américa latina

uribe y los paramilitares

mqh - 17 de mayo de 2007 - 10:26 - américa latina

[Simón Romero] Escándalo sobre escuadrones de la muerte envuelve cada vez más al presidente de Colombia.

Cali, Colombia. El presidente Álvaro Uribe, el más estrecho aliado del gobierno de Bush en América Latina, hace frente a un escándalo cada vez mayor después de que un ex comandante de los escuadrones de la muerte paramilitares declarara el martes que el ministro de Defensa de Uribe había tratado de conspirar con las ilegales milicias privadas para entorpecer el gobierno de un ex presidente.
En una audiencia a puertas cerradas en Medellín, Salvatore Mancuso, el ex señor de la guerra paramilitar, dijo que el ministro de Defensa Juan Manuel Santos se había reunido con cabecillas de los paramilitares a mediados de los años noventa para organizar los intentos de desestabilización del presidente de la época, Ernesto Samper, de acuerdo a funcionarios judiciales.
Mancuso también dijo que el vicepresidente Francisco Santos se había reunido con los líderes paramilitares en 1997 para tratar sobre el traslado de las operaciones a Bogotá, la capital.
Un portavoz del ministerio de Defensa dijo que el ministro no haría comentarios. El portavoz dijo que hubo una reunión en la que Santos, el ministro de Defensa, trató de llegar a un acuerdo de paz entre los dos grupos guerrilleros y los paramilitares.
El vicepresidente, que se encuentra fuera del país, no estaba disponible para que comentara las declaraciones.
Uribe apareció en televisión nacional el martes noche, pero no se refirió a las acusaciones.
Esas revelaciones se produjeron después de las revelaciones esta semana de un programa de espionaje interno de la policía nacional y detenciones adicionales de aliados políticos de Uribe de alto nivel por cargos de tener vínculos con los paramilitares.
Los escándanos también se producen en momentos en que Uribe trata de obtener el respaldo del congreso en Washington para un acuerdo comercial y el desembolso de la ayuda norteamericana para la contrainsurgencia y la campaña antinarcóticos. Uribe, aunque popular en Colombia, hace frente a un creciente examen del congreso norteamericano.
"Esto va a doler", dijo Michael Shifter, vicepresidente de Diálogo Interamericano de Washington. "Por más que el gobierno colombiano diga que el sistema está funcionando, lo que domina la percepción de Colombia es que hay un montón de cosas que huelen mal".
Uribe trató de contener el escándalo más reciente obligando el lunes a renunciar a doce generales de la policía nacional por pinchar ilegalmente los teléfonos de políticos de oposición, funcionarios de gobierno y periodistas.
Entre las personas cuyos teléfonos fueron pinchados se encuentra Carlos Gaviria, un líder de la oposición que fue candidato a la presidencia contra Uribe el año pasado. "Esto no puede ocurrir en un gobierno democrático", dijo Gaviria.
La purga de los generales se produjo después de que la revista Semana publicara las transcripciones de llamadas por celular de líderes paramilitares encarcelados, en las que es aparente que organizaban asesinatos y tratos de cocaína. No quedó claro si estas llamadas interceptadas eran parte de un programa de vigilancia de la policía.
Santos, el ministro de Defensa, dijo que ni él ni Uribe conocían la operación de pinchazos de la policía. Sin embargo, el informe ha dañado la credibilidad del gobierno de Uribe, que ya sufre de la opinión de que tiene mano blanda con los paramilitares.
Uribe fue elegido por un segundo mandato el año pasado después de que se reconociera que ha hecho más seguras las principales ciudades del país y de que creciera la economía. Pero el escándalo sobre los lazos con los paramilitares amenaza ahora a un creciente número de legisladores, hombres de negocios, oficiales militares y compañías norteamericanas por su colaboración con los escuadrones de la muerte paramilitares, que están clasificados como organizaciones terroristas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Los paramilitares, que fueron en gran parte desmovilizados pero que se han reagrupado en algunas regiones, cometieron las peores atrocidades en una larga guerra interna. Los fiscales ordenaron el lunes la detención de cinco legisladores por cerrar en 2001 un pacto secreto con los paramilitares, llevando a catorce el número total de legisladores implicados en esos vínculos.

Jenny Carolina González contribuyó desde Medellín.

17 de mayo de 2007
15 de mayo de 2007
©new york times
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mandó a matar a sor dorothy

mqh - 16 de mayo de 2007 - 18:08 - américa latina

[Michael Astor] Hacendado ganadero brasileño condenado a treinta años por ordenar el asesinato de una monja norteamericana.

Belén, Brasil. Un hacendado ganadero brasileño fue condenado ayer por haber ordenado el asesinato de una monja norteamericana y defensora de la selva en un caso que es considerado una importante prueba para la justicia en una región del Amazonas donde impera el caos. Un juez lo sentenció a treinta años de cárcel.
Vitalmiro Bastos de Moura "exhibe una personalidad violenta que lo incapacita para la vida en sociedad", dijo el juez al sentenciarlo a la pena máxima por el asesinato en 2005 de Dorothy Stang, de 73 años.
El "asesinato fue llevado a cabo de una manera violenta y cobarde", dijo el juez Raymond Moises Alves Flexa.
El hermano de Stang, que viajó a Brasil para el juicio de dos días, temblaba y lloraba después del veredicto. "Se ha hecho justicia", dijo, agregando que ahora piensa que el otro hacendado que está también acusado de ordenar el asesinato de su hermana, puede ser condenado cuando vaya a juicio más tarde este año.
Stang, una nativa de Dayton, Ohio, naturalizada brasileña, ayudaba a construir escuelas y era una de las activistas que trabajaba en defensa de los derechos de los campesinos pobres y explotados que eran atraídos a la región amazónica.
También intentó detener la descarada explotación de hacendados madereros y ganaderos que ha destruido casi el veinte por ciento de la selva.
El veredicto de ayer se produce después de que otros tres hombres condenados en relación con el asesinato -un asesino a sueldo, su cómplice, y un intermediario- se retractaran de declaraciones anteriores de que Moura les había ofrecido 25 mil dólares por el asesinato de Stang, con la que estaban en conflicto sobre unas tierras que quería talar y desarrollar.
Activistas de derechos humanos dijeron que el juicio era una prueba clave de si los poderosos hacendados que están detrás de los asesinatos en relación con conflictos de tierras, podían ser llevados a justicia en el estado amazónico de Pará. De los casi ochocientos homicidios de este tipo durante los últimos treinta años, sólo cuatro criminales han sido condenados, y ninguno de ellos se encuentra en prisión.
Poco después del asesinato de Stang, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva ordenó la intervención del ejército en la región, revocó los permisos de explotación maderera y prohibió el desarrollo de extensos terrenos en la selva.
Moura negó haber ordenado el asesinato durante el juicio, y su abogado montó una larga diatriba antinorteamericana en su alegato final, llamando a Stang "el fruto de un árbol ponzoñoso".

16 de mayo de 2007
©boston globe
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experiencia kafkiana en nicaragua

mqh - 11 de mayo de 2007 - 09:56 - américa latina

[Juan Forero] Kafkiano encuentro con la justicia nicaragüense.

San Juan del Sur, Nicaragua. Tenía 27 años, vivía en un país exótico y soñaba con un futuro brillante. Ahora, Eric Volz, un ambicioso y osado editor de revistas de San Diego, está cumpliendo una pena de prisión de treinta años por un atroz crimen que dice que no cometió: la violación y asesinato de su ex novia.
Para los habitantes de este pintoresco pueblo en la costa del Pacífico, un imán en formación de turistas y jubilados norteamericanos, no existen dudas de que Volz es culpable. Dicen que se puso tan celoso con Doris Jiménez, que él y al menos otro hombre la maniataron en la pequeña boutique que llevaba, y la violaron y asfixiaron, metiéndole papel y tela por su garganta.
"Había pruebas", dice Xiomara Gutiérrez, una de las vecinas que está convencida de la culpabilidad de Volz. "Y está en la cárcel, ¿no es así?"
Pero las actas judiciales, aparte de entrevistas con testigos y abogados, sugieren que el veredicto fue pesadamente influido por pasiones de pueblo chico y el deseo de una justicia expedita. Frente a una implacable campaña de prensa y protestas contra él organizadas por la madre de la víctima, Volz se encontró de lleno en una pesadilla kafkiana, dicen su familia y amigos. Una coartada que habría llevado a un jurado norteamericano a absolverlo, fue desechada.
Entretanto, la juez parece convencida de las afirmaciones de los familiares de la víctima de que Volz sufría de peligrosas obsesiones.
"¿Por qué la familia y sus amigos declararon que yo era un tipo celoso?", dice Volz en una entrevista telefónica desde la cárcel La Modelo en las afueras de Managua, la capital. "Les convenía. Querían condenarme, pero no es verdad".
La condena de Volz en febrero pasado en el pueblo de Rivas, destaca las debilidades de un sistema judicial altamente politizado, de acuerdo a juristas. Eduardo Bertoni, director de la fundación Due Process of Law, de Washington, un grupo de defensa que trabaja para mejorar los sistemas de justicia en América Latina, dice que la ausencia de autonomía judicial en Nicaragua "termina afectando a todo el mundo".
"Cuando los jueces no son profesionales, y las consideraciones políticas determinan sus nombramientos, bueno, puedes esperar todo tipo de decisiones", dijo.
A primera vista, Volz parecía tener todo de su lado. Contaba con un abogado defensor con experiencia, Ramón Rojas, que había defendido con éxito al actual presidente, Daniel Ortega, en un caso criminal en 1998. Tenía una coartada, con diez testigos que dijeron a la policía que estaban con él cuando ocurrió el crimen. Y tenía archivos de teléfono y de mensajería instantánea que lo situaban en su casa de Managua, a dos horas y media de la escena del crimen, cuando mataron a Jiménez.
Pero Volz se halló de pronto en un clima cada vez más volátil que se escapó de la manos, en parte debido a su propia impetuosa conducta después del asesinato. Los familiares de Jiménez y las autoridades dicen que presenciaron su ofrecimiento de pagar por una autopsia y sus riñas con la policía como signos de culpabilidad.
La madre de la víctima, Mercedes Alvarado, le declaró la guerra y un diario de Managua, El Nuevo Diario, montó una apasionada campaña en su contra. En un momento, decenas de manifestantes trataron de lincharlo cuando estaba siendo trasladado desde el tribunal.
Al final, después de un juicio de tres días, Volz fue declarado culpable, junto con un surfista de San Juan del Sur, Julio Martín Chamorro, al que Volz dice que sólo lo conocía superficialmente.
Tras leer las noticias, los lectores de El Nuevo Diario se pusieron a celebrar.
"Maten al gringo", escribió un lector en el foro de la página web del diario. "Ojalá lo violen en La Modelo".
Dominando el español a la perfección, Volz se había mudado a esta aldea de moda llena de restaurantes frente al mar y cibercafés en 2005. Vendía propiedades para Century 21. Y salía con Jiménez, una bella y ágil mujer de pelo oscuro que poseía una pequeña tienda llamada Sol Fashion.
Aunque la relación terminó amistosamente seis meses antes de la muerte de Jiménez, Volz dijo que siguieron estando cerca. El año pasado él se mudó a Managua para empezar una elegante revista sobre ecología y desarrollo sustentable.
Entonces, el 21 de noviembre, Jiménez fue asesinada en su tienda, entre las once de la mañana y el mediodía. Volz dice que le llamó uno de los amigos de Jiménez a eso de las 2:45 de la tarde, y que alquiló un coche de Hertz y se dirigió hacia San Juan del Sur. Dos días más tarde, después de actuar como uno de los cuatro portadores del féretro de Jiménez, fue arrestado.
Más tarde, los familiares de Jiménez dijeron a la policía y a periodistas que ellos nunca habían confiado en Volz y que él tenía una obsesión con ella que delataba motivos más siniestros.
"Un día me dijo que ella ya no lo podía soportar", dijo Genoveva Arias, 31, la hermana de Jiménez. "Le dije: ‘¿Por qué no rompes con él?' Me dijo: ‘Lo he intentado, pero no me quiere escuchar'".
La madre de Jiménez fue más lejos. "Me dijo: ‘Lo que pasa es que Eric es muy celoso y trata de controlarme'", contó. "‘Mamá, tengo miedo de que Eric me mate'".
La naturaleza de la relación que tenía con Jiménez se convirtió en un importante punto de debate en el tribunal, donde las maneras de Volz -considerado por los nicaragüenses como demasiado brusco, incluso irrespetuoso- le costaron puntos con la juez, Ivette Toruño.
Cuando habló en el tribunal sobre Jiménez -contra el consejo de la juez-, sonó despreocupado y frío. "Me quería montones", dijo Volz a la juez. "Ella estaba más enamorada de mí que yo de ella".
Entretanto, la defensa fracasó en su intento de desviar las evidencias de la fiscalía. El fiscal mostró una foto con marcas de arañazos en la espalda de Volz; Volz dijo que se las había causado el ataúd de Jiménez. Toruño se burló.
"Portar un ataúd no podría nunca, pero nunca, dejar esos arañazos en la espalda de nadie", dijo Toruño al tribunal.
La acusación también mostró que una vez que Volz se convirtió en sospechoso, un de sus empleados trató de lograr que un empleado de Hertz firmara una declaración jurada diciendo que alguien de la compañía lo había visto cuando llevaba el coche a su casa. Pero nadie lo hizo. La defensa dijo más tarde que el empleado de Volz había actuado por su propia cuenta. Dijeron que Volz estaba en la casa cuando firmó el contrato de alquiler, pero nunca vio al empleado de Hertz.
"Hay dudas que, junto con la evidencia, nos procuraron la certeza de que hemos llevado al tipo indicado a la justicia", dijo Isolda Ibarra, la fiscal.
Pero Rojas, el abogado defensor, dijo que la juez pasó por alto importantes evidencias de la defensa.
La juez oyó la declaración de Ricardo Castillo, un respetado periodista de Managua, que dijo que estuvo con Volz desde el mediodía hasta las dos de la tarde ese día. "Ricardo Castillo no es creíble", dijo.
Toruño sólo permitió dos testigos más de la defensa. Otros, incluyendo a un jardinero, una criada, empleados de la revista de Volz y una pareja de visitantes, no eran necesarios, dijo la juez, explicando que su testimonio sería redundante.
Rojas presentó los archivos del celular y de los mensajes instantáneos que, dijo, probaban que Volz no podía ni siquiera haber estado cerca de la escena del crimen cuando mataron a Jiménez. Toruño dijo que alguien pudo haber usado ese celular y que los "avances tecnológicos" de la mensajería instantánea no permitían al tribunal saber dónde estaba Volz cuando estaba enviando mensajes.
No había evidencias físicas que relacionaran a Volz, o a cualquier otro, con la escena del crimen. La juez y la fiscal criticaron al policía que estuvo en la escena del crimen, Noel Martín Corea, del que Toruño dijo que "no sabía lo que había analizado, no podía describirlo, y ni siquiera podía leer su propio informe".
Pero los errores de Corea no afectaron el caso de la fiscalía.
"El hecho de que no haya pelos, ni semen, ni saliva ni huellas digitales de Eric Volz o del otro joven no significa que no hayan estado allí", dijo Ibarra, la fiscal.
La condena se basó en gran parte en la declaración de Nelson López, 24 instructor de surf de 24 años que fue inicialmente detenido por el crimen, pero al que más tarde le otorgaron inmunidad a cambio de su testimonio contra Volz. En el estrado de los testigos, divagó y admitió que era un borracho.
López dijo que Volz le había pedido que estuviera frente a la tienda de Volz a la una de la tarde, justo después del asesinato. También dijo que Volz le pagó unos dólares para que recibiera un par de bolsas que él llevó a la tienda. López caminó algunos metros, dijo, y colocó las bolsas en un coche.
Rojas dijo que desafiaba toda lógica que un asesino pidiera a alguien que se apostara frente a la escena del crimen y pagara a alguien para llevar dos maletas, que López reconoció que eran muy livianas.
Volz espera ahora que un tribunal de tres jueces de Granada resuelva favorablemente su apelación, una decisión que podría ser tomada este mes.
Familiares y amigos no quieren correr riesgos. Han abierto un sitio en la red para Volz y producido un video sobre el caso que ha sido visto por casi cien mil visitantes en YouTube. La madre de Volz, Maggie Anthony, renunció a su trabajo como decoradora de interiores para dedicarse completamente a reunir el dinero para pagar al abogado y viajar a Nicaragua.
"Hemos gastado todos nuestros ahorros en pagar abogados, hoteles y aviones", dijo. "Pero estas son cosas que debes hacer por tus hijos".
Volz pasa sus días en La Modelo. Recibe visitantes frecuentemente, aunque las autoridades han empezado a prohibir la entrada de periodistas. Ha leído la autobiografía de Rubin ‘Hurricane' Carter, un boxeador de Nueva Jersey que ha afirmado durante largo tiempo que lo acusaron injustamente de un asesinato. Y Volz responde notas que le envían sus amigos, diciéndoles que trata de mantener el optimismo.
"Estoy en la cárcel, pero la cárcel no me ha dominado", dijo. "He aprendido que puedo sobrellevarla".

11 de mayo de 2007
7 de mayo de 2007
©washington post
©traducción mQh

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turismo de la causa guerrillera

mqh - 09 de mayo de 2007 - 08:20 - américa latina

[Reed Johnson] Antiguos guerrilleros dirigen excursiones turísticas en los territorios donde combatió la guerrilla salvadoreña.

Perquín, El Salvador. Efraín Pérez camina arrastrando ligeramente los pies cuando escolta a los visitantes a través del Museo de la Revolución Salvadoreña. Su paso vacilante, el resultado de la metralla de bomba que casi le penetró el cerebro, ha ablandado el cuerpo de este antiguo guerrillero de 38 años, pero no su mente.
Sin esfuerzo alguno, repite las fechas de batallas y asesinatos, listados de nombres de pueblos destruidos y camaradas de armas caídos en la lucha. Entonces conduce a sus invitados a través de pequeños cuartos llenos de carteles de propaganda, lanzamisiles tierra-aire de la época soviética y decenas de borrosas fotos en blanco y negro de los "héroes y mártires" que murieron en el violento conflicto que ya se ha deslizado entre las sombras de la historia.
"Cuando lo vives, sabes cuáles son las consecuencias, y se queda en tu mente. No es algo que vayas a olvidar", dice Pérez, un hombre de voz suave que se convirtió en un guerrillero marxista después de que su madre, padre y hermano fueran asesinados por soldados del ejército casi al inicio de la guerra civil de doce años de El Salvador a principios de los años ochenta. Tenía entonces once años.
En otras circunstancias, los mohosos artefactos que se exhiben en el museo, un edificio de un piso con tejado de hojalata colgando de una embarrada colina, pudieron haber quedado escondidos en casas particulares o dejados a oxidar en alguna guarida en la selva. Pérez pudo haber malgastado sus días entre las legiones de desempleados con que cuenta El Salvador.
Pero hoy, él y varios de sus antiguos camaradas han descubierto un sorprendente y nuevo oficio: guías turísticos.
Mientras el ministerio del turismo de El Salvador se esfuerza por atraer conferencias a la capital y adoradores del sol en los balnearios de la costa del Pacífico, muchos antiguos guerrilleros, así como civiles de a pie cuyas vidas fueron cambiadas para siempre por la guerra, están desarrollando un "turismo alternativo".
Desde que se firmaran los acuerdos de paz en 1992, miles de visitantes curiosos de toda América Latina, Europa y Estados Unidos y Canadá han visitado este remoto pueblo en la montaña a dieciséis kilómetros de la frontera hondureña y otros sitios distribuidos a lo largo de esta república de 6.9 millones de habitantes asolada por la violencia. Mientras algunos visitantes simpatizan con la causa de los antiguos rebeldes, otros están simplemente interesados en la historia.
Concentrado en los campos de la muerte de hace 25 años y en antiguos campamentos rebeldes, el turismo alternativo ha atraído a un montón de turistas domingueros hacia un puñado de pueblos aislados asociados a la lucha que reclamó 75 mil vidas y dejó a ocho mil personas desaparecidas.
Entre los más infames se encuentra El Mozote, un villorrio rural donde unas novecientas personas, entre hombres, mujeres y niños, fueron violadas, torturadas y masacradas por tropas del gobierno el 11 de diciembre de 1981.
"Hay una nueva generación que está aprendiendo la historia de El Salvador", dijo Pérez. "Hay siempre ignorancia, de no saber nada, y tenemos que cambiar esa mentalidad".
Se trate de Gettysburg o de las redes de túneles subterráneos usados por el Viet Cong, el turismo relacionado con la guerra se ha convertido en una empresa a nivel global.
Lo que es inusual en El Salvador es que muchos de sus sitios no son operados por el gobierno federal, sino por sus antiguos enemigos, los ex combatientes del Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí, o FMLN, una coalición de comunistas y otros grupos de izquierdas.
El ministerio de Turismo del país no apoya los sitios y dice que, aunque no ignora los años de guerra, en este momento tiene otras prioridades. "Lamentablemente, la guerra es parte de nuestra historia", dijo el ministro José Rubén Rochi. "No podemos olvidar lo que pasó en la década de los ochenta". Sin embargo, dijo, el turismo salvadoreño se encuentra todavía en una fase "muy preliminar, muy básica".

Como otros muchos salvadoreños, Francisco Armando, 26, y Carlos Pineda, 25, ni siquiera habían nacido cuando estalló la guerra civil. Recuerdan el sonido de los helicópteros y el temor que sentían cuando, de jóvenes, veían marchar a los soldados en las calles. Pero no recuerdan mucho más que eso.
Antes este mes, los hombres y sus familias visitaron el museo aquí por primera vez después de una caminata de cuatro horas y media desde su casa en Sonsonate. Recorriendo el museo, Armando comparó los artefactos con un documental sobre la guerra que había bajado a su celular.
Antes, dijo, todas sus impresiones de esa época, provenían de películas.
La "realidad del museo es mucho más impresionante", dijo Armando, un empleado de la salud pública.
Los guías, todos ex guerrilleros, trabajan seis días a la semana de seis de la mañana a cuatro y media de la tarde. La entrada es de sesenta centavos para los salvadoreños y un dólar veinte para los extranjeros, más un dólar por el aparcamiento. El recinto incluye una pequeña tienda donde se venden tentempiés, camisetas con el Che Guevara y libros sobre al arzobispo Óscar Romero, el sacerdote pacifista que fue asesinado por agentes del gobierno cuando celebraba misa en 1980.
Durante festivos como Semana Santa, al museo llegan hasta seis mil personas.
Se han formulado proyectos para agregar un salón de conferencias con capacidad para cien personas y un teatro, una de cuyas funciones será ofrecer albergue a reuniones de familias que están todavía tratando de ubicar a familiares desaparecidos.
Hace unos días, las primas nacidas en Los Angeles, Tanya Rubio, 21, y Katherine Rubio, 16, estaban visitando el museo como parte de un viaje de una semana al país natal de sus padres. Explorar la historia de la guerra civil, dijeron, era parte de su conexión con su pasado.
"Mis amigos norteamericanos no saben lo que pasó aquí", dijo Tanya Rubio, examinando los retorcidos restos de un helicóptero del ejército. "Yo les explico lo que pasó".
Otros dos norteamericanos, Brendan Fischer, 25, voluntario del Cuerpo de Paz, y su hermana Katie, 22, una estudiante de periodismo de Wisconsin, estaban también de visita. Antes en el día, los hermanos habían visitado El Mozote, a unos cuarenta minutos. La masacre cometida por el Batallón Atlacatl fue inicialmente desconocida por el gobierno salvadoreño y el de Reagan, que apoyaba al régimen. No fue sino a principios de los noventa que investigaciones forenses y un informe de la Comisión de la Verdad reconocida por Naciones Unidas, estableció que se había cometido una masacre.
Hoy, El Mozote es un villorrio de unas 65 familias, dijo Gumercindo Claros, coordinador del Comité Turístico de El Mozote, y uno de los seis guías que ofrece excursiones gratuitas por la zona. Los sitios incluyen el cementerio ‘Patio de los Inocentes', donde yacen 146 niños, y el lugar donde Rufina Amaya, una de las pocas sobrevivientes, se escondió detrás de un árbol y escapó.
Amaya murió de un derrame este 6 de marzo, pero lo que presenció ese día de diciembre de 1981 ha sido transmitido a otros narradores. "Hablábamos un montón", dice Claros.

Uno de los sitios relacionados con la guerra más sorprendentes e inaccesibles se encuentra arriba en el villorrio de La Montanona, en la provincia de Chalatenango. La entrada a esta antigua base rebelde empieza donde las vacas deambulan libremente. El tendido eléctrico todavía no llega. Frente a la escuela cuelgan los restos una bomba del ejército que ahora es usada como campana.
Este año para Domingo de Resurrección unas 150 personas habían visitado el sitio, dijo Fidel Castro Santos, 60, ex combatiente que ahora trabaja como el ‘guardabosques' del lugar. La entrada cuesta un dólar por persona, y tres dólares para acampar.
Los antiguos rebeldes que supervisan el lugar han construido pasarelas de madera y mesas de picnic junto a las rutas de excursión y dicen que están tratando de desarrollar un plan de gestión forestal para proteger los recursos naturales.
Castro dijo que la industria turística alternativa de la guerra surgió a pesar de la ausencia de una autoridad coordinadora central, o de cualquier vínculo entre los ex guerrilleros de esos lugares. "Claramente, teníamos los mismos sentimientos y las mismas historias, pero no estábamos en contacto".
Descendiendo por una ladera, Castro lleva a sus visitantes hacia uno de los ‘hospitales' improvisados de los rebeldes, metido profundamente en el arcilloso acantilado para soportar los bombardeos. Cien metros más allá hay un rústico refugio de madera desde donde transmitía Radio Farabundo Martí.
Una red de túneles atraviesa la colina, donde el año pasado se encontraron los restos de un guerrillero en el fondo de un barranco, sus documentos todavía intactos y su reloj Seiko todavía funcionando.
Castro subió hasta la cima de otra colina hacia una plataforma de madera apuntalada por pilares, a varios metros sobre el suelo. La vista poco antes del ocaso era impresionante: un lago resplandeciente contra un telón de fondo de picos de volcanes. Donde antes llovían constantemente las bombas y morteros, ahora el único ruido que se oía era el de la brisa pasando por entre los pinos.
Como otros muchos de sus compañeros, Castro llegó a apoyar la causa de la guerrilla no por su lecturas de Marx o Mao, sino por su inmersión en la teología de la liberación, la radical doctrina católica que floreció en América Latina durante los sesenta y setenta, que justificaba la acción revolucionaria como un medio de oponerse a la enraizada desigualdad social.
Uno de los mentores de Castro fue el arzobispo Romero, al que conoció personalmente. En su juventud, dijo Castro, él y sus amigos pensaban que Dios estaba en el cielo. "Pero estábamos equivocados. Dios está en todos nosotros y en todas partes", dijo, reanudando su paseo por la selva.
Con los crecientes niveles de tráfico de drogas y la violencia de las pandillas, y una endeble economía que depende pesadamente de los giros enviados a casa por los 655 mil emigrantes salvadoreños que viven en Estados Unidos, incluyendo a 187 mil en el condado de Los Angeles (de acuerdo a cifras del censo de 2000), El Salvador podría usar cualquier estímulo económico.
Aunque predice que ningún salvadoreño de clase alta visitará los nuevos sitios relacionados con la guerra, Leonel Gómez, un politólogo que ayudó en las conversaciones de paz entre los rebeldes y el gobierno norteamericano, cree que el "turismo aquí podría proporcionar trabajo a un montón de gente".
"Es asombroso que un ex guerrillero empiece algo, cualquier cosa", dijo Gómez. "No sé cómo lo hacen para reunir energía. Porque nadie les ayuda".
No está claro cuánto interés pueden generar los sitios relacionados con la guerra en momentos en que el conflicto pierde intensidad, porque las pasiones que lo provocaron todavía arden.
El partido de extrema derecha Arena controla la presidencia y con sus aliados políticos controla la mayoría de la legislatura federal. Pero el partido político FMLN, que desciende de la organización rebelde, puede bloquear la aprobación de leyes que exijan una mayoría de dos tercios. Los dos partidos mayoritarios se están preparando para las elecciones de 2009, un espectáculo que un economista salvadoreño comparó hace poco con esperar el choque de dos trenes.
Entretanto, las cicatrices físicas de la guerra todavía perduran. Una de las más profundas se puede encontrar a la vera del camino entre San Salvador y la montañosa región de Guazapa, un antiguo bastión de la guerrilla a 32 kilómetros de la capital. Una sección está sembrada de casas bombardeadas y una destruida iglesia de la época colonial parecida al Álamo.
Un par de kilómetros más abajo por el camino se encuentra el pintoresco pueblo de Suchitoto. Geraldo Suárez, 64, es uno de los diez antiguos rebeldes que el año pasado abrieron un bar y una pequeña residencial en una casa remodelada que pertenecía a una prominente familia de militares. Sentado en el apacible patio del bar, rodeado de mangos y paltos, Suárez, un antiguo experto en comunicaciones dijo que la restauración del arruinado edificio es mucho más fácil que la restauración de la memoria histórica de un pueblo.
"¿Qué es lo que queremos reconstruir? Es como decidir el guión para una película", dijo. "Todos los grandes actores quieren estar en esta estupenda película. Y ahora es más difícil porque muchos de los actores están muertos".

reed.johnson@latimes.com

9 de mayo de 2007
©los angeles times
©traducción mQh

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el crimen manda

mqh - 08 de mayo de 2007 - 07:10 - américa latina

[Héctor Tobar y Chris Kraul] Los asesinatos en Guatemala ilustran el tenebroso poder que ejercen grupos ilegales sobre el sistema de justicia criminal.

Ciudad de Guatemala. Los distinguidos invitados de El Salvador entraron a esta ciudad capital con un grupo de agentes de la policía que hacían de guardaespaldas, y otro grupo de agentes que los esperaban para emboscarlos.
Cuando conducían por una carretera en la montaña, Eduardo José D'Aubuisson y sus colegas legisladores cayeron en una trampa tendida por agentes de policía parias de Guatemala contratados por narcotraficantes, dijeron funcionarios. Esos agentes creían que los salvadoreños estaban usando su inmunidad diplomática para trabajar para narcotraficantes rivales.
Las últimas y violentas horas en la vida de D'Aubuisson, y los sucesos de los días que siguieron, parecen sacados del guión de la película galardonada con un Oscar, ‘Infiltrados' [The Departed], donde la confianza es una ilusión y las traiciones, sangrientas. Pero esa es la realidad en América Central hoy en día, una región de instituciones débiles donde los jefes de las mafias controlan los escuadrones de la muerte de la policía y el crimen organizado es más poderoso que el estado.
Existe un generalizado temor a los policías parias.
"Hay casos criminales en los que un testigo ha mencionado a un agente de policía, y el fiscal le ha preguntado: ‘¿Está seguro de que quiere decir eso?'", contó un asesor del despacho de la procuraduría pública de Guatemala, que habló a condición de mantener el anonimato por cuestiones de seguridad. "El fiscal lo pregunta no solamente porque tiene miedo de que maten al testigo. También tiene miedo de que lo maten a él".
El vicepresidente guatemalteco, Eduardo Stein, dijo en una entrevista la semana pasada que grupos del crimen organizado han "penetrado" la mayor parte de las agencias del sistema de justicia criminal, incluyendo a la policía, el despacho de la procuraduría pública, los tribunales y el despacho del ministro de Justicia. Esos niveles de corrupción son también endémicos en El Salvador y Honduras. "No es solamente un problema guatemalteco. Es un problema regional", dijo Stein. "Esos grupos transcienden las fronteras, y tienen más recursos que nosotros".
Cuatro agentes de policía guatemaltecos fueron arrestados por el asesinato de D'Aubuisson y otros dos legisladores. Los sospechosos fueron asesinados en una cárcel de máxima seguridad tres días después, en un asombroso crimen extrajudicial que puso nuevas presiones sobre el gobierno para que tome medidas radicales.
En un momento, funcionarios de la defensa guatemalteca, líderes del mundo empresarial y diplomáticos "de un país amigo" sugirieron al presidente Óscar Berger que declarara el estado de emergencia y colocara a la policía bajo control militar, dijo Stein. El presidente ignoró este consejo.
"No queremos revivir el pasado... en que los militares controlaban las agencias civiles en violación de la constitución", dijo Stein. Hacer eso equivaldría a violar los acuerdos de paz con que se puso fin a la guerra civil en Guatemala hace una década, agregó.
Se espera que Berger pida ayuda al presidente Bush en la lucha contra el crimen organizado cuando los dos se reúnen aquí esta tarde.
Una espiral de acusaciones, filtraciones oficiales y rumores han vinculado los asesinatos con altos funcionarios de las fuerzas de seguridad de Guatemala, y también con grupos criminales y legisladores de El Salvador.
Muchos temen que los autores de los asesinatos escapen a la justicia.
"Tampoco habrá una investigación exhaustiva, ni en El Salvador ni en Guatemala, para descubrir la verdad", dice Beatrice Alamanni de Carrillo, la defensora del pueblo para los derechos humanos de El Salvador. "El crimen organizado es un problema en tres países... En cada uno de ellos están destruyendo el estado de derecho".
D'Aubuisson, William Pichinte y José González Rivas eran miembros del Parlamento Centroamericano, que fomenta y regular el comercio regional. Salieron de San Salvador en coche la mañana del 19 de febrero para dirigirse a una reunión de ese órgano en Ciudad de Guatemala.

¿Cuáles Fueron los Motivos?
Funcionarios guatemaltecos dicen en privado que han sospechado durante largo tiempo que algunos miembros del parlamento participan en el narcotráfico. América Central es un pasaje clave para el transporte de cocaína entre Colombia y México. Los legisladores gozan de inmunidad diplomática y sus coches cruzan las fronteras centroamericanas sin ser revisados.
Funcionarios en Guatemala y El Salvador dicen que no había indicios de que D'Aubuisson, 32, estuviera implicado en actividades ilícitas.
"Mi hermano era una excelente persona honesta que estaba apenas empezando su carrera política", dijo Roberto D'Aubuisson Jr. Pero dijo que tampoco creía que el asesinato fuera un caso de confusión de identidades, una teoría que circuló entre algunos oficiales salvadoreños. "La pregunta es: ¿Cuáles fueron los motivos?"
Roberto D'Aubuisson dijo que creía que el ex congresista salvadoreño Roberto Silva, que fue expulsado de la legislatura el año pasado por presuntos lazos con el narcotráfico, ordenó el asesinato de su hermano como "represalia" contra el gobierno del presidente salvadoreño Tony Saca. Los D'Aubuissons son hijos del difunto Roberto D'Aubuisson, el polémico fundador del partido gobernante de El Salvador. Silva eludió su detención y sigue estando fugitivo.
Los agentes parias eran dirigidos por Luis Arturo Herrera, director de la unidad del crimen organizado de la policía nacional. A primera vista, era un agente respetado. Cuando un grupo de asaltantes armados robó ocho millones de dólares en efectivo en el aeropuerto de Ciudad de Guatemala, que estaba siendo enviado al Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, Herrera ayudó a dirigir las pesquisas.
Pero presuntamente trabajaba para una ‘unidad de limpieza' de la policía nacional. También conocidos como escuadrones de la muerte, los grupos nacieron en los años noventa, cuando empezaron a cometer ejecuciones extrajudiciales de sospechosos.
Las brigadas de limpieza y otros grupos de agentes parias se han convertido en grupos criminales de múltiples propósitos vinculados a toda una serie de actividades ilícitas, incluyendo el embarque de coches robados, secuestros, tráfico de seres humanos, y el control de redes de narcotráfico que transportanla cocaína colombiana a Estados Unidos, de acuerdo a fuentes oficiales aquí y a grupos de derechos humanos.
La semana pasada, el general en retiro Otto Pérez Molina, candidato a la presidencia de Guatemala y ex jefe de la inteligencia militar, acusó a Victor Rivera, un importante asesor del ministro del Interior, de dirigir las brigadas de limpieza. Miembros del Partido Patriota de Molina, también han entregado evidencias que dice que vinculan a Rivera con secuestros. Rivera no ha respondido las acusaciones.
Las acusaciones repiten otras formuladas hace tiempo por activistas de derechos humanos en la región.
"Esos grupos fueron fundados durante las campañas contrainsurgentes de los años ochenta y noventa, y no fueron desmantelados nunca", dijo Adriana Beltrán, de la Oficina para América Latina de Washington. "Con los años, se han transformado y establecido vínculos con redes del crimen organizado".
En Honduras, el ex presidente Ricardo Maduro dijo en una entrevista hace poco que grupos del crimen organizado controlaban efectivamente partes del este de Honduras, donde se embarcan por aire y mar las drogas hacia Estados Unidos y México. Dijo que el gobierno tenía pocas esperanzas de ejercer su autoridad ahí.

Problema de Larga Data
El tráfico de drogas entre altos oficiales de las fuerzas de seguridad de Guatemala ha sido un problema de larga data. En 2005, oficiales norteamericanos llevaron bajo engaño a Virginia a Adán Castillo, entonces el más alto oficial antinarcóticos, y lo arrestaron a él y otros dos altos oficiales por el contrabando de varias toneladas de cocaína.
Funcionarios norteamericanos dijeron que habían ayudado a las autoridades guatemaltecas en revisiones de antecedentes de todos los nuevos contratos de las fuerzas de seguridad. Pero el proceso de control no se aplicó a las contrataciones anteriores, y muchos elementos corruptos continúan en la fuerza policial. Los oficiales norteamericanos expresaron también su frustración ante la resistencia para implementar un plan que cree una comisión respaldada por Naciones Unidas para ayudar al sistema de justicia criminal.
El dinero de las drogas se ha filtrado no solamente en la fuerza de policía, sino también en el congreso guatemalteco, dijeron funcionarios norteamericanos. "El dinero involucrado, y la debilidad de las instituciones, lo hace inevitable", dijo un funcionario norteamericano.
Fuentes de inteligencia en la región dicen que los investigadores han vinculado a agentes parias acusados del asesinato de D'Aubuisson con bandas guatemaltecas de narcotraficantes que controlan el lucrativo negocio de los traficantes colombianos y mexicanos.
Oficiales guatemaltecos dice que justo antes del secuestro, y durante las dos horas que fueron retenidos los salvadoreños, Herrera y los otros agentes parias hicieron diecisiete llamadas con dos celulares a El Salvador, un hecho que sugiere una trama para arrestar a los confederados en ese país. Los agentes presuntamente llevaron a los legisladores a una granja y los golpearon y torturaron antes de matarlos y prender fuego a sus cuerpos.
El 25 de febrero los cuatro agentes fueron asesinados en las celdas de la prisión. Las autoridades guatemaltecas arrestaron a veinte gendarmes de la prisión, incluyendo al alcaide.
Alamanni, la defensora del pueblo para los derechos humanos en El Salvador, dijo que pensaba que los asesinatos en la cárcel eran todavía más inquietantes que el asesinato de los legisladores.
"Este caso muestra que el poder de los criminales es tan fuerte que están retando al estado a que ponga fin a su control de las instituciones legales del país", dijo. "El mensaje es claro, no solamente para el gobierno de Guatemala, sino también para El Salvador: ‘Mataremos a cualquiera que queramos. Somos más poderosos que el estado'".

hector.tobar@latimes.com
chris.kraul@latimes.com

Tobar informó desde Ciudad de Guatemala y Kraul desde San Salvador.

7 de mayo de 2007
11 de marzo de 2007
©los angeles times
©traducción mQh

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rebelión sin armas

mqh - 08 de mayo de 2007 - 04:17 - américa latina

[Chris Kraul] En territorios estratégicos en la guerra civil colombiana, un grupo de campesinos se levanta contra la violencia.

Arenas Altas, Colombia. Ana Hilda Vargas estaba viviendo en un lugar llamado Esperanza cuando un grupo de hombres armados llegó a su finca y le dieron un ultimátum: Deje su casa en 48 horas, o la mataremos.
"Ese día perdí todo lo que construí en mi juventud, todo lo que tenía: cerdos, gallinas, árboles de mango y aguacate, yuca, plantaciones de maíz y frijoles", dijo Vargas, recordando la terrible mañana de 1997, cuando los paramilitares la expulsaron de su tierra en el pueblo de Esperanza.
No sería la última vez que escucharía ese escalofriante aviso.
En los siguientes seis años, la viuda, ahora de 50 años, fue obligada a mudarse de un pueblo a otro por el ejército, los paramilitares de extrema derecha y los grupos guerrilleros de extrema izquierda que luchan por el control de esta estratégica región rica en minerales en el noroeste de Colombia. Como una de los tres millones de personas desplazadas, se convirtió en una estadística de una de las crisis humanitarias más prolongadas del hemisferio.
Finalmente, Vargas decidió que prefería morir antes que volver a ser erradicada. Hace tres años, se unió a la ‘comunidad de paz' de San José de Apartado, donde un grupo de 1200 campesinos pacifistas está armándose de valor para hace frente al conflicto civil en el país.
La comunidad de tres aldeas, que incluye a Arenas Altas, donde vive Vargas, fue fundada en 1997 después de que un arzobispo católico llamado Isaías Duarte -que sería asesinado cinco años después- alentara a los campesinos a decir no a la guerra. Es una de diez comunidades de paz semejantes o ‘zonas humanitarias' en Colombia, de acuerdo a Justicia y Paz, una organización de defensa de los derechos humanos de Bogotá, la capital.
"Están defendiendo un punto de vista moral a riesgo de sus vidas", dijo Lisa Haugaard, del Grupo de Trabajo de América Latina, un grupo de derechos humanos de Washington. "Es un proyecto muy difícil y muy osado, que casi parece invitar los ataques de los varios actores armados".
Vargas vive de la agricultura en este rincón de Colombia, sesgado por los lechos de los ríos y alfombrado de cedros, y árboles de cacao y bananeros, accesible solamente por mula. Su pueblo de doscientas personas, rodeado por la selva, es una pulcra colección de chozas de paneles de madera al borde de la cancha de fútbol del pueblo. Los cerdos y las mulas deambulan libremente.
Ella y otros miembros rechazan todo contacto o colaboración con grupos armados, y acceden a trabajar como un colectivo en las cosechas, el ganado y en proyectos comunitarios, y comparten lo que producen. El grupo mismo es autosuficiente, excepto los pequeños préstamos externos para realizar proyectos comunitarios.
Pero la profesión de neutralidad de la comunidad no le ha protegido de una terrible violencia.
Desde 1997, de los casi 1400 habitantes originales de San José, 178 fueron asesinados por grupos armados que tratan de limpiar la zona de colaboradores sospechosos, apropiarse de tierra fértil para sí mismos o reclamar rutas de transporte para armas y el narcotráfico desde y hacia puertos en el Pacífico y el Caribe.
Debido a los riesgos y dificultades, no han llegado nuevos residentes: Desde su fundación, ha llegado tanta gente como la que se ha marchado.
El líder de la comunidad, Renato Araiza, calcula que un ochenta por ciento de las víctimas han sido asesinadas por el ejército y los paramilitares de extrema derecha, y el resto por los guerrilleros de izquierda en la región de Uraba de la provincia de Antioquía. Un día el año pasado, su hermana de 16 fue asesinada por las guerrillas, por negarse a colaborar con ellos.
"Los dos lados nos sospechan de colaborar con el otro, y es por eso que se quieren marchar todos", dijo Araiza, que también perdió un primo en la violencia. "Estamos tratando de cambiar la lógica de los grupos armados que piensan que pueden resolver todo con las armas".
En un pequeño parque en San Josecito, otro pueblo de la comunidad, rocas pintadas con los nombres de las víctimas y las fechas de sus muertes sirven como humildes monumentos fúnebres. En otros lugares también hay recordatorios del precio pagado por la comunidad. Un quiosco en La Unión, a cinco kilómetros de aquí, fue el sitio del asesinato de seis miembros de la comunidad a manos de los paramilitares, hace seis años.
"Nos han atacado de los dos lados", dice Alicia Guzmán, cuyo marido fue asesinado en 1992, dejándola con tres hijas que debió criar sola.
El número de muertos sería sin duda mucho más alto si no fuera por la presencia de los ‘acompañantes' voluntarios proporcionados por grupos internacionales como la Fellowship for Reconciliation, de San Francisco, o FOR, y las Brigadas Internacionales de Paz, un grupo británico. La tasa de homicidios ha descendido desde 2002, cuando FOR empezó a colocar voluntarios a tiempo completo en la comunidad.
"La esperanza es que por estar aquí, los grupos armados no cometerán actos que puedan crear un problema de relaciones públicas internacionales. Los costes políticos aumentarían si nos pasara algo", dijo Paul Kozak, 24, nativo de Huntingdon, Pensilvania, y voluntario de FOR.
Un católico profundamente religioso que pensó alguna en incorporarse al sacerdocio, Kozak es un pacifista cuya ambición es trabajar de manera no violenta para ayudar a resolver conflictos. Tras graduarse de un instituto jesuita en el Midwest, se marchó a El Salvador para trabajar con pandilleros. Entonces oyó hablar de la resistencia de las comunidades de paz a abandonar sus tierras y se ofreció como voluntario para acompañar. Pero los acompañantes no han impermeabilizado a la comunidad.
En febrero de 2005, el líder y co-fundador de San José, Luis Eduardo Guerra, su novia y su hijo de once años, fueron asesinados a machetazos junto a otras cinco personas poco después de que anunciara que la comunidad de paz ampliaría sus límites para incluir a otro pueblo. Su esposa había muerto el año anterior a causa de la explosión de una granada del ejército.
Los asesinatos provocaron indignación entre grupos internacionales de derechos humanos, pero, como con tantas otras muertes violentas en esta región, ningún sospechoso ha sido encarcelado ni se han presentado cargos.
Muchos miembros de la comunidad acusan al ejército por las muertes, pero el gobierno niega toda responsabilidad. La investigación se ha visto obstaculizada por la reluctancia de la comunidad a cooperar completamente, por temor a represalias.
El presidente colombiano Álvaro Uribe no agradece la neutralidad en lo que ha descrito como una "guerra total" contra las fuerzas subversivas. El año pasado, acusó a la comunidad de apoyar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el grupo guerrillero de izquierda más grande del país. Los líderes de la comunidad y activistas por la paz internacionales han dicho que las acusaciones de Uribe no tienen fundamento.
La embajada norteamericana se preocupó lo suficiente de los asesinatos de Guerra y los otros como para retener el ‘certificado' de derechos humanos de Colombia algunos meses después, retrasando la entrega de 35 millones de dólares, de los 600 millones anuales del Plan Colombia y destinado a la lucha contra las drogas y el terrorismo.
Horrorizada por la violencia, la Organización de Estados Americanos exigió que el gobierno de Uribe trabajara con la comunidad de paz sobre la adopción de medidas de protección. Pero dos meses después del asesinato de Guerra y los otros, Urube estableció unilateralmente una base de la policía nacional en medio de San José de Apartado.
La comunidad objetó, diciendo que esa base debería haber sido instalada en las afueras del pueblo. La mayoría de los vecinos huyeron y ya no consideran al pueblo de San José como parte de la zona neutral.
"Nadie ha olvidado lo que pasó en Bojaya", dijo Araiza, el líder de la comunidad, refiriéndose a un pueblo en el vecino estado de Choco, donde en 2002 las guerrillas mataron a 119 campesinos en un ataque de morteros después de que unidades paramilitares del ejército ocuparan brevemente el pueblo.
Desde los asesinatos de febrero de 2005, han muerto otros tres vecinos.
La región de Uraba fue un bastión de la guerrilla hasta fines de los años ochenta, cuando el movimiento de paramilitares de extrema derecha empezó una reacción financiada por los hacendados para contrarrestar las extendidas prácticas de extorsión, secuestros y asesinatos de la guerrilla.
Desde entonces, los dos lados han librado una cruenta guerra por el dominio de la zona, mientras la ideología deja el espacio libre a la lucha por el control del comercio en drogas y armas y propiedad inmobiliaria en Colombia. Periódicos avances y retrocesos de los lados en conflicto han causado toda una marejada de evacuaciones de los campesinos pobres de Uraba, como Vargas.
Los paramilitares de Colombia están siendo desarmados, pero el cada vez más grande ejército de Uribe está llenando el vacío.
En Arenas Altas, Vargas se gana laboriosamente la vida como aparcera, arrendando tierras donde cría cerdos, y cultiva arroz y trigo. La malaria, la fiebre dengue y varias especies de serpientes venenosas pueden imponerse, pero Vargas, una mujer pequeña y desgastada, cuya piel y expresión reflejan toda una vida de dificultades y tragedias, dice que está feliz de vivir en el campo. Durante sus años como nómade, pasó un tiempo en la ciudad de Medellín, donde dice que la gente es tratada como si fueran "máquinas" y casi murió de hambre y soledad.
"Cuando no tienes trabajo, no tienes un lugar donde quedarte y no conoces a nadie, eres simplemente un objeto de reproche en la ciudad", dice Vargas, agregando que se vio obligada a mendigar en las calles para sobrevivir. "En el campo puedes al menos cultivar lo que necesitas para vivir".
En una comunidad donde todo el mundo parece haber perdido a algún familiar a manos del poder arbitrario de las armas, Vargas no es una excepción: Su marido y dos de sus hermanos murieron en la guerra. No le gusta hablar sobre sus muertes.
Aunque ahora la violencia parece engañosamente distante en el tiempo, el pueblo no ha sido olvidado por las partes litigantes.
En marzo estalló una balacera entre las guerrillas y el ejército; los dos lados se dispararon desde las colinas, y las balas pasaban zumbando sobre el pueblo en el pequeño valle abajo. En la balacera murió un soldado.
Vargas cree que la presencia de Kozak y su colega voluntario de FOR, Gilberto Villaseñor, ha salvado a los aldeanos de otra orden de evacuación forzada, o algo peor.
"Si no hubieran estado aquí, nos habrían aplastado", dijo.
Justo antes de que empezara la batalla, Vargas y los dos voluntarios se acercaron a las tropas que se habían reunido en la cancha de fútbol. Ella sabía que los guerrilleros estaban en la zona, y pidió a los soldados que dejaran marcharse a un padre y su hijo, que habían sido detenidos, y que se fueran, para evitar el derramamiento de sangre.
Kozak, que describió la balacera de media hora como "terrible y ensordecedora", habló con admiración del coraje del Vargas, diciendo que se ofreció a correr riesgos ella misma para ahorrar al pueblo la violencia, que su testaruda insistencia en hablar de frente y mantenerse en sus trece había ayudado a la causa de la paz.
Vargas, que todavía espera que la guerra termine y que pueda volver algún día a su finca en Esperanza, dijo que tenía poco que perder.
"Vivir en el campo", dijo. "No sabría vivir de otra manera".

chris.kraul@latimes.com

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víctimas de los paramilitares

mqh - 07 de mayo de 2007 - 23:25 - américa latina

[Katalina Vásquez Guzmán] Principio de un hallazgo macabro. Desenterraron 211 cuerpos asesinados en el sur colombiano.

En todo Colombia se encontraron casi mil cadáveres de asesinados y puestos en fosas comunes por los paramilitares de ultraderecha. La fiscalía tiene documentación para dar con unas 10 mil víctimas.
Con los 211 cadáveres exhumados en Putumayo (sur), ya se encontraron casi 1000 cuerpos de desaparecidos en todo Colombia por parte de los paramilitares. En fincas y al borde de carreteras del departamento de Putumayo, limítrofe con Ecuador, fueron hallados 105 cadáveres en 56 fosas comunes, la mayoría de ellos desmembrados y con tiros en la cabeza. Los autores de los crímenes serían los paramilitares del Frente Sur del Putumayo de las Autodefensas, reducto el Bloque Central Bolívar. Según el informe judicial de la Comisión que desenterró los cuerpos este sábado y que se sumaron a otros 106 encontrados en las últimas semanas en la misma zona, el responsable de ordenar la mayoría de los crímenes es Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, ex comandante del Central Bolívar.
El grupo paramilitar ultraderechista llegó a la zona en 1999 para tomar el control del territorio, rico en cultivos de cocaína, hasta entonces dominado por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Macaco está recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí, Antioquia, junto a los demás ex jefes de los grupos paramilitares desmovilizados en un proceso impulsado por el gobierno del presidente Álvaro Uribe y en el marco de la polémica y cuestionada Ley de Justicia y Paz, que les otorga beneficios jurídicos como el de pagar máximo ocho años de cárcel por crímenes como los de Putumayo.
Desde hace más de cuatro semanas, 14 fiscales de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y 14 funcionarios de criminalística de la Policía Judicial (Dijín) se encontraban en la zona recogiendo información y explorando los terrenos. "Con el trabajo de los investigadores se lograron exhumar 211 cuerpos en Putumayo, con los que son ya casi 1000 los cadáveres de desaparecidos encontrados en todo el país", le informó a Página/12 el portavoz de la Fiscalía, Rodrigo Barrera.
Los hombres, mujeres y niños encontrados en Putumayo habrían sido asesinados por ser supuestos colaboradores de la guerrilla. Quienes los señalaban recibían dos millones de pesos colombianos (unos mil dólares) de manos de Macaco y Arnolfo Santamaría Galindo, alias Pipa, el segundo al mando del Bloque. Estos y otros paramilitares interrogaban a los ciudadanos, en lugares apartados y boscosos, para después decidir si morían o no. "Por lo general, a quienes caían en sus manos les esperaba la muerte. (...) el cuerpo del supuesto colaborador de la guerrilla era desmembrado y enterrado para no dejar rastro alguno", relata un documento de inteligencia de la policía revelado ayer en el diario El País, de Cali.
El presidente Uribe dijo el sábado, en un consejo comunal en Pasto,ciudad al sur del país, que "estamos en la tarea de buscar a todos los compatriotas que se han denunciado en varias décadas como desaparecidos (...) para que por lo menos la tristeza no esté dentro de la incertidumbre".
Entre los centenares de cadáveres de personas asesinadas por los grupos de autodefensa encontrados este fin de semana había algunos ecuatorianos. "Hay que advertir, en este momento, que parte de las víctimas eran extranjeros, en este caso ecuatorianos", dijo el fiscal general de la Nación, Mario Igurán, en conferencia de prensa.
Rodrigo Barrera le explicó a este diario que sobre los extranjeros "no se sabe nada todavía. La identificación de los ecuatorianos será especialmente difícil pues no hay ayudas como la entrega de prendas u objetos que, comúnmente, aportan las familias de los desaparecidos".
El próximo paso en la búsqueda por la verdad sobre los crímenes de los paramilitares en las veredas de El Placer, La Dorada, El Tigre y San Miguel, del municipio de La Hormiga, en el bajo Putumayo, será el de identificar los cuerpos que serán llevados a la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca. La tarea se complica cuando los recursos de laboratorios son escasos en Colombia y la cantidad de restos a identificar va en aumento. Se calcula que podrían ser 3000 los cuerpos todavía enterrados en esa fosas comunes en esa zona del país, según el fiscal Igurán. "Por la gran cantidad de cuerpos encontrados y de los que se están buscando la identificación podría tomar mucho tiempo, pero se estima que pronto se dispondrán los recursos necesarios para agilizar el proceso", comentó Rodrigo Barrera.
Ayer, Luis González León, director de la Unidad de Justicia y Paz, anunció que ante la magnitud de los hallazgos será necesaria la creación de un centro único de identificación de cadáveres, en Bogotá, y otros regionales que recibirían apoyo de organismos internacionales y de la embajada de Estados Unidos. González dijo también que las fosas se han encontrado gracias a informaciones de desmovilizados de las autodefensas, familiares de las víctimas y habitantes de la zona.
Más fosas que esconden el horror y la crueldad de los paramilitares están siendo buscadas en los departamentos de Antioquia, Magdalena, Caldas y Córdoba. Son cerca de 10 mil los hombres y mujeres víctimas de los "paras" enterrados en fosas comunes, sobre los que la fiscalía tiene documentación. Fiscales, un antropólogo forense, un bacteriólogo, un topógrafo, criminalistas y funcionarios de apoyo viajan por el país en busca de más macabros hallazgos.

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chávez amenaza a bancos

mqh - 04 de mayo de 2007 - 18:38 - américa latina

[Jorge Rueda] Presidente Chávez amenaza con expropiar a los bancos.

Caracas, Venezuela. El presidente venezolano Hugo Chávez advirtió el jueces que nacionalizará los bancos del país y al más grande productor de acero si persisten en incurrir lo que llamó prácticas inescrupulosas.
La amenaza de Chávez no parece indicar un expropiación inminente, sino más bien parece dirigida a convencer a las empresa para que contribuyan más a la industria local en un discurso en el que prometió que Venezuela se encaminaba hacia una sociedad sin clases. Junto a recientes decisiones de nacionalizar las telecomunicaciones, las compañías de electricidad y el sector petrolífero, la advertencia fue otro signo de que Chávez está hablando en serio cuando se refiere a la profundización de su revolución socialista.
"Los bancos privados tienen la prioridad de financiar a bajo coste a los sectores industriales de Venezuela", dijo Chávez. "Si los bancos no están de acuerdo, es mejor que se marchen, que me entreguen los bancos, que nosotros entonces nacionalizaremos para que todos los bancos trabajen por el desarrollo del país y no para especular y obtener grandes beneficios".
No quedó claro si Chávez se estaba refiriendo solamente a los bancos venezolanos, incluyendo a Mercantil Servicios Financieros CA y al Banco Provincial SA, o también a importantes bancos internacionales con sucursales en el país, como el Citigroup Inc., con sede en Nueva York, y los españoles Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA y Banco Santander Central Hispano SA.
Chávez también advirtió que el gobierno podría expropiar al productor de acero Sidor, que es controlado por Ternium SA., de Luxemburgo. Las acciones de Ternium en la bolsa norteamericana descendieron ayer en casi un 3.9 por ciento, llegando a 26.15 dólares (19.21 euros) el jueves en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Sidor "ha creado un monopolio" y vendido en ultramar el grueso de sus operaciones, obligando a los productores locales a importar tuberías de otros lugares, dijo Chávez.
"Si la compañía Sidor... no acepta inmediatamente cambiar este proceso, me obligarán a nacionalizarlos", dijo Chávez, argumentando que la compañía debe dar prioridad al suministro de las industrias nacionales.
"Preferiría que no", agregó Chávez, mientras ordenó al ministro de Minería José Khan que se dirigiera inmediatamente a la sede de Sidor y volviera con una recomendación en 24 horas.
Sidor y los bancos no respondieron peticiones de que comentaran esta noticia.
"No creo que ocurra de inmediato, son solamente amenazas. No creo que sea posible implementarlas ahora mismo", dijo Franklin Rojas, director del instituto económico CIECA, de Caracas.
Rojas observó que Chávez probablemente se enfrentaría a su aliado argentino, el presidente Néstor Kirchner, si tratara de nacionalizar Sidor. La matriz de Sidor, Ternium, es controlada por un importante conglomerado argentino, el Techint Group.
Chávez hizo los anuncios en un discurso televisado, instando a los venezolanos a poner un lado el materialismo y recordando al héroe de la independencia Simón Bolívar cuando dijo que el país debe cerrar la brecha entre ricos y pobres.
"Bolívar dijo que un día en Venezuela habría una sola clase", dijo Chávez. "Es allá hacia donde vamos... hacia la igualdad y la justicia".
Chávez inició una campaña de nacionalizaciones en enero para imponer el control del estado sobre compañías ‘estratégicas'. Su gobierno expropió esta semana operaciones de varios billones de dólares de las principales industrias petroleras extranjeras y anunció que no pagaría compensaciones en dinero.
"No creo que tengamos que pagar para llegar a algún acuerdo con las compañías", dijo el ministro del Petróleo Rafael Ramírez, de acuerdo a una transcripción de una entrevista con el canal estatal.
Ramírez no dio más detalles sobre cómo piensa indemnizar el gobierno a BP PLC, ConocoPhillips, Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., France's Total SA y la Statoil ASA de Noruega, que han invertido más de 17 billones de dolares en proyectos.
Ramírez dijo que una de las compañías, la Conoco-Phillips, con sede en Houston, sería expulsada del país y se le prohibiría que siguiera siendo un socio minoritario en una joint venture con el estado si continúa resistiéndose a la expropiación. La compañía es la única que no ha firmado un acuerdo en principio reconociendo el control del estado venezolano.
"No estoy engañando a nadie", dijo Chávez. "Sólo estoy gobernando al país, y el país me ha elegido varias veces... Los que votaron por mí apoyan al socialismo, y es allá hacia donde vamos".

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