detienen a otro juez fascista

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Otro miembro de la familia judicial involucrado en la represión. Roberto Catalán, ex magistrado federal de La Rioja, está acusado de "imposición de tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionario y falsedad ideológica".

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Argentina. Hasta ahora el único juez condenado por delitos de lesa humanidad es el santafesino Víctor Brusa, que recibió una pena de 21 años de prisión por participar en sesiones de tortura en 1976 y 1977. En Mendoza se investiga la complicidad los camaristas federales Otilio Romano y Luis Francisco Miret, mientras en Córdoba hay un proceso similar abierto contra dos fiscales y un ex magistrado.

El pasado viernes por la tarde se le recibió declaración indagatoria a Catalán, y finalizada la misma el juez Daniel Herrera Piedrabuena ordenó la detención y alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial, pero debido al estado de salud del imputado se dispuso "preventivamente" la prisión domiciliaria.
Catalán fue denunciado por Leopoldo Juan González, quien expresó que luego de ser detenido en abril de 1976, fue visitado dos años después por el entonces juez Catalán en el Batallón de Ingenieros en Construcciones 151 de La Rioja. Según la declaración de González, Catalán le notificó que habían encontrado en su domicilio "una carpeta con materiales subversivos, a lo que respondí que siendo escritor yo entendía que dichos volantes y papeles recogidos en actos en la calle, eran para mi documentos históricos y servirían para algún día escribir sobre los acontecimientos vividos en el país antes del golpe".
"También me notificó que habían encontrado una pistola calibre 22 que reconocí como mía. Cuando quise declarar sobre las torturas recibidas, se negó a ponerlo en el escrito diciendo que ’esas cosas no tenían valor por haber pasado mucho tiempo’, y que era mejor olvidar", detalló. Catalán "dio por terminada la declaración, dobló la hoja y pretendió que la firmara, cuando me negué, el escribiente dio la vuelta al escritorio me tomó de los pelos y tirando mi cabeza para atrás me metió una pistola en la boca, diciendo que si no firmaba era boleta, así firmé lo que no fue mi declaración, sino lo que el Dr. Roberto Catalán quiso poner", indicó González.
Ante dicha denuncia, el Ministerio Público Fiscal, representado por Marta Kunath, fiscal federal subrogante, promovió acción penal en contra Catalán, solicitando su detención, que finalmente ordenó el juez Herrera Piedrabuena.
Mientras tanto, hace un mes en Córdoba la Justicia dejó la puerta abierta para seguir investigando a los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Sebastián Cornejo y al ex juez federal Miguel Angel Puga, a partir de la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones cordobesa de rechazar por unanimidad los planteos de prescripción elevados por los abogados defensores. La causa está también en manos de Herrera Piedrabuena.
En Mendoza, el fiscal general Omar Palermo detalló la connivencia de la Justicia con los represores y solicitó que se cite a declaración indagatoria a los actuales camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Luis Francisco Miret y al ex juez Gabriel Guzzo, entre otros, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, por omitir hacer cesar detenciones ilegales y por encubrir por omisión el deber de denuncia. Calificaciones que tributan en delitos de lesa humanidad. Miret y Romano ya fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por organismos de derechos humanos y el propio ministro de Justicia provincial.
16 de mayo de 2011
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así les quitaron las tierras

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Heliodoro Fernández tuvo que vender su tierra de Turbo por un tercio de lo que valía. Lo curioso es que hoy aparecen en el Incoder papeles según los cuales a él ya le habían quitado la tierra y se la habían adjudicado a otra persona desde antes de que él tuviera que salir desplazado de la zona.

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Colombia. En Urabá existía una especie de oficina clandestina de funcionarios del Incoder que se encargaba de legalizar las tierras despojadas. SEMANA visitó la zona para mostrar cómo operaba este perverso mecanismo.
Hace dos meses, el presidente  Juan Manuel Santos sorprendió al decir que en las oficinas de registro de todo el país "donde se pone el dedo sale pus". Y lo dijo para referirse al hallazgo de la Superintendencia de Notariado y Registro de 150.000 hectáreas que eran propiedad del Estado y, de forma fraudulenta, pasaron a manos de personas que no deberían tener títulos sobre esas tierras. Pero todo indica que la materia no está solo en las oficinas de registro. SEMANA conoció un informe según el cual existía una especie de oficina clandestina de funcionarios del Incoder, que elaboraban los papeles necesarios para legalizar el despojo.
Solo en Urabá hay 768 documentos con logos de ese instituto que inexplicablemente entregaron a terceros el derecho de usar tierras donde hubo desplazamiento, según el estudio hecho por Tierra y Vida, una organización de víctimas que es acompañada por Gerardo Vega, ex director de la Comisión de Memoria y Reparación en Antioquia. Esas resoluciones falsas están siendo investigadas hoy por la Superintendencia de Notariado y Registro.
El tema cobra especial vigencia ahora, cuando está a punto de ser aprobada la ley de víctimas en el Congreso, que en su capítulo de restitución de tierras ordena precisamente devolver predios como estos a sus antiguos dueños. Precisamente, Urabá es una de las tres zonas del país que el gobierno ha catalogado como críticas en esta práctica de destierro. No todos los casos consignados en el informe pudieron probarse. SEMANA buscó la historia de algunos de estos centenares de casos, para entender cómo operaba y qué movía la perversa dinámica del destierro.

1. El Emblemático Caso de la Joba
De las tragedias de tierras de Urabá tal vez la que encarna la finca La Joba, en Necoclí, las resume todas. La historia de este lote se remonta a 1986, cuando Cristobalina Martínez lo compró por seis millones de pesos para vivir allí con su esposo, Leopoldo Valdez, y su familia, conformada por cinco hombres, tres mujeres y un hijo adoptivo. Desde entonces, aquellas 70 hectáreas de tierra significaron el sustento para su familia. Pero todo acabó en 1993, cuando llegó el jefe paramilitar de entonces, alias ’Carlos Correa’, y le dio la orden perentoria a la familia de que se fuera. Cristobalina obedeció porque ’Correa’ tenía un historial bastante particular: había sido guerrillero del EPL hasta 1985; cuando ese grupo se desmovilizó, se fue para las Farc, y a mediados de los noventa, se convirtió en el primer jefe paramilitar de la zona.
Desde 1993, a ’Correa’ lo vieron pasar por varias fincas dando la misma orden. Todos se fueron. Pero de cuando en cuando, Leopoldo visitaba La Joba con su hijo Alonso. En uno de sus viajes, los mataron a los dos y la decisión del resto de la familia, que se había refugiado en otro municipio, fue no volver.
Después de 14 años de destierro, el 10 de mayo de 2007, Cristobalina logró que el Incoder emitiera la Resolución 0413, en la que incluyó su finca en el registro de predios rurales abandonados por los desplazados. Esto, supuestamente, garantizaba que no se hiciera ninguna transacción con aquel pedazo de tierra. Sin embargo, para su sorpresa, el 26 de diciembre de ese mismo año, apareció la Resolución 3605, con la que el Incoder resolvía: "Adjudicar a Luis Alberto Echeverri Bedoya… el terreno baldío denominado La Joba".
Pero lo más extraño es que en los archivos del Incoder sí aparece una resolución con ese número, pero se refiere a un caso muy diferente. Es decir, el documento que le adjudicó La Joba a Echeverri, un reconocido terrateniente de Urabá, no salió oficialmente del Incoder, aunque el papel tenga su membrete. Hasta ahí se podría eventualmente demostrar que era una simple falsificación. Pero el caso se volvió más complejo porque en la oficina de registro aparece legalizado este despojo. Y con el paso de los años, Echeverri traspasó el predio a parientes suyos, hasta que uno de ellos lo vendió a un tercero, el 30 de diciembre de 2009, en un negocio que se concretó en la notaría de La Ceja.
Ahora, Cristobalina y sus hijos esperan a que la nueva ley les permita volver a la tierra en la que invirtieron su capital. Por ahora no se pueden ni acercar. Su hijo Albeiro Valdez intentó hacerlo en 2010, cuando le restituyeron 35 hectáreas en aquella zona, y terminó muerto. Fue la tercera víctima en su familia. Cuando SEMANA viajó con otro de sus hijos a ver las tierras, lo escoltaron dos camiones de Policía con cerca de veinte uniformados, y antes de entrar a ese predio agreste y montañoso tuvieron que acordonar el área. Las tierras de La Joba siguen en manos ajenas.

2. ’Yo Renuncio a Mi Tierra’
José Manuel Tirado le llevó al Incora una carta, el 19 de diciembre de 1994, en la que decía: "En vista de que mi vida corre peligro en la zona, pues mi familia y yo hemos sido amenazados, me veo en la necesidad de refugiarme en otro sitio. El plazo que nos han dado para que salgamos es muy corto. Por lo tanto, manifiesto a la oficina del Incora en Necoclí que voy a dejar la parcela".
Esa fecha coincide con la época en que el ya mencionado ’Carlos Correa’ sembró el terror en la zona. Cuando era guerrillero, robaba ganado en fincas, y luego, como paramilitar, empezó a señalar como supuestos auxiliadores de la subversión a todos aquellos que en otras épocas, por obligación o voluntad, cumplían sus tareas. ’Correa’, haciendo alarde de violencia, se quedó con fincas que luego pasaron a manos de sus parientes y de sus testaferros.
Una de tantas fue la de Tirado, a quien el Incora le había adjudicado cinco hectáreas en 1987. Allí vivía con su esposa y sus cuatro hijos. "Teníamos una vida soñada. Los mejores años de nuestras vidas fueron los que vivimos allá". La tierra daba para sembrar palmas de coco, pasto, cacao y árboles frutales entre los que crecían marranos, gallinas y vacas. Por eso no querían irse. Abandonaron la tierra por obligación y así se lo hizo saber Tirado al Incora en una segunda ocasión, el 10 de julio de 1995, cuando firmó un acta en la que quedó consignada su renuncia a aquel predio por "presión por orden público".
Pese a que era evidente que se trataba de un desplazamiento forzado, el Incora aceptó la renuncia. Un abogado del Incoder le explicó a SEMANA que en ese entonces no había herramientas legales para evitar que los campesinos entregaran sus parcelas en esas condiciones y que, posiblemente, por eso no se hizo nada para evitar que Tirado devolviera la tierra que le adjudicaron. Y ese mismo terreno fue cedido en 2007 por el Incoder a Omaira Correa Hoyos, una mujer que nadie conoce ni ha visto en la zona. La transacción ya aparece en el registro, lo que implica que ya está legalizado.
La idea con la entrega de estos lotes es que los campesinos los trabajen, algo que no está pasando en la finca de la que desalojaron a Tirado. SEMANA visitó esta parcela y encontró que, aunque fue adjudicada, está desierta y lo único que ven los conocedores de la región es ganado de familiares de Carlos Ardila, el mismo ’Carlos Correa’, y de personas cercanas a Luis Alberto Echeverri, pastando en esa tierra.
El año pasado, Tirado pidió la protección del predio que alguna vez fue suyo, para que no se hagan más transacciones de él hasta que se resuelva su situación.

3. Adjudicado antes del Despojo
Heliodoro Fernández Navarro tiene muy presente el 13 de diciembre de 1995. Ese día tuvo que salir de la parcela de cinco hectáreas que le había adjudicado el Incora cinco años antes, en Turbo. Pero no lo perdió todo. Después de su salida, su esposa y su hija permanecieron en la finca y lograron venderla en cuatro millones de pesos, casi una tercera parte de lo que les estaba ofreciendo otro vendedor. De la tierra sacaban entre setenta y ochenta cajas de plátano por semana cuando había buena época de cosechas. Heliodoro insiste en que negoció su parcela por menos de lo que valía, "porque me forzaron".
El año pasado, cuando empezó los trámites para buscar una reparación, encontró algo extraño en el registro de su predio. Se dio cuenta de que, según una anotación en la resolución del Incora, a él ya le habían revocado desde el 20 de septiembre de 1994 la adjudicación de su parcela, es decir, cuando todavía él vivía en ella. Y lo que era más extraño aún: pese a que la revocatoria se había hecho hacía 16 años, el Incoder apenas la registró formalmente en la matrícula del inmueble el 10 de junio de 2010, por los mismos días en que él inició los trámites para su reparación.
Pero hay otra inconsistencia más en los papeles. El 24 de marzo de 1994, la parcela fue adjudicada a un hombre llamado Domingo Sanmartín, según se lee en un documento que tiene logos del Incoder. O sea, la nueva adjudicación de esta parcela se dio antes de que el Incora revocara la adjudicación que le había hecho a Heliodoro y antes de que él saliera desplazado.

4. El Caso Carepita
No todas las reclamaciones de tierras que se están haciendo actualmente tienen que ver con desplazamientos violentos. En la vereda Carepita, de Carepa, están reclamando despojos que se hicieron con resoluciones falsas y sin que nadie desenfundara un arma.
En aquella zona, un grupo de 22 campesinos había adoptado desde 1999 terrenos baldíos de la Nación como sitios de trabajo. Son tierras inundables donde en verano se puede sembrar ñame y yuca y en invierno sobreviven los árboles de plátano y coco. Pese a que no vivían allí, este grupo de campesinos adaptó cuatro hectáreas, que visitaban semanalmente, para recoger la producción de los cultivos y pescar. Como a veces pasaban varios días trabajando en el lugar, construyeron una choza, donde pasaban las noches.
Rigoberto Alemán era uno de ellos. Cuando él y sus vecinos decidieron, en 2008, buscar que el Incoder les adjudicara aquellos baldíos, se llevaron una gran sorpresa. Los mismos ya tenían resoluciones a nombre de otras personas que, según la ley, serían los elegidos para la adjudicación, pues fueron ellos los que por años explotaron la tierra. En total, eran siete documentos que adjudicaban el pedazo que pedían Rigoberto y sus vecinos, con sus respectivos registros en las matrículas inmobiliarias.
Lo más paradójico es que ellos se enteraron extraoficialmente de la existencia de esas resoluciones. Fue un conocido el que les contó, pero, para resolver cualquier duda, le preguntaron directamente al Incoder si realmente las había emitido. El Incoder no encontró nada en sus bases de datos: "Consultados los listados e información sistematizada de adjudicaciones de baldíos en Carepa, no se encontró adjudicación a nombre de los señores por ustedes mencionados".
Entonces Rigoberto, convencido de que esas resoluciones eran falsas, hizo el trámite ante el Incoder para pedir que le adjudicaran el predio que venía explotando desde 1999, pero la respuesta fue que no era posible porque allí no había mejoras ni rastros del aprovechamiento. Hoy, no obstante, aparecen los otros como dueños en el registro.
16 de mayo de 2011
14 de mayo de 2011
©semana

mantienen secreto sobre guerra sucia

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Congreso estadounidense decide mantener secretos documentos sobre la guerra sucia en Argentina.

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Washington, Estados Unidos. Un intento de desclasificar documentos de la inteligencia estadounidense sobre la dictadura argentina se frustraron el viernes en Washington, decepcionando a activistas de derechos humanos en Argentina que creen que los documentos secretos podrían ayudarles a identificar a los bebés robados por la junta militar. La moción presentada por el representante Maurice D. Hinchey, demócrata de Nueva York, fue rechazada por 214 contra 194 votos. Si hubiese sido aprobada, habría obligado a las agencias de inteligencia estadounidenses a desclasificar sus archivos sobre la dictadura de 1976-1983, que fue estrechamente vigilada por agencias estadounidenses. Una moción similar en 1999 resultó en el proyecto de desclasificación de archivos sobre Chile durante la presidencia de Bill Clinton, que hizo posible la publicación de más de veinticuatro mil documentos que ayudaron en los procesos por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. La mayor parte de los documentos sobre Argentina siguen siendo secretos.
16 de mayo de 2011
13 de mayo de 2011
©new york times
cc traducción mQh

cuidado con los nazis de la wspa

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columna de lísperguer

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La WSPA se ha introducido en Chile con campañas sobre tenencia responsable, aunque propugnan el sacrificio como método de control canino.

Pese a lo loable que parece la campaña de educación de la población en tenencia responsable que se está implementando en Chile con la colaboración de la WSPA, cabe preguntarse si esta organización es la más idónea para esta tarea. La Sociedad Mundial de Protección Animal (la WSPA, World Society for the Protection of Animals) se ha destacado como una de las organizaciones más activas en campañas de exterminio de perros y gatos encontrados en la calle y para los que sus, ejem, expertos, decretan que no hay espacio en este planeta. La WSPA recomienda a autoridades el control de la población de mascotas mediante su sacrificio. En sus páginas web han llegado inclusive a subir métodos sobre cómo matar en casa a las mascotas sanas que llaman sobrantes, recurriendo a barbitúricos, cloroformo y monóxido de carbono. Recomiendan matarlas dándoles un fuerte golpe en la nuca y luego "dislocar el cuello para asegurar la muerte". El asesinato de mascotas lo justifican además en la protección del ganado. ¿Es esta una organización animalista? Más que animalistas, parecen un grupo de nazis sacado directamente del infierno. No satisfechos con matar a nuestra gente, estas gárgolas del Norte quieren ahora matar a nuestros perros. Con esta gentuza no puede haber ningún de tipo de colaboración y es lamentable que hayan sido invitados a Chile, y nada menos que por el ministro de Salud, Mañalich. Dí no. Cuando visiten tu barrio, recíbelos como recibíamos a los funcionarios de la perrera. El dinero con el que seducen está manchado con la sangre de los miles de animales que asesinan cada año.

El documento de WSPA en que se describen esos métodos de sacrificio (que llaman incorrectamente eutanasia) es de 1990. Algunos dicen que la organización ya no recomienda ni recurre a todos estos métodos, aunque continúa predicando el sacrificio, con medios humanitarios, como estrategia de control de gatos y perros. Sin embargo, en un documento de 2007 titulado ‘Methods for the euthanasia of dogs and cats: comparison and recommendations’,  la WSPA incluye entre los métodos "aceptables bajo ciertas condiciones", por ejemplo, algunos gases anestésicos (a usar en cámaras de gas o vía máscaras), y aunque ahora rechaza el uso de monóxido de carbono, sigue recomendando los barbitúricos. La WSPA se ha adaptado quizás a la nueva sensibilidad, pero no abandona su posición de sacrificar a animales como método de control de la población.
lísperguer

tres deudas de la dictadura

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Argentina se niega a pagar deudas contraídas por dictadura. Club de París acepta.

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Argentina. Cuando comenzó esta ronda de negociación con el Club de París, la quinta desde la vuelta a la democracia, el Club reclamó diez préstamos entre los que se contaban deudas de la dictadura militar sin documentar y pasivos de las empresas privatizadas en los noventa, que debían absorber las compañías compradoras. En total sumaban más de 100 millones de dólares.
El caso que más discusiones involucró gira alrededor de un contrato de construcción de un gasoducto en la Patagonia, contratado por Gas del Estado. La contratista era una empresa extranjera, que tenía un seguro otorgado por la agencia oficial de exportaciones de su país. El contrato, celebrado en 1978, preveía la realización de un arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, y cuando surgieron diferencias en torno del cumplimiento del contrato por parte de Gas del Estado, la empresa activó esa cláusula. El laudo arbitral, fechado en septiembre de 1982, fue favorable a la empresa, la que sobre esa base reclamó y obtuvo el pago reclamado por parte de la agencia aseguradora oficial. En atención a que el Estado nacional se hizo cargo de los pasivos de Gas del Estado, esta agencia solicitó la inclusión de la suma pagada en el marco de la negociación con el Club de París.
Sin embargo, el gobierno argentino no reconoció la validez del arbitraje, sobre la base de que el procedimiento para la constitución del tribunal no se ajustó a derecho, y que existe una causa en la Justicia argentina que aún debe expedirse sobre esta cuestión. La posición es que el reclamo es ilegítimo, y que el gobierno argentino no va a reconocer deuda alguna derivada del mismo.
Otros dos casos involucraron reclamos de deuda efectuados al Ministerio de Defensa, por contratos firmados en diciembre de 1977 y en febrero de 1979, por provisión de material estratégico, con la garantía de una aseguradora oficial. Dichos reclamos no fueron presentados oportunamente en las negociaciones del Club de París realizadas entre 1985 y 1992, y la aseguradora oficial pretendió incluirlos en esta instancia. Se le respondió que no nos era posible verificar la legitimidad del reclamo, por lo que no resultaba aceptable su inclusión.
15 de mayo de 2011
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argentina no pagará deudas de dictadura

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El gobierno acordó con el Club de París la deuda legítima con refinanciación. Argentina rechazó diez préstamos de la dictadura o de pasivos de las empresas de servicios públicos privatizadas, y el Club aceptó. El total a pagar es de 8470 millones de dólares y sólo falta acordar si el plazo es de tres o cinco años.

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[Roberto Navarro] Argentina. El equipo económico acordó con el Club de París la cifra total que adeuda el Estado nacional: son 8470 millones de dólares. El arreglo lo negoció directamente el ministro de Economía, Amado Boudou. La disputa final fue por diez préstamos por más de 100 millones de dólares que correspondían a créditos tomados por la última dictadura militar y por pasivos de las empresas de servicios públicos que fueron privatizadas. El ministro se negó a cancelar esos créditos y el Club de París terminó aceptando. En Economía estiman que el acuerdo por la forma de pago –el último punto que resta negociar– está cerca. Argentina propone, al igual que en las renegociaciones con los acreedores privados de 2005 y 2010, una refinanciación que permita que el Estado no dependa de los mercados internacionales de crédito para su cancelación. Está dispuesta a pagar aproximadamente 1500 millones de dólares anuales. Así el plazo de pago se extendería a cinco años y medio. El club de potencias extranjeras, que comenzó exigiendo un pago al contado, se acercó a aceptar una financiación a tres años. Por esa diferencia se está discutiendo. Alemania es el país más remiso a aceptar la propuesta.
El equipo económico está negociando más de 200 préstamos, tomados con 50 empresas de 16 países. Una alta fuente de Economía explicó a Página/12 el proceso de negociación: "A partir de 2010 se reinició el proceso de negociación con el Club de París, a los efectos de cancelar las deudas pendientes con los países miembros. Paralelamente se llevó a cabo un proceso de conciliación de deudas, consistente en establecer cuáles son elegibles para su negociación y reestructuración en el marco del Club, cuáles son los montos de capital de cada una, las tasas de interés aplicables y la metodología establecida en los contratos para la aplicación de intereses y punitorios, de lo cual resultó el total de cada deuda a una fecha determinada".
En la cartera económica aseguran que todas las deudas que se incluyeron tienen como fundamento contratos acordados luego del 10 de diciembre de 1983. Esto llevó a rechazar varios reclamos de acreedores, que sumaban más de cien millones de dólares, que pretendían incluir presuntas deudas basadas en contratos efectuados durante la dictadura militar, no convalidadas por un gobierno democrático, las cuales no se consideraron legítimas. "Las discusiones al respecto con las agencias oficiales de los países reclamantes consumieron una parte importante del proceso, pero la decisión se mantuvo firme en el sentido de no admitir estos reclamos", señaló una fuente de Economía.
Por el peso de sus economías y por los montos involucrados en cada caso, hay cinco países que están definiendo la negociación: Estados Unidos, Japón, España, Italia y Alemania. Estados Unidos fue el país que tuvo mayor influencia para que el Club accediera al pedido de Argentina de negociar sin el "paraguas" del Fondo Monetario Internacional. Japón y España tienen un fuerte lobby de sus empresas para acordar con Argentina y así destrabar la posibilidad de hacer negocios que hoy están vedados por el default con el Club. Alemania, gobernada por una administración poco flexible en general en sus negociaciones, carga con el estigma de aceptar las condiciones excepcionales que propone Argentina al tiempo que impone severos procesos de ajuste a países europeos que están pasando momentos difíciles. El gobierno italiano se alinea con Alemania.
Las negociaciones con el Club de París están estandarizadas. El proceso habitual marca que una condición necesaria para comenzar la negociación es que el país deudor tenga un acuerdo standby con el FMI o que cumpla con el artículo 4, que exige una revisión anual de las cuentas nacionales. Con este requisito cumplido, el Club presenta un menú de financiación prestablecido, según las condiciones de cada país. El deudor sólo puede elegir una opción de ese menú.
Argentina se presentó a negociar luego de nueve años sin mantener contactos oficiales para reabrir la negociación, no aceptó la inclusión del FMI en la negociación y presentó su propia propuesta, sin aceptar un menú prestablecido unilateralmente. "Esta situación incomoda a los integrantes del Club: están recorriendo un camino desconocido y les cuesta convalidarlo", señaló a Página/12 una fuente de Economía. "Una de las preocupaciones es que Argentina estaría creando un precedente para futuros casos", completó. A pesar de esto, las posiciones no son homogéneas entre los países con mayor peso en la negociación: hay quienes ven que Argentina viene pagando su deuda, que plantea una propuesta razonable y que quieren volver a hacer negocios.
La posición argentina es que un acuerdo es útil para el país sólo en las condiciones propuestas. "Un acuerdo difícil de cumplir generaría desconfianza en los mercados y terminaría siendo negativo para el país", es la opinión del gobierno nacional. En Economía quieren acordar con el Club de París no sólo por cerrar definitivamente el capítulo del default nacional, también para que puedan llegar al país inversiones directas con financiamiento a largo plazo y baja tasa de interés.
Por el fuerte crecimiento de la economía en los últimos ocho años, el país requiere de obras de infraestructura de alto precio. Hay empresas internacionales que se están fondeando a 20 años a tasas del 2 por ciento anual, que podrían ofrecer plazos similares y una tasa de interés de alrededor del 4 por ciento anual. Pero esas empresas sólo consiguen las condiciones adecuadas de crédito con la garantía de entes oficiales de los países del Club de París. Hay agencias de garantías, como Ermes, Coface, Securitas y JVIC, entre otras, que esperan el acuerdo del Club para hacer negocios con las empresas que quieren hundir capital en Argentina para realizar obras de infraestructura.
Otro elemento que tiene en cuenta el Gobierno es que el acuerdo dispararía cambios en la nota que deciden las calificadoras de riesgo al país. Una suba en la calificación permitiría a algunos fondos de pensión habilitar créditos para empresas argentinas e invertir en títulos públicos nacionales, hecho que redundaría en una baja de interés en el país. Sin embargo, afirman en el equipo económico, el país no tiene previsto apurar el acuerdo. "La pelota la tienen ellos; Argentina ya definió su posición; ahora hay que esperar que los mismos lobbies de los interesados en invertir en el país desbloqueen las últimas resistencias."
15 de mayo de 2011
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nobel de la paz y terrorista de estado

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columna de lísperguer

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Presidente Obama y OTAN cometen delitos de terrorismo de estado.

Las acciones ordenadas por Obama no sólo no se adecúan a la legalidad internacional, sino que constituyen derechamente terrorismo de estado, en cuya definición se incluye el uso de la fuerza pública o instituciones del estado u organizaciones paramilitares no estatales para cometer actos ilícitos, como los secuestros, las detenciones indefinidas y las cárceles secretas (persecución ilegítima), las torturas, los secuestros y las ejecuciones extrajudiciales. El asesinato de bin Laden es un delito de terrorismo de estado, cuya definición no exige que sea ni colectivo ni sistemático. La orden de asesinar a familiares de Kadafi es otro ejemplo de terrorismo de estado, lo mismo ciertamente que el bombardeo sistemático de la población civil (la OTAN bombardeando Trípoli y otras ciudades). De lo que también se debe deducir que aquellos que aprueban o justifican estas aberraciones (como ha hecho el presidente Piñera), deben ser considerados como cómplices o encubridores.
lísperguer

los papeles que firmó cosidoy

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Los hábeas corpus que rechazó Cosidoy durante en la dictadura. El hecho pasó casi desapercibido en la testimonial de la camarista federal en la causa Díaz Bessone. Fue más espectacular el trato de "mentirosos" a una docena de ex detenidos. Pero estas pruebas en particular podrían perjudicarla.

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[José Maggi] Argentina. La provocativa testimonial de la camarista federal Laura Inés Cosidoy, vertida el último martes ante el Tribunal Oral Federal No. 2 en la causa Díaz Bessone en la que trató de mentirosos a una docena de testigos que la habían cuestionado por su rol de defensora oficial y en la que se autorrelevó de respetar el secretario profesional eclipsó el verdadero motivo para el que fue citada por Germán Artola, defensor de tres imputados: Para reconocer su firma al pie de dos habeas corpus que rechazó en favor de dos detenidos durante la última dictadura. Se trata de los casos de Osvaldo Daniel Bas y Mansilla y el de Olga Delfina Cabrera Hansen.
El reconocimiento de su rúbrica la compromete en una acción reñida con la legalidad: el habeas corpus es una herramienta jurídica a la que se hecha mano cuando se sospecha que alguien ha restringido la libertad de una persona. Así era una herramienta más que necesaria durante la última dictadura, y su resolución favorable implicaba dejar claro bajo la responsabilidad de qué organismo o estructura se hallaba el detenido, y con qué leyes se lo iba a juzgar. También podía disparar el blanqueo de un detenido o la liberación, en otros casos. Pero básicamente el reconocimiento sobre quien lo tenía bajo su órbita. El rechazo obviamente era mantener un manto oscuro sobre el destino.
En este sentido un detenido podía estar bajo la responsabilidad de la justicia federal, la justicia militar o a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, a través de un decreto. En ninguno de los dos casos los detenidos estaban a disposición de la justicia militar sino del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército: una gruesa irregularidad, que no se corresponde con la respuesta de Cosidoy cuando el fiscal de la causa, le preguntó si recordaba cuál era la normativa que aplicaba al contestar los recursos de hábeas corpus, a lo que respondió: "La normativa que estaba vigente en ese momento dado el estado de sitio y la disponibilidad de la autoridad militar en ese sentido".
Sin embargo todo se desprende del análisis de la documental: Osvaldo Daniel Bas y Mansilla fue secuestrado el 23 de febrero de 1977 del domicilio de Wilde 1043, en la casa de tía Benita Lizondo. Su madre Francisca de Humer lo comenzó a buscar ese mismo día. El recurso de habeas corpus presentado recae ante el juzgado federal No. 1 a cargo de Pedro Barta, secretaría de Pedro Tiscornia.
El magistrado pide informes a la Policía Federal, y la Unidad Regional II de Rosario. El subcomisario Raúl Haroldo Guzmán Alfaro en su rol de Jefe del División Informaciones es quien contesta positivamente " que el llamado Osvaldo Daniel Bas Mansilla se haya detenido en esta dependencia desde las 7 horas del día 23 de febrero a disposición del Comando del II Cuerpo de Ejército ‘Teniente Gral Juan Carlos Sánchez’.
Pero el juez Barta, sabiendo que la respuesta no se ajustaba a derecho, vuelve a librar un oficio al Comando del Segundo Cuerpo el 1 de marzo de 1977 en el que solicita "se sirva informar a este Tribunal, con recomendación de pronto diligenciamiento dada la índole de la causa, si Osvaldo Bas y Mansilla se encuentra detenido y en su caso, porqué causa, desde cuándo y a disposición y por orden de qué autoridad".
El que responde entonces al día siguiente es el teniente coronel Horacio Verdaguer : "el ciudadano mencionado se encuentra detenido a disposición de este Comando de Cuerpo en averiguación de actividades presuntamente relacionadas con la subversión, desde el día 23 de febrero". Nótese que en ningún momento se revela la disposición del detenido bajo la órbita de la justicia militar.
Sin desfallecer en su intento por obtener la respuesta deseada, el juez Barta envía un tercer pedido de aclaración: le pregunta al "Comando del Segundo Cuerpo si la detención de Bas y Mansilla implica la puesta a disposición del mismo a la Justicia Militar".
El que contesta entonces con fecha 14 de marzo es el coronel Julián Gazari Barroso, quien no termina de echar una luz de legalidad sobre el ciudadano privado de su libertad. "La persona aludida se encuentra detenida a disposición de esta autoridad para ser puesta a disposición de PEN, por delitos que hacen a la jurisdicción de la Justicia Militar". Ni fu ni fa, ni una ni otra. Un cambalache, que sin embargo le sirve a la Fiscal Subrogante Laura Inés Cosidoy (que cambió de defensora a fiscal momentáneamente) para aconsejar el rechazo del recurso de hábeas corpus, algo que formaliza el 21 de marzo el juez federal Pedro Barta.
El otro caso es el de la abogada Olga Delfina Cabrera Hansen detenida el 9 de noviembre de 1976, y cuyo hábeas corpus fue presentado el 22 de febrero de 1977, terminó de la misma manera y una fecha emblemática: El 24 de marzo de 1977 -a un año exacto del golpe de estado-, la fiscal subrogante Laura Inés Cosidoy aconseja a su señoría que "corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto".
15 de mayo de 2011
©rosario 12