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américa latina

clases medias apoyan a golpistas


"Las clases medias altas votaron en masa". Berta Cáceres, líder del Movimiento Feminista en Resistencia de Honduras. La dirigente de la resistencia al golpe de Estado afirmó que el domingo pasado los más pudientes hicieron fila para votar. Y que se vivirán momentos más difíciles, porque "se están legalizando las violaciones a los derechos humanos".
[María Laura Carpineta] Honduras. Berta Cáceres no aparenta sus 38 años, tampoco es fácil adivinar que es madre de cuatro hijos. Menos aún, una de las dirigentes más combativas de la Resistencia hondureña. Pero no bien se larga a hablar, la dulzura de las facciones de su rostro y la amabilidad de sus gestos se pierden en la desesperación y la frustración del relato. "Se están legalizando las violaciones a los derechos humanos y van a ser tiempos difíciles", pronosticó la líder del movimiento Feministas en Resistencia y una veterana dirigente del Copinh, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
De paso por Buenos Aires para participar de la segunda Conferencia Internacional por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras, Cáceres habló ayer con Página/12. La ratificación del golpe que votó el miércoles el Congreso no la había ni sorprendido ni deprimido. "Era lógico", señaló entre resignada y desinteresada, mientras terminaba su desayuno.
A Cáceres no le interesa discutir sobre el acuerdo que no fue ni las negociaciones que no llegaron a ningún lado. En los últimos meses le tocó recorrer comisarías buscando a tres de sus once hermanos. A su hermana mayor la torturaron, y aunque logró sacarla de la cárcel, todavía está procesada por sedición. Los militares y los golpistas conocen su nombre, pero aun así su mirada está puesta en el futuro. Es lo único que le queda.

¿Las detenciones y la represión disminuyeron cuando terminaron las manifestaciones masivas en las calles?
La Resistencia dejó de movilizarse masivamente, pero aumentó su trabajo organizativo en las comunidades. Mirá, nosotros nos parábamos enfrente de la Universidad Pedagógica y no podíamos caminar ni media cuadra que ya nos empezaban a golpear, a tirar gases. Por eso cambiamos, pero la represión también cambió. La dictadura empezó a hacer ataques directos a los barrios para que la gente se diera cuenta de que estamos viviendo en un Estado de sitio real. Los barrios se habían organizado para manifestarse a la noche, en la supuesta seguridad de sus barrios y entre sus vecinos. ¿Qué hicieron los militares? Ellos se metieron y reprimieron de forma tremenda a los jóvenes. Después de reprimir, golpear y torturar a los jóvenes que estaban al frente de las barricadas, se fueron casa por casa tirando gases lacrimógenos, como si estuvieran repartiendo diarios. No les importa nada, si hay niños, ancianos o enfermos. Rompieron una puerta tras otras hasta plantar el terror en los barrios. Y como si no fuera suficiente, en poco tiempo lograron instalar la cultura del orejismo (informantes). Puede ser un vecino cualquiera... se han construido casi un ejército de orejas.

¿La dictadura logró polarizar y dividir en todos los sectores de la sociedad hondureña?
Está bien polarizada la situación. Fíjese lo que pasó el 29 noviembre en ese circo que hicieron. Nunca las clases medias altas habían salido a votar en tanta cantidad. Ellos fueron los que hicieron fila para votar. En los barrios, donde se acumula la mayoría de la población, ahí la mayoría se quedó en sus casas. Yo estuve en Tegucigalpa y después crucé todas las comunidades del oriente del país hasta llegar a Paraíso (ciudad cercana a la frontera con Nicaragua). Era un desierto, un desprecio de la gente a ese circo. Hubo barrios que no dejaron que entraran las urnas, en otros no votaron más que el 20 o el 30 por ciento de los vecinos. Pero fue una situación muy difícil. La represión en la semana anterior a las elecciones fue dura, durísima, y el día de las elecciones eran miles de soldados, reservistas y policías.

Y a pesar de eso casi ni se escucharon denuncias en los últimos días...
Es que la dictadura es muy inteligente y no pone a los militares frente a las cámaras de los medios internacionales. Pero yo lo vi. En Tegucigalpa había tanques con ametralladoras 60, oiga bien, ¡ametralladoras 60! ¿Para qué lo necesitan si somos un pueblo de-sarmado, pobre? Y eso no pasó solamente en Tegucigalpa, sino en todo el país. Yo no soy de Tegucigalpa, soy de un lugar que se llama La Esperanza, una región indígena en la parte suroccidental del país. En mi pueblo, tres semanas antes de las elecciones anduvieron con tanquetas y ametralladoras. Primero llegaron unos funcionarios golpistas para derribar una placa de agradecimiento al pueblo cubano por su ayuda después del huracán Mitch. Se la llevaron y pusieron una en honor de Micheletti y las fuerzas armadas. Al día siguiente llegaron 800 reservistas y detrás de ellos, Romeo Vázquez Velázquez (jefe de las fuerzas armadas) con Micheletti para inaugurar la placa. Dos días después pasó el candidato presidencial liberal Elvin Santos y 48 horas después tenía que venir el otro candidato, Porfirio Pepe Lobo, pero no pudo porque le organizamos una manifestación grande.

¿Cómo sigue la Resistencia ahora que el golpe está totalmente consumado?

Nosotros como movimiento, una fuerza política y social, tenemos desafíos importantes. Uno de ellos es readecuar, reacomodar la fuerza social y la experiencia que hemos adquirido en una nueva correlación de fuerzas político-electorales para encaminar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente Popular y Democrática. Ese es ahora uno de los puntos vitales de la Resistencia; sólo una Constituyente puede revertir verdaderamente el golpe de Estado. Los golpistas se equivocaron porque creyeron que la resistencia popular iba a durar solamente cuatro días, pero el pueblo hondureño dio un paso de madurez. Ahora sí sabe la importancia que tiene una Asamblea Constituyente para recuperar soberanía popular, todo tipo de derechos y refundar el país. Lo importante es darle continuidad a lo que venimos haciendo y también trabajar por la construcción de una alternativa político-electoral. Los golpistas no se van a quedar cómodos, les vamos a dar un dolor de cabeza.

4 de diciembre de 2009
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congreso ratificó golpe de estado


Los diputados hondureños ratificaron la destitución de Zelaya y enterraron el acuerdo. Con la decisión del partido del electo presidente Porfirio Lobo de ratificar de forma unánime el golpe, el Congreso hondureño consolidó la posición del régimen de Micheletti.
[María Laura Carpineta] Honduras. La democracia hondureña recibió ayer el tiro de gracia. El Congreso nacional ratificó anoche el golpe de Estado cuando alcanzó los 65 votos necesarios para poner fin a cualquier esperanza de una restitución democrática, aun si era tardía y a medias. "No hubo ni discusión, vinieron decididos", aseguró, casi susurrando, el diputado Marvin Ponce en medio de la sesión. El y otros treinta y tres legisladores confiaban en que el presidente electo, Porfirio Lobo, presionaría a su bancada para aprobar la vuelta del mandatario derrocado Manuel Zelaya. Pero no bien comenzó el debate, sufrieron una nueva decepción. "Nos manifestamos a favor de la ratificación del decreto 141/2009 aprobado el 28 de junio", sentenció Rodolfo Irías, jefe de la bancada nacionalista. Era el punto final. El partido que ganó las elecciones del domingo había abandonado el doble discurso para sumarse, sin sutilezas, a las filas golpistas.
El Congreso no llegó ni a discutir el llamado Acuerdo de San José–Tegucigalpa, firmado por golpistas y zelayistas a principio de noviembre, que proponía la restitución de Zelaya, previa votación en el Legislativo. La sesión había comenzado a las 13 hora local, tres horas más tarde de lo programado, y lo primero que se escuchó en el recinto fueron las recomendaciones de las cuatro instituciones consultadas: la Corte Suprema, la Fiscalía General, la Procuraduría nacional y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. La opinión era unánime. "La restitución es insostenible jurídicamente", había señalado el informe de la Fiscalía. La Corte Suprema, por su parte, respondió ratificando seis cargos penales contra el presidente legítimo, todos imputados después del golpe del 28 de junio pasado.
El clima no era el más favorable para los zelayistas y los dirigentes que, a pesar de sus diferencias con el presidente legítimo, reclaman la vuelta de la democracia. "La división en el frente internacional fortaleció a los golpistas y ya no sienten que tienen que negociar para ser reconocidos", explicó a este diario un negociador zelayista, quien ayer intentó hasta último momento convencer a los diputados de Lobo, el presidente electo.
El partido de Lobo controla 55 de los 128 diputados del Congreso unicameral. Los zelayistas le habían propuesto que se abstengan, de manera que permitieran la restitución sin tener que votarla. Con la abstención de la bancada nacionalista, los diputados antigolpe sólo tenían que conseguir una mayoría simple de 37 votos. "Tenemos 33 seguros y podíamos llegar a conseguir los otros cuatro. Pero si los 55 del Partido Nacional votan a favor del golpe, de nada sirven nuestros esfuerzos", explicó el negociador del presidente derrocado.
Antes de las elecciones, Lobo y los diputados de su partido habían mantenido un buen diálogo con los zelayistas. "Algunos realmente creímos que el nuevo gobierno del Partido Nacional iba a apoyar un gobierno de unidad nacional, con Zelaya a la cabeza", señaló Ponce, diputado de Unificación Democrática, la principal fuerza progresista en el Congreso. Lobo hizo campaña con la promesa de reconciliar a la sociedad hondureña y, después de ganar el domingo, se comprometió a formar un gabinete de unidad nacional.
Pero su ambigüedad y sus constantes guiños a Zelaya parecen haber alcanzado un límite ayer. "Pepe Lobo se reunió por la mañana con las fuerzas armadas y después les dio la orden a sus diputados de votar en contra de la restitución", denunció el diputado. Una fuente muy cercana al presidente Zelaya confirmó la versión. "La cúpula militar le dijo que no querían empezar con problemas con el nuevo gobierno", relató la fuente, quien pidió no revelar su nombre por razones de seguridad.
Al cierre de esta edición, los diputados hondureños continuaban debatiendo y todo indicaba que la sesión se prolongaría durante la madrugada. Pero para los pocos zelayistas dentro de la Cámara y para los cientos de militantes que esperaban la decisión afuera del edificio, frente a varios cordones de policías, la suerte ya estaba echada para el presidente Zelaya y para la democracia hondureña. Ya lo había adelantado el dictador Roberto Micheletti a la mañana, cuando volvió a ocupar el sillón presidencial. "Zelaya es historia; ya es parte del pasado", había sentenciado, con aire triunfalista. Cinco meses después del golpe de Estado que lo encumbró en el poder, su obra estaba completa.

3 de diciembre de 2009
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quieren prohibir bases extranjeras


Unasur acuerda discutir prohibición para bases extranjeras en la región. El canciller de Ecuador, Fander Falconí, valoró los resultados de la cita. "Son óptimos, pues tenemos un documento de consenso regional", con el que "marcamos una nueva visión".
Quito, Ecuador. El Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) concluyó este viernes una reunión extraordinaria en Quito, donde acordó discutir una propuesta que prohíba a futuro la instalación de bases militares extranjeras en la región al aprobar en Quito "una nueva doctrina de seguridad", informó este viernes el gobierno  ecuatoriano, que ejerce la secretaría pro témpore del mecanismo.
"Los resultados son óptimos, tenemos un documento de consenso regional, marcamos una nueva visión y una nueva doctrina de seguridad en términos regionales", señaló el canciller ecuatoriano Fander Falconí en una rueda de prensa al final de la reunión.
Por iniciativa de Venezuela, dicha doctrina se plantea analizar la prohibición a futuro de instalar bases militares extranjeras en los 12 países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), indicó a su vez el canciller venezolano Nicolás Maduro.
Sin embargo, este punto quedó para "consulta" por el rechazo de Colombia, agregó Maduro. "Aspiramos a que el gobierno colombiano deje de oponerse a este planteamiento que es justo", dijo.
El canciller ecuatoriano destacó que las nuevas tesis son "un hecho inédito en términos regionales", y apuntó que el documento consensuado por los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores prevé definir "medidas de confianza y seguridad" frente a un convenio militar entre Colombia y Estados Unidos.
Mediante ese acuerdo, Bogotá puso a disposición de Washington siete bases para combatir el narcotráfico y a las guerrillas izquierdistas.
El pacto ministerial contempla además "homologar los dispositivos de gasto militar y la creación de garantías" de que los acuerdos extrarregionales "no van a menoscabar la soberanía" de los países de la región, explicó Falconí.
En el caso del acuerdo colombo-estadounidense, las garantías fueron certificadas por la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, en  una carta a la Unasur.
"Por escrito pretenden entregar garantías, pero no pecamos de inocentes, sabemos que las garantías hay que ganárselas, los papeles tienen que traducirse en hechos", afirmó Maduro sobre la misiva Clinton.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, sostiene que el acuerdo configura una plataforma de ataque a su país por parte de Estados Unidos -al que culpa del golpe de estado que sufrió en 2002- y una estrategia para recuperar su hegemonía en la región.

28 de noviembre de 2009
©emol
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mataron a líder de la resistencia


Hallan muerto a dirigente del Frente Nacional de la Resistencia en Honduras. Luis Espinal, un profesor jubilado de 56 años, salió el fin de semana hacia la capital hondureña, cuando fue interceptado por una patrulla policial.
Honduras. Luego de haber sido arrestado por la policía hondureña, se encontró este martes el cadáver del coordinador del Frente Nacional contra el golpe de Estado, Luis Gradis Espinal, de quien se desconocía su paradero desde el pasado domingo.
El asesinato del líder de la resistencia antigolpista del sureño departamento de Valle, ocurre a pocos días de las elecciones y bajo una amplia militarización en todo en el territorio hondureño.
Informes del Frente indican que Espinal, de 56 años y profesor jubilado, había salido el pasado fin de semana hacia la capital, cuando, según relato de una testigo, fue interceptado en el Anillo Periférico de la ciudad por una patrulla policial.
A través de un comunicado, el Frente Nacional alertó que los cuerpos represivos han aumentado la vigilancia y persecución de los militantes de la Resistencia, al punto que se ha declarado un "Estado de Emergencia que podría ser el preámbulo de una ofensiva militar contra el pueblo desarmado".
El pasado fin de semana la Resistencia contra el golpe de Estado adelantó que la ola represiva que sufren los hondureños incluye a mercenarios contratados por las Fuerzas Armadas.
El aumento de las fuerzas policiales y militares en Honduras, demuestran el ensombrecimiento de un proceso electoral y un ambiente de represión y violencia por parte de los que usurpan el poder.
A escasos días de unos ilegítimos comicios, el régimen de facto, junto con los militares, convoca y tutela un proceso electoral  sin condiciones legales y sin un acuerdo político.
En medio de una dictadura militar, el pueblo hondureño resiste a los actos violentos e inconstitucionales de un gobierno que pretende organizar una "farsa electoral ", señalaron los miembros de la Resistencia cuando realizaban una protesta frente a la sede del Tribunal Supremo Electoral, momento en el que se enteraron de la trágica noticia.
La alianza de fuerzas populares reiteró su llamado al desconocimiento activo de los comicios, que considera una vil mentira para legitimar el golpe militar que derrocó al presidente Manuel Zelaya el pasado 28 de junio.

26 de noviembre de 2009
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entrevista con manuel zelaya


A cinco días de las elecciones, el presidente arrancado de su cargo culpó a Estados Unidos por su cambio de posición con la dictadura. "Obama no sólo no priorizó la democracia en Honduras, no priorizó la democracia en América Latina".
[María Laura Carpineta] Honduras. Manuel Zelaya tiene todas las razones para estar enojado, pero no lo demuestra. Atiende el teléfono desde la embajada brasileña en Tegucigalpa con un tono amable, opacado sólo por el cansancio de quien vive encerrado y asediado desde hace dos meses. El presidente hondureño derrocado perdió la pulseada y lo sabe. Cuanto más se acercan las elecciones del domingo próximo, más patente se vuelve su impotencia. "Estamos en la lucha del más fuerte, y la verdad es que no sabemos qué va a pasar", reconoció ayer por la tarde. No quiere adelantar sus próximos pasos, pero deja todas las puertas abiertas. En diálogo con Página/12 no descartó el exilio ni negociar con el próximo presidente hondureño. "Mis diferencias son políticas, no personales", se escudó.
Minutos después de la entrevista, las organizaciones de derechos humanos hondureñas confirmaron un nuevo asesinato, a cinco días de los comicios. "La dictadura sigue reprimiendo a la resistencia. Hoy (por ayer) apareció muerto un maestro que había sido detenido por la policía el lunes. ¿Cómo pueden llamarse líderes democráticos los que callan y apoyan este terrorismo de Estado?", sentenció Bertha Oliva, veterana dirigente. Según sus cálculos, Gradis Espinal, jubilado de 58 años y padre de tres hijos, es la víctima número 26 de la dictadura.
Ninguno de los principales medios hondureños se hicieron eco de la noticia; la dictadura ni se pronunció. "No todos tenemos las mismas posibilidades en estas elecciones", recordó Zelaya.

Finalmente se llegó al peor escenario político, elecciones bajo dictadura. ¿Por qué no se logró la restitución, qué faltó?
Hay un mandato de la OEA, otro de la ONU y está el Plan Arias. Todos pedían la restitución para poder hacer elecciones democráticas, en igualdad de condiciones. Todos lo pedían, pero no se dio. No se dio porque Estados Unidos renunció a su posición, cambió su prioridad, apoyó las elecciones sin restitución y esto eliminó las posibilidades de restaurar la democracia hondureña. No sólo no priorizó la democracia en Honduras, no priorizó la democracia en América latina.

¿Cometió errores en los últimos cinco meses?
Las negociaciones avanzaban, pero cuando Estados Unidos cambió su posición hacia la dictadura, todo se cayó. Eso fue lo que pasó.

¿Cree que el boicot electoral será suficiente para hacer tambalear al próximo gobierno?
Hay que pronunciarse contra el proceso, tiene una raíz ilegal y no todos tenemos las mismas posibilidades. La democracia debe ser un acuerdo político para que todos podamos competir en igualdad de condiciones.

No parece suficiente para desestabilizar al próximo gobierno...
Mire, estas elecciones tienen tres elementos que las hacen únicas. Primero, es la primera vez en América latina que se realizan elecciones después de una dictadura sin un pacto social previo. Segundo, las elecciones se convocan bajo un estado de represión: y tercero, existe un gran temor a un fraude electoral. Son elecciones débiles y de ellas saldrá un gobierno débil.

¿Cómo sigue su vida después de las elecciones? ¿Continuará en la embajada?
Estamos luchando por una causa que no tiene límites de tiempo ni de espacio. Se trata de sacrificios y de continuar luchando por la libertad, aquí o donde sea. Cuando se pierde el sistema democrático, se pierde el destino del país entero. Estamos peleando la lucha del más fuerte, y la verdad es que no sabemos qué va a pasar.

¿Intentará dialogar con quien gane las elecciones?
Yo me alejé políticamente de ellos porque apoyaron el golpe, no salieron en defensa de la democracia y los derechos humanos, como nosotros. Tenemos diferencias políticas, pero no personales.

¿Está pensando en exiliarse o se imagina viviendo en Honduras?
Mi vida en sí está en manos del general Romeo Vázquez Velázquez. No me preocupo por eso, él decidirá qué puedo hacer.

¿Pero usted está considerando exiliarse?
Mi vida está ligada al pueblo hondureño y está orientada a luchar por una causa, la de la democracia y la libertad hondureña. Esa causa no tiene un tiempo, una forma o un lugar determinado. Eso no es importante.

¿Cómo quedó su relación con el gobierno estadounidense después de su giro en favor de las elecciones hondureñas?
Todo el derecho internacional dicta que Estados Unidos puede tomar la decisión que quiera. Nosotros no cuestionamos su soberanía. Pero cuando ese gobierno hace un trato conmigo, yo tengo derecho de reclamar. Siempre guardaré un respeto por esa nación libre, pero Estados Unidos no cumplió con su palabra.

¿Obama le había puesto condiciones para apoyar su restitución?
No, ninguna. Prometió la reencuadración del sistema democrático antes de las elecciones, nada más.

Y, ¿por qué cree que Estados Unidos cambió de opinión?
El senador De Mint lo dijo muy claro. Yo no hago juicios, él lo dijo. Él vino, como muchos otros republicanos, y habló con Micheletti. Después volvió a Washington e hizo un acuerdo con el presidente Obama. No hace falta especular demasiado.

¿Cómo deberían actuar los países latinoamericanos con el próximo gobierno?
Además de impugnar las elecciones, vamos a pedir que se anulen. Los países que se sumen no van a estar defendiendo solamente los derechos de los hondureños, sino de todos los latinoamericanos.

Mucho se ha discutido sobre la polarización política que existía en Honduras antes del golpe. Si pudiera hacer alguna recomendación a los mandatarios vecinos para evitar una situación similar, ¿cuál sería?
Cuando un presidente quiere corregir la economía y hacerla más justa necesita hacer reformas que no son del buen agrado de las transnacionales financieras, de servicios e industriales. Mi recomendación para los presidentes que quieran de verdad a sus pueblos es que se mantengan firmes, aun si aparecen amenazantes las viejas castas militares.

25 de noviembre de 2009
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homenaje a jesuitas asesinados


Durante la ceremonia en homenaje a los sacerdotes asesinados en 1989, el ministro del Interior dijo que el ejército está preparado para pedir perdón y que él está dispuesto a abrir los archivos militares a los investigadores.
[Alex Renderos y Tracy Wilkinson] Ciudad de México y San Salvador. En un signo de los extraordinarios cambios que se preparan en El Salvador, el lunes el gobierno otorgó la más importante medalla del país a seis sacerdotes jesuitas asesinados por el ejército hace exactamente veinte años.
Los gobiernos de extrema derecha que gobernaron El Salvador desde la guerra civil tradicionalmente han relegado a un pasado histórico que preferirían olvidar el caso de los jesuitas asesinados. Pero la elección en marzo de un nuevo presidente de un partido político de izquierda compuesto por ex guerrilleros define el marco del reconocimiento del lunes.
"Queremos que sea un acto en la recuperación de nuestra memoria colectiva", dijo el presidente Mauricio Funes en la ceremonia. "Para mí, este acto significa que corremos el pesado velo de la oscuridad y las mentiras para dejar pasar la luz de la justicia y la verdad. Empecemos a limpiar nuestra casa de su historia reciente".
Funes, ex periodista que como muchos salvadoreños fue educado por los jesuitas, entregó las medallas de oro a los familiares de los sacerdotes "por servicios extraordinarios prestados a la nación".
Para perplejidad de la audiencia, el ministro de defensa dijo entonces que el ejército estaba preparado para pedir perdón y que él estaba dispuesto a abrir los archivos militares a los investigadores judiciales -algo que los defensores de los sacerdotes han exigido desde hace largo tiempo, siendo rechazados firmemente por el ejército. El gobierno de Funes no ha ordenado una investigación.
"Si el gobierno me pide que abra los archivos, los abriré", dijo el ministro, el general David Munguia Payes, que luchó en la guerra contra las guerrillas y sirvió en las fuerzas armadas en 1980 como parte de la guardia presidencial.
El asesinato de los sacerdotes en 1989, junto con su cocinera y la joven hija de esta, fue un suceso fundamental en la larga guerra civil salvadoreña.
Los sacerdotes eran intelectuales altamente considerados, promotores de la justicia social y opositores a la guerra, y eran vistos por la derecha salvadoreña como subversivos de izquierda.
Entre ellos se encontraba Ignacio Ellacuria, español, que era uno de los intelectuales más importantes de la región y rector de la Universidad de América Central (UCA) en San Salvador.
Sus asesinatos provocaron indignación mundial; las fotografías de los sacerdotes tumbados boca abajo en el jardín de su modesta casa después de ser ultimados a tiros por soldados fueron algunas de las imágenes más estremecedoras de la guerra.
De cierto modo, fue una atrocidad marcada por el asesinato del Arzobispo de San Salvador, Óscar Romero, que fue asesinado cuando decía misa en 1980. Su muerte es vista a menudo como el hito que inició la guerra civil, y el asesinato de los jesuitas el comienzo del fin.
Los asesinatos de 1989 rompieron finalmente el apoyo de larga data del gobierno norteamericano al ejército y gobiernos salvadoreños, que a su vez contribuyeron a forzar el fin de la guerra en 1992.
Una comisión nacional de la verdad, así como varias investigaciones internacionales, determinó que altos oficiales del ejército salvadoreño habían ordenado y luego encubierto el asesinato de los sacerdotes, a los que los militares acusaban de apoyar a las guerrillas.
Cuatro oficiales y cinco soldados fueron juzgados y condenados por su participación en los asesinatos. Sin embargo, todos los condenados estaban por debajo del rango de coronel y fueron liberados todos en 1993 en el marco de una ley de amnistía. Ningún militar de alto nivel fue procesado.
Existe la difundida sospecha en El Salvador y entre oficiales estadounidenses de que Roberto D’Aubuisson, uno de los fundadores del partido de extrema derecha Arena que gobernó El Salvador hasta este año, ordenó el asesinato de los jesuitas durante una reunión con otros funcionarios del partido en noviembre de 1989.
Una querella presentada el año pasado en un tribunal español está intentando que altos funcionarios militares y civiles rindan cuenta.
La semana entrante, abogados y testigos en representación de las familias de los jesuitas presentarán evidencias basadas en cientos de páginas desclasificadas de documentos oficiales estadounidenses de fines de los años ochenta y principios de los noventa.
Los documentos, que incluyen cables de la embajada estadounidense, militares y funcionarios de la CIA en El Salvador en Washington, describen el rol del ejército salvadoreño "en la planificación, orden y comisión de los asesinatos y su encubrimiento posterior", dijo Kate Doyle, investigadora del Archivo de Seguridad Nacional, una organización con sede en Washington que ha sido clave para sacar a la luz gran parte de la información.
La ceremonia el lunes en San Salvador atrajo a participantes de todo el mundo, incluyendo a activistas, figuras religiosas, periodistas de la época de la guerra civil en el país y el parlamentario estadounidense Jim McGovern (demócrata de Massachusetts), observador de la política exterior de EUA en América Central que ha exigido durante mucho tiempo un informe completo con el papel de los gobiernos salvadoreño y norteamericano en los asesinatos.
"Tuvimos que esperar veinte años para esto", dijo el Padre José Tojeira, rector de la UCA. "Esta es la primera vez que un gobierno salvadoreño reconoce pública y oficialmente el coraje, dignidad y servicios de este grupo de académicos y hombres de fe".
Sin embargo, hay muchos en El Salvador que critican a Funes no ir demasiado lejos en exigir una discusión pública completa del caso jesuita.
Los jesuitas "no necesitan homenajes", decía el lunes un editorial del más importante portal de noticias salvadoreño, El Faro. "Necesitan, y especialmente los que somos salvadoreños necesitamos saber la verdad... El nuevo gobierno... ha rehuido su obligación moral de exigir la apertura de una investigación".

23 de noviembre de 2009
17 de noviembre de 2009
©los angeles times 
©traducción mQh
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qué está pasando en honduras


Escenarios. Movida de dictador Micheletti desconcierta a analistas.
[ Santiago O’Donnell] La crisis de Honduras sigue sin resolverse, pero con la campaña electoral en marcha ya se vislumbran algunos posibles escenarios. Desde la perspectiva de Washington, la solución multilateral que ellos preferían fue intentada y fracasó cuando se cayó el llamado Acuerdo de San José-Tegucigalpa.
Por supuesto que Estados Unidos no fue ajeno a ese proceso multilateral desde el mismo momento en que impulsó como negociador a Oscar Arias, cosa que los demás países de la región aceptaron. Y más allá de si apoyó, consintió, o no hizo suficiente cuando el avión que llevaba al exilio al presidente legítimo hizo escala en la base de Palmerola, a la hora de negociar el gobierno de Obama aceptó que la vuelta de Zelaya al poder era una condición imprescindible para llegar a un acuerdo, y entendió que el dictador Micheletti sólo aceptaría dicha solución bajo presión de la comunidad internacional. Entonces canceló las visas de los golpistas, expulsó a sus diplomáticos, congeló su crédito internacional, y los denunció en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Y quizá algo más. Este cronista no lo pudo confirmar, pero una fuente diplomática europea le deslizó que el regreso de Zelaya a su país también se produjo a través de la base de Palmerola. La ruta del regreso es tema tabú entre los zelayistas, y en todo caso el gobierno de Estados Unidos fue el primero en darle la bienvenida y llevarle comida cuando Zelaya se refugió en la embajada brasileña de Tegucigalpa. Makes sense.
Pero según contó una fuente cercana al gobierno de Obama, cuando el acuerdo se cayó hace dos semanas los zelayistas y los gobiernos latinoamericanos le dijeron a Estados Unidos que resolviera el problema. Entonces Shannon viajó a Tegucigalpa y negoció un acuerdo, que decía que el Congreso debe decidir la restitución de Zelaya, "en el espíritu del acuerdo de San José de Costa Rica". O sea, el Congreso debe resolver, pero con la idea de que Zelaya debe ser restituido.
Claro que en términos legales "espíritu" es una palabra difícil de sopesar. Cuando Zelaya no fue restituido por el Congreso dentro de los plazos que se conversaron en la negociación, con toda razón se dio por engañado y dio por terminado el acuerdo. Pero el miércoles pasado Ian Kelly, vocero del Departamento de Estado, dijo que el acuerdo sigue vigente porque no establecía plazos para la restitución de Zelaya. Y anteayer el dictador anunció que para facilitar la transición piensa "alejarse del poder" mientras se celebran las elecciones, el próximo domingo. El mandato del futuro presidente empezaría a fines de enero.
Desde la perspectiva de Washington, las cosas están encaminadas. El escenario ideal es convencer a Zelaya de que reasuma aunque sea en el último día de su mandato para legitimar al próximo gobierno. Calculan que la dictadura no tendría problema en que asumiera Zelaya pocas horas o algunos días antes de que termine su mandato constitucional, y que todavía podrían negociar algunas cosas con Zelaya, para que cambie de idea. Desde que se cayó el acuerdo, Zelaya viene diciendo que la elecciones del 29 de noviembre serán un fraude y una farsa y que no será funcional a las maniobras para legitimarlas.
"¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que haya elecciones razonablemente libres, aunque Zelaya no las apoye, y que se elija un nuevo gobierno? Claro que no es la solución ideal, pero las demás opciones son peores", argumenta una fuente estadounidense.
Entonces, desde la perspectiva de Washington, a Zelaya ahora le queda la opción de aceptar un regreso simbólico para legitimar las elecciones, o exponer al próximo gobierno de Honduras a cuatro años más de aislamiento diplomático, porque la Organización de Estados Americanos (OEA) ya ha dicho que sin restitución de Zelaya no reconocerá al ganador de los comicios.
El primero sería el escenario ideal para los estadounidenses; el segundo sería un escenario alternativo pero igualmente aceptable. El aislamiento de Honduras sería sólo parcial. Para empezar, la Unión Europea dice que recién se pronunciará al respecto después de las elecciones. La mayoría de los países de la región y el propio organismo mantendrían su posición de no reconocer las elecciones del 29 de noviembre. Pero en la OEA evalúan que Panamá, Colombia, Canadá y quizá Perú acompañarían a Estados Unidos en el reconocimiento del nuevo gobierno.
Siempre tan prácticos estos norteamericanos. Típica solución de su manual de "nation building", ese que está lleno de promesas, pero que ya cuenta con demasiados fracasos, siendo el último el vergonzoso acto eleccionario en Afganistán el 20 de agosto. No existe el almuerzo gratis. En América latina costó demasiada sangre entender que los pueblos no toleran líderes proscriptos, ni aguantan la pesada herencia de un golpe impune.
Lamentablemente, a la hora de elegir muchas ex colonias siguen comportándose como colonias, casi por inercia, sobre todo a la hora de repartir culpas. Los verdaderos dueños de las llaves para destrabar el conflicto son los políticos hondureños. Si los principales candidatos se bajaran de estas elecciones ilegítimas, forzarían la restitución de Zelaya y desbaratarían la estrategia estadounidense de mantener el statu quo.
Ese escenario haría posible una verdadera refundación de Honduras. El punto de partida sería una discusión sobre la principal herramienta de control de los sectores conservadores y proestadounidenses que forzaron la salida de Zelaya.

Esa herramienta de dominación es la Constitución hondureña. Fue sancionada en 1982, en plena guerra de contrainsurgencia, cuando ese país era la plataforma de lanzamiento de las operaciones militares y de inteligencia del gobierno de Ronald Reagan para desestabilizar al gobierno sandinista y combatir la guerrilla en El Salvador y Guatemala.
Una Constitución tan rígida que hasta prohíbe cualquier intento por reformarla, y a la vez tan perfectible que ni siquiera contempla un proceso de juicio político para un presidente acusado de violarla. Podría decirse que esa es la contradicción que dio origen a la crisis política hondureña. Los errores de cálculo de Zelaya y sobre todo la ambición de poder de la derecha golpista local e internacional hicieron el resto.
La crisis encuentra a la región en un estado de ebullición, sin grandes dramas pero con varios escenarios potencialmente explosivos. La pelea entre Perú y Chile por un caso de espionaje, las tensiones crecientes en la frontera entre Colombia y Venezuela, la amenaza golpista que jaquea al presidente paraguayo, el enfrentamiento entre gobierno y empresarios en Guatemala son nubes que se acumulan en el horizonte. Nubes que parecen augurar un cambio de época.
Antes, bajo la tutela de Washington, muchos de estos conflictos ya estarían resueltos o encaminados hacia un desenlace previsible. Los escenarios que hoy se pueden vislumbrar para Honduras y la región no serán alentadores, pero tampoco son tan catastróficos como cuando todo se solucionaba con el garrote de los Marines y la chequera del FMI.
Las huellas que va dejando el repliegue estadounidense –repliegue táctico, estratégico, temporario, permanente, cínico, sincero, oportunista, inevitable: el tiempo dirá– son huellas que conducen a un escenario denso, fragmentado, fluido e imprevisible.
Un escenario sin divas ni finales cantados, que invita a la construcción colectiva. O sea, a la emergencia de nuevos liderazgos, a la creación y afinación de instrumentos regionales, a la convergencia económica, política y cultural, al pago de deudas internas.
Nuevos actores, nuevo guión, un público que se renueva. El escenario cambió. No del todo, pero cambió bastante. Y bastante costó cambiarlo como para pensar que sólo cambió el decorado.

22 de noviembre de 2009
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obama debe mostrarse firme


Se empieza a desentrañar el acuerdo facilitado por Estados Unidos para restituir al presidente hondureño Manuel Zelaya a su cargo y el gobierno de Obama parece titubear.
La semana pasada el gobierno de Obama facilitó lo que pareció un promisorio acuerdo para poner fin a la crisis política hondureña. Desgraciadamente, esta semana ya empezó a deshilacharse. Los líderes de facto de Honduras están retrasando [el proceso de conciliación], provocando al presidente Manuel Zelaya, al que derrocaron en un golpe militar hace cuatro meses, a emitir un ultimátum desde su refugio en la embajada brasileña en Tegucigalpa, la capital de Honduras.
Los dos lados deben detenerse y concentrarse en la restauración de la democracia antes de la elección presidencial del 29 de noviembre. Entretanto el gobierno de Obama debe mantenerse firme en sus principios y dejar de apartarse de su posición explícita de que Zelaya debe cumplir con los meses que le queden de mandato.
Según el acuerdo, los dos lados debían formar hoy un gobierno de unidad nacional y quedar a la espera de la decisión del Congreso hondureño sobre si restituye o no a Zelaya en su cargo. Aunque el acuerdo no fijó una fecha para la votación ni garantiza específicamente la restitución de Zelaya, llamaba a terminar "con la situación en que se encuentra el país". El depuesto presidente firmó en la aparente creencia de que la votación era una formalidad y que estaría de vuelta en su cargo en menos de una semana. El presidente de facto Roberto Micheletti parece estar dispuesto a negociar para asegurar el reconocimiento internacional de las próximas elecciones y poner fin al aislamiento del país. La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y Estados Unidos han declarado que no reconocerán al nuevo presidente si Zelaya no es primero restituido en el poder.
Ahora Micheletti y sus aliados están nerviosos, esperando llamar a terminar la recesión del Congreso cuando la Corte Suprema y el fiscal general emitan sus opiniones no vinculantes sobre el retorno de Zelaya. Sin el Congreso no se puede formar ningún gobierno. Como es habitual, están tratando de ganar tiempo. Zelaya, en cambio, está amenazando con anular el acuerdo si no es restituido hoy mismo. El campo de Micheletti responde: Lo lamentamos, un acuerdo es un acuerdo. Esto deja a la ministro del Trabajo, Hilda Solís, y el resto de la comisión de verificación en la difícil posición de no tener nada que observar.
Aunque todavía dice que apoya el retorno de Zelaya al poder, el gobierno de Estados Unidos parece estar haciendo cálculos. "Ahora es un proceso hondureño", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly. "No debemos interpretar ese acuerdo". Pero es tarea del gobierno seguir exigiendo lo correcto, junto con sus aliados latinoamericanos.
El camino de retorno a la democracia ha estado claro desde el principio: Zelaya debe volver al poder con un acuerdo en que se compromete a no reformar la Constitución -el tema que incitó en primer lugar a la elite hondureña- y sirve de recordatorio de su término como parte de un gobierno de unidad nacional con supervisión internacional. Estados Unidos, que volvió a abrir las puertas de su consulado tras la firma del acuerdo, no debería levantar las sanciones mientras eso no ocurra.
Si el gobierno de Obama prefiere reconocer la elección sin que primero se restituya a Zelaya, se distanciará del resto de los países latinoamericanos. Sería un retroceso para la democracia y Estados Unidos.

17 de noviembre de 2009
5 de noviembre de 2009
©los angeles times
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