Blogia

mQh

reclamantes de tierras


Del desprestigio a la amenaza. Al parecer detrás de esas acciones ilegales estarían empresarios y testaferros del Urabá antioqueño que se verían perjudicados con la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Colombia. Las últimas semanas no han sido fáciles para las víctimas del Urabá antioqueño y las organizaciones no gubernamentales que las acompañan en su tarea de reclamar las tierras de las cuales fueron despojadas por grupos paramilitares. Han tenido que soportar ataques para desprestigiarlos y, últimamente, amenazas directas contra sus directivos.
El último suceso ocurrió el pasado 27 de agosto durante la transmisión de un programa de televisión transmitido por el Canal Cosmovisión llamado En Caliente. En esa emisión, fue invitado Gerardo Vega Medida, presidente de Forjando Futuros, una organización que ha adelantado numerosas denuncias sobre la expropiación forzada de predios en Urabá. Al final del programa el periodista que conducía la entrevista anunció que habían recibido una llamada de una persona en la que se dijo que Vega había sido declarado "objetivo militar".
Durante la emisión, Vega Medida habló sobre diversos aspectos de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que impulsó el Gobierno Nacional y que entrará en vigencia en enero de 2012, así como de los riesgos que vienen asumiendo las víctimas del despojo y las organizaciones sociales que las acompañan, incluido el asesinato de los reclamantes.
Semanas antes de la amenaza, Vega Medida denunció en Medellín una campaña de desprestigio en contra de los líderes de los reclamantes de predios y de algunos directivos que hacen parte de las organizaciones acompañantes, particularmente contra Forjando Futuros y la Asociación Tierra y Vida, que reúne, solo en el Urabá antioqueño, a 2.800 reclamantes de por lo menos 150.000 hectáreas. En esa ocasión, señaló a empresarios de la industria del banano, ganaderos, comerciantes y agremiaciones sindicales, como las promotoras de la estrategia de deslegitimación.
"Consideramos que la campaña de desprestigio tiene que ver con el apoyo que le hemos dado a los reclamantes de tierras y las denuncias con nombre propio que hemos hecho de los testaferros, jefes de bandas y paramilitares que han tomado las tierras a la fuerza en toda esa época de violencia en la región de Urabá", afirmó Gerardo Vega Medina.
Parte de lo que ha tenido que enfrentar Forjando Futuros son diversos artículos periodísticos y de opinión publicados por medios de información de circulación nacional y regional en los cuales se cuestionan algunas de sus acciones.
Entre las acciones cuestionadas está el del supuesto el interés económico particular de quienes acompañan a los reclamantes de predios en detrimento de las víctimas, así como inducir al "error" al Gobierno nacional para que entregara a campesinos de Urabá títulos de tierras que no estaban saneados y algunas de las cuales pertenecían a particulares y. en el caso concreto de Vega Medina, utilizar el cargo de coordinador de la sede de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Antioquia para sustraer valiosa información sobre procesos de restitución de tierras en Urabá.
Vega Medida le ha salido al paso a todos esos señalamientos, negándolos reiteradamente y asegurando que todos ellos tienen un trasfondo económico relacionado con una petición que han hecho desde la Asociación Tierra y Vida ante el Parlamento Europeo para que antes de que entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, se establezca como condición a las empresas bananeras del Urabá antioqueño el pago de tres centavos de dólar al Fondo de Reparación para las Víctimas como un acto de equilibrio con el pasado, cuando esas mismas compañías le aportaron por lo menos 19 millones de dólares a los grupos paramilitares de la subregión entre los años 1997 y 2004 a través de una cooperativa de seguridad y vigilancia privada llamada Papagayo.
De acuerdo con Vega Medina, la idea se comenzó a promover desde junio pasado ante diferentes gobiernos europeos: "hemos hecho una carta a todos los parlamentarios de la Unión Europea, hemos visitado Francia, España y Alemania. Algunos gobiernos ven con buenos ojos la propuesta, otros piensan que se debe conformar una comisión del Parlamento Europeo y se verifiquen los hechos para que estén tranquilos".
A esa idea se le suma las denuncias de ha hecho Vega Medina este año. Una de ellas en marzo, cuando llamó la atención sobre la existencia de una oficina paralela del Incoder en el Urabá antioqueño a través de la cual se legalizó el despojo de miles de hectáreas de tierras productivas. Lo señalado por este directivo fue ratificado por el presidente Juan Manuel Santos, quien advirtió que la expropiación forzada llegó a 41.600 hectáreas y en ella participaron no sólo funcionarios de Incoder sino de oficinas de registros e instrumentos públicos y notarios de la zona.
Otra de sus denuncias se conoció en junio pasado, cuando llamó la atención sobre una reunión realizada en una finca del Urabá antioqueño en la que participaron varios empresarios bananeros involucrados en el despojo de tierras y la negociación de tierras de propiedad de la Nación con funcionarios del Incoder y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Según el directivo de Forjando Futuros, la campaña de desprestigio, y ahora las amenazas en su contra, provienen de dos sectores específicamente: empresarios bananeros que se oponen a la campaña de los tres centavos de dólar y testaferros de paramilitares que están preocupados porque se devele la verdad de quiénes fueron realmente los que se tomaron la tierra en Urabá.
Esa búsqueda de la verdad y el reclamo por la restitución ha ocasionado que a la Asociación Tierra y Vida le hayan asesinado ocho socios entre los años 2008 y 2011: se trata de Juan Jiménez Vertel, Benigno Gil, Jaime Antonio Gaviria, Alejandro Pino Medrano, Albeiro Valdez Martínez, Hernando Pérez Hoyos, Óscar Maussa y David Góez.
Una vez conocida la amenaza contra Vega Medida, las organizaciones no gubernamentales Corporación Nuevo Arco Iris, CODHES, Redepaz, Instituto Popular de Capacitación, Fundación Forjando Futuros y la Asociación  Tierra y Vida, respaldaron la gestión de Vega Medida, consideraron que la vida e integridad de este directivo, así como la de los integrantes de la Asociación Tierra y Vida, está en riesgo y demandaron "investigaciones rápidas y eficaces" sobre la amenaza registrada contra Vega Medida e insistieron en "demandar resultados en las investigaciones y el castigo a los responsables" de los asesinatos contra los nueve líderes y reclamantes de tierras del Urabá antioqueño ocurridos en los últimos años.
6 de septiembre de 2011
2 de septiembre de 2011
©verdad abierta

la ley del terror en cauca


En una versión libre durante seis días, 18 ex paramilitares confesaron 28 casos de asesinatos en El Bordo, Bolívar, Rosas, Patía, Timbío, Balboa y Mercaderes.
Colombia. La Fiscalía de Justicia y Paz reunió a los ex paramilitares, entre patrulleros, mandos medios y jefes, para que confesaran ante los familiares de sus víctimas cómo fueron los crímenes que cometieron entre 2001 y 2003, cuando pertenecieron al Frente Farallones del Bloque Calima.
La audiencia se desarrolló desde de la ciudad de Cali (Valle del Cauca) y fue transmitida en vivo a Popayán (Cauca) para que las víctimas escucharan y cuestionaran a sus victimarios.
Estos cuarenta asesinatos no ocurrieron durante enfrentamientos contra grupos guerrilleros, sino que fueron muertes selectivas en los cascos urbanos y veredas de supuestos milicianos, colaboradores de la guerrilla, delincuentes o consumidores de drogas.
José Ruperto García Quiroga, alias ’El Gato’, quien tuvo temporalmente bajo su mando la zona del sur del Cauca, explicó que la orden que tenían sus hombres era "hacer limpieza en la vía Popayán-sur del Cuaca (Panamericana), porque habían muchos atracadores y la guerrilla hacía retenes. Los declaramos objetivo militar porque alteraban el orden que llevábamos en esa región".
Sobre los asesinatos de personas por fuera de combate, el ex jefe militar y segundo al mando del Bloque Calima, Elkin Casarrubia Posada, alias ’El Cura’, señaló que "siempre las autodefensas, donde operaban o controlaban el territorio, las personas que alteraran el orden o hicieran daño a la comunidad, eran muertos o echados del territorio".
Bajo esos lineamientos, los urbanos -que eran los paramilitares instalados en los pueblos que vestían de civil y generalmente usaban armas cortas-, asesinaron a supuestos milicianos del Frente 60 de las Farc, ladrones de ganado del Eln, bandas que hurtaban vehículos para las guerrillas y delincuentes del común.
La mayoría de los familiares las víctimas rechazaron esas afirmaciones y recordaron a sus seres queridos como gente honrada y trabajadora.
Alias ’La Muerte’ confesó que el 11 de mayo de 2002, en la vereda El Saque de Bolívar, él y alias ’Cascarita’ asesinaron a tres hombres al que un informante encapuchado señaló como supuestos ladrones de ganado del Eln.
Las tres víctimas fueron ejecutadas cuando estaban tendidas en el piso bocabajo, por órdenes de alias ’JC’.
Otra persona que fue asesinada porque, según las labores de "inteligencia" de los urbanos, señalaban que tenía nexos con el Eln, fue el exalcalde de Rosas Tulio Ernesto Valencia Mondragón, quien fue ultimado el 26 de marzo de 2002.
José Fernando Cardona, alias ’El Gato’ -este es otro paramilitar que tiene el mismo apodo del jefe paramilitar García Quiroga-, confesó que él, alias ’Pelirrojo’ y alias ’El Loco’ le dispararon al ex mandatario cuando asistió a cumplirles una cita en un hotel del municipio de Rosas. "Se le da muerte porque era colaborador de los elenos. Decían que los elenos lo habían subido como alcalde", señaló.
Meses después en ese mismo municipio, los paramilitares mataron a un joven que, durante la versión, reconocieron que fue asesinado equivocadamente. El 20 de julio en el corregimiento de Párraga, el ex jefe paramilitar alias ’JC’ asesinó a Jimmy José Cruz  Gómez, creyendo que pertenecía a una banda de atracadores, según la información que le dio uno de sus "informantes".
Según contó alias ’Bryan’, al día siguiente ’JC’ dijo que se había equivocado y asesinado a un estudiante. El ex jefe paramilitar alias ’El Gato’, reconoció que "como en toda guerra irregular, cayó mucha gente inocente"
Los ladrones de vehículos también estaban dentro de los objetivos del Frente Farallones. El 13 de octubre de 2001 asesinaron a una persona en El Bordo porque "tenía azotado al pueblo robando carros".
Otro caso ocurrió durante el Festival de Blancos y Negros que se celebraba en Timbío el 7 de enero de 2002, cuando fue asesinado un hombre conocido como ’El Tubo’ en el parque principal de ese municipio.
Alias ’Fosforito’ contó que esta persona fue señalada por alias ’Cepillo’ como miembro de una banda de Popayán que robaba vehículos para la guerrilla, y por esa razón, alias ’Andrés’ le disparó con un revólver.
Meses antes, en septiembre de 2001, los paramilitares asesinaron a una señora que supuestamente también hacía parte de esa banda de atracadores. Según lo contado por el urbano alias ’El Gato’, a la señora le advirtieron en varias ocasiones que abandonara ese grupo delincuencial, pero finalmente fue asesinada por alias ’Binomio’ porque no les hizo caso.
Uno de los paramilitares que señalaba a los supuestos milicianos y colaboradores de la subversión fue alias ’Cascarita’, quien se pasó a las filas del Bloque Calima, después de haber militado en las Farc.
La limpieza de los paramilitares también incluía a consumidores de drogas. El 15 de agosto de 2001 en Timbío, el entonces jefe paramilitar alias ’Cepillo’ ordenó asesinar a un hombre que iba pasando por un puente peatonal porque "consumía marihuana y bazuco".
Según contó alias ’Bryan’, el encargado de asesinarlo fue’ Andrés’, quien le disparó en varias ocasiones porque "hacían limpieza social contra los que alteraran el orden".
Al ser cuestionado sobre los posibles nexos con las autoridades para cometer estos crímenes, ’El Cura’ dijo que no tenía información de funcionarios porque de eso se encargaban los comandantes y coordinadores de cada zona, pero indicó que "a veces se coordinó con la fuerza pública que daba información de personas que capturaba y quedaban libres. Nos daban la información, nosotros actuábamos y los matábamos".
6 de septiembre de 2011
2 de septiembre de 2011
©verdad abierta

socios del horror


El fiscal del Tribunal Penal Internacional ha declarado que iniciará una investigación sobre las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas por Khadafi. Pero, ¿qué hará con George W. Bush y Tony Blair, partícipes necesarios, cómplices y encubridores de esos crímenes?
[Atilio A. Boron] Días atrás el corresponsal del periódico londinense The Independent estacionado en Trípoli dio a conocer una serie de documentos que él mismo había hallado en una oficina gubernamental abandonada con toda premura por sus ocupantes. Ese material arroja una luz enceguecedora para quienes creen que para oponerse y condenar el criminal ataque aéreo de la OTAN sobre Libia es necesario enaltecer la figura de Khadafi y ocultar sus crímenes hasta convertirlo en un socialista ejemplar y ardiente enemigo del imperialismo. La oficina en cuestión era la de Moussa Koussa, ex ministro de Relaciones Exteriores de Khadafi, hombre de la más absoluta confianza de éste y, anteriormente, jefe del aparato de seguridad del líder libio. Como se recordará, no bien estalló la revuelta en Benghazi, Koussa defeccionó y se marchó sorpresivamente a Londres. Pese a las numerosas acusaciones que existían en su contra por torturas y desapariciones de miles de víctimas, el hombre no fue molestado por las siempre tan alertas autoridades británicas y poco después se esfumó. Ahora se sospecha que sus días transcurren bajo la protección de algunas de las feroces autocracias del Golfo Pérsico. La papelería descubierta por el corresponsal del Independent ayuda a entender por qué.
Los documentos ponen en evidencia los estrechos y amistosos lazos existentes entre el régimen de Khadafi, la CIA y el MI-6, el espionaje británico. Gracias a esa vinculación, Washington trasladó a Libia a personas sospechosas de ser terroristas –o colaboradores de éstos– para ser sometidos a sesiones especiales de "interrogatorios reforzados", un poco sutil eufemismo para referirse a la tortura. Gracias al apoyo de un gobierno como el de Khadafi, que había arrojado por la borda sus antiguas convicciones, George W. Bush pudo sortear las limitaciones establecidas por su propia legislación en relación con el tipo de tormentos "aceptables" en una confesión. Según la documentación incautada por el periodista, la Casa Blanca realizó por lo menos ocho envíos de prisioneros –no hay información exacta acerca del número de personas despachadas en cada envío– para ser interrogados brutalmente en las mazmorras de Khadafi, aparte de los que pudieron haber sido remitidos a ese país sin que por el momento exista constancia escrita de ello. Este canallesco maridaje entre el robocop del imperio y su compinche libio llegó tan lejos que en uno de los documentos enviados por la CIA a los esbirros de Khadafi se incluye una lista de 89 preguntas que éstos tenían que formular cuando se "interrogara" a uno de los sospechosos. Es decir, nada quedaba librado a la improvisación.
A cambio de estos infames servicios la CIA y el MI-6 ofrecían por escrito toda su colaboración para identificar, localizar y entregar a los enemigos del régimen en cualquier lugar del mundo. La agencia norteamericana lo hizo con Abu Abdullah al-Sadiq –uno de los dirigentes del Grupo Libio Islámico Combatiente y, al día de hoy, líder militar de los rebeldes libios– apenas dos días después de que llegara una solicitud expresa de Trípoli en tal sentido. Sadiq, cuyo nombre verdadero es Abdel Hakim Belhaj, declaró el pasado miércoles 31 de agosto que estando en Bangkok en compañía de su esposa, embarazada, fue detenido y torturado en las cárceles libias por dos agentes de la CIA, tal cual se anticipaba en el escrito rescatado de los escombros de la oficina de Koussa. Similares intercambios de favores fueron frecuentes entre los organismos de seguridad libios y el MI-6, dado que numerosos exiliados políticos libios residían en el Reino Unido.
Lo anterior es apenas la punta de un iceberg atroz y aberrante. La correspondencia entre el número dos de la CIA en aquel momento, Stephen Kappes, y Koussa exhibe una repugnante cordialidad. El mismo sentimiento provoca la cómplice hipocresía de George W. Bush y Tony Blair, sabedores de los crímenes que por su encargo estaba realizando Trípoli mientras proclamaban su mentirosa defensa de los derechos humanos, la justicia, la democracia y la libertad. Farsantes supremos, al igual que Khadafi, que hace mucho tiempo dejó de ser lo que había sido pese a que son muchos los que todavía no se dieron cuenta. El fiscal del Tribunal Penal Internacional ha declarado que iniciará una investigación sobre las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas por Khadafi. Pero, ¿qué hará con George W. Bush y Tony Blair, partícipes necesarios, cómplices y encubridores de esos crímenes? Además, ¿tendrá las agallas suficientes para hacer lo propio con Anders Fogh Rasmussen, secretario general de la OTAN, responsable de (hasta el 1º de septiembre) los 21.200 ataques aéreos contra Libia, causantes de innumerables víctimas civiles y de la casi total destrucción de ese país? La operación "reconquista neocolonial" de Libia –ensayo general de una metodología destinada a aplicarse en los más diversos escenarios regionales– hizo caer muchas máscaras que dejaron al desnudo a personajes siniestros y a instituciones como el TPI, tan farsesca como el "antiimperialismo" de Khadafi y los "derechos humanos" de Bush, Blair, Cameron, Sarkozy y Berlusconi.
[El autor es director del PLED, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales. Centro Cultural de la Cooperación.]
6 de septiembre de 2011
5 de septiembre de 2011
©página 12

molina araújo a indagatoria


Ex gobernador Hernando Molina Araújo a indagatoria. La Fiscalía inició investigación en contra del ex gobernador del Cesar, Hernando Molina Araújo, por su presunta participación como determinador del homicidio del indígena Óscar Enrique Montero Arias.
Colombia. Una fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH inició la investigación en contra del ex gobernador del Cesar Hernando Molina Araújo por su presunta participación en el asesinato del indígena de la etnia Kankuama Óscar Enrique Montero Arias, ocurrido el15 de abril de 2004 en Valledupar.
En 2003 Molina se presentó a las elecciones como candidato único, después de que otros aspirantes como Abraham Romero y Cristian Moreno Panezo, abandonaron la carrera electoral por presiones, intimidaciones y amenazas de los paramilitares contra ellos, sus familiares y sus electores.
La Fiscalía determinó que para el momento del asesinato Molina Araújo no gozaba de fuero constitucional o legal alguno, porque para la fecha del mismo el ex gobernador aun no se encontraba  en ejercicio de sus funciones.
El ex gobernador deberá asistir a indagatoria por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en persona protegida, hecho que en este proceso ya fue reconocida por Omar David Celedón Calderón alias ‘Cocoliso’, ex integrante de autodefensas del Bloque Norte.
En mayo de 2010 la Corte Suprema de Justicia condenó el ex gobernador de Cesar del Partido Liberal Hernando Molina Araújo a siete años y seis meses de prisión por concierto para delinquir por sus nexos con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
El ex paramilitar del Bloque Mártires del Valle de Upar de las Auc Augusto de Hoyos, alias ’Memo’, uno de los testigos clave en el juicio por parapolítica que se le adelanto en contra del ex gobernador, aseguró que durante el juicio lo amenazaron y sobornaron para que cambiara su versión y no incriminara al político por sus nexos con paramilitares. Sólo cuando lo incluyeron en el programa de protección de la Policía, Hoyos ratificó que fue testigo de varias reuniones entre Molina y ’Jorge 40’, entre otros.
En el mismo juicio de parapolítica la Corte Suprema de Justicia también ordenó investigar a Molina por crímenes de lesa humanidad que cometieron paramilitares en el Cesar.
6 de septiembre de 2011
2 de septiembre de 2011
©verdad abierta

veintisiete delitos de ramón izasa


Ramón Izasa aceptó 27 delitos en Caldas. Los ex jefes paramilitares Ramón Izasa y Walter Ochoa Guisao aceptaron por línea de mando su responsabilidad en 27 crímenes cometidos por ex integrantes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio en Caldas.
Colombia. En versión libre conjunta, el ex jefe paramilitar Ramón Izasa, alias ‘El Viejo’ aceptó que fue responsable de 27 crímenes que cometieron ex integrantes de los frentes Central y Omar Izasa de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) en Caldas.
’El Viejo’ reconoció por línea de mando su responsabilidad sobre la totalidad de los casos, pero por problemas de memoria dijo no poder aportar nueva información.
La mayoría de los crímenes cometidos fueron asesinatos selectivos por narcotráfico, y por la mal llamada ‘limpieza social’, siendo el más significativo la masacre de Tres Esquinas, en el que los paramilitares asesinaron a tres personas, una de ellas señalada de ser ladrón, a otra por supuestamente vender drogas y a otra por el simple hecho de ser travesti.
Izasa dijo que no podía aportar nueva información en 44 casos de posible reclutamiento forzado, sobre los cuales la Fiscalía esperaba que el ex jefe paramilitar afirmara o desmintiera las declaraciones dadas por los integrantes de las Acmm el día de la desmovilización, y así poder llevar los casos pertinentes a imputación.
Walter Ochoa Guisao alias ‘El Gurre’, ex jefe político del frente Omar Izasa y quien también participó en la versión libre, contestó en varias ocasiones las preguntas que la Fiscalía hizo a Izasa, tratando de ayudar al ex jefe paramilitar a recordar los hechos, y aclarando situaciones que Izasa no pudo recordar.
La versión libre conjunta contó además con la participación del ex jefe paramilitar Jorge Enrique Echeverry alias ‘Vaso de Leche’, encargado por Izasa del manejo de las autodefensas en San Miguel, Antioquia.
Debido que la totalidad de los crímenes sobre los que se trató en la versión fueron cometidos en Caldas, alias ‘Vaso’ no acepto responsabilidad alguna sobre los mismos, pero colaboró a la Fiscalía con las dudas en los casos de reclutamiento forzado.
El frente Omar Isaza fue comandado en lo político militar por Luis Fernando Herrera Gil alias ‘Memo Chiquito’, quien según ‘El Gurre’ fue quien ordenó la mayor parte de los crímenes tratados en la versión. Este frente, que asumió el nombre de uno de los hijos de Isaza que murió en un accidente, delinquió en varios municipios de Tolima, Caldas, Antioquia y Cundinamarca.
El objetivo de la versión conjunta era poder llevar a imputación los 27 casos de Caldas y los 44 de reclutamiento forzado, ultimando detalles con la información complementaria de cada caso que pudieran aportar los ex jefes paramilitares.
Debido a que ninguno de los tres ex paramilitares aportó información nueva en los casos de Caldas y reconocieron su responsabilidad en los hechos, estos podrán ser presentados para imputación durante la siguiente audiencia en los tribunales de Justicia y Paz.
Sin embargo, la fiscalía no podrá imputarles casos de reclutamiento forzado porque no fueron reconocidos por el ex jefe paramilitar.
Luego de ver algunas fotografías proyectadas por la Fiscalía de los paramilitares que dijeron ser reclutados siendo menores de edad, los tres ex jefes  dijeron que la calidad de las imágenes no era la mejor, lo que les impidió reconocer sobre los menores que les estaban preguntando, y además, al no aportar los alias les era muy difícil recordar por el nombre a sus antiguos subalternos.
En Colombia se llama reclutamiento forzado cuando se incorpora a menores de 18 años en las filas de cualquier grupo armado. Durante las desmovilizaciones de los paramilitares en el proceso de paz con el gobierno del ex presidente Uribe Vélez, muchos paramilitares dieron fechas falsas a su verdadero ingreso a las autodefensas, creyendo que obtendrían beneficios económicos.
Según la Fiscalía al comparar ese registro con la fecha de nacimiento de muchos paramilitares arrojó un alto número de casos de reclutamiento forzado. En algunos casos la mentira sobre la fecha de ingreso es evidente, pero en otros sólo es posible verificar su veracidad a partir de los testimonios de otros paramilitares.
Con el fin de ayudar a esclarecer este punto, alias ‘Vaso’ pidió a la Fiscalía un tiempo para que cada uno de ellos pudiera averiguar con otros desmovilizados de las Acmm sobre los posibles casos de reclutamiento forzado.
El fiscal del caso aceptó la propuesta de ‘Vaso’ y decidió aplazar la audiencia para próximas versiones, lo que implica un retraso en la imputación de estos casos de reclutamiento forzado.
Estos crímenes tendrán que ser investigados por la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.
6 de septiembre de 2011
5 de septiembre de 2011
©verdad abierta

los inversionistas y el desplazamiento


Fueron varios las formas de despojo a los campesinos del Urabá antioqueño. Esta es la historia de Víctor Correa, quien lucha en los tribunales para lograr la restitución de una finca que perdió desplazado por paramilitares.
Colombia. Comisionistas e inversionistas aprovecharon el desplazamiento forzado provocado por paramilitares del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en el Urabá antioqueño para hacerse a las fincas abandonadas por los campesinos.
Esta situación se reveló durante una audiencia de restitución de tierras realizada en Medellín, y solicitada por la Comisión Colombiana de Juristas, organización jurídica que tiene la representación de Víctor Manuel Correa Montalvo, una de las víctimas del desplazamiento y el despojo forzados, quien perdió un predio ubicado en la vereda Guacamayas, del municipio de Turbo.
La pretensión de la Comisión Colombiana de Juristas es la restitución total del predio reclamado por su defendido, situación que tiene que pasar por la cancelación de los registros fraudulentos y la entrega saneada del bien, asunto que debe dirimir el magistrado de Justicia y Paz, Olimpo Castaño y que por asuntos jurídicos lleva ya más de dos años sin que se tome decisión alguna.  
La historia de este labriego es similar a la de cientos de campesinos del Urabá antioqueño que tuvieron que abandonar sus predios y cuando regresaron se encontraron con la noticia de que ya no eran propietarios.
Víctor Manuel Correa Montalvo heredó de su padre una finca de 126 hectáreas en 1980. Un año después, fue dividida en tres predios: Campo Alegre, El Sencillo y Dejá pa’ ver. A Correa Montalvo le tocó El Sencillo, de 68 hectáreas en las que cultivó coco y plátano. Además, logró un acuerdo con ganaderos de la región para administrar 350 cabezas de ganado en los potreros que tenía en su predio.
Con el paso de los años, la situación de inseguridad se fue complicando, dada la confrontación que sostenían diversas estructuras armadas ilegales, tanto de la guerrilla de las Farc, como del Epl y la naciente organización paramilitar, que comenzó a controlar buena parte de esta subregión de Antioquia.
En 1996, Víctor Manuel no solo tuvo que enfrentarse al miedo que generaban los paramilitares, sino al asesinato de su hijo perpetrado por varios integrantes de esa organización armada. Los hechos ocurrieron en julio de ese año, cuando se agravaron las amenazas contra aquellos campesinos que no querían abandonar sus tierras.
El labriego narró que un día llegaron a su casa alias ‘Camarrenga’ y otro grupo de hombres armados que se identificaron como miembros de las Auc, y se llevaron a su hijo, un menor de edad, para que les enseñara el camino hacia Belén de Bajirá. El niño nunca regresó a su hogar. Versiones de vecinos precisaron que luego de ayudarles a los paramilitares, éstos lo habían matado y tirado a un río.
Este suceso llevó al campesino a desplazarse con toda su familia de inmediato. Con sus diez hijos y su esposa buscó refugio en Montería. Con él salieron otras familias que ya estaban cansadas de vivir en medio de amenazas, muertes y desapariciones.
Después de pasar ocho meses en la capital cordobesa sin conseguir un trabajo que le permitiera sostener a su familia, decidió volver a su finca en Turbo. Allí se encontró con la sorpresa de que su predio había sido vendido por Daniel Rojas, un funcionario del ICA que cada tres meses iba a vacunar el ganado que administraba.
Víctor Manuel reconoció que le había firmado muchos papeles a Daniel Rojas, incluso en blanco, pero nunca le había dado un poder para que vendiera sus predios. Dijo además, que lo que decían en Turbo es que Rojas le quitaba ganado a la gente para entregárselo a los paramilitares, pero que a él no le constaba que fuera así.
Supo también que su madre, que no se había querido desplazar con los otros campesinos, le había vendido su tierra a Daniel Rojas quien a su vez, había hecho una promesa de compraventa con Rubén Darío Pérez, representante legal de la Sociedad Las Guacamayas Ltda., la misma empresa que figuraba como titular de su finca El Sencillo.
Cuando Víctor Manuel llegó a Turbo le dijeron que lo andaban buscando y, ese mismo día, lo abordaron en una camioneta un grupo de hombres que le obligaron a firmar un papel en blanco. Luego sufrió un atentado en el que lo hirieron, causándole una discapacidad permanente en su mano derecha.
De acuerdo a las pruebas entregadas ante el magistrado Olimpo Castaño Quintero, Daniel Rojas tenía un poder firmado el 2 de abril de 1998 por Víctor Manuel Correa Montalvo y su madre en donde lo autorizaban a vender los predios El Sencillo y Campo Alegre. Según lo declarado por Correa Montalvo ante la justicia, él nunca firmó un poder y mucho menos recibió dinero por la venta de su tierra.
Pero no sólo el testimonio del labriego contradice lo sustentado por Rojas. Los documentos que hacen parte de las pruebas a su favor tienen fechas que no coinciden con la realidad. Por ejemplo, la promesa de compraventa con Rubén Darío Pérez fue realizada el 21 de marzo de 1997 y la fecha de la venta que aparece en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía es de 7 días antes de la elaboración de la promesa de compraventa. Es decir, el poder que le otorgó el derecho a Daniel Rojas para vender la tierra de Víctor Manuel fue firmado un año después de que la venta se hubiera hecho efectiva.  Además, la promesa de compraventa fue realizada siete días después de la fecha en que, supuestamente, fue realizada la venta.
Actualmente la tierra está en poder de un ciudadano identificado como Jaime Uribe, pero en las escrituras aparece como dueña la empresa Inversiones Asa, una compañía que absorbió a la Sociedad las Guacamayas Ltda.
En la audiencia de restitución estuvieron presentes los exjefes paramilitares Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’, y Elkin Castañeda Naranjo, alias ‘Hermógenes Maza’, quienes integraron diversas estructuras de las Auc en el Urabá antioqueño y chocoano. Según ellos, el Bloque Bananero no tuvo nada que ver con el despojo de tierras y los hombres bajo su mando no fueron responsables de esta situación.
Durante la audiencia, el abogado del campesino reclamante de tierras solicitó la cancelación de los títulos de El Sencillo, Dejá pa’ ver y Campo Alegre. Asimismo, pidió que los predios fueran entregados de manera provisional a sus antiguos dueños y que se les brindara protección a las víctimas que representa.
Tras la valoración de la solicitud, el magistrado Castaño aseveró que no era posible hacer una entrega provisional de los predios, por cuanto primero se debe tener en cuenta el derecho que tienen los actuales propietarios de la finca para luego determinar si actuaron de mala o de buena fe, y así proceder a la resolución definitiva del caso.
Luego, resolvió llamar como testigo al exparamilitar Dalson López Simanca, alias ‘Mono Pecoso’, pues según lo declarado por el excomandante Rendón Herrera, él era encargado de la zona donde están ubicados los predios en discusión. Además, pidió vincular a los representantes legales de Inversiones Asa y de Sociedad Las Guacamayas Ltda., en su calidad de terceros poseedores.
La audiencia fue aplazada para el próximo 1 de diciembre. Se espera que para este día se pueda resolver la situación con las nuevas pruebas solicitadas por la magistratura. Por su parte, Víctor Manuel Correa Montalvo lo único que espera es poder recuperar su finca para tratar de llevar la vida que llevaba antes.
6 de septiembre de 2011
1 de septiembre de 2011
©verdad abierta

murió león rozitchner


A los 87 años murió el filósofo argentino León Rozitchner. Agudo, polémico, descarnado, el trabajo de León Rozitchner supo tejer una precursora alianza entre Merleau-Ponty, el joven Marx y el último Freud. El adiós a un rebelde que siempre arriesgó la soledad por no dejar la crítica.
[Silvina Friera] Argentina. El ser del filósofo es pensar; encontrar el riesgo en esa punta del cuerno del toro que el torero enfrenta en la lid. León Rozitchner, ese formidable torero "aguafiestas" del pensamiento que murió ayer a los 87 años, arrojó escritos de impiadosa iluminación y belleza. Avezado polemista que supo tejer una precursora alianza entre Merleau-Ponty, el joven Marx y el último Freud, valiente en su soledad, alerta contra todo aquello que pudiera anquilosar sus devastadoras argumentaciones, fue el único intelectual que en 1982, desde su exilio venezolano, se negó a firmar un documento en el que veinticinco intelectuales también exiliados –pero en México–, reunidos en el Grupo de Discusión Socialista, rescataban el hecho de que las islas Malvinas hubieran sido "recuperadas", aunque el manifiesto repudiara la dictadura militar. "Las Malvinas es, entre muchos otros, uno de los eslabones que atenacean el secreto político de una cadena férrea de ocultamientos y engaños que ciñe el cuerpo despedazado y tumefacto a que ha quedado reducido eso que llamamos Patria", afirmó el filósofo, profesor y ensayista en ‘Malvinas: de la guerra sucia a la guerra limpia’, libro que escribió durante su exilio y gran pieza disonante dentro de la propia izquierda, que lo eximió de una "metida de pata tremenda" y una declaración "lamentable".

Un Filósofo Intempestivo
León era el "rey de la selva" de la filosofía argentina, un pensador en el borde de lo teológico-político. Su muerte –ese cuerpo que se fue despidiendo desde febrero, cuando fue internado, el mismo día en que murió David Viñas, su compañero de ruta en la revista Contorno– no transforma automáticamente en pretérito un corpus de trabajos que dialogan abiertamente con el presente y el porvenir. Rozitchner trazó una senda, una apuesta de fondo y a fondo por la emancipación, que ahora otros continuarán: mostrar que no hay práctica política que se resuelva sin la pregunta fundamental de cómo pensar, como señalan María Pía López y Diego Sztulwark en el prólogo de León Rozitchner, ‘Acerca de la derrota y de los vencidos’ (publicado por la editorial Cuadrata junto con Ediciones de la Biblioteca Nacional). La escritura fue el laboratorio de un estilo que se labró desde la capacidad para rasgar consensos intempestivamente. Para aguijonear prematuramente. Si en los años ’60 el compás de la época, la musiquita que empezaba a calar hondo en los oídos de muchos jóvenes militantes, fue el entusiasmo por la lucha armada, Rozitchner prefería alertar sobre los puntos ciegos y la tragedia inminente que se avecinaba. Si en los comienzos del siglo XXI un variopinto coro de intelectuales y ex militantes condenó con vehemencia la lucha armada, León argumentaba su legitimidad.
"La escritura tiene algo de sagrado –decía en uno de los ensayos reunidos en ‘El terror y la gracia’, muchos de esos textos publicados en Página/12–. El misterio de por qué hay más bien el ser y no la nada sólo adquiere sentido si nos preguntamos por qué más bien hay alguien que soy yo y no la nada, por qué hay un cuerpo que es el mío y no la nada. Eso es lo raro de lo raro. Es un misterio no religioso –aunque la religión se haya apoderado de él– y en él reside el fundamento de todo sentido. El Otro también es un misterio, tanto para él como para uno mismo. La distancia entre uno mismo y los otros oculta el escándalo: que se nos mate por millones en nombre de la democracia, de la religión, del amor y de la justicia." ¿Cómo se construye una posición, un modo de pensar tan radicalmente original, una escritura que enlaza la relación con Dios, la ley, el deseo, la madre, el cuerpo, la historia, el Otro? En el humus de esta construcción habrá que imaginar a un niño criado en una mueblería de Chivilcoy, donde nació en 1924, tal vez inaugurando ese gesto suyo de amagar con cerrar los ojos –que se puede comprobar en varias fotos– para enfocar y comprender mejor. Ese niño radiografiaba a sus padres, afinaba el oído con el yiddish y los relatos de su abuelo rabino, llegado a fines del siglo XIX. Después llegarían las caminatas iniciáticas por el centro porteño, su vivencia durante los primeros años del peronismo –luego afirmaría que operó como facilitador de un mundo popular al que la izquierda marxista, en sus múltiples versiones, le proponía un camino más arduo–; su educación filosófica marxista, fenomenológica y freudiana en París, donde se graduó en La Sorbona en 1952; sus estudios con Merleau–Ponty y Claude Lévi-Strauss; sus lecturas de Max Scheller, sobre quien escribió su tesis; y Marx.

Belleza y Ferocidad
De regreso a Buenos Aires participó del grupo fundador de la revista Contorno, junto a David Viñas, Ismael Viñas, Oscar Masotta y Noé Jitrik, en la década del ’50; pero también hay que apuntar, en la construcción de ese modo de pensar, la experiencia de su paso por Cuba, el exilio en Caracas y sus clases en la Facultad de Filosofía, en la Universidad Central de Venezuela, donde reflexionó en torno de Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, como productor de ideas nuevas. La lectura de Rodríguez le había mostrado un problema: cómo pasar de la primera revolución, la "revolución política" contra los godos que llevó a la creación del Estado-nación, a la segunda, a la "revolución económica" que incluya en el disfrute de la riqueza común a todos los postergados. Hay riesgo, belleza y ferocidad en ese tono siempre punzante. León pensaba con el cuerpo y desde el cuerpo en un puñado de libros capitales como ‘Persona y comunidad’ (1963), ‘Moral burguesa y revolución’ (1963), ‘Freud y los límites del individualismo burgués’ (1972), ‘Perón, entre la sangre y el tiempo’ (1985), ‘Las Malvinas: de la guerra sucia a la guerra limpia’ (1996), ‘La cosa y la cruz’ (1997) y ‘El terror y la gracia’ (2003), un puñado de ensayos hilvanados en torno del genocidio, la muerte, el desplazamiento de lo femenino y el terror, entre otros tópicos, reescribiendo junto con Freud, Marx, Lacan, Artaud, Macedonio Fernández, Althusser y Severino Di Giovanni. El doctor en Filosofía en La Sorbona no pensaba publicar ese libro. Lo confesó ante el suplemento Radar. "Me da asco leerme, supone una autocomplacencia que siempre queda defraudada", aseguró el filósofo, acompañado –como siempre– por su infaltable pipa.

Traidora de Clase
No era un filósofo académico refugiado en abstracciones y en cierta medianía intelectual. Pensar –para Rozitchner– implicaba la puesta en juego del cuerpo, un coraje y una valentía que están moduladas por las ganas de infringir un límite. "Al kirchnerismo hay que situarlo evidentemente en la derrota del pueblo argentino que viene desde el apoyo que le dio al golpe militar, a la guerra de Malvinas y a Menem. Esto constituye un derrotero que marca un fracaso político monumental. Todavía estamos en la dificultad que conlleva salir de esa destrucción. Entonces, ¿sobre qué fondo el kirchnerismo puede hacer una política de transformación? Con los desechos de la derrota del campo popular, bienvenida sea la aparición de este gobierno –subrayaba el filósofo–. En ese sentido, se abre tenuemente una posibilidad distinta que es fundamental pensarla a partir del campo de la política de derechos humanos. Cuando Kirchner hizo bajar el cuadro de Videla al jefe del Ejército, la Argentina sintió un respiro de liberación. Algo cambió en la subjetividad de cada uno de nosotros; dicho de otra forma, nos sacamos el terror de adentro." Como en cada línea que escribía, a Rozitchner le obsesionaban las lógicas profundas de la opresión del hombre.
Uno de sus artículos periodísticos más notables, que quedará en la memoria de muchos lectores, fue "Un nuevo modelo de pareja política", el último que publicó en este diario, el 10 de noviembre del año pasado. En ese texto advertía que si bien Néstor Kirchner no había hecho la revolución económica que la izquierda anhelaba, "inauguró una nueva genealogía en la historia popular argentina" cuando afirmó que "somos hijos de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo". Rozitchner postulaba que Cristina Fernández y Kirchner plantearon un nuevo modelo social de pareja política. "Cristina es un animal político femenino en pie de igualdad con el animal político masculino de su marido Néstor, cosa que no pasaba con Perón y Evita. Ocupa un rango superior a Evita en la escala de Richter de la evolución femenina. Aquí las diferencias no se contraponen sino que se complementan, como se complementan los cuerpos que al amarse se unen. De allí surge, desde muy abajo, otro modelo político –tiránico o acogedor, según sea la cifra– en los representantes del poder colectivo en el gobierno. Y por eso también desde allí surge ese odio nuevo, tan feroz y mucho más intenso, que se apoderó de gran parte de las clases media y alta argentinas."
Aparte de la agudeza, hay que paladear el lenguaje del filósofo y ensayista, detenerse en ciertas palabras. "Por eso, tantas mujeres sumisas y ahítas de alta y media clase no nos ahorran sus miserias cuando se muestran al desnudo al dirigirle sus obscenas diatribas: no ven lo que muestran. Son mujeres esclavas del hombre que las ha adquirido –o ellas lo hicieron– y al que se han unido en turbias transacciones, donde el tanto por ciento y las glándulas se han fusionado en una extraña alquimia convertida en empuje que llaman ‘amoroso’ –continuaba Rozitchner–. La envidian a Cristina desde lo más profundo de sus renunciamientos que el amor ‘conyugal’ exige pero no consuela. Cristina las pone en evidencia a todas: se han quedado sin jeans que las ciñan, con el culo al aire. Ella tiene, teniendo lo mismo o más de lo que ellas tienen, lo que a todas juntas les falta. Pero saben que tampoco podrían nunca llegar a tenerlo. Por eso, ellas no la envidian: la odian como a una traidora de clase –de clase de mujeres, digo–. La han cubierto de insultos y desprecios: de las ignominias más abyectas que nunca vi salir antes de esas boquitas pintadas de servil encono. Cristina las pone fuera de quicio. Esto también constituye el suelo denso y material de la política, tan unido a la lucha de clases entre ricos y pobres. Ellas también son el resultado de la producción capitalista de sujetos en serie: mercancías femeninas con formas humanas, con su valor de uso y su valor de cambio." Y vale recuperar cómo cierra este artículo y el rebote de su fraseo. "Cristina Fernández-Kirchner ha prolongado y asumido como mujer-madre, y con el hombre que fue su marido, un nuevo modelo social de pareja política. No es poco para recuperar el origen materno del imaginario colectivo que busca una sociabilidad distinta. De todos modos, habremos ahondado un lugar nuevo y más fuerte si, para defendernos, la defendemos: no nos queda otra. Y no he sido ni soy, por eso, ‘kirchnerista’."

Una Izquierda Miope
Cuando se inició el conflicto con el "campo", estuvo en la última movilización en defensa del gobierno. "Nunca el problema de la Nación estuvo tan claramente ligado a la terrenalidad geográfica material del suelo patrio. Pero faltó referir el problema del campo a la expropiación del suelo nacional, que nos pertenece a todos, diferente al de la patria que los terratenientes definen –explicaba en una entrevista que le hizo el Colectivo Situaciones–. La materialidad de la tierra expropiada está ligada a la materialidad de los cuerpos sufrientes expropiados. La izquierda de todos los signos nunca partió de ese nivel elemental para fundar, comprensiblemente para todos, la crítica a la resolución 125", cuestionaba León y levantaba su voz contra la expresión "más miope y miserable de la izquierda, que sólo atinó a reafirmar sus consignas revolucionarias para mantenerse neutral en ese enfrentamiento".
Cada uno esculpe su rostro en el intercambio con el mundo y con los otros. León deja un inmenso bagaje de filamentos corpóreos y afectivos; una obra incómoda y por eso mismo reconfortante que atraviesa y desafía los modos dominantes del pensar.
6 de septiembre de 2011
5 de septiembre de 2011
©página 12

la palma y los paramilitares en chocó


Una investigación publicada por la Corporación Nuevo Arco Iris da cuenta de cómo sectores del Estado, empresarios y grupos paramilitares se compincharon para despojar a las comunidades negras del Chocó de sus territorios y sembrarlos de palma.
Colombia. La usurpación de la propiedad colectiva en territorios protegidos de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, en Chocó, tiene todos los ingredientes que está tratando de develar el Gobierno Nacional en el tema de tierras: presión de grupos paramilitares, presencia de empresarios ambiciosos y apoyo institucional de sectores del Estado que legitimaron el despojo y la creación de grandes proyectos productivos asociados a la siembra de palma de aceite.
Esa asociación entre sectores legales e ilegales quedó en evidencia en la investigación ‘Empresarios palmeros, poderes de facto y despojo de tierras en el Bajo Atrato’, publicada por la Corporación Nuevo Arco Iris en su libro ‘La economía de los paramilitares’, la cual cobra vigencia hoy, pues coincide con las denuncias que se vienen haciendo, cada vez con más recurrencia, desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Agricultura y la Superintendencia de Notariado y Registro.
Una de las conclusiones centrales de esta investigación es que el proceso de apropiación y expropiación de la tierra en los territorios de titulación colectiva de Curvaradó y Jiguamiandó "no dependió exclusivamente de la capacidad coercitiva del dispositivo paramilitar para hacerse al botín e imponer su voluntad a terceros, como tampoco es producto solo del uso de medios ilegales".
Según los hallazgos, "el aparato estatal, a través de arreglos institucionales como el sistema de crédito y otros, cumplió un papel central en su financiación en una primera fase, y en la generación de condiciones para el desarrollo del proyecto agroindustrial con orientación a la producción de biocombustibles en una segunda".
Lo que advierte este trabajo es que a raíz de la crisis de la economía agroexportadora del banano a mediados de la década del noventa, determinada por el descenso continuo del precio internacional de la fruta y la caída de la tasa de cambio, así como por las condiciones extraeconómicas generadas por la guerra, "se fue vislumbrando un proyecto agroindustrial de palma como alternativa de diversificación y recomposición de la economía regional".
El proyecto palmero se constituyó entonces "en eje articulador de una coalición de poder cuyo vértice estuvo formado una fracción bananera venida de Urabá, una palmicultora de la Costa Atlántica y una de las fracciones paramilitares que había implementado la estrategia de tierra arrasada", que tuvo en Vicente Castaño Gil a uno de sus promotores más connotados.
La primera fase de ese proyecto se inició con los desplazamientos forzados de comienzos de 1997 que comprometieron a las comunidades de las cuencas del Salaquí, Cacarica y Truandó y que tuvieron su origen en dos intervenciones armadas realizadas de manera simultánea: de un lado, la llamada Operación Génesis, adelantada por la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, Antioquia; y de otro, la Operación Cacarica, ejecutada por grupos paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).
El despojo se fue consolidando y quienes estaban al frente del proyecto palmicultor se valieron nuevamente de procesos de desplazamiento forzado en los años 2000 y 2002, propiciados nuevamente por grupos paramilitares, esta vez de las Auc, para adelantar una segunda fase de intervención económica.
"En este periodo se concentra la creación de nuevas sociedades económicas y la apropiación de recursos públicos para el desarrollo de los cultivos, mientras se afianza la toma de la tierra y se produce un ajuste en las estrategias para desactivar la resistencia de los titulares del derecho colectivo y su campo aliado", dice el texto en uno de sus apartes.
Esa articulación entre legalidad e ilegalidad, según diversas fuentes testimoniales y documentales consultadas en esta investigación, se evidenció en el comportamiento de entidades del Estado como el Banco Agrario, Finagro y el Fondo Agropecuario de Garantías, que participaron de la financiación del proyecto palmicultor, pese a que ya existían denuncias sobre las ilegalidades en la adquisición y titulación de los predios destinados a la siembra de palma de aceite.
El acceso a recursos de crédito y subsidios como el Incentivo de Capitalización Rural (ICR) han sido considerados  en este trabajo como "un producto de la astucia de las empresas que aprovecharon un instrumento de política agraria como son las alianzas estratégicas y lograron disimular muy bien el ilícito de la usurpación de tierras".
Asimismo, la exhaustiva revisión documental reflejada en el texto identificó que los distintos trámites notariales a través de los cuales se legalizaron las transacciones fraudulentas de tierras se realizaron en notarías Únicas de Chigorodó y Carepa; así como en las notarías 5, 18 y 26 de Medellín; la Notaría 8 de Barranquilla; y la Notaría Única de San Jacinto, Bolívar. En todo ello también tuvo participación la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos de Quibdó.
Si bien parte de los compradores de tierras, financiadores del proyecto palmicultor y empresarios provenían de la Costa Atlántica y de Medellín, se pudo establecer que varias de las sociedades que se conformaron en el Darién chocoano estuvieron bajo el predominio de jefes paramilitares. La investigación determinó que Inversiones Agropalma fue dominio de Jesús Ignacio Roldan Pérez, alias ‘Monoleche’; Palmas S.A. de Diego Murillo Bejarano, alias ’don Berna’; y en Palmado tuvo participación Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’.
El documento también estableció que en la zona de cultivos de palma hizo presencia Sor Teresa Gómez, una mujer leal al proyecto paramilitar, y quien fue referenciada por las autoridades nacionales como una de las intermediarias del despojo de tierras en el Urabá antioqueño en asocio con el Fondo Ganadero de Córdoba.
De acuerdo con los hallazgos, Gómez fungió como representante legal de una asociación conocida como Asoprobeba, a través de la cual se hizo a tierras en el año 2002 en los territorios colectivos supuestamente de propiedad del narcotraficante Hugo Fenel Bernal Molano, solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos, pero que hacían parte de procesos fraudulentos.
Ante los cuestionamientos de las autoridades por las irregularidades en la adquisición de estos predios por parte de Asoprobeba, sus voceros respondieron que después de su creación recibieron el apoyo de Uniban y aclararon que esas compras fueron subsidiadas hasta en un 70% por el Incora.
El cuestionado proyecto palmicultor también contó con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, tanto bajo la administración de Guillermo Gaviria Correa (iniciada en enero de 2001 y finalizada con su asesinato a manos de las Farc el 6 de mayo de 2003) como por su hermano Aníbal en el periodo 2004 – 2007, quien incluyó el tema en el Plan de Desarrollo "Antioquia Nueva, un hogar para la vida".
Lo que han dejado claro está investigación es que el despojo de tierras y el proyecto agroindustrial de la palma no pueden entenderse como parte de un plan predeterminado del paramilitarismo, sino "como un proceso que se estructura en la compleja intersección del proceso conflictivo de colonización, la crisis del sector algodonero y la expansión de la palma de aceite, la crisis de la economía bananera en Urabá y la necesidad de diversificación de la inversión que condujo a reactivar la presión por la tierra".
En todo tuvieron un valor significativo, según lo investigado, la persistencia de una concepción regional de esos predios como "territorios vacíos", así como "la descentralización del monopolio de la fuerza como soporte del escalamiento localizado y la expansión de la guerra contrainsurgente en el país, el derecho de botín como concesión y la existencia de condiciones institucionales para el funcionamiento del paramilitarismo".
5 de septiembre de 2011
©verdad abierta