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militares devuelven héroe en chile


[Larry Rohter] Restos de prócer de la independencia es enterrado en nuevo mausoleo.
Santiago, Chile. Poco después de tomar el poder en 1973, el general Augusto Pinochet construyó un Altar de la Patria y trasladó a él los restos de Bernardo O’Higgins, el héroe de la independencia chilena. Los demócratas chilenos han estado peleando desde entonces para arrebatar O’Higgins a los militares y restaurar su legado a la nación, y el jueves finalmente lo lograron.
En una emotiva ceremonia de una hora en una plaza en el centro de la ciudad, a un lado de un boulevard llamado en honor a O’Higgins, y a tiro de piedra del palacio presidencial, el presidente Ricardo Lagos reclamó simbólicamente "al Padre de la Nación" a nombre de los 15 millones de chilenos.
Lo hizo, dijo, en nombre de "un Chile que reencuentra sus valores y tradiciones democráticas" y establece "nuevas relacionese entre civiles y militares".
Después de leer discursos debajo de la estatua de O’Higgins a caballo, Lagos y el general Cheyre, el comandante de las fuerzas armadas, visitaron el nuevo mausoleo, todavía oliendo débilmente a pintura fresca y granito húmedo antes de abrir sus puertas al público. Fue como si la tumba de George Washington fuera retornada a Mount Vernon después de haber sido requisada por el Pentágono durante 30 años.
La entrega de la tumba de O’Higgins al control civil es la culminación de una serie de gestos simbólicos que ha hecho Lagos, un socialista que deja su cargo el sábado, durante sus seis años como presidente. Empezó con la reapertura de la puerta lateral al palacio de gobierno que fue a menudo usada por Salvador Allende, el único otro socialista que ha gobernado Chile y que permitió al público acceder a la entrada principal y a los patios del palacio.
Entonces, justo antes del 30 aniversario del golpe de Pinochet, se descubrió una estatua de Allende en la plaza principal que está justo detrás del palacio, conocido como de La Moneda, donde se suicidó el 11 de septiembre de 1973, después de que fuera bombardeado por aviones de la fuerza aérea. Como un gesto de despedida, Lagos piensa dedicar esta semana un pequeña placa en el palacio a los funcionarios que murieron junto a Allende en el golpe.
"Un montón de mis amigos murieron aquí, o algunos días después", dijo Lagos durante una entrevista el fin de semana pasado, cuando se le preguntó por su afición por esos actos simbólicos. La hebra común, dijo, es "ser capaz de recuperar un trozo de la historia de la nación", pero de un modo "que no divida nuevamente a los chilenos, sino que los una".
En ese sentido, el Altar de la Patria y especialmente su acompañante Llama de la Libertad, fueron difíciles de resolver. Durante los 17 años de la dictadura de Pinochet, los opositores trataron repetidas veces de apagar la antorcha para protestar contra la represión de la junta gobernante, lo que llevó a los militares a cerrar el espacio al público.
Incluso después de la restauración de la democracia en 1990, hubo intentos de sabotear al monumento. En agosto de 2003, por ejemplo, justo antes de las conmemoraciones del aniversario número 30, se detuvo a tres hombres con intentaron apagar la llama con extintores de incendio.
Finalmente en 2004, después de un debate sobre quién debía pagar la creciente cuenta del gas de la llama, la antorcha y el altar fueron removidos, los restos de O’Higgins fueron transferidos a la academia militar y la plaza fue rebautizada como la Plaza de la Ciudadanía. Pero manteniendo el énfasis en evitar las divisiones, esos pasos fueron dados presuntamente en el marco de un proyecto de renovación urbana en preparación del bicentenario de 2010 del inicio de la lucha de Chile por su independencia, antes que como un rechazo explícito del general Pinochet o de los militares.
"No hay ninguna significación especial en cambiar la llama y colocar una fuente en su lugar", dijo Ricardo Trincado, director regional del Servicio de Vivienda y Planificación Urbana, a periodistas escépticos. "Simplemente nos pareció un buen modo de sacar ventaja del espacio y darle más prestancia a la ubicación".
Determinar quién debe tener la posesión de los restos de O’Higgins, que era de origen irlandés y que condujo a las fuerzas separatistas en las guerras que terminaron con la independencia de España en 1818, no es de ningún modo el único ejemplo del modo en que los cuerpos de personajes históricos, e incluso contemporáneos, han sido usados aquí para propósitos políticos.
"Hay una obsesión en este país con los entierros, los desmembramientos y los re-entierros", dice Alfredo Jocelyn-Holt, un prominente historiador y crítico social. "Todavía tenemos a desaparecido de los años de Pinochet que no han sido enterrados, por supuesto, pero más allá de eso también está Allende mismo, y Pablo Neruda, y Diego Portales", otro héroe de la independencia chilena. "Es algo muy morboso, profundamente psicológico y social, algo nacido de problemas que no han sido resueltos".
Aunque los restos de O’Higgins han sido trasladados a una sepultura propia, sigue en pie otro misterio: el paradero de dos de sus espadas. Su significado histórico es tan grande que incluso hoy los oficiales militares que son ascendidos a general reciben una réplica de la espada de batalla de O’Higgins. Las originales, que se exhibían en el Museo Nacional, desaparecieron después de que el general Pinochet usurpara el poder.
Cuando el museo pidió a los militares que devolvieran las espadas después del retorno a la democracia, recibieron en su lugar lo que se demostró que eran copias. Una ex directora del museo dijo públicamente que sospechaba que las tenía el general Pinochet.
Pinochet ha estado siempre obsesionado con O’Higgins, el ciudadano general al que aman todos los chilenos. El general Pinochet se dio a sí mismo el título de capitán general, que había sido otorgado a O’Higgins y que luego, por respeto, no volvió a ser usado nunca más.
"Como dictador, Pinochet estaba siempre a la búsqueda de elementos históricos que pudieran otorgarle alguna especie de legitimidad", dice Francisco Estévez Valencia, un historiador y periodista que fue uno de los detenidos en 2003 por tratar de apagar la llama de la libertad. "Así que secuestró simbólicamente a O’Higgins, que no era un tirano, que era progresista en su época, y que sólo ahora los chilenos están aprendiendo a conocer".

10 de marzo de 2006

©new york times
©traducción mQh
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testigos del tráfico de armas en chile


Declaración policial del ex suboficial Rodrigo Peña González, refugiado en Holanda desde el 2001, fue anexada al expediente del caso del crimen del coronel. Testigo asegura que Huber le informó sobre tráfico de armas y químicos.
Cerca de 10 documentos sobre el tráfico de armas y de drogas químicas habría entregado el coronel Gerardo Huber al suboficial Rodrigo Peña González, antes de que el primero fuera asesinado en 1992.
El suboficial -quien pertenecía al Batallón de Mantenimiento de Material Blindado y Artillería de Renca- realizó una declaración policial el 30 de noviembre de 2003, en el marco de la investigación del ministro Hugo Dolmestch por la desaparición de cinco frentistas tras el secuestro del coronel Carlos Carreño en 1987.
El testimonio de Peña, de nueve páginas, está incluido en el expediente del caso Huber y constituye una de las presunciones claves del ministro Claudio Pavez para sustentar los encausamientos por asociación ilícita para el homicidio del ex jefe de Adquisiciones en el Exterior de la Dirección de Logística, que dictó esta semana en contra de los generales (R) Eugenio Covarrubias y Víctor Lizárraga, de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine); además del general (R) Carlos Krumm, de la Dirección de Logística; el brigadier (R) Manuel Provis, del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), y del coronel (R) Julio Muñoz. En la declaración afirma que su "ingreso a la institución (Ejército) se debió principalmente a mi interés de descubrir en lo posible a criminales y la ubicación de algunos detenidos desaparecidos". Fuentes ligadas al caso sostienen que se trataría de un frentista infiltrado en el Ejército.

Encuentro con Huber
Peña sostiene que una noche, a mediados de 1989, llegó una mujer a su unidad, "quien no se identificó, pero me dijo que un oficial necesitaba conversar conmigo y que se encontraba al interior de un vehículo estacionado en el frontis (...) Me subí al vehículo, sentándome en el asiento del acompañante del conductor, allí un señor se identificó como el oficial Huber". Agrega que "me preguntó si sería capaz de guardar información, puesto que estaba claro que las personas cometían acciones malas, pero que siempre había una ocasión para revertir dichos actos".
Luego dice que le entregó un documento "que trataba sobre el tráfico de armas y drogas (químicos) vinculados con su amigo militar de apellido (Eugenio) Berríos, el cual tenía una nueva droga, señalándome que en caso de que le sucediera algo, hiciese entrega de esta carta a la justicia".
Relata que después Huber le entregó "diversa documentación relativa a compras de armamento entre el Ejército de Chile e Israel" y que, además, "el Ejército enviaría armamento a unos países árabes". Los documentos "tenían el carácter de secreto", llegaron a ser "cerca de 10" y tenían "firmas del jefe de Logística".

Periodista Muerto
Peña sostiene también que "el año 90 recuerdo que, en una de las ocasiones que nos encontrábamos con Huber, me dijo que había tenido la idea de hacerme llegar documentos para que se los entregara a un periodista inglés de nombre Jonathan Moyle, el cual estaba investigando el tráfico de armamento", asegura Peña.
Sin embargo, Moyle apareció ahorcado en el Hotel Carrera, tras lo cual se interrumpieron los encuentros con Huber. Luego Peña asegura que fue torturado en Arica por efectivos de Inteligencia, tras lo cual viajó en 2001 a Holanda para pedir asilo. En el intertanto, dice haber destruido los documentos que le dio Huber.

General Krumm Dice Que Es Inocente
El general (R) Carlos Krumm, ex jefe de la Dirección de Logística del Ejército y quien esta semana fue procesado por asociación ilícita por el ministro en visita del caso Huber, Claudio Pavez, aseguró su total inocencia en el caso.
En una carta enviada desde el Batallón de Policía Militar de Peñalolén sostuvo que "juro, poniendo a Dios por testigo y por la salvación de mi alma inmortal, que soy absolutamente inocente y no tengo idea de este caso". En la misiva, enviada a La Segunda, afirmó también que "creo lo mismo sobre los otros oficiales implicados".
Krumm era el jefe directo de Huber en la Dirección de Logística y también aparece mencionado en el caso por el fallido tráfico de armas a Croacia descubierto en 1991. Fuentes ligadas al caso sostuvieron que Pavez realizará en los próximos días careos entre los oficiales. Esto, sin embargo, será después de que se zanjen las apelaciones o recursos por el caso.

Piden Buscar A Homicidas
La viuda del coronel Gerardo Huber, Adriana Polloni, dijo ayer estar feliz por el procesamiento de cinco oficiales en retiro por asociación ilícita para la muerte de su marido en 1992. Tras reunirse con el ministro en visita Claudio Pavez dijo confiar en que se encuentre a los autores materiales del homicidio y se llegue "a la verdad".
Respecto de responsabilidades superiores, dijo que el general (R) Augusto Pinochet, comandante en jefe del Ejército al momento del crimen, "tenía antecedentes desde antes (del homicidio) y más allá de eso yo creo que tenía antecedentes de lo que podía saber mi marido".
Polloni también reiteró sus críticas al desempeño del Ejército en la materia, diciendo que "nunca tuvimos apoyo" de la institución. Al respecto, el general Cheyre señaló que el tema está radicado en tribunales.

9 de marzo de 2006

©la tercera
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pinochet robaba a fuerzas armadas


Un informe solicitado a la Policía de Investigaciones por el juez Carlos Cerda, quien investiga el origen de la fortuna de Augusto Pinochet, estableció que desde la Casa Militar se desviaron fondos reservados por 285.000 dólares (casi 150 millones de pesos) para uso personal del ex dictador y su familia.
La investigación, realizada por la Brigada de Lavado de Activos, estableció que la utilización de gastos reservados que manejaba la Casa Militar -compuesta por un grupo de asesores del Ejército-, y que formaban parte del presupuesto de la presidencia, se cometió entre 1981 y 1989, período en que funcionó la institución.
La pesquisa fue solicitada por el magistrado en octubre, semanas después de que el ex juez a cargo del caso Riggs, Sergio Muñoz, pidió el desafuero del ex dictador por malversación de caudales públicos o uso de gastos reservados, por cerca de 2 millones de dólares.
La investigación de la policía civil fue complementada por la documentación del Subcomité del Senado de Estados Unidos, informaciones bancarias y antecedentes proporcionados por la defensa de Pinochet, entre otros.
Entre sus conclusiones se estipula que en 1981 desde la Casa Militar, entonces a cargo del general en retiro Jorge Ballerino, se transfirieron 61.320 dólares para solventar gastos del primogénito del ex dictador, Augusto Pinochet Hiriart, a dos cuentas del banco Riggs en Miami.
Las cuentas en Estados Unidos estaban a nombre de Ballerino y el ex edecán de Pinochet Ramón Castro, y el monto transferido tuvo como destinataria final a la esposa de Pinochet Hiriart, María Verónica Molina.
Según consta en el informe, de las mismas cuentas correspondientes a fondos reservados de la Casa Militar, se transfirieron entre junio y julio de 1984 1.127.576 dólares a una cuenta del mismo banco registrada con el nombre ficticio de John Long. Investigaciones constató que de esta cuenta 60.030 dólares fueron utilizados para solventar gastos personales de Pinochet.
Varios fondos continuaron siendo transferidos en esa misma época nuevamente para su primogénito, quien durante ese período se encontraba viviendo en California bajo el nombre de Augusto del Pino, una fórmula que, sospecha la justicia, fue utilizada reiteradamente por Pinochet y su familia para esconder el origen de su fortuna, estimada en más de 27 millones de dólares.
El informe establece además que el ex dictador utilizó 13 combinaciones fraudulentas de su nombre en bancos de Estados Unidos y creó por lo menos 14 firmas y varios fideicomisos que hacían sus operaciones a través del banco Riggs y el Banco de Chile en Nueva York.
Según la investigación iniciada por el juez Muñoz y que ahora sustancia Cerda, el ex dictador sólo pudo justificar ingresos por 661.732 dólares entre 1973 y 2004. Esa suma incluye honorarios como presidente, comandante en jefe del Ejército y senador vitalicio, además de una pensión del Ejército.
En el marco de esta investigación, Cerda está pronto a dictar procesamientos por malversación de fondos públicos contra los miembros de la Casa Militar. Esto a partir de la solicitud formal que presentó el Consejo de Defensa del Estado -en diciembre- respecto de los generales en retiro Ballerino y Castro, y del coronel Gustavo Collao.

18 de febrero de 2006

©la nación
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más militares a juicio en caso huber


[ Jorge Molina Sanhueza] Ministro Claudio Pavez los notificará hoy de la resolución. Caso Huber: procesan por asociación ilícita a tres generales y dos coroneles en retiro. La decisión del magistrado se basó en los antecedentes, contradicciones, y al menos 30 presunciones judiciales, que apuntan a que los oficiales (R) colaboraron de diferentes maneras y en distintos momentos de 1992, para ocultar el homicidio de Huber.
El ministro en visita Claudio Pavez a cargo de la investigación por el homicidio del coronel Gerardo Huber, someterá hoy a proceso a cinco altos oficiales en retiro del Ejército, en calidad de autores del delito de asociación ilícita para ocultar el asesinato.
Se trata del ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en 1992, general (R) Eugenio Covarrubias; el ex subdirector de la DINE, general (R) Víctor Lizárraga Arias; el ex jefe de la Dirección de Logística, general (R) Carlos Krumm, el ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército, Manuel Provis Carrasco y el coronel (R) y amigo de Huber, Julio Muñoz.
La decisión del magistrado se basó en la serie de antecedentes, contradicciones de los involucrados y, en al menos 30 presunciones judiciales, de que los oficiales (R) ayudaron en 1992 de diferentes maneras para ocultar el homicidio de Huber. Algunos de ellos encubriendo y otros desviando la atención de los hechos, toda vez que el cuerpo del coronel no presentaba lesiones atribuibles a suicido, sino que a la acción de terceros. Las sospechas del magistrado son que el autor material del crimen es uno de los cinco encausados o bien otra persona cuya identidad se niegan a revelar.
En diciembre de 1991 Gerardo Huber se vio involucrado en el tráfico ilegal de armas a Croacia, pertrechos militares que fueron descubiertos en Budapest, Hungría, y que determinaron en Chile la apertura de un sumario a cargo del entonces ministro Hernán Correa de la Cerda.

Cuenta Regresiva
En enero de 1991, Huber fue interrogado y posteriormente arraigado por Correa de la Cerda, antes que viajara a Israel. Para evitar que declarar cuando el caso estaba en su momento más álgido -enero de 1992- Huber presentó un certificado médico aduciendo mareos a raíz de un supuesto estrés y depresión. Pese a estar autorizado para viajar a Puerto Varas, Huber se fue a la casa de su compadre, Elwin Tapia en el Cajón del Maipo.
El 29 de enero el coronel salió en la noche en el Nissan plomo de Tapia, luego que su familia saliera, horas antes, a buscar a su hijo José Ignacio.
A eso de las 23 horas, cuando Elwin Tapia aún se encontraba en casa de su prima, notaron que Huber no llegaba. Se preocuparon y regresaron a la casa de Tapia a ver qué sucedía y hallaron las luces prendidas, la puerta abierta, pero no estaba ni Huber ni el auto. Se contactaron con Carabineros y a las 3 de la madrugada hallaron el automóvil en el puente El Toyo.
Transcurrieron tres semanas hasta que el 20 de febrero de 1992 el cuerpo de Huber apareció en el lecho del Río Maipo con el cráneo destrozado. La causa estuvo caratulada durante 13 años como suicidio hasta que el ministro Claudio Pavez la cambió a homicidio calificado pocas semanas después asumir el caso en septiembre pasado.

Suma de Hechos
La lógica usada por Pavez fue enhebrar todos los hechos desde que Huber salió de la casa de Elwin Tapia aquel 29 de enero de 1991. Una de las presunciones que fundaron su análisis fue que en el puente El Toyo no hubo huellas ni rastros de forcejeo. Por tanto estimó que algunos militares podrían haber llegado esa noche a buscarlo para evitar que entregara detalles del tráfico de armas a Croacia. Posteriormente podría haber sido llevado a una unidad militar. La más cercana y secreta que tenían a manos sus captores era la Escuela de Inteligencia del Ejército (EIE), ubicada en la localidad de Nos, cercana San Bernardo. Distante a sólo poco más de media hora, si se considera que por las noches el tráfico de vehículos es casi nulo en ese sector.
Ahora bien, Pavez realizó una inspección a la EIE y acreditó que en ese recinto se encontraban las dependencias del otrora Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, que en 1992 dependía del director de la DINE, general Eugenio Covarrubias. El recinto contaba con una entrada especial donde oficiales y miembros de la EIE tenían prohibido ingresar.
Pavez, entonces sospecha que Huber bien pudo haber estado secuestrado en ese lugar, mientras el general Lizárraga y el brigadier Provis viajaron –el 15 de febrero- a Linares, donde estaba el hijo menor de Huber junto a su tía Clina Polloni con el objetivo de traerlo a Santiago. El niño fue el último en compartir un largo paseo junto a su padre, pocas horas antes que desapareciera.
Lo concreto es que el cuerpo de Huber apareció el 24 de febrero de 1992 sin las huellas aparentes de un suicidio ni las que dejan el arrastre de un cuerpo por el río durante tres semanas. Para acreditar esto Pavez interrogó al menos a cuatro peritos criminalistas quienes declararon que el cuerpo de Huber presentaba lesiones atribuibles a la acción de terceros.
Los cinco oficiales debieran ser notificados hoy por el magistrado y quedarán detenidos en una unidad militar a la espera de que el tribunal de alzada de Santiago analice las apelaciones que seguramente presentarán.

7 de marzo de 2006
©la nación

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memorial en honor a miguel woodward
[Jorge Escalante] Poco después del golpe militar de 1973 el religioso católico fue detenido y torturado por oficiales de la Armada a bordo del buque escuela "Esmeralda".
Con la presencia del subsecretario de Relaciones Exteriores, Cristián Barros y del embajador de Gran Bretaña en Chile, Howard Drake, familiares y amigos del sacerdote Miguel Woodward, inaugurarán hoy un memorial en el Cementerio de Playa Ancha, para recordarlo a él y los detenidos desaparecidos de Valparaíso.
La iniciativa contó con el apoyo de la Municipalidad de Valparaíso y el respaldo del presidente Ricardo Lagos, quien inicialmente asistiría al emotivo evento.
Poco después del golpe militar de 1973 el religioso católico fue detenido y torturado por oficiales de la Armada a bordo del buque escuela ‘Esmeralda’. Días más tarde, el violento maltrato le provocó la muerte en el Hospital Naval, entonces ubicado en el cerro Playa Ancha. Sin embargo, la Armada ocultó su cuerpo y falsificó su certificado de defunción, sepultándolo clandestinamente, presuntamente en el Cementerio de Playa Ancha.
A la ceremonia que se iniciará a las 18 horas de hoy, concurrirá su hermana Patricia y el esposode ésta, Fred Bennetts, los únicos familiares del sacerdote que están en Chile. Además, participarán religiosos como José Aldunate y José Gutiérrez, quienes defendieron los derechos humanos durante la dictadura.
El memorial es una placa de piedra con la inscripción "Aquí en una fosa común, yacen cuerpos abrazados. Otros cuerpos, solos, yacen en tierras cercanas y en el mar. Un nombre les representa: Miguel Woodward Yriberry, 1932-1973".

Difícil Proceso
El proceso abierto por el crimen de Woodward, que antes instruyó la jueza Gabriela Corti y que actualmente está en manos de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, ha estado lleno de dificultades debido a diversas presiones denunciadas por la familia.
En la investigación del itinerario vivido por el sacerdote desde su detención, se logró identificar a varios oficiales -hoy en retiro- que participaron en los hechos. Antecedentes que, según sus familiares y abogados querellantes, son suficientes para procesarlos, sin embargo hasta ahora no hay ningún encausado. No obstante, fuentes vinculadas a la indagatoria sostienen que ésta sigue adelante, y creen que, en algún momento, especialmente hoy bajo el mando del almirante Rodolfo Codina, la Armada "abrirá definitivamente su conciencia" para admitir el crimen y revelar detalles.

7 de marzo de 2006
©la nación

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detienen a ex director del dine y a cuatro altos oficiales
Ministro en visita Claudio Pavez procesó a uniformados por asociación ilícita y consigna que asesinato fue para ocultar tráfico de armas a Croacia. Juez ordenó el arresto en el Comando Militar de Peñalolén de los generales (R) Eugenio Covarrubias y Víctor Lizárraga, ambos (el primero jefe) del Dine; al general (R) Carlos Krumm, de Logística; al brigadier (R) Manuel Provis, del Batallón de Inteligencia, y al coronel (R) Julio Muñoz, amigo del coronel Gerardo Huber, asesinado en 1992. Realizarán careos para rastrear a quién ideó la asociación y a los autores materiales.
Detenidos en el Comando Militar de Peñalolén permanecen desde ayer el general (R) Eugenio Covarrubias, ex director de Inteligencia del Ejército (Dine), y otros cuatro oficiales en retiro, quienes fueron procesados por el ministro en visita Claudio Pavez por su presunta responsabilidad en el homicidio del coronel Gerardo Huber, perpetrado en el verano de 1992.
Huber, el entonces jefe de Adquisiciones en el Exterior de la Dirección de Logística del Ejército, desapareció el 29 de enero desde el Puente El Toyo, en el Cajón del Maipo, semanas después de declarar en la investigación por el fallido tráfico de armas a Croacia, durante la Guerra de Los Balcanes. Su desaparición se produjo mientras visitaba a un amigo en el sector de San Alfonso, tras lo cual fue encontrado el 20 de febrero, sin vida, en un arenal del río Maipo, con el cráneo destrozado por un impacto de bala.
Ayer por la mañana los ex militares fueron llegando uno a uno hasta la Corte de Apelaciones de San Miguel, donde fueron notificados de su encausamiento por asociación ilícita para cometer el homicidio.
Se trata del general (R) Eugenio Covarrubias; el general (R) Víctor Lizárraga, ex secretario coordinador del Dine; el general (R) Carlos Krumm, ex director de Logística y superior directo de Huber; el brigadier (R) Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), y el coronel (R) Julio Muñoz, entonces amigo del coronel muerto.
Joanna Heskie, querellante por la familia en el caso y quien presentó el viernes la solicitud de encausamiento por asociación ilícita, sostuvo que "la familia está contenta, pero súper nerviosa" tras 14 años de espera. La abogada del estudio Colombara y Olmedo recalcó que espera que este procesamiento permita avanzar hasta hallar a los autores materiales del asesinato.

Las Presunciones
Fuentes ligadas al caso sostuvieron que los cinco encausados se reservaron ayer su derecho a apelar o presentar un recurso de amparo.
Las fuentes añadieron que el ministro cuenta con 30 presunciones que respaldarán los encausamientos en caso de que éstos intenten dejarla sin efecto y que justifican la resolución que adoptó.
Una de las principales presunciones de Pavez se basa en una declaración realizada en 2003 en el marco de la investigación del ministro Hugo Dolmestch por la desaparición de cinco frentistas tras el secuestro en 1987 del coronel Carlos Carreño. Fuentes afirman que en esta declaración un ex trabajador de la Unidad de Arsenales de Guerra -quien actualmente vive en Holanda- habría declarado que el coronel Huber le entregó documentos sobre el tráfico de armas a Croacia que éste, a su vez, pretendía entregar al periodista inglés Jonathan Moyle, muerto en Santiago en 1990. Este hecho, a juicio de Pavez, podría corroborar el móvil por el cual fue asesinado el coronel.

Rastrearán Autores Materiales
Tras notificar a las partes, Pavez dijo que hoy iniciará una segunda etapa de la investigación que contempla "buscar al autor material o mejor dicho reunir las pruebas en contra de las personas que podrían estar involucradas en el hecho directo".
Fuentes ligadas a la causa sostuvieron que entre estos últimos podría encontrarse el brigadier (R) Provis, encausado ayer por su rol en el BIE.
Fuentes consultadas afirmaron que el segundo propósito del ministro en esta etapa es precisar cuál es el rol que jugó cada uno de los cinco procesados en la asociación ilícita, determinando quiénes la idearon. Agregaron que para ello Pavez hará una ronda de careos entre los encausados, que se sumará a nuevos interrogatorios destinados a hallar al autor material.

Los Argumentos del Fallo
La resolución de Pavez sostiene que la interceptación en 1991 -en Budapest, Hungría- de un cargamento de armas con destino a Croacia dejó al descubierto una organización para exportar armas ilegalmente y, además, "para encubrir responsabilidades en dicho tráfico y en otros delitos relacionados, sin importar la perpetración de nuevos hechos punibles".
Para Pavez, el crimen de Huber constituye una acción "planificada para neutralizar a dicho oficial por el conocimiento que tenía de las operaciones irregulares en las que intervino personal de Ejército y Famae", en la que "un grupo de individuos se organizaron para atentar contra la propiedad del Estado, las personas y encubrir a los responsables", lo que configura el delito de asociación ilícita.

CDE Alude a Provis y Lizárraga Como Autores
La abogada María Inés Horvitz, del Consejo de Defensa del Estado (CDE), sostuvo que "tenemos bastantes antecedentes de que tuvo que haber sido el Batallón de Inteligencia (BIE) el que ejecutó materialmente el hecho", a lo que añadió que "todo apunta a la intervención bastante directa de Víctor Lizárraga (Dine) y Manuel Provis (BIE)" como autores materiales.
En el proceso consta que tanto Provis como Lizárraga se constituyeron muy pronto en el lugar de la desaparición de Huber y que participaron en las labores de búsqueda, dando versiones contradictorias de su presencia en el lugar.
Respecto de responsabilidades superiores en el crimen, Horvitz sostuvo que "el BIE y el Dine dependían de la Comandancia en Jefe", por lo que existen elementos "para pensar que el entonces comandante en jefe (general (R) Augusto Pinochet, quien declaró en la causa) estaba involucrado en estos hechos".
Horvitz también planteó que otros de los oficiales que podrían tener responsabilidad en el caso son el entonces comandante de la II División de Ejército, general (R) Guido Riquelme, y el entonces jefe del Estado Mayor de la institución, general (R) Rodrigo Sánchez Casilla.
Acerca de la forma en que murió el oficial, precisó que éste lo hizo por un impacto de un proyectil, como lo consigna el auto de procesamiento. Sin embargo, añadió que existen antecedentes de que fue un proyectil de alto impacto, posiblemente supersónico, lo que explicaría el grado de destrucción que presentaba el cráneo del coronel Huber. Esto, ya que en su autopsia consta que tenía dos grandes orificios y el rostro destrozado.

8 de marzo de 2006
©la tercera
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riggs: interrogan a tres altos oficiales (r) del ejército
[Andrea Chaparro S.] Fundación Pinochet se hizo parte en el proceso. Según trascendió, detectives llegaron en horas de la tarde hasta el Hotel Militar, ubicado en Providencia, para tomar declaración al general (R) Carlos George Langer Von Furstenberg, ex agregado militar de Chile en Alemania.
Con el interrogatorio a tres generales (R) del Ejército continuaron ayer las diligencias en el caso Riggs que habían quedado suspendidas luego que las Corte de Apelaciones de Santiago ordenara al ministro Carlos Cerda, inhabilitarse temporalmente para conocer la causa, luego de acoger a tramitación la recusación presentada en su contra por la defensa de Óscar Aitken, ex albacea de Pinochet.
La ronda de entrevistas se reactivó con una resolución dictada por la actual subrogante del ministro Cerda, la jueza del 30º Juzgado Civil de Santiago, María Eugenia Campo, quien dio luz verde a la Fuerza de Tareas e Investigaciones Reservadas de la policía civil para realizar las pesquisas decretadas por el magistrado antes de abandonar el proceso.
Según trascendió, los detectives llegaron en horas de la tarde hasta el Hotel Militar, ubicado en Providencia para tomar declaración al general (R) Carlos George Langer Von Furstenberg, quien se desempeñó en la agregaduría militar de Chile en Alemania.
Los efectivos policiales también interrogaron al general (R) Roberto Guillard Marinot, ex intendente de la Región Metropolitana, y al coronel (R) Sucre Elgueta Segura.
Hasta el momento, la lógica que siguen estos interrogatorios es atar
algunos cabos sueltos sobre los dineros que pasaron por las agregadurías europeas. También si Guillard pudo haber tenido conocimiento de otros gastos en los que incurrió el ex dictador.

Documentos Viajeros
En tanto, la ministra Campo informó ayer en una de sus resoluciones que llegó desde Venezuela la respuesta a un exhorto enviado por el anterior ministro Sergio Muñoz y que fue agregado al expediente.
Fuentes cercanas al proceso aseguraron que en esa carta rogatoria se pidieron antecedentes respecto de movimientos financieros efectuados en ese país por Jacqueline Pinochet Hiriart, hija del ex dictador.
Asimismo, la magistrada dejó constancia de que la Fundación Pinochet se hizo parte en la causa. El acto procesal se produjo a raíz de que el tribunal solicitó, el pasado 15 de febrero al Banco Chile, una lista de movimientos financieros de tres cuentas pertenecientes a esta institución entre 1998 y 2004.
Se sospecha que parte de los activos que Pinochet tuvo en bancos extranjeros pudieron haber pasado por ese organismo con el fin de legalizarlos y así poder utilizarlos en las actividades que desarrollaban.
Por esta razón es que la magistrada suplente busca determinar si en la cuenta Nº 164-03970-08, abierta en 1998 cuando Pinochet estaba detenido en Londres, hubo donaciones provenientes del mismo ex uniformado o de su entorno familiar.
Fuentes ligadas con el proceso revelaron que el banco pidió a la judicatura -a través de un oficio- precisar en qué calidad se encontraba la Fundación en la causa antes de entregar la información.

CEMA
En otra arista de la causa, el tribunal recibió el informe pericial de la biblioteca que el ex dictador ordenó construir en 1984 en su residencia de El Melocotón.
En el documento se concluye que, tras revisar los antecedentes recopilados en la investigación y las declaraciones prestadas por una arquitecta y uno de los administradores de la fundación CEMA Chile, el organismo intervino en la construcción de la biblioteca.
Esto, porque la arquitecta Ruth Ballevona, quien trabajó para esa institución dirigida por la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart, colaboró en el diseño de los planos. CEMA también facilitó obreros -contratados para edificar las viviendas sociales que la Fundación entregaba en esa época a la gente de escasos recursos- con el objetivo de construir la mencionada biblioteca.
Esta información está confirmada en la declaración del administrador Álvaro Romero, quien sostuvo que la Fundación CEMA Chile "se hizo cargo de la obra por medidas de seguridad, al tratarse de la casa del entonces Presidente de la República".
En el informe también se estableció que en la construcción de la biblioteca se gastaron cerca de 14 millones de pesos de la época, los que fueron cancelados a Romero por Lucía Hiriart, con un cheque del Banco de Chile "cuya cuenta corriente estaba a nombre de don Augusto Pinochet".

8 de marzo de 2006
©la nación
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el juez guzmán y la dictadura


[Larry Rohter] Muchos antes de que se convirtiera en juez, Juan Guzmán Tapia reverenciaba el imperio de la ley. Así que será una suprema ironía de la historia que vaya a ser asociado toda la vida con un hombre notorio por su falta de respeto por la ley: el general Augusto Pinochet.
Véase, por ejemplo, la autobiografía que Guzmán publicó el año pasado después de retirarse del poder judicial. La tituló ‘En el borde del mundo’, pero su editor, consciente de la publicidad, insistió en que llevara el subtítulo ‘Memorias del juez que procesó a Pinochet’.
En el sistema jurídico chileno, los jueces investigadores como Guzmán deciden si se pueden presentar cargos criminales contra sospechosos, y durante los últimos años de su carrera se ocupó casi exclusivamente de los abusos que ocurrieron cuando el general Pinochet estaba en el poder. El juez ordenó que se exhumaran fosas comunes, visitó cárceles clandestinas, entrevistó a familiares de los desaparecidos y muertos, e incluso interrogó al general Pinochet mismo.
Eso convirtió a Guzmán en un héroe para algunos y en paria para otros, que lo ha dejado con la reputación de ser un disidente y e inconformista. En persona, sin embargo, es un hombre formal, tranquilo y reservado, y admite que inicialmente simpatizó con el gobierno militar cuando el general Pinochet usurpó el poder en un sangriento golpe en 1973.
"He evolucionado", reconoció. "Terminé en un lugar muy diferente de donde empecé, y tengo ideas diferentes y amigos diferentes".
Guzmán, 66, no nació en Chile sino en El Salvador, donde su padre, poeta y diplomático, era jefe de misión de la embajada chilena. Su exposición a los caprichos de los autócratas militares, de hecho, empezó entonces: a petición del dictador del país, el general Maximiliano Hernández Martínez, a Guzmán lo bautizaron dándole Salvador como su segundo nombre de pila. Todavía lo es, aunque no lo usa.
Cuando Guzmán tenía 4, su padre fue enviado a Estados Unidos. La familia pasó la mayor parte de los siguientes ocho año allá, primero en San Francisco, luego en Washington, y el joven Juan absorbió rápidamente los valores americanos.
"Es obvio que mi educación y formación como juez empezó allá, en Estados Unidos", reconoce. "Nunca fui capaz de entender los trucos y subterfugios que usaba la gente, de modo que para mí estaba claro que iba a estudiar derecho y que ese era para mí el único área de trabajo donde no se admiten ni los trucos ni los engaños".
En Estados Unidos Guzmán también jugó béisbol y fútbol. Pero su deporte favorito era el boxeo, al menos hasta que volvió a América del Sur como adolescente y descubrió que la conducta de sus rivales en el ring era diferente de lo que estaba acostumbrado.
"Allí había un montón de golpea bajos a los riñones y testículos que no se castigaban, así que en lugar de ser un boxeo agradable con reglas claras con las que sabías dónde y cómo defenderte, era un deporte completamente diferente", dice. "Me gustaba jugar dentro de las reglas, y todavía es así, así que no estaba preparado para eso. Yo apreciaba la corrección, y me asombró la admiración que existía por el engaño, por el uso del ingenio para eludir las reglas".
Guzmán había heredado de su padre el amor por la literatura y admiraba a Shakespeare, Dickens, Wilde y Maughman, y soñaba con ser escritor. Así que cuando terminó leyes, se embarcó en un carguero hacia Europa, llegando a París.
Una vez allá, vivió en la Orilla Izquierda, donde trabajó en una novela mientras presenciaba la insurrección estudiantil de 1968, sometiéndose a psicoanálisis e incluso, admite, fumando marihuana.
Guzmán volvió a Chile justo a tiempo para las elecciones de Salvador Allende en septiembre de 1970. Sus padres eran políticamente conservadores, y como la mayoría de los miembros de su clase, se opusieron a Allende y apoyaron el golpe militar que derrocó al gobierno socialista el 11 de septiembre de 1973.
Pero las opiniones de Guzmán ya habían empezado a cambiar cuando se convirtió en juez y fue asignado a Panguipulli, una pequeña ciudad en el sur de Chile, justo al norte de la Patagonia. Allá prevalecía "una mentalidad del Lejano Oeste, de frontera", dice, con asesinatos, violaciones y robos, y una atrincherada elite local que buscaba protección de su riqueza y privilegios en el sistema judicial.
"Panguipulli era una caricatura de lo que pasa en el resto de Chile, pero me introdujo a la historia del Chile real, y de cómo se forman las castas sociales", dijo. "Me di cuenta de que el principal problema de nuestro país era la ignorancia y, obviamente, la terrible brecha entre ricos y pobres".
Tras su retorno a Santiago, sus dudas sobre la dictadura se intensificaron después de que la policía nacional se acercara a él pidiendo una orden para lo que sería un allanamiento de una destilería ilegal. Sólo más tarde se dio cuenta de que "era un engaño, que lo que realmente estaban buscando eran armas y supuestos terroristas".
Pero cerró la boca y haciendo su trabaja "tranquila y discretamente", sin apoyar a la dictadura, logró subir a la Corte de Apelaciones y siguió allí hasta después del retorno de la democracia en 1990. A principio de 1998 le pidieron resolver sobre una petición para hacer responsable al general Pinochet por la desaparición y presunto asesinato de un pequeño grupo de opositores.
Durante la dictadura de Pinochet desaparecieron o fueron asesinadas, unas cuatro mil personas, y miles más fueron encarceladas, torturas u obligadas al exilio.
Los militares habían tratado de protegerse a sí mismos de ser llamados a rendir cuentas declarando una amnistía en 1978, pero Guzmán allanó el camino para que fueran procesados resolviendo que las desapariciones eran una forma de "secuestro permanente", no cubierto por la amnistía.
Hasta que se produjera el caso Pinochet, Guzmán estaba en una senda que lo debía llevar a la Corte Suprema chilena, una institución que describe como "obsequiosa con la dictadura". Pero sus colegas jueces se sentían a menudo irritados por algunos de sus métodos, especialmente su hábito de permitir que los acompañaran periodistas durante sus investigaciones de terreno.
"Mientras indagaba más profundamente en los crímenes de la dictadura, más me di cuenta de que la gente en Chile estaba inconsciente o no quería enterarse de esos crímenes", dice. "Así que me dije que el único modo en que yo podía contribuir era hablando con la prensa, y llevando a la gente de los varios canales de televisión a las sepulturas clandestinas, y mostrar las terribles heridas que a veces se podía ver los esqueletos".
Como resultado Guzmán se convirtió en algo así como un héroe de la gente corriente, que no estaban acostumbrado a ver que se pidiera a las autoridades que rindieran cuenta por sus acciones. Caminando con él en la Universidad Central, donde es decano de la facultad de leyes, fue reconocido y felicitado por el vendedor del quiosco de diarios y muchos otros.
"Me ven como parte de la lucha contra la injusticia, y eso es más importante que aquellos que me consideran traidor a mi clase", dice. "Lo más importante es qué dejamos a nuestros hijos, y ellos van a poder decir: ‘Mira, aquí se juzgó a un dictador’".
"Creo que he cumplido mi misión".

26 de febrero de 2006
©new york times
©traducción mQh
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dictador usaba identidades falsas


[J. M. S. / A. C. S.] "José Ramón Ugarte" tuvo productos en los bancos de Talca, BCI y Citicorp & Santiago S.A. Descubren identidad falsa usada por Pinochet para abrir cuentas en Chile. Contó con la complicidad de entidades financieras chilenas.
Luego de varios meses de diligencias reservadas, el ministro Carlos Cerda -a cargo del caso Riggs- descubrió el secreto mejor guardado hasta la fecha por la defensa del ex dictador: la identidad falsa que Augusto Pinochet usó para abrir cuentas corrientes y pedir millonarios créditos en bancos chilenos.
La información fue revelada a La Nación por una alta fuente de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de Investigaciones (Jipol), de quien depende la Fuerza de Tareas Reservadas (FTI), la unidad que preparó el documento anexado a la causa.
El informe fue entregado recientemente a la jueza del 30º Juzgado del Crimen de Santiago María Eugenia Campo -reemplazante del por ahora inhabilitado ministro Cerda- y contiene documentos, cartas y declaraciones de ejecutivos que acreditan un nuevo delito contra el ex dictador: la infracción al artículo 160 de la Ley General de Bancos.
El cuerpo legal establece penas corporales a quien "obtuviere créditos de instituciones de crédito, públicas o privadas, suministrando o proporcionando datos falsos o maliciosamente incompletos acerca de su identidad, actividades o estados de situación o patrimonio, ocasionando perjuicios...".

Chile y el Mundo
Los detectives de la FTI verificaron que el ex dictador abrió cuentas en el desaparecido Banco de Talca, que quebró en 1982, con el alias de José Ramón Ugarte.
Esta identidad falsa fue descubierta por el ministro Sergio Muñoz que sustanció el caso Riggs antes de subir a la Suprema, la que fue utilizada para abrir las cuentas en bancos de Estados Unidos y Europa. Sin embargo las diligencias de la FTI, a las órdenes del ministro Carlos Cerda, acreditaron que también usó el mismo nombre en Chile para hacerse productos financieros en el Banco de Talca, en el Citicorp & Santiago S.A. y en el Banco de Crédito e Inversiones (BCI).
Esta comprobación echa por tierra el argumento de la defensa de Pinochet, como también lo sostenido por su familia, en el sentido de que el ex dictador sólo usó este nombre falso para abrir cuentas en Estados Unidos y Europa y no ser descubierto.
Así se abre entonces un flanco hasta ahora no develado: Pinochet también usó el sistema financiero chileno donde pudo haber lavado ilegalmente sus activos en la década de los 80, contando aparentemente con el apoyo de esas entidades bancarias.

Evidencias
La primera confirmación de esta nueva ilegalidad aparece en el informe allegado al proceso por la FTI el 24 de febrero con el interrogatorio realizado a Felipe Bórquez Oyarzún, gerente de la sucursal Ahumada del Banco de Talca. Nacido el 25 de abril de 1943 en Purranque, Décima Región, Bórquez Oyarzún aseguró no recordar a José Ramón Ugarte, pero reconoció un certificado emitido por la entidad que llevaba su firma.
Los detectives fueron incisivos en sus preguntas con el ex ejecutivo, pero el profesional insistió que su mente estaba en blanco. Sin embargo, entregó el nombre del jefe de la unidad de tarjetas de crédito y cuentas corrientes, Carlos Cholaneri.
Este último, que trabajó en el Banco de Talca desde 1979, fue ubicado por los policías y aseguró que tampoco tenía en sus recuerdos a un José Ramón Ugarte. Pero explicó que "un hijo de él (Pinochet). mantenía una tarjeta de crédito, tomando contacto con un oficial de la casa militar que realizaba un seguimiento a la cuenta". El Banco de Talca fue liquidado por la Superintendencia de Bancos en 1982, tras su intervención en noviembre de 1981. Sus controladores fueron posteriormente condenados por defraudación.

Bancos: Con y Sin Información
Todo indicaría que el certificado que tiene en su poder la policía es original, como también otro que define a José Ramón Ugarte como un cliente ejemplar, emitido el 24 de noviembre de 1981 por el BCI, lo que implica que también usó este alias en dicha entidad financiera.
La guinda de la torta es una carta enviada por José Ramón Ugarte a un funcionario llamado Aurelio Nieto del Citicorp & Santiago S.A. (en 1981), donde adjunta los documentos de los bancos de Talca y Crédito e Inversiones, para abrir una nueva cuenta. La misiva incluye una certificación de firmas de la identidad falsa de Pinochet -que debió ser hecha ante un notario-, como también solicita un comprobante por un depósito de 30 mil dólares hecho en el Citicorp & Santiago S.A.
Pero los detectives, no satisfechos con las explicaciones de los ejecutivos antes citados, buscaron más información. El 3 de febrero enviaron el oficio Nº FT 45 al BCI pidiendo antecedentes respecto a un cliente llamado José Ramón Ugarte. Sin embargo, la entidad financiera respondió el 6 de febrero "sin aportar antecedentes útiles a la investigación".
Los policías entonces volvieron a la carga y le enviaron al BCI una copia del documento que emitió la misma entidad para José Ramón Ugarte, preguntando quién lo había firmado y si guardaban el original. El 10 de febrero escribieron los oficiales de la FTI: "No se obtuvo una respuesta satisfactoria a los requerimientos antes expuestos".
Lo mismo hicieron con el Citibank. El 15 de febrero la entidad reconoció que la carta efectivamente fue enviada por José Ramón Ugarte y fue dirigida a la sede de Nueva York. En el documento que vino de vuelta, "se detalla una serie de funcionarios entre los que se encuentra Aurelio Nieto", escriben los investigadores. Tratándose del mismo período en que Pinochet abrió cuentas en el Citigroup en EEUU, podría tratarse de las operaciones investigadas con anterioridad.
Como el Banco de Talca fue absorbido en 1982 por el Centro Banco, posteriormente Central Hispano, cuyos capitales pertenecen hoy al Banco Santander, a esta última entidad se enviaron -el 6 de febrero- los certificados del Banco de Talca para saber qué calidad de cliente tuvo José Ramón Ugarte. El Santander aseguró desconocer los antecedentes.
El Citicorp & Santiago S.A., era un banco de negocios que operaba en Chile integrado por el Citigroup y el Banco de Santiago.

Fondos de Cema Chile y OOPP para El Melocotón
Uno de los detalles que verifican cómo Augusto Pinochet usó los fondos del Estado para su beneficio personal y de su familia, se encuentran en la declaración de la arquitecta del entonces ministerio de Obras Públicas y Cema Chile, Ruth Ballevona Ramírez.
La mujer prestó declaración el 20 de febrero en calidad de testigo ante el ministro Cerda y en ella relata que la residencia de El Melocotón fue construida con fondos fiscales. Esa casa figura hoy como una de las propiedades de Pinochet.
Para el caso de obreros que trabajaban en Cema Chile, Ballevona indicó que los sueldos eran financiados por el ministerio del Interior de la época. "El sueldo no era tan bajo, ya que se trataba de obreros calificados, carpinteros de primera, los que generalmente eran esposos, hijos o parientes de las socias de Cema".
Otras de las personas que declaró ante el magistrado fue el director administrativo de Cema, Álvaro Romero Reyes, ex oficial de ejército que ocupó el puesto entre 1984 a 1986.
Romero Reyes confirmó el uso de fondos, por ejemplo, para construir la biblioteca de Pinochet, "por la gran cantidad de libros que tenía".
El ex administrador aseguró que fueron los obreros de Cema los que participaron en dicha construcción y reconoció no saber de dónde provinieron los fondos para la misma.

6 de marzo de 2006
©la nación
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procesan a general (r) en episodio linares


Encargatoria se suma a otras ocho de 2003. El ministro Alejandro Solís encausó al director de la Escuela de Artillería y ex jefe de plaza de la provincia de Linares, coronel (R) Gabriel del Río Espinoza, como autor del delito de secuestro calificado de cinco opositores al régimen militar.
El ministro de fuero Alejandro Solís procesó al director de la Escuela de Artillería y ex jefe de plaza de la provincia de Linares, entonces coronel Gabriel del Río Espinoza, como autor de los delitos de secuestro calificado de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena, Héctor Hernán Contreras Cabrera, Alejandro Robinson Mella Flores y José Gabriel Campos Morales. Esto, en el marco del episodio que investiga la desaparición de militantes del MIR y del Partido Socialista en Linares entre septiembre de 1973 y enero de 1974.
En el auto de procesamiento, el magistrado expresó que "no obstante la negativa de Gabriel del Río Espinoza en reconocer su participación, en calidad de autor de los delitos de secuestro calificado" en la causa existen antecedentes que permiten presumir su autoría en el ilícito.
Según lo establecido en el la resolución, el encausado en las declaraciones indagatorias que prestó ante el tribunal reconoció haberse desempeñado, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 20 de enero de 1974, como director de la Escuela de Artillería de Linares, con el grado de coronel e intendente y jefe de plaza de la provincia de Linares.
Del Río, además, admitió que "el Servicio de Inteligencia integrado que funcionó en la Escuela en 1973 dependía de (Jorge) Zincke y de (Claudio) Lecaros pero ambos estaban bajo su responsabilidad", según consta en el dictamen.
En ese período fueron detenidos los cinco miembros del MIR y del PS de quienes se perdió la pista tras haber permanecido recluidos en la Escuela de Artillería de Linares.
Con esta nueva encargatoria de reo, el ministro Solís complementó la decretada en junio de 2003 contra el ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex comandante de Guarnición de Santiago, Jorge Zincke Quiroz.
En esa oportunidad, Solís también encausó al ex subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno militar, general (R) Humberto Julio, y a los ex uniformados Carlos Morales, Félix Cabezas, Juan Morales, Claudio Lecaros, Antonio Aguilar y Héctor Torres.
El juez no ordenó embargar los bienes de Del Río, pero se negó a otorgarle la libertad provisional pues constituye un peligro para la sociedad "atendida la multiplicidad de los delitos que se le atribuyen, así como la gravedad de la pena asignada a los ilícitos referidos", sostuvo en su resolución.

6 de marzo de 2006
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fosa de campo de concentración será monumento


[Jorge Escalante] Fosa de prisioneros asesinados en campo de concentración durante la dictadura militar será monumento histórico.
La clandestina fosa de Pisagua, en la que en 1990 se hallaron 19 cuerpos de prisioneros asesinados después del golpe militar, será declarada monumento histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales.
El secretario ejecutivo de esa institución, Ángel Cabezas, afirmó a La Nación que "es decisión del consejo de declarar monumento histórico a esa fosa de Pisagua, como un aporte a resguardar la memoria histórica, esto será resuelto entre marzo y abril próximo". En estas gestiones ha tenido participación el diputado PS, Fulvio Rossi.
Cabezas también expresó que se hará lo mismo con Isla Dawson, lugar que sirvió de campo de concentración de prisioneros.
En cuanto a la situación del ex recinto de la DINA de calle Londres 38, el secretario ejecutivo afirmó que se mantienen las tres alternativas para evitar que esta casa sea rematada el próximo 23 de marzo, "esta la permuta con el Instituto O’Higginiano, la expropiación de la propiedad, o que el Estado la adquiera".
Ángel Cabezas manifestó que "el Consejo ve con buenos ojos que el Estado compre propiedades declaradas monumentos históricos, como el caso de la casa de Londres 38, para asignarlas a fines sociales para resguardar la memoria histórica".
La situación de Londres 38 está hoy en manos del Ministerio de Educación. A esa secretaría de Estado el Consejo de Monumentos le informó de la intención del Instituto O’Higginiano de rematarla, para conocer a través suyo si el Estado se interesa en comprarla, ya que la ley que rige los monumentos nacionales, establece que el Estado tiene prioridad para adquirirla. Fuentes de Gobierno coinciden en que es al Ejecutivo a quien corresponde tomar la decisión de comprar la casa y traspasarla a las agrupaciones que buscan hacer de ella un Centro de la Memoria Histórica. Hoy el senador socialista Carlos Ominami se reunirá con el ministro del Interior, Francisco Vidal, para conversar sobre el destino de Londres 38. Sin embargo, todo indica que la situación será resuelta por el próximo gobierno de Michelle Bachelet.

2 de marzo de 2006

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malestar por indulto de degollador


[J.M. Wilson y W. Díaz] Lagos defiende su política en derechos humanos tras críticas por indulto. Un día después del homenaje a Tucapel Jiménez, que estuvo marcado por la presencia de Bachelet y los cuestionamientos a Lagos por haber indultado al suboficial Contreras Donaire.
Veinticuatro horas después del acto en conmemoración a los 24 años de la muerte del dirigente sindical Tucapel Jiménez, que estuvo marcado por la presencia de Michelle Bachelet y las críticas al indulto concedido en agosto pasado al autor del crimen, el suboficial (R) Manuel Contreras Donaire, el presidente Ricardo Lagos defendió ayer la política de derechos humanos que ha instalado durante su mandato.
En Talca, Lagos dijo que hoy "tenemos una mayor profundización en el sistema democrático, qué mejor demostración que la ordenanza que se firmó por parte del comandante en jefe del Ejército (Juan Emilio Cheyre), tenemos una profundización en el respeto de los derechos humanos, tenemos un país que está creciendo".
Sin embargo, el mandatario no aludió directamente al caso de Contreras Donaire ni quiso responder las preguntas sobre las críticas por su indulto.
En todo caso, los cuestionamientos a Lagos en el homenaje de Tucapel Jiménez no pasaron inadvertidos en La Moneda. Tampoco la presencia de Bachelet, quien rechazó el indulto presidencial en agosto pasado y dijo que durante su mandato "no habrá olvido" al dirigente sindical.
Por ello, en el gobierno aseguran que a Lagos le interesaba "contextualizar" la presencia de la presidente electa en ese acto y recordar que en su gobierno los derechos humanos han sido un tema central de su gobierno.
Las mismas fuentes agregan que causaron particularmente molestia los dichos del timonel del PRSD y ex ministros de Justicia de Lagos, José Antonio Gómez, quien mencionó que el indulto a Contreras Donaire "no ayudó a la reconciliación y sólo produce dificultades".

Más Indultos
La Presidente electa confirmó su asistencia al acto el viernes pasado a la ANEF y a la familia del hijo del líder sindical, el electo diputado Tucapel Jiménez, quien manifestó durante el acto su preocupación de que el gobierno otorgara nuevos indultos y nombró al mayor (R) Carlos Herrera Jiménez -también condenado como autor del crimen de su padre- como uno de los posibles beneficiados.
En el entorno del diputado señalan que, con sus palabras, buscó bloquear cualquier iniciativa de esa naturaleza que intentara impulsar Lagos antes del 11 de marzo. Y que, en esa tarea, su mejor aliada fue Bachelet, la primera presidente de los gobiernos de la Concertación que asistió a la ceremonia, lo que, a su juicio, constituiría una "potente señal" a La Moneda.
Tras los dichos de Jiménez, el ministro del Interior, Francisco Vidal, dijo el martes que no estaba en la agenda del gobierno conceder nuevos indultos. Sin embargo, el viernes 17, tres días antes de que el Ejecutivo diera libertad condicional a cuatro lautaristas, el titular de Justicia, Luis Bates, dijo en una entrevista a La Segunda que "sí, he estado conversando con el presidente" acerca de la solicitud de indulto de Herrera Jiménez.
Como sea, en La Moneda señalan que Lagos no quiere entrar en un conflicto con Bachelet a raíz del tema de derechos humanos. Sí se ha esmerado -señalan en Palacio- en recalcar en sus últimas actividades que el "rumbo" que ha marcado debe continuar. "Vamos por un camino correcto, cuando dije que quiero que se mantenga el rumbo de Chile, es porque nos ha dado tremendas satisfacciones", dijo ayer Lagos, quien añadió que "una sociedad ordenada se pone metas, las cumple y porque las cumple puede proponerse metas".
Lejos de las señales de Lagos, en La Moneda cohabita el temor de que Bachelet vuelva a desmarcarse del mandatario durante la primera fase de su gobierno y que no incluirá a sus cercanos en la nominación de subsecretarios, intendentes y embajadores.

Acto Altera Clima en Materia de Derechos Humanos
La presencia este lunes de Michelle Bachelet en el acto en memoria de Tucapel Jiménez -el ex jefe de la ANEF asesinado por la DINA en 1982- encontró a La Moneda justo en momentos en que preparaba su balance sobre los logros democráticos y en materia de derechos humanos que se habían alcanzado en los últimos años.
Las reformas constitucionales, el nuevo rol de las Fuerzas Armadas, su política de acercamiento al mundo civil y el reconocimiento a las víctimas de la tortura son considerados por el presidente Ricardo Lagos como algunos de los principales legados políticos de su gestión.
Por eso, a pocos días de que el presidente deje el mando, el gobierno se encontraba organizando un conjunto de actos llamados "emblemáticos" para sellar los avances en estos temas.
Uno de ellos será visita al memorial de desaparecidos y ejecutados políticos en Paine, la comuna que tiene la mayor tasa de víctimas del gobierno militar. Otras actividades para simbolizar la recomposición de las relaciones cívico militares serán el traspaso de mando en el Ejército y la inauguración de la Plaza de la Ciudadanía, donde estaba la antigua Llama de la Libertad.
Igualmente, el acto en memoria al fallecido dirigente sindical se produce tras los beneficios carcelarios concedidos a ex militantes lautaristas y en medio de fuertes rumores sobre un nuevo indulto presidencial a un ex uniformado condenado en causas de derechos humanos. Estas medidas han sido justificadas en el gobierno precisamente en un afán de pacificación social.
Sin embargo, fuentes gubernamentales interpretaron que la asistencia de la presidenta electa fue una señal para dejar en claro su postura contraria a cualquier nuevo indulto a ex militares.
En el gobierno aún está fresco el recuerdo del impasse político que significó el indulto al suboficial (R) Manuel Contreras Donaire, condenado por el crimen de Tucapel.
Personeros de Palacio comentan que existe una mala evaluación de cómo se manejó ese tema, ya que se filtró por la prensa sin que se haya hecho un trabajo previo para sensibilizar a la familia del sindicalista, a organizaciones de derechos humanos y a los partidos políticos.

1 de marzo de 2006

©la tercera rss

bachelet en romería de asesinado


La presidenta electa, Michelle Bachelet, participó en la romería en honor del líder sindical Tucapel Jiménez al cumplirse 24 años de su muerte. Bachelet dice que "no habrá olvido" al participar en romería por aniversario de muerte de Tucapel Jiménez

En la ceremonia realizada en el Cementerio General, la futura gobernante destacó que "no habrá olvido" en casos como éste, así como también garantizó el compromiso del gobierno con la familia de asesinado dirigente de la ANEF.
"Tengan claro que el próximo gobierno estará aquí todos los próximos años, y estaremos en tanto gobierno, en tanto ciudadanos, en tanto amigos, en tanto luchadores por la democracia, por la igualdad, por la solidaridad y por un país más justo, y no habrá olvido, porque figuras como Tucapel nos evocan, nos recuerdan, nos mantienen en la conciencia, pero también en el compromiso, aquello por lo cual todos aquí estamos", señaló Bachelet.
Se trata de la primera vez que un presidente asiste a la romería en honor de Tucapel Jiménez, no obstante, la mandataria electa repitió su conducta de otros años al concurrir a la ceremonia y acompañar a la familia del líder sindical.
El año pasado, el presidente Ricardo Lagos concedió un indulto al suboficial (R) Manuel Contreras Donaire, condenado como autor del asesinato del sindicalista.
La medida causó fuerte polémica y críticas de la familia que se mantienen hasta hoy.
El diputado electo e hijo del líder sindical, Tucapel Jiménez Fuentes, se manifestó preocupado porque la reciente liberación de cuatro ex lautaristas se traduzca en beneficios para otros implicados en la muerte de su padre
"Hoy día mi preocupación es que no se vuelva a dejar libre a los asesinos de mi padre, le hace sino un tremendo daño a nuestra democracia, a nuestro país, poque se puede caer en la política de las compensaciones, dos de acá, tres de allá", resaltó durante la ceremonia.

Funcionarios de Gobierno
En otro plano, Bachelet aseguró que "a la brevedad" se darán a conocer los nombres de subsecretarios, intendentes, gobernadores y jefes de servicios públicos que aún están pendientes.
La presidente electa destacó que "más que importar los nombres de las personas, los partidos de los cuales provienen, que es habitualmente la preocupación fundamental, lo que importa en verdad es esta vocación de servicio público".
Bachelet insistió en que la vocación de servicio "es el espíritu que yo espero que a lo largo de toda la estructura del estado, desde las más altas autoridades hasta el último funcionario público, sea el espíritu que rija las conductas de cada uno de ellos".

27 de febrero de 2006

©la tercera

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ex juez acusa a jueces de la dictadura


Ex juez Juan Guzmán acusó a magistrado Ricardo Gálvez de proteger al régimen militar. El ex juez Juan Guzmán Tapia señaló que el actual juez de la Corte Suprema, Ricardo Gálvez, "entre otros", fue uno de los miembros del máximo tribunal que era parte de una red de protección del régimen militar.
En conversación con ‘La Tele o Yo’, de TVN, el ex juez y actual decano de Derecho de una universidad privada dijo, respecto de esta red de protección, que "aún quedan algunos, lamentablemente. El señor (Ricardo) Gálvez, entre otros".
Asimismo, denunció que recibió las denominadas "presiones internas", las cuales obedecen a calificar con "notas indignas, como la nota 4" el desempeño de un juez en una causa determinada. "Con esa calificación es preferible que te saquen del poder judicial", agregó.
"Por eso estimo que no puede ser que el tribunal jurisdiccional sea el mismo que califique a las personas, debieran ser organismo distintos", concluyó el retirado juez.
Consultado sobre si fue objeto de presiones militares, aclaró que desde este sector "no recibió presiones. Eran los abogados quienes defendían bien", precisó. Respecto de si se sintió presionado desde el gobierno dijo que "algunos funcionarios del gobierno sí, pero ya lo dije y no lo quiero repetir".
Finalmente, cuando se le preguntó si Chile es un país justo, el ex juez Juan Guzmán respondió que "todavía no, falta mucho".

1 de marzo de 2006

©el mercurio

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cuando en chile dejó de nevar en enero


[Cristóbal Peña] A 50 años del informe de Nikita Kruschev que desnudó a Josef Stalin. Neruda lo había llamado "el más grande de los hombres sencillos, nuestro maestro". En Chile, donde había sido endiosado, le dieron la espalda sin más.
Ya había arrancado la II Guerra Mundial cuando Frente Popular, el diario vespertino del Partido Comunista que antecedió a ‘El Siglo’ y que dirigía el peruano Eudocio Ravines, tuvo la ocurrencia de publicar una viñeta humorística con Adolfo Hitler y Josef Stalin de protagonistas. El chiste era más o menos así: el primero, muy suelto de cuerpo, le dice al segundo que está seguro de ganar la guerra.
-¿En qué se basa usted para hacer tal afirmación? -inquiere el otro.
-Me lo ha dicho Dios -responde Hitler.
-No, yo no he dicho nada -retruca Stalin.
El chiste puede haber sido bueno, pero en la dirección del partido del que dependía el diario no le hizo gracia a nadie. El jefe de crónica de Frente Popular, Luis Corvalán Lepe, fue suspendido de sus funciones y recibió una amonestación formal por haber dejado pasar el chistecito. El mismo antiguo dirigente comunista recuerda el incidente en su libro de memorias ‘De lo vivido y lo peleado’ (1997), donde admite que "el chiste cayó muy mal" en el partido, aunque no explica la razón exacta de la molestia. ¿Stalin había sido ridiculizado? ¿Sacralizado? ¿El problema era con Stalin, Hitler o Dios?
Una cosa es clara. Para un partido comunista como el chileno, formado bajo la rectoría de la Unión Soviética, Josef Stalin era intocable. "El primer trabajador del mundo", como se lo llamó a comienzos de los 50 en ‘Principios’, la revista doctrinal del partido, fue una figura venerada para la colectividad en Chile. Neruda le dedicó versos y la dirigencia evocó su nombre en los documentos oficiales. Y aunque la historiadora Olga Ulianova duda que un sólo militante local haya conocido personalmente a Stalin, siquiera de lejos, la autora de la serie ‘Chile en los Archivos Soviéticos (1922-1991)’ afirma que el líder soviético era un Dios viviente en el creían ciegamente, aunque no lo vieran.
Si su influencia ya era desmesurada para cuando apareció la viñeta humorística, se tornó ilimitada con su triunfo en la guerra. Desde entonces fue llamado el ‘padre de la paz’, pero ese título, que parecía indeleble, comenzó a derrumbarse el 25 de febrero de 1956.
La madrugada de ese día, al celebrarse el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el secretario general, Nikita Kruschev, pronunció un discurso a puertas cerradas, exclusivo para dirigentes soviéticos, en que denunció los crímenes cometidos por Stalin y el desmedido culto a su personalidad.

Acuso Recibo
El ‘discurso secreto’ de Kruschev -formalmente llamado Informe Sobre el Culto a la Personalidad y sus Consecuencias- se recibió en el PCUS como si se negara la existencia de Dios en un cónclave de cardenales. Se cuenta que hubo llantos, desmayos y gritos de incredulidad. Y aunque se pidió estricta reserva de su contenido ("no debemos proporcionar municiones al enemigo", argumentó el mismo Kruschev), no tardó en trascender a los delegados extranjeros -entre quienes figuraba Luis Corvalán- y a la prensa.
Era indesmentible. Desde el corazón mismo del imperio soviético se reconocía que "Stalin descartó el método de lucha ideológica, reemplazándolo por el sistema de violencia administrativa, persecuciones en masa y terror". Sin embargo, pese a las evidencias, en Chile no hubo discusión ni debate. Ni hablar de un mea culpa o alguna expresión de desagravio hacia gente como Jan Valtin, Arturo London, André Gide, Arthur Koestler, Enrique Castro Delgado, Octavio Paz o el mismo Eudocio Ravines, que habían sido purgados por sus criticas al estalinismo.
Mientras el informe provocó una fuerte repercusión en los partidos comunistas europeos y en algunos de Latinoamérica, generando debates, divisiones y hasta levantamientos como los de Polonia, Hungría y más tarde Checoslovaquia, en Chile "no pasó de ser un bache en el camino", a decir del historiador Rolando Álvarez, vinculado al Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz y experto en la historia del PC chileno.
"El partido fue leal a la Unión Soviética en todos sus trances", juzga el historiador. "Cuando hubo que ser estalinista, lo fue por entero. Incondicionalmente. Y cuando hubo que darle la espalda al padre, lo hizo sin cuestionárselo. De ahí que el informe secreto haya sido interpretado como una corrección necesaria".
La postura quedó confirmada en octubre de 1956, ocho meses después de conocido el informe secreto, cuando el secretario general del PC chileno, Galo González, respaldó la represión del Ejército Rojo contra la revuelta popular en Budapest. "Interviniendo en Hungría -dijo González- los soviéticos defienden el socialismo y la paz".
Del informe secreto, que ya era público, no hubo ni una palabra oficial. Como si no existiera. "Mucho más importante fue la resolución asumida en el XX Congreso sobre la posibilidad de la vía pacífica para alcanzar el poder. El informe sobre Stalin fue minimizado, nunca le tomaron el peso", dice Olga Ulianova y Luis Corvalán lo corrobora en sus memorias con algunos matices: "La desestalinización ocurrió sin problemas, pero no sin dolores individuales".

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Se cuenta que uno de los más complicados con el tema del informe fue Pablo Neruda, ferviente estalinista y autor del sentido obituario al líder soviético que publicó ‘El Siglo’ en 1953, el mismo año en que el poeta recibió el Premio Stalin de la Paz. Fue ahí que lo llamó "el más grande de los hombres sencillos, nuestro maestro".
Aunque Jorge Edwards y otros que lo trataron de cerca han dicho que el informe de Kruschev impactó profundamente al poeta, la procesión fue interna, silenciosa, de gestos muy sutiles. Desde 1956, coincidentemente con el abandono de la poesía militante, ninguna de sus ‘Obras completas’ incluirá el poema en que critica el antiestalinismo del líder yugoslavo Josif Broz, Tito, a quien comparó con Anastasio Somoza. Ese poemita, alguna vez llamado ‘Las uvas y el viento’, simplemente desapareció del mapa nerudiano.
A diferencia de su amigo Jorge Amado, quien apenas supo del informe renunció al partido, el autor de ‘Crepusculario’ optó por la fidelidad hasta el último día. Para encontrar una autocrítica pública de Neruda, hay que acudir a su libro de memorias ‘Confieso que he vivido’, publicado en forma póstuma. Ahí, en diez palabras, rinde cuentas a su pasado político: "En diversos aspectos del problema Stalin, el enemigo tenía razón".
Entre los antiguos dirigentes comunistas las memorias han servido para expiar culpas. Volodia Teitelboim, quien en 1953 escribió en ‘El Siglo’ que "ha muerto el padre, el jefe de toda la Humanidad progresista", corrige su apreciación en el cuarto y último tomo de su autobiografía ‘Antes del olvido. Un soñador del siglo XXI’ (2004): "Stalin había introducido crueles arbitrariedades. Era un régimen que operaba de arriba-abajo y nunca de abajo-arriba. Había que obedecer".
Siete años antes, en sus memorias, Luis Corvalán hizo lo propio al reconocer que hasta antes del informe secreto de Kruschev "no teníamos ideas de sus crasos errores o los tomábamos como invención del enemigo". Dicho esto, hace una salvedad: "Con todo, creo que la historia no dejará a Stalin precisamente en el suelo".

26 de febrero de 2006

©la tercera

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