américa latina

indios viven en la pobreza

mqh - 01 de marzo de 2007 - 16:44 - américa latina

Informe revela que más del 80% de los indígenas de América Latina vive en la pobreza.

Estudio del Banco Mundial revela que la mayor parte de los 28 millones de indígenas de la región no logra mejorar su nivel de vida al mismo ritmo que los habitantes no indígenas.
Más del 80 por ciento de los indígenas de América Latina vive en medio de la pobreza, a pesar de los avances de los últimos años para combatir este mal, según un informe que dio a conocer el Banco Mundial.
El estudio de la citada entidad financiera analiza el porqué, incluso con una mejora de la educación y de la capacitación profesional, la mayor parte de los 28 millones de indígenas de la región no logra mejorar su nivel de vida al mismo ritmo que los habitantes no indígenas.
Una explicación que ofrece este informe es la histórica exclusión social que han sufrido y por ello aún tienen bajos niveles de capital humano, y soportan un acceso limitado a las tierras productivas, a los servicios básicos y a los mercados financieros, además de disponer de infraestructuras de dudosa calidad.
El documento establece que los pueblos indígenas se desempeñan en pocas ocupaciones económicas, viven en zonas rurales y distantes y carecen de acceso a empleos bien remunerados en el mercado laboral principal.
El Banco Mundial recomendó, entre otras cosas, que se diseñen programas de desarrollo multisectoriales que incluyan más infraestructura, además de acceso a créditos, tierras, atención de salud, educación y nutrición.
La entidad financiera internacional propuso también entre sus recomendaciones que se eleve la conciencia sobre las necesidades de estos pueblos a través de iniciativas complementarias, que aborden tanto la pobreza como el desarrollo.

1 de marzo de 2007
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cae rata de plan cóndor

mqh - 27 de febrero de 2007 - 05:19 - américa latina

Capturan en Brasil a ex militar uruguayo vinculado al Plan Cóndor.

Un ex militar uruguayo reclamado por la Justicia de su país y también por la de Argentina por la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman, entre otras violaciones a los derechos humanos, fue detenido hoy en Brasil, informó en Buenos Aires, la agencia estatal de noticias Télam.
Según la fuente, el detenido es el coronel retirado Manuel Cordero, quien quedó a disposición de los tribunales brasileños a la espera de una resolución sobre los pedidos de extradición que pesan sobre él por su intervención el denominado ‘Plan Cóndor', la articulación represiva de las dictaduras sudamericanas de los años 70.

26 de febrero de 2007
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restos repatriados son del che

mqh - 17 de febrero de 2007 - 14:04 - américa latina

Argentina: Reafirman que restos repatriados pertenecen al Che Guevara.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) reafirmó hoy que los restos repatriados en 1997 desde Vallegrande, Bolivia, pertenecen al guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara y no a un combatiente que lo acompañaba en el momento de su muerte, como afirmó una revista hispano-mexicana.
"La versión (sobre una falsa identificación de los restos del Che) es poco seria y sin fundamento", dijo a la agencia Ansa la antropóloga argentina Patricia Bernardi, que participó del equipo forense que rescató los restos de Guevara en Vallegrande, Bolivia.
La hipótesis fue formulada en el último número de la revista hispano-mexicana ‘Letras Libres', en un artículo periodístico titulado ‘Operación Che. Historia de una mentira de Estado', que firman Maite Rico y Bertrand de la Grange, ex corresponsales en América latina de los diarios El País, de Madrid, y Le Monde, de París.
Bernardi, dijo hoy que estaban "dispuestos a escuchar a científicos que pretendan cuestionar los procedimientos serios utilizados por su equipo y por sus colegas cubanos".
Pero, agregó, que al equipo de expertos no le parecía procedente contestar una versión periodística "poco seria" y "sin fundamentos".
Según los autores del artículo, Fidel Castro en persona "impuso" a médicos y especialistas cubanos y argentinos que confirmaran como positivo el hallazgo del esqueleto de Guevara.
Los periodistas afirman que "al dictador cubano le vino en mente recuperar la figura del 'Che' para distraer al pueblo y relanzar la mística revolucionaria".
"En 1997 la Revolución atravesaba uno de sus peores momentos. En la isla después del abandono de la Unión Soviética seis años antes, había hambre y escasez de artículos de primera necesidad cuando aparecieron las primeras leyendas de 'Abajo Fidel'", escriben los periodistas.
La campaña de excavación para encontrar los restos del ‘Che' había comenzado en 1995, luego de la publicación de una entrevista realizada por el escritor estadounidense John Lee Anderson a Mario Vargas Salinas.
Vargas Salinas, un ex general, aseguraba ser uno de los tres testigos oculares de la sepultura de los siete guerrilleros muertos en Vallegrande, Bolivia, entre los que se contaba Guevara.
El hallazgo de los restos óseos del jefe guerrillero y sus compañeros fue realizado un año después por un equipo a las ordenes del especialista cubano, Jorge González, en cercanías del aeropuerto de la localidad boliviana.
Colocados en urnas especiales, los restos dejaron Bolivia el 12 de julio de 1997 desde el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra con destino a Cuba, donde fueron recibidos con honores militares, para tener su descanso final en un mausoleo especialmente diseñado en la ciudad cubana de Santa Clara, centro del país.
En Santa Clara están enterrados además del ‘Che', los cubanos Carlos Coello (‘Tuma'), Alberto Fernández Montes de Oca (‘Pacho'), Orlando Pantoja (‘Olo') y René Martínez Tamayo (‘Arturo'), el boliviano Simón Cuba (‘Willy') y el peruano Juan Pablo Chang (‘Chino'), todos compañeros de la guerrilla en Bolivia.
El informe 1996-1997 del Equipo Argentino de Antropología Forense, del que además de Bernardi, forman parte Alejandro Inchaurregui y Carlos Somigliana, entre otros expertos, indica que los restos de los siete guerrilleros fueron hallados el 28 de junio y estudiados entre el 6 y el 11 de julio.
"En el caso del 'Che' Guevara los datos pre-mortem utilizados en el proceso de confrontación, junto a documentación general, han implicado informes, improntas y radiografías dentales, ampliaciones fotográficas de algunos dientes, comparación del cráneo con informaciones preexistentes, estudio de viejas heridas y elementos tomados de la autopsia efectuada sobre su cadáver el 10 de octubre de 1967", dice el informe.
"La abundancia aplastante de información 'pre-mortem' volvió la aplicación de otras técnicas de identificación, como los test genéticos, no necesarias", concluye.
La nota periodística mezcla testimonios de lugareños, presuntas fallas en el desenterramiento e identificación de los esqueletos y conjeturas políticas, pero no abunda en datos técnicos específicos.
El Equipo de Antropología Forense es una organización no gubernamental y sin fines de lucro, cuyos miembros trabajan desde 1984 como peritos y consultores de la justicia en distintos países, especialmente en casos ligados con violaciones a los derechos humanos.
Tuvo especial relevancia en el esclarecimiento del destino de detenidos desaparecidos en procesos dictatoriales y conflictos bélicos de Argentina, Colombia, Haití, El Salvador y Bosnia, entre otros países.

17 de febrero de 2007
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piden detención de kissinger

mqh - 16 de febrero de 2007 - 03:09 - américa latina

Por ser ideólogo del ‘Plan Cóndor'.

Solicitud presentada ante la Corte Suprema de Uruguay menciona la eventual participación de Kissinger "en los asesinatos del general chileno Carlos Prats y de Orlando Letelier y el posible envenenamiento del ex presidente Eduardo Frei".
El abogado uruguayo Gustavo Salle pidió a la Suprema Corte de Justicia que libre una orden de captura y extradición del ex Secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger, por ser ideólogo del ‘Plan Cóndor', el operativo de represión digitado por las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay.
Salle dijo hoy que "existe semiplena prueba" en los procesos de investigación sobre las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras del Cono Sur.
Esa semiplena prueba vincula, a su juicio, "a Kissinger con la autoría intelectual de la Operación Cóndor", coordinación represiva de los gobiernos militares durante las décadas del 70' y 80'.
El abogado sostuvo que "hay pruebas que incriminan" a Kissinger, dado que éste presidió entre 1969 y 1976 el ‘Comité 40', una organización "de carácter semioculto de enlace entre la Casa Blanca y la CIA para llevar a cabo desestabilización de gobiernos" que no eran afines a los intereses estadounidenses.
"Es un hecho absolutamente objetivo la existencia de grabaciones y otras pruebas que involucran a Kissinger con los golpes de Estado en América del Sur y su eventual participación en los asesinatos del general chileno Carlos Prats y de Orlando Letelier y el posible envenenamiento del ex presidente Eduardo Frei", afirmó Salle.
Subrayó que "existen elementos suficientes para probar la autoría intelectual y la puesta en práctica por parte de Kissinger de un plan impuesto por Estados Unidos en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, dentro de la guerra fría y en el teatro de operaciones que fue América del Sur, con militares sudamericanos".
Recordó que el Plan Cóndor provocó 30.000 muertos y desaparecidos en Argentina, entre 3.000 y 7.000 en Chile y más de 200 en Uruguay, a lo que debe agregarse millones de prisioneros y torturados en todo el continente.
El jurista agregó que la Suprema Corte de Justicia deberá evaluar ahora la posibilidad de solicitar pruebas o determinar "que es imposible que prospere el pedido porque se dirige a uno de los más grandes plutócratas del planeta".
Salle es abogado en la causa de Bernardo Arnone, un militante del izquierdista Partido por la Victoria del Pueblo de Uruguay (PVP) desaparecido en 1976 y en el caso que llevó a prisión el año pasado a cinco oficiales del ejército y dos ex policías por la desaparición, también en 1976, de los militantes del PVP, Alberto Mechoso y Adalberto Soba.

15 de febrero de 2007
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admiten derechos de homosexuales

mqh - 08 de febrero de 2007 - 16:04 - américa latina

Tribunal colombiano reconoce derechos patrimoniales a parejas homosexuales.

Bogotá, Colombia. La Corte Constitucional de Colombia reconoció este miércoles que las parejas de hecho del mismo sexo con al menos dos años de convivencia tienen derecho a repartirse los bienes adquiridos durante la relación, al fallar una demanda interpuesta en tal sentido.
"Es un fallo muy importante. Creemos que es un paso trascendental hacia la igualdad. Así se acaba con las parejas de primera categoría y las de segunda categoría, como son consideradas las del mismo sexo", declaró a la AFP el jurista y profesor universitario Daniel Bonilla, uno de los demandantes.
Por su parte, Marcela Sánchez, directora de la ONG, Colombia Diversa, y coautora de la demanda, dijo a la AFP que con el fallo de la Corte "por primera vez se está reconociendo los derechos de las parejas homosexuales".
Aunque la Corte no ha divulgado el texto del fallo, magistrados puntualizaron a periodistas que éste no avala el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pues sólo se pronunciaron respecto a las uniones de hecho, ni tampoco sobre la seguridad social de las parejas homosexuales.
Sin embargo, Bonilla estimó que el fallo abre las puertas para que el Congreso apruebe un polémico proyecto de ley que reconoce los derechos a la seguridad social y patrimonial a las parejas homosexuales, presentado por el senador oficialista Álvaro Araújo.
"Se quedan sin argumentos -los opositores- sobre la constitucionalidad del proyecto de ley", destacó Bonilla.
La demanda de inconstitucionalidad de la Ley 54 de 1990, que concede derechos a las parejas de hecho heterosexuales, buscaba que la Corte no avalara su actual interpretación judicial que excluía de sus beneficios a las parejas del mismo sexo, según explicaron los demandantes.

8 de febrero de 2007
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exhumando el pasado

mqh - 04 de febrero de 2007 - 05:13 - américa latina

[N.C. Aizenman] Una búsqueda dolorosa. Familias de las víctimas quieren justicia.

Nebaj, Guatemala. Una década después del fin de la larga guerra civil que sacudió a este país de América Central, los guatemaltecos están tratando literalmente de exhumar su pasado.
Empujados por el repentino aumento de las peticiones de familiares de las víctimas este año, decenas de antropólogos forenses se han desplegado por el campo a la búsqueda de los restos de 200 mil personas, la mayoría de ellas civiles mayas que fueron asesinados o secuestrados durante el conflicto de 36 años.
Muchos fueron masacrados por las fuerzas militares y arrojados a fosas comunes. Otros fueron enterrados apresuradamente en sitios secretos, por familiares ansiosos de evitar a las violentas tropas.
Unas 40 víctimas simplemente desaparecieron después de haber sido detenidas por operativos del gobierno.
Casi todos los días se hace un nuevo y espeluznante descubrimiento: calaveras de niños de dos años, ejecutados a balazos en la cabeza; cuerpos de jóvenes cuyos cuellos todavía estaban atrapados por los garrotes usados para estrangularlos. Casi todas las semanas se realiza un funeral atiborrado de afligidos parientes: viudas antes juveniles, ahora arrugadas y canosas, y niños que alcanzaron la madurez hace mucho tiempo.
Entretanto, en una húmeda y cavernosa bodega en la capital guatemalteca, investigadores con máscaras de protección y guantes quirúrgicos están revisando pilas y pilas de documentos enmohecidos de un archivo secreto de la policía descubierto hace poco, buscando claves sobre el destino de los desaparecidos.
La iniciativa actual es difícilmente la primera sobre las atrocidades de los tiempos de guerra desde que los acuerdos de paz terminaran el conflicto en 1996. Pero su alcance y ritmo son inusitados en un país donde los responsables han disfrutado de impunidad. Sólo dos oficiales han sido encarcelados por crímenes de guerra, de acuerdo a activistas de derechos humanos, a pesar de las conclusiones de una comisión de Naciones Unidas de que fuerzas gubernamentales y aliados paramilitares cometieron casi todas las atrocidades.
Gran parte del derramamiento de sangre ocurrió a fines de los años setenta, cuando la dictadura respaldada por los militares, que había estado luchando contra guerrillas izquierdistas, expandió sus objetivos a todos los críticos del gobierno -incluyendo estudiantes, sacerdotes y sindicalistas. Pero la matanza alcanzó su cúspide a principios de los años ochenta, cuando los militares lanzaron una campaña de tierra arrasada en el campo para eliminar todo apoyo potencial de las guerrillas entre los oprimidos indios maya. Cientos de pueblos fueron quemados, el ganado matado y decenas de miles de personas asesinadas.
Se han devuelto a sus familias los restos mortales de menos de cinco mil víctimas.
La angustia de los que todavía buscan se podía palpar entre las dos docenas de indios maya que asistieron a una reciente exhumación cerca de su ciudad en el departamento de Quiche, en el centro de Guatemala.
La mayoría eran campesinos pobres y trabajadores manuales que sólo hablaban su idioma nativo maya y no podrían ausentarse de sus trabajos. Sin embargo, día tras día caminaban hasta la fosa arriba en una montaña envuelta por la niebla -las mujeres con niños pequeños atados a la espalda con coloridas mantas, los hombres alzando palas para ayudar al equipo forense a excavar los cuerpos.

"No Me Parece Que Sea Ella"
Jacinto Bernal, un hombre de 56 de piel curtida, reprimió las lágrimas cuando vio a un antropólogo remover con un pincel el polvo del esqueleto de una mujer que parecía tener treinta años y que podía, tal vez, ser su esposa María Pérez. Fue matada desde un helicóptero militar en 1985, dijo, dejándolo a cargo de la crianza de sus cuatro hijos.
"No me parece que sea ella", murmulló Bernal, tristemente. "La impactó por detrás de la cabeza, pero parece que este esqueleto tiene un hoyo en la frente".
No había mucho más que hacer.
Como otros que usaron el sitio como un terreno de sepulturas secreto durante los ochenta, Bernal se había visto obligado a salir de noche y no podía recordar dónde exactamente había enterrado el cuerpo de su mujer.
A unos metros, en otro grupo de campesinos, Petrona Bernal, 45, estaba en cuclillas junto a una fosa que contenía los pequeños huesos de un niño que esperaba poder probar que era su bebé. Había nacido en 1982, poco después de que el pueblo de Bernal fuera arrasado.
"Vivíamos huyendo", recordó. "Todo lo que comíamos eran hierbas y flores".
Desnutrida y débil, dio a luz a su hijo en la selva. Pero su bebé murió de hambre algunos días después. Desde entonces, dijo Bernal, ha peleado por recuperar el cuerpo del niño y brindarle sepultura cristiana.
Hasta ahora, no se había atrevido a volver al sitio de sepultura secreto. Muchos miembros de patrullas de la defensa civil, que cometieron atrocidades por orden de los militares, viven todavía en las comunidades que antes aterrorizaban. Muchos jefes militares que dirigieron la guerra siguen siendo personajes poderosos -incluyendo al general Efraín Ríos Montt, el ex dictador que hoy encabeza a uno de los partidos más grandes en la legislatura.
Ríos Montt ha negado repetidas veces haber dado órdenes para masacrar a cientos de personas en casos documentados durante su mandato de 1982-83 y ha incluso puesto en duda que hayan ocurrido. Personal forense, abogados y activistas que tratan de desentrañar crímenes de guerra han sido objeto de repetidas amenazas. Varios han sido asesinados.
Pero en parte gracias a una infusión de fondos extranjeros, equipos forenses privados y organizaciones de base dedicadas a ayudar a los pueblos indígenas han expandido sus esfuerzos para presentar demandas al estado para que autorice las exhumaciones.
La campaña también recibió un empujón en 2004 cuando el recién elegido presidente, Óscar Berger, pidió perdón públicamente a las víctimas de las atrocidades de la guerra, a nombre del gobierno. Instaló una comisión para compensarlas así como colaboró en el financiamiento del trabajo forense este año.
A fines de los años noventa, observó Fredy Peccerelli, director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, su organización era una pequeña organización que podía realizar sólo unas diez exhumaciones al año. Este año, su personal de ochenta ha exhumado 120 sitios. Para fines de año esperan recuperar unos 450 cuerpos, y unos mil por año en el futuro próximo.
Incluso así, a ese ritmo tomará décadas para recuperar apenas una fracción del número total de víctimas.
Encontrar e identificar a los 40 mil desaparecidos es un reto incluso mayor. Muchos fueron sacados de autobuses o capturados en caminos secundarios y llevados a bases militares lejos de sus provincias natales, para ser torturados por los interrogadores.
De los 650 cuerpos recuperados por el grupo de Peccerelli en exhumaciones en bases militares, sólo 220 han sido identificados. El resto está siendo almacenado en pilas de cajas de cartón en la sede de la fundación, a la espera de una nueva iniciativa para recoger y comparar muestras de ADN de las víctimas y sus familiares, lo que Peccerelli anhela que empiece pronto.

Enorme Archivo Policial
Otra fuente potencial de pistas es el archivo de la policía secreta descubierto hace poco. Enviados del defensor del pueblo de derechos humanos de Guatemala dieron con él accidentalmente en julio de 2005 cuando investigaban quejas de que en esa zona había explosivos mal almacenados.
Los documentos constan de más de 80 millones de páginas y datan algunos de los años de 1880. Apilados de suelo a techo en innumerables habitaciones, están malamente dañados por el agua, las ratas y los insectos, y no incluyen documentos de distritos de varias regiones donde se cometieron las peores atrocidades. Sin embargo, enterrados entre montañas de papel, se encuentran invalorables documentos, como certificados de defunción de los cuerpos no identificados encontrados por la policía. Comparando las huellas digitales en los certificados con las de los carnés de identidad nacional de los desaparecidos, dijo Peccerelli, "puedes indagar sobre si hay o no correspondencias y luego buscar el cuerpo en un cementerio específico".
Alberto Fuentes, que supervisa la preservación y análisis de los archivos, dijo que los investigadores también han encontrado unas órdenes de detención de personas detenidas por ‘delitos políticos' que fueron luego halladas muertas -incluyendo a abuelas y bebés.
Pero advirtió que tomaría tiempo encontrar suficientes documentos en los archivos como para poder montar una acusación contra los asesinos. "Este es un proyecto de veinte años", dijo.
La evidencia generada por las exhumaciones recientes no han logrado de momento provocar un aumento de los procesos.
"Todavía tenemos un estado débil que tiene miedo a los militares", dijo Frank LaRue, uno de los más importantes defensores de los derechos humanos en Guatemala. "Los fiscales locales están autorizando las exhumaciones. Pero que lleguen los resultados no implica que se inicien procedimientos judiciales. Así que podemos hacer exhumaciones, pero no juicios".
Incluso si los fiscales abrieran algunos casos, las condenas serían difícilmente ejecutables. Aunque muchos jueces guatemaltecos han sentenciado a miembros de las patrullas de defensa civil, las querellas contra los que dieron las órdenes se han estancado en discusiones jurídicas o languidecido durante años en el despacho del fiscal general.
Los intentos de los guatemaltecos por obtener justicia en tribunales extranjeros han estado plagados de obstáculos. En julio, el juez Santiago Pedraz, de la Corte Nacional Española, emitió órdenes de detención contra ocho ex oficiales, incluyendo a Ríos Montt, por cargos de genocidio, tortura y detención ilegal. Las autoridades guatemaltecas no han ejecutado las órdenes, y los tribunales guatemaltecos impidieron que Pedraz interrogara a los acusados durante un viaje de investigación en junio.
Sin embargo, Peccerelli sigue optimista, y señala que tomó años de activismo y cientos de exhumaciones lograr que el gobierno admitiera que había asesinado a civiles. "Ahora se acepta que esas masacres sí ocurrieron", dijo. "Estamos esperando el siguiente paso, y sabemos que nuestro trabajo contribuirá".

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perfil de un asesino

mqh - 02 de febrero de 2007 - 20:10 - américa latina

[Victoria Ginzberg] "Impartí órdenes que fueron cumplidas". El represor Luis María Mendía reivindicó la dictadura y buscó comprometer a Isabel Perón.

El ex comandante de Operaciones Navales, señalado por Adolfo Scilingo como el ideólogo de los vuelos de la muerte, defendió a sus subordinados al declarar en la causa ESMA. Habló de un documento de su autoría elaborado a partir de los decretos de aniquilamiento de Isabel y Luder.
El represor Luis María Mendía, ex comandante de Operaciones Navales, admitió haber impartido órdenes a los marinos "en la guerra contra las organizaciones subversivas y terroristas", que fueron cumplidas –según dijo– "cabalmente y sin excederse". Mencionó que los marinos, que secuestraron, torturaron y arrojaron miles de personas vivas al mar, "combatieron con abnegación, valor, valentía, subordinación y heroísmo" en base al ‘Plan de Capacidades' (Placintara) que llevaba su firma. La alusión a aquel Plan no es casual: se trata de un documento elaborado a partir de los decretos que durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón ordenaban "aniquilar a la subversión". El marino solicitó que sean citados la viuda de Perón, Italo Argentino Luder y los ex ministros Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero.
Mendía llegó ayer a los tribunales federales de Comodoro Py acompañado por su abogado, Juan María Aberg Cobo. De 82 años, entró al juzgado de Sergio Torres en muletas decidido a hacer su descargo. Su declaración fue en realidad una exposición, ya que no contestó preguntas del juez ni del fiscal Eduardo Taiano. Y apuntó en varias direcciones: por un lado se hizo cargo de haber impartido órdenes e hizo una defensa de quienes cumplieron lo que llamó "actos de servicio" pero, a la vez, buscó responsabilizar de esas mismas directivas al gobierno de Isabelita. Además, se refirió a la supuesta participación de los servicios secretos franceses en los crímenes de la dictadura. Así, Mendía, que comparte abogado con Alfredo Astiz, compartió también el juego del represor condenado en ausencia en Francia, quien la semana pasada buscó incriminar a agentes de ese país en el asesinato de las religiosas Alice Domon y Léonie Duquet y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.
"Para que quede claro: la ley (20.840) y los decretos parecieron haber servido como legalización del accionar que hasta la sanción de los mismos se venían desarrollando desde ya mucho tiempo en el gobierno de la señora María Estela Martínez de Perón en materia de seguridad, de lucha y de represión contra la subversión y el terrorismo armado. Las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y policiales nada inventaron el día 24 de marzo de 1976 ni con posterioridad a esa fecha", afirmó Mendía en la declaración a la que tuvo acceso Página/12.
Ante la Justicia, Mendía no hizo alusión a los ‘vuelos de la muerte'. Su relación con esa metodología criminal surge de la confesión del ex marino Adolfo Scilingo al periodista Horacio Verbitsky. "Con respecto a los subversivos que fuesen condenados a muerte o que se decidiese eliminarlos comentó que iban a volar, y así como hay personas que tienen problemas, algunos no iban a llegar a destino", relató sobre Mendía el represor condenado en Madrid a 640 años de prisión.
Ayer, Mendía, que luego de desempeñarse como comandante de Operaciones Navales fue jefe de la delegación argentina ante la Junta Interamericana de Defensa en los Estados Unidos, repitió el discurso que ya había usado cuando declaró como testigo en el juicio contra los ex comandantes. En esa oportunidad también habló del Placintara.
Esa disposición, de noviembre de 1975, establecía, por ejemplo, el "traslado de los detenidos al lugar que se utilice para su guarda transitoria y para efectuar la investigación militar hasta la entrega, a disposición del tribunal militar o penal correspondiente" y señalaba que "la detención no podrá prolongarse por más de 48 horas, limitándose al tiempo necesario para recibir las declaraciones o informes". En el punto 2.7 del apéndice 3 al anexo C, Operaciones Psicológicas, se afirmaba que "para el éxito de las operaciones es necesario lograr el apoyo y no el rechazo de la población, a tal efecto es importante emitir, al iniciarse la misma, comunicados por los medios disponibles explicando el propósito y requiriendo comprensión por las molestias que se puedan ocasionar; asimismo, al finalizar la operación se dará normalmente un nuevo comunicado dando los resultados, personas detenidas, situación procesal y de ser conveniente material secuestrado y antecedentes de los inculpados".
Cosas muy diferentes ocurrieron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en otros centros clandestinos regenteados por la Marina. Las personas secuestradas eran mantenidas en el lugar mucho más que dos días y eran sometidas a todo tipo de torturas. Su paradero era ocultado a quienes preguntaban. Y en ese estado se mantenían aún luego de que hubieran sido arrojadas al mar o asesinadas a través de otra metodología. Además, niños nacidos en esos sitios durante el cautiverio de sus madres fueron apropiados y su identidad fue falseada. Nada de eso mencionó Mendía ayer en el juzgado. Pero sin hablar de los crímenes, buscó la forma de reivindicarlos. Lo hizo al elogiar, en varias oportunidades, a sus subordinados, que cumplieron "cabalmente" sus órdenes.
También repitió la estrategia de los ex comandantes en el Juicio a las Juntas al buscar responsabilizar a la viuda de Perón y a Luder por las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura. El argumento ya fue rechazado por la Cámara Federal porteña al juzgar a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y compañía. Pero Mendía insistió y mencionó dos casos de desapariciones anteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Sugestivamente fueron las de Héctor Aldo Fagetti Gallego y la de Maurice Jeaguer. La primera está siendo investigada por el juez de Mendoza, Raúl Acosta, quien, por ese hecho, pidió la detención de Isabel Perón. La segunda es la de un ciudadano de origen francés.
Como Astiz, Mendía intentó involucrar a los agentes franceses a partir del documental Los Escuadrones de la Muerte. La escuela francesa, que narra las enseñanzas que los veteranos de la guerra de Argelia le daban a los argentinos. En esta línea solicitó que sea citada la periodista Marie Monique Robin, además del ex primer ministro Pierre Messmer, el ex presidente de Francia Valery Giscard D'Estaing, el ex embajador Françoise de la Gosse y el diputado del Partido Verde Noël Mamere. Por supuesto, también reclamó el testimonio de la viuda de Perón y de Luder, Ruckauf y Cafiero por los decretos que ordenaban en 1975 el "aniquilamiento del accionar de la subversión" y facultaban a las Fuerzas Armadas a realizar esa tarea.

"Reflotan Estrategias"
La sobreviviente de la ESMA Graciela Daleo, ante la consulta de Página/12 sobre la declaración del represor Luis María Mendía, respondió: "No es casual que un tipo de 82 años, con prisión domiciliaria, quiera exculpar a los asesinos. En algún punto, están reflotando las estrategias del '87, volviendo sobre la obediencia debida. Los más jóvenes sabían lo que estaban haciendo, fueron parte del acuerdo cívico-militar que impulsó la dictadura. Pero hay más. Es grotesco que digan que obedecían a esos infames decretos de Isabel Perón. ¡Ellos la derrocaron! Los militares hicieron el golpe del '76 para tener el monopolio del accionar represivo de la Triple A, básicamente porque sus proyectos iban más allá de asesinar a sus enemigos políticos. Ahora tratan de aprovechar esta lucha por la memoria en Argentina para encontrar algún recoveco para zafar. Por eso, lo que dice Mendía no resiste al menor análisis, es una fantochada. La Justicia no debería escucharlo. El y los otros asesinos han tratando como sea de evitar la condena que se merecen: los aprietes, las amenazas y los alzamientos militares son parte de esa estrategia. Ahora usan lo de la conexión francesa para decir que los franceces secuestraron a las monjas. Es ridículo. Tampoco es casual que Mendía y (Alfredo) Astiz tengan el mismo abogado. Se nota que tienen una estrategia en común. Lo importante es que la Justicia no se deje enredar, que no se desvíen del eje: hay que castigar los crímenes de estos asesinos".

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isabel perón detenida en españa

mqh - 14 de enero de 2007 - 00:47 - américa latina

[Oscar Guisoni] El fin del sosiego para una viuda difícil. Isabel Perón fue detenida pero esperara el juicio de extradición en libertad condicional.

La policía española concretó el pedido de arresto de Isabel Martínez de Perón. La Justicia le concedió la libertad con la condición de que se presente cada 15 días ante un tribunal. Ahora comenzará un proceso de extradición. El magistrado mendocino que investiga el secuestro de dos personas durante el gobierno de Isabel tiene que enviar los fundamentos de su solicitud.
Avejentada, envuelta en un elegante abrigo de piel negro que la protegía de la fría jornada madrileña y rodeada de un pequeño grupo de allegados que le evitó la humillación de ser esposada y escoltada por los agentes que procedieron a detenerla. Así fue llevada ayer por la policía española Isabel Martínez de Perón para ponerla a disposición de la Audiencia Nacional. Por el momento, la mujer no quedará presa. El juez español Juan del Olmo le concedió la libertad condicional y le impuso la obligación de presentarse cada quince días ante el tribunal mientras dure el proceso de extradición. La detención de la viuda de Perón había sido solicitada por el juez de San Rafael, Mendoza, Raúl Acosta, quien la responsabiliza por la desaparición de dos personas durante su gobierno.
La ex presidente residía en un discreto barrio de las afueras de la capital española desde que en diciembre de 1989 vendiera la mítica finca 17 de Octubre en la residencia de Puerta de Hierro, entregándole gran parte de los cuatro millones de dólares recaudados a las hermanas y herederas de Evita, tal y como se lo obligó en su momento la Justicia.
La orden de detención contra Isabel, al contrario de lo que sucedió hace dos semanas con la librada con el ex comisario y jefe de la triple A Rodolfo Almirón, llegó con más rapidez de lo esperado a Madrid, luego de que por la tarde la central internacional de Interpol con sede en Francia se la girara a sus pares españoles. La policía española estaba advertida desde ayer por la mañana de que la Justicia argentina había librado la orden de captura contra la ex presidente, gracias también a la enorme repercusión que tuvo la noticia en la prensa local.
Isabelita llegó a la sede de la Audiencia Nacional a primeras horas de la noche y fue sometida a un examen por parte de un médico forense para determinar si se halla en condiciones de declarar ante la Justicia. Según afirmaron los agentes que participaron en la detención, la viuda de Perón se entregó voluntariamente apenas la policía tocó a su puerta. A través de su abogado había hecho conocer el día anterior su disposición a presentarse ante la Justicia si finalmente se libraba la orden de detención en su contra.
De acuerdo al procedimiento habitual, será el juez Del Olmo, de la Audiencia Nacional –el mismo que lleva la mega causa por el atentado del 11 de marzo de 2004 en los trenes de Madrid– quien decida en primera instancia si la ex presidenta debe ser extraditada. El magistrado le otorgó la libertad provisional en base a un pedido de la fiscalía, que tuvo en cuenta la edad y el estado de salud de la mujer. Algunas versiones apuntan a que sus crónicas taquicardias se han agravado, a la vez que son frecuentes sus enfermedades de origen nervioso. A partir de 1987, sostienen las mismas fuentes, cuando fueron robadas las manos del general Perón al profanarse su tumba, empeoraron los síntomas de la enfermedad de Graves-Besedow, una especie de hipertiroidismo, que la ex presidente padece. "Es una persona muy notoria y de edad avanzada, no creemos que intente la fuga", afirmaron en la fiscalía agregando otro argumento para no mantener en prisión a la viuda de Perón.
El arresto de Isabelita fue ordenado por el juez federal de San Rafael Raúl Héctor Acosta. Este magistrado no la acusa por crímenes cometidos por la Triple A –hechos que investiga el juez Norberto Oyarbide– sino por el secuestro y la desaparición de dos personas por parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad durante su presidencia. Acosta le atribuye a la mujer responsabilidad por los decretos en los que se ordenaba a los militares "aniquilar el accionar de la subversión".
Ahora Isabel regresará a su domicilio y comenzará el trámite enmarcado en el convenio de extradición simplificada suscripto entre Argentina y España, que establece un plazo no superior a 40 días en los que la interesada puede presentar recursos o alegaciones para que la medida no se concrete. En ese lapso, el juez argentino deberá enviar los fundamentos de su pedido. Luego, el magistrado español decidirá si la mujer debe o no ser enviada a la Argentina, medida que puede ser apelada. El trámite también deberá sortear una instancia política: el gobierno de España, en consejo de ministros, tiene que dar su visto bueno. El abogado Carlos Slepoy, impulsor del juicio contra los represores argentinos en España, celebró la detención pero advirtió que el hecho de que la ex presidenta tenga doble nacionalidad (argentina y española) podría complicar el proceso.

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La noticia ha provocado un gran revuelo en España, donde la detención fue registrada por diversas televisoras y transmitida a todo país en los noticieros centrales de la noche. La prensa local hacía hincapié ayer en la notoriedad de la ex presidente, en su vinculación al terrorismo de Estado a través de la fundación de la Triple A durante su gobierno y a la curiosa carrera de la bailarina con formación básica que llegó a transformarse, por efecto de ese incomprensible fenómeno que es el peronismo para los españoles, en la primera mujer en América latina en ocupar la primera magistratura.
Según comentan sus vecinos, la ex presidente argentina vive recluida en su casa, de la que se ausenta en raras ocasiones o en los meses de verano donde se traslada a la aristocrática villa de Marbella a orillas del Mediterráneo.
Hasta hace algunos años todavía participaba activamente en obras de caridad y hasta se la podía ver, en tiempos del gobierno de Carlos Menem, en algunas recepciones en la embajada argentina en Madrid. En alguna de esas reuniones Isabelita manifestó que está preparando un libro con sus memorias, que en su opinión causarán más de un huracán político. "Todavía hay gente que me tiene mucho miedo", se ufanaba ante su reducido grupo de amigos en más de una ocasión.
Sus amistades en España son también pocas y misteriosas. Aparte de unos pocos argentinos que tienen relación con ella por motivos más familiares que políticos, Isabelita no ha perdido sus vínculos con la familia del ex dictador Francisco Franco. De hecho fue la fallecida Pilar Franco la encargada de traerla a Madrid luego de que los militares argentinos la liberaran en 1981, después de haberla tenido cinco años detenida acusada de malversación de fondos.

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