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ratifican condena de chacal contreras


Ratifican condena a Manuel Contreras por secuestro calificado de dos militantes del MIR. Sergio Tormen y Luis Guajardo desaparecieron en 1974 a manos de agentes de la Dina.
Santiago, Chile. La Corte Suprema ratificó la condena a Manuel Contreras Sepúlveda y Marcelo Moren Brito en la investigación por los secuestros calificados de Sergio Tormen Méndez y Luis Guajardo Zamorano, cometidos a partir del 20 de julio de 1974, en Santiago.
Guajardo Zamorano (de entonces 22 años) era miembro del club Centenario de ciclismo, dirigente del MIR y fue detenido el 20 de julio de 1974 por agentes de la DINA; mientras que Tormen Méndez fue campeón nacional de ciclismo y aquel día fue interrogado por las actividades de su amigo y posteriormente detenido.
En fallo dividido, la Sala Penal del máximo tribunal rechazó los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que condenó a 10 años de presidio a Contreras y Moren Brito.
Los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Domingo Hernández rechazaron los recursos de casación; mientras que los magistrados Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros fueron acogieron el recurso y abogaron por una sentencia absolutoria, acogiendo la figura de la prescripción.
En el aspecto civil, también se rechazó el recurso de casación, acogiéndose así la demanda de indemnización de perjuicios presentado por Cinthya Tormen (hermana de una de las víctimas), condenando al fisco a pagar la suma de $30 millones.
En este sentido, la sentencia se adoptó por votación de mayoría de los ministros Dolmestch, Künsemüller y el abogado Hernández y con el voto en contra de los magistrados Segura y Ballesteros.

21 de enero de 2009
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piden procesar a ex edecán krauss


Pedirán procesamiento del ex edecán Krauss por caso Pisagua. En la entrevista publicada en La Nación Domingo, Herrera Jiménez lo acusó de ordenarle matar. El abogado Adil Brkovic, quien pedirá el encausamiento, dijo que existen varios testimonios que lo acusan.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. El procesamiento del ex edecán de la Cámara de Diputados, coronel (R) y ex agente de la CNI, Jaime Krauss Rusque, pedirá el abogado querellante en la causa por los crímenes de Pisagua, Adil Brkovic, quien dijo a La Nación que solicitará el encausamiento porque "ya hay varios testigos que acusan al coronel (R) Krauss de participar en los crímenes del campo de Pisagua, entre ellos Carlos Herrera Jiménez, el ex jefe del retén de Carabineros de ese lugar, Manuel Vega Collao, y otros que tomaron parte en las ejecuciones extrajudiciales".
En la entrevista publicada al mayor (R) Carlos Herrera en la última edición de La Nación Domingo, éste dijo que Krauss, quien se encontraba al mando de la guardia rotativa en Pisagua, le dio la orden para matar al prisionero Nelson Márquez Agurto, hecho ocurrido entre los días 17 y 18 de enero de 1974.
Además, Herrera admitió participar por los mismos días en la ejecución extrajudicial de un grupo de seis prisioneros, a quienes se les acusaba de estar involucrados en el tráfico de drogas, distinto al resto que permanecía arrestado por actividades políticas de izquierda.
Krauss es también acusado en el proceso por algunos fusileros de dar la orden de disparar en contra de este grupo. Entre ellos está Vega Collao. "Yo recuerdo haber visto a Krauss participando activamente en el fusilamiento", sostiene Vega en una declaración procesal.
La historia judicial del ex edecán, hermano del ex ministro del Interior Enrique Krauss, no es clara.
El 22 de julio de 2004, la jueza Carmen Garay procesó a Krauss, Herrera Jiménez y Vega Collao, como coautores materiales de los crímenes de Márquez y del referido grupo integrado por Orlando Cabello, Nicolás Chánez, Juan Mamani, Luis Manríquez, Hugo Martínez y Juan Rojas.
A raíz de ello, Krauss fue expulsado como edecán de la Cámara de Diputados. Pero poco después el ministro Joaquín Billard, de la Corte de Santiago, que asumió la causa, revocó el procesamiento en su contra.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en el juicio, apeló de ello ante el tribunal de alzada, apelación a la que adhirió el abogado Brkovic.
Pero luego el organismo fiscal se desistió de la apelación, por lo que la Corte nunca revisó entonces la revocatoria dictada por Billard.
"Todo esto fue muy extraño, no quiero prejuzgar, pero aquí hubo algo raro en la actitud del CDE y de Billard. Por eso vamos a pedir de nuevo el procesamiento de Krauss y si el ministro Billard lo niega, vamos a ir a la Corte y allí entonces recién este tribunal podrá pronunciarse acerca de los argumentos del juez para no procesar, y antes para revocar el encausamiento del ex edecán", dijo Brkovic a La Nación.
Lo que más extraña a la parte querellante son los múltiples testimonios judiciales que desmienten a Krauss, quien afirma que a Pisagua sólo fue mandado por el entonces coronel Odlanier Mena, a contar medicamentos y otros insumos regalados a los presos por la Cruz Roja. Entre quienes lo desmienten está Carlos Herrera, como lo afirmó en la entrevista.

21 de enero de 2009
©la nación
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el documento que no existía


Antecedentes exclusivos de la investigación por la compra de los 25 aviones belga Mirage. El documento que niegan el general (R) Vega y su hijo. Pese a que el general (R) Vega y su hijo dicen desconocer la cuenta en la que recibieron casi US$500.000, el Departamento de Justicia de EEUU entregó documentos oficiales del banco donde se realizó la transacción.
[L. Narváez y A. Chaparro] Santiago, Chile. Poco menos de un mes alcanzó a estar abierta la cuenta Nº 544189, del banco Coutts & Co, en EEUU, donde el ex comandante en jefe de la FACh, Ramón Vega Hidalgo y su hijo Gustavo Vega Pizarro, recibieron US$441.189,62 provenientes de comisiones ilegales pagadas por la compra de los 25 aviones Mirage, según la indagatoria.
Pese a que tanto el general retirado como su hijo dicen desconocer la cuenta y el dinero, hace mucho tiempo que esta operación se encuentra probada en el expediente que se encuentra en manos del ministro en visita Omar Astudillo.
Es una de las piezas que sirvió para someter a proceso al ex uniformado como autor del delito de malversación de caudales públicos por más de 2 millones 800 mil dólares.
El documento, dado a conocer a La Nación en Europa por una fuente de la investigación, fue obtenido por la justicia de Bélgica luego de que tanto la Fiscalía y el Primer Juzgado de Instrucción de Bruselas solicitaran el alzamiento del secreto bancario de varios sospechosos y sus empresas al Departamento de Justicia de EEUU.
Siguiendo el movimiento de las cuentas del principal intermediario del negocio de los aviones, Carlos Honzik (y la empresa que sirvió para distribuir las comisiones, Berthier Investment Inc.), se descubrió que desde una de las cuentas (Nº 0054316511) que mantenía en el Coutts & Co (bajo la denominación de TABA) realizó una transferencia que beneficiaba a Gustavo y Ramón Vega.
Posteriormente, los mismos belgas, en una segunda petición a las autoridades judiciales de EEUU, pidieron que se levantara el secreto bancario de dicha cuenta.
Fue así como se descubrió el detalle de la apertura y cierre. Lo extraño es que, pese a que ambos dicen desconocer esta cuenta, el banco mantiene documentación oficial y detalles muy comprometedores como fotocopias autorizadas de los pasaportes, de las empresas que ambos tenían, direcciones, teléfonos y un ejecutivo asignado: Ricardo J. Daugherty. Este último el mismo de Honzik.
En el ‘Client History and Profile’ el banco señala que "el señor Gustavo Vega P. fue referido a nosotros por nuestro buen cliente, señor Kaner (sic) Honzik (Berthier Investment Inc)".
El padre del sujeto posee y opera una firma de bienes raíces y construcción Inversiones Calafquén. El señor Vega viene altamente recomendado por el señor Honzik. El sujeto informó que tiene una cuenta con Coutts and Company (Londres).
La apertura de la cuenta se registró el 25 de marzo de 1996. El 28 de marzo se transfiere la millonaria comisión y en abril, la cuenta ya estaba cerrada.
El ‘Client History and Profile’ es una pieza fundamental en bancos que trabajan con cuentas que operan con transacciones internacionales.
La propia institución destaca que "la historia y perfil es una fuente clave de información de respaldo relacionada con el cliente. Debe ser mantenida a la vista del cliente y ser usada como base de planificación del cliente, en conjunto con los reportes individuales"
El abogado del general (R) Vega, Luis Cifuentes, dice haber solicitado al tribunal que se pida información de esta cuenta. Sin embargo, el magistrado hace más de un año que ya cuenta con estos datos.

Corte Revisa Libertades bajo Fianza
El ministro Omar Astudillo concedió ayer la libertad bajo fianza al ex comandante en jefe de la FACh, general (R) Ramón Vega, quien permanece bajo arresto desde este lunes en la Base Aérea de El Bosque, tras ser procesado por malversación de caudales públicos.
El magistrado fijó una fianza de $3 millones y dispuso que la libertad otorgada sea revisada por la Corte. Hoy el tribunal revisará la decisión.
Así como concedió el beneficio a Vega, el juez también decidió otorgar la libertad a los otros tres oficiales (R) procesados previo pago de una fianza de $1 millón y la correspondiente consulta a la Corte.
Si el tribunal confirmara su decisión, hoy también podrían abandonar el recinto de la FACh, donde permanecen detenidos, los generales (R) Jaime Estay y Florencio Dublé junto al coronel (R) Luis Bolton, procesados en calidad de cómplices del mismo ilícito por haber recibido, el primero, US$65 mil y los otros dos US$60 mil.
Estos montos corresponden a dineros derivados del precio pagado por Chile para la adquisición de los aviones belgas, según el procesamiento.

21 de enero de 2009
©la nación
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aprueban proyecto sobre desapariciones


Aprueban proyecto que regula efectos jurídicos de desaparición forzada de personas. El texto, aprobado en particular, regula en los ámbitos patrimonial y familiar los casos de los detenidos desaparecidos, sin necesidad de recurrir a la figura de la muerte presunta.
Valparaíso, Chile. El proyecto (boletín 5971), enviado al Senado a cumplir su segundo trámite constitucional, recoge el problema de los familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, los cuales no han tenido un modo legal de dar curso a los asuntos patrimoniales y de familia ocasionados por la desaparición de sus familiares.
Actualmente, la única manera de dar estatuto legal a los derechos de los familiares sobre los bienes de un detenido desaparecido, es reconocer su muerte natural o presunta, a lo cual muchos se rehúsan, según menciona el mensaje del Ejecutivo, porque "no es posible ni aceptable reconocer la muerte de sus familiares, sin que se aclare cuál fue la suerte que corrieron y cuál fue la participación precisa de agentes estatales, o que actuaron a nombre del estado, en su desaparición".
Asimismo, el uso de estas figuras podría, por la vía de la interpretación, debilitar la legítima demanda por verdad y justicia.

Desaparición Forzada de Personas
El proyecto define la desaparición forzada como "el arresto, la detención, el secuestro o cualquiera otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, ocurrida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990".
Será competente para dictar la declaración de ausencia por desaparición forzada, el Juez de Letras del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile. Esta declaración sólo se efectuará a petición de las personas legitimadas para ello, es decir, el cónyuge o los hijos de la persona desaparecida; o a falta de estos, los descendientes; los ascendientes o los colaterales.
La sentencia judicial firme que configure la desaparición forzada de una persona, así como la inclusión de una persona en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación o en el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, o en otro de esta naturaleza que puedan crearse, como detenida desaparecida o como ejecutada (si no existe certificado de defunción correspondiente o, si la familia no tuvo acceso a los restos), serán prueba suficiente de la desaparición forzada.
A continuación, el texto legal regula el proceso judicial para la tramitación de esta solicitud, que incluye la publicación de un extracto de la solicitud en un diario de circulación nacional; a los 30 días, el juez declarará la ausencia por desaparición forzada, salvo que en ese plazo alguien se oponga; en cuyo caso el procedimiento continuará su sustanciación de acuerdo a las reglas del juicio sumario.
De acuerdo a las reglas de esta ley, la declaración de ausencia por desaparición forzada es la sentencia judicial que, reconociendo la desaparición de una persona, transfiere los bienes del desaparecido, y en su caso, disuelve el matrimonio.
La sentencia contendrá, a lo menos, la individualización de los solicitantes, la de los oponentes en su caso, la del desaparecido, el hecho de la desaparición, los fundamentos que se tuvieron a la vista para su establecimiento y la declaración de ausencia fundada en la desaparición forzada.
La iniciativa regula la transferencia de los bienes del desaparecido a sus familiares, es decir, a su cónyuge e hijos, si existieran, o a sus ascendientes.
La sentencia ejecutoriada producirá, sólo en el caso en que el cónyuge no desaparecido lo haya solicitado, la disolución del matrimonio. No obstante, aun cuando la sentencia esté ejecutoriada, el cónyuge no desaparecido podrá solicitar, ante el mismo tribunal que la haya dictado, la ampliación de la sentencia para ordenar la disolución del matrimonio.
Los solicitantes de la declaración de ausencia por desaparición forzada, así como los beneficiarios de las trasferencias reguladas en la presente ley, gozarán de privilegio de pobreza, es decir, no pagarán por los trámites que aquí se establecen.
En tanto, las trasferencias realizadas en virtud de la ley, están exentas de todo impuesto.

21 de enero de 2009
©diario de la cámara
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resoluciones en causas de ddhh


Corte de Apelaciones dicta dos nuevas resoluciones en causas por violaciones a derechos humanos. En investigaciones por muerte de Fernando Iribarren y caso Torres de San Borja.
Santiago, Chile. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Gajardo, adoptó decisiones en dos investigaciones que instruye por causas a violaciones a los derechos humanos.
En un primero caso, el magistrado dictó condena en la investigación por el homicidio calificado de Fernando Iribarren González, ocurrido el 7 de febrero de 1983, en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.
El ministro Gajardo condenó a 10 años y un día de presidio a Aquiles González Cortés y Claudio Sanhueza Sanhueza por su responsabilidad como autores del homicidio calificado antes señalado.
En otra investigación, conocida como Torres de San Borja, el juez dictó procesamiento en contra de Gerardo Urrich González, Juan Fernández Berardi y René Cardemil Figueroa por el delito de secuestro con grave daño (muerte) de Ricardo Montecinos Slaughter, Carlos Adler Zuleta, Beatriz Díaz Agüero, Víctor Garretón Romero, Jorge Salas Paradisi y Julio Saa Pizarro, ilícito ocurrido el 17 de octubre de 1973 en la comuna de Santiago.

21 de enero de 2009
©la tercera
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hija pide reapertura de caso soria


Carmen Soria pedirá a Frei que se una a solicitud reapertura del caso de su padre. Juez Madrid investiga las muertes del diplomático español y del padre del senador y candidato presidencial DC.
[Juan Patricio Peña A.] Santiago, Chile. Luego de que el juez Alejandro Madrid procesara a tres ex uniformados por la muerte de Carmelo Soria, la hija del diplomático español, Carmen Soria, dijo que solicitará reunirse con el senador DC para pedirle que se una a la petición que hará de reapertura del caso por el crimen de su padre. 
El magistrado también indaga la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva y del ex químico de la disuelta Dina, Eugenio Berríos.
"Sería muy bueno que el candidato a la Presidencia, Eduardo Frei, se uniera conmigo y pidiera la reapertura del juicio también. Yo no he hablado con él, he hablado con su hermana (Carmen), pero pretendo pedirle una audiencia a él para la próxima semana", expresó Carmen Soria a latercera.com.
La hija del diplomático explicó que en la investigación sobre el fallecimiento de su padre también está el juicio del ex Presidente de la República, Eduardo Frei. En este sentido, agregó que "este es el mismo juicio por el que se está investigando el caso Berríos".
Carmen Soria, asimismo, valoró los procesamientos del ex brigadier Jaime Lepe (sindicado como el autor material de la muerte del ex funcionario de la Cepal), del ex fiscal militar Sergio Cea y del ex director de Inteligencia del Ejército, general (r) Eugenio Covarrubias. También los de René Patricio Quilhot Palma, Leonardo Quilodrán Burgos y Fernán Ruy González Fernández como cómplices del mismo. A su juicio, sin embargo, debiesen haber sido por otro delito.
"Me parece que las personas que hoy fueron procesadas por asociación ilícita, obstrucción a la justicia, falsificación de instrumento público, está bien, pero aquí el tema es mucha más profundo: es un crimen", expresó. Por ello manifestó: "Por lo tanto el gobierno, el Estado chileno tiene que pedir al reapertura del juicio de mi padre".
De esta forma, Carmen dijo que "le voy a pedir al gobierno de Michelle Bachelet que lo haga, el ministerio del Interior lo tiene que hacer, porque en su momento lo hizo José Miguel Insulza pero al momento de apelar no apelaron".
A juicio de la hija del diplomático, con estos nuevos antecedentes "no es posible que los gobiernos de la Concertación sigan avalando una ley de Amnistía y sigan al margen de los que son los tratados internacionales".
"Cuando el gobierno dice que el Estado es independiente del poder jurídico es mentira, porque el poder jurídico representa al Estado chileno afuera del país", enfatizó.
Este mes, la Corte solicitó a la familia Soria enviar informes "por la ineficacia del gobierno chileno, del Estado chileno que no hace lo que prometió hacer. Vamos a mandar estos informe y será una gran oportunidad para hacer lo que tiene que hacer" sobre el caso.

20 de enero de 2009
©la tercera
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conspiración para encubrir crimen


Juez Madrid procesó a los cabecillas de una conspiración que falseó información a la justicia. Fallo puede reabrir indagatoria del crimen de Carmelo Soria. El magistrado encausó a siete oficiales (R) y civiles que se asociaron para amedrentar y coimear testigos y falsificar declaraciones judiciales en la justicia militar.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Un golpe a la conspiración que facilitó que la Corte Suprema declarara el 24 de agosto de 1996 sobreseído definitivamente por amnistía el crimen del diplomático chileno-español Carmelo Soria, cometido por la Brigada Mulchén de la DINA el 14 de julio de 1976, dio ayer el ministro investigador Alejandro Madrid.
La resolución del magistrado que procesó a un general, un brigadier, un teniente coronel, todos retirados del Ejército, y otras cinco personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento público, y la presentación en juicio de testigos y documentos falsos, podría ser el primer y fundamental paso para que la misma Corte Suprema reabra ahora la investigación de la parte criminal del homicidio del diplomático.
Así lo creen tanto Carmen Soria, hija de la víctima, como su abogado Alfonso Insunza.
"Existen ahora nuevos antecedentes, por lo que creemos que es posible que la Corte Suprema resuelva reabrir el proceso por el crimen de Carmelo Soria. Por eso lo vamos a solicitar así", dijo Insunza a La Nación.
A su vez, Carmen Soria expresó que "este es un gran momento para que el Gobierno pida la reapertura del juicio, como ya lo demandó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".
El encausamiento afectó al ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general (R) Eugenio Covarrubias Valenzuela; al ex secretario del dictador Augusto Pinochet, brigadier (R) Jaime Lepe Orellana; al teniente coronel (R) Patricio Quilhot Palma; al ex fiscal militar y actual profesor de Derecho de la Información de la Universidad del Desarrollo, coronel (R) de Justicia, Sergio Cea Cienfuegos; a sus ex actuarios en esa fiscalía Héctor Zúñiga Cadenasso y Leonardo García Pérez; y a los ex agentes del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), brazo operativo de la DINE, Leonardo Quilodrán Burgos y Fernán González Fernández.
Todos, salvo Covarrubias, Zúñiga y García, quedaron bajo arresto en el Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén.
Covarrubias está en libertad provisional, procesado previamente por el crimen del ex agente de la DINA Gerardo Huber, y ya en calidad de acusado por el homicidio del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos.
A Zúñiga y García el juez les concedió la libertad provisional previo pago de una fianza de 200 mil pesos para el primero y 100 mil para el segundo.

La Conspiración
Cuando en 1993 la jueza del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Violeta Guzmán, inició su investigación por el crimen de Soria luego de que el caso se reactivó, el suboficial y comando de elite de la Brigada Mulchén de la DINA, José Ríos San Martín, admitió ante esa magistrada que a Soria lo mató esa brigada. Y entregó varios nombres de sus integrantes.
Una noche de agosto de 1993, como lo publicó La Nación el 27 de julio de 2008, adelantando esta resolución del juez Madrid, Ríos fue invitado a "cenar" en el Restaurante Casas Viejas en Ñuñoa. Los anfitriones eran Lepe y Quilhot, acusados por Ríos de participar en el homicidio.
Lo amenazaron de muerte a él y su familia, y le dijeron que se desdijera de sus declaraciones. Para ello le regalaron una camioneta que compró Quilodrán. Y Ríos se desdijo.
En paralelo, la Corte Suprema falló a favor de la justicia militar y traspasó la causa a la Segunda Fiscalía Militar que comandaba Cea.
Allí entonces ocurrieron una serie de diligencias truchas, entre ellas falsificaciones de testimonios judiciales de algunos ex agentes DINA, como Jorge Vial Collao. En esas falsificaciones de instrumento público participaron Lepe, Cea, Zúñiga y García.

20 de enero de 2009
©la nación 
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detienen a ex comandante de la fach


Ayer fue procesado por malversación de caudales públicos. General Vega se quedó con casi US$3 millones por compra de aviones Mirage. El ex comandante en jefe de la FACh quedó recluido en la Base Aérea El Bosque.
[Luis Narváez / Gabriel Angulo] Santiago, Chile. Una ironía, que no debe haber estado en los cálculos de la Fuerza Aérea, puso en prisión preventiva al ex comandante en jefe de la FACh, Ramón Vega, en el Grupo de Abastecimiento de la Base Aérea El Bosque.
Lo curioso es que estas instalaciones están a pocos metros de 10 de los 25 aviones Mirage 5, por los cuales hoy se le acusa de haberse quedado con casi tres millones de dólares.
Tal como lo adelantó La Nación Domingo en su última edición, el general en retiro fue sometido a proceso por el ministro en visita Omar Astudillo como autor del delito de malversación de caudales públicos, por un monto total de US$2.895.037.
En la práctica, esto significa que parte de los dineros que estaban destinados a pagar la adquisición de los 25 Mirage Elkan, fueron a parar a cuentas de familiares, ocultos en bancos extranjeros, para uso personal. En otros países, este delito recibe el nombre de peculado.
El fallo, del mismo modo, imputa a los generales retirados Jaime Estay, Florencio Dublé y al coronel (R) Luis Bolton, como cómplices del mismo delito.
Cada uno de ellos tuvo una participación en el proceso de informes técnicos anteriores a la compra de los cazabombarderos de fabricación francesa.
Luego del caso Riggs y los procesamientos contra Augusto Pinochet por delitos tributarios, Vega se transforma en el segundo comandante en jefe de una institución castrense en ser procesado y detenido por delitos de corrupción ajenos a materias de violaciones de los derechos humanos.
Además, se transforma en el uniformado de mayor rango en ser llevado a la justicia por este tipo de delitos, desde 1990.
El juez Astudillo citó a los abogados y a sus defendidos a distintas horas para notificarlos por separado. Los primeros en llegar, cerca de las 9 de la mañana fueron Bolton y Dublé. Posteriormente, a las 11, lo hizo Estay.

Pruebas
En las 30 carillas que componen la resolución del juez, el magistrado estableció que siendo jefe de la FACh, "fue el responsable de la administración y manejo de los recursos que el Estado destinara para la adquisición de material bélico; y, en fin, el proceso evidencia la realización de operaciones bancarias en beneficio de sus dos hijas, de su hijo (aún cuando esta última fue "reservada") y del cónyuge de una de sus hijas, relativas a dineros que derivan directamente o que no pueden sino provenir del precio pagado por Chile con motivo de la compra de los aviones Mirages y sus suministros complementarios, esto es, la cantidad total de dos millones ochocientos noventa y cinco mil treinta y siete coma noventa y tres dólares (US$2.895.037,93)".
Las pruebas que incluye el detalle del procesamiento corresponden a las piezas enviadas desde Bélgica, en noviembre de 2007, por la Procuraduría y el Primer Tribunal de Instrucción de Bruselas, donde se investigó por casi 10 años el pago de comisiones ilegales por el negocio realizado entre la empresa Sabca (Sociedad Anónima Belga de Construcción Aeronáutica), a través de sus intermediarios, con las autoridades de la FACh, encabezadas por Ramón Vega, entre 1992 y 1994.
Entre éstas se muestran registros de transferencias y comprobantes de depósitos que quedaron al descubierto luego que Estados Unidos y Suiza levantaran el secreto bancario respecto de las cuentas personales y asociadas del principal gestor del negocio, Carlos Honzik, entre otros.
La millonaria suma impugnada hoy por la justicia corresponde a la suma de los movimientos financieros que beneficiaron a Vega a través de sus tres hijos, Gustavo, Verónica y Rosa María Vega Pizarro, además del esposo de esta última, yerno de Vega, Bernardo Van Meer.

Las Cuentas
Así, se descubrió que Gustavo Vega Pizarro, hijo de Ramón Vega, mantuvo una cuenta en el Coutts and Co. de EEUU, similar a una bipersonal junto a su padre.
El 28 de marzo de 1996 se registró una transferencia de 441 mil dólares desde la cuenta personal que Carlos Honzik mantenía en el Coutts bajo la denominación de TABA a la cuenta de los Vega y con petición explícita de no mencionar el nombre.
En julio de ese mismo año, Honzik vuelve a realizar una transferencia, desde TABA, por 20 mil dólares hacia la cuenta que Rosa María Vega Pizarro, una de las hijas del general Vega, mantenía en el Midland Bank de Londres.
En marzo de 1998, Rosa María recibe dos depósitos por un total de 100 mil dólares en su cuenta, esta vez en el Coutts de Londres.
De todos los familiares, la suma más abultada corresponde a la que recibió Van Meer, un ciudadano holandés, nacionalizado británico, que fue el gestor en las sombras del negocio y cuya participación Vega siempre ha negado.
Este empresario tenía contactos con el general Jacques Lefebvre (se suicidó en 1995) de la empresa Europavia, entidad que ofrecía una cartera de clientes interesados en comprar los Mirage. Los dos, junto a Honzik (autorizados por Sabca), ofrecieron a Vega el negocio.
El propio Honzik transfiere un total de US$2.774.989 dólares en la cuenta de la Societ de Banques Suisses, de Zurich.
El juez Astudillo no ordenó embargar bienes en su resolución. Cada uno de los procesados tiene derecho apelar y solicitar su liberación. De hecho, el abogado de Vega, Luis Cifuentes, ya pidió la libertad bajo fianza. Sin embargo, aún quedan diligencias pendientes, por lo que se espera que les sea negada. Ninguno de los abogados tiene acceso al sumario.

Vidal Llama a No Confundir
Durante la mañana, el ministro secretario general de gobierno, Francisco Vidal, señaló que el gobierno tiene muy claro "que no hay que confundir la conducta de personas, con el prestigio de las instituciones", agregando que la "Fuerza Aérea de Chile es una institución de prestigio, de una larga historia de servicio al país y, en la eventualidad que haya un proceso de este tipo, lo que el gobierno le solicita a la opinión pública es que separe, lo que son conductas eventualmente irregulares de algunos oficiales, con el comportamiento ejemplar de la Fuerza Aérea de Chile".

Detenidos
Las dos hijas, el hijo, el yerno y la esposa del general (R) Ramón Vega son dueños de propiedades, autos lujosos y una fortuna que es difícil de explicar sin los antecedentes que maneja el juez Omar Astudillo, el mismo que en un año logró procesar a cuatro ex miembros de la FACh acusados de recibir coimas por la compra de los 25 aviones Mirage que en 1994 se compraron al gobierno de Bélgica.
La operación fue realizada mediante un decreto supremo (Nº 7ª, del 01 de marzo de 1994) del gobierno de Patricio Aylwin. Allí se autorizó a Vega efectuar la inversión correspondiente y suscribir contratos con la Fuerza Aérea de Bélgica, con la Sociedad Anónima de Construcciones Aeronáuticas y con el Generale Bank de Bélgica. Tras las negociaciones, en junio de 1994, se suscribió en Bruselas el denominado ‘Contrato de Compraventa de Sistema de Armas MIRSIP PLUS y Suministros complementarios’.
Con los cuatro involucrados procesados y detenidos en la Base Aérea El Bosque, ahora el magistrado tiene puestos los ojos en los hijos de Vega. De hecho, está pensando en viajar a Inglaterra y Estados Unidos para interrogar a los otros miembros de la familia.
También está en la mira del juez el yerno de Vega, Bernard Van Meer. El ciudano inglés, de origen holandés, se casó con las dos hijas de Vega, Rosa María y Verónica. Él sería uno de los que negoció secretamente para que la FACh recomendara comprar los aviones a la Fuerza Aérea de Bélgica.

Esquiva Llegada
Eludiendo la prensa que lo esperaba en las afueras del recinto y en un vehículo particular, el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general (R) Ramón Vega, ingresó pasada la una de la tarde de ayer al comando de apoyo logístico de la FACh en la base aérea El Bosque.
Allí quedó en arresto preventivo tras ser notificado del procesamiento.
La FACh, a través de un escueto comunicado de prensa, señaló que seguirá colaborando con la justicia y que "se abstendrá de formular más declaraciones respecto de esta resolución".

General Dublé, Torturador
En el libro ‘Disparen a la bandada’ (Premio Altazor 2003) escrito por el periodista Fernando Villagrán, se registra la participación de Dublé en diversas detenciones e interrogatorios con tortura de sus compañeros de armas.
Un caso es el del capitán de bandada Carlos Carbacho: "Después de 12 horas lo desamarraron y sintió ese desgarrador dolor en los hombros mientras comenzaba el interrogatorio el comandante Ramón Cáceres. La capucha lo ahogaba y el cerebro se le embotaba provocándole repetidos desmayos. Luego de ese interrogatorio lo dejaron sentarse por un corto tiempo en una colchoneta y comenzó la tortura dura de corrientazos, colgamientos, golpes y simulacros de ejecución que, hasta su traslado a la Escuela de Aviación, el día 18 de octubre de 1973, le prodigaron Cáceres, Ceballos, Fuchloger, Mattig y su compañero de curso Florencio Dublé Pizarro".
En otros episodios, se registra la participación de Florencio Dublé en interrogatorios y torturas aplicadas, entre otros, al general (R) Sergio Poblete Garcés, al cabo 2º Osvaldo Cortés y al sargento 1º Belarmino Constanzo, algunos de los que junto al capitán Carbacho y un centenar de oficiales y suboficiales de la FACh fueron sometidos a un Consejo de Guerra caratulado: ‘CONTRA BACHELET Y OTROS’. (El general Bachelet murió en la cárcel pública luego de uno de los duros interrogatorios a que fue sometido en la AGA).

20 de enero de 2009
©la nación
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