deberían estar presos

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columna de lísperguer

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Instituto Libertad & Desarrollo invita a José María Aznar y Álvaro Uribe.

Es realmente escandaloso que se invite a Chile a personajes como José María Aznar y Álvaro Uribe, políticos mucho más cercanos a los neonazis que a los partidarios de la libertad y la democracia. Algunos de los graves e innumerables crímenes de Uribe incluyen haber impedido la investigación de las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), espiado a la CS y a la oposición, ordenado el asesinato de activistas (caso Noguera, DAS) y reformado la Constitución comprando votos para hacerse reelegir. Aznar declaró la infame guerra contra Iraq a cambio de la promesa estadounidense de cederle contratos de reconstrucción del país (una vez destruido) y para cuando el atentado de Al Qaeda en Atocha pidió a EUA que declarara que había sido obra de la ETA sabiendo que sus autores eran terroristas islámicos, creyendo que así podría ser reelegido. En boca de LyD, libertad y democracia significan todo lo contrario. Una vergüenza.
lísperguer

uribe fue cómplice de masacre de el aro

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columna de lísperguer

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Ex presidente Uribe participó en masacre de El Aro en 2004.

No es el único paramilitar que se niega a declarar por temor a las represalias. En noviembre, para obligar al ex paramilitar Robinson Javier Guilombo a cerrar la boca, desconocidos asesinaron a su madre. Son los hombres de Uribe los que buscan por todos los medios impedir que personajes claves sean juzgados en Colombia, como lo demuestra el asilo de ex directora del DAS María del Pilar Hurtado en Panamá. Hace poco nos enteramos de que en la masacre de 19 campesinos de El Aro y La Granja, cometida por paramilitares en 2004, Uribe, entonces gobernador de Antioquia, trató de encubrirlos declarando que los helicópteros oficiales en que se los trasladó para cometer la matanza estaban siendo ocupados ese día por él mismo, lo que fue desmentido por el ex jefe paramilitar Mancuso. Cada día nos enteramos más del terrible papel jugado por el criminal Uribe en su desdichado país.
lísperguer

uribe tendrá que declarar

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El expresidente Álvaro Uribe no fue a declarar en un proceso contra la Drummond, en el que fue citado luego de que un estudiante le tiró un papel. Ahora, los abogados de las víctimas aducen que de todas maneras deberá asistir a rendir testimonio.

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[Juan Carlos Iragorri] Washington, Estados Unidos. El abogado de numerosas víctimas del paramilitarismo dice en que el expresidente debe comparecer para explicar los nexos entre militares y ‘paras’, y para informar de supuestos pagos de la Drummond a Fabio Echeverry.
Más líos judiciales en Estados Unidos para el expresidente Álvaro Uribe. El apoderado de numerosas víctimas del paramilitarismo que tienen un pleito judicial en Estados Unidos con la compañía estadounidense Drummond acaba de pedirle a una corte del Distrito de Columbia (Washington D.C.) que lo cite a declarar antes del 10 de febrero.
Terry Collingsworth, abogado de los demandantes le hizo la solicitud al tribunal de la capital estadounidense dentro del proceso contra la multinacional norteamericana, con el fin de que Uribe cuente lo que sabe acerca de los presuntos nexos entre el ejército y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
No es esta la primera ocasión en la que Collingsworth, que trabaja para el bufete de abogados Conrad and Scherer de Washington, formula una petición en ese sentido. Hace algunos días, una corte del Estado de Alabama, donde se ventila el juicio contra la Drummond, le ordenó a Uribe que fuera a declarar al despacho del abogado.
La cita era el 22 de noviembre, pero Uribe no acudió. Su representante, Gregory Craig, argumentó que su cliente se encuentra cobjado por la inmunidad diplomática. La misma tesis sostuvo en una carta reciente al Departamento de Estado norteamericano el embajador de Colombia, Gabriel Silva Luján.
Según Silva, Uribe, en su condición de es jefe de Estado, se encuentra protegido por la inmunidad diplomática a la luz de la Convención de Viena y no tiene por qué comparecer a un proceso judicial. Silva añade que "el ex presidente tampoco está acusado en este caso, sino que se le pide que rinda un testimonio".
La idea de la inmunidad, concluye el embajador, es evitar que quien como presidente tomó decisiones delicadas y secretas deba someterse al interrogatorio de un abogado en otro país. "Estamos defendiendo un principio jurídico. Yo también defendí al ex presidente Alfonso López Michelsen cuando lo llamaron a declarar en un proceso contra el ‘ex hombre fuerte’ de Panamá Manuel Antonio Noriega", subrayó.
Collingsworth, sin embargo, afirma en su escrito del 10 de diciembre que Uribe también debe informar de unos supuestos pagos que la Drummond le hizo a quien fuera su "jefe de gabinete" uno de sus principales asesores en la Casa de Nariño, Fabio Echeverry Correa.
El abogado de las víctimas advierte asimismo que Uribe no puede escudarse en este caso como ex jefe de Estado porque no es titular de "inmunidad testimonial". Esa teoría fue la que aplicó la Cámara de los Lores del Reino Unido cuando accedió a que el ex jefe del estado chileno Augusto Pinochet rindiera declaración en Londres en un proceso que comenzó a finales de los años 90.
El asunto, no obstante, debe ser definido en los próximos días por la justicia estadounidense. Uribe visita Washington con frecuencia, pues dicta clases en la Universidad de Georgetown.
Gregory Craig, el defensor del ex presidente, es un abogado célebre en la capital estadounidense. Fue apoderado del entonces presidente Bill Clinton cuando lo procesó el Congreso por el escándalo de Monica Lewinski; representó al senador Edward Kennedy en ciertas causas, y apoderó al padre de Elián González ‘el niño balsero’ cubano.
15 de diciembre de 2010
14 de diciembre de 2010
©semana

vendía a sus pacientes psiquiátricos

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El propietario de la fábrica se escapó llevándose consigo a una docena de discapacitados mentales que trabajaban para él. Director de hospital psiquiátrico vendía a sus pacientes..

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Pekín, China. La policía china detuvo al responsable de un centro psiquiátrico en el suroeste del país después de que supuestamente vendiera a sus pacientes a una fábrica para trabajar sin remuneración, informaron hoy las autoridades locales.
El detenido, Zeng Lingquan, es sospechoso de haber vendido como esclavos a discapacitados mentales acogidos en su centro en Quxian (provincia de Sichuan) a una fábrica de arena de cuarzo y talco en el distrito de Toksun, en la región musulmana occidental de Xinjiang. El responsable del equipo policial encargado de la investigación, Xu Jiajun, señaló a la agencia de noticias Xinhua que un grupo de doce efectivos de Quxian se ha desplazado a Xinjiang para liberar a las víctimas de este nuevo escándalo por esclavitud en las manufacturas chinas.
Por su parte el dueño de la fábrica, Li Xinglin, se escapó el domingo a Sichuan llevándose consigo a una docena de discapacitados mentales que trabajaban para él, informó el secretario del Partido en Toksun, Yang Jin. La factoría, llamada Jiaersi Green Construction Material Chemical Factory, ha sido cerrada por las autoridades locales, que se mantienen en contacto con las de Sichuan para detener a Li, cuya esposa se encuentra ya bajo custodia policial.
Jiaersi ocupa una superficie de 6.667 metros cuadrados y produce arena de cuarzo y polvos de talco, entre otros productos, según Xinhua.
Este nuevo escándalo de esclavitud lo destapó un diario local, el Xinjiang Metropolis News, que tras recibir un aviso de que Jiaersi estaba obligando a trabajar a enfermos mentales envió a unos reporteros a entrevistar al dueño con la excusa de realizar un reportaje sobre contaminación ambiental.
Según ese rotativo, a los obreros de Jiaersi, que había sido registrada en julio de 2006, no se les pagaba un salario que en otras plantas de la zona era de mas de 150 yuanes al día (22,5 dólares o 16,7 euros) ni se les proporcionaba mascarillas de protección como estipula la ley de seguridad laboral.
El propio dueño, Li Xingin, señaló al diario que los trabajadores provenían de un centro de acogida para mendigos en Quxian, dirigido por Zeng Lingquan y que en realidad acogía a discapacitados para su adopción.
En 2007 las asociaciones de padres de niños desaparecidos desvelaron que cientos de ellos habían sido vendidos como esclavos en fábricas de ladrillos, que también esclavizaban a retrasados mentales, un caso que conmocionó a la sociedad china.
15 de diciembre de 2010
14 de diciembre de 2010
©abc

condenan a ladrones de bebés

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Diez años de prisión a los apropiadores de María Natalia Suárez Nelson.

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Argentina. El Tribunal Oral Federal Uno de La Plata condenó a los dos acusados de la apropiación de una beba, hija de un matriomonio de desaparecidos, en agosto 1977, durante la dictadura militar. Omar Alonso, su padre adoptivo, y el ex capitán de navío, Juan Carlos Hertzber, fueron condenados por los delitos de retención, sustracción y ocultamiento de un menor y alteración del estado civil. Los jueces dispusieron exámenes médicos para resolver como cumplirán la condena los dos sentenciados, que en la actualidad están beneficiados con la prisión domiciliaria.
Los jueces Carlos Rozanski, Roberto Atilio Falcone y Mario Portela encuadraron los delitos como de lesa humanidad en el marco de un genocidio perpetrado por la dictadura militar, entre 1976 y 1983, cuando la sustracción de hijos de desaparecidos "era una práctica sistemática como parte de un plan destinado a disciplinar a la sociedad".
Además, el tribunal platense también encontró a Alonso y Hertzber culpables de "falsificación de documentos públicos" de la entonces niña. María Natalia Suárez Nelson es hija de María Elena Isabel Corvalán y Mario César Suárez Nelson, ambos desaparecidos durante la dictadura por su militancia en Montoneros.
El expediente sobre su desaparición se inició en agosto de 1985, cuando, según la causa, Omar Alonso y su esposa, María Luján Di Mattía, armaron un relato ficticio sobre el supuesto nacimiento de su hija y se negaron a pericias científicas que podrían haber determinado la verdadera identidad de la joven.
En 1986, el matrimonio se fugó con la niña al Paraguay y, al amparo de la dictadura de Alfredo Stroessner, compartieron estadía con otros apropiadores como Norberto Bianco y Samuel Miara. En 1993 Alonso fue detenido en una de sus visitas a La Plata, pero la Justicia provincial lo sobreseyó.
Diez años después de la fuga, fue extraditada la esposa de Alonso, que también estuvo detenida, pero luego fue liberada y la absolución de ambos fue dictada por el juez penal Juan Carlos Bruni, de la Justicia bonaerense, decisión que confirmó la Cámara de Apelaciones.
En 2003, la causa se reabrió en el fuero federal y el 31 de agosto de 2005 el juez Arnaldo Corazza libró una orden de allanamiento a los fines de "secuestrar muestras alternativas" de sangre de las que sea posible extraer ADN de María Natalia Alonso.
Recién el 1 de junio de 2006, María Natalia conoció su verdadera identidad, a través de la notificación de los resultados del estudio de histocompatibilidad realizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Durante el juicio se acreditó que Herzberg entregó la niña nacida en cautiverio a Alonso y su mujer, quienes la inscribieron como propia en el Registro de las Personas.
[Foto viene de este blog.] nopublicable.blogspot.com]
15 de diciembre de 2010
14 de diciembre de 2010
©página 12

pacos expulsados por maltratos

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Carabineros expulsa a seis funcionarios por maltrato a detenido.

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Santiago, Chile. Carabineros informó esta tarde que dio de baja a seis funcionarios de la institución por "maltrato psicológico" a un ciudadano durante su detención.
Según explicó el jefe de la zona Metropolitana de la policía uniformada, general José Ortega, dos tenientes, dos subtenientes y dos cabos fueron marginados por "amenazas con arma de fuego y vejación injusta" contra la persona al interior de un furgón policial mientras era detenida.
Añadió que se pudo establecer el hecho con imágenes proporcionadas por un canal de televisión, las que develan cómo uno de los cabos apuntó con su arma de servicio al detenido amedrentándolo, situación de la que estaban al tanto el otro suboficial y los cuatro oficiales expulsados, todos de dotación de la 50ª Comisaría de San Joaquín.
14 de diciembre de 2010
©la nación

cables dejan en ridículo a concertación

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columna de lísperguer

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Extrema derecha y gobierno socialista trataron de relacionar causa mapuche con ETA y las FARC.

Lo que demuestran estos cables, más allá del doblez y falsedad de los políticos con respecto al conflicto mapuche, es el enervante servilismo de los gobiernos de la Concertación, que definieron su política en la Araucanía sobre la base de las conspiraciones y campañas de la extrema derecha, en las que participó el propio presidente Piñera. Sorprende malamente que el gobierno de Bachelet haya investigado los presuntos nexos de mapuches con la guerrilla colombiana o el terrorismo vasco a partir de acusaciones falsas y montajes, al mismo tiempo que colabora con terroristas de extrema derecha (UDI) infiltrados en la administración del estado con la complicidad de la Concertación. Ningún gobierno quiere asumir la tarea de devolver las tierras a los mapuches y se dedican a darles largas, con la escandalosa aquiescencia del poder judicial. La única política que conoce Chile es el despojo y la represión.
lísperguer

rata pinochetista en el pentágono

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Un militar chileno que trabaja en el Pentágono, acusado de torturar prisioneros sometiéndolos a actos sexuales.Rata fue agente de la DINA.

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[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Un brigadier retirado del Ejército chileno, que integró la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet y que desde 2001 trabaja en Washington, adscrito al Pentágono, ha sido acusado en Chile de haber sido un torturador que obligaba a sus víctimas a cometer aberraciones sexuales.
Así lo señalaron hoy a Efe fuentes del juicio que involucra al ex brigadier Jaime García Covarrubias, que trabaja como profesor de Asuntos de Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa de Estados Unidos.
En el proceso, ex prisioneros y también ex militares que fueron sus subalternos acusan a García Covarrubias haber actuado con "crueldad y tratos inhumanos" contra los detenidos y los propios soldados del regimiento "Tucapel", en la sureña ciudad de Temuco.
García Covarrubias, que a finales de 1974 se convirtió en instructor de agentes en técnicas de interrogatorio y represión y que en los últimos años del régimen militar integró el círculo estrecho de Pinochet, con cargos en dos ministerios, figura como "inculpado" en el proceso que se instruye en Temuco por delitos de lesa humanidad.
Entre ellos, el asesinato de seis militantes comunistas ocurrido el 10 de noviembre de 1973, encubierto como un falso ataque al cuartel, pues las víctimas permanecían detenidos en el mismo regimiento. En esa época, García servía en el Tucapel con el grado de teniente.
Los cargos y antecedentes que lo inculpan se formulan en al menos 25 declaraciones firmadas por ex detenidos y militares, documentos a los que Efe tuvo acceso, en el proceso que investiga el juez de la Corte de Apelaciones de Temuco Fernando Carreño.
Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados chilena pedirán este semana, a través de la embajada de Estados Unidos en Santiago, que la Secretaría de Defensa de su país cese a García Covarrubias de sus funciones.
Según los antecedentes del juicio, los delitos de los que está acusado García fueron cometidos tras el golpe militar de 1973, cuando formaba parte de la Compañía de Plana Mayor del regimiento, integrando además con otro grupo de militares la Sección II de Inteligencia del cuartel.
De acuerdo con el proceso y los testigos, ambas instancias tenían a su cargo a los prisioneros que permanecían en el regimiento.
En ese tiempo, Jaime García integró también los Consejos de Guerra contra prisioneros políticos, que han descalificado tanto las cortes de justicia chilenas como internacionales.
El pasado septiembre, García tuvo que viajar a Chile por orden de la Justicia para ser interrogado y sometido a careados con ex prisioneros y militares.
Durante la diligencia, el ex detenido Herman Carrasco lo acusó de haberlo torturado junto a otros prisioneros. "El oficial Jaime García Covarrubias comenzó a golpearnos y desnudos nos obligó a efectuar actos sodomíticos, sin éxito", declaró Carrasco. García negó la acusación.
Otro ex detenido, Víctor Maturana, testimonió que "de mis torturadores pude identificar al capitán Nelson Ubilla, y a los tenientes Manuel Vásquez Chahuán y Jaime García Covarrubias".
El ex soldado Héctor Barra Reyes, declaró judicialmente que "me consta que el capitán Nelson Ubilla y los hermanos García Covarrubias interrogaban a los detenidos en el lugar donde los torturaban" y agrega que ello era cometido "principalmente por el de nombre Jaime".
El capitán Ubilla era el jefe de los hermanos Jaime y Raimundo García, tanto en la Compañía de Plana Mayor como en la Sección II de Inteligencia.
Según el ex militar Oscar Inostroza, "el teniente Jaime García se destacaba por su crueldad y tratos inhumanos hacia los detenidos y los propios conscriptos (reclutas)".
Igual cargo le formuló el ex soldado Enrique Moreno: "del teniente Jaime García recuerdo su crueldad con los prisioneros".
En cuanto al crimen de los seis comunistas, Inostroza declara que "lo ocurrido aquella noche fue una ejecución de detenidos, siendo el comentario generalizado entre los conscriptos que los oficiales Jaime y Raimundo García Covarrubias y Norberto Uribe Moroni habían participado".
Sin embargo, el actual profesor del Centro de Estudios del Pentágono sostiene en sus declaraciones procesales que "no había personas detenidas en el regimiento" y que la muerte de los seis comunistas ocurrió en un "enfrentamiento".
En sus declaraciones judiciales, García reconoce que perteneció a la DINA, la policía secreta de la dictadura, sirviendo como instructor de agentes en técnicas de interrogatorio y contrainteligencia, por lo que en su hoja de vida obtuvo varias felicitaciones.
14 de diciembre de 2010
13 de diciembre de 2010
©noticias en español yahoo