penas remitidas para pinochetistas

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Cinco ex militares condenados a libertad vigilada por crímenes de derechos humanos. En 1974 asesinaron a nueve chilenos, aplicándoles la llamada ley de fuga, que permite acribillarlos por la espalda.

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Santiago, Chile. La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados (desapariciones forzadas) de nueve personas que fueron acusadas de fugarse de una patrulla militar en Quillota en 1974. Los cinco uniformados en retiro que fueron procesados por este hecho quedaron en libertad vigilada.
Según la versión de los ex militares, el 19 de enero de 1974 un convoy con prisioneros fue atacado por un grupo de extremistas, desarrollándose una balacera, oportunidad que aprovecharon los detenidos para fugarse. La fuga fue impedida "dando de baja" o matando a los evadidos.
Las víctimas son Rubén Cabezas Pares, Pablo Gac Espinoza, Levy Arraño Sancho, Víctor Fuenzalida Fuenzalida, Manuel Hurtado Martínez, Hugo Aranda Bruna, Ángel Díaz Castro, Osvaldo Manzano Cortés y Arturo Poo Prado, a la fecha todos militantes de partidos de izquierda en la zona de Quillota.
Los condenados son el coronel (R) de Ejército Ángel Custodio Torres Rivera, comandante (R) Sergio Carlos Arredondo González, comandante (R) Francisco Javier Pérez Egert, el suboficial (R) Leonardo Quilodrán Burgos y el oficial de Caballería (R) Daniel Javier Walker Ramos.
Los dos primeros recibieron condena de 5 años de cárcel remitidos, mientras que el resto fue condenado a 4 años de presidio, también remitidos.
En el aspecto civil se determinó que los condenados Arredondo González, Pérez Egert y Quilodrán deben pagar de manera solidaria una indemnización de $ 30.000.000 (treinta millones de pesos) a cada uno de los grupos familiares de las víctimas.
22 de abril de 2011
©la nación

piden perpetua para militares

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Pedido de perpetua para dos.

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Argentina. La abogada Mirta Mántaras pidió ayer que se condene a la pena de prisión perpetua al general retirado Héctor Gamen y al coronel retirado Hugo Idelbrando Pascarelli por el crimen del cineasta Raymundo Gleyzer. Durante el alegato en el juicio oral por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino El Vesubio, la letrada pidió también penas de 25 años de prisión para el coronel Pedro Durán Sánez y los ex agentes penitenciarios Ramón Erlán, José Maidana, Diego Chemes, Ricardo Martínez y Roberto Zeolitti.
La querella que representa a la Embajada de Alemania por el secuestro y asesinato de la ciudadana germana Elisabeth Késelman había pedido la semana pasada penas de prisión perpetua para Gamen y Durán Sáenz, de 11 años de prisión para Zeolitti y 21 años para los otros cuatro penitenciarios.
El juicio ante el Tribunal Oral Federal 4 continuará el lunes con los alegatos de la abogada Liliana Macea. Luego llegará el turno de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del CELS y del fiscal federal Félix Crous, y finalmente de las defensas de los imputados.
22 de abril de 2011
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declaró el testigo secuestrado

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El testigo Víictor Martínez denuncio que tres desconocidos lo secuestraron y amenazaron. Víctor Martínez reapareció en la madrugada de ayer. Acusa al juez Villafuerte Ruzo, con quien mantiene un enfrentamiento.

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[Adrián Pérez] Argentina. "Me empujaron y me metieron en una combi. Había dos tipos adelante y uno atrás, que fue el que me empujó y me tiró adentro", relata Víctor Oscar Martínez. El sur asiático recorre la casa en el dulzón del incienso encendido, un cuadro de Shirdi Sai –gurú elevado al pedestal de santo en la India– y ‘Los místicos de Occidente’, de Elémire Zolla, en una de las dos bibliotecas del living. Tal vez por haber dormido poco, la voz de Martínez brota con cierta cadencia. A pocas horas de ser liberado en la madrugada de ayer en el barrio de Liniers, el testigo del asesinato del obispo Carlos Ponce de León durante la dictadura denuncia que el lunes pasado fue secuestrado cerca de su casa y que aunque las versiones que dan vueltas "son muchas", la realidad "es una sola".
"Rebelde y antidogmático por naturaleza", se considera Martínez, de 52 años, quien se presenta como un estudioso de las religiones comparadas; traductor de sánscrito, pali y defensor de los monjes budistas perseguidos en China y Bangladesh. Martínez tenía planeado pasar el lunes al mediodía por una escribanía del centro para retirar unos libros. Caminaba por Pringles rumbo a Corrientes cuando tres hombres lo interceptaron.
El testigo mueve la mano, dando a entender que el vehículo adonde lo metieron tenía una puerta corrediza. Le pusieron un cuello de lana sobre los ojos. "Me hicieron masticar grandes cantidades de medicina, el médico me dijo que se trataba de Alplax y Valium", afirma. El viaje fue en completo silencio. Si bien no pudo calcular cuánto demoró, le pareció "muy largo" y que, en un momento, el coche ingresó a un camino de tierra. "Me deben haber llevado a una casa de campo", arriesga. Al llegar lo encerraron en una habitación donde había un colchón y una frazada. En la casa había pocos muebles.
Aunque no puede describirlos físicamente, dice que los hombres eran mayores, como de 50 años, con "un lenguaje elaborado", tranquilos, respetuosos. "Me trataban de usted." En su cautiverio habló con una sola persona que le advirtió: "Le voy a dar seis consejos en tres días, después de esto usted se muere". El primero fue que no podía ir contra el juez Carlos Villafuerte Ruzo, que se encargarían de "pasar a vía muerta" su querella por persecución religiosa.
Martínez mantiene un enfrentamiento con el juez en la causa por el asesinato del obispo Ponce de León, ocurrido en 1977, en un accidente simulado. Villafuerte Ruzo lo acusó de falso testimonio y Martínez le inició una querella.
Los captores, sigue Martínez, le dijeron que su abogada era "una estúpida" a la que "iban a llevar a la quiebra vía multas". Volvieron a suministrarle pastillas, no le dieron de comer y le dejaron una gaseosa. El hombre que le hablaba le pidió la billetera. "Vio la foto de mi hijo y me dice: ‘¡Qué pena! Por estar en contra de un juez y traicionar a la Iglesia le puede costar la vida a su familia’". Y le sugirió que hiciera "algo inteligente" y que "se fuera del país".
Más tarde escuchó que uno de sus captores le decía a otro: "El país ya está enterado, lo están buscando por todos lados. Es fácil chuparlo, pero cuando te cierran el círculo es muy difícil desprenderte, larguémoslo ahora", fue la conversación. Entonces le hicieron tomar un montón de pastillas y lo dejaron cerca de la General Paz. Martínez no puede precisar a qué hora lo dejaron en Liniers, donde encontró a un hombre "muy amable", al que le contó que había sido secuestrado. Esa persona le ofreció el teléfono celular para avisar a su familia.
Al dejarlo en Liniers, los captores le advirtieron que si no quería perjudicar a su familia se tomara un taxi hasta Acoyte y Rivadavia. "Ahí sí buscá a la policía y hacé lo que se te cante", fue el mensaje. En Caballito, Martínez recordó que había una comisaría sobre Díaz Vélez. Hizo la denuncia en la comisaría 11ª, declaró hasta las 5 de la mañana. "Por lo que sé todo el Gobierno actuó rápidamente", asegura. El testigo de la causa Ponce de León señala al juez Villafuerte Ruzo como el responsable de su secuestro, que "tiene un grupo de tareas" y es parte de "un conflicto mayor que debe resolver a futuro. Estoy seguro de que él puede dar información sobre las imprecisiones en mi relato, como la localización y los horarios" del secuestro, concluye.
Si bien la investigación se encuentra en una etapa inicial y todavía es prematuro anticipar un análisis, allegados a la causa dijeron que "el tema es sensible". En diálogo con Página/12 , aseguraron que "es necesario ser cuidadosos" porque debido al estado en el que se encontraba Martínez al momento de la liberación, la información que aportó al expediente fue poco precisa. "Su relato no aporta demasiados datos para avanzar en la investigación", señalaron los investigadores. Esto complica el desarrollo en la pesquisa iniciada a partir de la denuncia realizada esta semana por los familiares de Martínez.
Por su parte, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, se refirió a la desaparición de Martínez y pidió hacerles llegar sus palabras de aliento a todas las personas que están dando su testimonio en los crímenes de lesa humanidad que se llevan adelante en todo el país. "Quiero decirles a todo ellos que el Estado tiene forma de protegerlos, que estamos en un momento de la historia de nuestro país donde quieren imponernos el miedo y desestabilizar a la democracia." Por último, recordó el atentado que sufrió ella, en 2002, y el intento de secuestro a Sonia Torres, abuela de la filial Córdoba, a quien le gatillaron en la cabeza. "Se trata de las mafias mercenarias", advirtió.
22 de abril de 2011
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anarquistas llevan dos meses en huelga

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Preocupación genera extensa huelga de hambre de imputados en Caso Bombas.

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[Raúl Martínez] Valparaíso, Chile. Los parlamentarios de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados indicaron que no es posible que los jóvenes imputados en el Caso Bombas mantengan su medida de presión hasta que empiece el juicio oral en octubre y reiteraron los nefastos alcances de la Ley Antiterrorista.
Dos meses van a cumplir en huelga de hambre los imputados en el denominado Caso Bombas, quienes reclaman por el largo encierro en virtud de una orden de prisión preventiva y además por la aplicación de la Ley Antiterrorista en su contra.
Los integrantes de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Hugo Gutiérrez y Sergio Aguiló, expresaron su preocupación por el largo ayuno y además por el procedimiento utilizado en contra de los acusados.
Luego de reunirse por más de una hora con los jóvenes, Gutiérrez expresó su preocupación y la de sus colegas por el extenso ayuno que llevan adelante.
"Estamos muy inquietos por la huelga de hambre que ya llevan por más de 50 días los jóvenes que están imputados en el llamado Caso Bombas. Nos preocupa por razones humanitarias y porque tanto los abogados y los familiares nos han hecho saber sobre los riesgos de mantener esta medida hasta que se inicie el juicio oral en octubre", comentó Gutiérrez.
Por su parte, el diputado Sergio Aguiló criticó la utilización de la Ley Antiterrorista en un caso donde no hay muertos ni tampoco otras condiciones que permitan que sea invocada.
El parlamentario subrayó que el cuerpo jurídico permite la extensión de la prisión preventiva, además del uso de medios de prueba que no son permitidos en otros casos, como por ejemplo los testigos sin rostro.
"Es una ley profundamente injusta, dañina para la sociedad chilena, profundamente deterioradora de la paz social. Es una ley que ha sido presentada al país como que pacífica, pero genera violencia y eso lo dicen los jóvenes del país y el pueblo mapuche. Lo ideal sería derogarla", sostuvo Aguiló.
Los parlamentarios expresaron su preocupación por la notable baja de peso de los imputados en el caso bombas, sobre dos de los cuales pesa una petición de cadena perpetua hecha por el ex fiscal Alejandro Peña, quien hoy oficia como asesor del Ministerio del Interior.
[Los imputados han emitido una declaración sobre su caso.]
22 de abril de 2011
21 de abril de 2011
©radio u. de chile

limpieza social en colombia

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columna de lísperguer

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Nuevas evidencias sobre campaña de limpieza social en Colombia.

El sitio verdadabierta.com acaba de publicar un reportaje que agrega nuevas informaciones sobre la campaña de limpieza social que vienen implementando los paramilitares colombianos desde fines de los años noventa y que se ha cobrado la vida de más de cinco mil personas. Las sospechas de que en los casos de ejecuciones de civiles no implicados en el conflicto (los llamados falsos positivos), para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate, había algo más que la mera intención de cobrar los cerca de dos mil dólares que paga el gobierno por las manos y/o cabeza de los presuntos rebeldes no hacen más que recrudecer. Según se lee en el reportaje, que gira sobre el conflicto en La Guajira, en 2009 la Defesoría del Pueblo "denunció el asesinato de indigentes, cobradiarios y vendedores ambulantes, que los grupos armados justificaban como campañas de limpieza social".
Los paramilitares atacan especialmente a enfermos mentales, personas con el síndrome de Down, delincuentes de poca monta, prostitutas, homosexuales y travestis, que son grupos que consideran inútiles y cuyo exterminio se debe procurar. La trágica ironía de esto es que quienes cometen estos crímenes de limpieza social provienen ellos mismos de sectores sociales muy relegados y son también delincuentes: ladrones, asesinos a sueldo, estafadores. Cometen esos crímenes porque les pagan por ello.
Este, si acaso, es el proyecto de sociedad que ofrece la extrema derecha a los colombianos y que el ex presidente Uribe sigue defendiendo cuando pretende que el estado no es imputable por los crímenes cometidos por agentes del Estado. Si se sale con la suya, habrá cinco mil asesinatos que quedarán impune, y varios generales que se enriquecerán con la sangre de sus compatriotas.
lísperguer

otan fracasa en libia

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Los tres países de Europa no hablan de invadir por tierra, sino de "aconsejar" militarmente a la oposición libia. La estrategia actual de bombardear no le está dando resultados a la OTAN para derrotar a Khadafi. Por eso, ya piensa que la batalla será larga y aplica una nueva táctica: fortalecer a las milicias rebeldes.

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[Eduardo Febbro] París, Francia. El ajedrecista de Trípoli debe observar a sus adversarios en apuros con íntima satisfacción. Un mes después de la ofensiva aliada en apoyo a los insurgentes libios, no se puede sino constatar que Muammar Khadafi puso en jaque los planes más rigurosos de los estrategas occidentales y éstos se resignan ahora a aceptar que la guerra será "larga" (Gérard Longuet, ministro francés de Defensa) y a organizar el envío oficial de instructores para respaldar a la desarticulada insurgencia. Londres, Roma y París confirmaron sucesivamente que iban a desplegar en el terreno "consejeros" con la meta declarada de "asesorar" a los miembros del opositor Consejo Nacional de Transición a fin de perfeccionar su "organización militar, las comunicaciones y la logística". Ni Italia, ni Francia ni Inglaterra piensan en la opción de una invasión terrestre. No obstante, el cambio en el enfoque de esta guerra implica una confesión inobjetable: Khadafi ganó las primeras tres batallas: una contra el tiempo, la otra contra los rebeldes y la tercera contra los países de la coalición y la OTAN.
La ineficacia global de los bombardeos, las astucias de guerrilla urbana de Khadafi (parece que no están en los manuales de la OTAN), la voluminosa cantidad de víctimas y la imposibilidad de avanzar o de derrocar al malicioso coronel conducen ahora a otra estrategia: fortalecer a las milicias rebeldes para crear un frente interno más sólido.
Ali al Issaoui, encargado de relaciones internacionales del CNT, detalló ayer en París que "lo que ocurre hoy en Libia es una tragedia humana, sobre todo en Misrata. Hay muchos heridos que no pueden ser atendidos, hay bombardeos ciegos contra zonas civiles con misiles y morteros. Y todo eso sólo porque la población libia pidió libertad, un mejor porvenir y democracia". Ali al Issaoui evocó también un elevado número de muertos, 10.000 según él, y un daño colateral de esta guerra que ha quedado ocultado por el primer plano militar: se trata del desplazamiento, en las regiones del oeste, de decenas de miles de libios hacia la frontera con Túnez. Las potencias occidentales jugaron con un fuego que se propaga más allá de lo calculado. Las incongruencias de este conflicto se reflejan en los sueños de un aficionado. Faltan aviones, municiones, asistencia en tierra, organización y, sobre todo, un auténtico trabajo de inteligencia previo que no se llevó a cabo. País impenetrable, guerra imprevisible. Khadafi dirige la danza de Occidente. Es en este contexto cada vez más dramático que se decidió pasar a la fase de "asesoría". Al tiempo que aclaró que "no se contempla el envío de tropas de combate" a Libia, el portavoz del gobierno francés, François Baroin, adelantó que habrá "un pequeño número de oficiales que estarán en contacto con el CNT para proteger a la población civil". Londres prometió a su vez el envío de consejeros militares, unos diez, y Roma despachará otros tantos a Benghazi, la sede de los rebeldes. El ministro de Defensa italiano, Ignacio La Russa, declaró que Roma y Londres "están de acuerdo con el hecho de que hay que entrenar a los rebeldes" para que puedan "enfrentar a un ejército profesional".
El jefe del Estado francés, Nicolas Sarkozy, recibió ayer por tercera vez al presidente del Consejo Nacional de Transición, Mustafá Abdeljalil, a quien le prometió más ayuda. Abdeljalil expresó un sueño que parece lejano: un "jefe de Estado que llegue al poder no sobre un tanque sino con las urnas". El problema es que no se tiene una idea precisa de cómo será esa ayuda prometida por Sarkozy. Es obvio que la participación de un puñado de asesores no resuelve el conflicto en una semana. Por otra parte, las divergencias en el seno de la OTAN son abracadabrantes. París y Londres apuran a los otros países de la OTAN que intervienen en Libia para que suban la frecuencia de los bombardeos y, casi al mismo tiempo, el vicepresidente norteamericano, Joe Biden, dice que la OTAN podría prescindir de Washington. Por lo pronto, sin aclarar con qué medios, Sarkozy anunció que en las próximas semanas se intensificaría la campaña aérea.
En esta danza de iniciativas se mezclan varios aspectos contradictorios que no comparten en nada el perfil de la campana militar en Libia. Rusia y varios miembros del Consejo de Seguridad impugnan en voz alta la actitud de la OTAN y estiman que el organismo multilateral de defensa fue mucho más allá del mandato establecido por la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, cuya planteo inicial era la protección de los civiles y en ningún caso el respaldar a una de las partes en conflicto. El jefe de la diplomacia francesa, Alain Juppé, admitió que la OTAN subestimó las capacidades tácticas y estratégicas de Khadafi. Ayer, varios analistas militares comentaban que el principal error consistió en creer que el régimen libio caería como el de Túnez o Egipto. La idea fue pensar que, al igual que en estos dos países, el ejército se mantendría en una posición neutral. Una ilusión que se convirtió en la pesadilla de una guerra, como lo demuestra cada hora que pasa.
22 de abril de 2011
21 de abril de 2011
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lo de playa girón

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Los invasores exageraron la oposición a la revolución y minimizaron su capacidad de respuesta. Terminaron derrotados. Sus patrones en Estados Unidos sufrieron una de sus peores humillaciones.

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[Juan Gelman] Se han cumplido 50 años de la fallida invasión a Cuba que dirigió la CIA con el objetivo de derrocar a Fidel Castro: empezó con bombardeos aéreos el 15 de abril de 1961 y el 17 desembarcaban más de 1500 exiliados cubanos. En octubre del mismo año, el inspector general del servicio, Lyman Kirkpatrick, preparó una evaluación de los hechos en 150 páginas impiadosas e involuntariamente irónicas. El documento exhibe un claro top secret al pie de cada folio y fue obtenido, convenientemente "higienizado", por The National Security Archive en virtud de la Ley de libertad de información (FOIA, por sus siglas en inglés). La crítica del inspector es incluyente: analiza las condiciones políticas y militares del fracaso desde los preparativos de la invasión. (14-4-2011).
Kirkpatrick comienza señalando que el "frente" (sic) de los exiliados cubanos se formó a instancias de la CIA "pero estaban en desacuerdo entre ellos o con los agentes de la Agencia encargados" de las operaciones políticas y militares. Transcurrían momentos de cambio de la administración: "El presidente Eisenhower aprobó la operación el 29 de noviembre (de 1960) y la confirmó el 3 de enero de 1961". El 20 de enero John Kennedy asumió la presidencia y el 28 autorizó a la CIA a "continuar sus actividades y le prescribió que debía presentar el plan paramilitar táctico al Estado Mayor para que lo analizara". El grupo de la Agencia al mando ya había adquirido botes y aviones, establecido campos de entrenamiento en Guatemala y Nicaragua, negociado con gobiernos extranjeros, lanzado una campaña propagandística preparatoria y discutido la posibilidad de un gobierno provisional en la isla. En Miami funcionaba una base de apoyo.
El plan consistía en apoderarse de unos 70 kilómetros de playa en la Bahía de los Cochinos y había armamentos preparados para los 30.000 opositores que –se calculaba– iban a unirse a la invasión. Kennedy ordenó cesar los bombardeos el Día D y a esto se atribuye la derrota que desembocó en la muerte de más de 100 invasores y la prisión de otros 1200. Kirkpatrick no pensaba lo mismo: "La causa fundamental del desastre fue la incapacidad de la Agencia de darle al proyecto, a pesar de su importancia y del inmenso potencial de peligro que entrañaba para EE.UU., el manejo que requería: organización apropiada, empleo de personal muy calificado y dirección y control permanentes de la mayor calidad". Las insuficiencias en estas áreas, agrega, se tradujeron en "errores y omisiones operativos graves... y en graves errores de juicio".
El autor del informe enumera cuatro: fallas en procurar "una apreciación fría y objetiva" del proyecto; la incapacidad de "advertir al Presidente en el momento apropiado que el éxito era dudoso, recomendar la cancelación de la operación y volver a estudiar la cuestión de derrocar a Castro"; la incapacidad de "reconocer que el proyecto se había ampliado y que el esfuerzo militar se había convertido en algo demasiado grande para ser manejado sólo por la Agencia"; el fallo de no llevar al papel los planes y dejar copias oficiales "al Presidente y sus asesores y solicitar su aprobación y confirmación por escrito". Señala, además, que un escrutinio objetivo y oportuno del material de inteligencia hubiera demostrado a los agentes de la CIA "que no existía un movimiento clandestino controlado y listo para unirse a la fuerza invasora y que la capacidad de Castro de responder (al ataque) y de avasallar a la oposición interna había aumentado considerablemente".
Pasaban cosas. Kirkpatrick refiere que siete veces se lanzaron en paracaídas armas, municiones y equipo para los opositores que "fueron totalmente o en gran parte recuperadas por las fuerzas de Castro...; de 75 toneladas (de armamento) transportadas por aire, los agentes paramilitares sólo consiguieron unas 12". Un avión sobrevoló dos veces sobre un grupo anticastrista sin soltar su carga y "esto alertó al ejército de Castro, que atacó al grupo y lo dispersó". Tampoco hubo un plan efectivo para introducir hombres y equipo utilizando botes pequeños. Y fue deficiente el entrenamiento de exiliados cubanos en Guatemala para que, una vez en la isla, pudieran entrenar a otros. Había comenzado el 29 de noviembre de 1960, unos cinco meses antes de que el 16 de abril del ’61 Fidel Castro proclamara que Cuba era un país socialista.
El inspector general de la CIA reprocha a la Agencia que pasara de organizar guerrillas clandestinas a emprender una operación militar abierta, no sin antes preocuparse por los gastos de la invasión: el presupuesto inicial de 4,4 millones de dólares terminó en una inversión de 46 millones. La regaña porque "falló en reunir información adecuada sobre las fuerzas del régimen de Castro y el verdadero alcance de la oposición y falló en evaluar correctamente la información disponible". Pareciera que no todas las críticas de Lyman Kirkpatrick cayeron en saco roto.
22 de abril de 2011
21 de abril de 2011
©página 12

procesan a ex agente de inteligencia

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Procesaron al ex Servicio de Inteligencia del Ejército, César Luis Frillocchi por mentir en el juicio a otro servilleta. Frillochi -que actuaba con el nombre encubierto de Carlos Leandro Fittipaldi- fue procesado por mentir en el juicio a otro PCI, Barcos. Había dicho que no conocía a dos jefes de grupos de tareas y el juez Rodríguez probó que eran sus superiores inmediatos.

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[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe,Argentina. El juez federal Reinaldo Rodríguez procesó por "falso testimonio" a un ex agente secreto del Ejército, César Luis Frillocchi, por haber mentido en el juicio a otro delator de la dictadura, Horacio Américo Barcos, a quien el Tribunal Oral de Santa Fe condenó el año pasado a 11 años de prisión por la "privación ilegal de la libertad" y "tormentos" a los esposos José Alberto Tur y Amalia Ricotti, entre el 16 y el 31 de mayo de 1978. Frillocchi había dicho en el juicio que ingresó como PCI en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 después del secuestro del matrimonio, pero la investigación judicial demostró que lo hizo dos semanas antes, el 1º de mayo de 1978. Y también negó haber conocido a dos jefes de los grupos de tareas que operaron en Santa Fe: el capitán Julio César Domínguez ("Potín") y el suboficial del Ejército, Eleodoro Jorge Hauque ("Vicente"), pero en la causa quedó probado que eran sus superiores inmediatos. Hauque, ya fallecido, fue identificado en el juicio a Barcos como uno de los secuestradores de Tur y Ricotti y el represor que luego acosaba a Amalia cuando ya estaban en libertad. Otras víctimas también lo reconocieron por fotos, entre ellas Silvia Abdolatif y Silvia Suppo, quien lo acusó en una causa judicial, varios meses antes de ser asesinada. Mientras que Domínguez fue identificado como un integrante de la patota que operaba en un centro clandestino en la zona de San José del Rincón, donde estuvieron secuestrados Daniel García, su esposa Alba Sánchez y la compañera de ambos, Andrea Trincheri.
Frillocchi declaró en el juicio a Barcos el 23 de marzo de 2010 y fue el primer testigo a quien el fiscal general Martín Suárez Faisal acusó por falso testimonio y pidió su arresto. El Tribunal rechazó la detención, pero se inició una causa en la que ahora fue procesado por el juez Rodríguez.
En su relato, Frillocchi dijo que comenzó a operar en el Destacamento de Inteligencia 122 recién en agosto de 1978, tres meses después del secuestro de Tur y Ricotti. Pero cuando el Tribunal le exhibió su legajo del Ejército, donde consta que había sido propuesto para el cargo, el 17 de abril de 1978, por el capitán Domínguez y que lo habían designado el 1º de mayo de 1978 en el cuadro C con un nombre encubierto: Carlos Leandro Fittipaldi, que utilizaba Frillocchi, volvió a negarlo. "Yo ingresé en agosto de 1978", se defendió.

Suárez Faisal le preguntó entonces si conocía a Hauque, a quien Ricotti identificó como uno de sus secuestradores. "No lo conozco, no sé quién es", respondió.
El juez Rodríguez desmintió a Frillocchi con tres pruebas:

* El legajo Hauque, reservado en la causa, donde consta que éste se desempeñó como PCI del Ejército "entre 1974 y 1982" y que "en 1978", (cuando ya operaba Frillocchi) era el jefe de los agentes secretos. "Lo mismo informó la Dirección General de Inteligencia", agregó el magistrado.

* El testimonio del ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122, teniente coronel Domingo Manuel Marcellini, quien dijo que Haunque tenía bajo su mando a todos los PCI de la unidad.

* Y la indagatoria de Barcos, quien admitió que "Hauque era la persona a la cual reportaba sus actividades de PCI, que era el encargado de calle, que se comunicaba telefónicamente con él en el Destacamento de Inteligencia 122 y que coordinaba los encuentros". Y que Hauque desempeñó esa tarea "hasta el año 1978".

"Hauque cumplía funciones en el Destacamento de Inteligencia 122 contemporáneamente con Frillocchi y el hecho de que éste último trabajara bajo las órdenes del teniente coronel Antonio Ramón Ricciardi (quien sucedió a Marcellini, en 1978), no es óbice para que no haya conocido al mencionado Hauque", señaló el juez.
"Frillocchi también dijo que no conocía al capitán Domínguez, pero en su legajo personal surge que éste evaluó "sus condiciones morales, ideológicas y familiares" y lo consideró "apto" para ocupar el cargo de PCI. "La persona que Frillocchi dice no conocer" es la que después "conceptúa sus tareas", reveló el juez. Es más: "La Dirección General de Inteligencia al informar sobre las personas que revistaron como superiores del encartado, dice: ’el capitán Domínguez era el jefe del grupo en el que revistaba el causante (Frillocchi)".
Los responsables de evaluar a los PCI eran Hauque, Domínguez y el coronel Ricciardi, en ese orden. "Domínguez era el encargado inmediato de todo el personal civil de inteligencia, al menos en el año que menciona Frillocchi (1978), por lo tanto, "el imputado no puede desconocer a la persona que lo califica y más aún cuando se trata de las tareas que desempeñaba" en el Ejército, concluyó el juez.
22 de abril de 2011
21 de abril de 2011
©rosario 12