américa latina

a días del referéndum

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[Juan Forero] Nueva Constitución ampliaría poderes del Ejecutivo. Legisladores venezolanos someterán enmiendas a los electores.

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Bogotá, Colombia. Con la nueva Constitución que se está debatiendo en Venezuela, la jornada laboral será reducida de ocho a seis horas, de modo que los trabajadores tengan suficiente tiempo para su "desarrollo personal". Pero aunque los venezolanos tendrán más tiempo de ocio, la Constitución también posibilita que el presidente Hugo Chávez pueda proyectarse indefinidamente en el futuro.
Una de las propuestas más polémicas abolirá los límites al mandato presidencial, proporcionando al político populista de 53 años la oportunidad de ser elegido indefinidamente. El mandato presidencial sería también ampliado de seis a siete años. Para los partidarios de Chávez, estas propuestas hacen pleno sentido.
"Estamos dando al presidente la posibilidad de que continúe gobernándonos", dijo Mario Isea, legislador, en un discurso. "Y nos estamos dando a nosotros mismos la oportunidad de seguir disfrutando de su dirección".
La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por seguidores de Chávez, aprobó la semana pasada, una por una, todas las propuestas de la nueva Constitución y se espera que las apruebe definitivamente este viernes. El referéndum convocado para el 2 de diciembre permitirá que los votantes lo aprueben o rechacen.
Una amplia gama de críticos, desde la iglesia católica hasta líderes de la oposición, dicen que las 69 propuestas de reforma de la Constitución darán todavía más poder al presidente, que ya controla la legislatura, los tribunales, la compañía petrolera del estado y, cada vez más, los medios de comunicación. Líderes de la oposición también acusan al gobierno de tratar de imponer la Constitución sin un gran debate público.
El martes la cámara de comercio Consecomercio llamó al presidente a retirar la propuesta de Constitución. Y Primero Justicia, un partido de oposición sin representación en la legislatura, criticó públicamente los cambios frente a la Asamblea Nacional después de intentar infructuosamente de incorporarse al debate.
"Esta propuesta divide al país", dijo a periodistas Julio Borges, director de Primero Justicia.
El gobierno dice que las enmiendas fueron debatidas ampliamente. Los 167 miembros de la Asamblea Nacional, cuyos miembros se han aliado con el presidente desde que los políticos de oposición boicotearan las elecciones parlamentarias de 2005, realizaron tres rondas de debate.
Los legisladores viajaron por todo el país para discutir las propuestas con grupos comunitarios en más de nueve mil eventos públicos. Al votar las enmiendas individuales, 160 legisladores votaron por los cambios; siete de ellos se abstuvieron.
El gobierno también niega las acusaciones de los opositores de que las propuestas buscan mantener a Chávez en el poder, diciendo que los críticos no reconocen el hecho de que la nueva Constitución no impide que los opositores organicen campañas contra el gobierno.
En lugar de eso, dicen personeros, los cambios están diseñados para acelerar el plan de Chávez de convertir este país rico en petróleo en un estado socialista, que según dice el presidente sacará a la gente de la miseria. "Esta reforma constitucional es imperativa para la revolución", dijo antes este mes.
Luis Vicente León, encuestador de Datanalisis, una firma de Caracas, dijo en una entrevista el martes que la opinión pública está igualmente dividida entre partidarios, opositores e indecisos. Pero dijo que será difícil detener la campaña de Chávez, un infatigable y efectivo activista que no ha perdido ninguna elección desde 1998.
Chávez también tiene sus propias avenidas para defender públicamente sus propuestas, incluyendo su programa de televisión los domingos.
"La campaña empieza este domingo, y obviamente Chávez es un excelente activista", dijo León.
Grupos de la oposición están prometiendo un amplio rango de respuestas, desde protestas y campañas de inscripción electoral hasta la abstención.
Con las enmiendas propuestas, Chávez, que ya ha nacionalizado las compañías de electricidad y teléfonos y arrancado la industria petrolera de manos de compañías privadas, tendrá más poder a la hora de tomar decisiones que afecten a la economía.
El Banco Central, por ejemplo, quedaría en gran parte bajo su control. La Constitución propuesta da prominencia a las cooperativas y destaca la importancia del estado en la creación de empresas, lo que debe ocurrir, dice, "acorde con los principios de una economía socialista".
Lo que preocupa especialmente a grupos de derechos humanos es una enmienda redactada en términos vagos que daría al gobierno, en el estado de emergencia, el poder de suspender las garantías de debido proceso protegidas con la actual Constitución. "La versión final incorpora algunas garantías, pero no todas ellas", dice Daniel Wilkinson, subdirector de la división Américas de Human Rights Watch. "La presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo son las que sobresalen".
Mientras algunas enmiendas fueron propuestas por la Asamblea Nacional, otras provienen directamente de Chávez. Un artículo propuesto por el presidente impedirá que organizaciones no-gubernamentales involucradas en política reciban donaciones extranjeras, un cambio que afectará a grupos que incluyen a Sumate, un grupo de observación electoral anti-Chávez que ha sido financiado por Estados Unidos y ayudó a organizar un referéndum contra Chávez en 2004. También aumentará de veinte a treinta por ciento las firmas de electores inscritos para hacer posible un referéndum de este tipo.
"La reforma no se justifica", dijo Manuel Rosales, un líder de oposición que perdió contra Chávez en las elecciones de diciembre pasado, en una entrevista hace poco. "Quiere establecer un sistema político que le permitirá ser reelegido toda la vida y será el presidente eterno de Venezuela".
Desde su reelección el año pasado por un mandato de seis años, Chávez ha implementado rápidamente reformas económicas, sociales y políticas que están transformando su país.
La Asamblea Nacional le dio amplios poderes que le permitirán dictar leyes económicas por decreto. El gobierno asumió rápidamente el control mayoritario de cuatro proyectos petrolíferos gestionados previamente por ExxonMobil, ConocoPhillips y otras empresas petroleras importantes. Chávez también ha forjado una estrecha alianza con Irán, lo que ha irritado al gobierno de Bush.
En un ambiente cada vez más tenso, la iglesia católica se ha convertido en la más estridente oposición a los cambios. En una declaración este mes, la jerarquía eclesiástica dijo que aunque las reformas son "presentadas como un instrumento que dará más poderes al pueblo", en realidad están diseñadas para "concentrar el poder en manos del presidente de la república". Chávez se apresuró a responder.
"Dicen que la reforma es moralmente inaceptable", dijo el presidente en una transmisión nacional. "Pero son ellos los moralmente inaceptables".

9 de noviembre de 2007
31 de octubre de 2007
©washingon post
©traducción mQh

desafíos de álvaro colom

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[Héctor Tobar] El nuevo presidente de Guatemala deberá confrontarse a la masiva emigración hacia Estados Unidos y el crimen organizado.

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Ciudad de Guatemala. Álvaro Colom despertó el lunes para darse cuenta de que todo un país de gente pobre y desesperada dependía de él.
Ganando las elecciones presidenciales de Guatemala el domingo noche, Colom heredará toda una serie de problemas aparentemente intratables cuando asuma el cargo el 14 de enero.
Guatemala es una de las sociedades más turbulentos de América Latina. Miles de sus ciudadanos emigran todos los años a Estados Unidos en busca de trabajo. Grupos asociados al crimen organizado han infiltrado muchas de las instituciones claves del gobierno.
"La gente de Guatemala votó por el cambio. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para darles ese cambio", dijo Colom, un delgado ingeniero de 56 años.
En una rueda de prensa y subsecuente entrevista con Times, Colom dijo que su gobierno emprendería una serie de campañas para mejorar la vida de la población maya. Los habitantes más pobres de Guatemala, los mayas han votado abrumadoramente por Colom.
"Tenemos una deuda histórica con nuestros pueblos indígenas", dijo Colomb. "Nuestro gobierno tendrá cara maya".
Colom dijo que también pensaba acercarse a los millones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos. El gobierno guatemalteco trabajará para proporcionar más servicios a sus ciudadanos que viven en el extranjero, incluyendo la ayuda a familias que desen retornar los cuerpos de aquellos que mueren lejos de casa.
El consulado guatemalteco en Los Angeles, que atiende a cientos de miles, será ampliado, dijo Colom. Y respaldará una ley que permitirá que los guatemaltecos que viven en el extranjero puedan votar en las elecciones de su país.
"El nivel de participación cívica de los guatemaltecos en Estados Unidos es mucho más alto que aquí", dijo Colom.
Colom ganó las elecciones presidenciales del domingo en las aldeas rurales donde se hablan más de veinte lenguas mayas, comarcas humildes donde la gente se siente distante del gobierno que habla español.
Una de sus primeras reuniones como presidente electo, dijo, la tendrá hoy con un Consejo de Ancianos, un grupo de líderes mayas. Colom se reunió con los ancianos durante su trabajo previo como director del Fondo Nacional para la Paz, una agencia de desarrollo del gobierno.
"Pocos guatemaltecos saben que existe el Concejo de Ancianos, pero es tan poderoso que podría provocar insurrecciones", dijo Colom, que es uno de los pocos no-indios iniciado en los ritos de los chamanes mayas.
"Tenemos que aprender a vivir juntos", mayas y no mayas, dijo. "La gente ve la existencia de tantas cultura en nuestro de país, como una amenaza. Pero es un recurso y una fuente de energía".
En Ciudad de Guatemala y suburbios, en las elecciones del domingo su rival Otto Pérez Molina ganó a Colom por un amplio margen -uno de cada cuatro votantes. Pero Colom ganó en casi todas las provincias del país, excepto una.
A nivel nacional Colom derrotó a Pérez Molina con un 52.8 por ciento, contra el 47.2 por ciento, de acuerdo a los resultados finales dados a conocer el lunes.
Analistas políticos dijeron que es la primera vez en la historia de Guatemala que un candidato gana una elección presidencial perdiendo en la capital.
Pérez Molina, ex general de ejército, ganó el voto urbano llamando a aplicar "mano dura" contra la ola de delincuencia que azota al país, y dijo que usaría a las fuerzas armadas para reprimir al crimen organizado. Muchos temían que una victoria de Pérez Molina pudiera significar un retorno al gobierno autoritario.
Los votantes guatemaltecos rechazaron su mensaje. Pero algunos analistas dijeron que Colom debe hacer frente a una serie de retos cuando intente gobernar este país de trece millones de habitantes.
"Alguna vez Estados Unidos parará este flujo de emigrantes", dijo Edgar Gutiérrez, director de un laboratorio ideológico sobre derechos humanos. "Si Colom no elabora una estrategia regional que proponga una reforma de la inmigración en Estados Unidos, y si no resuelve el problema del desempleo, va a tener serios problemas".
Colom, que se define como social-demócrata, dijo que para frenar la emigración se necesitaba invertir fuertemente en la economía rural. Dijo que implementará una poco usada disposición de los acuerdos de paz de 1996 que pusieron fin a la guerra civil guatemalteca, que permite que el gobierno compre propiedad para redistribuirla entre los campesinos sin tierra.
El presidente electo también propuso la creación de un fondo atado a los millones de dólares en transferencias que los guatemaltecos envían a casa todos los años desde Estados Unidos. Muchos grupos comunitarios en Estados Unidos pagan escuelas y otros proyectos en sus pueblos natales en Guatemala con transferencias. El gobierno podría igualar esas contribuciones, dijo Colom.
"Tenemos que cerrar el grifo que está produciendo la emigración", dijo. "Nuestro sueño es generar las condiciones para que la gente no se entregue a la tentación de emigrar".

[e-mail]

Alex Renderos contribuyó a este reportaje.

8 de noviembre de 2007
6 de noviembre de 2007
©los angeles times

gana colom en guatemala

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[Héctor Tobar] Colom gana elecciones presidenciales. Votantes de zonas rurales ayudaron al ex ingeniero industrial a derrotar la ‘mano dura' de ex general Otto Pérez Molina.

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Ciudad de Guatemala, Guatemala. Álvaro Colom, un hombre de negocios de centro-izquierda, ganó este domingo las elecciones presidenciales de Guatemala en una votación que fue en muchos modos un referéndum sobre la frágil y asediada democracia de este país.
Colom, 56, derrotó al ex general de ejército Otto Pérez Molina, un oficial durante la sanguinaria dictadura y guerra contrainsurgente de los años ochenta.
Contado el 97 por ciento de los votos, Colom superó a Pérez Molina, recibiendo el 52.8 por ciento de los votos, contra el 47.2 por ciento de este último. Los votos todavía no contados se concentran en los bastiones provinciales de Colom.
En toda Guatemala, la participación fue baja en la segunda vuelta después de una sucia campaña que se centró en un solo tema: la delincuencia y la corrupción que han caracterizado las instituciones democráticas de Guatemala durante los gobiernos civiles.
Pérez Molina, 56, prometió reprimir la delincuencia con mano dura, una frase asociada en América Latina comúnmente con gobiernos autoritarios. Los carteles de la campaña lo mostraban con un puño alzado y expresión severa.
Víctor Gálvez, analista político de aquí, dijo que los resultados demostraban que los guatemaltecos rechazaban las soluciones derechistas de Pérez Molina para los problemas del país. "Es un mensaje de que la gente no quiere volver al pasado militar", dijo. "Al final, la mano dura se volvió contra Pérez Molina".
Colom, un ex ingeniero industrial con una larga experiencia en el gobierno pero escaso carisma, trató de convertir la pobreza de Guatemala en el punto central de su campaña.
"Voté contra la injusticia, por los pobres", dijo Max Pérez, 34, pintor, vecino de la colonial ciudad de Antigua. "Voté por la gente que vive en la miseria, por la gente que sufre hambre. Voté por el ingeniero Álvaro Colom".
Pérez Molina surgió vencedor en la mayoría de las encuestas pre-electorales de intención de voto mientras Colom luchaba contra repetidos ataques personales, muchos de ellos relacionados con cargos de corrupción que se remontan a su candidatura a la presidencia en 2003.
Una enorme cantidad de octavillas anónimas y e-mails acusaban a Colom de toda una serie de pecados mortales, incluyendo vínculos con los carteles de la droga. Incluso se sintió compelido a distribuir un comunicado de prensa explicando que sus estudios de los ritos religiosos mayas no implicaban que fuera un agente del demonio.
Colom respondió sugiriendo que Pérez Molina pisotearía las libertades civiles y devolvería al país a su tenebroso pasado autoritario, un tema que recogieron los grupos por los derechos civiles.
"Los dos se golpearon muy duro", dijo Jaime Lobos, 39, conductor de un camión de reparto que votó justo al otro lado de la calle del edificio del Congreso guatemalteco. "Los dos fueron demasiado lejos".
Colom ganó por un estrecho margen en la primera vuelta en septiembre. Pero con apenas el 29 por ciento de los votos en unas elecciones con catorce candidatos, estuvo lejos de obtener la mayoría necesaria para una victoria indiscutible.
En las elecciones de este año, al menos cinco docenas de colaboradores y funcionarios de campaña fueron asesinados. Los analistas dicen que muchos de los asesinatos fueron cometidos por narcotraficantes que tratan de aumentar su influencia en los gobiernos locales.
En toda Guatemala los homicidios se cobraron la vida de más de 5.600 personas. Se dice que grupos del crimen organizado tienen influencia en la policía, el Congreso y las instituciones judiciales y penales.
"Es obvio que los gobiernos civiles de los últimos años han fracasado", dijo Francisco García del Instituto de Estudios Políticos de América Central.
En un colegio electoral en la periferia de El Gallito, un barrio plagado por la delincuencia cerca del centro de Ciudad de Guatemala, la gente tenía diferentes opiniones sobre cuál de los dos candidatos podría ser el salvador del país.
A menudo los narcotraficantes transforman los barrios en un campo de batalla. Hace poco los soldados instalaron una base improvisada en el mercado local desde donde, protegidos por barricadas de sacos de arena, tratan de controlar a los delincuentes del barrio.
"Aquí han habido muchos asesinatos", dijo Ingrid de Santos, 39, explicando por qué votó por Pérez Molina. "El ejército ha hecho mejor las cosas".
Pero el camionero José de la Cruz, 57, ve las cosas de otro modo. "Dicen que se podría convertir en otro dictador", dijo sobre Pérez Molina. "Yo quería votar por él, pero no pude".
La delincuencia no es un problema tan grande en las áreas rurales, y Colom se veía muy fuerte en las provincias y entre su población maya. Pérez Molina ganó cómodamente en Ciudad de Guatemala, pero perdió en diecinueve de las veintidós provincias del país.

[e-mail]

Alex Renderos en Guatemala City contribuyó a este reportaje.

6 de noviembre de 2007
©los angeles times
©traducción mQh

dictador uruguayo debe declarar

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Ex dictador uruguayo declarará por vuelos clandestinos.

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Uruguay. El ex dictador uruguayo Gregorio Álvarez (1981-1985) declarará mañana ante el juez Luis Charles, que investiga el traslado clandestino desde Argentina en 1977 y 1978 de prisioneros políticos y su posterior asesinato en masa en Uruguay.
Las pruebas en poder de la justicia indican que en esos traslados participaron oficiales de la Armada y del Ejército, operativos en los que desaparecieron al menos unas 20 personas.
Algunos de los trasladados en cinco viajes clandestinos desde Argentina a Uruguay estuvieron detenidos en la cárcel de La Tablada, en las afueras de Montevideo, y se presume que allí murieron y fueron enterrados.
Esa unidad, en la que actualmente se realizan excavaciones para hallar restos de desaparecidos, estaba bajo la responsabilidad de Álvarez como Jefe del Ejército, cargo que ejerció hasta que en septiembre de 1981 fue nombrado Presidente de facto.
Hace dos semanas Charles tomó declaraciones a los ex militares Ricardo Arab, Gilberto Vázquez y José ‘Nino' Gavazzo, procesados en septiembre de 2006 por la desaparición en 1976 de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo, Adalberto Soba y Alberto Mechoso.
También declaró por esta causa el ex marino Daniel Rey Piuma, que en 1980 abandonó la Armada y denunció las violaciones a los derechos humanos que se cometían en diversas instalaciones de la marina uruguaya durante la dictadura militar (1973-1985).
Rey Piuma proporcionó a Charles y a la fiscal Mirtha Guianze los nombres de quienes viajaban a Buenos Aires para coordinar los traslados con la Armada de Argentina.
Guianze podría pedir el procesamiento de Álvarez, de 81 años, en los próximos días.

4 de noviembre de 2007
©la nación

militares protegían a paramilitares

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Militares encubrieron a paramilitares. La fiscalía nacional de Colombia investiga a las fuerzas armadas.

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Colombia. Unos veinte oficiales y suboficiales retirados colombianos serán investigados por su presunta colaboración con los grupos paramilitares. En un comunicado, la Fiscalía General de Colombia anunció la apertura de un expediente después de que Salvatore Mancuso, uno de los líderes de los grupos de extrema derecha, denunciara con nombre y apellido a los militares de más alto rango que lo ayudaron y protegieron durante las últimas dos décadas. Hasta ahora, muchos de los juicios contra las cúpulas castrenses por estos delitos no habían prosperado por falta de evidencia, a pesar de la pila de documentos del servicio de inteligencia colombiano, de la CIA e incluso confesiones de muchos de los paramilitares involucrados.
Serán investigados seis generales, nueve coroneles, un mayor, dos capitanes y dos sargentos, todos retirados del Ejército, la Armada y la Policía, que operaban en los departamentos de Antioquia –feudo del presidente Álvaro Uribe–, Córdoba, Santander y Sucre. Entre los generales acusados se encuentran los ya fallecidos Martín Carreño y Alfonso Manosalva y Rito Alejo del Río e Iván Ramírez. Estos últimos han sido blanco de las organizaciones de derechos humanos durante años y actualmente se encuentran detenido por otros crímenes.
Según explicó el diario colombiano El Tiempo, la Justicia no se quedará sólo con los militares mencionados por Mancuso, sino que ampliará la investigación a todos los que fueron mencionados en los últimos meses en las confesiones de los jefes paramilitares. Hace dos años, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) firmaron un acuerdo con el gobierno de Uribe para entregar sus armas y desmovilizarse a cambio de no ser considerados delicuentes comunes. Parte de ese trato era que los jefes paras debían relatar, ante la Justicia, todos sus crímenes y delatar a quiénes los habían ayudado.
Así fueron mencionados muchos oficiales militares, la mayoría ya muertos, y también decenas de dirigentes políticos, en lo que se terminó conociendo como el escándalo de la parapolítica. Cuarenta y dos antiguos y actuales legisladores, alcaldes, gobernadores y ministros fueron nombrados ante los tribunales, y quince de ellos ya se encuentran tras las rejas. Casi todos son de partidos oficialistas o aliados del uribismo. La oposición y las organizaciones de derechos humanos sostienen que esto es sólo la punta del iceberg y que todavía falta que declaren la mayoría de los cincuenta jefes y mandos medios paramilitares que se desmovilizaron en 2005 y ahora están detenidos cumpliendo la Ley de Justicia y Paz.
La colaboración entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares es una de las grandes deudas de los tribunales colombianos. El DAS, el servicio de inteligencia, dejó constancia en varios informes de fines de los '80 y principios de los '90 de la ayuda logística y militar que los sectores castrenses les dieron a las entonces incipientes fuerzas paramilitares. La propia CIA, según los documentos desclasificados por el gobierno norteamericano, advertía a Washington sobre estos vínculos.
Si esta información no era suficiente, se suman las denuncias de los jefes paramilitares que fueron detenidos durante los últimos diez años y los que ahora testifican voluntariamente después de desmovilizarse. Todos ellos coinciden en que mantenían las mejores relaciones con los líderes castrenses de sus regiones. No sólo eso. Fueron los comandantes locales del ejército –las pruebas nunca alcanzaron a la cúpula nacional– los que armaron y ayudaron a entrenar a los paramilitares, cuando se crearon en los '80.
Ever Veloza, el jefe del bloque de Calima, en el departamento del Valle de Cauca y del bloque bananero en el vecino Urabá, confesó esta semana cerca de 1500 asesinatos y destacó que las masacres a los campesinos –supuestos guerrilleros, para él– hubieran sido imposibles sin la autorización previa de la brigada del ejército que controlaba esa región. Esa brigada era por entonces dirigida por el general (r) Rito Alejo del Río, uno de los que la Fiscalía colombiana comenzará a investigar en los próximos días.

3 de noviembre de 2007
©página 12

matanza policial en río

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Matanza policial en las favelas de Río. Según un informe oficial, mataron a 19 personas en un solo día en Brasil.

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Río de Janeiro, Brasil. La Secretaría Especial de Derechos Humanos sostiene, acerca de una megarrazzia ordenada por el gobernador carioca Sergio Cabral, que los comandos mataron a 19 personas en las favelas de la ciudad. La policía buscaba narcotraficantes. Al menos 16 personas habrían sido ejecutadas.
Los comandos de elite brasileños ejecutaron a 16 personas desarmadas en junio pasado en una de las mayores favelas de Río de Janeiro. Esa fue la conclusión a la que llegó la Secretaría Especial de Derechos Humanos, que depende del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un informe que se difundió ayer. La investigación se basó en el operativo más sangriento y uno de los más grandes que se realizó en la ciudad carioca en lo que va del año. Cerca de 1400 policías invadieron con ametralladoras, tanques y helicópteros el Complejo de Alemán para allanar los supuestos centros de operaciones de los narcotraficantes. El resultado fueron 19 muertos y una lluvia de denuncias de ONG y desde el mismo Congreso carioca sobre violaciones a los derechos humanos.
El megaoperativo del Complejo de Alemán se convirtió con el tiempo en el icono de la política de represión del gobernador Sergio Cabral en las favelas. A los pocos días de la invasión, que duró apenas 24 horas, la Orden de Abogados de Brasil (OAB) aseguró que había recibido varias denuncias sobre presuntas ejecuciones policiales en la favela carioca. Según familiares y vecinos de las víctimas, los supuestos narcotraficantes no eran tales y, además, habían sido asesinadas a sangre fría cuando estaban indefensas. Meses después, una investigación de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río confirmó estas versiones y concluyó que al menos diez de los 19 muertos habían sido ejecutados por la policía.
La investigación de la comisión legislativa se basaba en pericias realizadas por el Instituto Médico Legal de la ciudad, las mismas que luego fueron utilizadas por la Secretaría Especial de Derechos Humanos. Según esos estudios, varias de las víctimas más jóvenes murieron por disparos en la espalda o la nuca. Uno de ellos, incluso, fue acribillado. Pablo Alves da Silva, de 15 años, recibió nueve balas, dos en la cabeza, una en el cuello, una en el tórax, otra en el brazo derecho y cuatro en la espalda.
Las denuncias y los cuestionamientos llevaron a que el gobierno de Río, muy a su pesar suspendiera los ataques provisionalmente. Sin embargo, el 30 de julio la policía reactivó sus operativos, aprovechando los Juegos Panamericanos y el miedo que existía en el exterior ante eventuales ataques a la villa deportiva.
Desde esa fecha hasta la actualidad, más de cien personas –siempre supuestos narcotraficantes, según la versión oficial– murieron a manos de policías en las favelas y sus alrededores.
En una de las últimas ofensivas, a finales de octubre, cientos de policías ingresaron con tanques y helicópteros en la favela de la Coréia. El operativo terminó con 12 personas muertas, una de ellas, un niño de cuatro años que quedó atrapado en el fuego cruzado. Sólo unos días después, millones de brasileños se horrorizaron al ver en la pantalla de Globo cómo un helicóptero policial perseguía disparando a dos jóvenes que corrían por los pasillos de la favela, escapando de los agentes de elite.
El gobernador de Río, Cabral, cuestionó el sensacionalismo de los medios y ratificó su apoyo a los operativos en las favelas. Lula, su aliado hasta ahora incondicional, nunca fue tan categórico, optando siempre por declaraciones ambiguas. Prueba de ello, es que el presidente brasileño todavía está dilatando el pedido de Cabral de principio de año para enviar a los militares a ayudar en la lucha contra el narcotráfico.
Hasta ahora, el gobierno nacional se escudó en los problemas jurídicos que este traslado implicaría. El más importante es que el Estado debería renunciar al monopolio de la fuerza pública y delegarla en manos de las fuerzas armadas. Por un lado, el Planalto, y especialmente el ministro de Justicia e histórico líder petista Tarso Genro, se niegan a militarizar una de las ciudades y centro turístico más importante del país. Por otro lado, la policía carioca se niega a entregar el mando, en parte, sostienen los analistas brasileños, porque está fuertemente infiltrada por el narcotráfico.
Sin embargo, en los últimos meses, Cabral ganó un influyente aliado en Brasilia. El nuevo ministro de Defensa, Nelson Jobim, es un hombre de su partido, del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y que simpatiza con la idea de derrotar al narcotráfico con toda la fuerza que sea necesaria. "Es indispensable que la policía vaya al enfrentamiento", fue una de las últimas frases.
Ni las ambigüedades de Lula, ni la inacción de la Justicia –estadual y nacional– han podido evitar que el tema crezca, incluso afuera de las fronteras. Mañana llegará a Río el delegado especial de la ONU para investigar sobre ejecuciones sumarias, Philip Alston. Brasilia está intentando hacer buena letra ante la ONU para ganarse un lugar en el Consejo de Seguridad y la visita de Alston podría ser la primera posibilidad real de que las víctimas sean escuchadas.

3 de noviembre de 2007
©página 12

paramilitar confiesa masacres

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Ever Veloza reconoció que en los '90 fueron asesinados cientos de sindicalistas de empresas bananeras de la región, como la norteamericana Chiquita Brands. Las FF.AA. fueron cómplices.

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Colombia. Según los organismos de DD.HH., cerca de 3780 personas murieron a manos de la AUC en Urabá.
Un ex jefe paramilitar colombiano confesó ayer que durante la década del noventa mataron a cerca de 1500 personas en la ya tristemente famosa zona bananera del suroeste del país. La declaración de Ever Veloza, más conocido como Hernán Hernández o HH, fue clave para revelar las masacres más importantes de los departamentos de Urabá y Valle del Cauca, la complicidad de las fuerzas armadas colombianas y de las empresas bananeras de la región, entre ellas la norteamericana Chiquita Brands.
Antes de desmovilizarse en diciembre de 2004, Veloza llegó a tener unos mil hombres a su cargo. Como comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) lideró el bloque Calima, en donde se estima que fue responsable del asesinato de casi 250 personas en el departamento del Valle del Cauca. También estuvo al frente del llamado Bloque Bananero, que operaba en el vecino Urabá, la zona bananera lindante con la frontera con Perú y Ecuador. Según reconoció en abril pasado a la revista colombiana Semana, todas las empresas bananeras pagaban religiosamente los ‘impuestos' de los paramilitares. "En esa época los sindicatos estaban muy fuertes y había muchas huelgas. Lo que hacíamos, y era el compromiso, era obligar a los trabajadores a ir a trabajar a las plantaciones", explicaba entonces el ex líder de las AUC.
Sin embargo, ayer Veloza volvió a revisar sus recuerdos y reconoció ante la Justicia cientos de asesinatos a sindicalistas de las empresas que operaban en la región. Entre ellas se destacan las colombianas Banacol, Uniban, Proban, y las norteamericanas Chiquita Brands, Dole y Del Monte. La única que aceptó públicamente estas denuncias fue Chiquita Brands. Hace cinco años, y después de una investigación de la Justicia estadounidense, la multinacional pidió disculpas y zafó pagando apenas una multa de 25 millones de dólares.
Según las cifras de los organismos de derechos humanos colombianos, cerca de 3780 personas murieron a manos de los paras en Urabá y más de 60 mil fueron desplazados de sus hogares y obligados a vagar por el país o cruzar la frontera para refugiarse en Ecuador. Veloza reconoció ayer sólo 1500 asesinatos, todos entre 1995 y 1996. "Había noches hasta de 20 muertos", relató en los tribunales de Medellín.
Las masacres de Urabá no sólo son recordadas por el número de víctimas que dejaron, sino también por su crueldad. Por ejemplo la de 1998, cuando un grupo dirigido por Veloza quemó con ácido a once campesinos para hacerlos confesar que eran guerrilleros o, al menos, que colaboraban con la guerrilla. Por supuesto que una vez que ‘confesaron' los ejecutaron.
El ex jefe paramilitar, que fue detenido en abril pasado después de desertar del proceso de paz del presidente Álvaro Uribe, aseguró que todas las masacres contaron con la aprobación y la cooperación de las fuerzas armadas, más específicamente, del general retirado Rito Alejo del Río, el hombre que dirigía la brigada 17, que se ocupaba de la región bananera. Hace unos años, la Justicia colombiana absolvió a Del Río de todos los delitos que lo vinculaban con los paramilitares. Veloza también recordó la cooperación del capitán de la policía local, Byron Carvajal, quien actualmente se encuentra tras las rejas por su presunta participación en la ejecución de un equipo antinarcóticos –diez policías y un civil– el año pasado.
En un gesto quizás para evitar la extradición a Estados Unidos, Veloza dio algunas especificaciones de dónde estarían los cuerpos de las víctimas. Fueron sepultados en fosas comunes en los municipios del departamento de Antioquia –feudo del presidente Uribe– lindantes con Urabá. "La policía y los militares decían que nos dejaban trabajar siempre y cuando escondiéramos los cuerpos", se justificó el ex líder paramilitar. Sin embargo, diga lo que diga, lo más probable es que el gobierno de Uribe firme los papeles de su extradición no bien los envíe Washington. Tanto para la Casa Blanca como para Bogotá, Veloza es uno de los pesos pesado de las AUC y para muchos fue la mano derecha de los hermanos Castaño, algunos de los creadores del paramilitarismo en Colombia.

2 de noviembre de 2007
©página 12

planeta tierra contra embargo

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Condenan el embargo a Cuba. Excepto Israel, EE>UU. Y dos de sus ex colonias.

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Nueva York, Estados Unidos. La Asamblea General de la ONU votó por abrumadora mayoría en contra del bloqueo económico de EE.UU. a La Habana. Nicaragua esta vez también rechazó la política de Washington.
Por decimosexta vez, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó por abrumadora mayoría el bloqueo norteamericano contra Cuba. La isla sumó un nuevo aliado este año. Nicaragua, ahora con gobierno sandinista, se unió al resto del mundo, dejando a Washington con apenas tres apoyos. Israel y las islas Palau y Marshall fueron los únicos países que ayer defendieron el bloqueo como una herramienta para forzar la democracia en la pequeña nación caribeña. Sus discursos fueron casi calcados del del embajador estadounidense y no es sorpresa. Israel es el país que más ayuda militar norteamericana recibe en el mundo y los dos archipiélagos son ex colonias de la superpotencia, que todavía hoy sigue controlando indirectamente su política exterior.
El resultado de la votación fue de 184 a 4, con una sola abstención. En 1992, la Asamblea General debatió por primera vez el bloqueo estadounidense y el ganador, entonces, fue la abstención, con 71 votos. Desde entonces, Cuba ha conseguido ir convenciendo a los indecisos año tras año, hasta que en 2005 sólo quedaba uno, Micronesia. Casualmente, la pequeña nación del Pacífico también es una ex colonia norteamericana, que todos los años recibe millones de dólares de Washington. Esta ayuda llegó a su apogeo en 2001, cuando alcanzó el 65 por ciento de los ingresos del empobrecido Estado. Dos años después, Micronesia y Estados Unidos firmaron un acuerdo para extender los fondos hasta el 2023.
A primera vista, tanto Micronesia como las islas de Palau y Marshall no parecen naciones soberanas como el resto de los 186 países que componen las Naciones Unidas. Para empezar, son Estados asociados a los Estados Unidos. Pero no como Puerto Rico, que depende legalmente de la Casa Blanca. Sino países reconocidos internacionalmente como independientes pero que, a través de un Tratado de Libre Asociación, aceptaron renunciar a sus Fuerzas Armadas y seguir los lineamientos de Washington en materia de política exterior, a cambio de cientos de millones de dólares anuales.
Las islas Marshall son la máxima expresión de esta dependencia. Desde que Estados Unidos sacó a los japoneses y se hizo cargo de ellas, después de la Segunda Guerra Mundial, el archipiélago se convirtió en un punto militar fundamental para la superpotencia. Allí se realizaron las pruebas nucleares más grandes de la historia norteamericana. En una de ellas, la prensa internacional pudo comprobar que cerca de 240 pobladores locales resultaron envenenados.
Nada pasó y Washington continuó "ayudando al desarrollo del Pacífico".
En 1986, las islas finalmente proclamaron ante el mundo su independencia y fueron aceptadas en la ONU. Sin embargo, el país sigue dependiendo principalmente de la ayuda económica de Estados Unidos y de la base militar que la superpotencia mantiene en el territorio (para construirla, el gobierno tuvo que desplazar a miles de habitantes de la segunda región más poblada del país). Además, el Tratado de Libre Asociación dejó en manos de un Alto Comisionado del gobierno norteamericano todas las decisiones relacionadas con la defensa, la seguridad nacional y, en muchos casos indirectamente, con la política exterior.
Haciendo ejercicio de su voz en la ONU, las islas Palau y Marshall sumaron dos apoyos cruciales a la debilitada causa estadounidense. De poco sirvió la resolución que presentó el secretario general Ban Ki Moon, en donde recordó las declaraciones de decenas de jefes de Estado de todo el mundo y de cumbres multilaterales en contra de los bloqueos o las sanciones unilaterales contra un Estado. A esto se sumaron las palabras de uno de sus asesores, el relator especial del Programa Alimentario de la ONU, Jean Ziegler. Desde La Habana, donde realiza una visita oficial, llamó a todos los países a rechazar el bloqueo contra la isla. "Es un ataque al orden internacional y a la Declaración de los Derechos Humanos", aseguró. La condena de la Asamblea General no fue sólo un revés para el gobierno estadounidense, sino para el propio presidente George Bush, quien la semana pasada salió a defender el bloqueo ante las cámaras de televisión y prometió mantenerlo mientras la isla sea comunista.

31 de octubre de 2007
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