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quién es usted


¿Piensa usted lo que usted cree que piensa?
[David Brooks] Daniel Kahneman pasó parte de su infancia en París cuando la ciudad estaba ocupada por los nazis. Como otros judíos, tuvo que llevar la Estrella de David en la parte exterior de su ropa. Un día, cuando tenía siete años, se quedó hasta tarde en casa de un amigo, más allá del toque de queda de las seis de la tarde. Dio vuelta el suéter para ocultar la estrella y trató de volver a casa. Un soldado de las SS se acercó a él en la calle, lo cogió y le dio un largo y emotivo abrazo. El soldado le mostró la foto de su propio hijo, habló apasionadamente de lo que mucho que lo había extrañado y le dio a Kahneman algo de dinero como un obsequio sentimental. Kahneman estaba aterrado con la idea de que el soldado SS pudiera ver la estrella amarilla que asomaba por su suéter.
Finalmente Kahneman logró llegar a casa convencido de lo compleja y bizarra que era la gente. Después de la guerra se convirtió en uno de los psicólogos más influyentes del planeta y recibió el premio Nobel en economía.
En realidad, Kahneman no cuenta ese relato de infancia en su libro. ‘Thinking, Fast and Slow’ es un libro de memorias intelectual, no personal. El libro, sin embargo, será con toda seguridad un importante evento intelectual porque resume magníficamente la investigación de Kahneman, y el inmenso alijo de trabajos que ha provocado.
Me gustaría usar esta columna no para resumir el libro, sino para describir lo que creo que será la razón por la que Kahneman y su colega investigador, el difunto Amos Tversky, serán recordados durante cientos de años, y señalar cómo su trabajo ha ayudado a impulsar un cambio cultural que ya está produciendo asombrosos resultados.
Antes de Kahneman y Tversky, los que pensaban en problemas sociales y la conducta humana tendían a asumir que somos, la mayor parte del tiempo, agentes racionales. Asumían que la gente controla las partes más importantes de su propio pensamiento. Asumían que las personas buscan básicamente maximizar sus utilidades y que cuando se desvían de la razón es porque alguna pasión, como el temor o el amor, ha distorsionado su juicio.
Kahneman y Tversky hicieron experimentos. Demostraron que la conducta humana actual a menudo se desvía de los viejos modelos y que los defectos no se encuentran simplemente en las pasiones sino en la maquinaria cognitiva misma. Demostraron que la gente depende de prejuicios inconscientes y reglas generales para explorar el mundo, para bien o para mal. Muchos de estos prejuicios se han hecho famosos: estímulos o preferencias, esquematización y aversión a la pérdida.
Kahneman incluye algunas encantadoras ilustraciones recientes de obras de otros investigadores. [...] Las comisiones de libertad condicional israelíes aprueban cerca del 35 por ciento de las peticiones de los reos cuyos casos revisan, excepto cuando oyen un caso después de comer, durante una hora. En esos casos, otorgan el beneficio de la libertad condicional en un 65 por ciento de las veces. Los compradores adquirirán más latas de sopa si colocas un letrero arriba que diga: "Sólo 12 por cliente".
Kahneman y Tversky no eran dados a las afirmaciones generales. Pero el trabajo que hicieron, ellos y otros, condujo a la revaloración de varias ideas antiguas:

Somos pensadores duales. En nuestra mente tenemos dos sistemas interrelacionados. Uno es lento, deliberado y arduo (nuestro raciocinio consciente). El otro es rápido, asociativo, automático y flexible (nuestro reconocimiento de esquemas inconsciente). Ahora se libra un nuevo y complejo debate sobre las fortalezas y debilidades relativas de estos dos sistemas. En términos populares, lo veo como el debate entre ‘Moneyball’ (revisa los datos) y ‘Blink’ (sigue tu intuición).
No somos pizarras en blanco. Todos los humanos compartimos conjuntos similares de prejuicios. Existe eso que llamamos naturaleza humana. El truco consiste en entender los universales y la manera en que nos contienen.
Somos jugadores en un juego que no entendemos. La mayor parte de nuestro propio pensamiento está por debajo de la conciencia. Hace cincuenta años, la gente asumía que éramos capitanes de nuestras propias naves, pero, de hecho, nuestra conducta es a menudo gatillada por contextos de modos que no podemos ver. Nuestros prejuicios nos llevan a querer frecuentemente las cosas equivocadas. Nuestras percepciones y recuerdos son resbaladizos, especialmente sobre nuestros propios estados mentales. Nuestro libre albedrío está limitado. Tenemos mucho menos control de nosotros mismos de lo que pensamos.
Esta investigación arrojó una versión diferente de la naturaleza humana y un conjunto diferente de debates. El trabajo de Kahneman y Tversky ha sido crucial para entender el modo en que nos vemos a nosotros mismos.
También idearon modos para reconocer nuestros defectos. Kahneman fue pionero de la idea de la "colaboración adversa" -cuando, estudiando algo, se trabaja con personas con las que no estás de acuerdo. Tversky tenía una máxima: "Tomemos los que nos entrega el terreno". No te sobrepases. Entiende lo que ofrecen las circunstancias.
Mucha gente está explorando la tierra incógnita interior. Kahneman y Tversky son como el Michael Lewis y el Steven Clark de la mente.
18 de noviembre de 2011
20 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

capellán zitelli se negó a hablar


Se abstuvo de declarar ante Bailaque. El ex capellán de la Policía eligió abstenerse a declarar sin contestar preguntas. Zitelli presentará un escrito a través de su abogado. Implicado en un homicidio. En tanto Corrales, quien fuera secretario del jefe de Policía, Agustín Feced, fue declarado prófugo de la justicia.
[José Maggi] Argentina. El ex capellán de la policía rosarina durante la dictadura, Eugenio Zitelli, se negó ayer a declarar frente al juez federal Marcelo Bailaque quien lo había citado para tomarle declaración indagatoria por una serie de delitos de lesa humanidad. En tanto ayer se le notificó al fiscal federal Gonzalo Stara que Ricardo Corrales, quien fuera secretario del jefe de Policía, Agustín Feced, fue declarado prófugo de la justicia ya que hace cinco meses dejó el departamento que habitaba (Paraguay 1440 2 C). Estaba citado para declarar como "testigo" en el marco de la causa Díaz Bessone.
El sacerdote Zitelli se presentó ayer a las 11 en los tribunales de Oroño al 800 y al someterse al cuestionario del magistrado eligió el derecho de abstenerse a declarar, puesto que presentará un escrito por medio de su representante legal. El fiscal Stara, quien había solicitado su comparencia, explicó que "se le atribuyeron una serie de hechos como privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos agravados, formar parte de una asociación ilícita más conocida como la Patota de Feced y un homicidio", tras lo cual el párroco "realizó una breve manifestación y eligió abstenerse a declarar sin contestar preguntas".
Según el fiscal que investiga la causa Feced, el asesinato que se le atribuye a Zitelli es el de Eduardo Bracaccini, un casildense secuestrado y torturado durante la última dictadura, cuya acta de defunción figura "muerte por enfermedad cuando en la misma dictadura sostuvieron que cayó en un enfrentamiento en Alvear, mecánica que utilizaba la dictadura para fraguar asesinatos", precisó Stara.
Hasta hace solo unas semanas atrás el sacerdote se desempeñaba en la iglesia San Pedro de la ciudad de Casilda, y de 1964 a 1983 ofició como capellán en la sede de la Unidad Regional II de policía de Rosario.
Zitelli había sido visto en numerosas oportunidades en el Servicio de Informaciones, ubicado en la intersección de Dorrego y San Lorenzo del edificio de la jefatura, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.
El cura fue denunciado por ex detenidos de haber estado presente en sesiones de tortura y entrevistas que se efectuaban en el Servicio de Informaciones y sería el primero que está involucrado en una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en tiempos del terrorismo de Estado en jurisdicción del Comando del II Cuerpo.
A su vez, organismos de derechos humanos, concejales, diputados y representantes gremiales de Casilda, junto a víctimas de la última dictadura militar, habían solicitado en varias oportunidades que se investigue el accionar del actual cura párroco.
Zitelli es considerado como una pieza importante para descubrir el funcionamiento y sostén de los mecanismos ilegales de represión que se desarrollaron a partir de 1976 en la región.
Con respecto al otro protagonista de la jornada, Corrales, ayer el fiscal federal repitió que "de su legajo personal, se desprende que con anterioridad a ejercer la jefatura de la secretaría privada, se desempeñó en la División Investigaciones, tanto en el servicio de calle, como en Leyes Especiales". Por tanto, al momento del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, momento en el cual, según la declaración del propio Feced, el Comandante del II Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, ordenó el comienzo de las operaciones contra la subversión en Rosario, Corrales no sólo ocupaba la jefatura de la secretaría privada, sino que contaba con amplia experiencia sobre todo lo concerniente al tema de "inteligencia".
El 28 de junio pasado y a pedido de la defensa de la Patota de Feced, Corrales hizo una declaración sobre su rol "burocrático" en la Policía, contra la posición del fiscal Gonzalo Stara quien sostuvo que Corrales había participado "en la perpetración de los delitos cometidos en el marco de un plan criminal". Stara le había pedido entonces a Bailaque que ordenara la indagatoria de Corrales, por más de un centenar de secuestros y tormentos, y más de una veintena de homicidios ocurridos en el ámbito del Servicio de Informaciones, por entender que integraba el grupo de tareas conformado y comandado por Feced. Ahora está prófugo.
18 de noviembre de 2011
©rosario 12

una ayuda para astiz


Los archivos de la dictadura brasileña.
[Darío Pignotti] Brasilia, Brasil. La dictadura brasileña sabía que Alfredo Astiz era buscado por la Justicia francesa por el asesinato de dos monjas, pero aun así realizó gestiones ante Gran Bretaña para su repatriación en 1982, reveló Folha de São Paulo. "Me parece importante que se haya publicado información sobre cómo Brasil intercedió a favor de Astiz, y es fantástico que yo venga a saberlo el mismo día que aguardamos su sentencia en Buenos Aires", por la causa ESMA, dijo Juan Gelman por teléfono desde México el miércoles pasado. El Palacio de Itamaraty fue informado por su embajada en Londres de que Astiz era requerido por los jueces de Francia y Suecia, pero eso no frenó la presión para que sea liberado, lo cual finalmente ocurrió en un avión que antes de aterrizar en Buenos Aires hizo escala en Río y a bordo del cual viajó un diplomático brasileño.
Telegramas del Servicio Exterior de 1982, desclasificados por el gobierno de Rousseff, reflejan el empeño con que el embajador brasileño en Londres, Roberto Campos, amigo del entonces canciller argentino Nicanor Costa Mendes, trabajó por la libertad/impunidad de Astiz, prisionero de las fuerzas británicas tras rendirse en las Georgias del Sur.
Hasta hoy, el relato oficial sobre la solidaridad brasileña con los generales y almirantes argentinos durante la guerra de Malvinas soslayó que, bajo el repentino antiimperialismo del dictador Figueiredo, quien durante años comandó los servicios de Inteligencia, se escondía la solidaridad entre los camaradas de la guerra sucia transnacional.
Como explica Martín Almada, a partir de los años ‘80 entró en acción una "fase nueva del Cóndor", que entre otras tareas se abocó a dar cobertura a los asesinos requeridos por la Justicia", y así fue como varios represores argentinos huyeron a Brasil y Paraguay en los años ‘80, algunos alegando ser perseguidos políticos de la democracia.
La recopilación de una decena de cables secretos generados por la embajada de Brasil en Buenos Aires, entre 1975 y 1978, ilustra sobre los contactos con altos mandos militares en los que se exhiben coincidencias en la necesidad de actuar conjuntamente contra la "subversión". Se observa en esos documentos, hasta hace poco tiempo secretos, una recurrente mención a la Marina y consideraciones elogiosas sobre Eduardo Massera, como lo muestra el "telegrama confidencial urgente" del 27 de julio de 1977.
Allí se habla de un supuesto viaje de Massera a Río de Janeiro como parte de su agenda diplomática personal y la influencia del marino en la política externa de la dictadura, la cual estuvo marcada por la aproximación con Brasilia. El ex prisionero de la ESMA, Víctor Basterra, declaró a este diario que tuvo conocimiento del enlace entre ese centro de detención clandestino de la Armada y los servicios brasileños. Basterra, quien realizó un extraordinario trabajo de contrainteligencia sobre la represión durante sus años de cautiverio, recuerda que en la ESMA fue obligado a montar afiches con las fotos de Juan Gelman y el cura Jorge Adur, desaparecido en 1980, los cuales fueron enviados a la frontera con Brasil.
La cooperación entre la ESMA y los organismos represivos brasileños se prolongó por lo menos hasta noviembre de 1982, "esto me consta, estoy seguro de que fue así", afirma el ex prisionero político luego de citar fechas y nombres con una precisión que asombra.
El testimonio de Basterra y los telegramas enviados desde la embajada de Londres no dejan dudas de que Brasilia estuvo envuelta en el Plan Cóndor, en los planos represivo y diplomático hasta 1982. La participación comenzó pocos días antes del golpe, el 18 de marzo de 1976, cuando fue secuestrado el pianista Francisco Tenorio Cerqueira Santos, que había participado en un concierto ofrecido en el Gran Rex por Vinicius de Moraes y Toquinho. La historiadora Janaína Teles cuenta con pruebas incontrastables, fechadas el 20 y 25 de marzo de 1976 (habrían sido presentadas ante la Justicia argentina), sobre la complicidad entre el régimen brasileño y la ESMA en ese crimen. Se trata de dos notas enviadas a la embajada de Brasil, firmadas por Jorge "Tigre" Acosta, las cuales hacen referencia a la detención y posterior muerte del pianista.
[Foto viene de Sendero del Peje.]
18 de noviembre de 2011
©página 12

brasil busca su verdad


Sancionan la ley para investigar los crímenes de la última dictadura. Brasil comienza a buscar su verdad. Investigar los crímenes del terrorismo de Estado es prioritario para la política de derechos humanos del gobierno de Dilma, quien sufrió sus efectos durante los dos años en que estuvo presa y sometida a torturas.
[Eric Nepomuceno] Río de Janeiro, Brasil. Todo fue preparado para una sesión solemne. La invitación al acto, expedida por la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, recuerda que la sanción de la ley que crea la Comisión de la Verdad, por parte de Dilma Rousseff, "significa la consolidación de la democracia y de los derechos humanos", y que se trata de "un momento histórico".
Así que hoy, día de la sanción, momento histórico, Dilma cumple con lo que prometió el 1o de enero, cuando asumió la presidencia. Investigar los crímenes del terrorismo de Estado es una de las prioridades de la política de derechos humanos del gobierno de quien sufrió directamente sus efectos, durante los dos años en que estuvo presa y sometida a torturas de todo tipo. Pero se trata de algo más complejo. Se investigarán crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura que sojuzgó al país entre 1964 y 1985, pero ese terrorismo de Estado quedará impune. Asegurar esa impunidad fue condición impuesta por los militares para que hubiese acuerdo con su antecesor, Lula da Silva. Y Lula, quizá el presidente con mayor respaldo popular de la historia de Brasil, se tragó esa imposición.
También hoy se espera que Dilma anuncie los nombres de los siete miembros que integrarán la comisión. Hay expectativa en relación con esa lista. Acorde a los términos que Dilma sancionará serán brasileños, "de reconocida idoneidad y conducta ética, identificados con la defensa de la democracia y de la institucionalidad constitucional, como con el respeto a los derechos humanos".
Esa obviedad –¿alguien pretendería nombrar a brasileños de reconocida conducta inmoral e identificados con la agresión a la democracia para semejante tarea?– le fue impuesta por el sector más derechista del Congreso, no por casualidad heredero de la dictadura. Ha sido una forma de impedir que quienes hayan participado de la lucha por la amnistía o que hayan defendido la revisión de la ley que aseguró impunidad perpetua para los represores (una aberración jurídica, bajo la luz de acuerdos internacionales firmados por Brasil) sean llamados para investigar el terrorismo de Estado. Queda abierta la posibilidad de que los sectores más recalcitrantes de las fuerzas armadas, a través de sus propuestas en el Congreso, traten de vetar a quien no sea considerado, bajo su óptica peculiar, imparcial.
En los últimos días, grupos de defensores de los derechos humanos y de familiares de víctimas de la represión elaboraron una lista de nombres, que ha sido formalmente enviada al despacho de Dilma, como sugerencia para el nombramiento de la Comisión de la Verdad. Hay juristas, altos funcionarios del Poder Judicial, profesores universitarios, abogados, viudas de muertos por la represión. João Vicente Goulart, hijo de Jango Goulart, el presidente constitucional depuesto por el golpe de 1964, está en una de esas listas. Aunque hasta la noche de ayer los nombres efectivamente seleccionados por Dilma fuesen un misterio, parece obvio que nadie directamente relacionado con víctimas de la represión integrará la lista efectiva. Serían vetados por los voceros de los cuarteles en el Congreso.
Durante la tramitación del proyecto de ley fueron muchos los grupos y organizaciones que propusieron enmiendas para que, además de investigar, la comisión pudiese elevar sus conclusiones y denuncias a la Justicia. Todas las enmiendas fueron rechazadas.
Frente a las limitaciones de los trabajos de la comisión, muchas personalidades relevantes pidieron de manera velada que sus nombres no fuesen evaluados por el gobierno para una eventual invitación. Figuras históricas de la lucha por el derecho a la memoria y a la verdad han preferido no legitimar una comisión que no llegue a las últimas consecuencias, o sea, a la punición de los que participaron en actos de lesa humanidad.
De todas formas, se trata de un avance. Si logra efectivamente cumplir con su tarea, la comisión realizará sesiones públicas, convocará testigos y requerirá informaciones de órganos públicos, como el ejército, inclusive documentos clasificados como secretos. No habrá punición pero seguramente habrá malestar por lo que será expuesto al público. Ese resultado servirá de base, según esperan los optimistas, para lo que pueda ocurrir el día en que Brasil entienda que su ley de amnistía, decretada al cierre de las luces de la dictadura, es absurda bajo el punto de vista moral, jurídico y del derecho a la verdad y a la memoria.
De parte de Lula da Silva, Dilma Rousseff recibió un legado plagado de conquistas formidables. Pero también recibió un baúl lleno de espinas. Además de ministros corruptos, heredó la corrupción de la memoria, practicada por los sectores militares que siguen creyendo que pueden amenazar al régimen democrático constitucional y que todavía existe alguien que todavía les teme. Lula da Silva, por ejemplo.
18 de noviembre de 2011
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lo mataron los sicarios del patrón


Asesinan en Santiago del Estero a un campesino militante del MOCASE. Cristian Ferreyra, de 23 años, fue baleado por dos hombres cuando intentó resistir un desalojo en el campo donde vivió toda su vida. Desde el Mocase denunciaron que los homicidas trabajan para un empresario agropecuario de la zona.
[Darío Aranda] Santiago del Estero, Argentina. Cristian Ferreyra nació y vivió sus 23 años en el mismo lugar: el paraje San Antonio, al norte de Santiago del Estero. Quería mantener una forma de vida que implica trabajar la tierra, criar animales, sembrar y cosechar su comida. Pero un disparo de escopeta lo hirió cuando se negó a dejar el territorio, pretendido por un empresario. "Esto es el Lejano Oeste, no se cumplen nuestros derechos, nos matan como animales", denunció Marilena Santillán, compañera de militancia de Ferreyra e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), con voz entrecortada, aún conmovida. También fue herido Darío Godoy, de 26 años. En los últimos dos años fueron asesinados en la Argentina cuatro campesinos e indígenas. La organización campesina denunció que la represión tiene directa relación con el avance del modelo de agronegocios, con la soja y la ganadería intensiva, sobre territorios comunitarios.
Ferreyra formaba parte de la comunidad indígena lule-vilela de San Antonio, que habita dos mil hectáreas comunitarias desde hace generaciones. A pesar de su juventud era identificado como un referente, tranquilo, pero decidido a permanecer en territorio ancestral, a 60 kilómetros de Monte Quemado. Desde hace dos años, la comunidad denuncia el acoso de empresarios que pretenden las tierras comunitarias: cierre de caminos vecinales, amenazas a niños cuando iban a la escuela y matanza de animales.
El miércoles, a la hora de la siesta, según contó ayer Jualián Roqué, un compañero de la víctima, llegaron hasta la casa de Darío Godoy dos personas encapuchadas. "Eran los hermanos Javier y Anton Juárez, dos guardias privados enviados por el empresarios santafesino José Ciccioli", aseguró Roqué. "Buscaban a Cristian Ferreyra y, sin mediar palabra, le dispararon a sangre fría con una escopeta", concluyó. Ferreyra falleció desangrado, ante la impotencia y desesperación de su esposa y su hijo de 2 años. Además fue herido Godoy (también integrante del Mocase), con disparos en las piernas. Aún permanece internado en el hospital. Los agresores huyeron y hasta ayer no habían sido detenidos.
"Mataron a Cristian porque era un joven fuerte, decidido a defender el territorio de sus padres y de su hijo. El hablaba, dialogaba, pero no negociaba el territorio. Por eso lo mataron", lamentó Santillán y precisó que el ataque fue un día antes de una asamblea que iba a realizarse en casa de Ferreyra con el objetivo de definir un plan para frenar las topadoras.
El Mocase-VC emitió un comunicado: "Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosques, que autorizó desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian".
Desde el Mocase-VC, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), explicaron que las tierras ancestrales, que familias rurales y originarias habitaron durante generaciones, comenzaron a ser pretendidas por empresarios a medida que la frontera agropecuaria, principalmente para plantaciones de soja, comenzó a expandirse.
La Secretaría de Ambiente de la Nación precisa que Santiago es de las provincias líderes en desmonte: 515 mil hectáreas entre 2003 y 2007, un 72 por ciento más que entre 1998 y 2002. Avance del monocultivo y devastación de bosques tienen directa relación.
La soja transgénica con uso intensivo de agrotóxicos fue autorizada en 1996, cuando abarcaba una superficie de 6,6 millones de hectáreas en todo el país. En 2000 ya había trepado hasta las 10,5 millones. Y en la actualidad cubre 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada de la Argentina, 50 millones de toneladas de soja.
El geógrafo y docente Marcelo Giraud analizó el avance agropecuario en Santiago. En 1996, en la provincia había sólo 95 mil hectáreas con soja. En 2008 había saltado a 629 mil hectáreas y dos años después, en 2010, al record de 1,1 millón de hectáreas. "En sólo dos años aumentó un 75 por ciento", afirmó.
La ONG Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) publicó el relevamiento "Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino". Hasta octubre de 2010 había contabilizado 164 conflictos de tierras y ambientales, casi 8 millones de hectáreas.
En sólo dos años fueron asesinados cuatro militantes por la defensa del territorio. El 12 de octubre de 2009 ejecutaron en Tucumán al diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010 falleció de un paro cardíaco frente a una topadora la campesina santiagueña Sandra "Ely" Juárez. El 23 de noviembre de 2010 fue asesinado en un corte de ruta el qom de Formosa Roberto López. El miércoles, la lista sumó a Cristian Ferreyra. En ningún caso están detenidos los autores materiales ni intelectuales de los crímenes.
El Código Civil establece el "derecho veinteañal", que reconoce a quienes ocuparon y trabajaron un terreno durante dos décadas. Y también están vigentes leyes específicas para pueblos originarios (Convenio 169 de la OIT, Ley 26.160 de suspensión de desalojos, artículo 75 de la Constitución Nacional), pero (salvo excepciones) el Poder Judicial no aplica esas leyes.
"El asesinato de Cristian Ferreyra no va a quedar impune. Con toda la rabia y el dolor que sentimos, sus compañeros reafirmamos una vez más que en la defensa de nuestros territorios llegaremos hasta la últimas consecuencias", advirtió el Mocase-VC. Diego Montón, del MNCI, aseguró: "El agronegocio se cobró otra vida campesina, esta vez la de un joven militante. No es posible la convivencia con el agronegocio, su lógica es de muerte y lucro, es un modelo donde no hay lugar para la vida".
18 de noviembre de 2011
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profesor hacía desaparecer a colegas


Psicología separó a un docente acusado de delitos de lesa humanidad. En el juicio por la desaparición de Miguel Ragone, en Salta, se presentó un expediente que involucra al profesor de la UBA Mario Casalla. La Secretaría de Derechos Humanos lo denunció. El consejo de Psicología decidió suspenderlo.
Argentina. Denunciado por su posible participación en delitos de lesa humanidad, el profesor Mario Carlos Casalla fue suspendido de sus cargos en la Facultad de Psicología de la UBA. El próximo lunes la facultad analizará un pedido de juicio académico que debe ser elevado al Consejo Superior de la universidad. La denuncia contra Casalla fue presentada por el delegado en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Avila, quien solicitó a la Justicia indagar a Casalla como presunto "autor mediato de la privación ilegal de la libertad de Miguel Angel Arra", docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), secuestrado en 1975 y desaparecido desde entonces. "Durante los años ’74 a ’76 procedí a depurar ideológicamente el departamento más conflictivo e infiltrado subversivamente de la universidad (Humanidades), di de baja a docentes directamente ligados a la subversión", escribió Casalla, según consta en la denuncia, en una nota dirigida al destacamento de Inteligencia 143 del Ejército en octubre de 1978. Consultado por Página/12, Casalla negó haber participado en la desaparición de Arra.
Licenciado en Filosofía, Mario Casalla se desempeñó como secretario académico de la UNSA entre 1975 y 1976, año en el que las autoridades militares lo cesantearon por considerarlo "marxista". De acuerdo con un expediente elaborado por la SIDE y ahora presentado por Avila ante la Justicia, Casalla envió en 1978 una carta a autoridades militares salteñas para que se reconsiderara su situación: "Me hiere moralmente esa calificación injusta de ‘presunto subversivo o disociador’ que agravia mi realidad y mis valores más firmes", consignó Casalla en su descargo. Sobre su actuación en los años previos al golpe de Estado, aseguró: "Mi posición fue entonces de público y notorio enfrentamiento con la subversión universitaria", siguió.
Las declaraciones de Casalla resurgieron en la causa por la desaparición de Miguel Ragone, ex gobernador de Salta. A este debate se incorporó el informe sobre Casalla producido por la SIDE en mayo del ’80. Este documento es una respuesta al pedido de revisión de la cesantía que, según la querella, elevó Casalla. En él se reproduce la carta en la que el docente habría relatado que durante su gestión en la UNSA "depuraba ideológicamente a la universidad, daba de baja a docentes directamente ligados a la subversión, trabajando estrechamente con los organismos de seguridad de la provincia". En palabras del querellante Martín Avila: "Casalla ‘marcaba’ y elegía las víctimas que luego eran desaparecidas. Es al menos responsable de la privación ilegal de la libertad sufrida por Miguel Angel Arra".
Hasta la semana pasada, Casalla se desempeñaba en la Facultad de Psicología como profesor regular a cargo de la cátedra Problemas Filosóficos y como adjunto en Historia de la Psicología. Al conocerse la denuncia, el consejo directivo de la facultad decidió suspender provisoriamente a Casalla de sus cargos. Fue una propuesta de la minoría de graduados, agrupación Psicólogos en Frente, cuya consejera es Ileana Celotto: "Esta es una política incesante de la AGD-UBA en derechos humanos, al punto que es querellante en todas las causas de desaparición de docentes de la universidad", destacó Celotto, dirigente del gremio.
La resolución que suspendió a Casalla fue aprobada por unanimidad el lunes pasado y, la semana que viene, la Comisión de Interpretación y Reglamento debatirá una nueva iniciativa que busca elevar al Consejo Superior de la UBA el pedido de juicio académico al profesor. Por su lado, AGD-UBA ya presentó un proyecto en el Consejo Superior con la misma solicitud.
"Yo no mandé ninguna carta a los servicios de inteligencia de Salta –sostuvo Casalla ante este diario–. Esa carta no está firmada ni por mí ni por nadie. A mí me echaron de la universidad (en 1976). En cuanto a la causa Arra, a quien no conocí, no era del Departamento de Humanidades (del que Casalla había sido director), sino de Ciencias Naturales, y por la propia estructura de la UNSA no se puede nombrar o cesantear personas de otros departamentos. Además, la desaparición de Arra fue en junio de 1975 y yo aún no era secretario académico, lo fui a partir de octubre."

–¿Por qué su nombre aparece involucrado en esta causa?
–Hay dos respuestas. En Salta hay una pelea local muy grande entre el gobierno provincial y la gente que ha quedado afuera. Allí no van por mí, pero en lo nacional hay dos personas que trabajan activamente en esto, es una puja por el espacio cultural y universitario.

También en diálogo con Páginað12, el abogado Martín Avila, de la Secretaría de Derechos Humanos, explicó: "Cuando la dictadura te quería echar, eras marxista. Pasabas de ser marcador a ser marcado. Es lógico que Casalla desmienta haber escrito la carta, pero todos los decretos existen, las resoluciones universitarias donde se fueron cesanteando a los docentes que luego desaparecieron están, y no sé qué podrá decir ante esto. Hay que destacar que la UNSA es querellante en las causas de profesores desaparecidos. Sería muy importante, de igual manera, que la UBA tome la misma postura".
[Informe de Agustín Saavedra.]
18 de noviembre de 2011
©página 12

en libertad paco asesino


Corte Marcial concede libertad a ex carabinero acusado de matar a Manuel Gutiérrez. Se trata del ex sargento Miguel Millacura Cárcamo (36), procesado como autor de la muerte del joven Manuel Gutiérrez Reinoso (16 años) en las manifestaciones del 26 de agosto pasado en Peñalolén.
Santiago. La Corte Marcial otorgó este jueves la libertad al ex sargento de Carabineros, Miguel Millacura Cárcamo (36), procesado como autor de la muerte del joven Manuel Gutiérrez Reinoso (16) durante manifestaciones del 26 de agosto pasado.
La fiscal que investiga el caso, Paola Jofré, había negado la libertad al ex carabinero, detenido desde fines de agosto, por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. Sin embargo, el tribunal castrense decidió revocar la prisión y otorgarle la libertad a Millacura.
El ex sargento Millacura pertenecía a la dotación de la 43ª Comisaría de Peñalolén. Según su versión, él disparó al aire en dos oportunidades con su arma de servicio, una subametralladora UZI 9 milímetros, e impactó en el tórax al joven que observaba los disturbios.
Posteriormente, Carabineros dio de baja a Millacura por no haber informado a sus superiores que había disparado con su arma de servicio en el lugar y a la hora en que murió el Gutiérrez Reinoso. La fiscal lo procesó por violencia innecesaria con resultado de muerte.
18 de noviembre de 2011
17 de noviembre de 2011
©la nación

el primer ministro y los sunníes


Tras inverosímil denuncia de que sunníes preparaban un golpe de estado, el gobierno chií de Iraq encarcela a seiscientos ciudadanos sunníes. Editorial NYT.
Son bien conocidas las tendencias autoritarias del primer ministro de Iraq, Nuri Kamal al-Maliki. Pero la detención de más de seiscientos iraquíes a los que el gobierno describe como sospechosos de haber sido miembros del Partido Baath de Sadam Husein y del ejército iraquí es particularmente cínica e insensata. Ahora que las tropas estadounidenses abandonarán el país a fin de año, lo último que debería hacer Maliki es avivar las tensiones religiosas.
Como informó Andrew E. Kramer en el Times, los detenidos -de los que la inmensa mayoría son sunníes- fueron arrestados después de que el gobierno chií recibiera presuntamente informaciones de los nuevos funcionarios interinos libios de que antiguos leales de Sadam Husein estaban planeando un golpe de estado.
Algunos líderes políticos han conversado sobre la posibilidad de reemplazar a Maliki mediante un voto de censura. El gobierno todavía tiene que entregar evidencias concretas de la conspiración, y la idea de que había seiscientas personas implicadas en ella desafía toda credibilidad. Los funcionarios estadounidenses se muestran altamente escépticos.
La mayoría chií fue duramente perseguida durante el gobierno de Sadam Husein. Los gobiernos de la era post-Sadam han sido todos dominados por los chiíes y han estado mucho más interesados en la venganza que en la inclusión. Si Maliki tiene pruebas de que los detenidos han cometido algún delito, debería juzgarlos en un proceso justo y transparente. Si no es así, debería dejarlos libres.
Los iraquíes tienen motivos fundados para sentirse infelices con Maliki. Un informe de septiembre del Grupo Internacional de Crisis describe al gobierno como plagado por la corrupción y falta de credibilidad, y señala que muestra "tendencias autoritarias" y un "severo deterioro de los servicios públicos".
El historial con los sunníes es especialmente nefasto. El gobierno prometió empleo a cien mil miembros de los Consejos del Despertar Sunní -insurgentes cuya decisión de cambiar de lado ayudó a poner fin a la guerra civil- pero sólo la mitad de ese número han sido contratados. Los sunníes tienen algunos publicitados ministerios, pero no tienen la influencia que se merecían después de que su coalición conquistara la mayoría de los votos en la elección de 2010.
La Autoridad Provisional de la Coalición de la época de Bush que gobernó Iraq inmediatamente después de la guerra, desbandó al ejército y excluyó a la  mayoría de los miembros del Partido Baath que tenían funciones de gobierno. Una ley aprobada en 2008 debía fomentar la reconciliación ofreciendo empleo a los ex baathistas. Pero ha sido aplicada de manera selectiva con el propósito de debilitar a los rivales políticos.
El gobierno debe definir claramente qué grado de participación en el Partido Baath es tan atroz que descalifique a alguien para obtener empleo en la administración e implemente esos juicios de manera equitativa. (El número de los perpetradores de los delitos más graves es muy pequeño.) El Parlamento aún no ha promulgado una ley, llamada de la Constitución, que brindaría las bases jurídicas para determinar quién debería ser procesado por apoyar al Partido Baath u otras ideologías extremistas.
La influencia de Washington es cada vez menor. Pero Bagdad todavía quiere comprar armas estadounidenses -ya ha ordenado aviones de guerra F-16- y necesita ayuda para la capacitación militar. El gobierno de Obama debe usar esa influencia para presionar a Maliki para que limite sus peores impulsos. La democracia iraquí es frágil, y el riesgo de una renovada violencia religiosa es escalofriantemente real.
18 de noviembre de 2011
4 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer