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pinochet y la muerte del coronel huber


[Larry Rohter] Muerte de coronel delata tratos secretos de ex dictador en la venta de armas. Pinochet mandó a matar a oficial que lo podía comprometer.
Santiago, Chile. Los chilenos han aprendido a vivir con los traumas políticos legados por la dictadura del general Augusto Pinochet, que terminó en 1990 y dejó cerca de cuatro mil personas muertas o desaparecidas. Pero hace dos años, se sorprendieron al descubrir que el dictador también había acumulado ilegalmente toda una fortuna.
La fuente de esa riqueza, estimada en unos 28 millones de dólares, o más, no es clara. Pero funcionarios chilenos dicen que una investigación que empezó el año pasado sobre la misteriosa muerte de un oficial militar de alto rango, el coronel Gerardo Huber, está proporcionando importantes claves.
La muerte del coronel Huber fue calificada como suicidio después de que se encontrara su cuerpo en la ribera de un río aquí a principios de 1992, justo en momentos en que debía declarar en un caso de contrabando de armas que había salido mal. Esa multimillonaria transacción fue manejada por lo que actuales funcionarios de gobierno sospechan que era una mafia que generaba riqueza para el general Pinochet y su círculo íntimo.
Más que eso, funcionarios de gobierno dicen que el caso Huber sugiere que el general Pinochet y sus cómplices estaban dispuestos a utilizar al servicio de inteligencia militar no sólo para eliminar las amenazas políticas a su poder -una práctica normal para ellos durante la dictadura-, sino también para proteger las fortunas que estaban acumulando subrepticiamente.
En marzo el juez instructor, Claudio Pavez Ahumada, concluyó que el coronel Huber fue "neutralizado" como parte de una conspiración de los militares chilenos para impedir que las ventas de armas y otras "operaciones irregulares" se hicieran públicas.
Seis altos oficiales retirados, incluyendo al antiguo jefe del servicio de inteligencia y otro general, han sido arrestados y acusados de "asociación ilícita" en el caso. El juez Pavez dijo que su investigación no había terminado, y que esperaba descubrir quién ordenó la ejecución del coronel Huber y quién la llevó a cabo.
Él y otros funcionarios de gobierno que investigan el caso, no excluyen que las pistas conduzcan incluso hasta el general Pinochet. De noventa años, atrofiado por la vejez y las enfermedades, el desacreditado ex dictador todavía arroja una sombra sobre la vida del país, pero ha eludido ser procesado durante los dieciséis años desde que dejó la presidencia.
"Fue claramente un homicidio", dijo el juez en una entrevista.
Las actas judiciales, declaraciones y entrevistas con personas implicadas en el caso, sugieren que el rol del general Pinochet en la venta de armas es mayor de lo que ha admitido. Así también, dicen algunos, su conocimiento de las circunstancias que rodean la muerte del coronel Huber.
De momento, el caso Huber es una de cuatro pesquisas judiciales en curso aquí, que han tratado todas la pregunta sobre las ventas ilegales de armas y la posibilidad de que fueran una de las principales fuentes de la fortuna del ex dictador.
Entre los otros asuntos que están siendo revisados, los investigadores dijeron que hay varios que ocurrieron después de que el general Pinochet dimitiera como presidente en 1990. Estas fueron ventas de armas a Ecuador a mediados de los años noventa, en violación de los tratados regionales en momentos en que Ecuador estaba brevemente en guerra con Perú, y la compra de 200 tanques Leopard holandeses en 1998.
Tras dejar la presidencia, el general Pinochet permaneció en las fuerzas armadas como su comandante en jefe durante ocho años más y en esa posición trató de evadir el control civil.
En noviembre, fue acusado por evasión de impuestos y fraude en conexión con sus inversiones en el extranjero, al menos 8 millones de dólares de los cuales fueron colocados en el Banco Riggs de Washington. Cuando uno de los jueces instructores le interrogó en diciembre sobre la venta de armas y la cuenta bancaria, el general Pinochet dijo que no podía recordar los detalles relevantes.
Un informe del Senado estadounidense de julio de 2004, publicado después de la investigación del Senado sobre las irregularidades financieras en el Banco Riggs, contiene copias de documentos que el general Pinochet entregó al banco para explicar el origen de sus depósitos. En esos documentos, el general Pinochet reconoce recibir "comisiones, pagos y honorarios por trabajos realizados en proyectos especiales (asuntos militares) fuera de Chile."
Su abogado Pablo Rodríguez, ha tratado de explicar el origen del dinero diciendo que son pagos derivados de los ‘fondos de reserva' disponibles al general Pinochet como presidente y comandante de las fuerzas armadas, así como de beneficios de operaciones en propiedad inmobiliaria y donaciones de hombres de negocios agradecidos.
Pero María Inés Horvitz Lennon, una abogado que representa el Consejo de Defensa del Estado, el organismo de control jurídico del estado, dijo que no podía encontrar explicación para toda la fortuna de Pinochet.
"Desde 1990 en adelante, idearon un esquema más refinado, porque Pinochet ya no estaba en el poder, y no podían recolectar los sobornos directamente", dijo Hovitz. "Al mismo tiempo, existía la Operación Silencio, una operación en curso para eliminar a la gente que podía poner en dificultades a Pinochet".
Cuando desapareció el coronel Huber el 29 de enero de 1992, había sido director de logística para el ejército chileno durante casi un año. Esa posición lo puso a cargo de la compra de suministros del ejército, incluyendo armas, y lo podría haber colocado dentro de la red de ventas ilegales de armas, un negocio que se echó a perder y quedó al descubierto, dijeron investigadores del gobierno y familiares.
Ees negocio, según muestran los documentos, fue iniciado por un ex agregado militar británico que se acercó a viejos amigos entre los militares chilenos para comprar armas para el nuevo gobierno que se había formado en Croacia tras la disolución de Yugoslavia, que sufría en esa época un embargo de armas de Naciones Unidas.
Antes que hacerlo a través de canales oficiales, él y un colega francés fueron estimulados por sus contactos chilenos a conectarse con una compañía llamada Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile, o Famae, que era nominalmente independiente del ejército y era dirigida por el general Guillermo Letelier Skinner, uno de los hombres más cercanos a Pinochet.
Famae era parte de "todo un aparato de compañías de papel que permitían el pago de sobornos para operaciones de compra y venta de armas", dijo Horvitz.
Documentos del gobierno dicen que el dinero era canalizado hacia las cuentas personales del general Pinochet.
En realidad, Famae accedió a la venta de armas, muestran los documentos oficiales, y se hicieron planes para el envío de una muestra a Croacia, para su inspección, el preludio de lo que se creía que sería un negocio de más de cien millones de dólares. Para evitar ser descubiertos, el destino declarado de las armas, entre las que había pistolas, morteros, misiles tierra-aire y municiones, era Sri Lanka.
Un avión de carga que transportaba las armas, salió de Chile en noviembre de 1991 e hizo escala en Miami, lo que puede haber alertado a la CIA. Cuando el avión hizo otra parada en Budapest, las autoridades requisaron el embarque.
Aquí estalló el escándalo casi inmediatamente, y se ordenó una investigación militar para empezar a buscar a los responsables.
La participación del coronel Huber parece haber sido mínima. Como el oficial de más alto rango en el departamento de logística, estaba nominalmente involucrado solamente en la compra de armas, no en su venta. Pero debido a que trabajaba regularmente con los agentes de aduanas, dicen investigadores del gobierno, sus superiores, aparentemente, le pidieron que ayudara a despejar el camino para el envío de armas.
En una entrevista aquí en enero, la esposa del coronel Huber, Adriana Polloni de Huber, recordó que en mayo de 1991, meses antes de que se descubriera el negocio croata, su marido ya había descubierto información en documentos oficiales que lo hicieron sospechar de que estaba ocurriendo algo irregular.
Él expresó su preocupación al más alto nivel, dijo la viuda.
"Gerardo pidió hablar con el general Pincohet, que se puso furioso con él", dijo. "Estás loco", le dijo Pinochet. "Tienes que internarte en el quinto piso" del hospital militar aquí, donde alojan los pacientes mentales, "y hacerte ver por un psiquiatra".
"Creo que ese fue el momento en que mi marido firmó su sentencia de muerte", dijo la señora Huber.
En la investigación, el coronel Huber estuvo entre los llamados a declarar. Su esposa dijo que parecía excitado ante la idea de ser el chivo expiatorio del asunto.
Había decidido cooperar con los investigadores, dijo, y le había dicho que tenía copias de documentos que incriminarían a muchos oficiales de alto rango en las ventas ilegales de armas y otras operaciones económicamente sospechosas. Los investigadores del gobierno dicen que esas transacciones pueden haber incluido también la compra de armas.
Tras la muerte del coronel Huber, se acusó de la estropeada venta de armas a Croacia, a un par de oficiales de nivel medio del ejército, sobre los que los oficiales dijeron que actuaron por cuenta propia. Uno de los oficiales era el capitán Pedro Araya Hermosilla. Cuando se reabrió el caso Huber el año pasado, el capitán Araya se convirtió en un testigo del estado y declaró que había actuado por órdenes de oficiales superiores en la jerarquía del ejército.
El general Pinochet "tenía pleno conocimiento de esta venta, ya que estaba en estrecha comunicación con el director de Famae y disponía, de parte del ejército, de las armas que eran vendidas por Famae". El capitán Araya contó a los investigadores del gobierno, de acuerdo a una transcripción de su testimonio al que tuvo acceso el New York Times por una persona implicada en el caso.
En un país tan pequeño como Chile, con sólo 16 millones de personas, los militares forman una casta en la que casi todos los miembros del cuerpo de oficiales tiene algún tipo de conexión con los demás. En este caso, la nieta del coronel Huber, Loreto Tapia, estaba casada con Hernán García Pinochet, nieta del ex dictador.
Dos días después de la desaparición del coronel Huber, la joven pareja asistió a la celebración de un aniversario de bodas del general Pinochet en la casa del general.
La señora Tapia, que ya no está casada con el nieto del general, dijo que cuando los oficiales militares la interrogaron, la instaron a no mencionar a los investigadores civiles que había hablado con el general Pinochet en la fiesta. Con los años, ha ofrecido versiones diferentes sobre el asunto.
"Don Augusto me llevó a su oficina y me explicó la situación", dijo en un programa chileno de televisión a fines del año pasado, refiriéndose al general Pinochet. "Gerardo Huber se suicidó".
De hecho, la evidencia forense en manos de los investigadores indica que el coronel Huber estaba vivo todavía cuando el general Pinochet habló con la señora Tapia. Investigadores del gobierno dicen que creen que el coronel Huber fue retenido durante varios días en un centro de detención secreto operado por la misma inteligencia militar chilena a la que había pertenecido en el pasado.
"Huber no murió el día en que desapareció", dijo el juez Pavez. "Murió cinco o seis días después; eso lo sabemos por las evidencias forenses. Así que, ¿dónde estuvo todo ese tiempo?"

19 de junio de 2006
©new york times
©traducción mQh
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criminales con privilegios


Denuncian privilegios de militares procesados por violaciones de DDHH.
El senador PS Alejandro Navarro denunció ayer privilegios de los militares que se encuentran privados de libertad en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, por sometimientos a proceso en casos de violaciones de derechos humanos.
Navarro hizo una presentación ayer ante el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, en conjunto con el abogado Hugo Gutiérrez. Para verificar sus dichos, Navarro entregó un documento llamado "Instructivo y disposiciones para el personal en situación especial", firmado por un coronel a quien no identificó.
Según el parlamentario, los militares encausados por delitos de represión política "se encuentran en condiciones envidiables incluso para un hombre libre".
"Ha sido preocupación del mando que estas instalaciones dispongan el máximo de comodidades y áreas de esparcimiento, de manera de hacer más llevadera su permanencia", reza el documento.
Para ello se fijan determinadas condiciones internas que los reclusos deben respetar. Por ejemplo, tres comidas diarias servidas por un mozo; horario de visitas entre las 9 y 22 horas; chequeo diario por parte de un enfermero; tránsito autorizado por el casino de oficiales, gimnasio, Internet; teléfono libre a red fija, periódicos; estacionamiento para visitas, atención de personal militar durante las 24 horas; comidas especiales y vajilla extra

Revisión Urgente
El parlamentario sostuvo que los ministros y jueces que tramitan procesos por violaciones de derechos humanos debieran revisar estas condiciones de lujo penal, ya que estos militares "no puedan contar con este tipo de privilegios, porque tienen atención a la cabaña, porque no están en cárceles y además cuentan con mozos".
Por su parte el abogado Gutiérrez señaló que el presidente de la Corte Suprema acogió la denuncia y les informó que las derivaría a los ministros y jueces que instruyen estas causas para que se tomen las medidas pertinentes.
"Aquí hay una ruptura evidente del Estado de Derecho y de uno de sus principios, como es la igualdad ante la ley, porque aquí hay sujetos que están condenados y procesados por delitos como homicidios reiterados y secuestros reiterados y resulta que tienen beneficios que sin duda los presos están hoy día cumpliendo penas a lo largo de todo Chile podrían reclamar", recalcó.
Al mismo tiempo enfatizó en que todas las comodidades que existen en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén son pagadas con el dinero de los impuestos que todos los chilenos pagan a diario.

16 de junio de 2006
©la nación
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lujos y privilegios


[Miguel Paz y Javier Rebolledo] Lujos y privilegios de los presos del batallón de policía militar. La Granja VIP. Oficiales de la más alta graduación del Ejército están procesados por asesinato, exportación ilegal de armas y otros crímenes. En su lugar de reclusión, como denunció el senador Alejandro Navarro este jueves, tienen sauna, cancha de tenis, gimnasio, TV-cable, Internet, mucama y menú a la carta. Pero hay más. Les dan permiso para salir y sus esposas se quedan a alojar. Crónica por dentro de una prisión dorada.
En la tarde del pasado martes 7 de marzo, el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general (R) Eugenio Covarrubias; el ex subdirector del organismo, general (R) Víctor Lizárraga; el ex jefe de la Dirección de Logística del Ejército, general (R) Carlos Krumm; el ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército, brigadier Manuel Provis Carrasco, y el coronel (R) Julio Muñoz traspasaron la guardia del Campo Militar de Peñalolén e ingresaron a las dependencias del Batallón de Policía Militar (BPM) para cumplir prisión preventiva.
Esa mañana, los oficiales habían sido procesados por el ministro Claudio Pavez por asociación ilícita para ocultar el asesinato del coronel del Ejército Gerardo Huber.
Sin embargo, su recepción no fue la de un reo común. A medida que entraban al presidio de 57 hectáreas, ubicado en Avenida José Arrieta con Las Perdices en Peñalolén Alto, los soldados se cuadraban ante ellos.
El coronel Sergio Cabezas, comandante del BPM, seguramente hizo lo mismo cuando les leyó las ‘palabras de bienvenida' del ‘Instructivo y disposiciones para el personal en situación especial' que detalla las comodidades y áreas de esparcimiento dispuestas para los procesados en las instalaciones del batallón. El documento es encabezado por un "estimado camarada" y concluye afirmando que "quienes a su alrededor se encuentra (sic) son sus camaradas de armas y en tal condición brindará (sic) lo mejor de sí para su bienestar personal y familiar". Así aclara que los presos aún son miembros de la "familia militar" y serán tratados conforme a ello.
Es tal la "situación especial" de los recluidos en el BPM, que en su primer fin de semana en el recinto militar los esperaba una misa de recepción que contó con la participación de lo más granado del ambiente castrense. Entre los asistentes a la liturgia estaban la esposa de uno de los generales de Ejército más importante del país, e Isabel Forestier, señora del ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre.
Consultado sobre la inusual visita de su cónyuge a una ceremonia de estas características, Cheyre respondió a LND que no tiene por qué saber todo lo que hace su mujer. "La vida privada de las personas es la vida privada", dijo con molestia antes de colgar el teléfono.

Resort Todo Incluido
Con sus guardias armados sobre garitas, el campo militar del Ejército parece una fortaleza. Además del BPM, al interior del complejo se encuentran también el Comando y la Escuela de Telecomunicaciones y el Penal Cordillera, a cargo de Gendarmería desde fines de 2004. En este último cumplen condena bajo régimen interno común el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, los brigadieres (R) Miguel Krassnoff y Fernando Laureani, Marcelo Morén Brito y el recién llegado brigadier (R) Pedro Espinoza, amenazado de muerte por sus ex camaradas, que lo consideran un traidor.
Un miembro del Ejército aceptó introducirnos al recinto castrense. La idea era conocer de primera mano cómo viven los oficiales procesados y comprobar in situ el "riguroso" régimen interno descrito en el instructivo para "personal en situación especial".
Luego de pasar la guardia nos dirigimos hasta las instalaciones donde habitan los militares. Un primer grupo de cabañas pareadas color damasco cuentan con una habitación con televisor, cable VTR y un velador. En cada una hay un living, con una mesa comedor, más cocina, baño y un teléfono para hacer llamadas ilimitadas y a toda hora al exterior. En estas cabañas vive un grupo de militares de menor antigüedad, encabezados por el brigadier Provis y el coronel Muñoz. Hasta dos semanas atrás, los acompañaba el ex agente de la DINA brigadier (R) Christof Willike, quien cayó preso en marzo de este año por el asesinato de la militante del MIR Lumi Videla, y que en 2002 fue procesado por el asesinato del general Prats y su esposa, Isabel Cuthbert. Willike obtuvo la libertad el pasado 22 de mayo, luego de pagar una fianza de un millón de pesos.
Sin duda, uno de los que más sienten su partida es Provis, ya que todas las mañanas trotaban juntos en la pista de atletismo que tienen a su disposición. Algo similar debe sucederle al general Covarrubias, que tenía en Willike a su principal adversario en los partidos de tenis en la cancha de arcilla habilitada para ellos.
Como si fuera deportista de alto rendimiento, cada lunes y viernes Covarrubias sale del campo militar y es trasladado en un auto del Ejército al edificio de las Fuerzas Armadas en calle Zenteno 45. Ahí, responsablementem se le practica una terapia quinesiológica debido a una espondiloartrosis cervical que lo aqueja. Nada que lo deje fuera de las canchas, en todo caso. El especialista Alejandro Cox dice que alguien aquejado de esa dolencia "puede jugar tenis, dependiendo del grado de la lesión".
Por su alto rango, los generales Lizárraga, Covarrubias y Krumm viven en casas con habitaciones más espaciosas que las de sus compañeros de armas de menor grado. También con TV cable, las cabañas cuentan con teléfono y acceso a Internet inalámbrica (wi-fi) para sus notebooks personales. Sus salas de estar están amobladas con un par de cómodos sillones y un frigobar para satisfacer sus necesidades y de quienes los visitan.
El instructivo es generoso al informar que las visitas pueden ingresar todos los días al penal de 9 a las 22 horas. Establece que "los familiares del personal detenido no podrán excederse de los horarios establecidos para visitas, como asimismo pernoctar en dependencias interiores".
Sin embargo, el uniformado que nos introdujo al lugar dice que la ordenanza no se cumple: "Se quedan hasta la medianoche e inclusive, en ocasiones, las parejas de los oficiales pernoctan en las cabañas". Afirmación ratificada por dos magistrados que tienen a su cargo causas de derechos humanos y un alto miembro de Gendarmería que, por su labor, tiene acceso a informes de la situación de los reclusos en el Penal Cordillera y sus alrededores.
No sólo los familiares se encargan de velar por el bienestar de los oficiales. El Cuerpo de Generales en Retiro, núcleo duro de la familia militar vinculada estrechamente a Pinochet, los visita cada jueves para entrevistarse con cada uno los reclusos. Los más asiduos serían Julio Cerda Carrasco y Guillermo Garín, dice la fuente: "En sus visitas, los generales (R), además, celebran almuerzos en el casino de oficiales. Por ejemplo, un mes y medio atrás comieron con Krumm, Covarrubias y Lizárraga".
Aunque las reglas señalan que está estrictamente prohibido ingresar alcohol al penal, frente al frigobar del living de la cabaña de Covarrubias hay una botella de vino tinto empotrada sobre un camioncito de madera que dice "Mercedes Benz". La cabaña de Lizárraga también está frugalmente surtida, asegura el uniformado: "En el clóset tiene vinos muy finos y también varias botellas de pisco".
Los oficiales procesados cuentan además con un sauna donde se relajan por las tardes. Justo al frente se ubica una sala de Internet común con dos computadores para los que no tienen notebook. A pocos metros está la "sala de musculación", con dos trotadoras, dos tablas de pres banca para ejercitar el pecho y los cuádriceps, más una senda máquina universal doble destinada a garantizar un desarrollo balanceado de la musculatura corporal. Todo, acompañado de un televisor pantalla plana de 21 pulgadas en altura para que el ejercicio no sea tedioso.
Cuando los militares quieren hacer vida social pueden hacer uso de las dependencias del casino de oficiales. Se trata de un bar restaurante con sala de cine, ubicada en el subterráneo del edificio. También tiene piscina y una mesa de pool, por si se aburren.

Servicio A la Habitación
El menú de los reclusos es confeccionado en el casino de oficiales y es similar al que reciben los oficiales que trabajan en el Comando de Telecomunicaciones. Si los detenidos requieren alimentación especial deben avisar 24 horas antes para elaborar el pedido o requerirlo afuera. El instructivo puntualiza que pueden comer en "las cabañas y casino, entregado y/o atendido por el asistente mozo". La función de estos sirvientes es vigilada por otros garzones de mayor jerarquía, que cumplen un rol tipo mayordomo de mansión. Están encargados, por ejemplo, de que no existan errores en el orden de los cubiertos al momento de servir una comida.
Del mantenimiento de sus cabañas, los oficiales procesados tampoco deben preocuparse. El instructivo señala que éste "será realizado por la mucama de servicio, considerando aseo en dormitorios, baños y confección de camas". Pero tampoco es chacota. El documento es claro: quienes desean gozar de este privilegio deben levantarse antes de las 13 horas.

El Perraje
Muy distinta es la vida de suboficiales procesados por casos similares. Están también recluidos al interior
del mismo batallón, pero en una antigua casona ubicada a unos 150 metros al sur.
Las habitaciones tienen dos camarotes, donde pernoctan hasta cuatro personas. Sólo hay una habitación individual que cuenta con velador y clóset.
Su horario de levantada es a las 8:30 de la mañana. Después, quedan libres para bajar a un primer piso, donde hay una sala de estar con un televisor, un juego de sillones y una mesa para el grupo, que en ocasiones ha llegado a 25 internos. Hay dos baños comunes para todos los detenidos.
La comida que reciben es la misma que la del batallón. El patio al que acceden tiene unos 12 metros de ancho por 15 de profundidad, donde hay una mesa de ping-pong.
Dentro del mismo edificio, pero separado por un tabique, hay una cárcel de idénticas características. En teoría, ahí debieran estar los oficiales de mayor rango. Sin embargo, esta parte del penal se encuentra vacía. Otra fuente del BPM cuenta que, a veces, cuando llega algún juez a inspeccionar las condiciones en que viven los militares de alta graduación, éstos son trasladados al lugar para que "hagan el teatro de que viven ahí". Después de la inspección regresan a la comodidad de sus cabañas.

Matrimonio En Lo Curro
Aparte de las inmejorables condiciones de vida de los altos oficiales procesados, éstos también han obtenido franquicias especiales para salir del recinto militar.
El pasado viernes 7 de abril, el general Lizárraga asistió al matrimonio de su hija Carolina en la iglesia de la Sagrada Familia, de Lo Barnechea. Después de la ceremonia, la fiesta continuó hasta la madrugada en el Club Militar de Lo Curro. El padre de la novia se retiró del lugar a bordo de un auto con chofer y llegó al batallón pasadas las cinco de la mañana. El problema es que a esa hora, Lizárraga debía estar preso y no de parranda. El permiso que le otorgó el tribunal ordenaba que estuviera de regreso en ‘prisión' a las cuatro y media de la madrugada. El general cumplió a medias.
Tres días más tarde salió con permiso el brigadier Willike. En la mañana del lunes 10 de abril viajó a Valparaíso y volvió en la noche. El motivo: la operación de su mujer, afectada de cáncer. Razón esgrimida por el juzgado respectivo para concederle autorización. En contraste, los suboficiales recluidos no cuentan con este beneficio. Por ejemplo, a uno de ellos le fue negado el permiso para ir a ver a una hija gravemente enferma.
En todo caso, las excursiones fuera del batallón no son nuevas y le han provocado más de un dolor de cabeza al Ejército. Como cuando el 27 de diciembre de 2002, Álvaro Corbalán Castilla, condenado a cadena perpetua por el homicidio del carpintero Juan Alegría, fue descubierto cenando en compañía de sus tres custodios en el club de yates de Papudo.
Pillado en falta, este amante de la noche –que soñaba con ser cantante, pero terminó siendo asesino– argumentó, medio en broma medio en serio, que tenía ganas de seguir la farra de su cumpleaños, celebrado días antes en un edificio del BPM.
Un miembro del Comando de Telecomunicaciones recuerda que la fiesta fue en grande y contó con la asistencia, entre otros, de sus grandes amigos Tito Fernández, ‘El Temucano', y Patricia Maldonado, epítome de la farándula de la dictadura, quien habría ingresado en un furgón a seis mujeres para que bailaran y animaran el carrete de su camarada de los tiempos de Avanzada Nacional.
La opinóloga del matinal de Mega desmiente lo relativo a las danzarinas: "Nunca le he regalado una mina a nadie. Esa es la calumnia más vil que he escuchado en mi vida. Si le llevo regalos a un amigo, le llevaré un perfume, una camisa, una polera. No acostumbro regalar maracas, esos regalos los hacen los hombres".
Como sea, ese día Corbalán lo pasó bomba sin saber aún que sería su última fiesta en prisión. Tras el escándalo por la cena en Papudo, fue trasladado a Punta Peuco, donde los gendarmes no acostumbran a cuadrarse ante los presos.

"Hasta Yo Me Iría Preso"
El BPM es un lugar por donde pasan altos oficiales que se encuentran en proceso judicial. Las dependencias han sido ocupadas por Miguel Krassnoff, Raúl Iturriaga Neumann y otros próceres del régimen militar. Todos han gozado del mismo trato especial de Corbalán, Lizárraga, Covarrubias, Krumm y el general (R) Guillermo Letelier Skinner, junto con otros oficiales de menor jerarquía recién llegados al BPM por tráfico de armas a Croacia.
Los privilegios de los procesados fueron heredados del gallito del Gobierno de Eduardo Frei con el general Augusto Pinochet en 1995, cuando el Presidente decidió la construcción de Punta Peuco, el penal especial construido para albergar a Manuel Contreras y Pedro Espinoza.
El proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo estableció que la tuición de los condenados y procesados estaría a cargo de Gendarmería. Sin embargo, la iniciativa fue modificada.
Finalmente, sólo se logró que los militares condenados pasaran a la custodia de Gendarmería. Pero faltó piso político –por presiones de la derecha– para hacer lo mismo con los procesados, quienes mantuvieron el privilegio de ser resguardados por personal uniformado en dependencias militares.
Para cambiar el estatus del "personal en situación especial" y establecer que cumplan sus períodos de prisión preventiva en cárceles a cargo de Gendarmería, "bastaría un proyecto de ley de quórum simple", asegura el diputado Jorge Burgos.
La holgada situación de los recluidos en el BPM es vox populi en el Poder Judicial y genera malestar entre los jueces que investigan causas de derechos humanos. Varios de ellos preferirían que los militares tuviesen un régimen de prisión como el de los reos comunes, pues bajo las actuales circunstancias los procesados no tienen ninguna motivación para colaborar con sus investigaciones.
Un magistrado a cargo de un caso emblemático resume con ironía la irritación de sus pares: "Si estuvieran en la cárcel de San Miguel confesarían sus delitos a los tres días de presos. ¿Cómo van a hablar si en el batallón viven como en un hotel?. Los tratan por su rango y los atienden mejor que en su casa. Así, hasta yo me iría preso". Pese a las múltiples consultas y llamados de este medio, el Ejército mantuvo silencio.

El Folleto de Bienvenida
El documento ‘Instructivo y disposiciones para el personal en situación especial' describe el régimen interno preparado para los oficiales procesados, que ya quisieran ‘sufrir' los reos que viven hacinados en las cárceles chilenas.
El documento, de cinco páginas, firmado por el coronel Maurice Larée Quevedo, ex comandante del BPM, lleva el rótulo de la Comandancia General de la Guarnición del Ejército de la Región Metropolitana, y fue dado a conocer el pasado jueves por el senador Alejandro Navarro.
El parlamentario y el abogado Hugo Gutiérrez calificaron estas condiciones como "envidiables incluso para un hombre libre", y entregaron los antecedentes al presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, para que éste ordene "que se apliquen las medidas necesarias para que quienes se encuentren privados de libertad en este recinto militar cumplan su pena en condiciones de normalidad y sin beneficios especiales". Navarro agregó que "no es tolerable que militares que están privados de libertad no estén recluidos en una cárcel, sino en un hotel cinco estrellas".
Las "palabras de bienvenida" del instructivo son elocuentes. Aseguran que constituye un gran desafío y alta responsabilidad recibir a los procesados "en este nuevo recinto militar, diseñado con modernas medidas de confort y seguridad, para el efecto de brindar la más grata estadía y el resguardo de vuestra integridad física". En tal sentido, dice el texto, "ha sido preocupación del mando que estas instalaciones dispongan del máximo de comodidades y áreas de esparcimiento, de manera de hacer más llevadera su permanencia".

18 de junio de 2006
©la nación
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otros cinco reportajes chilenos


1. Ex dina entra a la cárcel. 2. Radiografía de cárcel de Antofagasta. 3. Riñas de gallos en Arauco. 4. Hijo de Pinochet falsificó pasaportes. 5. Procesan a generales por tráfico de armas.
[Jorge Escalante] Ex DINA va a la cárcel. Ex camaradas no lo quieren en el penal Cordillera y advierten que su vida peligra. Los detalles del ingreso a la cárcel de Pedro Espinoza, el ex segundo hombre de la DINA. El ‘Mamo' Contreras, Krassnoff y Laureani se la jugaron en Gendarmería para no tenerlo de vecino, aduciendo primero falta de cupo. Luego, entraron a las amenazas y dijeron que "su vida corre peligro aquí", porque Espinoza "se ha ido de lengua".
Como último recurso, el ‘Mamo' Contreras, Miguel Krassnoff y Fernando Laureani, ‘estrellas' de la DINA que cumplen condena en el penal Cordillera, mandaron decir al ministro Alejandro Solís que la vida de Pedro Espinoza "corre peligro aquí adentro, así que es mejor que no lo manden para acá". Espinoza, ex subdirector de la DINA que estaba en libertad, debía ingresar ayer a ese recinto a cumplir diez años de presidio por el secuestro de la periodista Diana Arón, como finalmente ocurrió, no sin problemas. Los otros ya están cumpliendo penas por la desaparición del mirista Miguel Ángel Sandoval.
Cuando Contreras, Krassnoff y Laureani se enteraron de que Espinoza llegaría a acompañarlos por decisión del juez Solís, instructor de los procesos por los crímenes de Villa Grimaldi, intentaron primero librarse de su compañía escribiendo una carta a Gendarmería, a cargo del penal. "Aquí no hay más cupo, que se vaya a Punta Peuco", dijeron lacónicamente en la misiva.
Sus ex amigos no quieren ver cerca a Espinoza porque sostienen que "ya ha gritado mucho", aludiendo a que éste "se ha ido de lengua" muy seguido en el último tiempo, "traicionando a la DINA".
Informado el juez por Gendarmería de la inquietud de los huéspedes del penal en cuanto a la falta de cupo, sencillamente tomó una decisión que comunicó a la institución carcelaria. "Si no hay cupo, Laureani se va a Punta Peuco, porque es el menos antiguo de los que hay ahí", ordenó el magistrado, refiriéndose a la antigüedad en el Ejército. Ello produjo que la troica del Cordillera mandara entonces el mensaje que, si así estaban las cosas, la vida de Espinoza correría peligro adentro.

Me Atrinchero
Enterado del escenario, el brigadier (R) rechazado y amenazado sacó las garras. "¡Si me vienen con este cuento, me atrinchero en el Comando de Telecomunicaciones (que está al lado del penal) y cuento muchas cosas que sé, y ahí vamos a ver si me dejan entrar o no!", dejó saber Espinoza al tribunal y a quienes lo rechazaban como un paria. Eso sí, en ningún momento puso obstáculos o resistencia para entrar a cumplir la condena, como en su momento lo hizo Contreras con el juez Solís.
Los mensajes iban y venían en las últimas horas. Gendarmería tampoco quería recibir a Espinoza en el penal Cordillera, e insistía ante el juez Solís en llevarlo a Punta Peuco, incluso hasta ayer temprano en la mañana. Pero era el juez quien resolvía. El ministro Solís impuso su autoridad y coordinó con el Comando de Apoyo Administrativo del Ejército (CAE) que a Espinoza lo fueran a buscar a su casa y lo ingresaran a las nueve de la mañana de ayer al penal Cordillera. El asunto estaba cerrado.
Entre otros argumentos, Espinoza, de 74 años, sostenía que tenía derecho a cumplir condena en ese lugar y que necesitaba estar cerca de un hospital por una enfermedad que le afecta. Además, reclamaba que su esposa, también enferma, no sabe manejar y llevarlo a Punta Peuco sería "un desastre".
El juez pidió entonces a sus actuarios, Valeska Villalón e Iván Pavez, que se dirigieran ayer al penal Cordillera para notificar a Espinoza de su condena, como también a Contreras de sus nuevos 15 años de presidio, al brigadier (R) Miguel Krassnoff (15 años), y al coronel (R) Marcelo Moren Brito de sus 10 años, todos por el secuestro de Diana Arón.

Ironías
A las 09:10 horas Espinoza ingresaba finalmente al penal en un automóvil, sentado en el asiento posterior. Vestía un abrigo piel de camello y un lujoso maletín grande de cuero a tono con el abrigo. Se había afeitado el bigote tradicional y lucía resignado, aunque sonrió a la prensa que lo aguardaba en la puerta. Se esperaba que hablara bastante ante todo lo acontecido, pero no lo hizo. Con los vidrios del auto cerrados, sólo pudo registrarse el movimiento de sus labios respondiendo "es injusta", cuando desde afuera se le preguntó cómo sentía su condena.
Pero adentro se viviría otra escena. Inteligentemente, los actuarios hicieron llamar primero a Contreras, Moren y Krassnoff para notificarlos de las nuevas sentencias, para que no se enteraran de la presencia de Espinoza, al menos en ese momento. Contreras cruzó un par de frases incisivas con los actuarios, pero estuvo dentro de lo normal. Moren demostró más su desagrado. "¡Qué! ¿también me viene a notificar ahora de la condena por Hans Pozo (el descuartizado)?".
Krassnoff los hizo esperar al menos diez minutos: "Díganles que estoy haciendo mis ejercicios". Y cuando llegó, se trabó en una pelea verbal con los detectives que acompañan a los actuarios. "¡Ustedes váyanse, no tienen nada que hacer aquí!", repitió varias veces mirando a los policías a tan corta distancia que podían sentir su aliento.
El ‘guatón' Romo fue más lejos cuando momentos después lo notificaron también de su condena por Diana Arón en el hospital de Gendarmería. "¡Yo no tengo na' que ver con esa p... periodista!", gritó enrabiado.

Todos Están A Dieta
Recién ingresado Espinoza al penal fue revisado por un médico. "¿Usted está con dieta?", le preguntó el médico. "Sí, doctor", respondió el condenado. "¡Otra dieta, encarguen otra dieta más!", dijo el médico a los gendarmes. El resto de los comensales del penal también estaban con dieta, que mandan cada día a buscar al hospital militar. A través de las rendijas de la reja de fierro del recinto se pudo observar cómo un gendarme ingresaba a la sala de guardia, donde permanecía Espinoza, un alto de frazadas, un plumón celeste con motivos alegres y dos almohadas blancas, mientras otro llevaba unas bolsas donde colgaban un par de trajes del sentenciado.
Se estima que los condenados tendrán varios años para dirimir sus disputas. Comentando las amenazas contra la vida del brigadier (R), un abogado comentó ayer, "bueno, tendrán tanto tiempo, que tal vez vuelvan a ser amigos".

15 de junio de 2006
©la nación
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radiografía de cárcel de antofagasta


Interno más joven tiene 16 años y el más anciano ya cumplió los 74. Hacinamiento en centro penitenciario pone serios obstáculos a planes de reinserción.
El reo más joven del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Antofagasta tiene 16 años y el más longevo 74. El 75,1% de las personas que están entre cuatro paredes no supera los 35 años de edad.
De la población total, que alcanza a 874 internos -albergados en dependencias ideadas para 350 personas- el 58,4% está encerrado por delitos de robo. Esas son sólo algunas de las frías estadísticas que maneja Gendarmería de la Segunda Región.
La información indica también que los internos por robos con violencia e intimidación llegan al 31,6% (285 internos); mientras que por robos varios la cifra llega al 26,8% (242 casos). Por homicidio, 69 presos (7,6%), y por delitos sexuales 43 casos (4,8%). Por tráfico ilícito de estupefacientes hay 39 imputados y 132 condenados, que totalizan 171 personas (18,9%).
En medio de estas cifras, 17 programas que apuntan a la reinserción social y capacitación son ejecutados por Gendarmería en el antiguo edificio de Calle Prat.
Oficialmente, sobre el 25% de los reclusos accede a éstos en forma voluntaria, dado que la legislación y en conformidad a los Derechos Humanos, ningún interno puede ser obligado a trabajar, estudiar o profesar alguna religión.
La jefa técnica del CCP Antofagasta, la asistente social Benita Tapia Alcayaga, explicó que el recinto de calle Prat realiza una amplia intervención, pese a que las condiciones físicas no resultan las óptimas.

Talleres
La asistente social destaca, en todo caso, que el CCP de Antofagasta es el único del país en contar con un coro y con un taller de computación, que además es pionero en lograr un convenio de ‘Alfabetización Digital'.
Mientras que el capitán de Gendarmería, Alexis Espinoza Sepúlveda, contó que el régimen diario comienza a las 8 de la mañana y los reos son encerrados a las 17 horas, para cortar la energía eléctrica a medianoche.
Dijo que están segmentados de acuerdo a su peligrosidad, por lo que nunca se mezclará un primerizo con un delincuente de avezado.
De cualquier manera, el capitán reconoce que en forma continua realizan allanamientos, encontrándose con diversas "sorpresas", como armas blancas hechizas, licor artesanal y hasta teléfonos celulares.
El capitán de Gendarmería reconoció que a veces ocurren peleas entre los internos, por lo que se aplica el régimen de sanciones, que va desde la suspensión de la correspondencia y visitas, hasta el confinamiento en las celdas de aislamiento.

Carencias
La unidad penal local cuenta con una población recluida con altos porcentajes de compromiso delictual (39,8%), y mediano alto (34,9%), lo que representa un 74,7% del total.
Todos ellos viven en medio de un grave hacinamiento y con serias carencias de espacios para una adecuada intervención tendiente a su reinserción social
Si bien este Diario realizó gestiones ante el Departamento de Comunicaciones de Gendarmería, en Santiago, a fin de conocer cuál era el costo que tiene para el Estado mantener un reo al interior de una cárcel, no hubo respuesta satisfactoria.

Estudio
La única información cercana pudo obtenerse desde el Instituto de Libertad y Desarrollo, que en una investigación publicada en julio del 2003 bajo el titulo "El costo de la delincuencia en Chile", estimó que el gasto destinado a Gendarmería durante el año 2002 alcanzó a 112 millones de pesos.
"Este costo total incluye recolección de multas, prisión y otras penas alternativas, rehabilitación y costos de eficiencia de la rehabilitación", dice el informe.
Es más, precisa que en los últimos ocho años, entre 1994 y el 2002, hubo un aumento presupuestario de Gendarmería de Chile en más de un 170% real.

Edades
De acuerdo a información oficial de Gendarmería, actualizada hasta diciembre del 2005, al interior del CCP-Antofagasta hay 308 personas (36,6%), cuyas edades van de los 17 a 25 años, y 324 (38,5%) entre 26 y 35 años.
Además existen 136 internos (16,2%) de 36 a 45; 63 (7,5%) de 46 a 55; y 10 personas (1,2%) entre 55 y 90 años.

13 de junio de 2006
©mercurio de antofagasta
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riñas de gallos en arauco


[Carolina Abello Ross] Riñas, tradición en la provincia de Arauco. En el torín de Cañete se vieron los gallos. Entre gritos y apuestas, cientos de aficionados alientan al escogido hasta que uno sucumbe.
La comparación entre un torín de gallos y un ring de boxeo es inevitable. Los gritos, las apuestas y hasta el lugar son similares a las luchas entre seres humanos. Para ellos, es un deporte "como cualquier otro".
Las apuestas corren. Los dueños se ponen con $10 mil como mínimo y los espectadores se gritan entre sí para hacer lo mismo. "¡Apuesto $5 mil al gallo negro!", dice alguien y de inmediato, desde el otro lado, otro acepta el desafío.
La partida está sellada, y al final del combate, el que pierde, paga.
- "¿Y nadie se va si pierde..?", pregunto cual novata.
- "No, aquí nos conocemos, nadie haría eso", responde de inmediato mi vecino espectador.
Los minutos corren y los asistentes animan a gritos a los gallos, que atacan y se defienden a picotazos. Los 12 minutos reglamentarios por cronómetro avanzan y la pelea concluye cuando uno de los animales mata a su adversario o lo deja malherido y éste cae al suelo.
"Aquí, el que muere, muere, se crían para eso, es cuestión de suerte", explica Mario Muñoz (72), primer director del criadero de aves finas "Pedro de Valdivia", en Cañete, que naciera hace 40 años, y donde ayer partía la temporada 2006.
A primera hora, bajo una persistente lluvia, unas 200 personas se reunieron en un galpón de madera. Y acomodados en tablones, en una suerte de galería, la mirada fija en el ruedo, se disponen a no perder detalle de la cruenta lucha.
Previo al combate, los jueces ya han pesado a los contendores. Un timbre anuncia a los dueños que deben llevar las aves al torín, y la algarabía es total.
Hay gritos y silbidos. Y pese a la penumbra del lugar, el ambiente es de camaradería, pues todos, coinciden, se conocen. Sueltos en el ruedo, los contrincantes disponen de 12 minutos para hacer caer malherido o muerto a su rival. Vuelve a sonar la chicharra y uno, en brazos de su dueño, ha salido directo a la UCI.
Concluía, así, una de las 15 peleas de la mañana, pero ellos pasarán, si es necesario, el día completo frente al ruedo.

Tenemos Autorización
Mario Muñoz está consciente de que esta afición provoca polémica. Pero se defiende: "Esto es un deporte como las carreras a la chilena o los rodeos", argumentó. Y aclara que su torín cuenta con todas las autorizaciones necesarias. "En Santiago y Valdivia también tienen permisos", dijo.
Muchas reglas rodean a las riñas de gallo. Pueden pelear desde que tienen un año de vida y las parejas deben ser aves finas. O mestizas, pero no mezclarlas porque -estas últimas- "son más brutas, más pesadas". Combaten con "cachos" de plástico atados a las patas para agarrarse mejor y no se autorizan peleas entre socios del mismo torín.
Esta tradición que comenzó en Chile con los españoles, hoy convoca a dueños de gallos hasta del extranjero. De Perú, Colombia y México llegan a Cañete para un campeonato que se realiza siempre en septiembre.
Este año, la fecha aún es incierta.
"Vienen acá porque los premios son buenos: ¡hasta una vaquilla se han llevado los ganadores!", contó Mario Muñoz.

12 de junio de 2006
©el sur
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hijo de pinochet falsificó pasaportes



[Jorge Escalante] Fallo afecta a Marco Antonio Pinochet y Erica Stemann. Caso Riggs: Cerda procesó por falsificación de pasaporte. El juez Carlos Cerda estableció que el hijo del ex dictador utilizó, al menos, cinco pasaportes falsos para disfrazar su real identidad y ayudar a ocultar la fortuna de su padre. La ex jefa de Pasaportes y Extranjería del Registro Civil Erica Stemann fue la encargada de la falsificación.
El ministro Carlos Cerda procesó ayer a Marco Antonio Pinochet Hiriart, hijo del ex dictador y a la ex jefa de la sección de Pasaportes y Extranjería del Registro Civil e Identificación, Erica Stemann. Al primero por usar documentos de viaje falsificados mientras que a la segunda por la falsificación del mismo, en el marco de la investigación por la fortuna oculta de Augusto Pinochet.
El juez resolvió que ninguno de los dos quedará detenido, debido a que la pena que corresponde a este tipo de delito no lo amerita.
En el fallo, el magistrado estableció que la ex jefa de Stemann, utilizando artimañas, autorizó o confeccionó pasaportes falsos a nombre de Pinochet Hiriart, usando nombres incompletos como "Marco Antonio P. Hiriart", con los cuales éste realizó diversos trámites en el extranjero con relación a las cuentas ocultas de su padre.
"Marco Antonio P. Hiriart (de nombre real) Marco Antonio Pinochet Hiriart, actuó con la finalidad de confundir, distraer y/o ocultar al verdadero titular de cuentas en el extranjero, su padre Augusto José Ramón Pinochet Ugarte", sostuvo el ministro Cerda en su dictamen, agregando diversos ejemplos de esa actuación.
Entre otros antecedentes el juez Cerda acreditó que el hijo de Pinochet realizó acciones bajo esa identidad para abrir cuentas conjuntamente con su padre, que también actuó con documentos de identidad con nombres supuestos. "En el Banco Atlántico Gibraltar Limited se abrió una cuenta a nombre de ‘Ramón Pinochet' y ‘Marco P. Hiriart'", dice el juez Cerda entre sus fundamentos.
En otro de sus argumentos, el ministro sostiene que "el 10 de junio de 1994, el Citibank de Nueva York constituyó en las Islas Vírgenes Británicas, para Marco Antonio Pinochet Hiriart, la sociedad comercial internacional con acciones al portador Meritor Investment Limited, listándose como beneficiario el propio Pinochet Hiriart, pero bajo el nombre de ‘Marco P. Hiriart', para lo que registró el pasaporte chileno AO29406", que corresponde a uno de los documentos que le fueron entregados dolosamente por Erica Stemann.
En el auto de procesamiento, el juez Cerda expresa que, al menos, a Pinochet Hiriart le fueron entregados en la sección de Pasaportes y Extranjería del Registro Civil cinco pasaportes en los que este disfrazó su real identidad, dos de ellos de carácter "diplomático".
El 23 de enero de éste año el juez Cerda procesó por los mismos delitos al hijo mayor de Pinochet, Augusto Osvaldo, a su esposa Lucía Hiriart, a sus hijas Jacqueline y Verónica, y también a Erica Stemann. Estos encausamientos se mantienen vigentes porque, aunque fueron recurridos, la apelación aún no es resuelta por el tribunal de alzada capitalino.

Apelación
La defensa de Marco Antonio Pinochet, a cargo del abogado Luis Pacull, apeló ayer de la resolución del juez Cerda, alegando que éste carece de competencia para conocer de delitos que no tengan directa relación con la querella que interpuso el Servicio de Impuestos Internos por delito tributario, y que junto a la querella de los abogados Carmen Hertz y Alfonso Insunza, dio inicio al proceso para investigar la fortuna oculta de Augusto Pinochet Ugarte.

13 de junio de 2006
©la nación
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procesan a generales por tráfico de armas


[Andrea Chaparro Solís] Tras 15 años de deficiente actuación de la justicia militar. Generales (R) y civiles de Famae procesados en caso armas a Croacia. El magistrado estableció que hubo al menos cuatro negociaciones y que el ex director de Famae, general (R) Guillermo Letelier, falseó documentación para conseguir las autorizaciones para sacar el material bélico de Chile.
Aunque tramita el caso desde noviembre del año pasado y con una deficiente investigación previa de casi 15 años de la Justicia Militar, el ministro en visita Alejandro Solís acreditó la responsabilidad de altos oficiales del Ejército y de la FACH en el tráfico de armas a Croacia, ocurrido en 1991.
El magistrado notificó ayer los autos de procesamientos que dictó el viernes en contra de cinco ex uniformados, como autores del delito de exportación ilegal de armas y a dos ex funcionarios civiles de Famae en calidad de cómplices del mismo ilícito.
Se trata del ex director de Famae, general (R) Guillermo Letelier Skinner, único encausado por dos ilícitos, ya que el juez agregó a su procesamiento el delito de falsedad contemplado el Código de Justicia Militar.
Le siguen el ex jefe del Centro de Negocios y gerente de Finanzas de Famae, David Fuenzalida González; y el secretario técnico y subjefe del Centro de Negocios del organismo, Carlos Sepúlveda Cataldo. Todos quedaron detenidos en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
Con ellos, el general (R) Carlos Krumm, ex director de Logística del Ejército, les acompañará, ya que está encausado, al mismo tiempo, por el ministro en visita Jorge Pavez, en el marco del proceso por el homicidio del coronel Gerardo Huber, asesinado pocos meses después de descubierto el embarque de armas con destino a Croacia.
Asimismo, el director de presupuesto de Famae, José Sobarzo Poblete, quedó detenido en el Centro de Detención Preventivo Santiago Sur. Y Carmen Gloria Molina, ex secretaria de Krumm y esposa de Sepúlveda Cataldo, fue enviada al Centro de Detención Femenino.
Mientras que el general (R) de la FACH, Vicente Rodríguez Bustos, aún no es notificado de la encargatoria.

Fallo
En la extensa resolución, el juez dejó constancia de los antecedentes que le remitió el tribunal castrense, así como las nuevas informaciones que recogió luego de las diligencias que ordenó -en los últimos meses- a la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.
En los más de 170 considerandos, Solís consignó la documentación, informes policiales y múltiples declaraciones prestadas por militares y civiles relacionados con la exportación ilegal.
Con ello, explicó en su dictamen que hubo cuatro negociaciones, tres de las cuales son tramitadas con destino final Sri Lanka, mientras que la cuarta lo hizo como si el país al que se enviaban los pertrechos hubiera sido Nigeria.
En estas operaciones el ex director de Famae falseó documentación para que el Ministerio de Defensa y la Subsecretaria de Guerra otorgaran las autorizaciones para sacar el material de guerra del país.
Letelier, además, se encargó de convencer al ministro de la época, Patricio Rojas, de la autenticidad de los papeles, a sabiendas que éstos habían sido adulterados. Así consiguió la resolución Nº 470 de fecha 20 de noviembre de 1991, extendida por el Ministerio de Defensa Nacional que autorizó el envío.
Esta resolución se usó indistintamente en las cuatro negociaciones, pese a haber sido solicitada sólo para la primera y que las operaciones eran por distintos montos de dinero.
Además, nunca se informó al Consejo Superior de Famae sobre la exportación, pese a que la Ley Orgánica interna obligaba a dar cuenta por la cantidad de dinero que se transó.

Sociedades del tráfico
También aparecieron vinculadas con la exportación varias sociedades, entre ellas, Ultracan que fue creada por Famae en isla Jersey parte de la Commonwealth británica y que más tarde pasó a llamarse Famae Limited, la que debía recibir el pago por el armamento enviado a Croacia. En esta última firma tenía poder el general y ex director de Famae, Letelier Skinner. Famae Limited aperturó a su vez otras cuatro cuentas en el Banco Coutts International de Miami. Una de ellas a nombre de Óscar Aitken, ex asesor jurídico del organismo castrense y ex albacea de Pinochet.
La segunda cuenta pertenecía a Eastview Finance, empresa que absorbió a otras tres: Cornwall Overseas Corp, controlada por Aitken; Berthier Investment Inc., manejada por Carlos Honzik; y Lego Corp, del mismo Letelier Skinner. La tercera y la cuarta cuenta pertenecían a Tasker Investment y Cornwall Overseas. De esta manera queda claro que el negocio no sólo favoreció a varios de estos altos oficiales, sino también al ex dictador.

13 de junio de 2006
©la nación
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cinco reportajes sobre chile


1. DINA infiltró a iglesia católica. 2. Cárceles chilenas. 3. Crimen y castigo en la Colonia. 4. Sigue caso Caravana de la Muerte. 5. Anarquismo porteño.
[Jorge Escalante] Agentes a la caza de "curas conflictivos". Cuando la DINA infiltró a la Iglesia. Archivos hallados por LND revelan que la DINA espió sistemáticamente a la Iglesia Católica, especialmente el trabajo de ayuda a los perseguidos del Comité Pro Paz, y elaboró listas de "curas marxistas". El agente Alberto Palacios González inventó una historia de perseguido político y trabó contacto con el obispo Fernando Ariztía. Era el comienzo de la infiltración por la DINA del Comité de Cooperación para la Paz en Chile, más conocido como el Comité Pro Paz. Corría el año 1974 y la represión tras el golpe militar de 1973 campeaba a sus anchas.
El obispo, que representaba en esa instancia ecuménica a la Iglesia Católica nombrado por el cardenal Raúl Silva Henríquez, confió en Palacios y le fue entregando dinero, a veces en escudos de ese tiempo, otras veces en dólares. Palacios se ofreció para sacar a Argentina personas que huían de la dictadura. A medida que éste y otros agentes infiltrados ganaban también la confianza del sacerdote Fernando Salas, que dirigía el comité, y del combativo cura Rafael Maroto, la DINA iba obteniendo mayor cantidad de información acerca de las operaciones del comité.
Pero también reunía antecedentes y hacía listas de los "curas conflictivos" para el régimen, entre los que, por cierto, se encontraban Ariztía, Salas y Maroto, la troica del trabajo del comité para asilar perseguidos en las distintas embajadas de Santiago, o para sacarlos del país hacia Argentina.
La infiltración de la Iglesia Católica, desconocida hasta ahora como una operación sistemática montada por el régimen militar, está graficada en archivos de la DINA hallados por La Nación.

Salvar Perseguidos
Pinochet comenzaba a sentir los aguijones del Comité Pro Paz creado el 9 de octubre de 1973 por el cardenal Silva Henríquez, que además integraban las iglesias Metodista, Luterana, Metodista Pentecostal y la comunidad israelita. Finalmente, el dictador le dio el zarpazo al comité en noviembre de 1975, lo que obligó al cardenal Silva a crear el 1 de enero de 1976 la Vicaría de la Solidaridad.
Entre Ariztía y Maroto acordaron con Palacios que debían sacar de Chile a Argentina, en camiones, a una treintena de personas. Palacios puso el precio: "350 escudos por cabeza". Antes de ello, el informe del agente a la DINA sostiene que Ariztía "entregó hace unos días 50 mil escudos" para sacar a otras personas, entre ellas "a un extremista herido que estaba clandestino".
A medida que avanzaban las semanas, la DINA iba reuniendo datos de los "curas conflictivos", como los calificó en el informe "Nº 7"que fechó entre "el 1 de noviembre de 1973 y el 17 de mayo de 1974".
Vale decir, el documento es un elemento más que confirma que la DINA existió desde mucho antes de su creación por el Decreto Ley 521, de 14 de junio de 1974.
La DINA le informó a Pinochet que "se ha detectado la creación de un servicio de inteligencia del clero, en íntima colaboración con el marxismo, que ha logrado infiltrar a numerosos sacerdotes, los que en Santiago llegarían a un grupo de 37 curas marxistas".
Uno de ellos, el sacerdote español Joan Alsina, ya habría sido asesinado el 20 de septiembre de 1973. El otro, Antonio Llidó, también español, desapareció en octubre de 1974.
En la lista, Llidó tiene el número 12, bajo la información "ex sacerdote español, miembro del MIR de Quillota, que continuaría ejerciendo. Activista extremista".
En un apretado resumen de junio de 1974 se informa que la "situación de sacerdotes es: interrogados, 4; detenidos y liberados, 12; detenidos, 14; salieron del país, 10; expulsados, 18; muertos, 1".

Peluquerías y Patines
Otro informe de la DINA, titulado "Asunto Operación Ariztía", de julio de 1974, en el que se entregan más detalles del Comité Pro Paz para proteger fugitivos, contiene una relación de parroquias y colegios que debían ser vigilados, donde Ariztía, Salas y Maroto "guardan extremistas". Figuran el "Convento de los Capuchinos, Padres Franceses, Casa de la Sagrada Familia, Gratitud Nacional, Centro Belarmino, Colegio Filipense y el Colegio Saint George".
Este último reporte está firmado por un "Jefe Agrupación Santiago" y en él se explica que, además, la penetración al trabajo del Comité Pro Paz se hacía a través de "peluqueras y patines [prostitutas]" que actúan como "enlaces de grupos extremistas".
"La Carmen es enlace de un grupo de extremistas. Se acuesta con el coronel José Pérez Luco, del cual manifiesta obtener algunas informaciones, inclusive antes del 11 de septiembre de 1973. Vive en una pensión en calle Dieciocho 195".
Otra fuente de la DINA es "la señora Pepa (alias ‘La Vieja'), dueña de la residencial de calle Dieciocho 195, que es enlace de un grupo de guerrilleros y extremistas de doble militancia del PS y el MIR que se reúnen ahí y toman acuerdos".
Para la DINA, el sacerdote Fernando Salas "vive en Santa Mónica 2938, fono 94161, y se dedica a la protección de extremistas buscados por la Justicia militar. Es el enlace de Fernando Ariztía y prepara la falsificación de documentos. Se hace el inocente. Es un cura joven, rubio y cabezón".
De Fernando Ariztía (ya fallecido, al igual que Maroto) se dice, además de su dirección y señas de sus movimientos por Santiago, que "en su calidad de obispo auxiliar es, sin duda, la cabeza visible de todas las actividades anti Junta Militar".

El Cura Pepo y Aldo Francia
Ganada la confianza, el agente Alberto Palacios comenzó a salir de Santiago para rastrear en provincias para la DINA el trabajo del Comité Pro Paz y los sacerdotes que protegían fugitivos. Así llegó a Valparaíso y Viña del Mar.
"Ahí, el encargado por intermedio de Ariztía para llevar a la clandestinidad a todo tipo de personas es el padre Pepo Gutiérrez, que vive en la Población Vergara, calle 1 Oriente 215 de Viña. Tiene contactos con órganos revolucionarios y proporciona dinero a la gente que queda sin trabajo. El dinero lo recibe del médico que trabaja para las Fuerzas Armadas Aldo Francia, de Valparaíso. Éste lo recibe de un tercero que tiene contacto con París. El padre Ignacio Pujadas se encuentra en Europa gestionando fondos y es amigo personal de Aldo Francia", es parte del informe de Palacios.
En su reporte, el agente entrega además datos de los sacerdotes "Jorge Cacharos, que antes era de derecha; Salvador Ruiz Paniagua, Miguel Donavin, Carlos Pizzinnani y la monja Valeria, que trabaja con el cura Ariztía".
De todos ellos aporta sus domicilios y características de sus casas y alrededores.
De los movimientos de Ariztía, Salas y Maroto para sacar gente de Chile o asilarlos en las embajadas, cuyos trayectos, vehículos usados y horas de salida desde iglesias o casas la DINA tenía el detalle minuto a minuto, detectaron además que el comité "opera con una agencia de turismo de calle Morandé del mapu Garretón", y otra "agencia de turismo Villalonga", donde se tramitó la salida de "Juan Ramón Núñez", a quien le negaron el pasaporte porque tenía una orden de arresto.
La DINA siguió la historia de Núñez desde un comienzo, cuando Ariztía y Salas lo asilaron en la Embajada de Polonia el 16 de octubre de 1973. En una declaración de Núñez que forma parte de los documentos hallados, éste relata su "calvario" a la espera de salir de Chile, sobre todo cuando a los pocos días llegaron otros 38 asilados, "entre comunistas, socialistas y del MIR, donde yo era el único mapucista", y se trabaron repetidas veces a golpes discutiendo quiénes eran los culpables del fracaso del Gobierno de Salvador Allende. Al final, Núñez se arrancó y volvió al comité a pedir ayuda.

Lista de Sacerdotes "Marxistas" Informada Por la DINA
Gonzalo Arroyo: "Jesuita de los Cristianos por el Socialismo".
Juan Pablo Richard: "Profesor del seminario, de los Cristianos por el Socialismo, vinculado al MIR, escribió en ‘Punto Final' y vive en población marginal".
Esteban Gumucio: "De los Sagrados Corazones, hermano de Rafael Agustín, de la Izquierda Cristiana, de tendencias marxistas".
Mario Miranda Núñez: "Párroco de la Natividad del Señor, que llamó Hotel Pinochet El Estadio Nacional en una prédica. Fue detenido y allanado y puesto en libertad".
Ignacio Serrano: "Sacerdote que actúa como obrero, detenido en Tejas Verdes".
Rafael Maroto: "Ex vicario episcopal de zona centro, ideas extremistas".
Fernando Ariztía: "Obispo auxiliar de Santiago y vicario zona poniente, alienta a los marxistas y reprendió públicamente al cura Hasbún".
Enrique Alvear: "Obispo de San Felipe, criticado por acoger marxistas".
Mauro Gil: "Cura español de la Población Villa Sur. Participó en tomas de terrenos incitando a oponerse al Gobierno".
Jesús Rojo: "Español de la Población Dávila, habría participado en tomas".
Antonio Ronchi: "Italiano de ideas marxistas, ejerció en Aysén".
Antonio Llidó Mengual: "Ex sacerdote español, miembro del MIR de Quillota, que continuaría ejerciendo. Activista extremista".
Alejandro Goic: "Vicario de Magallanes, colabora con marxistas, relacionado con grupos de chilenos refugiados en Río Gallegos. Constituye un frente de resistencia".
Mónica García Huidobro: "Monja del Colegio Filipense que continuaría realizando labor pro marxista. En su residencia de Ejército 72 asila a extremistas extranjeros".
Juan Ysern: "Vicario de Calama que amparó a curas holandeses vinculados al MIR".
Fernando Salas: "Se dedica a dar protección a extremistas buscados por la Justicia militar".
Martín Gárate: "Relacionado con el Comité Central del MIR, prófugo".

12 de junio de 2006
©la nación
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cárceles y penas comunes


[Betzie Jaramillo] Las cárceles de Chile. Son muchos, cumplen condenas larguísimas, viven hacinados y en condiciones penosas. Los presos comunes chilenos, aislados dentro de los muros de las cárceles, son los olvidados del sistema. Y sus protestas jamás conseguirán la acogida que obtuvieron los estudiantes. Son los malditos que nadie quiere escuchar.
Depósitos de personas. Así define a las prisiones el experto argentino Elías Neumann. Y la descripción vale para las cárceles chilenas. Son 95 salpicadas por todo el país. En ellas están recluidas casi 37 mil personas. Y se dice "personas" porque los que están presos con una condena de tres años y un día no se pueden llamar ciudadanos, porque legalmente han perdido esa condición. Pero eso no quiere decir que pierdan su condición de seres humanos. Aunque muchas veces no se les trata como a tales.
Chile ostenta unos cuantos récords en materia penitenciaria. El más impactante es el número de presos comunes en proporción a la cantidad de habitantes del país. Más de 200 por cada 100 mil. En esto sólo nos superan Panamá y Estados Unidos, que tiene el récord absoluto mundial, con una población reclusa de más de dos millones de personas, lo que significa que una de cada 136 está tras las rejas, y un alarmante crecimiento, como ha denunciado Allen J. Beck, jefe de estadísticas penitenciarias en EEUU. Ese debe ser el siniestro precio del "estilo de vida americano",
Aquí también estamos experimentando un alza considerable. El conteo que hizo Gendarmería el último día del año 2005 dio un total de 36.974 personas encarceladas. Diez años atrás eran 22 mil. Un crecimiento anual de 5,45%, en comparación con el 1,2% de crecimiento de la población. La I Región se lleva el premio, con 760 personas por cada cien mil. Pero la II, VI, XI y, por supuesto, la Metropolitana, están por encima de la media nacional.

Presos de Larga Duración
¿Quiénes son estos presos? En su mayoría, hombres jóvenes (las mujeres representan alrededor de un 7%). La mitad tiene menos de 30 años y un tercio tiene entre 30 y 40. O sea, que el 80% está en el momento de mayor capacidad productiva y con obligaciones familiares. Pero lo más terrible es que las penas que cumplen son larguísimas. El 75% del total de presos cumplen condenas de entre cinco y veinte años, condenados en su mayoría por delitos contra la propiedad –hurto, asalto– (en el caso de las mujeres, el mayor porcentaje es por delitos relacionados con el tráfico de drogas). Sólo un dato para comparar: en Alemania, los que cumplen penas de más de cinco años son el 14% contra el 75% de aquí. Y en el otro extremo: los que tienen condenas de menos de un año son en Alemania un 44% y en Chile un 2,2%. O sea, que entrar a una cárcel chilena significa pasar la mejor parte de la vida encerrado. A pesar de estas altas cifras, el 80% de la población considera que las penas en Chile son bajas o muy bajas (Ministerio de Justicia, 2003).
Aumentan los presos y las condenas. Y lo que disminuye, hasta niveles casi exiguos, son los distintos beneficios que reconoce cualquier sistema penal, como son los permisos de domingo, los de fin de semana y la libertad condicional. Pongamos números a esta tendencia. En 1995, el promedio de permisos dominicales era alrededor mil. En 2005 fueron sólo 298. Entre 2002 y el año pasado, las salidas por el fin de semana disminuyeron un 66%. En el caso de las autorizaciones de libertad condicional, pasaron de casi cuatro mil en 1995 a 871 el año pasado. ¿Por qué esta mano tan dura? Según el abogado alemán Jörg Alfred Stippel, autor del libro "Las cárceles y la búsqueda de una política criminal para Chile" (Lom), esta mezquindad en los permisos se debe al poder de los medios de comunicación, que magnifican y hacen de la delincuencia un espectáculo y que terminan influenciando las políticas de gobierno, especialmente en época electoral. La "mano dura" es muy rentable a la hora de captar votos.

Hacinados
De esta manera, enorme número de presos, largas condenas y escasos permisos quiere decir en pocas palabras que muchos entran y pocos salen. Y si cada día entra más, el resultado es hacinamiento. Amnistía Internacional, en su informe mundial 2006, destaca "el hacinamiento, la falta de asistencia médica, las condiciones sanitarias deficientes y las infraestructuras inadecuadas" en Chile. Y como ejemplo habla de los 30 heridos en una pelea por un sitio para dormir en la ex Penitenciaría el pasado mes marzo y de los 120 presos que se veían obligados a pasar la noche a la intemperie. De todas las cárceles, la que presenta una mayor sobrepoblación es el Centro de Detención Penitenciaria (ex Penitenciaría), que en su edificio, construido en 1843, ha llegado este mes a albergar 5.600 presos, el doble de su capacidad.
El hacinamiento afecta negativamente a cualquier tipo de ser vivo. Y le añade a los presos chilenos un sufrimiento que no forma parte de su condena y exacerba todas las tensiones derivadas del severo sistema que mantiene altas condenas y escasos permisos. La lucha por un espacio vital mínimo estalla en violencia, a veces en motines y otras más cotidianas de agresiones contra los gendarmes, entre ellos mismos y las salvajes autolesiones. Como Stippel señala, "en los primeros seis meses de prisión, el principal síntoma es la depresión. Y es cuando se producen los intentos de suicidio". Estudios internacionales calculan que entre los cuatro y los seis años de reclusión es cuando cunde el "síndrome de separación", que se manifiesta en perturbaciones emotivas, de comprensión y de juicio y formas de regresión hacia el infantilismo.

Sentencia de Soledad
Así un año tras otro, y el día que cumplen su sentencia y salen al exterior lo que se encuentran es la nada. La familia se ha evaporado y nadie los espera. Ha pasado demasiado tiempo. Cuando las condenas son cortas, a pesar de la ruina económica que conlleva que el hombre, generalmente el proveedor de su casa, esté encarcelado, las mujeres ‘aperran' como pueden y se las arreglan para visitarlos y mantener el vínculo. Y consiguen, de mala manera, poner en práctica los contactos íntimos en los ‘camaros', como llaman a juntar un par de bancos de la sala de visita, a modo de cama, y una frazada que hace las veces de biombo que protege a los amantes de las miradas del resto. Sexo urgente, precario, desesperado, para mitigar la soledad.
En el estudio que dirigió Stippel se realizó una encuesta a 600 reclusos de la Región Metropolitana y entrevistas en profundidad a internos y funcionarios de Gendarmería, con la garantía de anonimato. Algunos de los resultados fueron los siguientes: un promedio del 40% de presos considera que sus derechos son poco, muy poco o nada respetados. Pero estas cifras se disparan dependiendo de la clasificación de "peligrosidad" y de los años que llevan en prisión. Mientras más ‘peligroso' y más tiempo recluidos, peor es la percepción del respeto de sus derechos y más conocimiento tienen de cuáles son éstos, cosa que suele estar asociada a "que los funcionarios no pueden pegarle a uno". ¿Quiénes deben garantizar estos derechos? Según el estudio del equipo de Stipper, los reclusos piensan que debe ser Gendarmería, seguido del gobierno y ellos mismos. A la cola están sus abogados y, por último, los jueces.

Cárceles Concesionadas
Crear cerca de 20 mil nuevas plazas de reclusión, solucionar los problemas de hacinamiento, infraestructura (según la Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes, en el sector antiguo de la ex Penitenciaría de Santiago en el 2004 había una ducha y una taza turca para cada 64 internos) y abordar la tarea siempre postergada de la rehabilitación (sólo 20 centros de trabajo y educación en los 95 establecimientos), se decidió en el 2000 la "modernización carcelaria". Y se destinaron cerca de 300 millones de dólares para levantar 10 nuevos penales concesionados a privados, de los que se han entregado tres. El costo calculado por preso es de unos 10 dólares (‘Privatización carcelaria en Chile', Carolina Palacios y Javiera Díaz, de la Universidad Diego Portales).
Las nuevas condiciones de estas cárceles deben aumentar, por ejemplo, de un metro cuadrado a 1,8 por recluso en la sala de estar y el comedor, aumentar en 15 centímetros el espacio por persona en la sala de clases, poner escusado, ducha y lavatorio en las celdas comunes e individuales y que los concesionarios se hagan cargo de la lavandería y la comida. La calidad de estas raciones de comida es lo que ha movilizado esta semana a los gendarmes de la nueva y concesionada cárcel de alta seguridad de Alto Hospicio a mantener una huelga indefinida. Los gendarmes han denunciado también que dentro de la cárcel están trabajando ex agentes de seguridad del gobierno militar, lo que consideran un factor intimidatorio.
La institución de Gendarmería también requiere una profunda remodelación. Stipper destaca que su formación, basada en la doctrina militar, es de un año, aunque, ante el número creciente de presos, esta formación se está limitando a seis meses y que la mayor parte de la formación depende de la propia experiencia dentro de los penales. No parece suficiente ni para ellos ni para los presos que tiene que vivir bajo su tutela.
Los presos comunes chilenos están en la zona oscura de la vida, a la que sólo entra algo de luz cuando la violencia hace que los telediarios se interesen por su suerte. Y como señala el experto Stipper, "la sociedad en general desconoce casi todo sobre esta realidad", y una mayor información y sensibilización ayudaría a mejorar la seguridad ciudadana. Pero también ayudaría a la propia cultura de la sociedad al entender que todos, incluidos los delincuentes, tienen derechos. Por algo la Constitución chilena los asegura para "todas las personas" y no sólo a los ciudadanos, que son esos que caminan libres, aunque no siempre erguidos, por los senderos, caminos y calles del país.

12 de junio de 2006
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crímenes y pecados en la colonia


[Andrés Gómez Bravo] Libro próximo a aparecer rescata la historia de un bullado juicio del siglo 18. ‘Manuela Orellana, la criminal', del historiador Tomás Cornejo, revive uno de los episodios más polémicos de las páginas de la justicia colonial: la historia de una campesina acusada de matar a su esposo en complicidad con su amante. El proceso duró tres años, llegó hasta la Real Audiencia y los acusados fueron sometidos a torturas para que confesaran su delito.
El 16 de diciembre de 1782 el campesino Cristóbal Serrano murió en Pumanque, zona rural a 70 kilómetros de San Fernando. Como era la costumbre, los vecinos, repartidos en caseríos a lo largo del campo, llegaron a acompañar a la viuda, Manuela Orellana, y se enteraron de que el finado había muerto tras caerse del caballo. El velatorio duró varios días y la viuda agasajó a los presentes con un novillo y empanadas. Todo aparentemente normal, aunque algunos campesinos no dejaron de observar que el cadáver no tenía huellas de golpe alguno.
El luto de Manuela duró poco. A los meses se casó con Manuel Galaz, un peón que había trabajado con su ex marido. En principio, a los vecinos no les llamó la atención: muchos sabían que la pareja tenía una ‘amistad ilícita' desde antes de la muerte de Serrano. Entonces, nadie dijo nada.
Pero un año después las cosas cambiaron: Francisco Serrano, hermano del muerto, acusó a la pareja de haber asesinado a Cristóbal. El capitán Juan Fuentes comenzó a investigar y ordenó arrestar de inmediato al matrimonio.
El caso fue visto por la justicia de San Fernando y llegó hasta la Real Audiencia de Santiago, el máximo tribunal de la época. Durante tres años el proceso que involucraba a dos campesinos pobres acaparó la atención de las autoridades capitalinas y se convirtió en uno de los capítulos más controvertidos de las páginas judiciales de la Colonia.
‘Manuela Orellana, la criminal: género, cultura y sociedad del siglo XVIII', del historiador J. Tomás Cornejo, rescata el episodio. Premiado por el Consejo Nacional del Libro como mejor ensayo inédito de 2005, será publicado próximamente por Ediciones Tajamar.

Matar Al Marido
Entre los crímenes que sancionaba la sociedad criolla colonial, el parricidio era el más grave. Como afirma Cornejo, matar al marido contravenía "todo ordenamiento social de carácter patriarcal, del que la Real Audiencia aparecía como celadora".
En el caso de una plebeya, la cosa se agravaba. "Que la plebe se desordenara era un peligro. Había que mantener el orden, a partir del matrimonio patriarcal", añade. Por eso, el caso de Manuela no podía tomarse a la ligera. De ser culpable, le esperaba la horca.
Los testimonios recogidos por el capitán Fuentes no favorecieron a los sospechosos. Dionisio Pérez, cuñado de Manuel Galaz, declaró que éste le había ofrecido una yegua y una vaca si le ayudaba a matar a Serrano. Al principio, dice, aceptó, pero no pudieron cometer el crimen y luego se arrepintió.
Galaz, el inculpado, atestiguó que el día de su muerte trabajó en casa de un vecino y que sólo salió a la hora de siesta para visitar al mulato Lorenzo Díaz. Este último corroboró la versión, pero aportó un dato nuevo: cuando Galaz se fue, no tomó rumbo a la casa de su vecino, sino que cabalgó en dirección al hogar de Serrano.
El testimonio de otro campesino, Dionisio Galaz, amigo del muerto, complicó a la viuda. Según éste, Manuela Orellana le dio unos polvos a su mujer, Petrona, para que se los pusiera en el vino a su marido cuando éste pasara por allá. Supuestamente, la pócima lograría que Serrano le tomara "odio al licor". Pero, agrega el amigo del finado, no hicieron caso a Manuela y eliminaron los polvos.
La declaración de Mateo Ojeda, tío de Manuela, coronó las presunciones. Yerbatero, Ojeda aseguró que el actual marido de su sobrina fue a verlo, dos meses antes de la muerte de Serrano, para ofrecerle una yegua y un par de calzoncillos a cambio de algún "remedio para quitarle la vida a un sujeto".
Suficiente para detener a Manuela Orellana y Manuel Galaz. Los acusados fueron arrestados en casa del capitán Fuentes y puestos en un cepo. Y pasaron Navidad en la cárcel de San Fernando. Pero aun faltaba probar su culpabilidad.

La Acusación
Los acusados alegaron inocencia. Reconocieron su ‘amistad ilícita', pero negaron el asesinato. Manuel Galaz admitió que había contactado a Dionisio Pérez, pero que se arrepintió.
Aunque no había pruebas, fueron acusados como autores. Y Dionisio Pérez, como cómplice.
Se les asignó un abogado defensor, el que solo reconoció el adulterio y sostuvo que el intento de asesinato fue motivado por la ceguera de la pasión. Y desacreditó los testimonios, calificando a los declarantes de ebrios, ociosos y paganos.
Tras un año de litigio, y luego de que el juez les negara la libertad, el caso llegó a la Real Audiencia.

El Fallo
Engrillados, los acusados llegaron a la capital. El fiscal de la Real Audiencia ordenó nuevos testimonios. El más controvertido de todos, el de la hija mayor de Manuela Orellana, de doce años.
La niña, que estaba al cuidado de sus abuelos paternos, relató que ese día, antes del almuerzo, Manuel Galaz fue a su casa. Que por la tarde su madre ordenó a los cuatro hijos hacer tareas en el campo, pero que ella no se alejó. Y que se extrañó cuando Manuela Orellana salió diciendo que su padre se había caído del caballo, porque no sintió el tropel. Además, dijo que su madre le ordenó no decir nada.
El fiscal se creyó el complot, pero aún no tenía pruebas. Buscó entonces nuevos testimonios.
Uno de ellos fue el de Catarina Padilla, esposa del yerbatero Ojeda, quien confirmó la versión de su marido. Y agregó: la viuda no parecía triste por la muerte de Serrano. La otra declaración es de Petrona Canales, quien recibió los polvos de Manuela, quien se hizo eco de la voz popular: en el pueblo se decía que la mujer y su amante mataron al difunto.
Los pumanquinos, que al principio no dijeron nada, ahora emitían su propio fallo. El fiscal quería llevarlos a la horca, pero sólo tenía conjeturas. Había que hacerlos hablar.
"¿Veis aquí el potro del tormento?", le dijo el oidor a Manuela. "¡Decid la verdad! Si no asiente el Escribano de Cámara que le requiero una, dos, tres y más veces quediga la verdad. Y de no protesto, que si alguna pierna o brazo se le quebrantare, o algún ojo se le saltare, o lesión de algún miembro le viniere, o muriere en el tormento; sea su culpa y cargo, y no al mío".
Pero la tortura no cambió su testimonio.
A tres años de su inicio, el juicio concluía sin asesino: Manuel fue relegado a Valdivia, a servir a su Majestad. Y Manuela, condenada a seis años de prisión.

12 de junio de 2006
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sigue caso caravana de la muerte


Revocan criterio de ministro Montiglio. En votación dividida la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago recalificó ayer los procesamientos que dictó el ministro de fuero Víctor Montiglio en los episodios de Copiapó y Calama del caso Caravana de la Muerte.
El tribunal de alzada resolvió que las desapariciones de los opositores al régimen militar deben quedar configuradas como secuestros permanentes y no como homicidios calificados.
Así la sala revocó el dictamen del ministro Montiglio, quien a fines de marzo pasado, cambió la tipificación de los crímenes cometidos contra 16 víctimas en octubre de 1973.
El tribunal estuvo compuesto por los ministros Jorge Zepeda, la abogada integrante Andrea Muñoz y el magistrado Alfredo Pfeiffer, quien votó en contra.
Con este fallo quedó establecido que se continuarán las indagaciones por las desapariciones de las tres personas en la III Región y de trece en la II Región. Además, se ordenó el procesamiento de los militares que participaron en la comitiva que recorrió distintas ciudades del país luego del 11 de septiembre de 1973.
En la nómina de ex uniformados involucrados en los episodios de Copiapó y Calama se encuentran Sergio Arellano Stark, Marcelo Moren Brito, Armando Fernández Larios, Juan Chiminelli, César Arredondo, Carlos Rojas Hidalgo, Emilio de la Mahotiere González y Luis Felipe Polanco.
El dictamen confirmó la tesis de que no corresponde aplicar la amnistía porque aún se desconoce el paradero de los detenidos desaparecidos y, por tanto, este es un delito de efectos permanentes.

7 de junio de 2006
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anarquismo porteño


Investigación rescata la relevancia que tuvo este movimiento social y sindical entre 1880 y 1930.
En la segunda mitad del siglo XIX, el marxismo y el anarquismo conformaron corrientes de pensamiento y movimientos sociales que se disputaban las banderas de lucha en contra del capitalismo. Sin embargo, con la revolución bolchevique, el comunismo se transformó en una ideología dominante, dejando a la doctrina anarquista en un nivel de utopía irrealizable que perdió fuerza en el mundo.
Pero los tiempos -y la historia- cambian, dan vuelcos, y un siglo después, tras la caída del régimen soviético, pocos son los que hoy sacan a relucir adhesiones marxistas, mientras que el anarquismo ha vuelto a cobrar vigencia con otras visiones y contenidos, reapareciendo la A con el círculo en los estandartes de innumerables agrupaciones antisistémicas.
Y alentado por este resurgimiento de las banderas negras, el investigador viñamarino Andrés Brignardello asumió la tarea de escudriñar en el pasado de este movimiento a través del libro ‘Valparaíso anarquista', un proyecto Fondart que se ubica precisamente en la ciudad donde esta vertiente alcanzó su mayor nivel de organización y fuerza. El texto ha despertado el interés de quienes desean conocer su historia, agotando la primera partida que salió a vitrinas en las librerías Ibens, Crisis, Cumming 1 y Ciclón del Libro.
Brignardello cuenta que el nacimiento de este libro tuvo lugar "después de observar varias organizaciones y participar en diferentes encuentros en Valparaíso, donde me topé con que hay grupos culturales y sociales que son apegados a una izquierda no tradicional, gente libertaria, que no participa en las entidades clásicas. Ahí empezó a surgir la idea de conectar esos movimientos obreros que existieron a principios del siglo XX con los fenómenos actuales".

¿Y qué tan importantes eran los movimientos anarquistas de Valparaíso a principios del siglo pasado?
"Siempre fueron marginales dentro de lo que era la cultura política porteña, pero como en esos años no existían los partidos Comunista y Socialista, todo el movimiento social y obrero tenía un impronta anarquista. Y aunque muchos de ellos no se reconocían, había un liderazgo por lo que significó la migración extranjera (algo que aparece en los textos de Manuel Rojas), con muchos alemanes, italianos y españoles que llegaban con estas ideas en boga y se desempeñan como zapateros, obreros y artesanos, generando una mitología que después sucumbiría ante la hegemonía del PC".

Siendo una expresión marginal, ¿cuáles fueron las fuentes que utilizaste para reconstruir esta historia?
"Lo primero que hice fue buscar la historiografía oficial que tuviera relación con Valparaíso, desde ahí fui encontrando datos que me llevaron a fuentes más directas, con periódicos que ya no existen, como 'El Chileno', 'La Gazeta del Puerto' o la revista 'Suceso', porque si bien la ciudad experimentaba una época pujante en términos económicos, eso convivía con una miseria de la cual las mismas publicaciones daban cuenta, con huelgas y acciones que tuvieron impacto nacional. Acá la gente podrá encontrar una descripción del movimiento social y obrero en Valparaíso entre los años 1880 y 1930, porque después se hace invisible y recién vuelve a aparecer en el 2000".

¿De qué forma se articulaban los anarquistas?
"En Valparaíso estaba la IWW, que es la gran central ácrata del mundo, y tenía nueve mil afiliados en 1913. En los años 20, con la llegada de Alessandri al gobierno, las manifestaciones se vuelven más violentas y el estado genera una represión en su contra, persiguiendo y arrestando a sus máximos dirigentes. Incluso las fuerzas policiales toman por asalto la sede de la IWW ubicada en calle Carampangue (donde ahora hay un bar), lo que fue muy difundido por como el Ministerio del Interior intervenía las organizaciones. Allí aparecen líderes como Magno Espinoza, que estuvo al frente de la huelga de 1903 y es uno de los pilares del anarquismo chileno; José Araneda Bravo, dirigente social y portuario que llegó a ser candidato a regidor; o Luis Olea, que murió en Santa María de Iquique; toda esa gente vivió en Valparaíso y desarrolló este movimiento, fundando mutuales y sociedades obreras. En general, era un atmósfera muy romántica la que se vivió"

¿Y cómo se marcan las diferencias entre lo que es el anarquismo como corriente de pensamiento y movimiento social, con las denominaciones que se hacen ahora a cualquier grupo antisistémico?
"Ahí cito la idea de Chomsky: 'El anarquismo es como el papel, aguanta todo'. Hoy tienes grupos que van desde la defensa de los animales, hasta la causa mapuche, pasando por movimientos culturales, los que bien se podrían clasificar de anarquistas porque tienen elementos ideológicos de la autogestión, la crítica y la contracultura, con reivindicaciones similares".

¿Pero crees que estos movimientos siguen a autores del anarquismo?
"No creo que estén leyendo a Proudhon o Kropotkin, porque esas ideas no funcionan en una sociedad más compleja como la actual, pero pienso que hay otros autores, como Chomsky, que plantea que la buenas relaciones entre personas y países son posibles, y esos ideales siguen manteniendo vigencia hoy".

4 de junio de 2006
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pinochet cobró mordida de 9 millones


[Joep Dohmen] La empresa de armamentos RDM pagó 9 millones de dólares al ex dictador Pinochet y su grupo. Es decir, cinco veces más de lo que ha descubierto hasta ahora la justicia chilena. Así han declarado los antiguos empleados de RDM Technology, ahora en bancarrota.
Rotterdam, Holanda. La semana pasada se supo que la policía chilena quiere interrogar al ex propietario de RDM, Joep van den Nieuwenhuyzen, en el marco de una investigación sobre los negocios de Pinochet. El asunto del soborno guarda relación con la venta, en 1998, de 202 tanques Leopard holandeses al ejército chileno. RDM compró los tanques desechados al Ejército Nacional holandés y los revendió a Chile.
Una gran parte de una suma de 7.5 millones de dólares debía ser pagado por RDM Technology BV, a través de un intermediario chileno, a coroneles y generales. El intermediario, Guillermo Ibieta, niega haber transmitido este dinero. El resto, 1.6 millones de dólares, fueron pagados por el RDM Holding NV antillano a un asesor de Pinochet. La Justicia en Chile sólo conocía este pago. Van den Nieuwenhuyzen, propietario de RDM Holding, reconoce haber pagado, pero según él no se trataba de un soborno. El pago de 1.6 millones de dólares fue una "remuneración justa" para alguien que se había encargado de asegurar los contratos para RDM.
Los empleados hicieron estas declaraciones a este diario. También queda en claro que el ejército mismo trató de vender los tanques en Chile al ejército de Pinochet. Este intento no se ajustaba a la política del ex ministro de Asuntos Exteriores de la época, Van Mierlo (D66). Debido a la delicadeza de la venta de los tanques, el ex ministro Voorhoeve (Defensa, VVD) elogió el papel de RDM como intermediario. "La ventaja de esta construcción es [...] que se evitaron las negociaciones a nivel de gobiernos", escribió Voorhoeve a Van Mierlo.
Este asunto (‘el obstáculo Pinochet') se ocultó entonces conscientemente. La Cámara Baja fue desinformada sobre la materia. Así, por ejemplo, la Cámara sólo fue informada de la venta de los tanques a RDM Technology Holding NV. [Pero no de su posterior venta a Chile].

4 de junio de 2006
©nrc-handelsblad
©traducción mQh
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enterrados vivos y otros reportajes chilenos


1. Anulan procesamiento de Pinochet. 2. Enterrados vivos. 3. Héroe chileno de la Revolución Cubana. 4. Caso Paris sin amnistía.
Corte anula procesamientos en contra de esposa e hija de Pinochet. La resolución, de votos contra uno, echa por tierra la resolución del ministro Carlos Cerda, quien había procesado a Lucia Hiriart y María Verónica Pinochet por evasión tributaria. La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago anuló, por dos votos contra uno, los procesamientos dictados en contra de Lucía Hiriart Rodríguez y María Verónica Pinochet, imputadas por el delito de evasión tributaria en el marco de la investigación por los dineros ocultos de Augusto Pinochet.
El tribunal de alzada capitalino argumentó que si bien se dedujo una querella en contra del militar en retiro, no ha ocurrido lo mismo con ambas implicadas.
La resolución que emitieron los magistrados Alfredo Pfeiffer, Haroldo Brito y el abogado integrante Benito Mauriz, desestimó los argumentos esgrimidos por el ministro Carlos Cerda, al establecer que "los autos de procesamiento han sido dictados por un juez que carece de jurisdicción para juzgar a las personas a que ellos se refieren y por los hechos que en ellos se les atribuye, motivo por el cual procede que sean dejados sin efecto así como todas las actuaciones llevadas a cabo en relación con las apelantes y que no digan relación con los hechos adscritos a la querella deducida por el Servicio de Impuestos Internos".
Dentro de los encausamientos dictados por Cerda, se establece que la esposa del ex dictador perjudicó al Fisco en 449 millones 389 mil 621 pesos y María Verónica Pinochet en 540 mil pesos.
A fines de abril, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago anuló también los procesamientos por evasión tributaria y falsificación de instrumentos públicos que recayeron sobre Jacqueline Pinochet Hiriart, en el marco de la investigación del caso Riggs.
De esta forma el tribunal de alzada capitalino anuló los encausamientos dictados por Cerda el 23 de enero pasado, en que imputó a la hija menor del ex dictador Augusto Pinochet por fraude al fisco por un monto de 25 millones de pesos, además de uso de pasaportes falsos.
En la resolución, la sala establece que en el curso de las indagatorias no se pudieron justificar los requisitos estipulados en el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal y, por ende, la imputada no figura dentro de la querella que el Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso desde los inicios de la causa en contra de Pinochet Ugarte.
El veredicto consigna que "en lo jurisdiccional, habiéndose omitido el ejercicio de acción penal que la ley le confiere en articulo 162 del Código Tributario en privativa al director del Servicio de Impuestos Internos, no puede dictarse auto de procesamiento en contra de la imputada por no encontrarse justificado a su respecto los requisitos señalados en el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal".
En el fallo de enero del año en curso se indicó que Lucía Hiriart eludió tributos por 449.389.621 pesos, su hija Lucía Pinochet lo hizo por 453. 857. 024 pesos, Marco Antonio Pinochet por 128.170.684 pesos y su esposa María Soledad Olave por 35.442. 359 pesos. Jacqueline Pinochet fue acusada de eludir tributos por 25 millones y María Verónica Pinochet por 540.000 pesos.
En la misma resolución, y también por declaraciones tributarias maliciosas, Cerda procesó al ex albacea de Pinochet, Oscar Aitken, a quien le atribuye haber evadido mil 692.368.595 pesos, y a quien fuera la secretaria personal del dictador, Mónica Ananías, imputada de eludir 92.195. 492 pesos.
En una segunda parte del veredicto, el magistrado procesó además a Augusto Pinochet Hiriart, como autor del delito de falsificación de pasaportes. Por este mismo delito, y en calidad de autoras, fueron procesadas además sus hermanas Inés Lucía, Jacqueline y María Verónica.

1 de junio de 2006
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enterrados vivos


[Felipe Castro] Casos de catalepsia dan pánico en el cementerio. La leyenda de Rosario Zuazagoitía es la más impactante. Cristián Niedbalsky relata viejas historias de gente enterrada viva, desatando el temor de los visitantes.
Cuando Cristián Niedbalsky se pone la túnica monacal con la que guía las visitas nocturnas por el Cementerio General, deja aflorar cuentos que lleva dentro. Desde que empezó con esta labor -que baraja junto con las relaciones públicas del camposanto-, lo sorprende que muchos de los visitantes prestan particular atención a tres casos que tienen que ver más con medicina que con fantasmas y almas en pena.
Son tres historias de catalepsia, mal que en épocas pasadas llevó a que gente viva, que perdió sus signos vitales, fuese sepultada por error, para después despertar al interior de un ataúd.
"El más impactante es el de Rosario Zuazagoitía, esposa de Mariano Egaña", cuenta Niedbalsky. Cuando murió, en 1832, su hermana Carmen -quien después se casó con el viudo-, le ató las manos con un pañuelo, para simular una actitud de oración", relata.
Al fallecer Carmen fue necesario unir sus restos con los de su hermana, que debió ser reducida para que cupieran ambas en el mausoleo familiar. "Al abrir la urna de Rosario, encontraron sus manos desatadas, su cuerpo en otra posición, incluso se hallaron trozos de uña incrustados en la urna", narra el guía.
Otro caso emblemático es el de un sacerdote que despertó después de ser enterrado, dando fuertes golpes al interior de la urna, los que fueron escuchados por un albañil que hacía reparaciones cerca del féretro. "Lo rescataron y volvió a hacer misa, con mucha más fe que antes, hasta que llegó el día en que falleció definitivamente... o no hubo otro albañil que lo salvara", bromea Niedbalsky.
A este se suma el de un joven indigente que fue rescatado de una fosa común para perecer definitivamente a los pocos minutos.
"La gente, cuando hace comentarios al respecto, demuestra que le tiene terror a verse encerrado en una urna, como si tuvieran la pesadilla de ser sepultados vivos", dice el guía.
El neurólogo Hugo Lara asegura que este pánico se debe a la muy común claustrofobia, cuyo ícono máximo es el encierro en un ataúd. "Pero hoy está injustificado, ya que la catalepsia, que es una manifestación de la narcolepsia, dura sólo unos minutos, y para que te entierren, por razones legales, se requieren mínimo 48 horas de plazo", concluye.

1 de junio de 2006
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olvidado héroe chileno


[Cristóbal Peña] De la Revolución Cubana. Hace 35 años, en un accidente aéreo en Los Cerrillos, falleció el piloto iquiqueño Jacques Lagas. Lagas fue marino, militante socialista y aviador comercial. Más por aventura que por vocación política, en 1959 se sumó a las fuerzas de Fidel Castro, quien lo condecoraría como Héroe de Playa Girón por sus hazañas a bordo de un B-26 refaccionado por él. La gloria, eso sí, le duró poco: entró en pugna con el oficialismo cubano y se convirtió en renegado. La historia quedó documentada en sus memorias.
Cuando recién había recogido el tren de aterrizaje, elevado a cien metros de altura, el viejo Curtis C-46 acusó una falla en su hélice derecha. Una falla que la detuvo en seco. La nave de carga de la empresa Alfa, con dos tripulantes y dos pasajeros a bordo, había despegado a las 4:23 de la madrugada desde Los Cerrillos y tres minutos después, ante la porfía de un motor, se precipitaba en los terrenos del fundo Vista Alegre, a dos kilómetros del aeropuerto.
La primera cuadrilla de rescaté presenció un espectáculo aterrador. Aún sujeto a la butaca del avión, que se había partido en dos y ardía en llamas, estaba el piloto Edgardo Osses. Había muerta de forma casi instantánea. Los otros tres que iban a bordo seguían con vida, pero sus cuerpos humeaban y se retorcían en el campo. Uno de ellos era el piloto chileno Jacques Lagas Navarro, ex capitán de la Fuerza Aérea Rebelde de Cuba y protagonista de los combates aéreos que derivaron en la derrota definitiva de las fuerzas anticastristas, que moriría horas después en la Asistencia Pública.
Su muerte, ocurrida el 25 de mayo de 1971, fue cubierta por la prensa chilena, pero pasó inadvertida en Cuba. Aunque su papel había sido decisivo en los combates de Playa Girón y Bahía Cochinos, al punto de ser condecorado por Fidel Castro, el piloto chileno se desencantó tempranamente y volvió renegado a su país, tras una penosa pugna con la oficialidad.
A 35 años de su muerte el hombre ha sido olvidado casi por completo. En Cuba fue borrado de la historia oficial; y acá, pese a que es de los pocos pilotos chilenos, sino el único, que ha peleado en una guerra de verdad, no engalana panteón alguno.
A Jacques Lagas, hijo de inmigrante holandés, nacido en Iquique en 1925, no hay dónde ubicarlo. Fue expulsado de la Marina y de Lan Chile lo despidieron por sumarse a una huelga. Militó en las filas del Partido Socialista y abrazó solidariamente la causa de la Revolución Cubana. Y aunque murió convencido de que había que defender esa revolución, gustoso habría peleado después contra Fidel.
Alguna vez se instaló una placa recordatoria en el lugar donde se estrelló el Curtis C-46, pero esa placa ya no está y el lugar lo ocupa hoy el mall Plaza Oeste.

Su Propio Avión
Si hoy se conocen las hazañas de Jacques Lagas es porque él mismo se ocupó de que no se olvidaran. A su retorno a Chile, en 1962, comenzó a escribir un libro que publicó dos años después con el título de ‘Memorias de un capitán rebelde'. Narrado con pluma segura, en caliente, y la frente en alto, es un valioso documento histórico que no deja títere con cabeza. Ni siquiera a su autor: la guerra dejó traumas que se fueron agravando con su progresivo desencantamiento.
A Cuba llegó a principios de 1959, una vez que Castro conquistó el poder, y de los chilenos que se enrolaron en la Fuerza Aérea Revolucionaria, FAR, fue el único piloto que entró en combate directo. Los dos primeros años estuvo dedicado fundamentalmente a misiones de instrucción y transporte, pero en abril de 1961, con la invasión estadounidense de Bahía Cochinos, y ante la escasez de pilotos de guerra, pasó a la primera línea.
En esos días Lagas mostró valor, aparte de ingenio. El historiador aeronáutico Iván Siminic, uno de los pocos que se han ocupado del personaje, escribió que frente al desastroso estado de la flota aérea castrista, el piloto construyó un particular B-26, a partir de aviones dados de baja, un modelo de bombardero sin bombas, "cuyo único armamento consistía en seis ametralladoras de calibre .50 en la nariz, cuatro a estribor y dos a babor". Y para hacerlo más suyo, en el fuselaje gravó su nombre y rango, una bandera chilena y el lema ‘Por la razón o la fuerza' distintivo dentro de un rayo rojo. Con este aparato, que bautizó El Caballo, se lanzó a la gloria.
En su libro escribe que un día voló sin escolta, "en un cielo infestado de aviones enemigos que, según nos enteramos después, eran 16 en total. Dieciséis contra uno. La cosa era seria". En otra batalla se enfrentó solitario a una flota de 13 barcos. "Era cosa de locos, y yo era más loco, por intentarlo", escribió. Se habituó a esquivar y recibir fuego amigo y enemigo (ambos bandos tenían el mismo modelo y color de avión), y al término de nueve misiones exitosas, varias heroicas, el piloto chileno, junto a seis cubanos y un nicaragüense fue condecorado por Fidel Castro. El honor le duró poco.

Penoso Retrato
Terminada la batalla final, Lagas empezó a tener serios problemas con algunos compañeros, particularmente con aquellos que, según el libro, ascendían y copaban los primeros puestos sin haber disparado un tiro. O peor: que habían sido leales a Batista. El mérito empezó a ser partidista, acusa, y a medida que era pasado a llevar y el régimen se abanderizaba con Moscú, su anticomunismo se tornó crónico.
En sus memorias cita varios hechos que en su óptica fueron afectando la honra y ética militar de las FAR, pero de sus quejas se adivina que la desilusión se originó en asuntos más personales que políticos. Así, las desavenencias derivaron en lo que describe como una "persecución sistemática y organizada" en su contra. El retrato que hace de sí mismo es penoso, a veces patético. Oficialmente siguió siendo capitán de las FAR, de uniforme verde oliva, galones y pistola al cinto, pero en los hechos terminó viviendo encerrado en un departamento de La Habana, ahogando sus penas en alcohol. Dos veces intentó suicidarse, y una cubana, que sería su esposa y madre de sus dos hijos llegó a salvarle la vida.
Los últimos meses de este período se los pasó escribiendo cartas a Ernesto Che Guevara y Raúl Castro -quienes nunca acusaron recibo- y haciendo guardia en las oficinas de Punto Cero para intentar entrevistarse con Fidel, a quien recuerda "rodeado de su cohorte de aduladores y guardaespaldas". Un día, por cansancio, este lo recibió, y ahí Lagas, según cuenta, le soltó todo, que cientos de ex combatientes habían sido "vejados y humillados" por no estar afiliados al PC cubano, que habían sido víctimas de "injusticias y canalladas", que la FAR estaba maleada. Fidel lo escuchó atento y terminó ofreciéndole una casa y un auto para que se tomara unas buenas vacaciones, pero el chileno, a esas alturas, no quería más guerra.
En diciembre de 1961 el piloto volvió a Chile y fue recibido como un mito viviente, asistiendo a cuanta cena y acto se organizó en su honor. Pero Lagas no estaba para homenajes; quería acción, y a principios de 1962 volvía a la isla dispuesto a terminar la tarea. "Había que recuperar esa revolución, costase lo que costase", escribió.

Últimos Días
No queda claro qué pretendía hacer exactamente de vuelta donde no lo querían,: con suerte consiguió un puesto menor en Cubana de Aviación. Lagas, el héroe de Playa Girón, era porfiado y demoró unos ocho meses en darse cuenta que había ido a perder el tiempo. a enfermarse de los nervios y ganarse más problemas que no terminaron una vez que estuvo de vuelta en Chile, a fines de 1962.
Se separó de su mujer, quien partió a vivir a Miami con sus dos hijos y se encerró a llorar sus penas en un departamento de la calle Londres. Su sobrino, Ariel Lagas, recuerda que llegó a pesar 40 kilos y que tuvo que ser rescatado por su hermano René, padre de Ariel, para que no se perdiera. "Estaba mal el tío", dice el sobrino, que vivió con él y guarda su bitácora y unas pocas fotos de su época de gloria.
No se conservan imágenes de sus últimos días, pero es seguro que estaba un poco mejor. Jacques Lagas Navarro había vuelto a volar, y aunque estaba en una compañía menor y era copiloto, ya no pedía más. En su caso, después de todo lo vivido, la cosa era esa: morir con las botas puestas.

26 de mayo de 2006
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caso paris sin amnistía


Corte Marcial desestimó aplicar amnistía en caso de Enrique Paris. Pocas veces se han logrado acuerdos unánimes entre los representantes de las Fuerzas Armadas y los ministros civiles que integran la Corte Marcial. Pero ayer hubo una excepción no menor, porque en forma unánime anularon las amnistía para reabrir un caso.
Se trata del proceso por el secuestro y desaparición del doctor Enrique Paris, asesor del presidente Salvador Allende. El facultativo fue uno de los detenidos del palacio de La Moneda, el 11 de septiembre de 1973, conducido al regimiento Tacna donde se le pierde el rastro.
En el fallo del tribunal de alzada castrense, se dejó sin efecto el sobreseimiento definitivo que el juez militar de Santiago había decretado en el proceso, aplicando el Decreto Ley de Amnistía de 1978 argumentando le principio de "cosa juzgada" y cerrar el caso.
La Corte Marcial, de esta forma, resolvió además derivar el caso al ministro de fuero Juan Eduardo Fuentes Belmar, quien investiga la suerte que corrieron los detenidos de La Moneda.
La resolución fue el resultado de un recurso de apelación interpuesto por el abogado del Fasic, Nelson Caucoto, querellante contra los autores del secuestro.
El profesional sostuvo que lo resuelto por la Corte Marcial viene a poner orden en esta investigación, "ya que lo sucedido con los prisioneros de La Moneda es desde hace largo tiempo materia exclusiva de los tribunales ordinarios, correspondiéndole al ministro Eduardo Fuentes, por mandato de la Corte Suprema el conocimiento de esos hechos".
Destacó que por ello se trata de una resolución "que demuestra lo incongruente que es, que en pleno siglo XXI, la justicia militar todavía esté conociendo el proceso por detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, lo que no ocurre en ninguna parte del mundo".
Por contraste, el caso de Enrique Paris Roa se encuentra entre los 48 presuntos errores cometidos por el Servicio Médico Legal (SML) en la identificación.
La identidad del ex asesor presidencial se confirmó en 1996, entregándose los restos a sus familiares, en una ceremonia a la que concurrió el ex Presidente Ricardo Lagos.
Una vez remitida la causa al ministro Fuentes, éste deberá decretar las primeras diligencias, para tratar de determinar quiénes participaron en su ejecución, como también las circunstancias del hecho.
La suerte de los detenidos de La Moneda comenzó a develarse en 2000 cuando se descubrieron los restos de Juan Rivera Matus en la zona militar de Peldehue. Posteriormente, se encontraron restos de fosa común donde aproximadamente quince cuerpos fueron dinamitados y removidos en la operación de 1978 conocida como "retiro de televisores".

2 de junio de 2006
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prosiguen procesos ligados a dictadura

1. Reponen condenas a policía secreta. 2. Procesan por tortura a ex comisario. 3. Descubren inversiones injustificadas de hija de Pinochet.
[Jorge Escalante] Categórico fallo de la Suprema contra la amnistía. Por cinco votos a cero, la Sala Penal de la Corte Suprema echó abajo un fallo redactado por el juez Víctor Montiglio por el que, aplicando la amnistía, se revocó la sentencia que condenó a parte de la plana mayor de la ex DINA por el secuestro y desaparición en 1974 de la periodista Diana Arón. Calificando de "superflua, equivocada y contradictoria" la Sala Penal de la Corte Suprema revocó ayer en forma unánime -cinco votos contra cero- la resolución redactada por el ministro Víctor Montiglio -integrante de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones- por la que, aplicando la amnistía, en junio de 2005, se revocó la sentencia del juez Alejandro Solís que condenó a parte de la plana mayor de la DINA por el secuestro y desaparición de la periodista Diana Arón.
El veredicto dejó por primera vez con una condena a firme al ex agente civil de la DINA Osvaldo Romo, pieza vital en la represión contra el MIR, movimiento al que pertenecía Diana Arón, detenida el 18 de noviembre de 1974. Además, la reposición de las penas implica que el ex segundo hombre de la DINA, brigadier (R) Pedro Espinoza, que se encuentra en libertad provisional tras cumplir la condena por el crimen de Orlando Letelier y obtener el beneficio de la libertad por varios procesamientos por otras víctimas, deberá volver a cumplir una pena de presidio.
Con este dictamen, el máximo tribunal mantuvo la tesis jurídica de que el secuestro es un delito de carácter permanente, por lo que no puede ser amnistiado ni prescribe por el transcurso del tiempo, pues no existe la posibilidad de saber cuándo el ilícito se dejó de consumar y, en el caso de los detenidos desaparecidos, tampoco se conoce cuál fue su destino porque los cuerpos no han sido hallados.
La amnistía cubre sólo el período entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, por ello los magistrados sostienen que la figura del secuestro se extiende más allá de ese espacio.

Prueba Superflua
La medida decretada por la Sala Penal deja en muy mal pie la línea jurídica del ministro Víctor Montiglio, quien en las causas que tiene a su cargo, como la Caravana de la Muerte, dictó sentencias beneficiando a los autores de los crímenes con la amnistía.
En la resolución, la Sala Penal sostiene que, aun cuando el fallo redactado por Montiglio estableció "correctamente la existencia de un delito de secuestro, sorpresivamente considera probado que éste cesó de ejecutarse ‘no más allá del 20 de enero de 1975' sin decir siquiera en qué oportunidad precisa esto ocurrió, y si sucedió porque la víctima murió, se fugó, fue puesta en libertad, o por cualquier otra razón imaginable".
Al voto de Montiglio por revocar las condenas se sumó en 2005 la abogada integrante Ángela Radovic, mientras que por confirmarlas votó el ministro Carlos Gajardo.
El dictamen de la Corte Suprema continúa criticando los argumentos del fallo escrito por Montiglio, estableciendo que sostener que "no se ha logrado probar en el proceso que a partir de esa fecha (20 de enero de 1975) la privación de la libertad de la víctima se haya seguido consumando en el tiempo" es una "prueba superflua".
Por último, el veredicto de la Sala Penal calificó la línea jurídica de Montiglio y Radovic como "equivocada y contradictoria".
Los cinco ministros que aprobaron la reposición de las condenas son: Alberto Chaigneau, Enrique Cury, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez y Rubén Ballesteros.
El ministro Cury comentó el fallo expresando que "no hubo necesidad de entrar a discutir los tratados internaciones de derechos humanos porque, según los tratadistas y el derecho penal, el secuestro es un delito permanente desde hace 200 años".
La reposición de las sentencias fue posible por un recurso casación que interpuso la abogada Loreto Meza del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. La secretaria ejecutiva de este programa, Raquel Mejías, destacó la importancia del fallo recordando que "Diana Arón era además una joven periodista".
El abogado querellante por la familia de la víctima, Nelson Caucoto, sostuvo que "el mundo de los derechos humanos debe estar feliz porque tenemos un Poder Judicial que se atreve. Hoy justicia tiene nombre de mujer".

Condenados
Las condenas afectan al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras (15 años); Pedro Espinoza (10 años); Miguel Krassnoff (15 años); Marcelo Moren Brito (10 años); y Osvaldo Romo (10 años), todos en calidad de autores de secuestro calificado. Las condenas habían sido dictadas por el juez Alejandro Solís en la causa Villa Grimaldi, el pasado 14 de mayo de 2004.

31 de mayo de 2006
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procesan por tortura a ex comisario


[Jorge Molina Sanhueza] Juez procesó a ex comisario Barraza por delito de tortura. Ex policía que investigó el caso Guzmán quedó detenido en Temuco. La decisión del ministro Fernando Carreño se enmarca en una investigación que tramita por la denuncia del ex detective Ramón Apablaza, quien asegura que Jorge Barraza lo sometió a tormentos en 1974.
El ex comisario de Investigaciones Jorge Barraza fue sometido ayer a proceso por el delito de torturas, dictamen emitido por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Temuco, Fernando Carreño, dijo a La Nación una fuente judicial.
La decisión del magistrado se debe a la investigación que tramita por el mencionado delito, por la denuncia del ex detective Ramón Apablaza, quien aseguró en su declaración que fue torturado por Barraza en 1974, tras el golpe militar de 1973.
El martes ambos ex policías debieron contrastar sus versiones en un careo decretado por el juez, última instancia procesal antes de dictar la encargatoria de reo, en el marco del antiguo sistema penal de persecución de los delitos.
Barraza se había negado a prestar declaración ante el ministro Carreño en más de tres oportunidades. De hecho, los detectives a cargo de diligenciar las órdenes judiciales, pertenecientes a la Brigada de Investigaciones Especiales y Derechos Humanos lo buscaron en al menos tres direcciones que dejó en el tribunal para ser ubicado, pero todas resultaron ser falsas.
Por esta razón, Carreño emitió una orden de detención a nivel nacional en contra de Barraza para que fuera traído a su presencia, como indica la ley.
Durante un par de semanas, Barraza fue prófugo de la justicia, hasta que el sábado 27 se presentó ante el Decimoctavo Juzgado del Crimen de Santiago, donde se lo mantuvo en prisión preventiva. Posteriormente, fue derivado a la unidad policial correspondiente y el domingo pasado enviado a Temuco. Este lunes, Carreño lo dejó en prisión preventiva.
Ahora que Barraza está notificado de su encargatoria de reo tiene cinco días para presentar una apelación al tribunal de alzada de la Araucanía o bien reservarse el derecho de interponerla. Hasta ahora, el ex policía no ha designado abogado, dijo una fuente judicial consultada.
El ex comisario se hizo conocido en 1996 -luego de participar como investigador en los casos por el secuestro de Cristián Edwards y Jaime Guzmán- al denunciar al ex director de Investigaciones Nelson Mery, por obstrucción a la justicia en este último proceso, la que finalmente no llegó a buen puerto.
Mientras se desarrolló la causa asociada a esta denuncia de Barraza, aparecieron muchas informaciones relacionadas con la pertenencia de este último a delitos de tortura, como también a la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI) y el Comando Conjunto, como también su asesoría en las sombras a la Unión Demócrata Independiente (UDI).
El ministro Carreño sustancia, además, otra indagatoria por el mismo ilícito, en la que también estaría involucrado Barraza, pero ocurrida a mediados de los '80.

31 de mayo de 2006
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descubren inversiones de hija


[Luis Narváez y Andrea Chaparro] Descubren inversiones millonarias sin justificar de hija de Pinochet. SII aumentó perjuicio al fisco de María Verónica en más de 44 millones de pesos. El hecho quedó al descubierto durante los alegatos con que las defensas de la hija menor de Pinochet y Lucia Hiriart buscan anular los cargos en su contra. Durante la misma jornada, detectives interrogaron por primera vez al general (R) Juan Emilio Cheyre.
Desde enero que Lucía Hiriart y María Verónica Pinochet esperaban la oportunidad para impugnar los procesamientos dictados en su contra por el ministro del caso Riggs, Carlos Cerda. Ayer, la Corte de Apelaciones de Santiago revisó el encausamiento y, aunque no se resolvió, dejó más complicada a la hija menor del ex dictador.
Las apelaciones respectivas fueron analizadas en la Quinta Sala del tribunal de alzada integrada por los ministros Alfredo Pfeiffer, Haroldo Brito y el abogado integrante Benito Mauriz.
Los magistrados escucharon los alegatos de los abogados Jorge Guzmán y Pablo Rodríguez Grez, por María Verónica Pinochet y Lucía Hiriart, respectivamente. Por el Servicio de Impuestos Internos (SII), en tanto, argumentó Rodrigo Véliz.
Ambas mujeres fueron encausadas por el magistrado Carlos Cerda como autoras de delitos tributarios y de causar perjuicios fiscales. En el caso de la esposa del ex dictador, el SII le imputa causar perjuicios por más de 447 millones de pesos en impuestos no pagados.
No obstante, el caso de María Verónica Pinochet pese a que en el procesamiento del magistrado sólo se le imputan 540 mil pesos en impuestos adeudados, el abogado del SII, Rodrigo Véliz informó al tribunal de alzada que la últimas reliquidaciones realizadas por el Departamento de Investigación de Delitos Tributarios del organismo aumentaron el perjuicio a 44 millones de pesos.
Sobre María Verónica Pinochet poco se sabía. Por ello, la revelación hecha por el abogado del SII podría frustrar la acción de su defensa que solicitaban que se anulara el procesamiento dictado en su contra, inicialmente por poco más de medio millón de pesos.
Según Véliz, se descubrió que hasta marzo de 2006, la hija menor de Pinochet Ugarte mantuvo inversiones en el extranjero por más de 231 millones de pesos, las que no fueron consideradas en sus declaraciones de impuesto realizadas en los últimos seis años.
La Corte dejó en acuerdo la resolución y se espera que sea entregada no antes de un mes.

Cheyre Declara
En el mismo caso Riggs, el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, declaró por más de media hora ayer ante la Fuerza de Tareas e Investigaciones Reservadas (FTIR) de la policía civil, luego que el ministro de fuero Carlos Cerda ordenara la diligencia en la investigación sobre el origen de la fortuna de Augusto Pinochet.
El interrogatorio, de carácter policial, se realizó en el Club Militar de Lo Curro y buscaba aclarar algunos antecedentes sobre el período en que Cheyre fue jefe de la misión militar en España, en 1992.
La diligencia está enmarcada en una serie de pesquisas decretadas por el magistrado, quien se encuentra investigando a todos los militares que ocuparon el cargo de secretario privado, los agregados y jefes de las misiones militares en el extranjero.
Al ser consultado, el ministro Cerda contestó escuetamente que estas diligencias eran "normales" en un proceso judicial, pero añadió que no podía referirse a las materias que los detectives debían tratar con Cheyre.
El magistrado busca establecer si Pinochet ocupó para fines personales recursos del Ejército, porque en la investigación está acreditado que algunos militares que cumplieron destinaciones en el extranjero compraron diversos bienes para el ex uniformado con dineros provenientes de esta institución castrense.

31 de mayo de 2006
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pasaportes falsos de pinochet hijo


[Jorge Molina Sanhueza] Gustavo González González llegó a ser jefe nacional de Extranjería y Policía Internacional. El contacto de Augusto Pinochet hijo en Investigaciones.
El ministro en visita Alejandro Madrid, que sustancia la investigación por el homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos, acreditó un episodio hasta ahora desconocido de Augusto Pinochet Hiriart, hijo mayor del ex dictador.
Se trata de un contacto que mantenía este último al interior del alto mando de Investigaciones hasta fines de 2003, que más de alguna vez consultó vía telefónica para obtener información.
La historia comienza a fines de 1991, cuando Pinochet Hiriart se vio involucrado en el caso de los ‘pinocheques'. Aproblemado por sus problemas judiciales, relata, se quedó sin trabajo, "por lo cual decidí irme del país".
"Para ello hablé con el entonces secretario general del Ejército, coronel Jaime Lepe Orellana, quien me envió a hablar con el comandante del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), Manuel Provis, donde se decidió que saliera hasta Argentina en el avión correo de la FACH", revela.
En el BIE se le proporcionó la identidad de un suboficial y la Compañía de Apoyo Técnico lo caracterizó con bigotes para que se pareciera al sujeto de la fotografía.
"Esta operación no resultó ya que una vez en el aeropuerto, donde me contacté previamente con un amigo de la Policía de Investigaciones de nombre Gustavo González, chequeó la identidad y comprobó que tenía una orden de aprehensión pendiente, no pudiendo usar el avión FACH, debiendo pernoctar una noche en el BIE", sigue.

Relacionador Público
Casi doce años más tarde, en 2001, el mismo González esta vez convertido en prefecto y jefe nacional de Extranjería y Policía Internacional, aparece firmando un informe enviado reservado al entonces jefe del Departamento Quinto, donde entrega todas las entradas y salidas del país de Augusto y Marco Antonio Pinochet para el caso Berríos. Actualmente es el relacionador público de Círculo de Oficiales en Retiro de la institución.
Pinochet Hiriart abandonó Chile al día siguiente, asegura, con su identidad real, y llegó a Buenos Aires, Argentina, acompañado del jefe de la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Arturo Silva Valdés y se reunió con el entonces agente residente del servicio secreto del Ejército Carlos Narea González.
Este último, con un falsificador de documentos conocido como ‘Beber', le consiguió identidad falsa para que viajara a Brasil y luego a España.
La lógica de esta historia y sus vínculos con la muerte de Eugenio Berríos tienen dos aristas. La primera que le ha permitido a Madrid llegar a la convicción de que la inteligencia militar de la época sacaba personas de Chile para obstruir la justicia. Es el caso de Berríos, quien fue sacado de Chile con destino a Uruguay en octubre de 1991, pocos días antes de la salida de Pinochet Hiriart. Una segunda pista la constituye la estadía en la república oriental de este último en abril de 1993, a sólo meses de que estallara el escándalo por la estadía del químico en ese país.

Una Más
Según la declaración de Pinochet Hiriart, su estadía en Montevideo se debió a un tratamiento de rehabilitación, ya que su esposa le había disparado en una pierna.
Uno de sus visitantes cotidianos al departamento que tenía arrendado en esa capital era precisamente el coronel Tomás Casella. Este último fue extraditado a Chile junto a dos militares activos, los oficiales Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, procesados por Madrid como autores de asociación ilícita, secuestro y homicidio de Berríos.
En la causa está establecido que el químico fue asesinado entre abril y junio de 1993.
Sin embargo, dentro de este mismo proceso no es la primera vez que ocurren las filtraciones. Un hecho similar sucedió en octubre de 1991 cuando un detective le avisó al propio Berríos que la policía le buscaba para que declarara en el caso Letelier.
El delator fue el detective de narcóticos Felipe Ríos, quien a su vez recibió una información de que había traficantes de droga queriendo entregar información, oportunidad en que conoció a Berríos, quien le comentó ciertos embarques de cocaína que saldrían de Chile hacia Europa. Como los datos de este último no le parecieron reales, Ríos no hizo más contacto, pero cuando se enteró que el entonces ministro Adolfo Bañados, que llevaba el caso Letelier requería al químico en la causa, fue hasta su casa y le contó.

29 de mayo de 2006
©la nación
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