad de minifundios promovidos por el Estado se ha transformado en una zona de latifundios y terratenientes en un claro proceso de contrarreforma agraria.
Así Lo Hicieron
Para los investigadores de la Superintendencia es claro que ha habido lo que llaman tres ’generaciones’ o momentos de transacciones irregulares. El primero se dio entre 2006 y 2008, cuando se estaba dando punto final al grueso de las desmovilizaciones de los paramilitares. Según el estudio, fueron tres personas las protagonistas de esta etapa y habrían aprovechado que los raizales aún estaban temerosos de regresar a sus parcelas. Al fin y al cabo esa región a finales de los años noventa fue escenario de al menos 56 masacres perpetradas por los paras, como la de El Salado, donde torturaron públicamente a 70 personas antes de asesinarlas, o la de Chengue, donde mataron a una veintena de campesinos a garrote.
Estos compradores, de quienes se reserva el nombre mientras se surten las investigaciones penales, se aprovecharon además de las deudas que tenían todavía muchos de los campesinos con el Estado, pues el 40 por ciento de los predios que se compraron masivamente y que son ahora objeto de investigación habían sido entregados a los cultivadores en programas de reforma agraria.
Con esta información en mano, los compradores les ofrecieron pagar sus deudas y, como fórmula de ’rescate’, les compraron sus tierras por un valor muy inferior al que realmente costaba la propiedad.
La segunda etapa, a partir de 2008, fue la concentración de estos títulos en empresas, algunas de ellas de papel, que fueron sumando las pequeñas parcelas en grandes globos de tierra. En las pesquisas preliminares han encontrado, por ejemplo, que el domicilio de algunas coincide con locales vacíos en la ciudad de Medellín.
La tercera generación de transacciones irregulares se dio cuando ya las grandes propiedades se vendieron a precios comerciales a reputadas empresas nacionales, las cuales, en los últimos años, vienen desarrollando proyectos masivos de reforestación y de explotación lechera. Estos últimos alegan que son terceros compradores de buena fe y que en los estudios que hicieron de la tradición de los inmuebles no tenían cómo identificar las irregularidades que hoy se denuncian.
En sí mismas, estas transacciones podrían no tener nada de irregular en el comercio de tierras. La pregunta es si puede haber algún cuestionamiento ético en aprovecharse comercialmente de la necesidad de los campesinos de escapar de la violencia. O si simplemente, como dirán otros, les ayudaron con su compra a zafarse de un problema.
Hay que tener en cuenta que, aún con la desmovilización de los paras, persistía la presión de la guerrilla, que en esta zona era comandada por alias ’Martín Caballero’, quien murió en combates con el Ejército en 2007. Es decir que antes de esta fecha los precios de la tierra claramente estaban afectados por la inseguridad.
De ahí la importancia de este informe, pues revela que en realidad lo que hubo para esas fechas en Montes de María fue un masivo registro de propiedades, procedimiento para el cual falsificaron y suplantaron resoluciones de adjudicación de bienes que rápidamente eran comercializados. Es tan burdo el montaje que en algunos casos aparecen hasta resoluciones supuestamente emitidas por el Incora cuando esta entidad ya no existía. Así mismo, la Superintendencia detectó inexplicables adjudicaciones de fincas a empresas, como el caso de una sociedad en Cartagena, cuando estos programas están destinados solo para campesinos pobres. También son llamativos los tiempos de las transacciones y el repentino encarecimiento de los predios. Por ejemplo, una finca en San Onofre adjudicada hace una década solo aparece registrada en 2010. En ese momento su avalúo era de 43 millones de pesos. Once días después fue vendida a uno de estos particulares en 60 millones, y este, en tan solo 20 días, la escrituró por 469 millones de pesos a una compañía nacional.
Pero quizás lo más sorprendente de lo que viene sucediendo en esta región es que a pesar de que desde 2004 se han dictado 16 medidas de protección colectiva sobre 3.128 fincas, una buena porción de la zona rural de los Montes de María, los traficantes de tierras han logrado hacer de las suyas para burlarse de estas medidas y seguir comercializando las tierras sin restricción. Estas disposiciones normalmente son decretos o resoluciones que cuando se emiten congelan la posibilidad de que un inmueble sea vendido a menos que tenga autorización expresa de su propietario y que esta sea revisada por los Comités Locales de Protección a los Desplazados, en los que participan los más altos funcionarios locales o departamentales, según sea el caso. Estas medidas de protección se incluyen como una anotación en el historial del inmueble en las oficinas de Registro. Sin embargo, hubo funcionarios que no lo hicieron de forma inmediata, y entretanto las tierras fueron objeto de múltiples transacciones. Esto sucedió en al menos 137 casos, principalmente en el Carmen de Bolívar.
También han identificado casos en San Juan de Nepomuceno en los que aparecen las actas de autorización de los mencionados Comités para que se venda la tierra, con fecha posterior a la de la escritura, lo cual es imposible si se tiene en cuenta que para los notarios estas actas son un prerrequisito para proceder a dar buena fe de que la negociación se hizo de manera transparente. Han identificado además actas en las que solo aparece el alcalde de turno aprobando la transferencia, sin que los demás miembros de los Comités se hayan enterado. En otros casos, ni siquiera se adjuntó acta alguna que validara la transacción.
El informe está repleto de otras fórmulas ingeniosas para quedarse con las tierras. Tomaban una finca, la subdividían y a los nuevos predios les asignaban nuevos números de registro inmobiliario que, por supuesto, no estaban afectados por las medidas de protección, y con esa libertad procedían a vender. Buena parte de esas negociaciones irregulares ahora están en manos de patrimonios autónomos, que son una especie de cuentas que se abren en fiduciarias, lo que ha despertado mucha inquietud, pues de esta manera se esconderían los verdaderos propietarios de las tierras. Además, hay dudas de si es legal escriturar bienes a nombre de esos patrimonios.
La nueva ley de víctimas. buscará desenredar esta maraña jurídica que se creó sobre la propiedad luego de la intervención de avivatos con complicidad de funcionarios, notarios y registradores. De acuerdo con las estadísticas de Acción Social, se calcula que más de 120.000 personas fueron desplazadas de la región de los Montes de María entre 2000 y 2009. Muchos de ellos ahora se sentirán confiados de volver a reclamar lo propio. Al ser cada predio un caso tan diferente, es muy buen comienzo que la propia Superintendencia esté liderando la elaboración de un primer gran inventario detallado de lo que pasó. Pero solo es el punto de partida del inmenso reto que esta entidad tiene por delante.
29 de mayo de 2011
28 de mayo de 2011
©semana
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