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lobo con piel de cordero


La historia de José Bujedo, ex árbitro y represor durante la dictadura. Por su labor en las canchas lo consideraban uno de los mejores de la liga marplatense. Pero fuera de ellas integraba un grupo de tareas que delataba, secuestraba y hacía desaparecer a personas. En democracia, escribió un libro sobre las reglas del fútbol.
[Gustavo Veiga] Argentina. Las huellas de José Francisco Bujedo en democracia siguen frescas, igualitas a las que dejó como represor de la dictadura en la Base Naval de Mar del Plata. El ex árbitro de fútbol parece un buen samaritano. A no ser por lo que señala su pasado. Presidente de una sociedad de fomento, ex ocupante de una banca abierta en el Concejo Deliberante y ex colaborador de un edil que le permitió escribir un manual sobre reglas del juego, vive como un vecino más, mimetizado en el paisaje de la costa bonaerense. Distintas voces se superponen para denunciarlo, pero el hombre calvo, anciano ya, y que en los años ’70 era considerado el mejor referí de la liga local, pasea como si nada entre sus víctimas. Las que todavía pueden enrostrarle su historia como integrante de los Servicios de Inteligencia de la marina se preguntan indignadas cómo es posible. A Bujedo no le importa demasiado. Desde que se recuperaron las instituciones, hasta se valió de ellas para legitimarse. El cuadernillo de 28 páginas de su autoría, ‘Aprendiendo sobre fútbol’, editado en 2007 por el Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder), es la mejor prueba.
Entre los objetivos propuestos por el Emder y citados en el texto preparado por Bujedo, hay uno que, en manos del autor, se antoja una burla macabra: "Inculcar hábitos de vida democrática...". La frase se completa con que esos hábitos deberán estar basados en "el respeto por el adversario, el árbitro y las reglas". La carátula del trabajo tiene como ilustraciones una fotografía de Diego Maradona besando la Copa Mundial del ’86, el escudo de la AFA, un silbato y dos tarjetas, una amarilla y otra roja. El cuadernillo era de distribución gratuita y Bujedo logró que se lo divulgaran durante la gestión al frente del Emder del ex concejal marplatense Eduardo Antonio Benedetti, del Partido Acción Marplatense. El mismo que cumplió dos períodos en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón: por el Frejuli entre 1973 y 1976 y por aquella fuerza local de 2001 a 2003, año en el que se separó y formó Reagrupamiento del Pueblo Marplatense (RPM).
Este político veterano, tan cercano a Eduardo Duhalde como a la iniciativa de que la ciudad balnearia creara su propia policía, siempre quiso manejar el Emder. Algunos proyectos pseudodeportivos que impulsó desde su banca lo corroboran. Uno tuvo que ver con la construcción de una pista de automodelismo (para autos en miniatura) en el Parque Camet. Pensaba que con ella se revalorizaría la zona. Durante su gestión en el Emder lo acompañó Bujedo, presidente de la sociedad de fomento del barrio San Carlos. Desde este espacio de compromiso social, el ex árbitro logró emular, en parte, lo que había conseguido el comisario Luis Patti (un represor más tristemente célebre) en octubre de 2005, cuando salió elegido diputado.
La diferencia es que a Bujedo se le permitió ocupar una banca abierta en el Concejo Deliberante en diciembre de 1997. El significado que tiene ese lugar en la caja de resonancia de la política marplatense es que lo ocupen los vecinos o instituciones para expresar sus opiniones, fundamentarlas y hasta reclamar por ellas. La ciudad la creó mediante el decreto 478 en 1994 y se transformó en precursora de esa modalidad que también adoptaron municipios como La Plata, Morón, Monte Hermoso, Zárate, Necochea y General Rodríguez, entre otros. El ex referí aprovechó la banca para exponer sobre los asentamientos irregulares de Mar del Plata y la forma en que se pretendía erradicarlos. Alegó contra esa política y en particular contra la decisión que pretendía desplazar a la Villa de Paso, un asentamiento cercano al acomodado barrio Los Troncos que tenía seis manzanas. Hoy, la mayoría de las 500 familias que vivían allí fueron mudadas a barrios de la periferia.
Bujedo no desaprovechó la posibilidad de reciclarse en la sociedad marplatense de ese modo. Le fue mejor que a su compañero de terna arbitral y de represión Angel Narciso Racedo, su superior en los grupos de tareas que delataban, secuestraban y hacían desaparecer gente. Los dos solían reunirse en la sede del gremio UTEDyC a partir del ’76 y está documentado que pertenecían a los Servicios de Inteligencia de la Marina. Bujedo es cinco años mayor y en la cancha mandaba como árbitro principal. Racedo, quien ahora cumple una pena de prisión domiciliaria en Punta Alta, obedecía en el papel de juez de línea. La jerarquía se invertía por las noches en los operativos clandestinos donde se definían la vida y la muerte. En esa circunstancia, el juez asistente se convertía en el Comisario Pepe, su nombre de guerra.
Sólo en Mar del Plata desaparecieron unas 290 personas entre el año del golpe y 1978, cuando se realizó el Mundial. La ciudad –una de las cinco sedes– sufriría antes, durante y después del torneo un ensañamiento mayor con el aumento de la cantidad de secuestros. Edgardo Gabbin, un trabajador portuario que fue detenido en 1977, para más datos ex futbolista del Club Nación de Mar del Plata, denuncia a Bujedo con la indignación de saber que puede cruzárselo por la calle. Explicó detalles de su cautiverio durante una charla en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos marplatense, el lunes 18 de octubre. Contó que el ex árbitro participó en su secuestro durante la presentación del libro ‘Deporte, Desaparecidos y Dictadura’, auspiciada por Madres de Plaza de Mayo, HIJOS y el Sindicato de Prensa local. Hoy continúa en la lucha por el esclarecimiento de las desapariciones de sus compañeros. Memoria Portuaria es el nombre del grupo que intenta rescatar esas historias.
Bujedo, en cambio, como si fuera un lobo con piel de cordero, promueve las reglas del fútbol y el juego limpio. Así lo hacía en el cuadernillo de marras, que en su página 2 sugiere: "por eso el Emder, a través de los cuerpos colegiados, ha encontrado con toda seriedad un trabajo que debe servir para apoyar a los niños y padres en el conocimiento razonado de las reglas del fútbol". El represor se empecina en dejar enseñanzas con la desfachatez que le brinda su impunidad.
24 de octubre de 2010
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muertes, torturas y mentiras en iraq


Las venas abiertas de la invasión a Irak. Por acá un detenido torturado con cables pelados. Por allá, niños fusilados por tropas estadounidenses en puestos de control. En otro lado, insurgentes usando niños.
[Emily Dugan, Nina Lakhani, David Randall, Victoria Richards y Rachel Shields] Iraq / Estados Unidos. Así que ahora empezamos a ver qué había detrás de lo que Tony Blair llamó "el precio de la sangre". Por acá un detenido torturado con cables pelados. Por allá, niños fusilados por tropas estadounidenses en puestos de control. En otro lado, insurgentes usando niños para cometer atentados suicidas. Y así, 391.832 documentos. En el Pentágono, estos mensajes llegaban todos los días a las casillas de correo de los burócratas. Para los iraquíes, los documentos detallan, en el tono desafectado del lenguaje militar, nada menos que las venas abiertas de una nación.
Hoy, siete años y medio después de la orden de invadir, la mayor filtración en la historia ha mostrado, mucho más que lo conocido hasta ahora, todo lo que desató esa declaración de guerra. Los servicios secretos iraquíes torturaron a cientos de personas, los militares estadounidenses miraron, tomaron nota y mandaron e-mails, pero casi nunca intervinieron. La tripulación de un helicóptero artillado recibió la orden de dispararles a insurgentes tratando de rendirse. Un médico le vendió a Al Qaida un lista de pacientes suyas, mujeres disléxicas, para que sean engañadas para convertirse en bombarderas suicidas. Una empresa privada de Estados Unidos, que ganó millones de dólares tercerizando tareas de seguridad, mataba civiles. Y los estadounidenses que siempre se vanagloriaron de no contar víctimas civiles, en realidad llevaban un conteo secreto. Siendo conservadores, los nuevos documentos suman 15.000 muertes a los números conocidos hasta ahora.
Fue anteayer cuando Wikileaks, el sitio web financiado por la gente que ganó fama mundial al filtrar material sobre Afganistán a principios de año, descargó cerca de 400.000 documentos militares estadounidenses, cubriendo el período 2004-2009. El archivo consiste en mensajes pasados por tropas de rango bajo y medio a sus superiores y que eventualmente llegaron al Pentágono. Están marcados como "secreto", que no es ni por asomo la clasificación más alta de seguridad.
La respuesta del Pentágono fue decir que la filtración puso en peligro la vida de las tropas de Estados Unidos y sus aliados, y otras fuentes oficiales ningunearon los documentos diciendo que no revelaban nada nuevo. Una respuesta llegó de Iraq Body Count, la ONG británica que monitorea las muertes desde el 2003: "estos documentos... contienen información de bajas civiles y militares que han sido ocultadas de la luz pública por el gobierno de EE.UU. durante más de seis años... La información de las bajas es información sobre el público (sobre todo el público iraquí) que fue retenida sin justificación tanto de la opinión pública iraquí como la internacional, por los militares de EE.UU., aparentemente con la intención de ocultarla indefinidamente".
Los documentos filtrados son documentos estadounidenses, por eso detallan apenas un puñado de incidentes que involucran a tropas británicas. Dos de ellos, del año 2008, registran la queja de dos chiítas que dicen haber sido golpeados por tropas británicas no identificadas. Los dos presentaban heridas consistentes con sus relatos. No hay registro de que haya habido una investigación. Otro documento, datado del 2 de septiembre del 2008, dice que un interrogador civil trabajando con los estadounidenses acusó a soldados británicos de arrastrarlo por el piso de su casa y de hundir su cabeza en el inodoro mientras le apuntaban con una pistola. El cable dice que su historia tenía inconsistencias y que el demandante no presentaba heridas.
Estas son las dos áreas significativas de información fresca y nueva:

Muertes de Civiles
El Pentágono y el Ministerio de Salud iraquí venían negándose a publicar estadísticas de civiles muertos en la guerra, y hasta negaban que esas cifras existieran. "No tenemos una cuenta de civiles muertos", dijo el general Tommy Franks, quien dirigió la invasión de Irak. Los documentos filtrados revelan hasta qué punto sus palabras eran huecas.
Desde el principio de la guerra, The Independent reveló que la cuenta verdadera era mucho más alta de lo que los militares de EE.UU. sugerían. Ya en el 2004, este diario informó que el Pentágono estaba juntando datos al respecto y que expertos académicos calculaban que los muertos civiles superaban los 100.000.
Los documentos detallan 109.032 muertes, de las cuales 66.001 son de civiles. Irak Body Count dijo anteayer que un análisis de un muestreo de 860 documentos agregaría 15.000 muertes a la cifra previa de 107.000. A estas muertes habría que agregarles las de los civiles, por lo que el total de muertos en la guerra de Irak estaría en alrededor de 150.000, el 80 por ciento civiles.
Sin embargo, ciertos recaudos deben tomarse al analizar esta información. No se trata de un conteo exhaustivo de las muertes. La muerte de civiles contrasta con las palabras que George W. Bush pronunciara en el 2003, cuando dijo que la nueva tecnología permitía a las tropas tomar recaudos especiales para proteger a los civiles. "Con las nuevas tácticas y armas de precisión, podemos alcanzar objetivos militares sin dirigir la violencia a la población civil", dijo.

Tortura
Los documentos filtrados proporcionan una mirada in situ de los abusos informados por militares de EE.UU. a sus superiores, y aparentemente corroboran mucho de lo ya informado con respecto a los incidentes. Presos golpeados, presos quemados, presos azotados aparecen en cientos de documentos, dando la impresión de que el uso de cables eléctricos, barras de metal, palos de madera y sogas utilizados para torturar prisioneros eran una práctica común. Aunque algunos de estos casos fueron investigados por los estadounidenses, la mayoría que surge del archivo parece haber sido ignorada.
Al principio, el espacio para los presos era limitado y los iraquíes los amontonaban en cárceles temporarias. En noviembre del 2005, soldados de EE.UU. encontraron a 173 prisioneros con quemaduras de cigarrillos, cicatrices y huesos rotos, en una comisaría cerca de Bagdad. El documento dice: "Muchos prisioneros están tosiendo... Aproximadamente 95 están en una sola habitación, sentados con las piernas cruzadas y los ojos vendados, todos apuntando a la misma dirección. Según uno de los prisioneros interrogados en el lugar, doce prisioneros habían muerto por enfermedad en semanas recientes".
En agosto, 2006, un sargento de EE.UU. en Ramani escuchó el sonido de latigazos saliendo de una estación de policía y se topó con un teniente iraquí que usaba un cable eléctrico para pegarle a un detenido en las plantas de sus pies. Después descubrió al mismo teniente azotando la espalda del detenido. El estadounidense presentó una declaración jurada acompañada por fotos de "marcas circulares de latigazos y sangrado de espalda". El caso no se investigó.
Pero algunos de los peores ejemplos son muy recientes. En diciembre pasado doce soldados iraquíes, incluyendo un agente de Inteligencia, fueron filmados en Tal Afar matando a tiros a un detenido con las manos atadas. En otro caso, tropas de EE.UU. encontraron a un detenido con dos ojos en compota, lesiones en el cuello y "costras de sangre en su tobillo izquierdo". El detenido dijo que fue picaneado para que hiciera una confesión. Funcionarios iraquíes dijeron que se lastimó tratando de escapar.
Amnesty International condenó las revelaciones y sugirió que EE.UU. había violado leyes universales al entregarles prisioneros a fuerzas iraquíes conocidas por cometer abusos "a una escala realmente alarmante". El Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Tortura, Manfred Nowak, dijo que es un deber del gobierno de EE.UU. investigar si sus empleados estuvieron involucrados o fueron cómplices de las torturas.

El Uso de Al Qaida de Pacientes Discapacitados
Un doctor habría vendido "listas" de pacientes discapacitados para que les coloquen bombas accionadas a control remoto y sean detonadas en mercados bulliciosos en Bagdad. Según los documentos, en octubre del 2008 un médico fue detenido bajo sospecha de entregarle once nombres de pacientes a los insurgentes.
El archivo dice que las mujeres "probablemente fueron usadas en el doble atentado suicida del 1o de febrero del 2008 en contra de mercados locales, refiriéndose a dos mujeres con síndrome de Down que fueron engañadas para colocarse chalecos con explosivos que estallaron en dos bazares en el centro de Bagdad. Las explosiones, que según funcionarios iraquíes fueron detonadas desde teléfonos celulares, mataron al menos 73 personas e hirieron a más de 160.
No fue un incidente aislado. El 4 de abril del 2008 un adolescente "retardado mental" se inmoló en un funeral en la provincia de Dilaya, al noreste de Bagdad, matando a seis e hiriendo a 34. "Tenía los rasgos faciales de una persona con síndrome de Down", dice el documento. El 28 de febrero del 2008 un adolescente con retraso mental fue baleado por una patrulla de EE.UU. mientras intentaba huir de sus captores que intentaban usarlo como bombardero suicida.
24 de octubre de 2010
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nexos de uribe con paramilitares


Las piezas olvidadas de una conspiración. SEMANA revela grabaciones y testimonios que muestran cómo paramilitares desempeñaron un papel protagónico a favor del gobierno de Uribe en su pelea contra la Corte.
Colombia. Ya para nadie es un secreto que, por su enfrentamiento con la Corte Suprema, el anterior gobierno acudió a tácticas ilegales, como lo reconocieron a la justicia varios funcionarios del DAS y lo han corroborado tanto la Procuraduría como la Fiscalía. Sin embargo, dentro de esa estrategia de desprestigio aún hay episodios tan desconocidos como aterradores. Uno de ellos, hasta ahora inédito, ocurrió el 24 de abril de 2008.
Ese día, en la sede del Sena en Apartadó, Urabá, se adelantaba un foro sobre proyectos productivos de los desmovilizados de esa área. En la reunión participó medio centenar de personas, entre las que estaban el entonces presidente de la Cámara, Óscar Arboleda, y sus compañeros Óscar Lizcano y Édgar Eulises Torres. También asistió el jefe de la misión de la OEA para la desmovilización de los ’paras’, Sergio Caramagna, y el comisionado para la Reintegración, Frank Pearl. Cuando la reunión estaba por terminar, (y estaba siendo transmitida por el canal institucional), un ex paramilitar llamado Ferney Suaza pidió la palabra y con la primera frase que dijo captó la atención del auditorio. "Quiero que le cuenten al Presidente...", comenzó su declaración el desmovilizado. En una corta intervención dijo que había sido abordado por varias personas que le ofrecieron 200 millones de pesos para involucrar públicamente al presidente Uribe con los paramilitares de esa región del país.
De inmediato, el representante Lizcano ordenó que las cámaras de televisión del Congreso registraran el hecho. "Nos pareció muy grave lo que había dicho, y por eso decidimos que de inmediato había que reportarle esto al presidente Uribe", dijo Lizcano a los medios en ese entonces. Tan pronto Suaza terminó de hablar, los congresistas hicieron el puente telefónico con el mandatario y el ex paramilitar le contó su versión. Uribe le expresó su agradecimiento y la preocupación por lo que le había contado, y ordenó que se le reforzara la seguridad. Les pidió a los congresistas que lo acompañaran y estuvieran pendientes de que se le brindara la protección necesaria.
Suaza se había desmovilizado con el Bloque Bananeros de las Auc, en noviembre de 2004, y era reconocido como líder comunal en el Urabá antioqueño. Para el momento de su denuncia en el Sena de Apartadó se desempeñaba como vocero de los desmovilizados reinsertados y era dirigente de la empresa Superban, que agrupaba a más de un centenar de desmovilizados.
Tras la declaración de Suaza, Uribe salió en varios medios de comunicación a replicar lo dicho por el ex paramilitar: en síntesis, que unas ONG y otras personas habían intentado sobornarlo para que vinculara al mandatario con grupos paramilitares en Urabá. Fabio Valencia Cossio, quien para esa época se desempeñaba como alto consejero presidencial, afirmó que la denuncia del ex paramilitar era la prueba de que había "un complot internacional, y hay muchos elementos que demuestran que el presidente Uribe les está estorbando a ciertos políticos internacionales y, obviamente, eso es un muro de contención". Valencia Cossio afirmó también que el testimonio de Suaza probaba que había un "cartel de testigos" contra el gobierno y dijo que lo que estaba sucediendo "es una cosa infame y es de cada ocho días. Una semana arman una cosa desde una cárcel y a la siguiente, desde el exterior". El entonces ministro del Interior, Carlos Holguín, se sumó a las voces de indignación del gobierno, a la vez que pidió a la Fiscalía investigar las graves denuncias hechas por el ex paramilitar, quien fue ampliamente elogiado por Uribe debido a "su honestidad" y por no haber cedido al chantaje.
Prácticamente desde el momento de su denuncia y durante las siguientes 24 horas, Suaza apareció en todos los medios del país. "La idea era que lo enlodara (a Uribe), lo involucrara en alguna situación que tuviera que ver con el Bloque Bananero y que hiciera comentarios de que él había orientado acciones o situaciones en ese aspecto. Ese ofrecimiento fue en el transcurso de la semana pasada y en el día de ayer volví a recibir llamadas donde se me sugería que aprovechase la oportunidad, explicó Suaza en conversación con varios medios de comunicación. Lo que ellos decían era: ’hágale un señalamiento directo al Presidente de la República, no tiene quién lo desmienta’ (...) En la conversación se hablaron muchas cosas. Entre eso, la posibilidad de que me buscaran, a través de una ONG, asilo político en un país extranjero. En Canadá o en otra parte. Soy muy claro y contundente. Por esa razón no le guardo nada a nadie y en ese sentido pienso que tengo un gesto de responsabilidad ante el país y seriedad ante esa situación al ponerla al descubierto. Este momento me resulta bochornoso e indignante", precisó el ex paramilitar.
La explosiva declaración de Suaza ocurrió en una semana que había comenzado muy mal para el gobierno. El 20 de abril, Noticias Uno reveló la declaración de Yidis Medina en la que ella confesaba que había recibido prebendas del entonces ministro Sabas Pretelt y el de Protección Social, Diego Palacio, a cambio de haber votado a favor de la reelección. El 22 de abril se ordenó la captura del senador Mario Uribe, primo del Presidente, dentro del proceso que se le adelantaba por parapolítica. El congresista buscó infructuosamente asilo en la embajada de Costa Rica en Bogotá.
El testimonio de Suaza, el 24 de abril, así como la gran cantidad de declaraciones de rechazo y denuncias de un cartel de testigos por parte del gobierno lograron cambiar la agenda de los medios.
El problema, sin embargo, es que el testimonio del ex paramilitar Suaza era una farsa bien montada. Las declaraciones no solo eran falsas, sino que hacían parte de un complot en el que nuevamente aparecen ex paras y miembros del alto gobierno de la época de Uribe juntos.
SEMANA tuvo acceso a varias grabaciones que demuestran que el episodio del ex paramilitar Suaza fue un montaje para ayudar al gobierno, en el que participó un oscuro personaje que hoy en día ya es tristemente conocido por la opinión pública: Antonio López, alias ’Job’.

El Fantasma de ’Job’
’Job’ fue asesinado en julio de 2008. Pero su nombre y alias son hoy de amplia recordación, no por su muerte sino por lo que hizo los últimos meses en vida. ’Job’ fue el protagonista de uno de los episodios más escandalosos durante el gobierno de Álvaro Uribe. Junto con Diego Álvarez, el abogado del narcoparamilitar Diego Murillo, alias ’Don Berna’, ingresaron por el sótano a la Casa de Nariño la noche del 24 de abril de 2008 para reunirse con funcionarios de Palacio, entre ellos, los entonces secretarios jurídico, Edmundo del Castillo, y de prensa, César Mauricio Velásquez, y una funcionaria del DAS, la entonces subdirectora de Operaciones, Martha Leal.
El objetivo de la visita de esos personajes era entregarles a los funcionarios del gobierno unas supuestas pruebas de actuaciones irregulares de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. En agosto de ese año, SEMANA reveló en exclusiva los detalles de ese episodio. Hoy, gracias a las investigaciones judiciales por el caso del espionaje del DAS y a la confesión de varios ex funcionarios de esa entidad, se sabe que esa reunión no fue fortuita y que se empezó a gestar desde diciembre de 2007, con la activa participación del DAS .
Aunque los detalles de la reunión del 24 de abril de ’Job’ en la "Casa de Nari", como él denominó al Palacio Presidencial en una célebre conversación divulgada por SEMANA, solo se conocieron cuatro meses después, la realidad es que ese jueves fue bastante agitado para el enviado de ’Don Berna’ y miembros del gobierno. Mientras ’Job’ se reunía con funcionarios de Palacio y del DAS en Bogotá, ese mismo día el ex paramilitar Suaza denunció ante todos los medios en Apartadó que le habían ofrecido dinero para enlodar a Uribe. No parecen hechos aislados. Por el contrario, varias grabaciones en poder de SEMANA develan una compleja estrategia.
"Qué hubo, mijo. ¿Sí vio noticias o no? Hay una entrevista, hermano, y todo el cuento. (...) En Caracol, RCN, Teleantioquia, todo, hermano". Con esa frase comienza una conversación entre Suaza y ’Job’ a las 12:51 de la tarde del viernes 25 de abril sobre las declaraciones que dio el primero acerca del supuesto soborno que le ofrecieron para hablar del entonces presidente Uribe. "Eso está muy bien. ¿Cuándo te reúnes con Uribe?", le respondió ’Job’. "En la tarde viene el Alto Comisionado (Luis Carlos Restrepo), es probable, y posteriormente me dicen que para hacer un acercamiento con el Presidente", respondió Suaza. "Al Comisionado no le diga que usted y yo hablamos, solamente al Presidente, ¿oyó?",le advierte ’Job’ a su interlocutor.
En la misma conversación, Suaza le pide a ’Job’ que le ayude a sacar a su familia de Urabá y le consiga una casa, como parte del acuerdo. Cuatro horas después, a las 5:34, Suaza y ’Job’ vuelven a hablar. Suaza dice que ya está con el comisionado Restrepo y que ya había ido a la Fiscalía a efectuar una primera declaración sobre su denuncia.
Aunque mediáticamente la declaración de Suaza fue muy efectiva para el gobierno, a los pocos meses de ese episodio el ex desmovilizado quedó en el peor de los mundos. Cuando Suaza fue llevado a la Fiscalía para declarar, el ex paramilitar no mencionó nombre alguno sobre las personas o entidades que supuestamente le habían ofrecido el dinero para salpicar a Uribe. Esto generó malestar entre algunos funcionarios del gobierno, que esperaban una declaración más explosiva. Como consecuencia de esa desavenencia, a Suaza le retiraron el esquema de seguridad que el Estado le había proporcionado. Con el asesinato de ’Job’, Suaza también se quedó sin la contraparte y salió exiliado del país.
SEMANA conoció que Suaza le confesó a jerarcas de la Iglesia y ONG internacionales que él se había prestado para una estrategia trazada por ’Job’ y funcionarios del gobierno.

El Verdadero Cartel de Testigos
Suaza no fue el único ’testigo’ que luego terminó siendo parte de un montaje. Unos meses antes, había estallado un escándalo a raíz de la declaración de un ex paramilitar conocido como ’Tasmania’. En octubre de 2007, el mismo Uribe y altos funcionarios del gobierno denunciaron que un ex paramilitar había confesado que el magistrado estrella de la parapolítica Iván Velásquez estaba intentando enlodar al entonces Presidente. Una investigación de la Fiscalía calificó el episodio como un "vulgar montaje", cuyo único fin era desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia.
A los pocos días de conocerse la denuncia de ’Tasmania’, sorpresivamente surgió otro testimonio que supuestamente respaldaba lo dicho por él. El 11 de octubre de 2007, en la sede del consulado de Colombia en Nueva York, el ex sargento del Ejército Eduin Guzmán fue entrevistado por varios medios de comunicación. De acuerdo con su declaración, los magistrados auxiliares de la Corte Iván Velásquez y Héctor Alarcón, quien adelantaba investigaciones sobre parapolítica en Antioquia, le habían ofrecido beneficios judiciales a cambio de que implicara al presidente Uribe y a su primo, el entonces senador Mario Uribe Escobar, en acciones delictivas. Al igual que ocurrió con ’Tasmania’, y en abril de 2008 con Suaza, altos funcionarios del gobierno retomaron las declaraciones de Guzmán y afirmaron que no solo eran muy graves, sino que demostraban que había un complot y un cartel de testigos contra Uribe. Guzmán tampoco hablaba con la verdad. "A mí me ofrecieron que si decía eso me iban a ayudar a conseguir las visas para traer a mi familia a Estados Unidos. Y como yo estaba desesperado, pues dije lo que me dijeron que dijera. Lo malo es que después de que me pusieron a hablar con periodistas y di las declaraciones, no me volvieron ni a pasar al teléfono y obviamente no me cumplieron con nada. Unos meses después, como en abril de 2008, me llamaron de la embajada de Colombia en Washington para lo mismo, pero como ya me habían hecho conejo una vez, yo no me presté para volver a declarar", dijo Guzmán a SEMANA.
La Fiscalía investigó al fiscal Alarcón, gracias a lo dicho por Guzmán. Su conclusión, conocida a mediados de 2009, fue contundente: todo había sido "un montaje" contra el investigador de la parapolítica.
Durante tres años el gobierno de Uribe denunció la existencia de un cartel de testigos. Tenía razón: ’Tasmania’, Guzmán y Suaza son prueba de ello. Pero, a diferencia del discurso oficial, esos testigos trabajaban no para atacar al gobierno, sino como la punta de lanza de una conspiración para desprestigiar a la Corte Suprema.
 
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Estas son las grabaciones que revelan cómo paramilitares desempeñaron un papel protagónico a favor del gobierno de Álvaro Uribe en su pelea contra la Corte Suprema.

Audio 1
"¿Cuándo te reúnes con Uribe?" (Escuche grabación aquí).
Esta conversación entre el ex paramilitar Ferney Suaza y Antonio López, alias ´Job´, lugarteniente de ‘Don Berna’, ocurrió el 25 de abril de 2008. El día anterior Suaza había declarado ante los medios de comunicación que supuestamente le habían ofrecido dinero para involucrar al entonces presidente Álvaro Uribe con paramilitares. Job: ¿Aló? Ferney Suaza: Que hubo mijo, ¿cómo está? Job:¿Dónde anda? F.S: Mijo, estoy por aquí por la Bonita. Job:¿O sea por la mía? F.S: Sí. Job: bueno. No viajó nada acá. F.S: Si vio noticias, ¿o no? Job: No. ¿Qué dijeron? F.S: No, pues ahí una entrevista hermano y todo el cuento. Job:¿Te entrevistaron dónde? F.S: Ahí, en donde estaba en el sitio, pues... Job:¿Pero en RCN o en Caracol? F.S: En las dos: Caracol, RCN, Teleantioquia, todo hermano. Job: Ah, eso está bien. ¿Cuándo te reúnes con Uribe? F.S: Pues... está... eh... en la tarde viene el Alto Comisionado, es probable, y posteriormente me dicen que para hacer un acercamiento con el presidente. Job: Al Comisionado no le diga que usted y yo hablamos, solamente al presidente, ¿oyó? F.S: Sí señor. Mijo, yo necesito hermano... mijo, necesito mirar cómo sacó la familia de allá hermano. Job: Listo, listo, yo coordino eso con mi amigo. Vaya buscando una casa. F.S: Bueno. Job: De todas maneras pidale al Gobierno pero vaya buscando una casa. F.S: Pero, pero, están, están, me llamaron ahorita pues y están como desesperaditos y todo el cuento hermano y ya me está preocupando esa vaina mano. Job: Busque una casa de una y me dice cuánto vale. F.S: Bueno señor. Job:¿Listo? Vea, de pronto, de pronto el amigo lo llama ahora. Si lo llama ahora, le sale. F.S: Listo, listo, listo. Job:¿Si se acuerda cuál? F.S: Pero yo necesito sacar a esa gente hermano... hoy es viernes... sacarla a más tardar mañana mano. Job: Hágale. Muévase ya, muévase ya y me dice cuánto es. F.S: Pues hermano... ¿qué hay que hacer? Los tiquetes aéreos y todo eso. Job: Y casa ahí en Medellín. F.S: Sí exacto. Sí mano. Job: Listo, dígame cómo es lo de los tiquetes, haga la reserva y yo le hago llegar la plata por la tarde. F.S: Listo, gracias hermano, chao pues.

Audio 2
"Aquí estoy con el Comisionado" (Escuche grabación aquí).
 Esta segunda conversación ocurre cuatro horas después de la anterior, a las 5:30 del 25 de abril de 2008. En ella el ex paramilitar Ferney Suaza le da un nuevo reporte a Antonio López, alias ‘Job’, y le cuenta que está con el entonces Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. Ferney Suaza: ¿Qué hubo mijo? Job:¿Qué hubo mi viejo? No me contestabas. F.S: Sí, estaba por allá en Fiscalía, no he hablado con el man. Job:¿Sigue en la bonita? F.S: Sí, sí, sí. Por aquí estoy con el Comisionado. Job: Ah bueno, dígale que un abra... F.S: Él está en otro ladito pues. Job:¿Y qué te ha dicho? F.S: No, no, quedamos de hablar en un momento. Job: Ah bueno, yo estoy mañana allá. F.S: Que si siempre quería hablar con el presidente. ¿Vos que decís? Job: No, pues que él decide. Que el presidente decide. Dígale: No, el señor Presidente decide si es interesante, si es importante hablar conmigo o no. Cúrese en salud. F.S:¿Tú viste la cosa en el noticiero? Job: No mijo, he estado en un boleo. Pero venga, llámeme mañana temprano que voy a estar allá y hablamos. Llámame por ahí a las diez de la mañana. F.S: Listo mijo, bueno gracias. Job: Chao. F.S: Chao.
24 de octubre de 2010
23 de octubre de 2010
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otro subdirector del das delata a uribe


El testimonio de William Romero, ex subdirector de Fuentes del DAS. "El 1 conoció lo que hicimos".
[María del Rosario Arrázola /Juan David Laverde] Colombia. William Gabriel Romero Sánchez, el polémico ex subdirector de Fuentes Humanas del DAS, pieza angular de la investigación por el escándalo de las ‘chuzadas’ y seguimientos, ad portas de recibir el principio de oportunidad de la Fiscalía por sus delaciones y documentos aportados sobre toda la suerte de barbaridades en el organismo de inteligencia, tendría en sus manos la prueba reina de que el despacho presidencial no sólo conoció de las andanzas de detectives infiltrados en la Corte Suprema de Justicia, sino que la promovió y hasta extendió felicitaciones.
Un explosivo documento de 20 páginas elaborado por el DAS, ya en poder de la Fiscalía y conocido íntegramente por El Espectador, detalla cómo se configuró la misión de trabajo para penetrar la Corte, estrategias, "marco legal", uso de gastos reservados, protocolos para que la información clasificada que se recolectaba estuviera segura, así como las fuentes que la entregaban y, por último, la cadena de errores cometidos que los pusieron en evidencia y, obvio, todas las maniobras de las que echaron mano para tapar el escándalo que se venía y ‘legalizar’ las ‘vueltas’ de más de dos años de la más escabrosa cacería a los magistrados del alto tribunal.
En el aparte rotulado "Extensión de felicitaciones" se lee que entre mayo y julio de 2008 Romero Sánchez fue requerido por el despacho de la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y ella le dijo a él y a otros funcionarios de la Dirección General de Inteligencia y Subdirección de Fuentes Humanas "que el 1 conoció los insumos entregados por ella en la mañana de ese día y que le habían gustado, por lo tanto ella nos felicitaba por esa actividad y que extendía la felicitación a quienes adelantaban la gestión y que se mantuviera el apoyo económico a las fuentes humanas para mantenerlas motivadas".
Aunque no es explícito en el significado del número 1, más adelante, en el capítulo titulado "Requerimientos sensibles", da pista concretas sobre a quién se refiere. Allí se revela que el DAS ha obtenido expedientes y grabaciones sobre casos muy sensibles manejados por la Corte Suprema y que uno significativo "era el expediente del primo del 1", es decir, el del detenido ex senador antioqueño Mario Uribe Escobar, primo del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Según Romero, se le pidió a la detective Alba Luz Flórez, encargada de espiar a la Corte, que ubicara a como diera lugar dicho proceso, pero pronto se percataron de que éste ya había sido remitido a la Fiscalía. La Dirección de Inteligencia dio la orden de que se pagara lo que fuera necesario.
La evidencia que hoy es valorada por investigadores judiciales y que se conoce como "Actividades recolectoras de insumos" aduce como soporte órdenes verbales para adelantar la famosa misión Escalera, como se denominó la infiltración de esta operación que inició en mayo de 2007 y cuyo responsable directo era la Dirección General de Inteligencia. En un recuento cronológico Romero Sánchez relata que a la subdirección de fuentes humanas le dieron instrucciones precisas para penetrar la Corte, como no se tenían fuentes para acercarse al blanco se ordenó ubicar un detective para reclutar espías y cumplir con el objetivo, porque "la demanda de información era prioritaria".
Es allí donde entra en escena Alba Luz Flórez, una cucuteña de 33 años, estudiante de sicología de la Universidad Católica de Bogotá, avezada escolta de las esposas de los ex ministros Horacio Serpa, Diego Palacio y Fernando Londoño, así como de Martha Lucía Ramírez y Cecilia MaríaVélez, quien ingresó al DAS el 25 de mayo de 1997 y que fue seleccionada por William Romero para llevar a cabo una de las más sofisticadas misiones en más de medio siglo de historia del DAS: conocer los secretos, salas reservadas, procesos y testigos que desfilaban por la Corte Suprema de Justicia por cuenta de los escándalos de la parapolítica y la farcpolítica.
Fue ella la escogida por su trayectoria en los esquemas de protección de altos funcionarios, su disposición laboral, "porque no está contaminada de las labores de inteligencia, es joven, es mujer, no ha ingresado a las dependencias de inteligencia, estudia psicología, tiene deseo de aprender, es decir, reúne los requisitos para lograr el éxito de las actividades", se lee en el reporte de William Romero. Para sustentar esta tarea se esbozan planes estratégicos institucionales y ley de gastos reservados. Se designa al oficial del caso, el detective Hamilton Nonato, y se le da su nombre encubierto: Mao.
La Subdirección de Fuentes pidió recursos al programa de apoyo económico para darle a Alba Luz un domicilio de fachada, simular ser vendedora de productos Omnilife y dineros para ‘consentir’ a sus fuentes. "En julio de 2008, por sus logros, se le asignó automotor y logística de punta". Fue en esas épocas en las que a través de las empleadas de servicios generales de la Corte, Yaneth Maldonado y María Torres, se empezaron a grabar las sesiones reservadas de la Corte y todo cuanto ocurría en el noveno piso en donde tenía su despacho el magistrado auxiliar Iván Velásquez y otros ocho que integraban la estructura de apoyo para investigar la parapolítica.
La orden fue muy clara: Alba Luz Flórez debía entregar cuatro informaciones de inteligencia mensuales y reclutar dos fuentes humanas. Los datos aportados por los espías de la llamada Mata Hari —su seudónimo era Samantha— o grabaciones eran tan detallados que tenían especificadas la hora y el minuto exacto en el que los magistrados dialogaban algún asunto de interés para la entidad. En algunos casos incluso párrafos enteros estaban resaltados. Los datos recogidos se enviaban en sobres cerrados a su oficial Mao a través de "correo humano" de manera compartimentada y se llevaba una planilla denominada "Registro de Producción". Sobre el proceso de difusión del material se hacían soportes escritos y a mano a la Subdirección de Análisis, se procesaba y se entregaba "en sobre sellado" con la síntesis del contenido a la Dirección de Inteligencia.
El ex subdirector de fuentes William Romero consigna en el documento que cuando había altibajos de sus espías "se mantenía el respaldo" y es así que se requirió el apoyo económico desde $500 mil "para iniciar la motivación" de las fuentes. Pronto los detalles eran tan suculentos que se exigía más dinero "por el esfuerzo y riesgo", y la plata se daba. "En algunas ocasiones, con el aval de la Dirección de Inteligencia, se patrocinaba el pago dos o tres veces al mes dado que superaban el monto mensual promedio del Programa de Apoyo Económico (PAE), lo cual demandaba suspicacias en el grupo de gastos reservados de la Subdirección".
Todo se coordinaba con el oficial del caso y se consignaba en un acta rotulada Costo-Beneficio que se entregaba para aprobación de los pagos. Una vez se desembolsaban estas partidas a las fuentes se les cancelaba personalmente y se recogían sus huellas para legalizar el formato de gastos reservados. "También parte de la motivación estaba en el apoyo de entregarle productos para la salud física de la fuente humana o de sus familiares cercanos. Pero lo fundamental fue el trato y el acompañamiento humano "de la detective Alba Luz Flórez con sus espías. A medida de que la manipulación hizo efecto, las fuentes de la Mata Hari por iniciativa propia aportaron datos y perfiles de otras potenciales fuentes para cercar más a su blanco: la Corte Suprema de Justicia.
A través de los policías Julián Leonardo Laverde, David García, Manuel Pinzón y las aseadoras Yaneth Maldonado y María Torres se obtuvo de todo, por ejemplo, grabaciones de reuniones de magistrados realizadas en el año 2008 así: el 25 de abril, 16 y 27 de mayo, 2 de junio, 2, 10, 17 y 31 de julio, 10 de agosto, 11 de septiembre y 17 de octubre. También otras del 21 y 23 de enero de 2009. Todas integralmente conocidas por El Espectador. En el explosivo testimonio de Romero, consignado en el documento entregado a la Fiscalía, se reitera que "el expediente del primo del 1" era una prioridad y que en vista de la importancia de la información clasificada se creó una "herramienta institucional que garantizara el pago" de estos datos "sin dejar un registro de huella de la fuente". Así se hizo a través de un soporte rotulado como "Acta de no huella".
El proceso de infiltración fue tan súbitamente exitoso que llovieron las felicitaciones. Según Romero, María del Pilar Hurtado se los hizo saber y les dijo que "el 1" conoció de todo y que había que seguir adelante. "Reuní al coordinador del Goca y los oficiales del caso para felicitarlos y enviar la felicitación al AC (código de la detective Alba Luz Flórez), quien a partir de esa fecha quedó postulada para que recibiera una condecoración especial por esos logros estratégicos en el evento del Día del D". Pero no todo fue dicha. En octubre de 2008, recordó Romero, de la Dirección de Inteligencia llamaron a la Subdirección de Fuentes para que no se continuara el trabajo, "porque alguien había cometido un error", quedaron expuestos y el espionaje en evidencia.
Por esas mismas fechas el entonces presidente de la Corte, Francisco Javier Ricaurte, le dijo a El Espectador que "el país debe saber en qué anda el DAS". Así se hizo, pero, reconoció Romero, que había dificultad de orden administrativo para no dejar rastro de esa recolección de información. Y se dispuso que para evitar "posibles resentimientos de las fuentes humanas era necesario mantenerles el apoyo económico por tres meses, lo cual fue aprobado". Entonces se dio la instrucción "de desaparecer todo el contenido de esas carpetas". Las fuentes se sacaron de la base de datos, se ubicaron seudónimos y se hizo parecer que la información que aportaban era para investigaciones en contra de las bandas criminales. Y se sacó información de internet para justificar los pagos realizados.
Fue así que el 1° de enero de 2009 se elaboró un documento reservado con la misión de trabajo Escalera, en el que se daban instrucciones precisas para combatir estas organizaciones delincuenciales y así completar la fachada para no dejar cabos sueltos. En esta orden de trabajo, sin embargo, se pedía "conocer ampliamente los puntos fuertes y debilidades de sus fuentes (los de la Mata Hari) con el fin de manipularlos y direccionarlos. Romero contó que sí habló con la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, para que pudiera llevarse a cabo todo este proceso "de suplantación de las huellas originales" de los espías para desaparecer sus registros".
Por seguridad, Alba Luz y William Romero dejaron copia de sus pasos y hoy esos documentos son los que acreditan la burda persecución del DAS a la Corte. Entre las perlas que soltó Romero en el documento, que divulga en exclusiva El Espectador, está que debido al escándalo desatado su deseo es colaborar con la justicia "en el proceso de las ‘Ch’". Él ya le entregó a la Fiscalía tres cajas con documentos, grabaciones y operaciones clandestinas de los detectives a su cargo. Los investigadores parecen no dar abasto con lo que allí hay. "Apenas se conoce el 1% de lo que se hizo", le dijo a este diario uno de ellos. Tanta tela por cortar que faltarían periódicos enteros para seguir revelando la Cueva de Rolando en que se convirtió el DAS.

24 de octubre de 2010
23 de octubre de 2010
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dos crímenes para aprender


La campaña oficial contra los pilagá constituye genocidio. La masacre de Rincón Bomba. El asesinato del sindicalista Mariano Ferreyra.
[Osvaldo Bayer] Argentina. Pilagás. Un modelo de lo que dejó la llamada colonización para los pueblos originarios. Cuando quisieron defender lo suyo de los invasores, la solución occidental y cristiana: balazos, muerte, persecución. El bosque, la selva como último recurso, como último refugio. Pero el presente y el futuro les anuncia: hasta allí los van a perseguir, hasta de allí los van a expulsar con la palabra progreso. Irán a engrosar, como otros originarios, las villas miseria de las grandes ciudades del progreso.
Todavía quedan entre ellos algunos ancianos que recuerdan la matanza sufrida en 1947 a manos de la Gendarmería Nacional. Rincón Bomba. En Formosa. A tiro limpio, los salvajes, los bárbaros, expresión de Julio Argentino Roca que quedó para siempre.
Es que había que dejar libres las tierras para los inversores. Ahí está el futuro: las inversiones, no el cuidado de la naturaleza. Después de los tiros asesinos de la Gendarmería Nacional en 1947, llegó el progreso a manos llenas. Llenas para quienes obtuvieron las ganancias.
La crueldad como principio. Total, son salvajes. Esos "salvajes" recordaron con lágrimas, hace pocos días, la masacre, el asesinato impune de niños, mujeres, hombres por portación de rostro. "Que la verdad llegue a la luz", dijo con voz humilde Bartolo Fernández, el presidente de la Federación del Pueblo Pilagá, en el acto recordatorio del brutal crimen masivo, en Las Lomitas. La selva quedó sembrada de cadáveres, más de cuatrocientos. Nunca nadie pidió disculpas por un crimen de extrema crueldad. El juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Zaffaroni, con su valentía de siempre y su búsqueda de la verdad, lo dijo claramente: "Si alguien pretende eliminar un pueblo, una cultura, comete genocidio. Lo que hicieron los nazis con los judíos, se ajusta a la definición de un genocidio. Lo que hicieron los turcos con los armenios, también. Y lo que hizo el Estado argentino con los pueblos originarios, otro tanto, fue un genocidio" (Reportaje contenido en el libro ‘Argentina Originaria: Genocidios, Saqueos y Resistencias’, de Darío Aranda, que acaba de publicarse).
Amnesty International ha comenzado el estudio de la situación de los pilagás sobrevivientes a la masacre de 1947. Acaba de publicar su investigación acerca de lo ocurrido en 1997 –medio siglo después de la masacre de Rincón Bomba– en el asentamiento pilagá de El Descanso, en Formosa, de donde se los trató de expulsar con otros métodos, ya no el de las balas. Ese año la vida cambió para esos hijos de la tierra porque se construyó un canal –como obra pública– destinado a derivar las aguas del bañado cercano como parte de una serie de canales que se extienden a localidades y campos próximos. Fueron construidos en las tierras de la comunidad pilagá y en las zonas adyacentes. Para lo cual ni se informó a la comunidad ni se pidió su opinión sobre tal proyecto. Se hizo y ya está. Esto les trajo grandes problemas, perdieron en su mayoría la fuente de trabajo y de la propia alimentación, y su cementerio, escuela y viviendas se encuentran bajo las aguas.
En el acto pilagá del aniversario de la masacre, la cineasta Valeria Mapelman mostró su film ‘Octubre Pilagá’, relatos sobre el silencio, una denuncia clara, directa, con testimonios de los sucesos de la época y las consecuencias que tuvo para ese pueblo la masacre llevada a cabo con una brutalidad sin precedentes. Es decir, como siempre, en la historia terminan por salir a la luz los hechos degradantes que se trató de ocultar.
Es hora pues de que la Gendarmería Nacional haga un estudio histórico sobre tal cobarde ataque, que traiga los nombres y los responsables de quiénes fueron los autores y los que dieron tales órdenes y finalmente pida disculpas públicas a las víctimas. También, que se conozca el nombre de los políticos responsables. Si esto no se hace avanzaremos muy poco en busca de una verdadera democracia.
Lo dice el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, en el reportaje citado: "Tratar a los puebles originarios como si no existieran, hacer de cuenta que son invisibles, constituye una de las formas de la discriminación. En la medida que se niega su existencia, los indígenas reclaman derechos que no les dan y no se los dan porque aquí el sentido de la invisibilidad es no existen. Ese gesto niega a los pueblos indígenas la propia existencia, ya no sólo los derechos, sino mucho más, una negativa más radical. Cuando se dice: ‘En la Argentina no tenemos el problema indígena’, se habla como si los indígenas resultaran un problema. Cuando se dice: ‘En la Argentina no hay indígenas’, se niega la existencia misma de todo un pueblo".
Una frase que lo dice todo. Negar, mirar siempre hacia adelante, como recomiendan ciertos políticos cuyo pasado los acusa de haber sido aduladores de cuanta dictadura se instaló en este país, traicionado tantas veces después de aquel sublime grito de Mayo de 1810.
Pero no nos quedemos en lo de ayer. Veamos nuestro hoy. Lo que acaba de ocurrir con la muerte del joven Mariano Ferreyra es otro episodio que nos debe llenar de vergüenza a los argentinos. Que después de la terrible experiencia de los crímenes cometidos por la última dictadura militar se sigan repitiendo hechos así de matonismo no tiene explicación. El cobarde asesinato tiene profundas raíces de un sindicalismo corrompido que sigue permaneciendo vivo pese a todas las enseñanzas de la historia.
Ya nos había dado una lección bien didáctica el mejor de todos, Rodolfo Walsh, con su ‘Quién mató a Rosendo’. Si viviera ya estaría afilando el lápiz para anotar en un papel doblado –como lo hacía él– nombres y otros datos. A él no se le escapaba nada. Pero vemos que los responsables no han aprendido nada de las experiencias. Para terminar con las "mafias" sindicales no hay nada mejor que establecer por ley que ningún directivo sindical puede ejercer su mandato por más de cuatro años. Y luego volver a su trabajo, para no perder contacto con el clima que tiene que conocer desde la base. Lo sé por experiencia propia. Fui secretario del Sindicato de Prensa desde 1959 a 1963 y ese mismo año renuncié y volví a las redacciones. Porque no es honesto dirigir un gremio sin haber tenido periódicamente el contacto con la base, el contacto diario. Además se ayuda así a que muchos otros vivan esa experiencia y no da lugar al personalismo de los que con el tiempo se van creyendo imprescindibles. El regreso del dirigente a la base significa además una ayuda a esa base por la experiencia que trae ese ex dirigente. El reemplazo de los dirigentes tendrá que convertirse en una costumbre que habla de la dignidad y de la vocación por servir desde la base a los trabajadores.
Porque de otra manera se comienzan a formar las mafias en torno del dirigente eterno para permanecer siempre en el poder. Con las mafias llegan los grupos armados Lo que acaba de ocurrir con el joven Ferreyra es justo eso, el miedo de los mafiosos a que se ponga en duda una política con los ferrocarriles que viene del tiempo nefasto de Carlos Menem.
Ojalá que el nombre de este joven asesinado en forma tan cobarde nos sirva de guía para iniciar una reforma fundamental de la organización sindical argentina. Volver a los orígenes de nuestro movimiento obrero, aquel heroísmo de haber fundado, a pesar de la dureza de los gobernantes de esa época, las primeras sociedades de oficios varios, como se llamaron al principio. Y como decíamos, la única que podía tomar resoluciones era la asamblea, no había dirigentes, sólo un secretario de actas para dejar sentadas las resoluciones. Si bien las épocas han cambiado, no permitir jamás que el cargo sindical se constituya en una profesión, donde el dirigente sindical es el mandamás por excelencia acompañado por un coro armado que lo aplaude. Que el nombre de Ferreyra sirva para eso, para iniciar un período de regreso a las bases, del dominio democrático de la asamblea y, como decíamos, esto es fundamental, la limitación del mandato de todos los que posean cargos sindicales. ¡Volver a las bases! Tiene que ser el lema de todas las fuerzas democráticas que respaldan las luchas por los derechos legítimos de los trabajadores.
La masacre de los pilagás, la muerte del joven Ferreyra. Dos ejemplos para aprender a forjar un camino hacia una verdadera democracia.
24 de octubre de 2010
23 de octubre de 2010
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condenas por masacre de mapiripán


Condenan a dos ’paras’ por la masacre de Mapiripán. Los ex paramilitares Eliécer Manuel Romero Herrera y Humberto Antonio Aguilar Allian fueron condenados a 29 años y dos meses por la masacre de Mapiripán, Meta, por un juzgado de Villavicencio.
Colombia. El juez III Penal Especializado de Villavicencio consideró que la Fiscalía probó la responsabilidad de estos dos individuos en la masacre, y los condenó por los cargos de homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado, concierto para delinquir y terrorismo en calidad de coautores.
De acuerdo con la investigación, entre el 12 y el 21 de julio de 1997, 30 hombres se desplazaron en avión desde Necoclí, Antioquia, hasta el lugar de los hechos, donde se unieron a un grupo de otros 150 paramilitares, que empezaron a cometer los asesinatos y hostigar a los miembros de distintos caseríos de la región.
Éste grupo de militantes de las Autodefensas, al mando de alias ‘René’, se desplazó hacia los sitios conocidos como Charras y Aguabonita, donde fueron asesinados José Ronald Valencia, despachador del aeropuerto, y de los particulares Sinaí Blanco, Antonio María Barrera, Edwin Morales, Alvaro Tovar Muñoz, y Jaime Pinzón.
A los dos procesados, que se encuentran recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá, se les concedió una rebaja en la pena por aceptar los cargos y acogerse a la figura de la sentencia anticipada.
 
La Masacre
La principal razón por la cual los ‘paras’ eligieron este municipio para llevar a cabo la matanza es por su privilegiada y estratégica situación geográfica: está sobre el Río Guaviare y tiene salida al Orinoco. Además para esa época, las Farc se lucraban allí con la bonanza del cultivo y la raspa de coca, negocio en el que siguen metidos hoy todos los grupos armados de la región.
Los hombres de Castaño, que desembarcaron ese julio de 1997 en Mapiripán con sus lanchas voladoras, tenían cómplices locales. Como ya se ha documentado desde varios días antes, los paramilitares de ‘Martin Llanos’, conocidos entonces como ‘Los Buitragueños’ hicieron inteligencia en el pueblo, y construyeron su lista negra. Estas autodefensas habían nacido desde los ochentas, como una reacción a la extorsión guerrillera.
Se habían nutrido de los diezmados ejércitos que tenía en los Llanos Orientales el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como ‘el Mexicano’, después de que él fuera muerto por las autoridades en 1989. Con el florecimiento del narcotráfico en Meta, el grupo de los Buitrago (padre e hijo) se fortaleció. También crecieron los caseríos en las riveras del río, que alojaron a raspachines y aventureros que vivían del próspero negocio. Nació Mielón, Mapiripán, Caño Jabón, El Búnker, Araguato.
Como las Farc tenían presencia desde el Meta hasta el Guaviare desde casi los setenta, había muchos colonos que simpatizaron con ellos en un principio y después, cuando se hizo un intento de paz en el gobierno de Belisario Betancourt, y se creó el partido Unión Patriótica, que se hizo fuerte en esas zonas de frontera agrícola. De ahí en adelante, con la persecución que desató Rodríguez Gacha (en complicidad con militares) contra las Farc, ya no se distinguió entre militantes pacíficos de la UP y guerrilleros de las Farc. Los colonos quedaron con el estigma de ser guerrilleros, sólo por simpatizar con la UP.
Y cuando nació el proyecto de las Auc, justo en ese mismo 1997, los intereses de Buitragueños y Accu coincidieron: la coca y la contraguerrilla, y entonces los hombres de Castaño llegaron a sellar la alianza con  sangre en Mapiripán
Luego de consolidar su proyecto paramilitar de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, con Salvatore Mancuso, Vicente y Carlos Castaño, crearon en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc. Era un delirante proyecto de unir fuerzas con otras autodefensas en todo el país para exterminar a la guerrilla, y erigirse como un gran poder político nacional. Querían inaugurar su mesiánico proyecto con una incursión en el otro extremo de Colombia para todos entendieran con fuerza su mensaje.
Fue Mapiripán el escogido, pues allí demostraban que no temían atacar a las Farc en su retaguardia, y, de paso, les arrebataron una gran fuente de riqueza como era la coca, y la hicieron suya. Para lograrlo, acudieron al mismo método que les dio luego tantos resultados en todo el país: el terror. Exterminaron personas y se aseguraron que se supiera que era porque le habían vendido algo a la guerrilla, o habían transportado a un guerrillero, o simplemente porque había sido señalado como tal. Este primer paso aseguraba el desplazamiento masivo de todos los que no se quisieran someter a su dominio, y les dejó el campo despejando para montar su propio emporio ilegal, base de muchos negocios, la coca, en primera instancia, y después, palma, navegación, ganado, lo que fuera llegando.
Después del paso sangriento de los ‘paras’ por esa región lejana del Meta, la palma aceitera se extendió y han instalado varias plantas procesadoras. Y cuentan que Víctor Carranza, el famoso esmeraldero que ganó la guerra contra Rodríguez Gacha en la minas de Boyacá, y se hizo a una fortuna en tierras que atraviesan todo el Llano y que fue investigado y absuelto por crear ejércitos privados ilegales, tiene vivo un proyecto de navegación a gran escala por el río Meta, para ofrecer salidas a Brasil más baratas. Y se habla de nuevos hallazgos petroleros en potencia. Rumores, sin comprobar.
Lo que sí es comprobable y cierto, es que la incursión de las Auc por el Meta les abrió una nueva y enorme fuente de riqueza ilícita, la coca y les dejó a la mano varias oportunidades de riqueza a ellos y a sus aliados. Las Auc se desmovilizaron, pero en los Llanos sus jefes no se entregaron. Siguen cuidando sus negocios prósperos y algunos inclusive, se han acomodado a trabajar con las Farc.  
23 de octubre de 2010
22 de octubre de 2010
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desmovilizado condenado por masacre


Ex ‘para’ condenado a 45 años de prisión por masacre después de la desmovilización. Ronald Fernando Arango Agudelo asesinó tres personas en el barrio Aranjuez de Medellín.
Colombia. El Juzgado 20 Penal del Circuito de Medellín sentenció a Ronald Fernando Arango Agudelo a 45 años y ocho meses de prisión por su responsabilidad en los homicidios de tres personas, entre ellas un menor de edad.
El 11 de diciembre de 2008 un grupo armado irrumpió en un callejón del barrio Aranjuez de la capital antioqueña y asesinó a Mónica Andrea Gutiérrez, Jhonatan Osorio Rengifo y un niño de 5 años. En los mismos hechos fue herido de gravedad otro niño de 3 años.
Arango Agudelo, capturado el 18 de febrero de este año y desmovilizado del Bloque Héroes de Granada, fue condenado por los delitos de triple homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal.
Por este proceso ya están condenados a 54 y 44 años de prisión, respectivamente, Juan Camilo Hernández y Andersoón Mira, alias ‘Tocino’ o  ‘Tamal’, retenidos por la comunidad el día del crimen.
23 de octubre de 2010
22 de octubre de 2010
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san pacho condenado a 38 años


Alias ‘San Pacho’ condenado a 38 años de cárcel por asesinar una profesora. El ex ’para’ de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio asesinó la profesora Luz Aida García Quintero en el Carmen de Viboral, Antioquia.
Colombia. Un juzgado Especializado de Antioquia encontró a Albeiro Arturo García Orozco, alias ‘San Pacho’, ex paramilitar de Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, culpable del asesinato de la profesora Luz Aida García Quintero en el Carmen de Viboral, Antioquia.
La educadora, que estaba afiliada en la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), fue asesinada el 15 de enero de 2004 en una calle del Carmen de Viboral por varios hombres que le dispararon cinco veces con una pistola calibre 7.65 provista de silenciador en la cabeza.
Los investigadores establecieron que dos días antes de su muerte, la víctima habló con los paramilitares para que le permitieran seguir trabajando en la región.
‘San Pacho’ fue condenado por los cargos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Por este crimen ya fue condenado a 25 años y 5 meses de prisión, Jhon Jairo Bonilla Quinchía, alias ‘Chino’ o ‘Guerrero’ y Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias ’McGiver’, tiene medida de aseguramiento.
23 de octubre de 2010
22 de octubre de 2010
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