novios de la muerte en bolivia
[Manuel Salazar Salvo] Crimen organizado en Bolivia.
Criminales de guerra nazis, mercenarios provenientes de África, neofascistas italianos que habían trabajado para la dictadura de Augusto Pinochet, veteranos de la Legión Extranjera y ultraderechistas de diversas procedencias se congregaron en Bolivia a fines de la década de 1970 para apoyar un golpe de Estado que instalaría en el poder a los principales productores de cocaína del mundo.
En los comienzos del siglo XX, Bolivia era el principal productor de estaño del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial contribuyó a la causa aliada vendiendo su mineral a un precio diez veces más bajo que el bajo precio de siempre. Los salarios obreros se redujeron a la nada, hubo huelga y las ametralladoras escupieron fuego. Simón Patiño, dueño del negocio junto a las familias Aramayo y Hochschild, pagaba 50 dólares anuales de impuesto a la renta. En las minas, en tanto, los obreros indígenas morían como moscas con sus pulmones destrozados por el polvo de silicio. En 1952, una revolución nacionalizó el poco estaño que quedaba, pero esas minas y otras, más algunos cultivos básicos, siguieron siendo el principal sustento del país.
La considerable población indígena mascaba hojas de coca como lo habían hecho sus antepasados desde hacía siglos. En 1960 existían 3.030 hectáreas sembradas, las que producían anualmente 3.368 toneladas de hojas de coca, cifra que se mantuvo estable durante toda esa década.
Diversos investigadores bolivianos coinciden en afirmar que numerosos pilotos estadounidenses dedicados al contrabando entre las costas de Florida y América del Sur fueron los primeros en tratar de convencer a los grandes agricultores de que el tráfico de cocaína era la fórmula para enriquecerse de manera fácil y rápida.
Aquellos aventureros sugirieron a los hacendados interesados que para tener éxito debían contar con el apoyo de los militares y así garantizar la seguridad de los cocales y el tráfico expedito de las avionetas rumbo a Colombia, Brasil y Venezuela.
Uno de los contactados para ello fue el general de aviación René Barrientos, quien dio un golpe de Estado en 1964 y dos años más tarde fue elegido Presidente. Su primera iniciativa fue alentar la recuperación del litoral perdido en la Guerra del Pacífico. Anunció que un barco boliviano navegaría por los mares bajo los colores rojo, amarillo y verde del emblema patrio, símbolo del pronto retorno a las riberas del Pacífico.
Barrientos creó la empresa estatal Transmarítima Boliviana y puso al frente de ella a un amigo personal: el alemán nacionalizado boliviano Klaus Altmann, falsa identidad que ocultaba al criminal de guerra nazi Klaus Barbie, quien asumió también como asesor del Departamento IV del Ejército, encargado de contrainsurgencia.
En América Latina soplaban vientos de revolución. Cuba, China y Vietnam inspiraban a miles de jóvenes para tomar las armas en busca de cambios sociales más profundos. La Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA) contactó a Barbie casi al mismo tiempo que Ernesto Che Guevara ingresaba a Bolivia, a comienzos de 1967, para crear un foco guerrillero en las selvas de Ñancahuazú. El Che no logró sus propósitos, pero concentró todos los esfuerzos de Washington y sus aliados en el continente para impedir que cundieran iniciativas similares. En los años siguientes, los regímenes militares y la Doctrina de Seguridad Nacional inundaron América del Sur.
Las Bases de la Industria
En abril de 1969, Barrientos murió al estrellarse su helicóptero en un extraño accidente, y tras una sucesión de gobiernos efímeros, en 1971 llegó al Palacio Quemado el coronel Hugo Bánzer, un descendiente de alemanes que mantenía estrechos vínculos con oscuros personajes de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay. En los meses siguientes se nombró general y, con la entusiasta colaboración de Barbie, empezó a organizar grupos paramilitares que protegieran la naciente industria cocalera.
Los grandes hacendados de Santa Cruz de la Sierra y del Beni abandonaron los recursos forestales, el petróleo y el azúcar, y optaron por las plantaciones de coca, alentados por el explosivo incremento de los precios de la cocaína en Estados Unidos.
A fines de 1975 se crearon varias comisiones secretas para organizar la producción y el tráfico de cocaína, desde la disponibilidad de tierras hasta la instalación de laboratorios y las rutas de comercialización hacia las naciones del norte. La superficie de coca sembrada ya se había duplicado y la producción de hojas triplicado con respecto a 1965.
Inicialmente, los bolivianos intentaron introducir por sí mismos la cocaína al mercado norteamericano, pero carecían de experiencia, así que optaron por trabajar con los colombianos (ver LND del 15 de abril de 2007).
Al promediar 1977, las presiones estadounidenses para el retorno de la democracia en Bolivia obligaron a Bánzer a convocar a elecciones. La situación política y social era cada vez más explosiva y los gobiernos se sucedieron sin lograr estabilizarse en el poder.
El 1 de noviembre de 1979, el coronel Alberto Natusch Busch, ex ministro de Bánzer, dio un nuevo golpe, pero el Congreso resistió la asonada y el oficial retornó con sus tropas a los cuarteles, luego de conseguir que asumiera el Gobierno la presidenta de la Cámara de Diputados, Lidia Gueiler.
Ésta convocó a elecciones para el 29 de junio de 1980. Tres semanas antes, su primo, el general Luis García Meza, la intimó –a nombre de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas– para que suspendiera los comicios. En los primeros días de junio, el vocero de la Casa Blanca, Hodding Carter, había dicho en Washington que "en Bolivia se está gestando un golpe de Estado para impedir las elecciones, porque los militares temen que un Presidente civil ponga al descubierto el gigantesco tráfico de cocaína al que muchos de ellos están directamente vinculados".
Las elecciones se realizaron el 29 de junio y el 11 de julio se anunciaron los resultados provisionales, que dieron como estrecho ganador a Hernán Siles Suazo. Pero el 17 de julio de 1980, un cruento golpe de Estado abortó el retorno a la democracia y la Junta de Comandantes nombró a García Meza como el enésimo Presidente de facto. Nueve días después, el embajador de Estados Unidos abandonó el país y las relaciones con la Casa Blanca quedaron rotas. Los barones del narcotráfico habían llegado al poder.
Amigos, Primos y Hermanos
García Meza era amigo íntimo del principal productor de cocaína de Bolivia, el empresario Roberto Suárez Gómez, descendiente directo de Nicolás Suárez –uno de los pioneros de la industrialización de la goma– y quien encabezaba una entidad conocida como La Cooperación, la que cobijaba a los principales capos del narcotráfico.
El militar fue convencido de dar un golpe en una reunión que se celebró en Santa Cruz, en casa de Sonia Atala, donde los grandes traficantes ofrecieron un financiamiento de cuatro millones de dólares. En esa cita participaron José Paz, prominente figura de la mafia; Edwin Gasser, dueño del mayor ingenio azucarero del país y dirigente de la Liga Anticomunista Mundial (WALC), y Pedro Bleyer, presidente de la Cámara Industrial de Santa Cruz.
Una de las condiciones para financiar el golpe fue la designación del coronel Arce Gómez, primo hermano de Suárez, como ministro del Interior. Éste había propuesto proteger la impunidad de sus operaciones a cambio de un pago quincenal de 75 mil dólares por grupo, y un impuesto de 40 dólares por tambor de hoja de coca vendido a los traficantes por los campesinos de las zonas productoras.
Arce también prohibió la venta directa de coca a los traficantes, con lo que el Ministerio del Interior pasó a ser intermediario obligatorio. Por ese tiempo, la tonelada métrica de hoja de coca acondicionada en barriles se vendía a tres mil dólares. Años después se sabría que aquella asonada recibió el apoyo logístico de la CIA –pese a la oposición de la DEA– y de los militares argentinos, que deseaban completar el mapa de las fronteras ideológicas en América del Sur.
Un mes antes del golpe había llegado a Santa Cruz el neofascista italiano Stefano delle Chiae, para coordinar junto a Barbie a los paramilitares que después del levantamiento de García Meza sumieron a Bolivia en un baño de sangre, persiguiendo, torturando y asesinando a cientos de opositores.
El italiano había estado radicado en Buenos Aires bajo la falsa identidad de Vincenzo Modugno, luego de trabajar varios años para la policía secreta de Augusto Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). En la capital transandina había establecido relaciones con militares argentinos y bolivianos que lo convencieron para viajar a la nación altiplánica, desde donde, le aseguraron, impedirían la extensión del comunismo hacia el resto del continente.
En Santa Cruz, mientras, ya estaba instalada una organización semisecreta que se hacía llamar Los Novios de la Muerte y que dirigía Joachim Fiebelkorn, un alemán ex miembro de la Legión Extranjera española y que procedía de Paraguay, donde había dado muerte a un ex oficial de la SS nazi. El grupo lo componía una variopinta muestra de la ultraderecha internacional: Herbert Kopplin, ex SS, experto en armas cortas; Hans Jurgen, perito en explosivos; Manfred Kuhlman, mercenario procedente de Rhodesia; Kay Gevinaer, chileno alemán, técnico en electrónica, y Hans Stellfeld, instructor militar, veterano de la Gestapo, entre otros "especialistas" en guerra sucia.
Un Dulce para la CIA
‘Los Novios de la Muerte' trabajaban para Roberto Suárez en la protección de los cargamentos de droga que salían hacia el norte y cuidaban que los colombianos no se arrancaran sin pagar. Muchos lugareños los conocían como Las Águilas Negras, pues las 30 avionetas de Suárez tenían dibujadas en sus alas imágenes de esas aves depredadoras.
Los mercenarios pasaban gran parte de su tiempo en el Restaurante Bavaria, bebiendo en compañía de prostitutas llegadas de Alemania y de los países vecinos, mirando películas pornográficas y escuchando marchas nazis y franquistas que les recordaban pasadas épocas de esplendor. Todo ello pagado por los padrinos del narcotráfico.
Delle Chiae estuvo con ellos, pero se instaló finalmente en La Paz, requerido como asesor por el Servicio Especial de Seguridad (SES), que dirigía Barbie y que dependía del ministro Arce Gómez. Junto al italiano estaba otra pequeña jauría de ‘lobos grises': el francés Jean Lecler, un torturador de la Legión Extranjera; los neofascistas Pierluigi Pagliai, Sandro Saccucci y Carmine Palladito; el mercenario africano Olivier Danet; los argentinos Alberto Vilanova, Carlos Martínez y Roberto Correa, y el ex carabinero italiano Marco Marino Diodato, vinculado a la mafia.
En los meses que siguieron al golpe, García Meza y Arce Gómez convirtieron a Bolivia en el portaaviones de la cocaína. Miles de campesinos fueron obligados a extender sus cultivos de coca para abastecer las necesidades de La Cooperación, y los que se negaron fueron diezmados sin piedad.
Cuando estas actividades escandalizaron a la DEA y al Congreso de Estados Unidos, los narcotraficantes entregaron a la CIA una fábrica clandestina de cocaína en la zona de Huanchaca, en la selva del Beni, cuya explotación le serviría para financiar sus operaciones encubiertas en América Central. En esa tarea, la CIA se vinculó estrechamente a un emprendedor traficante, Jorge Rocas, más conocido como ‘Techo de Paja', quien trataba de expandir la producción de pasta base, construir laboratorios propios y anular el poderío de su tío Roberto Suárez.
Una de las primeras medidas de Arce Gómez fue incluir a los paramilitares en las planillas de pago del Ministerio del Interior. Después reunió a las cinco principales familias del narcotráfico y les ofreció completa libertad a cambio del pago quincenal de 75 mil dólares cada una. Paralelamente, estableció un "impuesto" de 40 dólares por cada tambor de hoja de coca vendido a los traficantes e implantó el control total de las transacciones desde el mismo ministerio.
Los grupos de Fiebelkorn y Delle Chiae dirigieron a cerca de 800 paramilitares que se transformaron en la guardia pretoriana del "régimen de los cocadólares".
Reagan Se Ruboriza
En febrero de 1981, dos semanas después de la asunción de Ronald Reagan en la Presidencia de Estados Unidos, el Departamento de Estado puso tres condiciones para restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia: un programa de democratización del país, el recambio de los ministros vinculados al narcotráfico y el control efectivo de la mafia de la droga. En agosto, García Meza fue reemplazado por una junta militar que integraron los generales Celso Torrelio, Waldo Bernal y Óscar Pammo. Pese al aparente arreglo diplomático, en Estados Unidos, Europa y algunos países latinoamericanos se inició una activa campaña de prensa para revelar lo que estaba ocurriendo en Bolivia.
"Traficando personalmente o proporcionando protección a los traficantes, algunos oficiales han recibido millones de dólares", informó The New York Times el 31 de agosto. Según el diario, los datos habían sido proporcionados por fuentes diplomáticas y agentes antinarcóticos, pero más tarde se supo que las fuentes tenían domicilio en la Casa Blanca.
Los principales acusados eran Hugo Bánzer Suárez, ex Presidente de la República; Luis García Meza; Waldo Bernal, comandante en jefe de la Aviación; Óscar Pammo, comandante de la Armada; Hugo Echeverría, delegado ante la Junta Interamericana de Defensa, y media docena de coroneles.
La elaboración y embarque de la cocaína en Bolivia estaba a cargo de cuatro grandes grupos, concentrados en Santa Cruz de la Sierra, en la frontera con Brasil. El grupo más antiguo era dirigido por Bánzer y su zona de operaciones estaba en las pequeñas poblaciones de San Javier y Río Grande. Sólo en 1980 había facturado 480 millones de dólares por la venta de 20 mil kilos de clorhidrato de cocaína, con una pureza del 99%.
El segundo grupo era dirigido por Arce Gómez y operaba en Okinawa, Monte Verde y Perseverancia. Su producción de 1980 alcanzó a los 30 mil kilos de cocaína y sus ingresos llegaron a los 640 millones de dólares.
Otro de los grandes traficantes de drogas era el comandante en jefe de la Aviación, general Waldo Bernal, que había recibido pagos de hasta 100 mil dólares por cada avión cargado de coca que salía hacia el exterior desde los aeropuertos bolivianos. Sólo en el aeropuerto de San Cruz, ciudad de 300 mil habitantes, operaban 25 compañías aéreas con un total de más de 160 aviones de distinto tipo.
Pero la organización más poderosa era la de García Meza, el único que no tenía producción propia. Su método consistía en confiscar la droga a los pequeños traficantes independientes y proteger a las otras organizaciones asegurándoles impunidad a cambio de elevadas cantidades de dólares.
En 1985, los observadores internacionales coincidían en que el problema de la droga en Bolivia se resumía en tres razones principales: el poder de los narcotraficantes y sus aliados, entre ellos importantes empresarios bolivianos; el carácter altamente organizado de los campesinos y su determinación de defender el derecho a cultivar coca, y la necesidad de obtener "cocadólares" para mantener a flote la economía boliviana.
De las 3.030 hectáreas de coca sembradas en 1960 en Bolivia, en 1986 se había pasado a 59 mil, y de 3.368 toneladas de coca originadas en 1960 a una producción superior a las 132 mil. La gran mayoría de los bolivianos, sin embargo, seguían sumidos en la más absoluta pobreza.
Criminales de guerra nazis, mercenarios provenientes de África, neofascistas italianos que habían trabajado para la dictadura de Augusto Pinochet, veteranos de la Legión Extranjera y ultraderechistas de diversas procedencias se congregaron en Bolivia a fines de la década de 1970 para apoyar un golpe de Estado que instalaría en el poder a los principales productores de cocaína del mundo.En los comienzos del siglo XX, Bolivia era el principal productor de estaño del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial contribuyó a la causa aliada vendiendo su mineral a un precio diez veces más bajo que el bajo precio de siempre. Los salarios obreros se redujeron a la nada, hubo huelga y las ametralladoras escupieron fuego. Simón Patiño, dueño del negocio junto a las familias Aramayo y Hochschild, pagaba 50 dólares anuales de impuesto a la renta. En las minas, en tanto, los obreros indígenas morían como moscas con sus pulmones destrozados por el polvo de silicio. En 1952, una revolución nacionalizó el poco estaño que quedaba, pero esas minas y otras, más algunos cultivos básicos, siguieron siendo el principal sustento del país.
La considerable población indígena mascaba hojas de coca como lo habían hecho sus antepasados desde hacía siglos. En 1960 existían 3.030 hectáreas sembradas, las que producían anualmente 3.368 toneladas de hojas de coca, cifra que se mantuvo estable durante toda esa década.
Diversos investigadores bolivianos coinciden en afirmar que numerosos pilotos estadounidenses dedicados al contrabando entre las costas de Florida y América del Sur fueron los primeros en tratar de convencer a los grandes agricultores de que el tráfico de cocaína era la fórmula para enriquecerse de manera fácil y rápida.
Aquellos aventureros sugirieron a los hacendados interesados que para tener éxito debían contar con el apoyo de los militares y así garantizar la seguridad de los cocales y el tráfico expedito de las avionetas rumbo a Colombia, Brasil y Venezuela.
Uno de los contactados para ello fue el general de aviación René Barrientos, quien dio un golpe de Estado en 1964 y dos años más tarde fue elegido Presidente. Su primera iniciativa fue alentar la recuperación del litoral perdido en la Guerra del Pacífico. Anunció que un barco boliviano navegaría por los mares bajo los colores rojo, amarillo y verde del emblema patrio, símbolo del pronto retorno a las riberas del Pacífico.
Barrientos creó la empresa estatal Transmarítima Boliviana y puso al frente de ella a un amigo personal: el alemán nacionalizado boliviano Klaus Altmann, falsa identidad que ocultaba al criminal de guerra nazi Klaus Barbie, quien asumió también como asesor del Departamento IV del Ejército, encargado de contrainsurgencia.
En América Latina soplaban vientos de revolución. Cuba, China y Vietnam inspiraban a miles de jóvenes para tomar las armas en busca de cambios sociales más profundos. La Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA) contactó a Barbie casi al mismo tiempo que Ernesto Che Guevara ingresaba a Bolivia, a comienzos de 1967, para crear un foco guerrillero en las selvas de Ñancahuazú. El Che no logró sus propósitos, pero concentró todos los esfuerzos de Washington y sus aliados en el continente para impedir que cundieran iniciativas similares. En los años siguientes, los regímenes militares y la Doctrina de Seguridad Nacional inundaron América del Sur.
Las Bases de la Industria
En abril de 1969, Barrientos murió al estrellarse su helicóptero en un extraño accidente, y tras una sucesión de gobiernos efímeros, en 1971 llegó al Palacio Quemado el coronel Hugo Bánzer, un descendiente de alemanes que mantenía estrechos vínculos con oscuros personajes de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay. En los meses siguientes se nombró general y, con la entusiasta colaboración de Barbie, empezó a organizar grupos paramilitares que protegieran la naciente industria cocalera.
Los grandes hacendados de Santa Cruz de la Sierra y del Beni abandonaron los recursos forestales, el petróleo y el azúcar, y optaron por las plantaciones de coca, alentados por el explosivo incremento de los precios de la cocaína en Estados Unidos.
A fines de 1975 se crearon varias comisiones secretas para organizar la producción y el tráfico de cocaína, desde la disponibilidad de tierras hasta la instalación de laboratorios y las rutas de comercialización hacia las naciones del norte. La superficie de coca sembrada ya se había duplicado y la producción de hojas triplicado con respecto a 1965.
Inicialmente, los bolivianos intentaron introducir por sí mismos la cocaína al mercado norteamericano, pero carecían de experiencia, así que optaron por trabajar con los colombianos (ver LND del 15 de abril de 2007).
Al promediar 1977, las presiones estadounidenses para el retorno de la democracia en Bolivia obligaron a Bánzer a convocar a elecciones. La situación política y social era cada vez más explosiva y los gobiernos se sucedieron sin lograr estabilizarse en el poder.
El 1 de noviembre de 1979, el coronel Alberto Natusch Busch, ex ministro de Bánzer, dio un nuevo golpe, pero el Congreso resistió la asonada y el oficial retornó con sus tropas a los cuarteles, luego de conseguir que asumiera el Gobierno la presidenta de la Cámara de Diputados, Lidia Gueiler.
Ésta convocó a elecciones para el 29 de junio de 1980. Tres semanas antes, su primo, el general Luis García Meza, la intimó –a nombre de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas– para que suspendiera los comicios. En los primeros días de junio, el vocero de la Casa Blanca, Hodding Carter, había dicho en Washington que "en Bolivia se está gestando un golpe de Estado para impedir las elecciones, porque los militares temen que un Presidente civil ponga al descubierto el gigantesco tráfico de cocaína al que muchos de ellos están directamente vinculados".
Las elecciones se realizaron el 29 de junio y el 11 de julio se anunciaron los resultados provisionales, que dieron como estrecho ganador a Hernán Siles Suazo. Pero el 17 de julio de 1980, un cruento golpe de Estado abortó el retorno a la democracia y la Junta de Comandantes nombró a García Meza como el enésimo Presidente de facto. Nueve días después, el embajador de Estados Unidos abandonó el país y las relaciones con la Casa Blanca quedaron rotas. Los barones del narcotráfico habían llegado al poder.
Amigos, Primos y Hermanos
García Meza era amigo íntimo del principal productor de cocaína de Bolivia, el empresario Roberto Suárez Gómez, descendiente directo de Nicolás Suárez –uno de los pioneros de la industrialización de la goma– y quien encabezaba una entidad conocida como La Cooperación, la que cobijaba a los principales capos del narcotráfico.
El militar fue convencido de dar un golpe en una reunión que se celebró en Santa Cruz, en casa de Sonia Atala, donde los grandes traficantes ofrecieron un financiamiento de cuatro millones de dólares. En esa cita participaron José Paz, prominente figura de la mafia; Edwin Gasser, dueño del mayor ingenio azucarero del país y dirigente de la Liga Anticomunista Mundial (WALC), y Pedro Bleyer, presidente de la Cámara Industrial de Santa Cruz.
Una de las condiciones para financiar el golpe fue la designación del coronel Arce Gómez, primo hermano de Suárez, como ministro del Interior. Éste había propuesto proteger la impunidad de sus operaciones a cambio de un pago quincenal de 75 mil dólares por grupo, y un impuesto de 40 dólares por tambor de hoja de coca vendido a los traficantes por los campesinos de las zonas productoras.
Arce también prohibió la venta directa de coca a los traficantes, con lo que el Ministerio del Interior pasó a ser intermediario obligatorio. Por ese tiempo, la tonelada métrica de hoja de coca acondicionada en barriles se vendía a tres mil dólares. Años después se sabría que aquella asonada recibió el apoyo logístico de la CIA –pese a la oposición de la DEA– y de los militares argentinos, que deseaban completar el mapa de las fronteras ideológicas en América del Sur.
Un mes antes del golpe había llegado a Santa Cruz el neofascista italiano Stefano delle Chiae, para coordinar junto a Barbie a los paramilitares que después del levantamiento de García Meza sumieron a Bolivia en un baño de sangre, persiguiendo, torturando y asesinando a cientos de opositores.
El italiano había estado radicado en Buenos Aires bajo la falsa identidad de Vincenzo Modugno, luego de trabajar varios años para la policía secreta de Augusto Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). En la capital transandina había establecido relaciones con militares argentinos y bolivianos que lo convencieron para viajar a la nación altiplánica, desde donde, le aseguraron, impedirían la extensión del comunismo hacia el resto del continente.
En Santa Cruz, mientras, ya estaba instalada una organización semisecreta que se hacía llamar Los Novios de la Muerte y que dirigía Joachim Fiebelkorn, un alemán ex miembro de la Legión Extranjera española y que procedía de Paraguay, donde había dado muerte a un ex oficial de la SS nazi. El grupo lo componía una variopinta muestra de la ultraderecha internacional: Herbert Kopplin, ex SS, experto en armas cortas; Hans Jurgen, perito en explosivos; Manfred Kuhlman, mercenario procedente de Rhodesia; Kay Gevinaer, chileno alemán, técnico en electrónica, y Hans Stellfeld, instructor militar, veterano de la Gestapo, entre otros "especialistas" en guerra sucia.
Un Dulce para la CIA
‘Los Novios de la Muerte' trabajaban para Roberto Suárez en la protección de los cargamentos de droga que salían hacia el norte y cuidaban que los colombianos no se arrancaran sin pagar. Muchos lugareños los conocían como Las Águilas Negras, pues las 30 avionetas de Suárez tenían dibujadas en sus alas imágenes de esas aves depredadoras.
Los mercenarios pasaban gran parte de su tiempo en el Restaurante Bavaria, bebiendo en compañía de prostitutas llegadas de Alemania y de los países vecinos, mirando películas pornográficas y escuchando marchas nazis y franquistas que les recordaban pasadas épocas de esplendor. Todo ello pagado por los padrinos del narcotráfico.
Delle Chiae estuvo con ellos, pero se instaló finalmente en La Paz, requerido como asesor por el Servicio Especial de Seguridad (SES), que dirigía Barbie y que dependía del ministro Arce Gómez. Junto al italiano estaba otra pequeña jauría de ‘lobos grises': el francés Jean Lecler, un torturador de la Legión Extranjera; los neofascistas Pierluigi Pagliai, Sandro Saccucci y Carmine Palladito; el mercenario africano Olivier Danet; los argentinos Alberto Vilanova, Carlos Martínez y Roberto Correa, y el ex carabinero italiano Marco Marino Diodato, vinculado a la mafia.
En los meses que siguieron al golpe, García Meza y Arce Gómez convirtieron a Bolivia en el portaaviones de la cocaína. Miles de campesinos fueron obligados a extender sus cultivos de coca para abastecer las necesidades de La Cooperación, y los que se negaron fueron diezmados sin piedad.
Cuando estas actividades escandalizaron a la DEA y al Congreso de Estados Unidos, los narcotraficantes entregaron a la CIA una fábrica clandestina de cocaína en la zona de Huanchaca, en la selva del Beni, cuya explotación le serviría para financiar sus operaciones encubiertas en América Central. En esa tarea, la CIA se vinculó estrechamente a un emprendedor traficante, Jorge Rocas, más conocido como ‘Techo de Paja', quien trataba de expandir la producción de pasta base, construir laboratorios propios y anular el poderío de su tío Roberto Suárez.
Una de las primeras medidas de Arce Gómez fue incluir a los paramilitares en las planillas de pago del Ministerio del Interior. Después reunió a las cinco principales familias del narcotráfico y les ofreció completa libertad a cambio del pago quincenal de 75 mil dólares cada una. Paralelamente, estableció un "impuesto" de 40 dólares por cada tambor de hoja de coca vendido a los traficantes e implantó el control total de las transacciones desde el mismo ministerio.
Los grupos de Fiebelkorn y Delle Chiae dirigieron a cerca de 800 paramilitares que se transformaron en la guardia pretoriana del "régimen de los cocadólares".
Reagan Se Ruboriza
En febrero de 1981, dos semanas después de la asunción de Ronald Reagan en la Presidencia de Estados Unidos, el Departamento de Estado puso tres condiciones para restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia: un programa de democratización del país, el recambio de los ministros vinculados al narcotráfico y el control efectivo de la mafia de la droga. En agosto, García Meza fue reemplazado por una junta militar que integraron los generales Celso Torrelio, Waldo Bernal y Óscar Pammo. Pese al aparente arreglo diplomático, en Estados Unidos, Europa y algunos países latinoamericanos se inició una activa campaña de prensa para revelar lo que estaba ocurriendo en Bolivia.
"Traficando personalmente o proporcionando protección a los traficantes, algunos oficiales han recibido millones de dólares", informó The New York Times el 31 de agosto. Según el diario, los datos habían sido proporcionados por fuentes diplomáticas y agentes antinarcóticos, pero más tarde se supo que las fuentes tenían domicilio en la Casa Blanca.
Los principales acusados eran Hugo Bánzer Suárez, ex Presidente de la República; Luis García Meza; Waldo Bernal, comandante en jefe de la Aviación; Óscar Pammo, comandante de la Armada; Hugo Echeverría, delegado ante la Junta Interamericana de Defensa, y media docena de coroneles.
La elaboración y embarque de la cocaína en Bolivia estaba a cargo de cuatro grandes grupos, concentrados en Santa Cruz de la Sierra, en la frontera con Brasil. El grupo más antiguo era dirigido por Bánzer y su zona de operaciones estaba en las pequeñas poblaciones de San Javier y Río Grande. Sólo en 1980 había facturado 480 millones de dólares por la venta de 20 mil kilos de clorhidrato de cocaína, con una pureza del 99%.
El segundo grupo era dirigido por Arce Gómez y operaba en Okinawa, Monte Verde y Perseverancia. Su producción de 1980 alcanzó a los 30 mil kilos de cocaína y sus ingresos llegaron a los 640 millones de dólares.
Otro de los grandes traficantes de drogas era el comandante en jefe de la Aviación, general Waldo Bernal, que había recibido pagos de hasta 100 mil dólares por cada avión cargado de coca que salía hacia el exterior desde los aeropuertos bolivianos. Sólo en el aeropuerto de San Cruz, ciudad de 300 mil habitantes, operaban 25 compañías aéreas con un total de más de 160 aviones de distinto tipo.
Pero la organización más poderosa era la de García Meza, el único que no tenía producción propia. Su método consistía en confiscar la droga a los pequeños traficantes independientes y proteger a las otras organizaciones asegurándoles impunidad a cambio de elevadas cantidades de dólares.
En 1985, los observadores internacionales coincidían en que el problema de la droga en Bolivia se resumía en tres razones principales: el poder de los narcotraficantes y sus aliados, entre ellos importantes empresarios bolivianos; el carácter altamente organizado de los campesinos y su determinación de defender el derecho a cultivar coca, y la necesidad de obtener "cocadólares" para mantener a flote la economía boliviana.
De las 3.030 hectáreas de coca sembradas en 1960 en Bolivia, en 1986 se había pasado a 59 mil, y de 3.368 toneladas de coca originadas en 1960 a una producción superior a las 132 mil. La gran mayoría de los bolivianos, sin embargo, seguían sumidos en la más absoluta pobreza.
22 de abril de 2007
©la nación 
Ciudad de Guatemala, Guatemala. Empezó con cuatro cuerpos carbonizados en un camino de tierra.
Bogotá, Colombia. Un legislador de oposición dijo el martes que escuadrones de la muerte paramilitares se reunieron a fines de los años ochenta en la hacienda del presidente Álvaro Uribe para preparar el asesinato de opositores -una explosiva acusación en un escándalo cada vez mayor que ha desenterrado los lazos entre las milicias ilegales y dos docenas de congresistas.
Río de Janeiro, Brasil. El crepitante sonido de las explosiones entró por la ventana sin cristales de la casa de Maiza Madera, una chabola de ladrillos huecos metida profundamente entre los retorcidos callejones de uno de los barrios más grandes de los cerros.
Ernesto Guillermo Barreiro parecía integrarse bien con sus vecinos, en esta plácida comarca de Virginia. El tranquilo y amable argentino abrió una tienda de arte y antigüedades después de mudarse aquí el año pasado a un cortijo en The Plains.
Brasilia, Brasil. El colombiano Francisco Antonio Cadena Collazos, conocido como ‘Cura Camilo', acusado en Colombia de integrar la guerrilla de las FARC, fue puesto este viernes en libertad en Brasil y piensa mantenerse alejado del conflicto en su país, afirmó su abogado, Ulisses Borges.
El Alto, Bolivia. Las mujeres que asisten a las reuniones comunitarias de Esperanza Mitta se mudaron hasta acá desde pequeños villorrios en la montaña y destartalados pueblos mineros, y ahora están dando nueva forma a una moderna metrópolis con todo lo que encuentran a la mano.
Ciudad de Guatemala, Guatemala. Después de que el mes pasado tres parlamentarios salvadoreños fueran emboscados y asesinados en una carretera en Guatemala, no les tomó a las autoridades demasiado tiempo para descubrir a los culpables: eran agentes de policía guatemalteca, y su coche policial sin matrícula llevaba un aparato de localización que demostraba que habían estado en el lugar.
Un alto funcionario de Naciones Unidas aquí, que pidió permanecer en el anonimato para proteger su neutralidad diplomática, dijo que creía que el ministerio del Interior y la Policía Nacional formaron escuadrones de la muerte en los últimos tres años, para combatir la ola de crímenes violentos cometidos por la notoria pandilla de los mara salvatrucha, un grupo que empezó en Los Angeles con los hijos de los refugiados de las guerra civiles centroamericanas en los años ochenta.