yo fui torturado por krassnoff

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Osvaldo Andrade: "Yo fui torturado por Krassnoff". Timonel PS manifestó su indignación por el homenaje al condenado represor, señalando que se trata de "un tipo que abusó brutalmente de los detenidos. Y no estoy diciendo cosas que me contaron".

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Santiago, Chile. Su repudio ante el homenaje realizado ayer en Providencia al condenado violador de derechos humanos Miguel Krassnoff, manifestó el presidente del PS Osvaldo Andrade, señalando que él fue torturado a manos del ex agente de la DINA.
"Yo soy parte de la lista de los que fueron torturados por Krassnoff y ver que se le rinde un homenaje me provoca pena, porque es un desmentir de un conjunto de hechos que son de toda evidencia y que la historia de este país ha logrado constituir como hecho que están fuera de discusión", indicó,
Asimismo, dijo sentir "una serena pero profunda indignación de que algunos estén negando esa evidencia y que con ciertos aires de frivolidad no le den relevancia a esto".
Recalcó que Krassnoff es "un tipo que tiene sobre sí asesinatos y  que abusó brutalmente de los detenidos. Y yo no estoy diciendo cosas que me contaron, yo la viví".
Añadió que resulta "cercano a la tontera y estupidez que haya algunos que hablen de la libertad de expresión. Por favor, si estamos hablando de un delincuente, francamente hay momentos que parece que volvemos atrás demasiado fuerte".
22 de noviembre de 2011
©la nación

condenados por asesinato de civiles

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Soldado es condenado por asesinato de civiles afganos -para divertirse.

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[William Yardley] Base Conjunta Lewis-McChord, Washington, Estados Unidos. El soldado acusado de ser el cabecilla de una unidad paria del ejército que asesinó el año pasado, para divertirse, a tres civiles afganos, crímenes que enfurecieron a líderes y campesinos afganos y repercutió en los más altos niveles de las fuerzas armadas estadounidenses, fue declarado el jueves culpable de todos los cargos.
El soldado, el sargento Calvin Gibbs, 26, de Billings, Montana, fue declarado culpable de tres cargos por homicidio, conspiración para cometer un homicidio, y otros cargos, entre ellos agresión contra otro soldado y cercenar dedos y un diente a uno de los [campesinos] muertos. Fue sentenciado a reclusión perpetua, pero podría pedir su libertad condicional en menos de diez años.
El fallo, entregado en un día de deliberaciones por una comisión de cinco miembros después de una corte marcial que sesionó nueve días en esta base militar a 72 kilómetros al sur de Seattle, fue una decisiva victoria para los procuradores del ejército, cuyo caso contra el sargento Gibbs se armó en gran parte con testimonios de otros soldados, incluyendo a muchos que se habían declarado culpables de los delitos. De los cinco soldados acusados en el caso por homicidio, tres se han declarado culpables, y uno de ellos, de homicidio.
El abogado del sargento Gibbs, Phillip Stackhouse, trató de convencer a la comisión de que dictara sentencias más leves, y que las versiones de los soldados eran contradictorias. Los procuradores del ejército dijeron que debido a que muchos de los soldados se habían declarado culpables de homicidio y otros cargos graves, no tenían motivos para mentir. "¿Hicieron todo eso para hundir a Gibbs?", preguntó el mayor Robert Stelle a la comisión durante su alegato final el miércoles. "Esto es ridículo. Es ridículo".
Considerando todo, los cinco soldados fueron acusados de asesinar a civiles en tres incidentes separados a principios del año pasado. Los soldados describieron repetidas veces al sargento Gibbs ideando "tramas" en las que la unidad falsificaba situaciones de combate haciendo detonar granadas o plantando armas cerca de sus víctimas. Dijeron que él incluso proporcionaba las armas y granadas para hacer creer que las víctimas estaban armadas. Algunos soldados se tomaron fotografías posando junto a los cadáveres y cercenaron parte de sus cuerpos para llevárselos como trofeo. El sargento Gibbs está acusado de cercenar los dedos de las víctimas, que más tarde utilizó para intimidar a otro soldado.
También le sacó un diente a un hombre, diciendo en la corte que había  "disociado" los cuerpos de su naturaleza humana, y que había extraído los dedos y el diente del mismo modo que se quitan las astas a un venado.
El sargento Gibbs dijo que se avergonzaba de haber extraído esas partes de los cuerpos, que estaba "tratando de ser duro, un individuo duro". Pero insistió en que la gente a la que asesinó había representado amenazas genuinas contra él y su unidad.
Los soldados eran miembros de la ex Quinta Brigada Stryker, Segunda División de Infantería, que se desplegó en 2009 en Afganistán desde su base. Pasaron la mayor parte del tiempo patrullando caminos y pequeños pueblos cerca de Kandahar, y algunos soldados dijeron que los asesinatos por diversión se produjeron debido a la frustración de la unidad que hacía tiempo que no entraba en acción.
El sargento Gibbs se unió a la unidad como jefe de grupo en el otoño de 2009, varios meses después del despliegue, después de servir previamente en Iraq. Medía 1.95 metros y sus compañeros soldados lo describieron como alguien con carisma e inteligente tácticamente. Mientras muchos miembros de la unidad admitieron que habían fumado hachís cuando salían de patrulla, el sargento Gibbs no fue acusado de consumir drogas.
Para enero de 2010, ya había ocurrido el primer asesinato. El siguiente ocurrió en febrero y el último en mayo. En todos los casos los asesinatos fueron descritos como situaciones de combate.
Aunque algunos acusados confesaron su participación e implicaron al sargento Gibbs desde que se iniciara la investigación en mayo de 2010, el sargento Gibbs declaró consistentemente que no era culpable, que todos los crímenes habían ocurrido en lo que él creía que eran situaciones de combate legítimas. "Ten esta palabra en mente: traición", dijo Stackhouse a la comisión, "porque lo que usted está viendo en este caso es la traición de un soldado".
El sargento Gibbs se quedó atónito, con la boca abierta, cuando se dio lectura al fallo.
Uno de los principales testigos contra él, el soldado raso Jeremy Morlock, se declaró culpable de los tres asesinatos en marzo y podría ser condenado a veinticuatro años de prisión. El especialista Adam C. Winfield se declaró -en agosto- culpable de homicidio en uno de los asesinatos y podría ser condenado a tres años de cárcel. El soldado raso Andrew Holmes se declaró -en septiembre- culpable de uno de los homicidios.
Muchos de los acusados, así como otro seis acusados de la unidad, se declararon culpables de otros cargos, incluyendo fumar hachís y agredir a un soldado, el mismo que finalmente llevó a los investigadores del ejército a descubrir los asesinatos.
El sargento Gibbs era el militar de más alto rango acusado en el caso. El comandante de la Quinta Brigada Stryker, el coronel Harry D. Tunnell IV, fue removido de su posición en el verano de 2010 después de que empezará la investigación de los asesinatos.
[Foto viene de El Blog de Forner].
22 de noviembre de 2011
10 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

citado por defender a cura demoníaco

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Citan al párroco de la catedral por defender a Eugenio Zitelli. Apoyó a un cura de pasado complicado. Fue durante una misa. Rosario/12 publicó las palabras del padre Giménez y ahora un fiscal quiere que declare en la causa Feced.

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[José Maggi] Argentina. El fiscal federal Gonzalo Stara pidió ayer que se cite a declarar al párroco de la Catedral de Rosario, Raúl Giménez, por las afirmaciones que hizo durante la misa del pasado viernes, en la que defendió la inocencia del sacerdote Eugenio Zitelli, quien se desempeñaba como capellán de la policía durante la dictadura militar. Las afirmaciones de Giménez fueron publicadas en la edición del domingo de Rosario/12 , basadas en una testigo directa: la periodista Susana Pozzi quien estaba en la iglesia madre de Buenos Aires y Córdoba durante la primera misa del día que tiene lugar entre las 8 y las 9 de la mañana. Stara elevó la demanda al titular del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, que entiende en la causa que se sigue por crímenes de lesa humanidad en la causa Díaz Bessone (ex Feced) y ordenó la detención de Zitelli, quien hasta hace solo unos meses estaba a cargo de la iglesia San Pedro de la vecina localidad de Casilda
"En el día de hoy, conforme con lo que habría manifestado Giménez, hemos solicitado al juez Bailaque que lo reciba antes posible para que de declaración testimonial para que de razón de los dichos que habría efectuado", señaló el fiscal Stara al programa "Trascendental" de LT8.
"En principio, aparentemente Giménez tendría algún tipo de información acerca de los hechos, acerca de Zitelli, acerca de los hechos por los que está citado Zitelli, y sobre su ajenidad en los hechos por lo que fue ordenada su detención", añadió el fiscal federal de la causa Díaz Bessone.
"Hemos pedido que se lo cite a declarar fundamentalmente para que de razón de sus dichos, no sólo sobre los hechos que se le imputan a Zitelli sino también sobre su participación en los mismos", ratificó el funcionario judicial, en relación con el pedido que presentó al juez Bailaque esta mañana.
Según el testimonio de Pozzi, "en el momento en que se piden las intenciones, un momento cúlmine de la celebración religiosa pues se consagran la sangre y el cuerpo de Cristo, el párroco de la Catedral Raúl Giménez pidió realizar una petición personal por mi querido amigo, un sacerdote que por estas horas está pasando momentos difíciles pues está siendo injustamente acusado de cosas que no cometió. Lo acusan de haber sido partícipe de torturas y violaciones cuando era capellán. Mi amigo sólo fue capellán, son mentiras todas esas cosas que se dicen por estas horas, no torturó ni avaló violaciones como dicen. Sólo por haber sido capellán lo están injuriando. También es mentira que esté detenido, pues por estas horas está en una casa de retiro que tenemos en Zavalla con una discreta vigilancia. Hablé con él y le dije que pediríamos por su alma. Se puso muy contento cuando se lo comuniqué. Pidamos por él". De esta forma el párroco cerró la petición el viernes a la mañana, sin nombrarlo, pero dejando absolutamente claro que se trataba de ex capellán de la policía rosarina durante la dictadura Eugenio Zitelli.
Conocidas las declaraciones el grupo UMANO (Unidos por la Memoria y Ante el Olvido) de Casilda calificó de "inadmisibles las expresiones que tuviera Giménez, a instancias de las "intenciones del rezo", ritual propio de la Misa Católica, quien a través de calificaciones falaces construyó una "verdad" basada en la tergiversación de lo Real. A Eugenio Segundo Zitelli lo imputó el Tribunal Federal Nº 4, por delitos de Lesa Humanidad, por haber sido pieza clave de una Estructura Delictiva cuyos fines eran el Secuestro, la Tortura, la Desaparición, la Violación y en la mayoría de los casos, el posterior asesinato de las personas detenidas en el SI durante la última dictadura".
22 de noviembre de 2011
©página 12

vecinos atacaron comisaría

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Un grupo atacó la municipalidad, tras el asesinato de un nene de 12 años. El chico fue asesinado en su casa, en apariencia, durante un robo. Hay dos sospechosos detenidos. Los vecinos organizaron una marcha, durante la cual un grupo apedreó la comisaría y la municipalidad. La policía tiró balas de goma.

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Argentina. Un chico de 12 años fue asesinado en Miramar, y una manifestación para pedir justicia por el crimen desembocó en una pedrea y vandalismo contra el edificio de la Municipalidad y represión con balas de goma. El niño, llamado Gastón Bustamante, murió asfixiado, y la principal hipótesis consiste en que, cuando estaba solo en su casa, entraron a robar: al descubrir su presencia y quizá porque conocía a los ladrones, éstos lo golpearon y terminaron matándolo. Hay dos sospechosos detenidos. Los vecinos convocaron a una marcha para pedir justicia pero, en su transcurso, un grupo de adolescentes apedreó el edificio comunal y algunos ingresaron a producir destrozos. La infantería policial bonaerense reprimió con balas de goma.
Pasadas las 21, empleados de la Municipalidad de Miramar se atareaban entre los escritorios caídos, las computadoras y los monitores derribados, procurando ordenar las oficinas del frente de la sede comunal. Quince minutos antes, todavía el cuerpo de Infantería de la Policía Bonaerense había disparado balas de goma contra los manifestantes –varios de ellos no aparentaban más que 14 o 16 años– que arrojaban piedras. La acción disuasiva más efectiva fue probablemente la de los vecinos mismos, que se acercaban uno por uno a los chicos para instarlos a que cesaran en la pedrea. Varios de los escudos de plástico de los guardias de Infantería –atrincherados en el local municipal– resultaron quebrados.
En realidad, los disturbios habían empezado ante la comisaría local, donde fueron apedreadas las puertas. Pero los mayores daños se produjeron en la Municipalidad. "Ninguno de los que tiran piedras es pariente de Gastón", sostenía una de las vecinas.
Según un funcionario policial, habría tres o cuatro efectivos con heridas –de poca consideración–, y también dos vecinos habrían sufrido lesiones. Cerca de las 21.30 se hizo presente en el lugar el comisario general Hugo Matzkin, superintendente de Seguridad de la Policía Bonaerense, que ingresó a la Municipalidad sin hacer declaraciones.
Patricio Hogan, intendente del partido de General Alvarado –que comprende a la ciudad de Miramar–, sostuvo que los de la pedrea "son activistas políticos, a los que llegué a identificar por la televisión. Los conozco, han militado en los partidos políticos. Las familias que realmente salieron a la calle para pedir justicia no son las que estuvieron en los disturbios".
Todo había empezado en la mañana de ayer. Minutos después de las diez, la mamá de Gastón Bustamante llamó a su marido para decirle que había encontrado al hijo de ambos muerto, junto a su cama, en la casa familiar de Calle 27, barrio Las Palmas, Miramar. La mujer había salido a hacer compras; el hombre, carpintero, estaba trabajando.
La autopsia, en la tarde de ayer, confirmó que el chico había sido golpeado y finalmente asfixiado, probablemente con una media. "Cuando el fiscal inspeccionó el lugar, acompañado por el padre de la víctima, resultó que faltaría algo de dinero, no más de 300 o 400 pesos, y que el televisor estaba movido, como si hubieran tratado de llevárselo –dijo a este diario una fuente judicial–; de todos modos, son datos preliminares, porque el padre y la madre estaban bajo una terrible crisis de nervios."
"No había motivo para dar muerte a un chico. Lo podrían haber reducido de otra manera, en lugar de golpearlo ferozmente y asfixiarlo con una media", exclamó, en la tarde de ayer, Rodolfo Moure, fiscal a cargo de la investigación. Su comentario abre en principio dos posibilidades: una es la pura irrupción de una brutalidad descontrolada; la otra es que Gastón hubiera reconocido a uno de los ladrones y ésa haya sido su reacción.
Dos hombres mayores de edad, que viven cerca de la casa de los Bustamante, fueron detenidos en la tarde: el fiscal procuraba establecer "si eran conocidos de la víctima", ya que "la principal hipótesis es que entraron a la casa pensando que no había nadie y se encontraron con el nene". Los accesos a la vivienda no habían sido forzados, y se supone que entraron por la puerta trasera, que habría estado abierta.
Temprano a la tarde, el intendente Patricio Hogan había dispuesto dos días de duelo en la ciudad de Miramar, ya que "un hecho de tal magnitud ha afectado no sólo a la familia y allegados al pequeño, sino a la sociedad miramarense en su conjunto".
Gastón cursaba el séptimo grado en la escuela El Principito y jugaba al fútbol infantil en la octava división del club Defensores de Miramar.
22 de noviembre de 2011
©página 12

230 femicidios en lo que va de año

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Se contabilizaron 230 femicidios en todo el país en los primeros diez meses del año. La cifra, obtenida por un relevamiento realizado por una ONG, representa un crecimiento del diez por ciento respecto del mismo período del año anterior. Además, 174 niños quedaron huérfanos como consecuencia de los femicidios.

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[Mariana Carbajal] Argentina. María Laura Córdoba tenía 20 años y vivía en Villa Hipólita, provincia de Santiago del Estero. El 1º de enero de este año la asesinaron a golpes de puño y puntapiés. La ataron a un árbol y la quemaron con un hierro caliente. Como culpable del feroz ataque fue acusado su novio, quien fue detenido. El hombre, de 32 años, tenía denuncias previas por malos tratos y amenazas de muerte. El femicidio de María Laura es el primero registrado en 2011. Pero la lista es extensa. Hasta el 31 de octubre, el Observatorio de Femicidios en Argentina de La Casa del Encuentro contabilizó 230 femicidios de mujeres y niñas, un diez por ciento más que en el mismo período del año anterior. En la mayoría de los casos se señala como presunto agresor al marido, o novio y en segundo lugar, a una ex pareja. Este año, la ONG sumó una estadística que pone en primer plano otra cara de la tragedia de la violencia machista: 174 hijos e hijas menores de edad quedaron huérfanos por los femicidios. En la semana del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora el viernes, el relevamiento apunta a reflexionar sobre el grave problema social que significa la violencia de género en el país.
"El término femicidio es político, es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista. El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad", destacó Ada Beatriz Rico, coordinadora del Observatorio.
En los primeros diez meses de 2010, el Observatorio detectó 208 femicidios. La ONG incorporó otra categoría para dar cuenta de la magnitud del impacto de la violencia machista y agregó los "femicidios vinculados", donde registran las muertes de niñas y niños asesinados por el mismo agresor que termina con la vida de sus madres. "Partimos del análisis de las acciones del femicida, para consumar su fin: matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce la dominación", señaló Ada Beatriz Rico, coordinadora del Observatorio. En la mayoría de los casos, el agresor es el propio padre de los chicos o su padrastro, y se dan en un escenario de violencia doméstica. Como se presume que ocurrió el asesinato de Tomás Dameno Santillán, en Lincoln, donde el único imputado es la ex pareja de su madre, Susana Leonor Santillán. Entre enero y octubre del año pasado, hubo al menos cuatro niños y cuatro niñas asesinados por su padre o padrastro. En el mismo período de este año, la cifra trepó a 16 –siete niñas y nueve niños, de entre tres meses y 12 años–, tal como reveló el sábado Página/12.
"Es necesario considerar la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos. De esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata", consideró Fabiana Tuñez, titular de La Casa del Encuentro.
De los 230 femicidios registrados hasta el 31 de octubre de 2011, 88 fueron ejecutados por el marido, pareja o novio de la víctima; y 49 por su ex pareja.
La vivienda que compartían con el atacante o en la que vivía la mujer fue el lugar más habitual del femicidio. El último hecho registrado en este nuevo informe tuvo lugar el 30 de octubre: Lucía Castro tenía 41 años y vivía en el Barrio Los Fresnos, de la ciudad de Córdoba. La asesinaron a puñaladas. El culpable habría sido su pareja, Juan Velázquez, de 50 años, quien tras cometer el crimen se suicidó. El hecho sucedió en la vivienda que compartían.
El informe subraya que en al menos 26 casos había denuncias previas por malos tratos, y en tres, se le había dictado al agresor la exclusión del hogar, con prohibición de acercarse a la mujer. Ocho de los atacantes eran integrantes de fuerzas de seguridad. Ocho de las víctimas se presume que se encontraban en situación de prostitución o trata. Como no hay estadísticas oficiales, la ONG realiza el registro de los femicidios a partir de los casos que se publican en las agencias de noticias y en 120 diarios de distribución nacional y provincial.
"Con este Informe de Investigación, estamos solicitando y remarcando la necesidad de que haya estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres y una mayor cantidad de hogares-refugios para las víctimas, con una asistencia interdisciplinaria, desde una perspectiva de género; que se intensifiquen las campañas de prevención e información, además de una reforma legal que le quite automáticamente la patria potestad al femicida, y se asigne un subsidio habitacional y de alimentación para las víctimas", enumeró Tuñez, entre otras medidas que reclaman desde La Casa del Encuentro.
22 de noviembre de 2011
©página 12

murió margaret field o'mahoney

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Actriz. Abandonó su carrera actoral para dedicarse a sus hijos, incluyendo a Sally Field.Trabajó en numerosas series de televisión, como 'Bonanza' y 'Dimensión desconocida'.

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Murió el domingo en su casa en Malibu después de una lucha de seis años contra el cáncer, la actriz Margaret Field O’Mahoney, la que abandonó su carrera cinematográfica para criar a sus hijos, entre ellos Sally Field -informó su agente Heidi Schaeffer. Tenía 89 años.
Usando su nombre profesional, Margaret Field, tuvo varios roles secundarios en una serie de películas de fines de los años cuarenta y cincuenta y fue la actriz protagonista de la película de suspenso de ciencia ficción ‘El ser del planeta X’ [The Man From Planet X]. Apareció en decenas de series de televisión en los años cuarenta y cincuenta, incluyendo ‘The Gene Autry Show’, ‘Bonanza’, ‘Perry Mason’, ‘Dimensión desconocida’ [The Twilight Zone; En los límites de la realidad] y ‘Yancy Derringer’, que la que el actor protagonista fue el actor y doble Jock Mahoney.

Nació el 10 de mayo de 1922 en Houston, se mudó a Pasadena durante la Segunda Guerra Mundial y firmó un contrato con Paramount Pictures. Ella y su primer marido, Richard Dryden Field, tuvieron dos hijos. Después de su divorcio en 1950, se casó con Mahoney, con el que tuvo otra hija, Princess.
Finalmente Margaret se retiró de la actuación para dedicarse a sus hijos. En sus últimos años vivió con su hija Sally, actriz que recibiría dos veces un Oscar por su ‘Norma Rae’ y ‘En un lugar del corazón’ [Places in the Heart].
22 de noviembre de 2011
9 de noviembre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

el corredor de la muerte en pensilvania

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Muchos casos capitales se prolongan indefinidamente porque los jurados se resisten a dictar pena de muerte. El estado debería simplemente abolir el castigo capital.

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Pensilvania ocupa uno de los primeros lugares entre los estados que dictan sentencias de muerte y uno de los últimos en implementarlas: hoy hay 208 hombres y mujeres en el corredor de la muerte, pero desde 1999 no se ha ejecutado a nadie; desde que se reintrodujera la pena de muerte en 1976, sólo tres personas han sido ejecutadas.
El número de ejecuciones, sin embargo, no debería ocultar el fracaso de la justicia en los casos capitales del estado. De las 391 sentencias capitales desde 1976 en el estado, informó el Philadelphia Inquirer esta semana, al menos 125 han sido revocadas o reenviadas a nuevas audiencias en las cortes de apelaciones federales y del estado debido a graves errores cometidos por los abogados.
Estos desastrosos hechos muestran vívidamente que la pena de muerte no puede satisfacer normas constitucionales. Entre los fracasos más notorios del estado está el hecho de que en casos capitales no está brindando una defensa adecuada. Los abogados asignados por el gobierno son tan mal pagados que pocos de ellos están dispuestos a aceptar estos casos tan extremadamente difíciles. Filadelfia paga sólo dos mil dólares por preparar un caso y cuatrocientos dólares por el juicio. En la ciudad, donde se han revocado o reenviado 69 casos, menos de treinta de los trece mil abogados del colegio están dispuestos a encargarse de ellos. Algunos abogados son asignados a casos capitales incluso cuando son vergonzosamente ineptos e incluso cuando han sido sancionados por ello por la comisión de disciplina del estado. Las bajas tarifas crean una "presunción de inoperancia", dijo un grupo de abogados a la Corte Suprema de Pensilvania.
La mayoría de los casos de pena de muerte pendientes en Pensilvania se remontan a más de diez años debido a que los jurados están cada vez más reluctantes a dictar la pena capital. En lugar de esta abolición de facto, el estado debería aprobar la ley propuesta en marzo para poner fin a la pena de muerte. No hay argumento válido a favor de mantener el sistema capital que es primitivo, arbitrario y caro.
22 de noviembre de 2011
28 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

el problema con los autores directos

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Debate sobre las dificultades que enfrenta la justicia para acusar por homicidio a los responsables materiales. Los juicios orales por violaciones a los derechos humanos intentan avanzar sobre los represores que actuaron directamente sobre las víctimas. La ausencia de pruebas y los diferentes criterios de los jueces. El caso del Hospital Posadas.

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[Alejandra Dandan] Argentina. El Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires decidió no aceptar un pedido de la fiscalía para acusar por dos homicidios a tres represores de los grupos de tareas del Hospital Posadas. El pedido se sostenía en las pruebas de los asesinatos de dos víctimas: Jacobo Chester y Jorge Mario Roitman. El cuerpo de Chester apareció flotando en el Río de la Plata seis días después del secuestro; el de Roitman permanece desaparecido, pero dos sobrevivientes del espacio que funcionó como centro clandestino volvieron a relatar, en el juicio oral, cómo fue asesinado. El fiscal Javier de Luca criticó la decisión del Tribunal, porque sostiene que es una interpretación "anacrónica". Pero en realidad el tema tiene más de una veta de discusión y hace foco en una de las dificultades que afrontan las causas de lesa humanidad cuando avanzan no sólo sobre la responsabilidad de los llamados "autores mediatos" –jefes y subjefes de la represión–, sino especialmente sobre los "autores directos": los hombres que estuvieron adentro de los campos, cuerpo a cuerpo con los detenidos desaparecidos.
Una de las características de esta nueva etapa de juicios orales por violaciones a los derechos humanos es el tipo de autor que se juzga. No son sólo los responsables emblemáticos de la represión, como Jorge Videla o Reinaldo Bignone, sino también quienes quedaron sin condenas por las leyes de impunidad: jefes intermedios y personas que integraron los grupos de tareas, quienes estuvieron como celadores, torturaron, ubicaron a las personas en las filas de los llamados traslados o perpetraron otros delitos.
Todos ellos llegan al juicio oral acusados de distintas maneras. Luego de atravesar una primera etapa que es la instrucción, todos llegan en general acusados por privación ilegal de la libertad y tormentos. Pero, aun ante la existencia de pruebas, no todos llegan acusados por homicidios. Incluso podría decirse que son muy pocos los "autores directos" que, comparativamente, logran ser imputados y luego acusados por homicidios.
Un reflejo de esa situación fue el caso de los crímenes cometidos en el centro clandestino del Vesubio, que terminó a mediados de julio de este año: ocho acusados, tres de ellos militares y cinco del Servicio Penitenciario. Los militares eran los hombres de mayor jerarquía y aparecían como autores mediatos. Los otros fueron quienes estuvieron cuerpo a cuerpo con las víctimas y fueron presentados como autores directos. Los primeros fueron acusados y condenados por homicidios (menos uno, que murió al final del juicio), pero los otros no.
¿Cual es el problema? Uno de los problemas podría compararse con lo que el Equipo Argentino de Antropología Forense llama el "doble estándar" de la lógica represiva. Ellos se refieren a los mecanismos por los cuales la máquina de la represión, por un lado, hacía desaparecer a las víctimas y, por el otro, arrojaba a algunos cuerpos en algún camino, donde otras fuerzas de seguridad terminaban recogiendo los cadáveres, tomaban las huellas digitales y lo enterraban como NN.
Hoy la Justicia que avanza con las procesos, pero con una lógica penal de construcción de la prueba sobre los autores directos que, a más de 35 años de hechos fundados justamente en la desaparición de cuerpos y de huellas, genera un juego en ocasiones absurdo.

La Primera Etapa
Las causas tienen dos partes: la etapa de instrucción y el juicio oral. Una de las megacausas de la ciudad está radicada en el juzgado de Daniel Rafecas y la fiscalía de Federico Delgado. Tienen las causas del Primer Cuerpo del Ejército, de la que se desprendieron los innumerables juicios orales que se vienen haciendo en Capital, divididos en general por centros clandestinos.
Rafecas admite responsabilidades de homicidio para los jefes y cuadros intermedios, enrolados en la lógica de la autoría mediata: la idea de que son responsables porque de ellos dependieron las órdenes o que formaron parte de la organización criminal. Ahora bien, es restrictivo con las acusaciones de los autores directos. Cree que no está probado que todos hayan participado de los llamados "traslados" o hayan intervenido en las desapariciones y exterminios. Sobre la base del caso policial, que pide conectar materialmente causa y efecto, sólo acusa cuando todo corrobora la existencia de tal acto. Para los fiscales, el criterio es conservador y muy problemático. Félix Crous dice que Rafecas "entiende que cada uno de los autores es responsable por lo que hizo personalmente y no por la cuestión sistemática".
Uno de los factores que Rafecas no parece tomar en cuenta podría funcionar como un atajo entre una y otra vía: la figura de la coautoría. La abogada Ana Oberlín señala que, además de la tesis de autoría mediata, "se puede utilizar la teoría de la coautoría: esto quiere decir que todos son autores del total del plan, más allá de su participación concreta. O sea, no sólo debe responder quien dispara, sino quien mantiene secuestrado, quien da la orden, todos en pie de igualdad, porque sin sus aportes parciales el total del accionar delictivo no hubiera podido cometerse. Esto es importante porque salva un poco la discusión sobre qué elementos se necesitan para acusar por autoría directa y por mediata. En la coautoría, todos son autores porque todos tuvieron un rol y un papel sin el cual los delitos no hubieran ocurrido".
Pero como el criterio de algunos jueces es distinto, la decisión de no acusar por homicidios en la instrucción tiene un peso determinante en la etapa oral. El juez Sergio Torres, a cargo de las causas de la Marina, tiene en ese sentido un criterio parecido al de Rafecas, pero deja abierta la posibilidad de presentar las cosas de otra manera en el juicio oral. Por el tipo de estructura jurídica nacional, el peso de la instrucción y su historia determina el resto del avance de la causa. Por lo que se llama "principio de congruencia" nadie puede ser acusado en la etapa oral por un delito distinto del que se lo acusó en la etapa de instrucción. Si en instrucción a una persona le imputan privación ilegal y tormentos, no puede ser luego acusada por homicidio. Entre otras razones, para proteger su derecho a defenderse. Este es en este momento uno de los puntos de tensión.
El otro aparece al intentar resolver ese tema. La "congruencia" admite excepciones: la acusación puede cambiar de una a otra etapa si "surge" un nuevo elemento de prueba; si hay datos que marquen que es un delito continuado con el anterior o por la incorporación de un agravante. Qué significan esas condiciones, o cómo las interpretan defensas y fiscales, son otros puntos que se vuelven terreno de batalla en las salas de audiencia.
¿Cómo se prueba un homicidio? Los juristas suelen separar "el cuerpo del finado" del "cuerpo del delito". En el país de los desaparecidos, sólo es posible acusar a los represores por homicidios cuando hay pruebas materiales de que la persona está muerta. Uno de los principales caminos de reconstrucción de pruebas lo abrió la política de identificación de personas del Equipo Argentino de Antropología Forense. Esos cuerpos aparecidos son parte de la base probatoria más importante en la mayoría de las causas. Otro camino es el relato de los testigos-sobrevivientes de los centros clandestinos que pueden contar cómo vieron muerto a un compañero.
Los problemas van desde cómo se construye esa prueba 35 años después hasta que, aún existiendo, el juez puede decidir no usarla, o cómo se hace para modificar eso en el tramo oral, o por qué los jueces de esos tribunales tienen distintos criterios para interpretar qué son "excepciones" a la congruencia.

Posadas
El caso del Hospital Posadas sirve de ejemplo para mostrar algunas de esas cuestiones. Chester era un técnico en estadísticas y secretario administrativo de la guardia del hospital. Lo secuestraron el 26 de noviembre de 1976, su cuerpo apareció flotando en el río seis días más tarde. La familia recibió un año después un certificado de defunción y más tarde tuvo la posibilidad de identificar el cadáver. Desde el Juicio a las Juntas se acusó a los jefes por su homicidio. El problema es que, en este nuevo tramo que juzga a los integrantes de la patota, nadie los acusó por esa muerte.
El caso de Roitman es distinto. Era un médico del Posadas secuestrado el 2 de diciembre de 1976 en su casa de Ramos Mejía y trasladado al Chalet, el centro clandestino del lugar. El permanece desaparecido, pero dos sobrevivientes fueron testigos del momento de su muerte, así lo vienen diciendo desde que quedaron liberados. Y volvieron a repetir en el juicio cómo vieron que lo "empalaban", una tortura en la que "es imposible la supervivencia", dijeron los fiscales.
Los fiscales no entienden, primero, por qué con esos datos la instrucción no elevó las causas por homicidio. Y segundo, por qué el Tribunal no se apartó de esa decisión y tomó un camino alternativo.
Para el fiscal De Luca la instrucción tenía desde el comienzo el cuerpo de Chester para imputar por homicidio a los integrantes de la patota. No lo hizo, a lo mejor porque el cuerpo apareció en el río y en la lógica de Rafecas faltó la conexión con el centro clandestino. Para hacerlo reingresar en la etapa oral bajo alguno de los caracteres aceptados como excepción, De Luca presentó su muerte como una "continuación" del delito anterior. Los jueces no aceptaron.
En el caso de Roitman los sobrevivientes vienen diciendo desde siempre que vieron el momento de su muerte dentro del centro: vieron cómo se les fue en la tortura. La causa no se instruyó con la acusación de homicidio para los autores directos ni en el carácter de coautores. De Luca buscó hacer reingresar el tema de manos de las sobrevivientes, que agregaron nuevas pruebas sobre cómo fue su muerte y las torturas. El tribunal tampoco aceptó.
Los fiscales tienen ahora dos caminos. Ir a Casación o buscar el modo de dejar planteada de alguna manera la acusación por los homicidios en los alegatos del final del juicio. El Tribunal Oral Federal 2 está integrado ahora por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Luciano Gorini y Pablo Bertuzzi. Giménez Uriburu era secretario del TOF 2 en el momento del juicio por los crímenes en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Bertuzzi y Uriburu vienen de juzgar los delitos del Vesubio. La imputación por homicidio estaba dirigida a dos hombres de la patota: Luis Muiña y Argentino Ríos, que en este momento está mal del corazón y a punto de quedar fuera de la causa. También apuntaban al ex brigadier Hipólito Mariani.
"Nosotros citamos jurisprudencia del mismo tribunal", dice De Luca. "Es como un retroceso en la interpretación del Código, hace diez años que soy fiscal de estos juicios, nos quedamos muy sorprendidos, han hecho una lectura anacrónica, respondieron con un Código procesal comentado y nosotros estamos hablando de lesa humanidad, de fallos de la Corte Suprema y jurisprudencia internacional. A mi modo de ver no tienen argumentos para impedirnos ampliar el hecho."
Además, dice Oberlín, "en los casos en los que no se hallaron los cuerpos y tampoco hay testigos vivos existen jurisdicciones que llevan adelante investigaciones y juicios orales por homicidios, porque el paso del tiempo sin que la persona aparezca con vida, sumado a las condiciones represivas que se vivieron en este país y determinaron que el destino final de los desaparecidos sea la muerte, no hay dudas de que los asesinatos existieron".
21 de noviembre de 2011
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