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uribe quería entrar en venezuela


Uribe quiso realizar acciones clandestinas en Venezuela para atacar a las Farc. Asesores y líderes de opinión consideraban un error estratégico entrar en una guerra armamentista con el vecino país. "Somos los prefectos hipócritas", dijo el entonces asesor presidencial José Obdulio Gaviria.
Colombia. En noviembre de 2006, además de la génesis del escándalo de la parapolítica, existía otra alta preocupación en el gobierno Uribe: sus relaciones con Venezuela y el primer mandatario de ese país Hugo Chávez. En un cable diplomático enviado desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia queda claro cuál era entonces la estrategia del Gobierno: no confrontar con Hugo Chávez, manejarlo y aprovechar la porosa zona de frontera para realizar operaciones contra narcotraficantes y terroristas en territorio venezolano.
El reporte a Washington señala que el entonces presidente Uribe no tenía ilusiones con Chávez y veía su enfoque anti Estados Unidos como un serio problema, pero que prefería manejar al presidente de Venezuela e incluso plantear una atmósfera bilateral positiva con proyectos de energía y comercio, para manejar su comportamiento. El cable resaltó el interés de Uribe por colaborar con Estados Unidos y no con la revolución Bolivariana, pues la consideraba de una naturaleza antidemocrática.
Sin embargo, el informe de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá deja claro que esa postura de Uribe, de énfasis en la unión antes que la confrontación, le permitía la opción de llevar a cabo acciones armadas en Venezuela para proteger a Colombia de ataques terroristas. Es decir, autorizar operaciones clandestinas contra las Farc al otro lado de la frontera según fuera apropiado, eso sí, evitando que se repitieran crisis como la que se generó en su momento con la captura del llamado canciller de las Farc, Rodrigo Granda.
En otras palabras, la Embajada reportó que Uribe utilizaba el espacio político de sus aproximaciones con Chávez "y autoriza operaciones clandestinas al otro lado de la frontera contra las Farc". Una estrategia que visualizó el cable con un comentario atribuido al asesor presidencial José Obdulio Gaviria: "somos los perfectos hipócritas". Más adelante, el reporte refirió que tanto el vicecanciller Camilo Reyes como el general Óscar Naranjo comentaron que el interés de Chávez por el gasoducto lo llevó a ser más acomodaticio con la seguridad de Colombia.
También con relación a Venezuela, el cable aborda el análisis de las aproximaciones que por esos días tenía el gobierno Uribe con el Eln. Con expresa preocupación por la evidencia de que figuras altas de esta guerrilla vivieran de manera abierta en Caracas. El cable expresó incluso que el comandante militar del Eln, Antonio García, ha pasado la mayor parte de su vida adulta entre Europa y Venezuela. Por eso, en comentario también atribuido a José Obdulio Gaviria, quedó escrito que era preferible tener a Chávez dentro del proceso que por fuera causando problemas.
En otro cable, fechado un mes antes (octubre de 2006), al transcribir los términos de un encuentro del entonces subsecretario de Estado de Estados Unidos Nicholas Burns con líderes de opinión, se reportó que el criterio generalizado era que se consideraba un error estratégico que Colombia entrara en una carrera armamentista, pues eso sería caer en manos de Venezuela y malgastar un dinero que serviría para programas sociales o de seguridad. La conclusión fue que ante el armamentismo venezolano la respuesta debía ser diplomática.
De manera paralela a la preocupación de Estados Unidos por el tema Venezuela, los cables diplomáticos de 2006 tuvieron como asunto recurrente la posibilidad de diálogos entre el gobierno Uribe y el Eln. De hecho, en noviembre, la Embajada en Bogotá remitió un informe según el cual el mediador Moritz Ackerman iba a ir a Venezuela a entregar al Eln la propuesta del gobierno, pero el jefe guerrillero Antonio García le dijo  que el presidente Hugo Chávez le había pedido un bajo perfil mientras estuviera en territorio venezolano.
En el cable quedó escrito que, según Ackerman, el Eln quería mover las conversaciones fuera de Cuba para evitar presiones de la inteligencia cubana, pues los cubanos no querían que el Eln llegara a algún acuerdo sin aprobación de las Farc. En el mismo reporte, la embajada dice que Antonio García sacó del equipo negociador a Ramiro Vargas porque le estaba pasando información a las Farc y a los cubanos; y que cuatro prominentes colombianos estaban dispuestos a sumarse al proceso para contrarrestar las preocupaciones de que los garantes eran muy izquierdistas.
Finalmente, en el cable diplomático quedó manifiesto que Noruega había ofrecido financiar el proceso de negociación del gobierno Uribe y el Eln, sólo si este movimiento guerrillero estaba irreversiblemente comprometido con la paz. Además, la Embajada de Estados Unidos en Colombia reportó que el Eln quería abrir un canal directo con Washington y que le pidieron al mediador Moritz Ackerman que escribiera una carta para el Embajador. Según el cable diplomático, la propuesta era que el Eln podía cooperar en la guerra antidrogas.
Desde comienzos de 2006, ya la embajada de Estados Unidos consideraba importantes los contactos con el Eln a través de prediálogos en La Habana, pues se estimaba en 4.000 el número de posibles desmovilizados, sin contar que el proceso iba a permitir presionar a las Farc, acabar con cientos de secuestros y legitimar el proceso de paz paralelo que entonces se llevaba con las autodefensas. Sin embargo, el cable de febrero de 2006, ya dejaba claro que el gobierno Uribe no era optimista y que a la Embajada le preocupaba que cualquier concesión adicional al Eln, tendrían que hacérsela a los ‘paras’.
Esa expectativa no era muy distinta a la que se tenía respecto al país. En el mismo cable ya se hablaba de la reelección de Uribe, lo cual era evaluado como cuatro años y medio más de alianza. Se celebraba el número de extradiciones y la guerra antidrogas, pero también se advertía sobre una tercera generación de "droguistas" en las fuerzas armadas ilegales, luego de los ideólogos originales y de los organizadores militares posteriores. Sobre las Farc, su visión era que se apreciaban débiles pero que iban a jugar con  el  intercambio humanitario, como en efecto  sucedió.
En el cable se admite que hay frustraciones colombianas en sus relaciones con Estados Unidos, entre otros aspectos, porque no reciben más blackhawks o no los dejan usar la extradición como instrumento de negociación con los paramilitares y los narcotraficantes. Y se incluye un comentario particular sobre la presión sin descanso a que tiene sometidos Uribe a los militares, advirtiendo que podía estar quemando a los uniformados o al menos creando una distancia entre ellos y el liderazgo civil.
2006 terminó con cables de octubre y diciembre, en los cuales, primero se informó que había tensiones entre Antonio García y el comisionado Luis Camilo Restrepo y que el Eln estaba listo para un cese al fuego y soltar secuestrados a cambio de asistencia del gobierno a los desplazados. Después se reportó que  el mediador  Moritz Ackerman había dicho que el Eln no iba  a suspender  contactos pero que lo hizo  porque estaba a la espera de ver qué tanto se debilitaba el gobierno con el escándalo de la parapolítica. Con el paso del tiempo, los acercamientos fracasaron.
23 de febrero de 2011
©el espectador


condenan a ex senador dávila


Condenan a ex gobernador José Domingo Dávila por ‘parapolítica’. La Corte le impuso al exmandatario una pena de 90 meses de prisión por haber firmado el ‘Pacto de Chivolo’con paramilitares para ser elegido en 2001.
Colombia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al ex gobernador José Domingo Dávila Armenta a siete años y seis meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado.
De igual forma, la Corte ordenó abrir investigación contra el político por su responsabilidad en los delitos de lesa humanidad cometidos por el grupo paramilitar con el cual se alió. Además, deberá pagar 6.500 salarios mínimos, es decir, más de 3.400 millones de pesos.
La Corte comprobó que el ex gobernador estableció una alianza política con el Bloque Norte de las Auc al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, para acceder a la Gobernación del Magdalena en el año 2001.
Tal alianza hizo parte del acuerdo conocido como ‘El Pacto de Chivolo’, suscrito en septiembre de 2000 por grupos paramilitares del Bloque Norte de las Auc con concejales, alcaldes y diputados, así como con aspirantes a estas corporaciones y a las 29 alcaldías de los municipios del departamento. Gracias a ese pacto, José Domingo Dávila, conocido como ’Chelo’, fue elegido gobernador, derrotando al otro aspirante, el ex diputado Trino Luna Correa, quien lo sucedió tres años después y fue procesado y condenado por haber establecido alianzas políticas con el paramilitarismo.
En diciembre del año pasado, Fiscalía y Procuraduría solicitaron al Alto Tribunal condenar a Dávila Armenta tras considerar que el político promovió la expansión del paramilitarismo en el departamento del Magdalena luego de haber sellado la alianza con ’Jorge 40’.
Dávila Armenta, ex gobernador de Magdalena para el periodo 2001-2003 y ex representante a la Cámara por el Partido Convergencia Ciudadana, fue capturado por la Fiscalía en diciembre de 2008 bajo cargos que lo vinculan con grupos paramilitares.
Por los mismos hechos, la justicia ya procesó y condenó a los ex senadores Miguel Pinedo Vidal, Jorge Castro y Luis Vives Lacouture; los ex representantes a la Cámara Alfonso Campo Escobar, José Gamarra Sierra, Jorge Luis Caballero Caballero, Karely Lara Vence y Alonso Ramírez Torres. El ex gobernador Trino Luna Correa, quien se acogió a sentencia anticipada y cooperó con la justicia, fue condenado a 37 meses, pero por buena conducta y otros beneficios recuperó la libertad sin cumplir la totalidad de la pena impuesta.
En un primer momento y de acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la Nación, se estableció que Dávila Armenta habría sido el mayor favorecido con el acuerdo de Chivolo, sellado el 28 de septiembre del 2000 y el cual llevaba la rúbrica de 13 candidatos a alcaldías y 395 personas más, todos candidatos a corporaciones públicas. Con ellos, se consolidaría la fuerza política del movimiento ‘Provincia Unida Por Una Mejor Opción De Vida’, impulsado por alias ‘Jorge 40’.

Consecuencias del Pacto de Chivolo
En el Pacto de Chivolo se escogieron candidatos a la Asamblea del Magdalena, a concejos y alcaldías de 13 municipios. La mayoría de los asistentes firmaron el pacto y se comprometieron a respaldar la candidatura de José ‘Chelo’ Dávila a la Gobernación del Magdalena.
Entre los nombres que aparecen en el documento están los del entonces diputado Fernando Mozo Ortiz, ex miembro del Tribunal de Garantías del Partido Liberal en ese departamento; Ramón Prieto, entonces alcalde de Pivijay; y Franklin Lozano, alcalde de Zapayán.
También firmó el pacto Rodrigo Roncallo, Representante a la Cámara, actualmente investigado por parapolítica y quien resultara elegido en las elecciones de 2001 como alcalde de Tenerife. En 2006, Roncallo llegó a la Cámara de Representantes apoyado por el senador Jorge Luis Caballero, quien también es investigado por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con los paramilitares del Magdalena.
En noviembre de 2008, la Fiscalía llamó a indagatoria por la firma del pacto a los ex alcaldes de Concordia, Pablo José Salas, Aníbal Castro Martínez y José Ignacio Mercado Colón, investigados por los presuntos delitos de peculado, interés indebido en celebración de contratos relacionados con los vínculos de Mujeres de la Provincia; también a los diputados a la Asamblea del Magdalena, Edgar Manuel Castro Castro, Fernando Jesús Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios, y al ex diputado Fernando Mozo, quien se encuentra prófugo, a quienes investiga por los cargos de concierto para delinquir.
23 de febrero de 2011
©verdad abierta


liberada de una red de trata


Una joven secuestrada en La Rioja apareció en el partido de La Matanza. Su madre la buscaba desde hace un año. Denunció que había sido captada por una red de trata para ser explotada sexualmente y llegó hasta la presidenta Cristina Fernández. Hace unos días la chica se presentó en un destacamento de Gendarmería.
[Mariana Carbajal] Argentina. Jacqueline Andines no quiere volver a La Rioja. Tiene mucho miedo. Se le nota en la mirada. Y en lo que prefiere callar. Esta adolescente, de 19 años, está bajo el resguardo de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Víctimas de Trata, del Ministerio de Justicia, desde que, hace una semana, apareció en el partido de La Matanza. Hace un año que su madre, María Anahí Ruiz, la buscaba y había denunciado que había sido "chupada" por una red de tratantes para ser explotada sexualmente. Incluso, Ruiz llevó su desesperación –ante la prolongada ausencia de su hija– a la presidenta Cristina Fernández. Jacqueline se presentó el 9 de febrero por sus propios medios en una delegación de Gendarmería Nacional, en la localidad de Virrey del Pino, cuando se enteró por vecinos de la casa en la que estaba viviendo que la estaban buscando por el barrio a partir de una denuncia anónima que había recibido la madre. Además de la Oficina de Rescate, la están acompañando especialistas de la Fundación María de los Angeles, que preside la madre de Marita Verón, Susana Trimarco, entidad que se había presentado como querellante en la causa judicial abierta en La Rioja por la desaparición de la chica.
En enero fueron rescatadas en distintos procedimientos realizados por fuerzas de seguridad, con la presencia de la Oficina de Rescate, 17 mujeres víctimas de trata para explotación sexual en diversos puntos del país, según informó el organismo. A lo largo de 2010, fueron 376 las mujeres liberadas. Y desde que la ley contra la trata entró en vigencia, en 2008, hasta la actualidad, en total se rescataron 744 mujeres de burdeles y VIP y 433 personas más, la amplia mayoría varones, víctimas de trata para explotación laboral, de acuerdo con las estadísticas oficiales a las que accedió Página/12.
Una noche de enero de 2010, Jacqueline, que en ese momento tenía 18 años, salió a bailar con un vecino del barrio Virgen del Valle, en las afueras de la ciudad de La Rioja, donde vivía con su madre, y no regresó nunca más. Desde entonces, y hasta la semana pasada, su familia no había tenido noticias suyas. Jacqueline no se había llevado documentos ni ropa. En su casa quedaron sus dos hijitos, de 4 y 2 años. La Fundación que dirige Trimarco se constituyó como querellante en septiembre, al entender que en el expediente había elementos que indicaban que se trataba de un caso de trata de personas, y para fortalecer el reclamo de la madre, que sentía que no se la escuchaba en los tribunales riojanos.
Jacqueline, finalmente, se presentó espontáneamente ante un destacamento de Gendarmería, que estaba realizando tareas de inteligencia en el barrio para dar con ella a partir de información recibida en forma anónima por su madre en los últimos días. Según pudo saber este diario, la muchacha se encuentra en buen estado de salud.
Intervino el Juzgado Federal N0 2 de Morón, donde brindó una breve declaración el 14 de febrero. Pero el expediente pasó luego al Juzgado Federal de La Rioja, que llevaba adelante la investigación por la desaparición de la adolescente. De todas formas, fuentes de la Oficina de Rescate y Acompañamiento dijeron a Página/12 que no creen que pueda declarar en La Rioja pronto, dado que no está en condiciones emocionales para prestar declaración testimonial y rememorar las situaciones vividas en el último año, en el que habría estado encerrada en distintos burdeles, al parecer, situados en más de una provincia. No está claro todavía cómo pudo zafar de la red que la habría reclutado, dado que no ha querido brindar información al respecto, por temor a represalias sobre ella o su familia.
El rostro de Jacqueline fue difundido en transmisiones televisivas de Fútbol para todos, luego de que la madre se movilizara e hiciera llegar su reclamo a la propia Presidenta, al acercarse en un acto oficial organizado por el gobierno riojano, en el que participó la mandataria a mediados del año pasado. Aún Jacqueline no se encontró con su familia, que se halla en La Rioja, también temerosa por represalias que pudieran sufrir de parte de quienes la habrían tenido secuestrada. Se evaluará, oportunamente, dijeron fuentes de la Oficina de Rescate, si los miembros de la familia ingresan a un programa de protección de testigos.
Desde que desapareció la adolescente, el 8 de enero de 2010, su madre recorrió distintos mostradores, tanto de la policía provincial como de la Justicia para pedir que buscaran a su hija, pero según contó Ruiz, lo único que recibió fueron evasivas. Aunque denunció su desaparición al día siguiente de ver a su hija por última vez, el caso llegó al Juzgado Federal de La Rioja recién el 16 de abril de 2010. Desde mayo, la mujer, de 38 años, que sola mantiene a sus siete hijos y los dos nietos, hijos de Jacqueline, organizaba marchas por las calles del centro riojano, con carteles que pedían ayuda para encontrar a su hija mayor. En su barrio, denunció, otras adolescentes habían desaparecido, presuntamente secuestradas por tratantes con fines de explotación sexual.
23 de febrero de 2011
©página 12


khadafi se atrinchera y amenaza


El lider libio Khadafi dio un discurso en el que se negó a renunciar y amenazó con la muerte a los manifestantes. En el discurso ofreció una nueva Constitución, libertad de prensa y acceso a internet.
Libia. Las fuerzas de seguridad pública reanudaron la brutal represión en un clima de guerra civil. Khadafi instó a sus seguidores a formar "comités de seguridad popular" que "limpiarán de desertores casa por casa". El régimen admite 300 víctimas. Se habla de mil.
Después de una semana de rebelión, represión y matanza, el primer ministro de Libia, Muammar Khadafi, le habló al pueblo. Mejor dicho, lo amenazó. "Muammar Khadafi es el líder de la revolución. No soy un presidente que pueda renunciar a su puesto. Este es mi país y sólo lo abandonaré cuando me muera, como mártir. Todavía no ordené el uso de la fuerza ni el disparo de una sola bala. Pero cuando lo haga... todo Libia arderá en llamas", blasfemó a los gritos, en un discurso ofrecido a través de la televisión pública. El monólogo fue mucho más extenso que el del lunes, cuando sólo desmintió su huida a Venezuela, y desató la furia de los manifestantes que en las calles siguieron reclamando el fin su régimen, de más de cuarenta años de existencia. Las fuerzas de seguridad públicas, al igual que los días pasados, reanudaron la represión. Más tarde, el hijo menor de Khadafi reconoció que los muertos son 300, aunque circulan versiones que empujan esa cifra a mil. La comunidad internacional volvió a condenar la violencia del gobierno libio y la Liga Arabe expulsó al país hasta que el conflicto se solucione.
El autoproclamado "Hermano y líder de la revolución libia" habló desde el frente de un edificio bombardeado en 1986 por Estados Unidos. Acusó a la oposición en el exilio de haber instigado la ola de protestas que sacude al país y afirmó que personas que están en otros países, como Túnez, dieron drogas y armas a jóvenes libios para sembrar el caos. Según él, los manifestantes, a quienes calificó de "pandillas, son como las ratas, no representan a nadie" y de "unos alucinados, una minoría terrorista", quieren hacer del país un emirato islámico conducido por Osama bin Laden y dar, así, "un pretexto a Estados Unidos para intervenir". Además de descartar el abandono de su puesto, el líder libio pidió a sus compatriotas que "salgan todos a las calles" a manifestarse en favor del régimen y ataquen a los que se manifiestan en contra. "La revolución significa el sacrificio continuo hasta el final. Ustedes, hombres y mujeres que aman a Khadafi, salgan de sus casas y atáquenlos (a quienes piden el fin de su gobierno). Golpéenlos en sus guaridas."
Los instó a formar "comités de seguridad popular" que, de a grupos, "limpiarán de desertores casa por casa". Subrayó que quienes se levantaron contra su autoridad volverán arrepentidos a pedir perdón, pero que no habrá para ellos indulgencia y serán sometidos a la pena capital.
Dirigiéndose a los jóvenes, eje clave de la revuelta, Khadafi prometió un nuevo Estado, con prensa libre, derecho a Internet y blogs, una nueva Constitución y sistema jurídico. Apuntó que las administraciones serán ampliadas y que creará una nueva "yamahiria" (un término creado él mismo que significa "gobierno por el pueblo").
Cerca de la medianoche, un vocero del Ministerio del Interior libio reconoció que 300 personas murieron hasta ayer: 189 civiles y 111 militares. Según esas cifras oficiales, la mayoría de las víctimas se registró en Benghazi; en Al Baida fallecieron 18 civiles y 63 militares y en Derna 29 civiles y 36 militares. Por su parte, desde París, la Federación Internacional por los Derechos Humanos ubicó la cifra de muertos entre 300 y 400. Human Rights Watch ayer sólo difundió que, desde el domingo, registró 61 muertes en Trípoli, la capital libia. El domingo había difundido un registro de 233 muertos. En tanto, los testimonios de testigos difundidos por señales de televisión internacionales, y en su mayoría anónimos, empujaron la cantidad a un millar.
El primer ministro libio también atacó a los medios de comunicación, a los que llamó "retrógrados y traidores que intentan tergiversar (lo ocurrido)". También arremetió contra los "servicios (de seguridad) traidores árabes hermanos que nos han engañado y traicionado y están dañando vuestra imagen". Y responsabilizó a Estados Unidos e Italia de haber "distribuido a los jóvenes de Benghazi" misiles Rpg.
Está claro que las palabras de Khadafi no buscaron pacificar los ánimos en Libia. Lejos de eso, echaron más leña al fuego. Las protestas continuaron en Trípoli y en las principales ciudades de frontera. En Benghazi, uno de los territorios tomados por los manifestantes y bombardeado por el gobierno el lunes, decenas de cadáveres yacían en las calles y el pueblo estaba aterrorizado: "Volverán a atacarnos. Pero ya no podrán frenarnos", afirmó un joven que participó de las revueltas contra Khadafi.
Al discurso sobrevino, por lo pronto, la renuncia de su más fiel colaborador por fuera de su círculo familiar e íntimo, el hasta ayer ministro del Interior y general del ejército, Abdul Fatah Yunis. El hombre, además, instó a las fuerzas armadas a unirse al pueblo en su lucha por sus legítimas demandas. El ex funcionario grabó un comunicado que emitió la cadena árabe de noticias Al Jazeera, en el que explicó sus razones. "El bombardeo contra la población civil es lo que hizo que me uniera a la Revolución del 17 de febrero. Nunca imaginé que íbamos a llegar a disparar contra la gente."
Yunis aseguró que la Libia del líder Khadafi "se desmoronó" y que el régimen "traicionó a la revolución". Yunis formaba parte del movimiento de los entonces coroneles que, junto al líder libio, llevaron a cabo un golpe de Estado para acceder al poder en 1969.
Su camino fue seguido por ocho embajadores libios en diferentes países del mundo. "Están haciendo cosas terribles contra la gente. Khadafi debe renunciar para que se pare este baño de sangre. ya no tiene ninguna legitimidad", explicó el ahora ex embajador en India Ali el Essawi, ante un corresponsal de Al Jazeera. Como él, también se despegaron del régimen los jefes de las misiones libias en Estados Unidos, Polonia, Indonesia, Australia, Malasia, Australia y el embajador ante la Liga Arabe, con sede en la capital egipcia.
23 de febrero de 2011
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mal día para álvaro uribe vélez


Uribe no sólo fue afectado por la condena contra un socio leal e incondicional como lo es Mario Uribe; también corre el riesgo de perder políticamente a uno de sus jóvenes seguidores, Andrés Felipe Arias.
[Juan Diego Restrepo E.] Colombia. El 21 de febrero de 2011 quedará registrado como uno de los días más aciagos del expresidente Álvaro Uribe Vélez en materia personal y política. No hubo "trinos" a través de Twitter, tampoco largas entrevistas en emisoras de pueblo ni en periódicos regionales, donde siempre se ha sentido a gusto. Esta vez guardó silencio.
Y calló porque tuvo un mal día. La justicia intervino con severidad en dos procesos donde tiene profundos lazos personales y políticos: de un lado, la Corte Suprema de Justicia condenó a 90 meses de prisión a su primo segundo y mano derecha en la política, Mario Uribe Escobar; de otro, la Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos contra siete exfuncionarios del Ministerio de Agricultura y por lo menos 15 beneficiarios de subsidios provenientes del programa Agro Ingreso Seguro.
En el plano personal, Uribe Vélez ha perdido a un aliado incondicional con quien anduvo el departamento de Antioquia por más de 30 años en sendas campañas electorales. A ambos los cobijaba la ambición de poder y tenían, juntos, la fortaleza para enfrentar grandes retos políticos, entre ellos superar a barones electorales regionales como Bernardo Guerra Serna y Fabio Valencia Cossio.
Conquistaron la Cámara de Representantes, el Senado, la Gobernación de Antioquia y la Presidencia de la República. Unidos en las ideas del Sector Democrático del Partido Liberal y luego en el movimiento Colombia Democrática, tuvieron a su haber millones de votos e influencias en el sector público, tanto local, como regional y nacional. Pero la ambición traiciona cuando se extralimita. Y la sentencia contra Mario Uribe Escobar así parece demostrarlo.
El mal día del expresidente Uribe Vélez no sólo va por cuenta de la pena impuesta a su fiel escudero, sino por la posibilidad de que su primo sea juzgado por delitos de lesa humanidad. Es claro que los acuerdos entre políticos y paramilitares ocasionaron muertos, desaparecidos y desplazados, provocaron masacres y despojos de tierras. De ahí que se vislumbre que los llamados ‘parapolíticos’ sean procesados también por esos crímenes. Si ello llegara a concretarse, Mario Uribe Escobar estará en el estrado, afrontando un nuevo juicio.
Pero Uribe Vélez no sólo fue afectado por la condena contra un socio leal e incondicional; también corre el riesgo de perder políticamente a uno de sus jóvenes seguidores, Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura de su gobierno y quien ha estado sonando en las encuestas electorales para la Gobernación de Antioquia.
La decisión tomada por la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, de formular cargos contra algunos funcionarios que estuvieron subordinados a Arias, así como contra varios beneficiarios con los subsidios del programa Agro Ingreso Seguro, pone a tambalear las aspiraciones políticas del exministro, entre otras razones porque su expediente está en el despacho de la Fiscal General de la Nación, quien tiene la potestad de investigarlo y el caso aún no se ha cerrado. Dentro del juego de las posibilidades cabe una decisión en su contra, lo que acabaría con su corta y sonada carrera política.
Como ministro de Agricultura no escatimó esfuerzos para beneficiar a todos aquellos que tienen el poder económico, por encima de los más pobres. Recuérdese, por ejemplo, el caso del predio Carimagua, de Puerto Gaitán, Meta, de propiedad de la Nación y que pretendió entregárselo a grandes empresarios para su explotación, con el argumento de que los campesinos, muchos de ellos desplazados de la violencia, no tenían los recursos suficientes para hacerlo. En esa ocasión, la Procuraduría General de la Nación conceptuó que ‘"no solo se vulneró los derechos a la verdad, la justicia y a la reparación de estas personas, sino que impidió que recibieran la mínima atención del Estado".
En el proceso de Agro Ingreso Seguro, un programa de subsidios no reembolsables a través del cual el Ministerio de Agricultura pretendía "promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía", se evidenció la misma tendencia que en el caso de Carimagua: beneficiar a grandes empresarios con miles de millones de pesos en subsidios.
A través de las labores de investigación de la Fiscalía General de la Nación, se pudo determinar que decenas de empresarios, en particular grupos familiares de la Costa Norte, accedieron a esos beneficios para financiar supuestamente proyectos agroindustriales sin cumplir con los requisitos legales, circunstancia que no fue objetada por los funcionarios del Ministerio de Agricultura. Todo este tejemaneje de favorecimientos económicos se hizo bajo la administración de Arias como ministro de Agricultura.
El hecho de que se vayan a procesar penalmente a sus subordinados en el Ministerio de Agricultura y se aplace una decisión en su contra, deja en suspenso la carrera de Arias por la Gobernación de Antioquia, un golpe que tendrá que asumir el expresidente Uribe Vélez y que lo obliga a reformular su estrategia para conquistar sus antiguos feudos.
Las decisiones de la justicia le amargaron el día al exmandatario. Y lo que presumo es que tendrá más días agrios, entre otras razones porque las investigaciones por parapolítica han llegado a Antioquia, donde el expresidente ha tenido influencia notable; además, hay una mayor colaboración de las autoridades judiciales de Estados Unidos para permitir que los exjefes paramilitares extraditados sean versionados por los fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, lo que permitirá conocer cómo tejieron sus alianzas con sectores políticos, económicos, sociales y militares; y finalmente, la solidez que refleja el proceso de la Fiscalía en el caso de Agro Ingreso Seguro afectará irremediablemente a su joven protegido político.
No serán días fáciles para el expresidente Uribe Vélez. Espero que todo lo que se revele del pasado lo obligue a guardar un prudente, respetuoso y reflexivo silencio, tal como lo hizo este 21 de febrero de 2011. La contundencia de la justicia no le dará para más.
[El autor es periodista y docente universitario.]
[La foto se encuentra en el blog de José María Rodríguez González.]
23 de febrero de 2011
22 de febrero de 2011
©semana


tercer juicio contra menéndez


Comienza el tercer juicio en Tucumán contra Menéndez.
Argentina. El proceso por la denominada causa Romero Niklison", tiene como imputado principal al ex comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, ya condenado a cuatro cadenas perpetuas, analizará la detención y el posterior asesinato de cuatro militantes peronistas, ocurrido el 20 de mayo de 1976. De acuerdo con el expediente, fuerzas conjuntas del Ejército y de la policía provincial tomaron por asalto la casa de los Romero Niklison y, simulando un enfrentamiento, asesinaron a todos los moradores.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Luis López procurará determinar la responsabilidad de Menéndez y del otro imputado, el ex comisario Roberto Heriberto Albornoz, en la causa reabierta en el año 2000, a instancias de la hija de una de las víctimas, María Alejandra Romero Niklison.
Menéndez, quien enfrenta el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia y fue encontrado culpable en las dos ocasiones anteriores, sigue el desarrollo del proceso en una sala especialmente equipada, por cuestiones de salud.
María Alejandra, querellante en la causa, recordó que "yo tenía un año y ocho meses, pero entiendo la opción de vida de mi madre, siempre abocada a la búsqueda de la construcción colectiva de un proyecto de país distinto con igualdad para todos, acceso a la salud y educación y una economía que no sea para unos pocos". Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron llevados a la jefatura de la policía de Tucumán y posteriormente inhumados en fosas comunes ubicadas en el cementerio del Norte de San Miguel.
23 de febrero de 2011
22 de febrero de 2011
©página 12


absueltos de delitos terroristas


Juicio contra Llaitul: Tribunal desechó Ley Antiterrorista. En cierre de juicio por ataque a fiscal Elgueta en Cañete, el sindicado como líder de la CAM fue declarado culpable de homicidio calificado frustrado, junto a otros 3 comuneros. Absueltos otros 14 mapuches.
[Claudio Leiva Cortés] Cañete, Chile. El Tribunal Oral Penal de Cañete declaró culpables este martes a Héctor Llaitul y otros tres comuneros mapuches por el delito de homicidio calificado frustrado en la persona del fiscal Mario Elgueta, pero sin carácter de terrorista.
Al culminar este martes el juicioque duró más de tres meses, el tribunal no acogió ninguno de los supuestos delitos terroristas.
El veredicto es una tremenda derrota para la Fiscalía del Biobío, que buscaba condenar a 102 años de cárcel a Llaitul por el atentado contra el fiscal Mario Elgueta y otros delitos conexos que, según el Ministerio Público, eran de naturaleza terrorista.
Asimismo, el tribunal absolvió a otros 14 comuneros. Algunos estaban acusados por el mismo atentado, además de supuesta asociación ilícita terrorista e incendios terroristas y amenazas terroristas. Otros enfrentaban cargos por asociación ilícita para el robo de madera y robo con intimidación.
Jorge Huenchullán, lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, dijo que "con este veredicto se demostró que el juicio se armó sobre la base de montajes y sólo fue una persecución política en contra de nuestros hermanos. Buscaban condenarlos sobre la base de acusaciones falsas".
Llaitul y los comuneros Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche recibirán condenas bastante inferiores a las solicitadas por el fiscal Andrés Cruz. Los absueltos son Víctor Llanquileo, Luis Menares, Norberto Parra, César Parra, Juan Parra, Carlos Muñoz, Juan Muñoz, Sergio Ñeguey, Leonel Carilao Marco Millanao, Jorge Santi, Simón Millas y Eduardo Painemil.
Según la Fiscalía de Cañete, Llaitul era el líder de de una asociación ilícita terrorista de la zona de Lleulleu, Región del Biobío, donde el grupo inició un violento proceso de recuperación de tierras que incluyó el robo de madera a la Forestal Mininco y que culminó con el ataque al fiscal Elgueta en Tirúa, el 18 de octubre de 2008.
23 de febrero de 2011
22 de febrero de 2011
©la nación
rss

murió len lesser


Veterano actor de carácter.
Murió el miércoles en Burbank, según informó la publicista Laura Stegman, el veterano actor de carácter Len Lesser, conocido por su rol recurrente como el Tío Leo en la exitosa comedia de NBC-TV, ‘Seinfield’, en los años noventa. Sufría de leucemia y cáncer.
A partir de principios de los años cincuenta, Lesser construyó su reputación como matón en una docena de películas y en cientos de programas de televisión, mientras alimentaba su pasión por el teatro. Pero el calvo actor de nariz ganchuda llevó su carrera a un nivel superior cuando se hizo con el papel del fastidioso Tío Leo, de Jerry Seinfeld, con su característico salud: "¡Hola!"
"Es el tipo de persona que a veces es absolutamente pesada, una persona a la que evitas", dijo Lesser sobre el Tío Leo en una entrevista con el Times de 1998. "Es un tipo muy expansivo, y hay algo de atractivo en eso".

Nacido el 23 de diciembre de 1922 en Nueva York, Lesser estudió economía y administración en la City College de Nueva York en 1942. Tras servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, volvió a Nueva York a estudiar actuación.
Se mudó a Los Angeles en 1954 y empezó a trabajar en televisión y comerciales. Consiguió roles en el cine, incluyendo papeles secundarios en ‘Los héroes de Kelly’ [Kelly’s Heroes], ‘Papillon’ y ‘El fuera de la ley’ [The Outlaw Josey Wales].
Además de ‘Seinfeld’, también tuvo un rol recurrente en la comedia de CBS , ‘Todo el mundo quiere a Raymond’ [Everybody Loves Raymond], como Garvin, el amigo del padre de Raymond.
Trabajaba frecuentemente en producciones locales, entre ellas ‘Cold Storage’ en el Gnu Theatre en 1993, ‘Cantorial’ en el Actors Alley en 1992 y ‘Awake and Sing!’ en A Noise Within, el año pasado.
22 de febrero de 2011
17 de febrero de 2011
©los angeles times
cc traducción mQh