Blogia
mQh

chile

disculpas por matar a gorrión


Jóvenes que decapitaron a gorrión subieron video de disculpas públicas a Internet.
Monteáguila, Chile. La medida fue solicitada por la Fiscalía de Yumbel, luego que los estudiantes mataran a un ave y pusieran la filmación en la red.
A partir de ayer está disponible en Internet el video de disculpas públicas que debieron grabar cuatro ex estudiantes de un liceo de la localidad de Monteáguila, Octava Región, que en noviembre pasado decapitaron a un gorrión con una tijera y subieron una filmación del hecho al portal Youtube.
En la audiencia de formalización de cargos, efectuada el pasado 5 de febrero en el Juzgado de Garantía de Cabrero, los jóvenes -todos mayores de edad y recién egresados de enseñanza media-, fueron formalizados por el delito de maltrato animal por el fiscal que recibió la denuncia, Álvaro Serrano.
En la oportunidad, el representante del Ministerio Público solicitó al tribunal la suspensión condicional del procedimiento por un año, con la condición de que los imputados crearan el video, lo subieran al mismo sitio donde estaban las imágenes anteriores y que la duración del clip de disculpas públicas tuviera una extensión similar a la filmación de la muerte y tortura del ave.
El Juzgado de Garantía de Cabrero estableció un año de plazo para sobreer definitivamente el caso, siempre que los imputados cumplan con los requisitos planteados en la audiencia y no incurran en ninguna falta que implique sanción penal.
Álvaro Serrano, el fiscal que encabezó la investigación, señaló a La Tercera.com que el Ministerio Público está conforme con el contenido de las nuevas imágenes, pues "es justamente un video en donde ellos piden disculpas, muestran su arrepentimiento y se comprometen a que no lo volverán a hacer".
El fiscal afirmó que con la concreción de este requisito se cumple una de las condiciones solicitadas para la suspensión del procedimiento, y "ahora lo que resta es que estos jóvenes mantengan un buen comportamiento, pues si ellos son formalizados por otro delito o no informan un eventual nuevo domicilio a la fiscalía, se puede solicitar la revocación de la suspensión condicional".
Según Serrano, el objetivo de este tipo de sanciones es no penalizar conductas que son primerizas y "darle una nueva oportunidad a personas que es la primera vez que cometen un delito, cuando se trate de ilícitos que tienen una sanción relativamente baja, como en este caso", puntualizó el fiscal Serrano.

27 de febrero de 2008
©la tercera
rss


desempleados en huelga de hambre


Cesantes de Curanilahue continúan huelga de hambre.
Curanilahue, Chile. El grupo está compuesto por 11 mujeres y un hombre, todos mayores de edad, algunos de ellos con enfermedades crónicas que requieren medicación constante y otros acompañados por sus hijos. Las condiciones fijadas sólo permiten la hidratación oral con agua mineral de las personas en protesta, sin posibilidad de ingerir alimentación de ningún tipo. Según lo informado por la directiva los huelguistas son Albertina García,( 42 años, 2 hijos), Yohana Carrillo, (36 años 2 hijos),Angélica Sáez, (29 años, 2 hijos), Maria Mariman, (27 años, 2 hijos), Débora Roa, (25 años, 1 hijo), Roxana Vega (27 años, 2 hijos), Tamara Lepe, (18 años, 1 hijo),Vanesa Araya, (23 años, 1 hijo), Alejandra Gutiérrez, (27 años, 1 hijo), Carmen Palacio, (45 años, 1 hijo), Perla Ceja, (51 años, 2 hijos) y la única persona de sexo masculino, Julio Zapata, (26 años, 2 hijos).

26 de febrero de 2008
©renacer de arauco
rss


beneficios para criminales


Familia de Tucapel Jiménez no se opone a beneficios carcelarios al asesino del líder sindical.
Santiago, Chile. El diputado Tucapel Jiménez Fuentes, hijo del ex presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, expresó este lunes que su familia no se opondrá a que se le entreguen beneficios carcelarios a Carlos Herrera Jiménez, condenado como autor del crimen del dirigente sindical.
Durante el acto conmemorativo del 26 aniversario del asesinato de su padre, el parlamentario independiente dijo que pese a que su opinión "no tiene injerencia", la familia no se opone "a que se le den los beneficios carcelarios a Carlos Herrera Jiménez como las salidas dominicales".
Ello, porque "para lograr una mejor convivencia, todos tenemos que estar dispuestos a hacer esfuerzos y sacrificios, y siempre con el único objetivo de que otras familias conozcan el paradero de sus seres queridos y que tengan esa tranquilidad espiritual que nosotros tenemos", explicó.
También el hijo del asesinado líder de la ANEF señaló que sería importante crear una ley que otorgue beneficios, además de los ya existentes en el Código Penal, a los encubridores y a los cómplices de los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura para fomentar la entrega de antecedentes que permitan hallar a más víctimas.
"Yo soy un convencido que los militares activos ya no van a entregar información, por lo tanto, nuestra única posibilidad, es que lo hagan las personas que están siendo procesadas o las personas condenadas. Es nuestra única alternativa y nuestro único objetivo en esta propuesta apunta a que otras familias también conozcan la verdad, el paradero de sus seres queridos y logren al menos la tranquilidad espiritual que nosotros como familia ya logramos", enfatizó.
Acerca de la propuesta del general (r) Juan Emilio Cheyre, quien planteó la incompatibilidad de ocupar cargos públicos de cualquier persona que haya tenido participación en acciones de violencia política, Jiménez, dijo que "es bueno que salgan propuestas, que las pongamos en la mesa y saquemos lo mejor de ahí, yo creo que eso es lo que hay que hacer".
"Como familia también queremos hacer una propuesta para buscar caminos de mejor convivencia, y yo creo que hay puntos que uno podría agregar a la propuesta del general Cheyre como ponernos de acuerdo si justificamos las violaciones a los derechos humanos o las repudiamos; que en los grupos de inhabilidad que Cheyre propuso estén aquellos que ocuparon cargos políticos en el gobierno de Pinochet; pasar a retiro a todos los militares que estuvieron alguna vez en la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), la Central Nacional de Informaciones (CNI) y la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine); y que las Fuerzas Armadas, de una vez por todas, pidieran perdón al pueblo de Chile por todos los horrores cometidos", aseveró.
Tucapel Jiménez Fuentes recalcó que Chile ya tiene una visión clara de lo que fue su padre "un trabajador honesto sano limpio, democrático, que siempre quiso lo mejor para los trabajadores del país", por lo que sostuvo que "ahora estamos enfocados en que los jóvenes conozcan quien fue este hombre, que sabía fehacientemente que había posibilidades de que lo mataran e igual siguió con su lucha, eso es un acto de valentía".
Por último el parlamentario hizo un llamado a todos los sectores políticos para que sin intereses partidarios en una sola misión que es impedir "que tan solo una familia se extinga en este mundo sin saber por qué le asesinaron a su familiar, cómo fueron las circunstancias de la muerte y finalmente donde están sus restos; si logramos ese objetivo tengan por seguro que llegaremos a una mejor convivencia".

26 de febrero de 2008
©la nación h
rss


motín pinochetista en la armada


[Jorge Escalante] El máximo responsable de la Armada ordenó el despido del almirante (R) Kenneth Gleiser Joo, del Hospital Naval de Talcahuano, quien había atacado al alto mando por no proteger a los oficiales investigados por la desaparición del sacerdote Miguel Woodward.
Santiago, Chile. Los 80 almirantes retirados llegaron puntuales a la cita. Uno de ellos, Kenneth Gleiser Joo, quemaba las naves rebelándose con una declaración cuero de diablo.
La reunión, convocada con premura por el comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, no tenía precedentes en la Marina desde el reinicio de la democracia.
El corazón del conflicto volvía a ser la Esmeralda, usada como buque-prisión después del golpe de 1973. Y Gleiser era uno de los cinco altos oficiales retirados que la jueza Eliana Quezada citó a declarar a bordo de la nave el pasado 12 de diciembre.
Las torturas a los detenidos en el buque-escuela y la muerte y desaparición del sacerdote Miguel Woodward eran los espectros que esa mañana acechaban en cubierta.
El 30 de enero de 2008, día del encuentro de los 80 marinos en retiro con el almirante Codina, había transcurrido ya más de un mes desde la diligencia judicial en el molo de abrigo porteño. Pero la bola seguía rodando, arrastrando más nieve y barro a su paso.
Porque si bien Gleiser se allanó ese día a subir a bordo, demandado por la magistrada, no perdonó lo que consideró una ofensa y abrió los fuegos.
El lugar de la reunión, la antigua Escuela Naval, frente al Paseo 21 de Mayo del Cerro Playa Ancha, brindaba ese día el nostálgico paisaje de la bahía de Valparaíso. Pero ninguno reparó en él, pues la convocatoria era "para que volaran plumas", según uno de los asistentes.
El almirante Gleiser, médico neurocirujano de profesión -en la Marina todos se nombran almirantes cuando integran ese cuerpo, a pesar de que hay contraalmirantes, vicealmirantes y un solo almirante, que corresponde al comandante en jefe-, había ido muy lejos.
Terminada la indagatoria, se fue a su casa y redactó la denuncia que envió por e-mail al resto de los almirantes en retiro. Sus iracundas palabras las publicó el diario El Observador, de Viña del Mar, el 19 de enero pasado.
El texto llegó a ese diario a través de un tercero que dijo ser "enviado" por Gleiser, cuestión que éste después negó a través del mismo medio, pero sin desconocer el contenido.
"Se han atropellado las más rancias tradiciones y reglamentos de la Armada. Un buque fue abordado por otro poder del Estado y su comandante se quedó sin mando por siete horas. La Armada se avergonzó de sus oficiales y los escondió", escribió Gleiser.
Unos párrafos antes también dijo que, cuando le tocó su turno y la jueza le ordenó subir a cubierta junto a los otros cuatros capitanes de navío retirados, "subí a un buque fantasma". Y a continuación lanzó otro flechazo: "El comandante [del barco] y el abogado Figari [de la Fiscalía Naval] estaban escondidos".
Por ello su frase de "la Armada se avergonzó de sus oficiales y los escondió". El comandante de la Esmeralda era en ese momento el capitán de navío Humberto Ramírez Navarro, que hoy se desempeña como jefe de gabinete de la subsecretaria de Marina, Carolina Echeverría.
El ex jefe de Sanidad Naval de la Armada y ex director del Hospital Naval de Talcahuano dijo también en su denuncia que esa mañana "a este almirante y a los cuatro oficiales superiores se nos hizo esperar en el vehículo a pleno sol por tres horas [...]. Ningún oficial se presentó a ofrecernos un vaso de agua [...]. Se le informó [de la situación] al almirante Millar [Cristián, comandante entonces de la Primera Zona Naval], y éste contestó que no podía intervenir".

Adherentes y Acompañantes
El correo electrónico, medio que usó Gleiser para difundir el texto de su protesta al interior del cuerpo de almirantes en retiro, comenzó a circular masivamente, recibiendo comentarios tanto o más incisivos contra la jefatura naval.
El abogado y dirigente gremial camionero Mauricio Cordaro Dougnac afirmó: "He recibido con estupor e indignación el e-mail. Daré a conocer públicamente estos insólitos hechos en el programa radial que mantengo en Portales de Valparaíso".
Un tal "Carlos Contador" que sería un coronel (R) de Ejército, asiduo escritor en las páginas nostálgicas de la dictadura que circulan en la red se sumó en la red electrónica a las críticas: "Es increíble que pase esto y especialmente en la Armada, que siempre defendió a los suyos y que su mayor valor ha sido la caballerosidad y el honor. Me puse en la situación del almirante y de los navíos, y me puse rojo de rabia y vergüenza".
Esa mañana, Gleiser estuvo acompañado en el molo por los capitanes de navío (R) Ricardo Riesco, Eduardo Barison, Humberto Santamaría y Tomás Ilich.
En 1973, Riesco era instructor de los guardiamarinas recién egresados de la Escuela Naval que cumplían su instrucción a bordo de la Esmeralda, y desde allí pasó a integrar el grupo de oficiales prácticamente todos infantes de Marina que se encargaron de la represión en los principales centros de detención de Valparaíso los primeros meses después del golpe militar: la Academia de Guerra Naval y el Cuartel Silva Palma en el Cerro Playa Ancha.
Barison era el segundo jefe de la Esmeralda, al mando del comandante Jorge Sabugo, ya fallecido. Y Santamaría e Ilich eran los oficiales de guardia el día en que Woodward llegó al barco, entre el 16 y el 20 de septiembre de 1973.

Habla Codina
Pero aquel 30 de enero, en la antigua Escuela Naval del Cerro Artillería, el almirante Codina golpeó la mesa. Las cosas habían llegado muy lejos, teniendo en cuenta que los ataques se debían a que se había cumplido con las disposiciones de una jueza que investigaba tan delicados y dramáticos asuntos.
Lo primero que hizo fue ordenar que Gleiser, a causa de sus dichos, fuese despedido del Hospital Naval de Talcahuano, donde prestaba sus servicios como médico.
A pesar de estar de vacaciones en Puyehue, el comandante en jefe de la Armada contestó la llamada de LND. "Efectivamente, esa reunión la cité porque las cosas estaban yendo muy lejos y se estaba maltratando a la institución y su mando. También ordené que se despidiera al almirante Gleiser por desleal, porque alguien que ofende así no puede seguir trabajando para la Armada", dijo Codina, relajado.
"Para la fecha en que fue la reunión, el 30 de enero, llegaron muchos, alrededor de 80 almirantes en retiro. Recibí el apoyo de la gran mayoría, e incluso el almirante Douglas Aschcroft, que inicialmente había apoyado a Gleiser, me ofreció públicas disculpas", afirmó.
El almirante Codina fue más allá y desmintió a Gleiser: "No es verdad que ese día se les mantuviera encerrados en un vehículo por tres horas en el molo, porque todos se pudieron bajar mientras esperaban que la magistrada los llamara, e incluso caminaron por el molo y subieron a otros barcos de la institución". Por tanto, sostiene que decir que no les dieron ni un vaso de agua "es falso", porque lo pudieron tomar en cualquier parte.
"Hay que entender que la Armada tiene que cumplir con las disposiciones judiciales en un Estado de derecho y en una democracia, y ello no significa pasar por encima del honor de nadie ni denigrar a la institución", manifestó. Para el comandante en jefe, quien retoma sus funciones los primeros días de marzo, el problema "está resuelto".
Y para fijar su posición ante la Marina y la oficialidad en retiro redactó un comunicado que envió internamente.
"Este almirante reitera que, con la misma intensidad con que seguirá velando por los mejores destinos de todo el personal en retiro, no aceptará actos o conductas que atenten contra el prestigio, dignidad y honor de nuestra institución. Esto, en la convicción de que la lealtad para con la Armada y el mando naval es una obligación irrenunciable, siendo su preservación y práctica el único camino para mantener en alto los valores trascendentes de nuestra institución. En esto, el compromiso es de todos los oficiales, tanto en servicio como en retiro, y debemos asumirlo con el máximo de acuciosidad y rigurosidad", dice el párrafo final de la ‘Posición institucional respecto a críticas expresadas por el contraalmirante (R) Kenneth Gleiser, vía correo electrónico', que firmó el almirante Codina.

En el Punto Penal
El contraalmirante (R) Kenneth Gleiser está en duros aprietos, y no precisamente porque lo despidieran del hospital donde trabajaba o porque el almirante Codina lo llamase a terreno. Gleiser es uno de los candidatos a ser procesados por el crimen de Woodward, al menos como encubridor, en la resolución que la jueza Quezada dictaría en marzo.
Aunque inicialmente negó todo, al final reconoció ante las evidencias, como varios de los oficiales (R) de la Armada indagados en esta causa.
Gleiser no sólo vio a Woodward moribundo cuando llegó a la Esmeralda, sino que subió con él a bordo para examinarlo y ordenó que lo trasladaran de urgencia al Hospital Naval, entonces en Playa Ancha, en cuyo trayecto murió y su cuerpo desapareció para siempre.
La bitácora de la nave, entregada por la Armada a la jueza, y testigos, señalan al médico que llegó a integrar el cuerpo de almirantes. "Venía con los órganos internos destrozados y no tenía posibilidades de sobrevivir", fue la cuenta que Gleiser dio ese día a su comandante en el crucero Latorre, capitán Carlos Fanta, hoy fallecido. Desde ese barco bajó el médico a examinar al sacerdote.
La magistrada también debe resolver si, por distintos niveles de participación, encausa a otros oficiales (R). Entre ellos está el almirante (R) Guillermo Aldoney Hansen, que en 1973 era jefe del Estado Mayor de la Primera Zona Naval de Valparaíso, y supo del estado en que el sacerdote llegó al barco e hizo las gestiones para que Gleiser llegara a la Esmeralda desde el Latorre.
"Tenía una pulmonía", declaró Aldoney en el proceso, mientras que a la Comisión Rettig dijo el 22 de octubre de 1990: "Lo de Woodward fue un accidente". Y agregó: "Por este hecho no se inició una investigación".
Se estableció judicialmente que Woodward fue llevado primero a la Academia de Guerra Naval, donde habría sido duramente torturado, y desde allí conducido a la Esmeralda. La comandancia de esa academia la asumió tras el golpe de Estado el capitán de navío Sergio Barra von Kretschmann, un relevante hombre de la Armada que participó en la DINA y está procesado ya en otras causas.
El mando operativo de ese centro de tortura, bautizado irónicamente por los detenidos como ‘El palacio de la risa', lo tenía el entonces capitán de corbeta Juan Mackay Barriga, que también llegó después al cuerpo de almirantes. Por ello, Barra y Mackay están en la ‘lista de espera' de la magistrada Quezada. Mackay es el vicepresidente del cuerpo de almirantes en retiro, que preside Rigoberto Cruz-Johnson.
La indagatoria identificó asimismo al jefe de la patrulla naval que apresó al sacerdote y lo condujo a la Academia de Guerra de quien mantendremos en reserva su identidad para no entrabar la investigación , que también podría tener responsabilidades penales.

24 de febrero de 2008
©la nación
rss


motivos de una rata


La carta del almirante (r) Gleiser.
Valparaíso, Chile. Estimados, Quiero reseñar a ustedes situación vivida por mí hace algunos días:

1.- Citación, bajo orden de arresto por desacato, por parte de un Inspector de Investigaciones de la Brigada de Derechos Humanos, para comparecer ante la Magistrado Sra. Eliana Quezada en Corte de Apelaciones de Valparaíso en 36 horas.

2.- Efectuados los arreglos para el viaje, me presenté a las 09:00 horas en la Corte. Allí me encontré con cuatro Capitanes de Navío citados. En ese momento se nos comunicó que nos llevarían al buque Escuela Esmeralda, no como reconstitución de escena sino para tomarnos declaración. Se nos trasladó a todos juntos en un furgón de pasajeros pero, custodiados por Investigaciones.

3.- La caravana de vehículos ingresó al molo a través de una cortina de periodistas. En el portalón descendió la Magistrado y un grupo de personas quienes le acompañaron a bordo.

4.- A este Almirante y los cuatro oficiales superiores se nos hizo esperar en el vehículo a pleno sol por 3 horas. En ese lapso no se presentó ni un solo oficial o gente de mar a ofrecernos un vaso de agua o a preguntarnos si es que teníamos alguna necesidad. Estoy cierto, que a través del Señor Director de Sanidad de la Armada, a quien comuniqué lo que estaba sucediendo, se le comunicó al Prizona, Almirante Millar, y éste contestó que no podía intervenir.

5.- Aproximadamente a las 12.30 horas se nos ordenó subir a bordo de un buque fantasma (!!!): en el portalón solo estaba el cabo de guardia. Le pregunté por el Comandante y por el Segundo y tartamudeando me informó que no sabía donde se encontraban (!!!). Se nos condujo a la cámara de oficiales y al descender la escala, medio escondido en la puerta del smoking, se encontraba el Sr. Comandante.

6.- En la cámara estaba constituida la Magistrado y los detectives, además de un grupo de personas que resultaron ser del colectivo de derechos humanos y un familiar de un sacerdote que dicen está desaparecido. En ese ambiente se nos interrogó sin que supiéramos bajo qué condición, si éramos reos, imputados o testigos. Lógicamente, en ausencia de cualquier abogado defensor. Posteriormente me llamó el abogado Figari para darme las disculpas y explicaciones ya que también estaba escondido en el smoking del buque.

7.- Aproximadamente se nos liberó a las 15.30 horas. Sin más explicación.

8.- He creído necesario poner en su conocimiento los hechos sin mas comentarios. Pero, se han atropellado las más rancias tradiciones y reglamentos de la Armada. Un buque de la Armada fue abordado por otro poder del estado y el Comandante se quedó sin mando de su buque por siete horas. La Armada se avergonzó de sus oficiales y los escondió. Cualquiera que fuese la estrategia que se perseguía, "lo cortés no quita lo valiente".

Atentamente saludo a ustedes
Kenneth Gleiser Joo.

24 de febrero de 2008
©la nación
rss



alcalde rata tipo chacal


De la DINA a La Rioja, pasando por Providencia. Alcalde de la UDI fue torturador en planilla de policía secreta.
Santiago, Chile. "Un ponente muy singular". Así calificó el diario español El País el más prestigioso del mundo en lengua española al alcalde de Providencia, Cristián Labbé, quien el 5 de febrero asistió como exponente a unas jornadas sobre innovación y cambio cultural organizadas por el gobierno conservador de la Comunidad Autónoma (región) de La Rioja.
Claro que lo que llamó la atención en el viejo continente no fueron las ideas de Labbé sobre administración municipal, sino su pasado ligado a las violaciones de los derechos humanos.
"Labbé no sólo ha sido coronel de la DINA, enjuiciado por casos de torturas y reconocido por algunos de los detenidos en Tejas Verdes. El ex prisionero Anatolio Zárate, miembro del Partido Socialista, acusó directamente a Labbé de haberle torturado. Labbé también fue acusado de estar presente en el centro de tortura Rocas de Santo Domingo. Prisioneros de aquel centro le reconocieron e incluso un ex agente de la DINA testificó que su presencia era habitual en 1974", señala el reportaje, titulado ‘De la DINA a La Rioja', y que destaca que el edil fue absuelto, al considerar el juez que la enseñanza de los métodos de tortura no es un delito.
"Nadie, ni gobierno ni oposición, reparó en los antecedentes del actual alcalde de la Unión Demócrata Independiente. El gobierno riojano rebajó la intensidad del acontecimiento, pero siguió adelante con las jornadas, olvidando el pasado del principal ponente", se lamenta el periódico, que recuerda también que el ex militar fue jefe de seguridad de Augusto Pinochet y mano derecha del reo Manuel Contreras.

24 de febrero de 2008
©la nación
rss


el siglo en huelga


Intro
Santiago, Chile. Hoy se cumplen 146 días del paro que mantiene el sindicato del diario El Siglo, debido al congelamiento de los sueldos desde 2001 , a la falta de contratos y al despido de algunos funcionarios de ese quincenario del Partido Comunista.
Es por eso que, paralelamente a la edición oficial, los trabajadores están sacando su propio periódico, llamado ‘El Siglo en huelga'.
Son mil ejemplares, con un costo de 150 mil pesos en materiales para la impresión, y de la distribución en quioscos del centro se encargan personalmente los propios ocho trabajadores en huelga, entre ellos periodistas, fotógrafo y diagramador. También, en un canje comercial, le entregan una determinada cantidad al periódico ‘Le Monde Diplomatique'.
Julio Oliva, editor general y presidente del sindicato, señala que los dirigentes del PC han tenido con ellos un trato peor que los empresarios. "Desconocieron el sindicato y lo trataron nuestro problema como tema político", acusa.
Oliva afirma que los problemas se agudizaron en 2005, cuando llegó Francisco Herreros como director, pero que la respuesta del PC siempre fue que la empresa no tenía utilidades para financiar mejores condiciones para los trabajadores.
"Nosotros estábamos preocupados de que El Siglo se vendiera más para subir los sueldos, pero veíamos que se seguía ahondando la crisis", cuenta, asegurando que el actual periódico "oficial" está siendo elaborado por un equipo de periodistas especialmente contratados por el PC.

24 de febrero de 2008
©la nación
rss


llegan a chile refugiados palestinos


Gobierno anuncia llegada de más de 100 refugiados palestinos. Las personas se encontraban en la frontera de Irak con Siria, en graves condiciones sanitarias.
Santiago, Chile. Un grupo de 29 familias de refugiados palestinos que se encuentran en una crítica situación en la frontera de Irak con Siria comenzarán a llegar a partir de la segunda semana de marzo a Chile, según infomó la subsecretaría del Interior.
De esta manera, se materializa la decisión adoptada en septiembre del año pasado, cuando las autoridades chilenas aceptaron reasentar, por razones humanitarias y a solicitud del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), a 117 personas de origen palestino, que habían salido de Irak y que actualmente se encuentran en un campamento en la frontera de ese país con Siria.
El gobierno envió una Misión de Selección al campamento de Al-Tanf, la que entrevistó durante enero de este año a las familias candidatas a ser recibidas en Chile y les informó acerca de las características de nuestro país y de las condiciones en que serán acogidos.
Los refugiados palestinos -58 adultos y 59 niños- llegarán en tres grupos y se instalarán en las comunas de La Calera, Ñuñoa, Recoleta y San Felipe.
Esta iniciativa humanitaria se ha desarrollado gracias al trabajo realizado en conjunto por Acnur, la Vicaría de Pastoral Social, los municipios que acogerán a las familias de los refugiados y el gobierno.

23 de febrero de 2008
©la tercera
rss


indemnizan a partido comunista


[Daniel Labarca] Gobierno entrega al PC gran indemnización por imprenta confiscada en régimen militar.
Santiago, Chile. Tras varios años de litigio judicial, la colectividad accedió a sellar un acuerdo extrajudicial con el fisco. Según quienes conocieron las tratativas del pacto, éste ascendería a $ 5 mil millones.
En las últimas semanas la directiva del Partido Comunista, encabezada por Guillermo Teillier, resolvió una antigua aspiración: compensar económicamente la pérdida de la emblemática imprenta Horizonte, que publicaba los diarios El Siglo y Puro Chile, entre otros, y que fue confiscada por el gobierno militar en 1973.
La indemnización que recibirá la colectividad fue el resultado de una transacción extrajudicial que se selló entre el gobierno y los abogados del PC en noviembre de 2007. Según quienes conocieron las tratativas del acuerdo el pago ascendería a $5 mil millones, cifra que asumiría los años en que la imprenta no hizo trabajos.
Así lo confirmó a La Tercera Teillier, aunque dijo que no ratificaría la cifra que deberá cancelar el Fisco debido a que está de vacaciones.
Jorge Insunza, dirigente comunista que ha estado ligado al tema de la devolución de bienes confiscados por el gobierno militar, manifestó que la transacción se consolidó "después de 14 años de juicio". Agregó que la cifra acordada, "estaba muy por debajo del valor real de la empresa y de todo el lucro cesante que significó el hecho que no funcionara por más de 30 años".

Largo Juicio
En 1995, los líderes del PC iniciaron trámites para recuperar los bienes requisados a los partidos políticos por orden del régimen militar, tras la caída de Salvador Allende.
Los dirigentes decidieron mantener las acciones judiciales en curso, pese a que tres años después -durante el gobierno de Eduardo Frei- se dictó la ley de restitución de bienes, a la que se acogieron mayoritariamente los partidos para ser indemnizados.
Pero el PC optó por la vía judicial debido al estado de avance de las causas. En el caso de la imprenta Horizonte, ubicada en Lira 363, el caso quedó radicado en el 21° juzgado civil de Santiago. El extenso proceso, sin embargo, obligó a que los dirigentes optaran por llegar a un acuerdo a fines del año pasado.
Insunza afirmó que los recursos compensatorios por la imprenta se utilizarán en cancelar "una cantidad de deudas infinitas que las vamos a pagar todas".
El Fisco tiene dos vías para compensar a las colectividades en este tipo de juicios: la devolución del inmueble o si los bienes tienen otro propietario, se paga una indemnización correspondiente al valor comercial del inmueble hoy día.

23 de febrero de 2008
©la tercera
rss


gobierno defiende indemnización


[Juan Patricio Peña] Vidal defiende indemnización al PC por confiscación de imprenta en régimen militar. El ministro explicó que en el país se legisló para devolver "lo que se había robado".
Santiago, Chile. "El derecho de propiedad es para todos no sólo para la derecha". Con estas palabras, el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, respondió a las críticas de la Alianza por el acuerdo extrajudicial que sellaron el Consejo de Defensa del Estado y el Partido Comunista por la confiscación de la imprenta Horizonte en la década del 70.
La senadora UDI Evelyn Matthei, por ejemplo, dijo ayer que por dicha transacción se tendrá que dar explicaciones al país "para verificar si se trata de una indemnización o de un pago político producto de un acuerdo para las municipales".
"Hay alguna gente de derecha que tiene que entender que no todo en la vida es negocio, hay principios y el derecho de propiedad es respetable para el grande y para el pequeño, para el latifundista y para el que robó una gallina, para el que le robaron un fundo el '73 y para el que le robaron la imprenta el '73. Para ambos el mismo principio", replicó Vidal.
El ministro explicó que en el país se legisló para devolver "lo que se había robado", para lo cual se idearon dos fórmulas: si el bien existía, se procedía a devolverlo, y si no, se cancelaba en dinero el equivalente del mismo. "Ese es el respeto al derecho de propiedad", añadió.
Ante la extrañeza de algunos abogados de la plaza respecto del acuerdo alcanzado entre el CDE y el PC, Vidal explicó que "hay situaciones como esta donde la demanda original era de 43 mil millones de pesos y el Consejo de Defensa del Estado, que está a cargo de defender el patrimonio del Fisco, estimó que era mejor llegar a un acuerdo prejudicial y pagar seis mil millones, en cifras redondas, que la eventualidad de tener un fallo en contra y pagar 43 mil millones de pesos".
Asimismo, el titulalar de la Segegob puntualizó que tal decisión fue acordada por la unanimidad de los consejeros del CDE, que integran, entre otros, ex funcionarios del régimen militar.
El vocero del Ejecutivo sostuvo que éste no es el único acuerdo extrajudicial que sella el gobierno, y recordó la indemnización a las familias por el caso Antuco o la compensación a la familia del desaparecido líder sindical Tucapel Jiménez. "El pago se hace con recursos del tesoro público", detalló.

23 de febrero de 2008
©la tercera
rss